“Para nosotros en el Poder Legislativo, la mayoría legislativa interpreta la Constitución que esta le concede al Tribunal Electoral facultad exclusiva para resolver temas electorales. Toda la materia electoral tiene que resolverla como única instancia el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tiene toda nuestra confianza y respaldo institucional.

“La Corte no debió haberse involucrado en este tipo de resoluciones. Ni juzgados de distrito, ni tribunales colegiados de circuito o unitarios debieron haber concedido suspensiones sobre la reforma en materia electoral; al único que le compete, al único que la Constitución le faculta, es al Tribunal Electoral… Creo que la Corte actuó de manera indebida, se entrometió, actuó de manera injerencista y desobedeció a la Constitución”, explicó.  

El diputado morenista resaltó que lo importante es que se deja a salvo que la elección para elegir juzgadores, funcionarios judiciales y está en proceso para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice y el Tribunal dirima cualquier diferencia que se suscite sobre el particular.

“Es importante destacar que con esta resolución simplemente se deja a la organización electoral fluir de manera correcta y que no habrá obstáculos, ni por jueces, ni por magistrados, ni por ninguna autoridad para obstaculizar. No habrá pues obstáculos para llevar a cabo la elección de juzgadores”, finalizó.

“Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias tanto materiales como de recursos humanos para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces y a las juezas por tomar estas decisiones que además adoptan en ese libre albedrío”, señaló la magistrada Julia María del Carmen García González. 

La conferencia de este viernes fue la última que realizarán los juzgadores pues consideraron que el fallo emitido ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) implicó la muerte de la República porque dio vía libre a la implementación de la reforma judicial.

La titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que fue “muy interesante” la resolución del Pleno de la SCJN, que aprobó, el 13 de febrero de 2025, el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para restablecer el orden constitucional y declaró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tenía competencia para invalidar suspensiones concedidas en juicios de amparo contra la reforma judicial y su implementación.

Además, la mandataria nacional afirmó que la reforma judicial “no tiene barrera de ningún tipo”, que sólo era un tema electoral. “En esencia, [el] primero de junio [de 2025], vamos a hacer historia”. Asimismo, comentó que la siguiente semana asistirían a la “mañanera del Pueblo”, para explicar el caso, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y Ernestina Godoy Ramos, titulares de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, y, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, respectivamente.

“Es decir, ya, la Corte reconoció que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto a algunos servidores públicos, no son procedentes, hasta donde yo entiendo verdad, porque les da creó 24, 48 horas, no sé, pero en esencia, el primero de junio, vamos a hacer historia, el pueblo de México va a hacer historia, porque por primera vez en México y quizá en el mundo, vamos a elegir a jueces, magistrados, ministros”, manifestó Sheinbaum Pardo.

La noche del 13 de febrero de 2025, tras la revocación de la SCJN a las suspensiones que jueces de amparo concedieron para detener la elección judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que la determinación del máximo tribunal constitucional fue coincidente con una sentencia previa, por lo que le dio la razón.

La Sala Superior del TEPJF explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los jueces de distrito corregir sus sentencias, lo que las dejó improcedentes en materia electoral. También indicó que debido a que las sentencias que emitía eran definitivas e inatacables, nunca se suspendió el proceso de elección judicial y siguió su curso, como lo preveía la Constitución.

“El TEPJF es la máxima autoridad en materia electoral y así fue reconocido por la SCJN. Asimismo, confirma que el amparo no procede en materia electoral, tal como ha sostenido este órgano jurisdiccional”, dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un comunicado.

“Es necesario señalar que la SCJN ordenó a los jueces de distrito corregir sus propias sentencias, tomando en cuenta lo razonado en la sesión de su Pleno; es decir, que las suspensiones no proceden en materia electoral”, expuso el TEPJF.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclaró que, como erróneamente habían considerado otras instancias, incluida la SCJN, no revocó las suspensiones de los jueces, sino que aplicó lo previsto en el artículo 41 constitucional, donde se establece que en materia electoral no proceden los amparos.

Por último, la Sala Superior del TEPJF reiteró que continuaría actuando como la máxima instancia en materia electoral y no admitiría intervenciones de otra autoridad judicial.

"Esto no significa tampoco que busquemos asumirnos como entes superiores jerárquicos de ninguna otra autoridad jurisdiccional", dijo Soto, cuyo grupo de magistrados en la Sala Superior se enfrentó con jueces de distrito que emitieron suspensiones contra el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, que culminará con las elecciones del próximo 1 de junio. 

A modo de advertencia ante posibles conflictos con el Poder Judicial de la Federación (PJF) en el futuro, la presidenta del TEPJF aseveró que "cualquier intento de debilitarnos o someternos, implica un ataque a nuestro orden legal y a nuestra democracia: no lo permitiremos".

Al respecto, la SCJN resolvió que en el Estado de Derecho “no tienen cabida este tipo de autoafirmaciones competenciales por parte de autoridad alguna“. La Sala Superior “no puede erigirse como órgano supervisor de los jueces de amparo y menos aún para negarle fuerza de derecho a sus determinaciones, aunado a que, con sus sentencias, interfirió en la independencia judicial de los jueces de amparo”.

La Sala Superior del TEPJF “no tiene facultad constitucional ni legal alguna para supervisar a los jueces de amparo y menos aún para negarle fuerza de derecho a sus determinaciones”, señaló la SCJN.

Ante ello, la SCJN ordenó a las personas juzgadoras de distrito que hayan emitido suspensiones en contra de la implementación de la reforma judicial que revisen de oficio sus autos de suspensión.

México se encamina este año a su primera elección en las urnas de los jueces, magistrados, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tras promulgarse la reforma constitucional al Poder Judicial el 15 de septiembre pasado.

En una charla con la prensa posterior a un acto protocolar en el INE, el presidente de la Mesa Directiva del Senado sostuvo que el proceso de selección "salió muy bien", aunque reconoció que "ningún proceso humano está exento nunca de errores", por lo que "pudo haber errores y lo lamentamos".

Acto seguido, minimizó las decenas de impugnaciones que aspirantes a candidaturas presentaron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde señalaron presuntos errores en detrimento suyo. "Que haya habido 100 impugnaciones no dice nada", planteó el senador.

"Nuevo cambio para la humanidad"

Minutos antes, Fernández Noroña había entregado al INE los listados definitivos de las candidaturas que aparecerán en las seis distintas boletas electorales que se utilizarán en las elecciones del próximo 1o de junio, que el Senado calificó de "nuevo camino para la humanidad".

Según Noroña, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo entregó la lista más importante de candidaturas, con mil 430 nombres; le siguió la del Poder Legislativo, que insaculó a mil 416, y la del Poder Judicial –realizada por el Senado después de la suspensión del comité– tiene 955 candidaturas. 

Se suman, de acuerdo con el senador, 195 jueces y 195 magistrados en función que obtuvieron su "pase directo" a las elecciones, así como 11 interinos del Consejo de la Judicatura y otros 21 jueces.

Los consejeros electorales presentes en la ceremonia oficial celebraron la entrega de las listas, y no mencionaron los temas ríspidos de la elección, como las impugnaciones o el recorte presupuestario que la mayoría legislativa de Morena impuso al INE.

El consejero Jorge Montaño Ventura, quien preside la comisión encargada de organizar las elecciones, reconoció "retos" y "áreas de oportunidad" en el camino, pero recalcó que hubo un "proceso electivo de excelencia" y agregó que todos los candidatos "se sometieron a un riguroso proceso de selección".

Por ello, en su proyecto, Gutiérrez Ortiz Mena propondrá a sus compañeros en el Pleno exhortar a todas las autoridades a cumplir con las suspensiones, ordenar a los jueces de Distrito revisar de oficio si las mismas fueron emitidas adecuadamente y conforme a los precedentes de la Corte y mantener vigente la suspensión que protege a los exintegrantes del Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF) de cualquier sanción que le intente aplicar el TEPJF.

“A través de diferentes sentencias, comunicados y pronunciamientos públicos, diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la invención de competencias inexistentes, la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, indica el proyecto.

Reproche al Tribunal Electoral

Gutiérrez Ortiz Mena precisa que el TEPJF no tiene competencia para revisar las suspensiones de los jueces de Distrito porque no es una autoridad jerárquicamente superior a ellos y que, a través de las tres sentencias que ha emitido respecto al tema, menoscabó la independencia judicial.

“Estos pronunciamientos provocaron una irrupción en el sistema de impugnación de las suspensiones de amparo, una autoafirmación jurisdiccional sobre una supuesta facultad de juzgar las competencias de los juzgados de distrito y tribunales de circuito, y un menoscabo a la independencia judicial”, indicó.

Desde octubre pasado, la Sala Superior del TEPJF emitió tres resoluciones relacionadas con las suspensiones concedidas en amparo contra la reforma judicial.

Los asuntos fueron impulsados por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Senado de la República, a los que los jueces de Distrito ordenaron frenar el proceso de la elección judicial, en los que consultaron a la Sala Superior si estaban o no obligados a cumplir con las suspensiones de amparo.

En las primeras dos sentencias, el Tribunal consideró inviable la suspensión del proceso electoral de jueces, magistrados y ministros, lo que fue utilizado por el INE y el Senado para justificar el incumplimiento a los requerimientos de los jueces de amparo.

La tercera resolución fue emitida este año luego de que el CEPJF, en cumplimiento a una suspensión definitiva concedida por el juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán, frenó el proceso de selección de candidatos.

En este caso, el TEPJF ordenó al Comité reanudar el proceso y una vez que dicho cuerpo colegiado llevó el conflicto a la Corte, los magistrados electorales determinaron que el Senado de la República podía sustituir al CEPJF y continuar con el proceso para que, de manera obligada, el PJF tenga candidatos, pese a que la reforma judicial no establece que si uno de los poderes se queda sin candidatos la elección no pueda continuar.

Por ello, el ministro recordó que la Ley de Amparo prevé dos recursos contra las suspensiones de amparo: queja o revisión, en los que el TEPJF no tiene competencia.

“No hay ninguna norma, constitucional ni legal, que habilite a la Sala Superior para estos propósitos. Sólo puede hacerlo si se arroga una facultad extra-legal para juzgar la autoridad de los juzgadores de amparo, que es precisamente lo que ocurrió en el caso presente.

“Con independencia de si los jueces de distrito efectivamente tienen o no competencia para sustanciar sus juicios de amparo y emitir suspensiones, lo que es más que claro para esta Corte es que la Sala Superior no puede hacer esta clase de pronunciamientos y, a partir de ellos, irrumpir en el sistema de impugnaciones de los incidentes de suspensión. Hacerlo no sólo implica concebirse como un tribunal jerárquicamente superior a los jueces de amparo (cosa que no es), sino excepcionales del Estado de derecho y crear una competencia ad hoc que le permite determinar qué sentencias cuentan como derecho. Paradójicamente, esta competencia metaconstitucional termina violando la propia Constitución que dice defender en sus sentencias, pues no tienen ninguna base constitucional y, de hecho, contraría cualquier pretensión de una vida institucional organizada”, afirmó el ministro.

Indicó que la relación entre la Sala Superior y los jueces de amparo no es una de jerarquía sino de división material de trabajo y reprochó que con sus resoluciones los magistrados electorales vulneraron la independencia de los juzgadores.

“La Sala Superior pretendió combatir una alegada invasión de atribuciones con una determinación que adolece del mismo defecto. Añadimos, únicamente, que esta segunda invasión competencial puso en entredicho la estructura institucional de la Ley de Amparo, la independencia judicial y el Estado de Derecho”, precisó.

Las suspensiones pueden ser revisadas

El ministro recalcó que el hecho de que la Sala Superior hubiera actuado incorrectamente no significa que las suspensiones concedidas contra la reforma judicial estén bien.

Por ello, detalló que aunque los amparos en materia electoral son improcedentes, en 2005 la Corte emitió un criterio en el que, de manera excepcional, proceden cuando se vinculen en estricto sentido con la posible violación a los derechos humanos.

Gutiérrez Ortiz Mena explicó que en la acción de inconstitucionalidad en la que la Corte analizó la reforma judicial, se resolvió por mayoría de ocho votos que las normas de dicha modificación son de materia electoral y que, por ello, no hay dudas de que no pueden ser suspendidas mediante amparo.

Precisó, sin embargo, que existen normas de la reforma judicial que tienen componentes no electorales respecto de los cuales es posible que los jueces de amparo concedan suspensiones.

Por ello, prevé ordenar a los jueces que concedieron suspensiones revisar de oficio sus determinaciones en un término de 24 horas para ver si realmente se concedieron contra actos que no son materia electoral o, en su caso, revocarlas.

Desobediencia de las autoridades

Al analizar cómo y por qué las autoridades han incumplido con las suspensiones concedidas contra la reforma judicial, el ministro volvió a referirse al actuar de la Sala Superior del TEPJF e indicó que el mismo se equipara a un abierto desacato de órdenes judiciales, lo que representa algo más que una simple desobediencia.

“Es un acto de soberbia institucional que corroe los cimientos mismos del Estado de derecho. Cuando una autoridad se arroga el derecho de decidir qué resoluciones judiciales merece cumplir, no sólo viola la ley: proclama su propia infalibilidad y se coloca por encima del orden jurídico que dice defender”, reprochó.

“Lo que une a todos los actores en esta controversia es su pretensión de soberanía y superioridad frente al Derecho. Su ambición de salirse del Derecho para decidir sobre el contenido mismo del Derecho. En otras palabras, su búsqueda de ser aquel que decide cuándo se le aplica una excepción al Derecho”.

Por ello, consideró que el problema central en el caso radica en la forma tan simple con la que las autoridades ignoraron las resoluciones de amparo cuando éstas no convenían a sus intereses y normalizaron la idea de que “el fin justifica ignorar los medios institucionales establecidos”.

“Cada vez que una autoridad se coloca por encima del derecho, por nobles que sean sus intenciones, contribuye a la demolición del sistema que todos estamos obligados a preservar”, agregó.

Indicó que las sentencias de la Sala Superior no pueden tomarse como resoluciones que puedan anular las suspensiones concedidas en amparo, deben leerse como la opinión de la mayoría de los miembros de este cuerpo colegiado.

Sin embargo, el ministro propondrá invitar a las autoridades responsables a cumplir con las suspensiones contra la reforma judicial o, si así lo desean, impugnarlas a través de quejas o recursos de revisión, no ignorarlas.

El TEPJF contraataca

Luego de darse a conocer el sentido del proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena el bloque mayoritario de magistrados del TEPJF, integrado por la presidenta Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, informaron que solicitaron a la Corte declarar impedidos a la ministra presidenta Norma Piña, al ponente y a los ministros Javier Laynez y Jorge Mario Pardo Rebolledo para que no participen en la discusión.

En conferencia de prensa, los magistrados acusaron a los ministros de ser parciales y emplear expresiones “irónicas” hacia la reforma judicial en entrevistas y declaraciones públicas.

“Me parece que sería una gran tragedia, ahí sí, al Estado de derecho, el que un proyecto del alto Tribunal fuera en esos términos, en donde parece que se escribe con letras y lágrimas, con mucho dolor”, indicó Soto.

De esta manera, el bloque mayoritario busca que las tres ministras afines al gobierno federal, Margarita Ríos y Juan Luis González Alcántara Carrancá sean los únicos que participen en el debate, garantizando así que el proyecto de Gutiérrez Ortiz Mena sea desestimado.

Agregó De la Mata:

Sin embargo, Soto Fregoso rechazó que exista confrontación alguna con la SCJN y afirmó que el TEPJF decidió solicitar el impedimento únicamente sobre cuatro ministros por ser quienes han señalado a la institución directamente de violar la constitución.

“En este caso estamos solicitando por quienes han hecho pronunciamientos que en algún momento creo que se han puesto en situación de parte, en señalar incluso directamente que este Tribunal Electoral violó la Constitución. Entonces, esos fueron pronunciamientos en medios de comunicación, no en sentencia y consideramos que hay un pronunciamiento previo abiertamente a la actuación de este Tribunal Electoral. Es básicamente enfocado a lo que se ha manifestado también en la actuación de este Tribunal Electoral”, precisó la magistrada presidenta.

De esas demandas, 234 fueron presentadas antes de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador promulgara el decreto de reforma al Poder Judicial el 15 de septiembre de 2024 con la que jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular y mil 438 una vez que la reforma ya era un hecho.

La reforma judicial impulsada por López Obrador implica la erradicación del Poder Judicial de la Federación (PJF) como fue concebido desde la reforma de 1994 para que todos los juzgadores sean destituidos y sus sustitutos sean electos por voto popular, asimismo reestructura la Suprema Corte, elimina al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), extingue los fideicomisos de dicho poder y ajusta los salarios de sus funcionarios para que no ganen más que el titular del Ejecutivo federal.

De una revisión realizada por esta casa editorial en los registros públicos del CJF se constató que hasta el 14 de enero de este año han concluido 138 juicios de amparo, pero sólo en uno de ellos fue dictada sentencia de amparo.

En 77 de los casos los jueces decidieron desechar las demandas al considerarlas improcedentes por razones de supremacía constitucional o porque afirmaron que los actos reclamados son de materia electoral.

En 37 expedientes los jueces ya habían admitido las demandas, pero decretaron el sobreseimiento —cerraron los casos sin estudiarlos a fondo ni emitir pronunciamiento alguno— utilizando como argumento la aprobación de la reforma de la supremacía constitucional con la que Morena blindó sus reformas a la Carta Magna e impidió tramitar amparos contra éstas.

Proceso informó que el pasado 6 de diciembre de 2024 la jueza Sexto de Distrito en materia Administrativa en el estado de Jalisco, María Gabriela Ruiz Márquez, concedió el primer y único amparo, hasta ahora, contra la reforma judicial.

Aunque en su sentencia la jueza ordenó dejar insubsistentes los actos del proceso de elección judicial prevista para junio de este año, ninguna autoridad ha cumplido, pues desde los primeros días de enero el Instituto Nacional Electoral (INE), la Tesorería de la Federación (Tesofe), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Congreso de Baja California, la Cámara de Diputados y la Fiscalía General de la República (FGR), impugnaron la decisión.

De acuerdo con los estrados judiciales, el 14 de enero la jueza ordenó enviar los recursos y su informe al tribunal colegiado que corresponda para que determine si confirma o no la sentencia de amparo.

Para ello, explicó que en el caso de la reforma judicial hubo irregularidades que hacen presumir que hubo vicios en el consentimiento de los legisladores que votaron a favor de la misma.

“Durante el proceso legislativo impugnado se vislumbraron diversas irregularidades, que hacen presumir vicios en el consentimiento de los parlamentarios; además se desarrolló en un clima de ataques sistemáticos del Ejecutivo en contra del Poder Judicial, como parte de una narrativa tendiente a deslegitimarlo.

“Esto produjo un ‘efecto corruptor’ en la forma en que lo denomina la parte quejosa, o un condicionamiento de la percepción global e individual de las personas integrantes del cuerpo legislativo, que provoca la nulidad del procedimiento legislativo, al tratarse de un ilícito constitucional que afecta el respeto de las minorías, pues se desarrolló en un marco de ataques sistemáticos del Poder Ejecutivo en contra del Judicial, financiado con recursos públicos y mediante canales oficiales de comunicación”, indicó.

Afirmó que el expresidente López Obrador construyó una narrativa de que el PJF estaba integrado por funcionarios corruptos, pero nunca presentó pruebas de sus dichos y pese a ello logró colocar una percepción negativa de la institución, lo que “contaminó” el procedimiento legislativo.

“No se tiene la certeza de que los parlamentarios hayan estudiado la reforma propuesta por el Ejecutivo, con la comprensión necesaria para un adecuado planteamiento y defensa, sino que es muy probable que, con base en este discurso, sin hacer un ejercicio reflexivo al respecto, hayan aceptado la reforma como método para eliminar la ‘corrupción’ de ese poder”, agregó.

Cambios de opinión

La sentencia retomó el cambio de postura de última hora del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, quien logró inclinar la balanza en el Senado a favor de la iniciativa morenista, así como la detención del padre del senador Daniel Barreda (MC) horas antes de la discusión del dictamen, como ejemplos de las irregularidades del proceso legislativo de la reforma judicial.

“La concatenación de estos elementos generan fuertes indicios en un mismo sentido, sin ninguno en contrario, y constituyen una inferencia válida y contundente de que el procedimiento legislativo no respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en condiciones de libertad e igualdad, ante la presión que se ejerció sobre legisladores de oposición, de un modo que fue determinante para el resultado de su votación”, refirió la jueza.

“Los hechos revelan que la iniciativa de reforma propuesta por el Ejecutivo federal, más que representar una propuesta, constituyó un mandato para los legisladores, quienes valiéndose de las instituciones, los medios oficiales, la amenaza, la coacción y la aprehensión, violaron los principios de libertad e igualdad parlamentarias, tanto en su dimensión colectiva (al instituir un mandato para la mayoría) como individual (al vulnerar la libertad psicológica del senador Yunes y física del senador Barrera) y, con ello, lograr la aprobación de la tan cuestionada reforma”.

“La falta de elementos de certidumbre para determinar la correcta identificación de los diputados que participaron en la sesión ordinaria de 3 de septiembre de 2024, así como la respectiva violación al artículo 46 del Reglamento de la Cámara de Diputados, generan la nulidad absoluta de la asamblea, ya que la verificación de la identidad de los votantes es indispensable para su validez”, enfatizó.

En síntesis, la juez no analizó el contenido de la reforma porque éste no fue impugnado debido a que, de haberlo hecho así, el amparo hubiera sido desechado por improcedente, pues la reforma de la supremacía constitucional así lo ordena.

En los próximos días el expediente será recibido en alguno de los tribunales colegiados de Jalisco, que puede demorar más de un mes en emitir su resolución definitiva o, incluso, solicitar a la Suprema Corte que atraiga el caso.

La vocera se presentó junto con representantes del primer circuito de la Ciudad de México, y como se informó Proceso, esto a causa de que el CJF decidió limitar al 2 % las aportaciones al Seguro de Separación Individualizada (SEGSEI) y al Fondo de Retiro Individualizado (FORI), en respuesta a la reducción presupuestal aprobada por la Cámara de Diputados para el PJF en el ejercicio 2025. 

Patricia dijo que el Consejo está  violando el décimo transitorio y varios artículos de las condiciones generales de trabajo, además de expresar que existe incertidumbre ante la llegada de un nuevo órgano de administración en lugar del CJF en agosto, pues esto no les garantiza ninguna seguridad laboral ni el respeto de sus derechos.    

En relación con los sindicalistas del PJF, liderados por Jesús Gilberto González Pimentel, quienes recientemente también han realizado protestas frente al CJD, Aguayo señaló que no respaldan a este grupo de trabajadores, ni a su dirigente y explicó que ellos han optado por convocar una huelga, mientras que su propia fracción considera la suspensión de labores.  

“El año pasado, sacaron un comunicado el 11 de enero del 2024, haciendo una serie de argumentaciones, en el sentido de que la huelga es inviable, porque el Consejo no está violando nuestras prestaciones laborales. Entonces ahora, como por arte de magia, ahora si ya es procedente la huelga” dijo la vocera.

A eso se suma el panorama incierto que se avecina en materia de justicia con la reforma judicial, que implica la elección de personas juzgadoras en varios niveles a través del voto popular.

El 15 de septiembre de 2024 entró en vigor la reforma que pretende elegir por elecciones populares en 2025 y 2027 a jueces, ministros y magistrados. La organización HRW destaca la creación del Tribunal de Disciplina Judicial “con amplios poderes para sancionar o destituir a los jueces”.

“La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la Independencia de los magistrados y abogados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señalaron que el cambio podría debilitar la independencia judicial y socavar el derecho a un juicio justo”, alertó HRW.

Fiscalías: detenciones arbitrarias y torturas

En el informe, Human Rights Watch también enciende una alerta sobre el trabajo que realizan las fiscalías en el país, pues instituciones internacionales como las Naciones Unidas han detectado que “fabrican cargos contra personas colocando drogas en sus hogares, vehículos, bolsas o ropa” con el objetivo de detenerlas e interrogarlas o torturarlas sin la presencia de un abogado”.

“Las autoridades a menudo recurren a la tortura para obtener confesiones e información. En la encuesta más reciente de personas encarceladas realizada por el Inegi (2021), casi la mitad de los encuestados afirmaron que, tras ser detenidos, policías o soldados les habían sometido a malos tratos físicos”, destaca el informe.

No solo eso, el Observatorio Contra la Tortura, un proyecto colectivo de organizaciones defensoras de derechos humanos, documentó que las autoridades recibieron 6 mil 226 denuncias penales por tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes en 2022.

La organización internacional también muestra en su informe datos del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria, tras su visita a México en 2023.

“El grupo de trabajo expresó su preocupación por que ‘la detención arbitraria sigue siendo una práctica generalizada en México y es con demasiada frecuencia el catalizador de malos tratos, tortura, desaparición forzada y ejecuciones arbitrarias’”.

“Las autoridades suelen hacer uso indebido de la disposición de flagrancia de la legislación mexicana, que las faculta para detener a una persona que sorprendan cometiendo un delito”, destacó haciendo referencia a la “fabricación” de pruebas para la detención inmediata de sospechosos.

Ante la inacción de fiscalías, más de 230 colectivos de búsqueda

Human Rights Watch resaltó que la situación de las desapariciones en México rebasa la capacidad de acción de las autoridades, frente a lo cual “las familias de las víctimas han formado más de 230 colectivos de búsqueda, para investigar las desapariciones”.

“Los miembros de estos colectivos buscan en prisiones, hospitales, morgues y con cierta frecuencia localizan y desentierran fosas clandestinas. A menudo enfrentan amenazas y violencia”.

A ello se suma que, en enero de 2024, el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador cerró la oficina del Centro Nacional de Identificación Humana, una dependencia de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y despidió a gran parte de su personal.

“Para septiembre de 2024, más de 115 mil personas estaban consideradas como desaparecidas. La mayoría desaparecieron a partir de 2006. Muchos podrían haber sido asesinados y enterrados en las casi 5 mil 700 fosas clandestinas que activistas y autoridades han descubierto”, subrayó HRW.

“Que los maestros, que son los que le enseñan a nuestra comunidad, conozcan de qué se trata este proceso, sepan de qué estamos hablando cuando la comunidad les pregunte en qué consiste esta reforma, ustedes puedan tener hoy ya una idea de qué viene, cuándo va a ser la elección, cuándo va a ser la campaña, cómo vamos a conocer a los candidatos, quiénes son esos candidatos, por qué debo de ir a votar”, señaló.

La ministra, afín al oficialismo, describió las etapas del proceso de elección y mostró a los maestros los tipos de boletas que se utilizarán en las casillas electorales en junio próximo.

El evento fue organizado por el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, quien también es senador por Morena, partido que impulsó la reforma judicial.

“(La reforma al Poder Judicial) recobra la confianza en el sistema de justicia, garantiza una justicia auténtica e independiente para todos, no solamente para quienes pueden pagarla; elimina los excesos y privilegios de los funcionarios judiciales y combate el nepotismo, el influyentismo y la impunidad; asegura la excelencia, ética y profesionalismo de las personas juzgadoras mediante la evaluación del desempeño”, dijo.

Por ello, invitó a los maestros a participar en la elección del próximo 1 de junio y, al igual que la ministra Esquivel, enfatizó en la importancia de que los docentes expliquen a los padres de familia y ciudadanos en qué consiste la reforma.