“El objetivo central de la visita es sostener reuniones con representantes del sistema de Naciones Unidas para actualizarlos sobre las graves violaciones a la independencia judicial que están ocurriendo en México al implementar la regresiva reforma judicial impuesta desde el Poder Ejecutivo y su partido”, sentenció en el comunicado.

Añadió que planteará el despido masivo de personas juzgadoras a causa de la reforma judicial y que la elección mediante el voto popular que se llevará a cabo el 1 de junio próximo carece de garantías y gira en torno a “irregularidades, intromisiones y manipulación” por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Asimismo, la jueza Fuentes Velázquez, quien refutó que la elección judicial se trate de una “modernización”, dijo que denunciará ante la ONU y otras instancias que el gobierno federal y la mayoría de Morena en el Congreso han violado las resoluciones que ordenan detener la reforma judicial.

“Venimos a Ginebra a encender las alarmas internacionales. La comunidad internacional debe saber que la democracia mexicana está siendo socavada desde adentro. Hoy más que nunca necesitamos una solidaridad activa con quienes defendemos la justicia desde los tribunales”, dijo Fuentes Velázquez.

Elección judicial, en medio de crisis de derechos humanos: Jufed

En su mensaje, la directora nacional de la Jufed agregó que la implementación de la reforma judicial ocurre en el contexto del descubrimiento del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde localizaron un campo de adiestramiento del crimen organizado.

De esta manera, la jueza advirtió que la reforma al Poder Judicial se produce en medio de una crisis de derechos humanos en México y señaló que una elección de jueces, magistrados y ministros que ocurre en el “en el contexto del crimen organizado posibilita su infiltración” en los procesos de selección.

“Lo que está en juego no es solo la carrera 3 judicial, sino la seguridad, la justicia y la libertad de millones de mexicanas y mexicanos”, señaló.

Jueces y magistrados denuncian actos contrarios en elección judicial

Esta no es la primera vez que la asociación de jueces y magistrados denuncian ante un organismo internacional hechos relacionados con la elección de personas juzgadoras.

El pasado mes de enero, la Jufed denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que en México se producen actos contrarios a la Constitución para “cooptar al Poder Judicial” a través de unas “elecciones viciadas”.

Desde Costa Rica, donde se ubica la sede del organismo, la directora de la Jufed, Juana Fuentes Velázquez, dio a conocer que sostuvo reuniones con integrantes de la Corte y de otras instituciones para fortalecer alianzas y defender la independencia del Poder Judicial.

“Día con día se acumulan violaciones a la ley de amparo y se producen actos contrarios a nuestra Constitución y a las convenciones internacionales, dirigidas a llevar a cabo el golpe de la independencia del Poder Judicial y su cooptación mediante elecciones no seguras y viciadas”, sostuvo la juzgadora a través de un mensaje.

El TDJ, junto con el órgano de administración judicial, será uno de los que sustituirá al CJF a partir de septiembre próximo, conforme a la implementación de la reforma judicial.

Por primera vez, dicho órgano tendrá facultades para investigar y sancionar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes actualmente sólo pueden ser sancionados por algunas causales por la Contraloría del Máximo Tribunal.

La denuncia contra Esquivel Mossa se encuentra empantanada en una consulta sometida por la ministra presidenta Norma Piña a sus compañeros en la SCJN debido a que nunca había sucedido que un integrante del Pleno fuera denunciado por hechos ocurridos más de 30 años antes de ser designado ministro.

En dicho expediente también se encuentra la denuncia presentada contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar y sus excolaboradores acusados de presionar a juzgadores para emitir sentencias “a modo” y otra denuncia presentada contra Norma Piña por reunirse con magistrados electorales y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, en diciembre de 2023.

Jaime Santana Turral detalló que en el CJF la Comisión que encabezó recibió diversas denuncias contra la administración del ahora ministro en retiro, Luis María Aguilar Morales, en el Poder Judicial, muy parecidas a la que fueron presentadas contra Zaldívar y sus excolaboradores.

“De manera irregular no se señalaron circunstancias de tiempo, modo y lugar de las múltiples conductas que se señalaron, ponía a todos en ciertos cajones como que todos extorsionaron, presionaron, se aliaron a cierto bufete o a algún personaje político, de tal manera que en cada uno de esos cajones hacían imputaciones de carácter genérico”.

El magistrado fue señalado por “hacerle la vida imposible” a la magistrada Isabel Porras, quien supuestamente se habría negado a resolver conforme a las exigencias de Carlos Alpízar, excolaborador de Zaldívar, un amparo tramitado por el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, procesado penalmente en la administración de López Obrador por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.

Sin embargo, Santana Turral afirma que esto nunca ocurrió e incluso se dijo amigo de la magistrada Porras.

“En el área en la cual yo me encontraba ella tenía algunos temas de procedimientos de responsabilidad, sin embargo, aunque en la normativa del Consejo no existe la figura del impedimento de los secretarios ejecutivos, yo solicité al entonces presidente que en todos los temas relacionados con la magistrada Porras se me excusara derivado de la amistad que tengo con ella. El presidente estuvo de acuerdo y lo sometió al Pleno del Consejo y me excusaron”, relató.

“Yo no tenía bajo ninguna circunstancia la posibilidad ni de favorecer, pero menos aún, de coaccionar, de presionar a mi amiga la magistrada Porras”.

Reconoció que al llegar a la Comisión de Disciplina advirtió a Zaldívar que dentro del PJF existían conductas graves que debían ser atendidas de manera urgente, como el acoso sexual, abusos, violaciones, sentencias irregulares, que permanecían ocultos en la institución o cuyos procedimientos disciplinarios llevaban años estancados.

Mal cálculo político

Para Santana Turral, la filtración de la denuncia contra Zaldívar a medios de comunicación pudo venir directamente de la ministra presidenta, Norma Piña.

“Si vemos el resultado de las cosas y cómo fue evolucionando este tema, pues yo tampoco podría dudar que ella (la ministra Piña) fue la que estuvo detrás de esta situación. Yo considero que eso pudo haber sido un tema de un mal cálculo político de la señora ministra de poder utilizar esta denuncia para tratar de perjudicar a Arturo Zaldívar quien ya estaba colaborando con Claudia Sheinbaum”, refirió.

“Yo creo que esto estaba más orientado a tratar de desprestigiar la campaña de la presidenta, ésa fue la lectura que yo le di en ese momento porque no encontraba justificación de por qué, esa denuncia refiere hechos de 2019 a 2022, cuatro años de conductas irregulares, donde nadie dijo nada”.

Recordó que en diciembre de 2023 la ministra Piña se reunió con los magistrados electorales Felipe de la Mata, Mónica Soto y Felipe Fuentes, así como con el dirigente nacional del PRI, Alejandro Alito Moreno.

El 16 de mayo de 2024, Proceso informó que dicha reunión tenía como objetivo realizar una transición tranquila en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de la renuncia de su presidente Reyes Rodríguez Mondragón y la elección exprés de Mónica Soto en su lugar, pero que la presencia de Alito Moreno no fue requerida por Piña Hernández.

Sin embargo, para Santana Turral la presencia del priista en dicha reunión confirma la teoría de que Piña filtró la denuncia contra Zaldívar para evitar que Claudia Sheinbaum llegara a la Presidencia de la República.

“Yo no veo otra finalidad distinta. En diciembre previo a este año se realizaron reuniones entre la ministra presidenta y otros actores políticos que no eran acordes al partido de la presidenta Sheinbaum”, apuntó.

La denuncia contra Zaldívar y sus excolaboradores fue desechada el pasado 4 de diciembre de 2024 por mayoría de votos de los consejeros de la Judicatura afines al gobierno federal: Celia Maya, Bernardo Bátiz, Sergio Javier Molina Martínez y Eva Verónica de Gyvés Zárate.

Esto, al resolver un recurso presentado por Carlos Alpízar, exsecretario técnico del CJF, en el que consideraron que la ministra Piña no debió admitir a trámite la denuncia por ser anónima y no traer pruebas.

Simpatizante de la 4T

El candidato a magistrado del TDJ se considera partidario de la 4T, aunque no está afiliado a ningún partido político, pero reconoció que comparte muchos de los ideales morenistas.

“El tema de los excesos, el tema de la prepotencia del servidor público, me parece que es inconcebible, es inaceptable”, indicó.

“Toda mi mi vida ha estado dedicada a que el servicio público se transforme y sea un servicio público cercano a la gente. No es un discurso, es la vida que yo he desarrollado durante ya 30 años en el Poder Judicial”.

Por ello, aunque él viene de la carrera judicial y reconoce que tiene beneficios, afirma que este mecanismo de designación de juzgadores no resolvió los problemas internos del PJF que lo tienen hoy en plena implementación de la reforma judicial impulsada por Morena.

“La soberbia que manejó al Poder Judicial durante décadas fue lo que nos puso un estado de desventaja donde la sociedad no estaba empatizada con nosotros. En cuanto se propuso a esta reforma al Poder Judicial de la Federación pues no había sociedad que pudiera respaldarnos, porque el Poder Judicial siempre estuvo alejado de la gente”, sentenció.

“Soy de carrera judicial, pero la carrera judicial no lo resolvió todo. La carrera judicial sí nos dotó de ciertas capacidades técnicas, pero no nos dotó de ninguna capacidad operativa ni ninguna capacidad de acercamiento con la sociedad. Nos deslegitimamos y por eso creo que el tema de la elección a través del voto popular nos puede dar la posibilidad de poder recuperar esa legitimación”.

Tras una conferencia privada en la que habló sobre las necesidades del nuevo Poder Judicial que se pretende instaurar con la elección judicial, la ministra ofreció una atención a los medios de comunicación, donde fue cuestionada sobre diversos temas, entre ellos, la integración de las boletas, la forma de votar y las carencias del planteamiento inicial del primer ejercicio electoral en la materia.

Consideró que dentro de la reforma judicial no se contemplaron las cuotas electorales derivadas de acciones afirmativas, salvo el tema de paridad. Sin embargo, a diferencia de los comicios de diputados, senadores, alcaldes, dirigentes de partidos e incluso gobernadores, en este proceso no se contempla la inclusión de personas de la comunidad LGBT, personas con discapacidad, juventudes, comunidades indígenas, entre otros elementos a considerar.

Aseguró que este es un primer ejercicio y que este tipo de elementos deben considerarse en los próximos procesos de votación. También destacó que el plan es realizar procesos de selección cada tres años.

Comentó que, de los más de 260 aspirantes a cargos en el Décimo Quinto Circuito, que corresponde a Baja California, hay jueces y magistrados con experiencia dentro del Poder Judicial, y la ciudadanía tendrá el derecho de decidir si los respalda o prefiere nuevos perfiles.

“Los trabajadores del Poder Judicial deben confiar en que el segundo transitorio respetará todos los derechos y prestaciones de las condiciones generales de trabajo. Inclusive, eleva las condiciones laborales. Las condiciones generales de trabajo están en el transitorio”, refirió ante las inquietudes de trabajadores de la institución que temen perder sus cargos y la carrera judicial.

Respecto a la posibilidad de que funcionarios de administraciones estatales puedan competir sin experiencia en el cargo, aseveró que hay una serie de evaluaciones que deberán cumplir. Si logran pasar y concluyen en la lista final, y son designados, tendrán el derecho de ocupar el cargo, siempre y cuando sean respaldados por el voto popular.

“Para nosotros en el Poder Legislativo, la mayoría legislativa interpreta la Constitución que esta le concede al Tribunal Electoral facultad exclusiva para resolver temas electorales. Toda la materia electoral tiene que resolverla como única instancia el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral tiene toda nuestra confianza y respaldo institucional.

“La Corte no debió haberse involucrado en este tipo de resoluciones. Ni juzgados de distrito, ni tribunales colegiados de circuito o unitarios debieron haber concedido suspensiones sobre la reforma en materia electoral; al único que le compete, al único que la Constitución le faculta, es al Tribunal Electoral… Creo que la Corte actuó de manera indebida, se entrometió, actuó de manera injerencista y desobedeció a la Constitución”, explicó.  

El diputado morenista resaltó que lo importante es que se deja a salvo que la elección para elegir juzgadores, funcionarios judiciales y está en proceso para que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice y el Tribunal dirima cualquier diferencia que se suscite sobre el particular.

“Es importante destacar que con esta resolución simplemente se deja a la organización electoral fluir de manera correcta y que no habrá obstáculos, ni por jueces, ni por magistrados, ni por ninguna autoridad para obstaculizar. No habrá pues obstáculos para llevar a cabo la elección de juzgadores”, finalizó.

“Es increíble que el propio Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que está llamado a garantizar nuestra independencia, a generar las condiciones propicias tanto materiales como de recursos humanos para que la justicia se cristalice y se materialice todos los días en este país, ahora resulta que va a ser también quien persiga a los jueces y a las juezas por tomar estas decisiones que además adoptan en ese libre albedrío”, señaló la magistrada Julia María del Carmen García González. 

La conferencia de este viernes fue la última que realizarán los juzgadores pues consideraron que el fallo emitido ayer por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) implicó la muerte de la República porque dio vía libre a la implementación de la reforma judicial.

La titular del Poder Ejecutivo Federal dijo que fue “muy interesante” la resolución del Pleno de la SCJN, que aprobó, el 13 de febrero de 2025, el proyecto del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, para restablecer el orden constitucional y declaró que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no tenía competencia para invalidar suspensiones concedidas en juicios de amparo contra la reforma judicial y su implementación.

Además, la mandataria nacional afirmó que la reforma judicial “no tiene barrera de ningún tipo”, que sólo era un tema electoral. “En esencia, [el] primero de junio [de 2025], vamos a hacer historia”. Asimismo, comentó que la siguiente semana asistirían a la “mañanera del Pueblo”, para explicar el caso, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea y Ernestina Godoy Ramos, titulares de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia de la República, y, de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, respectivamente.

“Es decir, ya, la Corte reconoció que es un tema electoral, que las sanciones incluso que habían impuesto a algunos servidores públicos, no son procedentes, hasta donde yo entiendo verdad, porque les da creó 24, 48 horas, no sé, pero en esencia, el primero de junio, vamos a hacer historia, el pueblo de México va a hacer historia, porque por primera vez en México y quizá en el mundo, vamos a elegir a jueces, magistrados, ministros”, manifestó Sheinbaum Pardo.

La noche del 13 de febrero de 2025, tras la revocación de la SCJN a las suspensiones que jueces de amparo concedieron para detener la elección judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación indicó que la determinación del máximo tribunal constitucional fue coincidente con una sentencia previa, por lo que le dio la razón.

La Sala Superior del TEPJF explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a los jueces de distrito corregir sus sentencias, lo que las dejó improcedentes en materia electoral. También indicó que debido a que las sentencias que emitía eran definitivas e inatacables, nunca se suspendió el proceso de elección judicial y siguió su curso, como lo preveía la Constitución.

“El TEPJF es la máxima autoridad en materia electoral y así fue reconocido por la SCJN. Asimismo, confirma que el amparo no procede en materia electoral, tal como ha sostenido este órgano jurisdiccional”, dijo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en un comunicado.

“Es necesario señalar que la SCJN ordenó a los jueces de distrito corregir sus propias sentencias, tomando en cuenta lo razonado en la sesión de su Pleno; es decir, que las suspensiones no proceden en materia electoral”, expuso el TEPJF.

Asimismo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aclaró que, como erróneamente habían considerado otras instancias, incluida la SCJN, no revocó las suspensiones de los jueces, sino que aplicó lo previsto en el artículo 41 constitucional, donde se establece que en materia electoral no proceden los amparos.

Por último, la Sala Superior del TEPJF reiteró que continuaría actuando como la máxima instancia en materia electoral y no admitiría intervenciones de otra autoridad judicial.

"Esto no significa tampoco que busquemos asumirnos como entes superiores jerárquicos de ninguna otra autoridad jurisdiccional", dijo Soto, cuyo grupo de magistrados en la Sala Superior se enfrentó con jueces de distrito que emitieron suspensiones contra el proceso electoral de jueces, magistrados y ministros de la SCJN, que culminará con las elecciones del próximo 1 de junio. 

A modo de advertencia ante posibles conflictos con el Poder Judicial de la Federación (PJF) en el futuro, la presidenta del TEPJF aseveró que "cualquier intento de debilitarnos o someternos, implica un ataque a nuestro orden legal y a nuestra democracia: no lo permitiremos".

Al respecto, la SCJN resolvió que en el Estado de Derecho “no tienen cabida este tipo de autoafirmaciones competenciales por parte de autoridad alguna“. La Sala Superior “no puede erigirse como órgano supervisor de los jueces de amparo y menos aún para negarle fuerza de derecho a sus determinaciones, aunado a que, con sus sentencias, interfirió en la independencia judicial de los jueces de amparo”.

La Sala Superior del TEPJF “no tiene facultad constitucional ni legal alguna para supervisar a los jueces de amparo y menos aún para negarle fuerza de derecho a sus determinaciones”, señaló la SCJN.

Ante ello, la SCJN ordenó a las personas juzgadoras de distrito que hayan emitido suspensiones en contra de la implementación de la reforma judicial que revisen de oficio sus autos de suspensión.

México se encamina este año a su primera elección en las urnas de los jueces, magistrados, la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tras promulgarse la reforma constitucional al Poder Judicial el 15 de septiembre pasado.