SCJN anula las leyes anticorrupción a modo de los gobernadores de Chihuahua y Veracruz

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este lunes 5 de septiembre que son inválidas las reformas anticorrupción aprobadas en los congresos de Veracruz y Chihuahua, y que la oposición ha denominado como “blindaje” para los gobernadores salientes, Javier y César Duarte, al señalar que incluían nombramientos a modo para evadir posibles investigaciones en su contra.

Esta resolución del Pleno de la Corte se dio por unanimidad, señalando que los Congresos estatales no podían legislar en materia anticorrupción, ya que aún no se expedían las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción.

“Los congresos locales violaron la veda temporal o condición suspensiva en que se encontraban sus facultades para legislar sobre el tema”, apuntó la SCJN.

La promulgación de las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción (SCJN) se dio el pasado 18 de julio.

Tras la resolución, queda anulada  la creación de la nueva Fiscalía Anticorrupción en Chihuahua, apuntó el diario Reforma. 

En el caso de Veracruz, quedaron anulados seis decretos, en los que se incluye el sistema de fiscalización superior y rendición de cuentas, además de una Fiscalía.

En su cuenta de Twitter, el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, indicó que acatarán la resolución de la Suprema Corte.

Desde el pasado 11 de julio, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que presentaría acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos de Veracruz y Chihuahua, además del de Quintana Roo, para evitar la violación de los principios del Sistema Nacional Anticorrupción.

En ese momento el vocero del gobierno mexicano, Eduardo Sánchez, dijo que no había cabida “para legislaciones locales a modo”, y que ninguna institución o servidor público puede estar al margen de la ley.

Salvador Sandoval Silva, subprocurador Jurídico y de Asuntos Jurídicos, detalló que los gobernadores no podían hacer nombramientos de funcionarios en materia anticorrupción, de contralores, magistrados o fiscales, porque de ese modo se generaría “inseguridad jurídica”.

Es decir, acciones contrarias al funcionamiento adecuado del Sistema Nacional Anticorrupción.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/09/scjn-blindaje-gobernadores-veracruz-chihuahua/

Lucha anticorrupción, un gran esfuerzo nacional: Peña

México, D.F. El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la reforma por la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene por objeto abatir la impunidad y en consecuencia castigar tanto a funcionarios públicos como a ciudadanos comunes que sean descubiertos infringiendo la ética pública.

Dicha promulgación aún debe seguir un proceso de mediano plazo para que el Poder Legislativo (Cámara de Diputados y Senado del República) elaboren seis leyes que reglamenten el Sistema Nacional Anticorrupción.

En su intervención, durante el acto protocolario celebrado en Palacio Nacional, Peña Nieto expuso que resulta inaceptable que México tenga una calificación tan baja, a nivel internacional en su combate a la corrupción y a la impunidad. Requerimos, dijo, una solución estructural amplía y sistemática.

A decir del Ejecutivo, el nuevos sistema es un paradigma, del que participaron (en su elaboración) la sociedad civil, técnicos y académicos, además del Congreso. “Haremos de la lucha contra la corrupción un gran esfuerzo nacional”.

También adujo que “en México actualmente hay elecciones libres y la alternancia en el poder forma parte de la normalidad democrática”.

En su turno el presidente del Senado, Miguel Barbosa Huerta, expuso que el punto fundamental en el combate a la corrupción se identifica en la urgencia de poner fin a la impunidad. También reconoció que la reforma por la que se crea el sistema aún es susceptible de cambios, y en el debate quedaron remanentes como la revisión del fuero, el cual, avizoró deberá darse una vez que continúe madurando la sociedad y la política.

El político poblado advirtió que sin autonomía de los entes públicos encargados de poner en marcha el Sistema Nacional Anticorrupción “no tendremos éxito” .

Barbosa consideró que los actos de corrupción que se han denunciado y dado a conocer en el actual proceso electoral no podrán quedar impunes, “las campañas electorales no pueden ser épocas en las que todo se vale”.

En su turno el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade sostuvo que el Sistema Nacional Anticorrupción permitirá una adecuado equilibrio de poderes, y representa un momento crucial para frenar el abuso de poder y en el mal uso de los recursos públicos.

También el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Fernando Salas consideró que el binomio corrupción-impunidad tocaba a las instituciones públicas y al desarrollo de la sociedad, ya que la corrupción es un obstáculo que amenaza la estabilidad y la democracia.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: GEORGINA SALDIERNA/ROBERTO GARDUÑO.

El Congreso declara constitucional la reforma anticorrupción

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión envió la reforma constitucional al presidente Peña Nieto para su promulgación.

El Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión realizó la declaratoria de constitucionalidad de la reforma en materia de combate a la corrupción la tarde de este miércoles 20 de mayo.

En la sesión de este miércoles y en medio de un debate y acusaciones entre todas las bancadas sobre recientes casos de corrupción, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Luis Miguel Barbosa realizó dicha declaratoria de la reforma constitucional.

La declaratoria se realizó luego de que 24 congresos estatales se manifestaron en sentido satisfactorio, entre los que están Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo y Jalisco.

Asimismo los estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, por lo que la reforma fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación.

Durante la sesión, se abrió un debate sobre los alcances de la reforma y los recientes casos de corrupción en diversos niveles de gobierno y estados en el país.

El senador del PRD Armando Ríos Piter expuso que la reforma constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción no incluyó el tema del conflicto de interés y aludió diversos casos de presunta corrupción de candidatos y en los gobiernos de estados como Nuevo León, Querétaro, Sonora y el Estado de México.

El senador Javier Lozano respondió a las críticas y señalamientos en contra del candidato del PAN al gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez, rechazó que su patrimonio personal y familiar tenga vínculo con actos de corrupción.

La diputada del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar destacó que la iniciativa avalada servirá para iniciar el camino para combatir este flagelo y reconoció que como todo proyecto es perfectible y se debe de continuar su actualización para lograr eliminar la corrupción existente en el país.

Graciela Ortiz, senadora del PRI, indicó que de acuerdo con Transparencia Mexicana las familias mexicanas destinan el 14 por ciento de sus ingresos, es decir alrededor de 32 mil millones de pesos al año, para pagar “mordidas” y otros actos de corrupción para agilizar trámites, por lo que esta reforma es un paso para revertir estas prácticas.


El diputado del PVEM, Tomás Torres, dijo que argumentó que el trabajo conjunto realizado para legislar en materia de combate a la corrupción es loable y se destaca la participación del sector social, del titular del Poder Ejecutivo y de los integrantes del Legislativo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/NOTIMEX.

Diez puntos clave de la fallida reforma anticorrupción

MÉXICO, D.F: Las demandas de la opinión pública para dar vida a un Sistema Nacional Anticorrupción que, se supone, habría de eliminar este problema endémico en México y la difusión de los reportajes sobre La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa así como la compra de otra casa por parte del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, aceleraron la aprobación de una reforma en esta materia. Las cosas no son, empero, como se ha publicitado por el gobierno y sus aliados. Veamos.

Primero. La Reforma Anticorrupción tiene lugar justo en pleno proceso electoral federal y local en varias entidades del país. El descrédito de los políticos está fuera de duda. La aprobación de una reforma constitucional sobre Anticorrupción fue la estrategia pluripartidista para vender la percepción a la opinión pública que se actúa para enfrentar el tema, de ahí el respaldo amplio entre las fracciones parlamentarias, salvo honrosas excepciones. El problema es que es eso; sólo una percepción, no una realidad efectiva.

Segundo. La reforma constitucional Anticorrupción deja intocada la figura del presidente de la República, sólo sujeto a dos hipótesis para ser procesado: a) Traición a la patria, cuyo tipo penal es poco menos que imposible acreditar y b) Delitos graves del orden común, cuyo título ha desaparecido del Código Penal.

En síntesis, no hay en esta reforma ninguna medida para evitar que el presidente de la República incurra en corrupción y sí permite que el abuso del ejercicio de poder quede sin ser sancionado. Un caso como la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y su esposa si el sistema Anticorrupción se hubiera dado sin ninguna sanción porque no se reguló esa hipótesis de alta corrupción.

Tercero. Fue precisamente la corrupción en la que incurrió el Presidente, su familia y su secretario de Hacienda quienes generaron, con sus conductas, la necesidad en el círculo rojo de hacer algo en esta materia. Paradójicamente, los responsables de los principales actos de corrupción no tuvieron una sola referencia legal Anticorrupción y, en realidad, se asiste a un acto de simulación, otro más, para manipular a la opinión pública.

Cuarto. La palabra clave de la corrupción fue el conflicto de interés, que la clase política debió aprender como parte de un control de daños que nunca fue efectivo. Lo absurdo es que el vocablo conflicto de interés razón y justificación, en buena medida, de la reforma constitucional comentada no fue incluida en la citada reforma. Ni una sola mención a esta expresión que, como dice la senadora Dolores Padierna ha quedado proscrita en el lenguaje del poder. Dicho sea de paso, la senadora Padierna fue una de las poquísimas expresiones de anteponer el interés general a criterios de ventaja política y fue la que mejor dio una batalla argumental sólida en la tribuna del Senado. Es de la excepciones que confirman la regla de que no todos los políticos son corruptos.

Quinto. La propia senadora Padierna sintetizó el problema: “Se requería un cambio de 5 kilómetros y se hizo uno de cinco milímetros. Duro, pero cierto. Ese es el tamaño de lo que debió hacerse y no se hizo. Peor aun como una concesión graciosa los ilícitos administrativos – no penales que no fueron extrañamente normados- pasaron de una prescripción de cinco a siete años. En las sociedades democráticas este periodo abarca en promedio 15 años.

Sexto. La figura del fuero previsto en el artículo 108 constitucional tuvo como finalidad proteger la libertad de expresión de los legisladores para evitar ser enjuiciados por sus palabras en tribuna desde la Constitución de 1917. Esa figura se mal formó al transcurso del tiempo para convertirse en lo que es ahora, garante de impunidad. Al no tocar esta figura se deja intacto ese conspicuo instrumento para hacer frente sin problemas a delitos y/o ilícitos cometidos por una amplia red de políticos que buscan espacios en el Congreso para gozar privilegios que constituyen, en sí mismos, actos de corrupción.

Séptimo. La reforma constitucional incluye lo que ya existe en la ley desde los 80´s: la declaración patrimonial y agrega la figura de la declaración de interés. Lo hace, empero, bajo protesta de decir verdad; es decir, no se revisará si lo que dice el servidor público y lo que declara coincide en los hechos. Peor aún, esta información no está sujeta al principio de máxima publicidad, ni siquiera a la mínima.

Octavo. La participación más activa del Congreso de la Unión para ratificar a los órganos de control del Ejecutivo y al secretario del tema, no garantiza nada. Más aún, genera un nuevo reparto de cuotas o mecanismos de incentivos económicos para que los legisladores aprueben a los propuestos sin mayor debate, porque son los mismos de siempre con las mañas que todos les conocemos.

Noveno. En nombre de la Anticorrupción se creará una nueva estructura burocrática, la Fiscalía Anticorrupción que, en modo alguno, combatirá la corrupción, sino que generará incentivos para repartir espacios ensanchando la burocracia sin garantía alguna, en perjuicio de los recursos del pueblo. La Auditoría Superior de la Federación tendrá algunas nuevas atribuciones, pero se queda sólo en la mera recomendación igual que ahora. En todo caso, podrá presentar denuncias de hecho, pero al no reformar la figura del Procurador General de la República eso está destinado a actuar sólo en aquellos casos donde, no por la corrupción, sino debido a las revanchas políticas tengan lugar para justificar su existencia.


Décimo. La reforma constitucional se queda en una mera ilusión óptica que no resuelve los problemas de fondo ni de forma siquiera. Eventualmente podrá sancionar la corrupción minúscula, pero no la de los altos niveles de gobierno. Y todo lo anterior habrá de esperar largos años, porque México no es, todos los sabemos, un Estado de derecho. De esta suerte, si se cumpliera y aplicara la ley sus efectos serían de largo plazo. En la impunidad tan nuestra en la clase política eso se prolonga al infinito. Como diría Lampedusa en su obra El Gatopardo “”Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie”. “¿Y ahora qué sucederá? ¡Bah! Tratativas pespunteadas de tiroteos inocuos, y, después, todo será igual pese a que todo habrá cambiado”. Una de esas batallas que se libran para que todo siga como está”. No hay, a final de cuentas, nada que festejar y mucho que lamentar porque se ha perdido una oportunidad de avanzar más allá de los cinco milímetros Dolores Padierna dixit.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERNESTO VILLANUEVA (ANÁLISIS)

La reforma anticorrupción no prevé sancionar al Presidente, alertan senadores

Legisladores de PAN y PRD señalan que la reforma excluye herramientas para que el Presidente sea sujeto de responsabilidad.

De aprobarse en sus términos la reforma constitucional para combatir la corrupción, el Presidente de la República quedaría protegido bajo un régimen de excepción.

Senadores del PAN y PRD coincidieron en que la minuta enviada por la Cámara de Diputados no considera herramientas para que el titular del Ejecutivo sea sujeto de responsabilidad.

En caso de avalar el proyecto, dijeron, la excepción impediría castigar al Presidente en caso de que cometa algún delito relacionado con el uso de recursos públicos.

El senador Alejandro Encinas condenó que los diputados hayan colocado al primer mandatario en una posición de privilegio.

“Es el único que tiene inmunidad en esta legislación. La ley le aplica a cualquiera, con excepción del titular del Ejecutivo federal. Es un régimen de excepción que debe eliminarse”, demandó.

Por su parte, el senador panista Héctor Larios reconoció que es necesario realizar modificaciones a la minuta, para incluir al Presidente como sujeto de responsabilidad.

“Se debe construir un régimen especial para el Ejecutivo, pero sí tiene que ser sujeto a responsabilidad”, señaló.

El senador del PRD Benjamín Roble lamentó que la reforma no alcance al Presidente y advirtió que en México no debe haber funcionarios intocables.

El perredista Armando Ríos Piter preguntó: “¿Esta reforma permitirá atacar y combatir los moches en la Cámara de Diputados? ¿Impedirá que se repita un caso como el de Iguala? ¿Corrige o previene el tema de la ‘casa blanca’ y el conflicto de intereses? El sistema no tiene suficiente contundencia”, cuestionó.

Por otro lado, Encinas advirtió sobre la necesidad de realizar cambios a la minuta, ya que se contempla que los delitos relacionados con la corrupción, podrán prescribir a los cinco años de haberse cometido, aún cuando se comprueben fehacientemente.

Propuso también que se endurezca la reforma para que los bienes de los funcionarios corruptos puedan ser objeto de extinción de dominio.

“Se trata de bienes financiados con recursos de procedencia ilícita, porque ese dinero no necesariamente viene del narcotráfico, proviene también de la corrupción”, aseveró.

El senador del PAN, Javier Corral, consideró que la minuta no debe aprobarse, ya que deja intocado el Artículo 108 de la Constitución para dar impunidad al Presidente.

“Creemos que la minuta es insuficiente, deja intocado el 108 de la Constitución que es un monumento a la impunidad del Presidente en medio de un escándalo por conflicto de interés, cohecho y soborno”, afirmó.

Senadores del PRI, PAN y PVEM advirtieron sobre el riesgo de que la reforma para crear el Sistema Nacional Anticorrupción pueda quedarse ‘congelada‘ en caso de que se realicen cambios a la minuta para regresarla a la Cámara de Diputados.

El presidente de la Comisión Anticorrupción, Pablo Escudero, anunció que las bancadas del PRI y PVEM están en condiciones de aprobar la reforma constitucional.


“Estamos dispuestos a votarla en sus términos en el momento que sea necesario. Tenemos disposición para aprobarla sin moverle una sola coma“, expresó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.