Las propuestas tanto del expresidente López Obrador como lo que ha adelantado la Presidenta Sheinbaum se centran en dos reducciones: una en cuanto al costo de las elecciones y otra respecto al presupuesto de los partidos, así como la eliminación de plurinominales.
La Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo prevé trabajar próximamente en una amplia propuesta de Reforma Electoral, la cual se construirá a partir de la iniciativa que hace casi un año presentó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que ambas, de acuerdo a lo dicho por la mandataria federal, coinciden, particularmente, en la reducción del costo de las elecciones, el presupuesto de los partidos, así como la eliminación de plurinominales.
Este jueves 9 de enero, al anunciar que el próximo mes de febrero enviará al Congreso dos propuestas legislativas con las que busca eliminar la reelección y el nepotismo, la Presidenta Sheimbaum Pardo también adelantó que está planeando elaborar una iniciativa más amplia en materia electoral, aunque no detalló cuándo la presentaría. “Necesitamos sentarnos y analizar una nueva Reforma Electoral”, dijo.
La Presidenta detalló que la iniciativa tendrá tres objetivos principales: “uno, disminuir los costos de las elecciones, sin poner en riesgo su transparencia y su legalidad y legitimidad; segundo, la disminución del financiamiento a los partidos políticos; tercero, generar un esquema en donde las minorías puedan tener representación sin las listas plurinominales. No estamos de acuerdo con las listas plurinominales”.
“Ese es nuestro objetivo, digamos, los tres elementos que consideraría más importantes en la Reforma Electoral que plantearíamos, en su momento, todavía no tenemos fecha. Y ahí sí vale la pena hacer mesas, debate, para poder recoger la información y poder tener una Reforma Electoral acorde con la democracia de nuestro país”, añadió.
Ante la propuesta de la Presidenta Sheinbaum Pardo vale la pena recordar la propuesta electoral que, en febrero de 2024, presentó el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que también contemplaba los temas en los que ahora planea trabajar la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Por ejemplo, la iniciativa de AMLO señala que uno de los temas que más indignación suscita es el de la gran cantidad de recursos públicos que año con año se destinan a los partidos políticos, por lo que la propuesta buscaba que este presupuesto se redujera a la mitad de lo que actualmente reciben los institutos políticos.
“La presente iniciativa propone reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y para el gasto de campañas durante la contienda electoral. Lo anterior obedece a la necesidad de que nuestro régimen de partidos no genere costos injustificados ni incongruentes”, indicó López Obrador en su propuesta.
“Reducir a la mitad el financiamiento ordinario y de campaña a los partidos políticos y eliminar el financiamiento para actividades partidistas específicas, lo que generará ahorros superiores a los 32 mil millones de pesos de 2025 a 2030”, se agrega en la iniciativa que López Obrador el 5 de febrero de 2024.
La propuesta también contemplaba disminuir los el costo de los procesos electores, lo cual, se explica en la iniciativa, se lograría mediante la supresión del Instituto Nacional Electoral (INE) y la creación, en su lugar, del “Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) como autoridad electoral independiente garantizando los principios rectores de la función electoral, como siempre debió haber sido”.
“Un grave problema del sistema político mexicano es el costo de operación que han cobrado sus procesos electorales supuestamente justificado por su complejidad. En 1999 se asignó un presupuesto de 13,400 millones de pesos, mientras que en 2018 se tuvo un presupuesto de 68,300 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 409 por ciento en menos de 20 años”, se argumenta en la propuesta del tabasqueño.
Además, en dicho documento también se destacó que tan sólo en 2024, el presupuesto público que se destinó a las elecciones del mes de junio ascendió a 72 mil 294 millones de pesos, debido a que el INE delega responsabilidades en los órganos públicos locales (OPL), lo que contribuye a esta alza en el presupuesto de los comisión que se llevaban a cabo en el país.
“El INEC sería la única autoridad administrativa electoral del país. Sus funciones absorberían las de los órganos públicos locales (OPL), es decir, organizaría la totalidad de los procesos electorales de la república, a nivel nacional, estatal y municipal”, se indica en la propuesta de 2024, ya que sería una instancia única.
"Lo anterior unifica la toma de decisiones en distintos procesos relacionados y garantiza su correcto desarrollo, además se dejarían de erogar cuantiosos recursos que actualmente se gastan en las estructuras de los órganos electorales”, se añade en la iniciativa que presentó el tabasqueño.
La iniciativa de López Labrador también contempla la disminución y eliminación de legisladores elegidos vía plurinominal, argumentado que esta forma de elección pone en duda la legitimación del legislativo, lo que se está convirtiendo en una crisis de las denominadas democracias contemporáneas.
“La crisis de representación política es una de las principales características de las llamadas democracias contemporáneas. En México, desde hace décadas, se cuestiona la legitimidad de las personas legisladoras en general, pero marcadamente de las plurinominales”, subrayó el tabasqueño, quien propuso “un método de elección que busca mejorar la representación ciudadana depositada en las Cámaras del Congreso de la Unión”.
Con dicho método se reduciría el número de legisladores y la elección se llevaría a cabo “mediante el sistema de mayoría relativa uninominal”. “Se eliminan 200 diputados y 64 senadores plurinominales. El Congreso tendrá 300 diputados y 64 senadores electos por el principio de mayoría relativa en los distritos o estados que representen, lo que garantiza arraigo territorial, legitimidad y rendición de cuentas”, explicó López Obrador.
“Se eliminan 459 diputados locales plurinuminales. Los Congresos locales tampoco tendrán diputados plurinominales. Los Estados con menos de un millón de habitantes tendrán hasta 15 diputados, mismos que podrán incrementarse en uno por cada 500 mil habitantes, hasta un máximo de 45”, añadió el entonces jefe del Ejecutivo federal.
Aunque, destacó, “en ningún caso la representación de una entidad federativa puede ser menor de dos diputados”, todos elegidos de “manera directa y secreta por la ciudadanía mediante el sistema de mayoría relativa por entidad federativa, correspondiendo dos escaños por cada estado. Asimismo, se propone que los Congresos de las entidades federativas se integren por diputadas y diputados electos de manera directa y secreta conforme al sistema de mayoría relativa”, reiteró.
Hasta ahora se desconoce el momento en que la Presidenta Sheinbaum Pardo presentará su iniciativa en materia electoral, en la que considere estos tres temas, sin embargo, se puede observar similitudes con la propuesta que presentó hace casi un año su antecesor, pero que que falta de mayoría del partido Morena en el Congreso de la Unión no se aprobó, pero que en la actual legislatura podría pasar sin problema.
El Instituto Nacional Electoral (INE) señaló que la propuesta de reforma electoral anunciada ayer por el presidente Andrés Manuel López Obrador no modificará los procesos electorales federales o locales del próximo 2 de junio.
El Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un posicionamiento sobre la iniciativa de reforma electoral presentada el lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Mediante un comunicado, la máxima autoridad electoral subrayó que las elecciones de este año se llevarán a cabo con la legislación vigente. “Cualquier proceso de reforma que se inicie no tendrá incidencia en los mismos,” abundó.
El próximo 5 de febrero el Presidente anunciará desde Palacio Nacional un último paquete de iniciativas de reformas que enviará al Congreso, entre ellas las del Poder Judicial y la electoral.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el próximo 5 de febrero, día de la promulgación de la Constitución de 1917, no asistirá a Querétaro, pero anunciará desde Palacio Nacional un paquete de reformas en materia de salarios, pensiones, electoral y del Poder Judicial.
En su habitual encuentro con los medios de comunicación, el Presidente López Obrador dio a conocer ya la fecha en que hará llegar al Congreso las últimas iniciativas de reforma de su sexenio; será antes de lo que se tenía previsto.
Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, anunció la mañana de este jueves que ya tiene un plan para presentar tres iniciativas de reforma a más tardar en febrero de 2024.
-Nosotros tenemos ya un plan para que las iniciativas que voy a enviar se presenten en el mes de febrero. Las vamos a presentar -dijo en su conferencia de prensa matutina.
El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, el 23 de junio de 2023, que la decisión de la mayoría de los ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de invalidar su “plan B” de reforma electoral, los convertía en un “supremo poder conservador”, con una actitud política de protección de delincuentes de cuello blanco.
“Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta que era los que dominaba en México. El Gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría”, indicó el político tabasqueño.
Los ministros prohibieron al Congreso legislar nuevamente en dicha materia para modificar las reglas del proceso electoral que empezará en septiembre próximo.
Por mayoría de nueve votos la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválida la segunda parte del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El pleno de la Corte señaló que el Congreso de la Unión incurrió en violaciones graves al procedimiento legislativo al aprobar en menos de 24 horas el dictamen de las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; la de Partidos Políticos; la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
El proyecto del ministro Javier Laynez advierte que en la aprobación del segundo decreto del “plan B” se registraron las mismas anomalías que derivaron en la anulación del primer decreto, así como irregularidades adicionales.
El segundo paquete de reformas electorales conocido como “plan B”, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, está cerca de caerse, y por las mismas razones por las que cayó el primero: violaciones graves al procedimiento legislativo que ponen en duda su validez constitucional.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó ayer el proyecto del ministro Javier Laynez que, tras analizar la acción de inconstitucionalidad contra el segundo decreto de este conjunto de modificaciones, propone declararlas inválidas por haber sido aprobadas con violaciones graves al procedimiento legislativo por parte de la mayoría de Morena-PVEM-PT.
En el proyecto de sentencia que deberá ser votado en el Pleno de la SCJN, Laynez concluye que se cometieron violaciones graves al procedimiento legislativo para aprobar el segundo paquete de reformas electorales.
El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez Potisek, propondrá al Pleno invalidar la segunda parte de las reformas electorales impulsadas por el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, conocidas como “Plan B” electoral, por considerar que se cometieron violaciones graves al procedimiento legislativo para su aprobación.
En el proyecto de sentencia que el ministro Laynez presentará a los otros 10 ministros en el Pleno de la Corte se concluye que durante la aprobación del Decreto que reforma las Leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales, General de Partidos Políticos, Orgánica del Poder Judicial de la Federación y General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado el pasado 2 de marzo de 2023, “el Congreso de la Unión incurrió en múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo”.
“La división de Poderes imperó en México, y la Corte invalidó reformas que se hicieron fuera de procedimiento, aprovechando la mayoría (no calificada) del partido en el Poder en el Legislativo, con todo y que le pese al Ejecutivo, el ejercicio de la democracia en la que vive México, la ejercen y la protegen los tres poderes”.
En estricto sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no usurpó la responsabilidad y facultad del Poder Legislativo para legislar y crear leyes. Lo que hizo fue advertir que, para hacerlo, los legisladores deben seguir un procedimiento legislativo que, en el caso de una parte del Plan B, o contrarreforma electoral, no siguieron. Vaya que violentaron su propio debido proceso legislativo y por tanto se invalidaban las reformas.
Los nueve votos a favor de la invalidez de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ante la impugnación interpuesta por partidos políticos diversos, legisladores, organizaciones, fueron precisamente a la forma, no al fondo.
Por mayoría, el pleno de la Corte determinó que la aprobación del primer decreto del paquete de reformas conocidas como “plan B” violó el procedimiento legislativo, porque no se dio tiempo para que las iniciativas en cuestión se analizaran y debatieran de forma democrática.
El paquete de reformas electorales conocidas como “plan B” sufrió su primer revés en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este lunes, el pleno del máximo tribunal del país invalidó el primer decreto de ese conjunto de modificaciones legales, tras concluir que en su aprobación se violó el procedimiento legislativo contemplado en los artículos 71 y 72 de la Constitución.
Por una mayoría de nueve votos contra dos, la SCJN determinó que el primer decreto del “plan B” se aprobó sin que la iniciativa de la que partió fuera publicada con suficiente anticipación en la Gaceta Parlamentaria, sin que hubiera razones de urgencia para dispensarle todos los trámites —se discutió el mismo día en el que llegó a la Cámara de Diputados— y sin que hubiera oportunidad de que todos los grupos parlamentarios fueran escuchados.
La tarde del lunes la Presidencia de la Mesa Directiva de San Lázaro recibió la comunicación de la Corte en la que se le notifica la invalidez de las reformas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) notificó al Poder Legislativo la decisión adoptada la tarde del lunes por 9 de los 11 ministros del Pleno, de invalidar la primera parte del llamado ‘Plan B’ electoral, consistente en reformas a las leyes de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.
Luego de que la mayoría del Pleno respaldó el proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán para invalidar las reformas debido a graves violaciones del procedimiento legislativo, el secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad de la SCJN comunicó a la Cámara de Diputados (oficio 5502) y al Senado de la República (oficio 5503) la determinación judicial.
Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tumbó la primera parte del llamado Plan B electoral, en este caso sobre propaganda gubernamental, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, con mayoría en ambas Cámaras del Congreso.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el Poder Judicial federal “está podrido” y “no tiene remedio”, un día después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) diera palo al llamado Plan B, una serie de reformas electorales propuestas por el Ejecutivo federal. Anunció una iniciativa para que las y los ministros sean electos en las urnas.
La Consejería Jurídica de la Presidencia interpuso en días pasados, ante la Corte, una queja contra el ministro ponente Alberto Pérez Dayán, quien perfiló la invalidez de la primera parte del Plan B de López Obrador.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República afirmó que la filtración del proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, sobre la primera parte del Plan B de la reforma electoral, era motivo suficiente para que el ponente se abstuviera de votar el asunto.
Este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó esa primera parte del Plan B, conforme a la propuesta de Pérez Dayán. Sin embargo, al inicio de la sesión los ministros desecharon por unanimidad la solicitud de la Presidencia de la República, de declarar que el ponente no podía participar en el debate y votación de las acciones de inconstitucionalidad presentadas contra la reforma impulsada por el Ejecutivo federal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó en qué consiste el Plan C en la conferencia de prensa del 27 de marzo de este año.
El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, dijo que “Nueve ministros pasaron por encima de la voluntad democrática expresada por los representantes populares”. Y se pronunció por un “Plan C en las urnas”.
Esto como reacción a la decisión que tomó la Suprema Corte al declarar la invalidez de la primera parte de la reforma electoral conocida como Plan B, por considerar que hubo violaciones graves al procedimiento legislativo.
En consecuencia, de cara al proceso electoral de 2024, estas dos leyes permanecerán como estaban antes de la reforma, es decir, el tope de gasto para comunicación social y el blindaje para servidores públicos que realicen proselitismo no aplicará para la sucesión presidencial.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Una mayoría de 9 ministros, coincidió en que la premura con la que actuaron los diputados y senadores de Morena impidió a todo el Poder Legislativo realizar un debate libre y democrático para poder aprobar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas que componen la primera parte del llamado Plan B de la reforma electoral.
La Consejería Jurídica demandó a los ministros "para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia".
En un nuevo enfrentamiento entre al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial, la Consejería Jurídica aseguró que si los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidan el llamado Plan B, la Corte "estaría sustituyendo" al Congreso de la Unión.
Por unanimidad, el Pleno de la Corte respondió a la Consejería Jurídica que no es posible aplazar el análisis de las impugnaciones contra la primera parte de la reforma electoral, ya que están programadas para analizar el próximo lunes 8 de mayo.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “bateo” por unanimidad de los 11 ministros, la petición que había presentado la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, para no resolver el próximo lunes las siete acciones de inconstitucionalidad que presentaron diversos actores jurídicos para impugnar la primera parte de la reforma electoral, conocida como “Plan B”.
En sesión privada, las 11 ministras y ministros determinaron “que no es factible atender dicha petición, ya que la impugnación presentada en 2023 se listó con fecha fija para el próximo lunes 8 de mayo, en términos de la legislación aplicable, toda vez que se ha tramitado con carácter de reforma electoral, lo que convierte el citado asunto en un asunto prioritario que se debe resolver antes de que inicie el proceso electoral del 2024.
Por violaciones graves al procedimiento legislativo, el ministro Alberto Pérez Dayán presentará al Pleno de la SCJN un proyecto de sentencia en el que propone invalidar las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas aprobadas en diciembre del 2022.
Por seis violaciones graves al procedimiento legislativo que impactaron de manera directa en su aprobación, el ministro Alberto Pérez Dayán propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar en su totalidad la primera parte del llamado “Plan B”, impulsado por el gobierno federal para lograr una reforma electoral antes de los comicios presidenciales del 2024.
En un proyecto de sentencia que recoge “un cúmulo de irregularidades y violaciones” a los reglamentos internos de las Cámaras de Diputados y Senadores, el ministro Pérez Dayán advierte que las infracciones cometidas por la mayoría parlamentaria que conforman Morena, PT y Partido Verde en el proceso parlamentario para aprobar las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, son de tal gravedad que violan los artículos 71 y 72 de la Constitución Mexicana.
El juez consideró que la reestructuración del Instituto Nacional Electoral prevista en la reforma impulsada por el gobierno federal se dio sólo por razones dogmáticas y genéricas.
La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República impugnó la suspensión concedida por un juez federal para frenar parte de la reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE) establecida en el Plan B de la reforma electoral.
Proceso informó el pasado 7 de abril, que Marisol Duarte Martínez, jefa de Departamento de Convenios y Contenidos Normativos de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales del INE solicitó un amparo contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en la que se ordenó la eliminación de su área de trabajo.
La impugnación es contra la nueva presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y el consejero Jorge Montaño, informó el PAN.
El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que impugnará ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a dos de los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), por su falta de idoneidad, ya que según el blanquiazul, no cumplen con ese requisito constitucional al tener claros vínculos con Morena, tanto familiar como políticamente.
La impugnación específicamente será por la falta de idoneidad de los insaculados Guadalupe Taddei Zavala, nueva consejera presidenta, del INE y Jorge Montaño Ventura, elegido como consejero electoral, anunció el presidente nacional del PAN, Marko Cortés.