En Aguascalientes, el titular de Sego dijo que hay conversaciones en aras de construir una reforma electoral que tiene como base la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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jueves, 3 de noviembre de 2022
Adán Augusto López: se está construyendo reforma electoral con el PRI y algunos diputados del PAN
“Se trata, pues, de hacer política”, dijo el secretario de Gobernación en Aguascalientes.
Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, aseguró que se está construyendo una reforma electoral con un grupo de trabajo en el que participan legisladores del PRI “y algunos de Acción Nacional”.
viernes, 9 de diciembre de 2016
Nueva “operación gatopardo”
Cuando el Congreso de la Unión aprobó las reformas constitucionales ya señaladas se cuidó de preservarle todas sus prerrogativas al actual presidente y, para ello, estableció la entrada en vigor de varias de las nuevas disposiciones hasta el próximo sexenio. Así lo hizo con la ratificación del secretario de Hacienda por la Cámara de Diputados, y del de Relaciones Exteriores por el Senado.
Y también lo determinó así para los planes y estrategias que a partir del próximo periodo presidencial tendrán que ser aprobados por el Congreso, como el de Seguridad Nacional y el Plan Nacional de Desarrollo. Tampoco abrió la puerta para un gobierno de coalición y los compromisos que ello implicaría, pues estableció la entrada en vigor hasta el 1 de diciembre de 2018.
Y, desde luego, no dejó fuera de esta lógica a la Fiscalía General de la Nación, cuyo inicio de operaciones es incierto, pues se halla condicionado a la aprobación de las leyes secundarias y a que el propio Congreso haga la declaratoria expresa de la entrada en vigor de la autonomía constitucional de la misma. Tampoco fijó un plazo determinado, con lo cual, aunque no lo hizo explícito, buscó que fuera totalmente la voluntad presidencial la que decidiese cuándo será el mejor momento para dejarla formalmente fuera de su control.
Pero en este caso no sólo era importante el momento, sino también asegurarse de que el primer fiscal fuera alguien leal al actual presidente. Así, el Congreso estableció en el transitorio citado que el procurador en funciones, en automático, sería el primer fiscal sin tenerse que someter al abigarrado procedimiento previsto en el artículo 102 constitucional. Esto resultaba fundamental porque el fiscal tiene la facultad de nombrar al titular de las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y combate a la corrupción, ambas muy relevantes, pero la segunda vital para asegurar la impunidad de los actuales funcionarios públicos federales.
Aunque nunca se ha hecho explícito, es evidente que Peña Nieto buscaba el momento justo para alargar tanto como fuese posible la permanencia de la PGR, y al mismo tiempo que le permitiese asegurar que el primer fiscal sería alguien de su confianza. Raúl Cervantes, el actual procurador, abiertamente ha declarado que su intención es impulsar el proceso de creación de la fiscalía y, en los términos del todavía vigente transitorio, convertirse en el primer fiscal; cumplía con creces las características que busca el presidente: alguien con conocimiento de la materia penal, abogado de sus confianzas desde el proceso electoral en el que resultó electo, y por si esto fuera poco, primo de su consejero jurídico.
Sin embargo, la cercanía era tan evidente que generó protestas de los más diversos sectores: organizaciones de la sociedad civil, académicos y hasta de algunos senadores que aprobaron su ratificación aunque ante la presión social se deslindaban de haberlo designado como fiscal.
Esto fue lo que motivó al presidente a enviar una iniciativa de reforma que le permita asegurarse de que el primer fiscal será alguien de su confianza, y deja en las manos del mismo Raúl Cervantes la responsabilidad de lograr los votos que requiere para ser él mismo el primer fiscal.
El procedimiento previsto en el artículo 102 indica que el Senado integrará “una lista de al menos 10 candidatos al cargo, aprobados por las dos terceras partes de los miembros presentes” y que se enviará al Ejecutivo Federal para que, en un máximo de 10 días, seleccione una terna de la cual el Senado tiene que designar al fiscal, también por mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, en un plazo máximo de 10 días.
Dada la composición de los grupos parlamentarios es un hecho que el PRI logrará colocar en la lista inicial de 10 candidatos al menos tres nombres y, al abrir la posibilidad de que el procurador en funciones pueda ser considerado para participar en el proceso, prácticamente le asegura que él será uno de ellos.
Una vez en la lista del Senado, el presidente seguramente lo incluirá en la lista de tres, y en ese momento, aunque formalmente todo queda en manos del Senado, en realidad el presidente en turno ya aseguró que será alguien de su entera confianza, y ya depende totalmente de la habilidad de Cervantes convencer a sus compañeros de legislatura (pues no hay que olvidar que es hoy senador con licencia) de que lo seleccionen a él.
Así, Peña Nieto asegura la impunidad para él y su gabinete, pues el fiscal durará en su encargo nueve años, periodo en el cual prescribiría la posibilidad de iniciar acción penal en la mayoría de los posibles delitos, y deja totalmente en manos de Cervantes su designación. La propuesta de reforma le permite lograr su objetivo y mostrar que es sensible a los reclamos ciudadanos.
Para evitar el blindaje de Peña Nieto (candados de impunidad que tanto se cuestionaron a los gobernadores salientes haces apenas unos meses) no basta con reformar el artículo decimosexto transitorio, que efectivamente es el más burdo de todos; hay que revisar el procedimiento referido en el artículo 102 constitucional, pues tal como está en estos momentos asegura la captura de la fiscalía por el presidente en turno al momento del procedimiento, es decir, de Peña Nieto.
Para efectos prácticos la reforma al transitorio no altera nada; con o sin reforma al transitorio el presidente y su equipo cercano estarán blindados, aunque probablemente tengan que cambiar de cancerbero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/465721/nueva-operacion-gatopardo
jueves, 24 de noviembre de 2016
Los partidos se han embolsado 5,700 mdp extra en dos años, gracias a su reforma electoral
Hace dos años tenían 6 mil 195 millones de pesos, un año después —gracias a la reforma— obtuvieron 9 mil 649 millones (56% más) y en este 2016 recibieron 8 mil 447 millones (30% más).
Los 5 mil 700 millones de pesos son el equivalente al presupuesto anual de todos los programas de la Secretaría de Desarrollo Social para las madres trabajadoras del país.
La trampa para obtener este dinero está en una de las leyes de la reforma política: la Ley General de Partidos Políticos, que les entrega más dinero en los estados con el pretexto de las elecciones locales y de que tienen comités estatales.
Su presupuesto ha aumentado en promedio 88% en los estados.
Otros: Oaxaca, en donde de 2014 a este año los partidos obtuvieron 341% más recursos públicos. En Querétaro y Puebla el aumento fue de 255%; en Veracruz de 245% y en Michoacán de 113%.
Gracias a los cambios y según el presupuesto que recibieron este año, se prevé que en 2017 tan solo en los tres estados que elegirán gobernador —Estado de México, Coahuila y Nayarit— los partidos políticos obtengan mil millones de pesos para gastos de campaña, y todavía más para otras actividades.
¿Cómo se gestó la trampa?
La Reforma Política fue uno de los acuerdos del Pacto por México que firmó el gobierno federal con los partidos de oposición. El compromiso de esta reforma era que las elecciones fueran más baratas y transparentes.
Para lograrlo, dijeron, aprobarían una Ley General de Partidos Políticos que daría un “marco jurídico estable y claro” a la actuación de los partidos en tiempos electorales y no electorales.
Con los cambios, cada ciudadano en edad para votar paga dos veces por los partidos políticos —una vez por los nacionales y otra por los estatales— y así estos reciben más dinero.
La ley se aprobó sin que en el Congreso se discutiera públicamente cómo con ella los recursos para los partidos políticos aumentarían 53% en sólo un año.
Una misma fórmula, más gasto
La fórmula para repartir gasto en los estados indica que se debe multiplicar el 65% del salario mínimo por el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral estatal. Es la misma que se utiliza con los partidos nacionales, pero con el padrón de todo el país.
Si hay elecciones presidenciales o de gobernador y además se renueva el Congreso, se suma el 50% de ese total para gastos de campaña. Si sólo hay elecciones legislativas, el 30%.
Al respecto, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, señaló en entrevista: “Le estamos dando después de la reforma política mucho más a los partidos políticos. En toda la preparación de la reforma, en la exposición de motivos, nunca se habló de subir financiamiento público a los partidos en los estados. Eso lo metieron con nocturnidad a la Ley General de Partidos Políticos. Ahora se usa una fórmula espejo y por cada ciudadano cuestan dos veces los partidos”.
La forma de entregar recursos a los partidos políticos no había cambiado desde la reforma política de 2007. Pero con las modificaciones de la reforma política los partidos pasaron de repartirse en los estados una bolsa de 2 mil 346 millones de pesos en 2014, a 3 mil 813 millones sólo de gasto ordinario. A eso hay que sumar los gastos para campañas políticas, que fueron 795 millones sólo en 2016.
Su propuesta es: “Si por cada ciudadano vamos a dar a los partidos un peso a nivel federal, que se de un 50% de eso a nivel local. Que sea un criterio similar pero atendiendo a presupuestos reducidos en las entidades”.
El experto electoral Eduardo Huchim dijo en entrevista que los recursos entregados a los partidos políticos deberían estar directamente vinculados con la participación ciudadana: “Sí debemos tener una fórmula unánime para evitar abusos en los estados, pero evitando que los partidos nos cuesten el doble”.
El exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal explicó que si se calcula una bolsa para financiamiento de los partidos, ésta debería repartirse según la participación electoral: “Si participó el 100% del electorado, entonces se reparte toda la bolsa. Si participa el 60% se reparte el 60%. Hay un control presupuestal y se tiene un incentivo para que, a su vez, los partidos políticos incentiven la participación y el involucramiento ciudadano, porque a ellos les importa poco mientras tengan más y más recursos”.
Para que se deje de aplicar la fórmula que desde 2015 le entrega más a los partidos políticos se necesita reformar la Ley General de Partidos Políticos y que todos ellos acepten aprobar las modificaciones que hicieron para obtener más del dinero de los mexicanos.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/11/reforma-politica-partidos-prerrogativas/
sábado, 30 de enero de 2016
La reforma política es el resultado del diálogo, dicen Peña y Mancera
MÉXICO, DF (apro).-Con poco más de dos años de retraso y sin los alcances esperados, el jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera tuvo finalmente su recompensa por haberse alineado y defender el Pacto por México, el acuerdo político ideado por el presidente Enrique Peña Nieto para emprender una serie de reformas en áreas antes reservadas al Estado, como el sector energético.
Feliz por colgarse la medalla que sus dos últimos predecesores no pudieron, Andrés Manuel López Obrador y Marcelo Ebrard, Mancera festinó la promulgación de la reforma política que devuelve parcialmente a los capitalinos derechos políticos conculcados en 1928, a raíz de la desaparición del régimen municipal.
“Este es resultado de un trabajo con consenso, donde se dejaron de lado agendas particulares y actitudes sectarias, es el resultado del diálogo”, remachó el mandatario capitalino en el Palacio Nacional, donde nunca pusieron un pie López Obrador ni Ebrard Casaubón en sus respectivas administraciones.
A pesar de que la conformación de la Asamblea Constituyente no dejó satisfechos ni a los propios autores de la reforma –el PRI tendrá una sobrerrepresentación artificial siendo minoría en la capital y por ende derecho de veto–, y de que la Federación mantendrá la tutela sobre el gobierno de la Ciudad de México en materia de deuda pública, el mandatario capitalino exaltó las bondades de los cambios constitucionales que entrarán en vigor de manera gradual.
Puntualizó que no se dará ni un paso atrás a las conquistas logradas en la Ciudad de México, y convocó a todos los ciudadanos a trabajar en la elaboración de lo que será la primera Constitución de la capital del país.
Asimismo, dijo que la Carta Magna deberá ser moderna, de avanzada, de tal modo que en un momento dado sirva de referente para el rediseño de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Previamente, el presidente Peña resaltó que la reforma política de la Ciudad de México es un triunfo del diálogo, de la democracia y de los habitantes de esta capital, así como otro logro del Pacto por México.
También se comprometió a designar a personas de excelencia, comprometidas con la Ciudad de México más allá de su perfil partidista para la conformación de la Asamblea Constituyente. De los 100 diputados que conformarán el órgano legislativo que se encargará de elaborar la Constitución de la Ciudad de México, el Ejecutivo federal podrá designar a seis, igual número que el Jefe de Gobierno, y las cámaras de Senadores y de Diputados 14 cada una. Los 60 restantes se elegirán según el principio de representación proporcional mediante una lista votada en una sola circunscripción plurinominal.
En el patio de honor de Palacio Nacional y ante unos 300 invitados, el presidente Peña dijo que es un gran día para el federalismo, la democracia y la vida republicana.
La democracia –prosiguió– avanza, da un paso más en el largo proceso histórico que ha dado forma a instituciones y al régimen jurídico nacional.
“Así se escribe la historia: con determinación y visión de futuro, poniendo por delante las demandas de la sociedad”, subrayó Peña Nieto.
Según Peña, la nueva Constitución de la capital del país contendrá las libertades y aspiraciones de que gozarán sus habitantes y la Asamblea Constituyente será un hito de la historia política reciente y cuyos integrantes -insistió el Ejecutivo- deben actuar con responsabilidad, eficacia, visión de Estado y por encima de fracciones y partidos políticos para crear así un instrumento jurídico de vanguardia.
Al final de su intervención, se fundió en un abrazo con Mancera, imagen que enmarcó el evento protocolario.
Inmediatamente después de la ceremonia, la Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que reforma y deroga diversas disposiciones de la Constitución, para concretar la reforma política de la Ciudad de México.
“La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los Poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la denominación de Ciudad de México”, señala el Artículo 44 recién modificado.
De acuerdo con los artículos transitorios, el decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación, pero los ordenamientos legales para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que los sustituyan.
Asimismo, las normas sobre la elección de los poderes locales de la Ciudad de México se aplicarán a partir del proceso electoral de 2018.
Una vez publicada la Constitución Política de la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) deberá expedir las leyes reglamentarias de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que deberán vigor una vez que lo haga la Constitución local.
La ALDF también podrá legislar sobre los procedimientos e instituciones electorales que resultarán aplicables al proceso electoral 2017-2018.
Todos los inmuebles ubicados en la Ciudad de México que estén destinados al servicio que prestan los Poderes de la Federación, continuarán bajo la jurisdicción de los poderes federales.
Los jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal se integrarán en el Poder Judicial de la Ciudad de México, una vez que éste inicie sus funciones, de conformidad con lo que establezca la Constitución Política local.
“Los ciudadanos que hayan ocupado la titularidad del Departamento del Distrito Federal, de la Jefatura de Gobierno o del Ejecutivo local, designados o electos en ningún caso y por ningún motivo podrán ocupar el de Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o encargado de despacho”, señala a su vez el transitorio décimo quinto del decreto.
A continuación se reproducen los cambios que sufrirá la Ciudad de México a partir de mañana y hasta el 2018:
–La capital pasa de ser Distrito Federal a Ciudad de México (CDMX).
–La CDMX será ahora entidad federativa con autonomía propia para que pueda elaborar su propia Constitución.
–Los titulares e integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de la CDMX tendrán las mismas responsabilidades que los titulares e integrantes de los tres poderes en los estados.
–El Senado ya no podrá remover al Jefe de Gobierno.
–El jefe de Gobierno podrá designar o remover al secretario de Seguridad y al procurador General de Justicia, facultad que antes estaba reservada al Ejecutivo federal.
–El presidente conservará el mando de la policía en la capital.
–Las 16 delegaciones se transformarán en alcaldías y contarán con un alcalde y concejales.
–El Congreso de la Unión deberá asignar a la CDMX un bono de capitalidad por ser la sede de los poderes de la unión.
–El gobierno federal mantendrá la tutela en materia de educación y salud.
–La deuda pública de la CDMX se mantendrá igual, es decir, la Federación fijará su techo de endeudamiento.
Fuente: Proceso
http://www.proceso.com.mx/?p=428164
sábado, 11 de julio de 2015
Oaxaca: revientan priístas sesión sobre reforma política
Oaxaca, Oax. Legisladores del PRI reventaron a golpes, empujones, con gas pimienta y polvo de extintores la sesión en la que los partidos aliancistas discutían la aprobación de las leyes secundarias de la reforma política votada la semana pasada. Los priístas pretendieron quitarle los dictámenes y el micrófono a Leslie Jiménez Valencia, presidenta de la mesa directiva. Al final las leyes fueron avaladas en una sede alterna.
Jiménez Valencia lamentó lo ocurrido la noche del jueves porque era prioritaria la aprobación de las leyes secundarias antes de la medianoche de ese día, pues de lo contrario tendrían que regirse por las hasta entonces vigentes.
Evidentemente la intención de los diputados del PRI era que no lleváramos a cabo esta sesión, dijo la panista.
Fuente: La Jornada
Autor: Jorge A. Pérez Alfonso
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