Principalmente, los acontecimientos se sitúan frente a la sede del Poder Ejecutivo de la entidad, que tuvo blindaje con vallas metálicas, además de contar con agentes de seguridad para la custodia del inmueble, cuyo primer destacamento posteriormente fue reforzado.
El gobernador Julio Menchaca Salazar dijo que si alguien no usó la fuerza conforme marcan los protocolos, habrá sanciones, aunque pidió “distinguir” entre lo que es represión y el uso legítimo de la fuerza para el orden público. Asimismo, no consideró equivocado haber colocado las vallas –la confrontación surgió tras su derribo, cuando una parte intentó pasar–, porque, afirmó, era necesario resguardar el patrimonio.
Andrea Mena fue retenida junto con su hermana, una menor de edad. Denunció que los elementos que las llevaron al sótano del Palacio de Gobierno y que fueron golpeadas. Relató que cuando los contingentes llegaron a Plaza Juárez, varias mujeres comenzaron a quitar las vallas y, reconoció, “mi única participación en ese momento junto a mi hermana fue quitar una de esas vallas y empujarla”.
“Al percatarnos del encapsulamiento que estaban haciendo los policías, no pude evitar correr sin pensar en nada más para jalar a la chica que se querían llevar, y mi hermana me siguió. Mi mamá se quedó en una esquina, pero de un momento a otro a mi hermana y a mí nos encapsularon también, nos rociaron con gas y yo solo la abracé muy fuerte para que no me separaran de ella y lo único que sentía eran patadas por todo el cuerpo. Abrí los ojos y vi policías hombres, mujeres y hombres civiles golpeándome. Procedieron a echarle un líquido en la nariz a mi hermana, lo que hizo que ella se desvaneciera y me soltara. Y ahí yo vi como a ella le saco su teléfono un policía y a mí también”.
Su testimonio lo hizo público a través de su cuenta de Facebook, además de ser una de las mujeres que se han adherido a la queja colectiva, que sigue recibiendo a más personas.
“Nos llevaron al ‘sótano’ de gobierno y el trayecto para llegar ahí fue lo peor. Entre patadas, cachetadas, jalones de cabello y palabras como ‘viejas revoltosas’, ‘¿para qué vienen?’, ‘mira a dónde trajiste a tu hermana?’, ‘cállate o te va peor’, pinché vieja pendeja’ ‘dame tus datos personales o te doy otro (golpe)’, hasta llegar al sótano en donde me tenían en el piso esposada y a mi hermana también siendo ella menor de edad. Ahí me pusieron de frente con mi hermana y vi como una ‘policía’ vestida toda de negro sin su uniforme que la respaldara como policía le dio una cachetada, la cual la dejo en shock un rato (mi hermana no recuerda cómo llego al sótano) para después levantarnos con palabras agresivas y empujones”.
Andrea asegura que les gritaba en todo momento que su hermana era menor: “es menor de edad, le estás pegando a una menor de edad, esposaste a una menor de edad”, pero no tenía respuesta. A la par, afuera la presión de las manifestantes, medios y organizaciones de la sociedad civil que monitoreaban la marcha crecía, con el grito de “es secuestro”, debido a que los jaloneos, golpes, gases y manera en la que fueron llevadas las jóvenes fue documentada.
Entre las retenidas, también Ashley Odeth Pedraza Cerón, defensora de derechos humanos e integrante del Comité Cerezo, que monitoreaba la manifestación, así como otras jóvenes identificadas como Tania N. N. y Jazmín N. N.
La organización civil Servicios de Inclusión Social y Derechos Humanos (Seiinac) también reportó que, con base en testimonios recabados de sus integrantes, 13 personas fueron detenidas de manera violenta y golpeadas por las fuerzas de seguridad pública, entre ellas activistas, medios de comunicación y sociedad civil. También, que adolescentes fueron detenidas arbitrariamente.
Con base en el relato de Andrea, pretendían subirlas a una patrulla. “Cuando estábamos fuera del ‘sótano’ desposaron a mi hermana y a mí me seguían teniendo así (esposada); esa policía que me saco fue la única que me trató con decencia y me escuchó, pero tampoco se quiso identificar”.
Afuera, entre los reclamos, una policía intentaba coordinar la recuperación de las jóvenes, que también quedó en medio del rocío de gases y entre la línea de protección al edificio gubernamental de los refuerzos de seguridad y las mujeres manifestantes.
“Todo termino cuando una activista de Marea Verde junto a una reportera auxilió a mi mamá y pudieron entregarnos con ellas. En diferentes videos se ve que como salimos llorando y si salimos llorando es por todo lo que nos hicieron ahí adentro, no había razón ni motivo para que actuaran así con nosotras”, expuso Andrea, quien mencionó que ha identificado a algunos policías que, denunció, la patearon en el piso y la arrastraron del cabello, “todo eso mientras me encapsulaban junto a mi hermana; en ese momento todos los policías eran hombres”.
La secuencia de imágenes del momento en el que Andrea y su hermana salen bajo custodia del edificio y, partir de ahí, caminan rumbo a Derechos Humanos, fueron capturadas por reporteras y fotógrafos –dos de ellos también agredidos cuando documentaban el momento en el que los policías se las llevaron la primera vez–.
Al término del arranque de la colecta anual de la Cruz Roja Mexicana y entrega de ambulancias en Hidalgo, que se llevó a cabo en la plaza Aniceto Ortega de Pachuca, el gobernador Julio Menchaca fue inquirido sobre la actuación policial el pasado sábado.
“Hay que distinguir lo que es represión del ejercicio legítimo del orden público, aquí se dieron, desafortunadamente, situaciones lamentables (…) yo lamento mucho que un evento en donde la gran mayoría de las participantes tuvo un comportamiento muy civilizado, otro grupo se dedica a vandalizar y a provocar; entonces es lamentable. Vamos a reforzar los protocolos, pero la obligación del Estado es guardar el orden público.
Ante el cuestionamiento de si no hubo un exceso en el uso de la fuerza, el morenista comprometió que “si alguien cometió un exceso, si alguien lastimó o no utilizó la fuerza con lo que marcan los protocolos, habrá sanciones”. No obstante, acotó que hay “personas de carne y hueso, hombres y mujeres policías, son ofendidos, son maltratados”, que también están sometidos a mucha presión en situaciones difíciles.
Confirmó que “hay dos detenidos que estaban roseando gasolina”, y afirmó que “hubo personas que se metieron a la marcha con el fin de causar daño y eso exacerba a veces el ánimo”.
“Nos gustaría es hacer un análisis serio, pero no solamente salir con una reacción rápida, sino profunda. Yo no voy a permitir un exceso en el uso de la fuerza pública”, añadió, al tiempo que dijo desconocer el gasto realizado por el Poder Ejecutivo en la colocación de vallas.
En una conferencia posterior del Gabinete de Seguridad, con llamado sobre la hora, el secretario de Gobierno, Guillermo Olivares Reyna, sostuvo que la autoridad no agredió, y que su actuar fue “poniendo por delante que se mantuviera el orden y que no se generaran hechos violentos que pudieran afectar a terceras personas”.
El uso de la fuerza
El nombre de Rosaura fue pintado por una manifestante en los escudos de las mujeres policías, se trata de la joven de 26 años que fue asesinada por su expareja, el exelemento de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mineral de la Reforma Marco Antonio M.G., a quien ella había denunciado dos veces por violencia familiar. El primer proceso fue suspendido condicionalmente por la jueza Janett Montiel Mendoza, aunque Rosaura advirtió que sentía riesgo de una nueva agresión, que ocurrió; el segundo no llegó a la audiencia inicial, justo porque ella fue ultimada junto con su madre y su hermano, en su propia casa.
Cuestionado sobre la sensación social de que la fuerza y los recursos del Estado se han empleado incorrectamente, al priorizar proteger inmuebles, aunado a que los policías actuaran contra manifestantes, el gobernador contestó: “Yo hago un compromiso (…) pongo aquí toda mi capacidad, todo el esfuerzo para poder estar resolviendo ese y todos los problemas que tiene el estado. No es una cuestión de falta de interés ni solamente refugiarnos en la falta de recursos, porque faltarían muchos para resolver todos los problemas del estado, pero lo que asumo es trabajar con mucha intensidad para resolver todos los temas”.
Un día después de las movilizaciones por el 8M en Hidalgo, el cadáver de una mujer fue localizado dentro de un costal que había sido abandonado sobre la carretera federal Palmillas-Portezuleo, a la altura de Palo Largo, Huichapan. Con base en información de corporaciones de seguridad que conocieron el hallazgo, la víctima presentaba signos de tortura.
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