Persiste contaminación en río Sonora por derrame minero de 2014: juez

El Juzgado Primero de Distrito de Sonora determinó que al menos dos pozos del río Sonora –afectado desde el 6 de agosto de 2014 por un derrame de la minera Grupo México– presentan contaminación por arsénico y manganeso en niveles superiores a los establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las guías para la calidad del agua potable de la OMS establecen valores más estrictos que la Norma Oficial Mexicana 127-SSA1-1994, informaron afectados, que ganaron el amparo 834/2015.

Crean frente contra Grupo México por contaminación del río Sonora

En su tercera asamblea anual, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) acordaron hacer un frente común contra Grupo México, debido a que la empresa minera, propiedad de Germán Larrea, ha incumplido con su responsabilidad y los compromisos de remediar la zona afectada con el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado, ocurrido hace tres años.

Afectados por derrame tóxico en el Río Sonora llevan su caso a un tribunal de EU

Southern Copper Corporation puede proporcionar información sobre las causas del desastre, lo que hicieron o dejaron de hacer los responsables, y si los involucrados sabían que sus acciones u omisiones podrían causar estos daños.

Los Comités de Cuenca Río Sonora solicitaron la ayuda de un tribunal federal de Estados Unidos, con el objetivo de conseguir información que les permita fortalecer sus acciones legales en México, respecto al derrame tóxico en los ríos Bacánuchi y Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014.

Esta nueva acción legal se puede realizar, ya que la empresa matriz de la mina Buenavista del Cobre es Southern Copper Corporation, que tiene sede en Phoenix, Arizona, y es propietaria de varias subsidiarias mineras del conglomerado multinacional Grupo México.

“Como empresa matriz Southern Copper debe tener información relacionada con las operaciones y las prácticas ambientales de Buenavista del Cobre, incluyendo información sobre el derrame tóxico”, indicó la organización no gubernamental Project on Organizing, Development, Education, and Research (PODER).

La organización destacó que Southern Copper puede proporcionar información sobre las causas del desastre, lo que hicieron o dejaron de hacer los responsables, y si las personas involucradas sabían que sus acciones u omisiones podrían causar estos daños.

“Las empresas mineras como Southern Copper mantienen una estrecha vigilancia sobre las operaciones de sus subsidiarias, incluyendo información sobre los lapsos en los protocolos y los permisos ambientales y de seguridad”, señaló Marco Simons, representante legal de EarthRights International (ERI).

Tras pedir la ayuda de un tribunal estadounidense, los afectados confían que la información de Southern Copper les ayudará a obtener la remediación que han buscado durante los últimos dos años. “Creemos que la información obtenida a partir de la acción FLA será fundamental para apoyar los casos de nuestros clientes en México”, dice Christopher Benoit, abogado de los afectados.

Los Comités presentaron la acción legal con base en la ley de Asistencia Legal a una Corte en el Extranjero (FLA, por sus siglas en inglés), la cual otorga a los tribunales federales estadounidenses la autoridad de recabar documentos y testimonios para ayudar en procesos judiciales en el extranjero.

Durante 2015 y lo que va de este año, los afectados han presentado acciones legales en México para intentar que la minera y el gobierno mexicano limpien el derrame y repararen integralmente a las comunidades que durante dos años han continuado sufriendo los impactos.

El 6 de agosto de 2014, una falla en un represo, utilizado en la operación de la mina Buenavista del Cobre, generó “el mayor desastre ecológico en la historia nacional”, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Como resultado del derrame tóxico, más de 25 mil habitantes de siete municipios resultaron afectados con el suministro de agua y con el sustento de la economía familiar debido a que su actividad económica es la agricultura.

En total fueron alrededor de 40 millones de litros de lixiviados tóxicos y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre —propiedad de Grupo México— los que se derramaron.


Entre las causas del derrame están: la falta de una válvula de seguridad para prevenir la fuga, trabajar sin estanques de desbordamiento ni geomembranas impermeables, y no tener permisos ambientales, entre otras. Todas ellas se le pueden atribuir a la falta de cumplimiento de las normas ambientales por parte de Buenavista del Cobre.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/afectados-por-derrame-toxico-en-el-rio-sonora-llevan-su-caso-a-un-tribunal-de-eu/

Grupo México se desmorona

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde los años setenta, los hermanos Xavier y Héctor García de Quevedo Topete se convirtieron en hombres de confianza del clan Larrea, que controla el conglomerado de empresas del Grupo México. Como tales, contribuyeron al despegue del negocio base de esa familia, la minería, cuyos dividendos llevaron a Germán Larrea Mota Velasco a diversificar sus intereses hacia los ferrocarriles y las salas de cine, entre otros negocios con los que escaló posiciones en las listas de los hombres más ricos del mundo.

Pero a partir de 2003 la relación se envenenó a raíz de una operación financiera que hoy amenaza a Germán Larrea con hacerle perder el control accionario directo, caso en el que Héctor García de Quevedo es el actor principal.

Este personaje lleva un año detenido y pasa los días en arresto domiciliario en un hospital de la Ciudad de México, acusado de fraude procesal por Grupo México, empresa donde su hermano Xavier es miembro del consejo de administración y director general de Operaciones, así como presidente de las subsidiarias Industrial Minera México (IMMSA) y Southern Copper.

Las acciones penales contra Héctor ocurrieron luego de que éste, en su calidad de apoderado legal del fondo de inversión británico Infund Ltd., pusiera a Germán Larrea en riesgo de perder el control accionario de Grupo México, pues está en juego un paquete de 65 millones de acciones de la empresa, que representan más de la mitad de lo que directamente posee Larrea y alrededor de 8% del total de los títulos accionarios.

Las maniobras del magnate

El caso Infund vs Larrea comprende una maraña de acciones que se remontan a 2003 y que combinan operaciones financieras con mediación del Banco Inbursa, un proceso mercantil, uno laboral y otro penal. En el centro se encuentran al menos 2 mil millones de dólares en disputa, según la actualización del mencionado paquete accionario que reclama el fondo de inversión.

De acuerdo con las actuaciones asentadas en el expediente mercantil 216/2013, del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, Germán Larrea instruyó a Héctor García de Quevedo, entonces director de Proyectos Especiales de Grupo México, a concretar una venta de 65 millones de acciones por 75 millones de dólares. El ejecutivo lo hizo a través del mencionado fondo Infund.

Las dificultades financieras aquejaban ese año a Grupo México, que estaba al borde de la quiebra, tanto que al año siguiente Larrea dejó de estar enlistado en el ranking anual de millonarios de la revista Forbes.

La operación consistía en allegarse recursos a través de un fondo de inversión, que resultó ser Infund Ltd., una sociedad de responsabilidad limitada cuyos accionistas son Corplaw Ltd., y Corplaw Management Ltd.

La empresa posee un fideicomiso cuyo beneficiario es Xavier García de Quevedo. La gestión del fideicomiso está a cargo del despacho irlandés Pearse Trust, con presencia en varios países. Los fondos se transfirieron a través de Inbursa.

Semanas después de la operación de fondeo, Héctor García de Quevedo cayó enfermo y, al terminar su incapacidad, cuando regresó a trabajar, su oficina ya estaba de­salojada, se le impidió el paso y se le notificó en la puerta su despido, sin liquidación ni prestaciones, tras 27 años de escalar en la estructura corporativa de la empresa.

Los intentos de negociar su salida no prosperaron y en 2007 demandó a Grupo México. Su asunto se encuentra radicado en la Junta Especial número 9 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con el número 846/2007.

Independientemente de la relación laboral, Germán Larrea se había negado a entregar las acciones a Infund Ltd., que las reclamaba desde 2006. Todas las negociaciones fracasaron, y no fue hasta mayo de 2013 cuando el fondo de inversión entabló el citado juicio mercantil.

Desde el inicio del proceso, Germán Larrea intentó que el caso se desestimara y argumentó ante el entonces juez sexto, Enrique Claudio González Meyenberg, que era cosa juzgada. Sin embargo esa pretensión no prosperó.

En una diligencia del juicio mercantil, y en respuesta a una pregunta expresa de los abogados de Germán Larrea, García de Quevedo respondió que fue director de Proyectos Especiales hasta 2003. El ejecutivo fue cuestionado respecto a la fecha en que dejó de percibir prestaciones de la empresa Servicios de Apoyo Administrativo –otra razón social de Grupo México– y respondió que hasta después de 2003.

Aunque las empresas eran distintas, el 23 de enero de 2015 el juzgado sexto penal dictó orden de aprehensión contra García de Quevedo, acusado de fraude procesal. Una vez detenido, se le dictó formal prisión el 5 de febrero siguiente.

Con Héctor García de Quevedo detenido, el juicio mercantil se estancó. El juez González Meyenberg había llamado para dictar sentencia en diciembre pasado pero consiguió su promoción como magistrado del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Mazatlán, donde asumió el nuevo cargo en enero. El juzgado sexto, en el que se desahogaba el caso, quedó acéfalo, e inusualmente no se ha designado al sustituto, por lo que hasta ahora García de Quevedo sigue esperando sentencia.

Fin de la impunidad

Larrea fue enlistado en el número 121 de los millonarios del mundo por la revista Forbes en su edición más reciente, la pasado febrero último, con una fortuna personal estimada en 11.1 mil millones de dólares. No obstante, el descenso es notable pues la edición anterior de dicha publicación le concedía el lugar 64, con 4.7 mil millones de dólares más.

En los sexenios panistas, Grupo México consiguió impunidad, por ejemplo, por la muerte de 65 mineros en su mina Pasta de Conchos en Coahuila; para evitar el derecho de huelga y despedir a los mineros de Cananea utilizando a la Policía Federal; para que se desecharan las demandas por daños ambientales y sanitarios en Ciudad Juárez, San Luis Potosí y Monterrey, o bien cuando consiguió autorización para convertirse en actor dominante de la transportación ferroviaria (Proceso 1977).

Ahora su imperio ha sufrido reveses.

Luego del derrame de 40 millones de litros de sustancias tóxicas en los ríos Bacanuchi y Sonora en agosto de 2014, hubo sanciones y hay procesos abiertos con posibilidades de conseguir indemnizaciones millonarias para los afectados. En junio de 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación amparó a Grupo Aeroportuario del Pacífico, del que Larrea quería apoderarse mediante una compra hostil, y tendrá que vender acciones.

Hasta la Sección 65 del sindicato minero, con sede en Cananea, le ganó un litigio por pagos incumplidos en diciembre pasado, mientras que sus operaciones mineras en Perú enfrentan protestas, demandas y reclamos que afectan sus operaciones y su permanencia.

Por si fuera poco, al primer trimestre de 2016 el balance de Grupo México es desfavorable debido a las condiciones adversas del mercado internacional, de manera tan dramática que la caída de sus acciones ha impactado inclusive el Índice de Precios y Cotizaciones, como ocurrió el 11 de febrero pasado.

A lo anterior se suma el caso Infund, uno de los que mantienen a Germán Larrea en aprietos, aunque al menos hasta el informe anual de Grupo México a la Bolsa Mexicana de Valores, correspondiente a 2014, no estaba incluido entre los litigios que enfrenta. 

Fuente: Proceso

Autor: Arturo Rodríguez García

http://www.proceso.com.mx/434706/grupo-mexico-se-desmorona

Sustancia derramada en Buenavista del Cobre no contenía químicos: Profepa

MÉXICO, DF: La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) descartó que la sustancia mineral derramada el pasado martes 3 dentro del complejo minero Buenavista del Cobre, en Sonora, contuviera sustancias químicas.

Su destino final fue el nuevo depósito de jales con que cuenta la Planta Concentradora número 2, apuntó.

En un comunicado, el organismo destacó que de acuerdo con estimaciones técnicas, la liberación de carga fue de aproximadamente mil 247 toneladas de mineral molido con 50% de sólidos, agua y cal.

Dicha liberación corrió a una distancia de 100 metros y posteriormente llegó a un cauce pluvial de casi 400 metros de longitud, que descarga sobre el arroyo que conduce hasta el nuevo depósito, puntualizó.

La Profepa precisó que a través de su delegación en el estado de Sonora, tuvo pleno conocimiento del suceso desde las 5 de la mañana del mismo día  en que se registró.

Detalló que como resultado de una visita de inspección realizada al día siguiente del derrame, personal especializado de la dependencia comprobó que el producto de proceso es un material de extracción triturado en fino, que se agrega a una solución acuosa para formar una especie de pulpa o pasta lodosa.

Y sostuvo que como parte de las acciones de respuesta que emprendió la empresa minera, destaca el control de la liberación del material, así como el levantamiento de bordos de contención para asegurar de inmediato que no se dispersara sobre una mayor superficie de suelo natural.


Buenavista del Cobre inició de inmediato los trabajos de retiro del material liberado y la limpieza del lecho del cauce afectado, y constató que éste quedara depositado en la presa de jales, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El INAI ordena a la Semarnat entregar versiones públicas sobre ríos afectados en Sonora

MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) entregar las versiones públicas de los estudios para la remediación de los ríos Río Bacanuchi y Sonora, afectados por el derrame de sulfato de cobre ocurrido el 5 de agosto del año pasado. , turnado a la comisionada Areli Cano Guadiana.

Después de que un particular solicitó los estudios que se hicieron de agosto de 2014 al 12 de mayo de 2015 sobre el derrame de sulfato de cobre de la minera Buenavista del Cobre a los ríos señalados, la Semarnat sólo proporcionó ligas electrónicas y aseguró que no había realizado ningún estudio sobre el derrame de sulfato de cobre, que según el gobierno federal fue el más grave en la historia reciente de la industria minera en México.

La dependencia señaló que contaba con información presentada por las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, que incluía estudios para llevar a cabo la remediación de la cuenca del río Bacanuchi, afluente del Río Sonora, pero que estaba clasificada como reservada con base en el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia, por encontrarse en etapa deliberativa.

Además de que la documentación contenía información confidencial, propiedad de la empresa que presentó la propuesta de remediación, atinente a los procesos, insumos, técnicas y procedimientos para la remediación de la zona, por lo que se actualizaba la causal de información confidencial prevista en los artículos 18, fracción I y 19 de la Ley Federal de Transparencia en relación con el artículo 82 de la Ley de Propiedad Industrial.

Inconforme con la respuesta, el solicitante interpuso un recurso de revisión ante el IFAI, que al realizar el análisis de las constancias del expediente concluyó que no existe un proceso deliberativo y que la información no se refiere a recomendaciones o puntos de vista de servidores públicos, sino a niveles de cumplimiento de reparación del daño, previamente establecidos en normas oficiales mexicanas.

Aunado a ello, que los estudios no se encuentran relacionados con procesos productivos, económicos y/o comerciales de las empresas, y que la información no permitiría obtener ventajas competitivas o económicas ante terceros.

La comisionada Areli Cano Guadiana, responsable del proyecto, expresó la importancia de contar con caudales que no representen un riesgo para la salud, pues en el caso de los ríos Bacanuchi y Sonora son los principales afluentes de abastecimiento de agua para las poblaciones aledañas y permiten el desarrollo de actividades urbanas agropecuarias e industriales, como la minera, que pueden impactar en el equilibrio ambiental.

Con base en ello, el pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Semarnat y le instruyó a proporcionar una versión pública, protegiendo los datos personales, de los estudios que se hubieran realizado desde agosto de 2014 hasta el 12 de mayo de 2015, con motivo del derrame de sulfato de cobre a los ríos Bacanuchi y Sonora.

Es decir, los estudios de caracterización y de evaluación de riesgo ambiental presentados como parte de los requisitos dentro del expediente SEMARNAT-07-035-A Remediación, Emergencia Ambiental, por las empresas Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones.


Apenas en agosto pasado, el INAI ordenó a la misma dependencia entregar una nueva versión pública de la Cédula de Operación Anual presentada por la minera Buenavista del Cobre, implicada en el derrame de 40 mil metros cúbicos de materiales tóxicos en los Ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

RÍO SONORA: UN AÑO DE MENTIRAS, OMISIONES Y MÁS CONTAMINACIÓN

Un día como hoy, los habitantes de Bacanuchi, Sonora, despertaron y vieron que su río había cambiado de color: el agua que antes fue clara, llevaba una mancha roja, espesa y quemaba todo a su paso. Era el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, considerado por las autoridades ambientales el desastre natural más grande de la historia de México.

“Yo me acerqué a un centro de salud y me dijeron que era gripa. Luego me fui a una unidad móvil y me dijeron que ocupaba un psiquiatra. Les pedía que me hicieran análisis de sangre y mi situación empezó a agravarse: empecé a tener sensibilidad en la mano, a sentir que la piel me quemaba, fui perdiendo motricidad, no me podía levantar de la cama”, dice Zoila López Villa, una habitante del Río Sonora.

Zoila asegura que empezó a enfermarse inmediatamente después del derrame del 6 de agosto de 2014. Cuando Grupo México les repartía agua en garrafones.

Ahí ella y su familia empezaron a padecer vómitos, diarrea y encoriaciones en la piel. Pero Zoila fue quien enfermó más gravemente.

“No sabía qué estaba pasando con mi salud. Las autoridades no me atendían y no teníamos recursos para ir a un médico particular. Queríamos pedir prestado, pero en todas partes nos cerraban las puertas. Mi esposo quería vender una vaca, pero estaba prohibido vender ganado y el dinero que teníamos estaba invertido. Todo se perdió”, cuenta entre sollozos frente a los medios de comunicación nacionales en la Ciudad de México.

La mujer viajó expresamente a contar su historia junto con otros miembros del Comité Cuenca Río Sonora.

Fue hasta abril de este año, dice, que personal de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), tocó a su puerta para hacerle análisis de orina y sangre.

“Hasta la fecha me dicen en la clínica de Ures, que hay ciertos estudios que ocupo, que no me los pueden hacer pero no hay recursos. Me dicen que tienen que gestionarnos en alguna institución. Así como yo fui afectada, hay muchas personas que están siendo afectadas. Hay personas, aunque les parezca difícil de creer, que viven en el río, que no tienen dinero para comprar un garrafón de agua purificada. No podemos decir que la tragedia pasó. Todavía no tenemos agua, la pipa no pasa todos los días. En mi caso tengo que salir a otras comunidades a lavar ropa. No se han hecho los pozos que se prometieron”, dice.

Sin embargo, aunque a Zoila le digan que no hay recursos suficientes para atenderla, existe el Fideicomiso Río Sonora: una bolsa de 2 mil millones de pesos creada en septiembre de 2014 por las subsidiarias de Grupo México Buenavista del Cobre y Operadora de Minas.

Se formó un Comité Técnico que evaluaría las reclamaciones de la población, para resarcir los daños del derrame, pero de acuerdo con los miembros del Comité Cuenca Río Sonora y la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), las autoridades del Gobierno federal no realizaron un estudio profundo, socioeconómico, para determinar la entrega de los recursos.


Una investigación realizada por SinEmbargo descubrió que los siete alcaldes y sus familiares de los municipios afectados cobraron cheques jugosos por resarcimientos de acuerdo con la lista de beneficiarios del Fideicomiso Río Sonora.

También obtuvieron cuantiosas sumas varios políticos del Partido Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) de renombre y peso en Sonora, de acuerdo con la información entregada por la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a este medio digital. 

La información da cuenta de 536 millones 382 mil 249 pesos con 49 centavos – de los 2 mil millones de pesos del Fideicomiso– que fueron entregados al 16 de junio de este año, excluyendo los datos de las personas que recibieron resarcimientos por concepto de salud, por considerarlos información clasificada.

El listado comprende con nombre y apellido los beneficiarios por concepto de Proagro, Progan, Unidades Económicas, Tomas de Agua, Cultivos y Pescadores.

En Ures por ejemplo, en donde hasta le fecha le dicen a Zoila que no hay recursos para realizarle los estudios pertinentes para curarla, el Alcalde panista José Manuel Valenzuela Salcido cobró 40 mil pesos por concepto de Progran y varios de sus presuntamente parientes, según información de los pobladores, sumas por arriba de los 100 mil pesos.

Es el caso de Abel Salcido Valenzuela quien recibió 40 mil; Alejandro Córdova Salcido, 100 mil, Alfonso Candelario Félix Salcido, 100 mil; América Letzuana Salcido Martínez, 50 mil; Francisco Javier Salcido Valenzuela, 60 mil;Jaqueline Salcido Valenzuela, 82 mil 800; Jesús Artemio Salcido Romo, 79 mil 900 pesos; Leticia Romo Salcido, 86,000 mil; Rafael Salcido Márquez, 200 mil y Francisco de Paula Amado Romo Salcido 150 mil pesos.

Los políticos priistas de la localidad también destacan con cuantiosas cantidades en la lista entregada por la Semarnat:

El ex Sindico Municipal y ex Diputado local por el PRI José Víctor Martínez Olivarría es uno de ellos. Entre él y varias personas que llevan sus mismos apellidos, cobraron 2 millones 42 mil 226 pesos en el municipio.

José Víctor Martínez cobró 224 mil pesos por concepto de Unidades Económicas; Raúl y Rosa Amelia Martínez Olivarría, 100 mil pesos por Proagro; Alejandro y Luis Antonio Martínez Olivarría 196 mil por Unidades Económicas.

Luz Mercedes Martínez Olivarría cobró 180 mil por concepto de Unidades Económicas, mientras que María del Carmen Martínez Olivarría 347 mil 200; María Luisa Martínez Olivarría, 350 mil; Maricela Martínez Olivarría, 218 mil y Raúl Martínez Olivarría 115 mil 696 pesos por el mismo concepto.

Apenas el 11 de junio (10 meses después del derrame) un centenar de habitantes inconformes tomó las instalaciones del Ayuntamiento de Ures en protesta por la falta de pago del Fideicomiso. En esa localidad el ex Presidente Municipal de Ures y ex Diputado local del PRI Jorge Alberto Gastélum López y Fabián Gastélum López obtuvieron entre los dos casi medio millón de pesos por concepto de Progran, Proagro y Unidades Económicas.

Tanto José Víctor Martínez Olivarría, como Jorge Alberto Gastélum lideran una organización que exige la remediación del Río Sonora en Ures.

Otro ex Diputado local priista que aparece con grandes sumas de dinero es Ricardo Rivera Galindo. Entre él y dos personas con sus mismos apellidos (José Manuel y Martha Elena) cobraron 1 millón 835 mil 944 pesos. Los priistas José Alfredo Salcido Munguía y Martín Salcido Munguía se embolsaron casi 200 mil pesos por concepto de Unidades Económicas.

“Aquí en Ures se les nota el dinero y no quiero pensar mucho porque me da mucho coraje oiga: mandaron arreglar sus casas, traen carros nuevos, andan derrochando dinero”, dijo Eleazar Favela, un herrero originario de Ures, uno de los siente municipios afectados, localizado a 77 kilómetros de Hermosillo, Sonora.

Debido a la contingencia durante los dos primeros meses después del derrame, en Ures se paralizó la economía. Desde la señora que vende quesos, hasta el herrero que elabora los cercos para los corrales, dejaron de percibir recursos, pues a población apenas si aspiraba a recibir agua embotellada y de alguna de las pipas de Grupo México.

Favela dijo que incluso los tinacos que se repartieron durante la contingencia, fueron colocados en las viviendas de los políticos del pueblo y sus familias.

En la lista que tiene en su poder SinEmbargo Eleazar Favela no recibió ni un peso por resarcimiento de sus pérdidas.

Los pobladores de Ures aseguran que los políticos de la localidad han recurrido a la falsificación de credenciales de elector para poder cobrar, debido a que sólo pueden recibir el dinero si comprueban que viven en ese municipio.

Varios de los beneficiarios viven en Hermosillo cobran a través de credenciales falsas y cartas poder, aseguran.

Como en Ures, ocurre lo mismo en Baviácora, Banamichi, Huépac, Aconchi, San Felipe de Jesús y Arizpe.

Rodolfo Lacy Tamayo, Subsecretario de de Planeación y Política ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y encargado del Fideicomiso del Río Sonora, aseguró que los últimos en darle el “visto bueno” a las listas que se pagarán son los alcaldes de los siete municipios afectados, dijo en entrevista a principios de julio pasado.

Lacy aseguró que la Semarnat trabaja directamente con la delegación en Sonora de la secretaría y con los alcaldes de cada municipio, que representan el último filtro para generar las listas de beneficiarios.

“No se entrega ni un sólo choque o pago, sin no tiene una credencial del IFE de los municipios del río, o si el presidente municipal no da fe que es un vecino del municipio”, dijo.

El funcionario reconoció que la lista de beneficiarios “incluye a panistas, priistas, perredistas, caóticos, no católicos, mujeres y niños”.

“Puede ser que alguno de los afectados haya sido una persona notable en alguna asociación política y los que están en contra lo señalan. Por eso no quisimos hacer resarcimientos en época electoral, porque la gente utiliza la información a su conveniencia”, dijo.

El funcionario también aseguró que: “si buscas los nombres de los panistas, los vas a encontrar, si buscan los normes priistas, perredistas, los vas a encontrar”.

De acuerdo con el abogado de PODER la lista es analizada por los miembros del Comité Cuenca Río Sonora y serán ellos quienes decidan si solicitan alguna auditoría o emprenden alguna acción legal en contra de las autoridades.


EL INICIO DE LA CONTINGENCIA Y LAS PROMESAS

El 6 de agosto de 2014 la  mancha de ácido sulfúrico pasó por el río Bacanuchi con 56.9 miligramos de arsénico por litro, cuando la norma marca que debe ser de 0.05. La contaminación de la mina Buenavista del Cobre dejó a la población sin agua para regar los plantíos de sorgo, frijol, maíz y alfalfa y para dar de beber al ganado de donde se obtiene la leche de los quesos que las mujeres venden en Arizpe y Cananea.

El ácido cargado de metales pesados fue tan potente que quemó parte de las siembras a la orilla del río. La población también se quedó sin agua potable, debido a que se cerraron todos los pozos. Las familias de la localidad no tenían agua para los inodoros y para satisfacer las necesidades mínimas.

El día del derrame, el 6 de agosto, llegó a Bacanuchi un representante de Grupo México.

“Ese día llegó uno de la minera y nos decía: ‘No tiene nada, no tiene nada, pueden beberla, no pasa nada’. Sí cómo no, que se la tome él”, dijo Enrique Chacón a SinEmbargo a finales de agosto.

Ahora se sabe, gracias a la investigación de PODER, que Buenavista del Cobre avisó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dos días después del derrame, hasta el 8 de agosto.

Pero el día del derrame un representante de la empresa estuvo en el primer poblado afectado y les dijo a sus habitantes que podrían beber agua del río. Líquido totalmente tóxico.

Fue don Enrique Chacón quien dio aviso al municipio y se dedicó a llevar tanto a autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), como a los representantes de la minera a tomar muestras al Río Bacanuchi, ese mismo día que vio la mancha roja en el afluente.

El 22 de agosto de 2014, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó la integración de la comisión especial para dar seguimiento al derrame de tóxicos en el Río Sonora.

Días después, a finales del mes, un representante legal de Grupo México volvió y tuvo una junta, en donde estuvo SinEmbargo, con los pobladores en el viejo auditorio ejidal de techo desecho a jirones y pidió disculpas a los pobladores de Bacanuchi en nombre de la millonaria compañía. También entregó 25 cheques que correspondían a un cálculo de las pérdidas de una quincena.

No todos alcanzaron porque no todos se anotaron en una lista, anunció Víctor Hiriart, un representante de la Sagarhpa estatal.

Mientras, el representante de la minera explicó que la situación era “muy compleja para Grupo México” y que, para resolverla, requerían de la participación de los pobladores.

“En esta comunidad ha habido muchas dificultades por diferentes factores. Les hemos pedido paciencia, sabemos que es muy difícil, y más que están viviendo esta situación tan compleja. La falta de agua, de recursos, la falta de mercado para nuestros productos, la incertidumbre que viene, pero ante esa situación, nuestras autoridades tiene el compromiso de mantenerlos informados. Les pedimos una disculpa por esta situación, pero tengan la certeza de que haremos el mayor esfuerzo para que todo retorne a la normalidad”, le dijo a un grupo de 70 habitantes de Bacanuchi reunidos en el salón ejidal.

Pero la situación no mejoró, al contrario se agravó ante la indiferencia de las autoridades locales.

SinEmbargo publicó el 3 de septiembre de 2014 que el rancho del Gobernador de Sonora Guillermo Padrés Elías, ubicado a sólo 14 kilómetros de la localidad, no sufrió afectación alguna para dar de beber a sus vacas, equinos finos y regar sus siembras, debido a que contaba con la presa privada más grande de la región.

Un día después, el 4 de septiembre Punto de Partida documentó que en el rancho de Padrés tenía la capacidad para almacenar cuatro millones de metros cúbicos de agua.

Cuando estalló el escándalo de la prensa de Padrés, el 10 de septiembre la Conagua anunció que investigaría si el Gobernador de Sonora contaba con los permisos necesarios para el funcionamiento de su presa.

Días después el 20 de septiembre la presa desapareció. De acuerdo con varias versiones la construcción fue dinamitada. La versión oficial del Gobierno de Sonora fue que  “colapsó” por la crecida del río.

Ese día Óscar Castro Valdez, director de la publicación Dossier Político en Sonora, dijo que habló con el Secretario de Comunicación Social de la entidad, Jorge Morales Borbón, quien le confirmó que la presa de Padrés, “se partió en dos”.

“Lo que el me dijo fue que el represo sobre el arroyo El Manzanar, se partió en dos porque no era presa, era un bordo de tierra con poco cemento, y al crecer al arroyo El Manzanar se partió por la mitad y se tiró el agua”, indicó Castro Valdez.

En medio del escándalo de la presa, se empezaron a entregar los resarcimientos del Fideicomiso del Río Sonora y se reactivó el movimiento del Sindicato Minero Sección 65 de Cananea, quien mantenía un plantón permanente en las inmediaciones de la mina Buenavista del Cobre.

Antonio Navarrete Aguirre, miembro del Sindicato y uno de los líderes más activos, aseguró que después del derrame del 6 de agosto, se registraron otros derrames en el Río Sonora: uno el 3 de septiembre y otro el 18 de ese mes.

“De esos derrames poco se supo, pasó lo de Iguala y robó todos los escenarios por las condiciones que lo ameritaba, claro, pero aquí en Sonora, la contaminación permanece en el río”, indicó.

Navarrete Aguirre denunció que Grupo México manejaba la cifra del derrame de ácido sulfúrico a su conveniencia, porque en realidad el represo estaba al límite de su capacidad que son 240 mil metros cúbicos.

“Ellos dicen que fueron 40 mil porque se fueron al mínimo. El represo tiene 240 mil metros cúbicos de desechos tóxicos y cuando ocurrió el accidente estaba al tope. No es cierta la cifra que están manejando”, dijo.

La cifra oficial que manejan tanto Grupo México, como  las autoridades ambientales es un mínimo de sulfato de cobre y otros materiales pesados que podrían derramarse del represo, aseguró.

De acuerdo con Navarrete Aguirre el desastre ambiental minero más grande de la historia en México se debió a fallas en el mantenimiento de los represos, que desde 2008 denunciaron en su pliego petitorio cuando iniciaron la huelga en contra de la empresa.

“La situación de los represos es grave, hay otros 11 ahí adentro, que son una bomba de tiempo”, dijo.

El Sindicato Minero, conformado por 800 mineros que trabajaron en la mina Buenavista del Cobre y que conocen perfectamente su funcionamiento, también alertó que un represo que resguarda desechos tóxicos desde hace 30 años de la mina Buenavista del Cobre de Grupo México, estaba a punto de colapsar y contaminar de forma irreversible el Río Sonora.

Navarrete indicó que el represo de jales se encuentra ubicado en la raíz del río y que contiene millones de metros cúbicos de ácidos y reactivos para la recuperación de los metales, confinados ahí desde hace tres décadas.

“Ese represo colapsará en cualquier momento porque no se le ha dado mantenimiento. Si eso sucede, el daño será brutal, no se comparará con el que ya se le hizo al río, sino que será el fin de los pueblos donde viven 25 mil sonorenses”, dijo.

El minero explicó que el represo mide 15 kilómetros de largo por 15 kilómetros de ancho, y la cantidad de desechos contenidos ahí, es incalculable.

Navarrete afirmó que no fue la falla de una válvula lo que ocasionó el derrame tóxico, como asegura la empresa, sino una negligencia por parte de Grupo México, quien ya sabía de los problemas del represo y no lo solucionó con mantenimiento.

En cuanto al Fideicomiso, además de los resarcimientos a las personas afectadas, el dinero se utilizaría para la construcción  de una Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental de Sonora (UVEAS) en el municipio de Ures, además de tratadoras de agua.

A un año del derrame, la clínica no se ha construido y la remediación del río, según dieron a conocer en conferencia de prensa las autoridades federales, apenas va en la zona 1, un radio de 30 kilómetros, cuando son cinco zonas que abarcan 250 kilómetros entre todas.

Las autoridades informaron hace días que la construcción de la clínica iniciará en septiembre.

De acuerdo con el Gobierno federal ya se construyeron las presas de contingencia para el control de avenidas extraordinarias y derrames en los represos Tinajas 1 y 2, las cuales permitirán enfrentar sin riesgos los efectos de la peor precipitación pluvial en 10 mil años.

El 20 de junio Arturo Rodríguez Abitia, Subprocurador de Inspección Industrial de la Profepa, dijo en entrevista con SinEmbargo, que  la remediación del Río Sonora concluiría entre seis y ocho semanas, aproximadamente.

Según el Plan de Remediación del Río Sonora, Grupo México deberá limpiar el río en cinco fases, dijo: la primera abarca desde el lugar donde se origino la emergencia, en el represo de Tinajas, hasta el kilómetro 30, el tramo seco de Tinajas.

“El segundo va del arroyo Tinajas donde confluye con el Río Bacanuchi del kilómetro 30 al 14. La tercera del 140 al 180; la cuarta del 180 a 224 y la última del 224 hasta la presa El Molinito”, detalló.

Rodríguez Abitia dijo que Grupo México construyó un sitio temporal para el confinamiento de los suelos contaminados que se retirarían del cauce.

Hasta el momento fueron removidos mil 300 metros cúbicos de suelo contaminado en 14 polígonos que fueron identificados como “impactados en la zona uno”, aseguró.

“Esta actividad ya terminó y nosotros estuvimos verificando que esto ocurriera. Actualmente la empresa ya está trabajando con la Semarnat y está atendiendo las zonas dos, tres y cuatro.Nosotros estamos pendientes a estos trabajos para ver que vayan cumpliendo con todo lo que la Semarnat ordenó. Ya no llevará demasiado tiempo, tendrá que resolverse ya en unas semanas, entre seis y ocho semanas, todo dependerá de la velocidad con que la empresa siga trabajando”, indicó.

Al concluir con la remediación, la Profepa verificará a través de un muestreo final si se cumplió con los límites de contaminantes.

“El río queda absolutamente limpio y regresará a las condiciones originales en las que se encontraba antes de la emergencia. Independientemente de eso, se establece dentro de las medidas que se ordenaron por Profepa, Conagua y Cofepris, la obligación de hacer un monitoreo durante varios años para asegurarnos que la calidad del agua y de los suelos se encuentren como estaban antes de que ocurriera la emergencia”, afirmó.


POBLADORES INCONFORMES Y MENTIRAS DE GRUPO MÉXICO

A pesar de las promesas y del reparto de los recursos del Fideicomiso, que a la fecha según la Semarnat, se ha autorizado el desembolso de mil 204 millones de pesos para atender a los afectados y remediar la zona dañada, la población no está satisfecha.

El 17 de diciembre pasado, los pobladores del Río Sonora bloquearon la carretera Mazocahui-Cananea-Aguaprieta en protesta porque no tenían suministro de agua y porque los recursos del fideicomiso para resarcir el daño, que anunció Grupo México, no estaban llegando.

Los pobladores que bloquearon la carretera dijeron a los medios locales que la continencia por el derrame en el Río Sonora se levantó y que dejaron de abastecer a la población de agua.

Además denunciaron que los encargados de distribuir el recurso del fideicomiso beneficiaron a sus familiares, alterando el padrón de damnificados.

La población se organizó y conformó el Frente Unido Todos contra Grupo México. El 15 de marzo de este año un contingente de alrededor de mil 500 personas, entre habitantes del río y mineros de la Sección 65 tomó las instalaciones de la Planta de Bombeo de la Empresa Minera Buena Vista del Cobre, ubicada en la Carretera Cananea a Agua Prieta y conocida como “Los Patos”, en Sonora, en protesta por la falta de atención a sus demandas tras el derrame.

La toma de la mina se dio después de que el gobierno aseguró que resarció los daños de todos los afectados.

“En Aconchi hay niños afectados, algunos los están atendiendo, pero cada día salen más niños con ampollas en la piel, dolor de estomago, de hueso, irritación en los ojos, dolor de cabeza, porque toman agua de la llave en la escuela”, dijo Francisca García, una habitante de Aconchi, quien protestaba en Cananea.

En su localidad, recordó García, los padecimientos habituales desde hace años son el cáncer y la enfermedades de la glándula tiroides. Pero a raíz del derrame el problema de tiroides en la población se agravó, aunado a las escoreaciones en la piel.

“La contaminación siempre ha estado ahí, porque hay derrames constantes, de muchos que no nos enteramos.Luego nos dijeron que nos iban a reubicar los pozos y que a los niños no les iba a faltar el agua embotellada y no cumplieron con nada. Las madres la tienen que comprar y eso ha disparado el gasto”, reclamó García.

Antonio Navarrete, del Sindicato Minero, detalló que un cierre de las instalaciones de rebombeo, significa que se dejen de enviar 12 mil litros por segundo, lo que significa una pérdida de cinco millones de dólares diarios para Grupo México.

“Grupo México pierde, pero aún así no le interesa resolver el conflicto de forma civilizada, sino provocar más problemas entre las personas”, dijo.

Una vez tomadas las instalaciones, los líderes, tanto mineros como representantes de cada uno de los municipios del río exigieron la reparación de daño que sufrieron con el derrame de tóxicos ocurrido de la mina Buena Vista del Cobre en agosto.

Los líderes llamaron a que la empresa a comprometerse a resarcir el daño ocasionado en el entendido de que el fideicomiso no cumplía con el objetivo para el que fue creado.

Indicaron que a casi ocho meses del derrame seguían sin agua, sin los nuevos pozos, ni las plantas potabilizadoras.

También denunciaron que los recursos económicos se estaban repartiendo de forma desigual, tardía e inequitativa.

Los pobladores advirtieron que las producciones de todo tipo que antes sostenían la economía de los pobladores del río, se vieron afectadas hasta en un 95 por ciento.

El plantón se mantuvo durante meses. El 2 de junio alrededor de mil 500 personas del Frente Todos Unidos Contra Grupo México intentaron tomar la mina Buenavista del Cobre en Cananea esta madrugada y fueron detenidos por los granaderos que resguardaban la instalaciones a balazos y con gas lacrimógeno.

Los balas no hirieron ni causaron bajas del frente conformado por pobladores del Río Sonora y por los mineros del sindicato, pero sí hubo algunos golpeados.

Navarrete Aguirre del Sindicato Minero, afirmó que aunque en esa ocasión el intento por tomar la mina fue fallido, si no se resolvían las demandas de los afectados, volverían a intentarlo.

“Queremos que [Germán] Larrea de la cara y responda por los daños.Que nos devuelva la fuente de empleo, que les devuelva el agua a ellos, que deje como estaba al río, que cumpla con los compromisos del Fideicomiso Río Sonora”, dijo.

Mes y medio después, el 26 de julio, un fuerte contingente de elementos de la Policía Federal arribó a “Los Patos” para desalojar a los pobladores del plantón.

Los afectados fueron advertidos, de acuerdo con reportes de la prensa local, y abandonaron el lugar antes de ser agredidos por la policía.

En cuanto a la limpieza del agua del Río Sonora, el 10 de junio se inició con el desfogue del agua de la presa Rodolfo Félix Valdés “El Molinito”, a pesar de que permaneció cerrada durante meses, debido a que se encontraba con más del 50 por ciento del límite de su capacidad.

Las autoridades de la Conagua informaron que se realizaría el desfogue de la presa hacia la presa Abelardo L. Rodríguez, ubicada a 22 kilómetros río abajo, en el corazón de Hermosillo.

En total serán vertidos 42.2 millones de metros cúbicos en Hermosillo, para preparar a “El Molinito” para las próximas lluvias. Las autoridades afirmaron que el nivel de los contaminantes estaba dentro de lo permitido por las normas y que se aseguraron de ello, tomando cuatro muestreos.

Arturo Rodríguez Abitia de Profepa aseguró que el agua de la presa “El Molinito” es segura y que el tramo de río que corre hacia la ciudad de Hermosillo, no está contaminado, porque el agua que se contaminó “como consecuencia del derrame nunca llegó a ese sitio”.

“La presa El Molinito no es un problema de remediación de suelos, el problema es que el agua contaminada pudo haber llegado a la presa el molinito, pero de acuerdo con los últimos análisis que realizó la Conagua y la Cofepris[ Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios] en El Molinito, la contaminación del agua superficial no existe”, dijo.

El día que inició el desfogue la Cofepris informó que el agua de la presa no representa una amenaza para la población.

“De manera reiterada, a partir de noviembre de 2014 y a la fecha, se han realizado muestreos quincenales sobre la calidad del agua de la presa, de acuerdo con la NOM-127 de la Secretaría de Salud. Los resultados de los muestreos arrojan que el agua se encuentra dentro de los Límites Máximos Permitidos en materia de metales y propiedades físico-químicas, por lo que la Cofepris descarta riesgos sanitarios por el desfogue”, dice la Cofepris en su boletín.

El 5 de marzo de este año, la Cofepris indicó que hasta esa fecha se revisó la salud de 10 mil 875 habitantes del Río Sonora, de los cuales 270 de ellas presentó algún tipo de afectación en su salud sin que ameritara hospitalización o provocado muertes.

“Cabe mencionar que durante la fase aguda de atención de agosto a septiembre de 2014, se registraron 37 afectados y a partir de octubre de 2014, se inició la búsqueda intencionada de pacientes encontrándose a la fecha 233 casos más cuya afectación ocurrió, en la mayoría de ellos, durante las primeras tres semanas posteriores al derrame, ya que se trata de gente que no acudió a algún centro de atención médica”, reportó.

El organismo reconoció que 85 por ciento de las personas afectadas, es decir 212, reportaron afectaciones dermatológicas, en el aparato digestivo y oftalmológico.

“Los síntomas han sido comezón en la piel, resequedad, lagrimeo y conjuntivitis”, expuso.

Pero activistas entrevistados por SinEmbargo aseguraron que el agua que se está desfogando a la presa de Hermosillo está contaminada y que hay más de 500 casos de personas enfermas. Varias de ellas sin atención médica.

El 24 de julio un estudio presentado por activistas involucrados en el caso Río Sonora, indicó que el agua que se desfoga de la presa Rodolfo Félix Valdés “El Molinito” a la Abelardo L. Rodríguez en Hermosillo, contiene arsénico y aluminio por arriba de las normas internaciones, de acuerdo con unos estudios de laboratorio que varios activistas costearon de sus bolsillos en laboratorios privados.

De acuerdo con el Laboratorio Analítica del Norte, el agua superficial del afluente que va de “El Molinito” a la presa de Hermosillo contiene entre siete y 12 ug/L (microgramos por litro) de Arsénico, por encima de las normas internaciones como la de Estados Unidos (NAS) que ubica como niveles normales tres ug/L y de Canadá que considera en el límite cinco ug/L, informó Reina Castro Longoria, profesora e investigadora de la Universidad de Sonora (Unison) y Doctora en Ecología.

El arsénico también se encontró en los pozos aledaños a la presa El Molinito, en el ejido El Molino de Camou en un rango entre ocho y 14 ug/L.

“Estos resultados son elevadísimos, es en el agua que dijeron que estaba limpia. Las autoridades mexicanas dicen que estaba limpia porque los niveles de arsénico de la norma mexicana es de 25 microgramos por litro”, dijo Castro Longoria.

En cuanto al aluminio la norma mexicana indica dentro de la aceptable 200 ug/L, mientras que la Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que son 20 ug/ L y la EPA entre 50 y 200 ug/L.

Pero las aguas cercanas a la presa Abelardo L. Rodríguez, a unos dos kilómetros de distancia, en el ejido La Victoria, el aluminio salió con niveles entre 221 y 670 microgramos por litro.

En el agua no se encontró cobre, pero sí fierro en dos de los seis pozos analizados.

“Con estos datos vamos a elaborar un informe y lo vamos a adherir a una demanda por daño ambiental y ecológico contra Grupo México”, dijo la investigadora.

Los investigadores también pagaron de su bolsillo los estudios de metales pesados en seis personas al Laboratorio Bio Químico San José, los cuales detectaron arsénico, aluminio, fierro y cobre en la sangre.

Las seis personas que se realizaron los estudios tienen edad entre 15 y 66 años. Cuatro mujeres y dos hombres.

Los análisis costaron tres mil pesos cada uno y arrojaron que al arsénico dieron positivo seis de seis; cobre seis de seis; fierro cuatro de seis y aluminio uno de seis. El método fue por medio de Absorción Atómica por Aspiración directa en Flama.

La Agency For Toxic Substances & Disease Registry, ATDSR indica que el límite normal de una persona sana debe estar en 1 µg/L y en este caso los pacientes de “El Molinito” tienen en su sangre de 2.2 a 19.3 µg/L, dijo Castro Longoria.

La académica indicó que entre las personas más afectadas está Nadia Gómez Moraga, de 32 años, con 19.3 microgramos por litro en la sangre. Fue la más alta.

Nadia fue entrevistada por SinEmbargo en  junio en un recorrido que este medio realizó por la zona afectada.

Entre los altos niveles de arsénico también está María de Jesús Ramírez, con 18 ug/L, entrevistada en junio. Además de Gloria Alcaraz Arce, con 18.7 ug/L de arsénico en la sangre.

Estas personas de acuerdo con Castro Longoria no han recibido ni un sólo centavo por parte del Fideicomiso del Río Sonora.

Gloria Alcaraz se encuentra enferma de gravedad, porque además sufre diabetes, indicó Reyna Castro.

“Ella está muy enferma, de hecho tuvimos que ir hasta su casa a llevarle los resultados, porque no se puede ni mover”, dijo.

De acuerdo con Lacy Tamayo cada uno de los 270 afectados directamente en salud que se reconocen oficialmente por el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi, recibió un cheque por 22 mil 222.22 pesos aproximadamente por resarcimiento.

El encargado del Fideicomiso aseguró en julio que se han realizado más de 15 mil consultas y que todas y cada una de las personas afectadas por el derrame fueron atendidas. En total en el Sistema de Vigilancia Epidemiológico se gastaron 27 millones de pesos y en los enfermos, seis millones, precisó.

“Yo no sé de dónde sacaste esa cifra, oficialmente son 270 personas afectadas. Se han hecho resarcimientos por seis millones, divididos entre esas personas. Son montos muy parecidos. Todo depende del número de días afectados, a veces son niños, o adultos. Se da resarcimiento por horas no trabajadas”, indicó Lacy Tamayo.

El problema de los hallazgos realizados por cuenta de los activistas dijo Reyna, es que las normas mexicanas son mucho más permisivas que las internacionales y los altos niveles de arsénico en la sangre que presentan las personas, para México, “están dentro de la norma”.

A pesar de las versiones oficiales, los pobladores del Río Sonora y Bacanuchi interpusieron cinco juicios de amparo en contra de distintas dependencias del gobierno federal y de la minera Buenavista del Cobre, debido a múltiples irregularidades cometidas por la empresa y las autoridades a raíz del derrame, informó hace dos días la organización PODER.

Luis Miguel Cano, abogado de la organización, indicó que los juicios de amparo datan desde el 13 de febrero de este año, hasta el 14 de julio y fueron interpuestos por los comités de la Cuenca Río Sonora integrados por habitantes de los siete municipios afectados por el derrame.

Un grupo de personas dedicadas a actividades agropecuarias interpuso un amparo en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) por no haberse realizado hasta el día de hoy, el Proyecto de Reactivación Agropecuaria que la dependencia comprometió a raíz del derrame.

De acuerdo con el argumento del amparo a las personas afectadas no se les respetó su derecho humano a la reparación.

“La Sagarpa prometió un proyecto de reactivación agropecuaria: seis meses después se solicitó información y la respuesta fue ‘no hemos hecho nada. Llegamos, prometimos, peor no hay un proyecto’. Prometieron una Unidad de Vigilancia Epidemiológica, plantas potabilizadoras y de todo eso, no hay nada”, dijo el abogado.

Pobladores que viven al sur de las instalaciones de la mina Buenavista del Cobre, aledañas a la cuenca de los ríos Sonora y Bacanuchi , se apararon en contra de la Semarnat y la minera, por la ausencia de un Plan de Manejo de Residuos Peligrosos y la operación de la mina violando con ello la ley, sin que la autoridad hiciera algo al respecto.

La población afectada por el derrame se amparó también en contra de Semarnat, Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Salud y la Cofepris, por la apertura de pozos en la región, realizada bajo estándares de medición poco favorables, que violan el derecho al agua salubre y de calidad.

“Es muy fácil llegar y decir ‘no pasa nada, el agua está limpia, vuelvan a sus vidas, aquí hay mediciones y todo está conforme a la normatividad’. Lo que no se nos dice es que la normatividad del país que mide la calidad del agua deja mucho que desear, en arsénico por ejemplo, la norma mexicana en nueve veces más permisiva que la de la OMS [Organización Mundial de la Salud”, informó el abogado de PODER.

El penúltimo amparo interpuesto el 29 de junio por las personas que habitan aledañas a la cuenca de los ríos afectados, es contra la Semarnat, Buenavista del Cobre y Operadora de Minas e Instalaciones Mineras, por la ausencia de un Programa de Remediación Integral.

“La reanudación de las actividades mineras de Buenavista del Cobre atenta contra las obligaciones de protección, garantía y prevención de las violaciones del derecho a un medio ambiente sano de las personas que viven al sur se las instalaciones mineras”, argumenta el planteamiento jurídico.

Por último, la población se amparó en contra de la Semarnat y el Ejecutivo Federal, porque no se aseguró una consulta efectiva de los habitantes, cada vez que se emitió alguna autorización a la minera en materia ambiental.

GRUPO MÉXICO MIENTE CON EL RESPALDO DE AUTORIDADES

Julieta Lamberti, investigadora de PODER, aseguró que la atención a la población y la remediación de la contaminación, no fue una prioridad ni de la empresa ni del Gobierno federal.

“A 12 meses del derrame, tanto el Gobierno federal y Buenavista del Cobre han sido omisos en la remediación: el Gobierno federal omiso en la atención y Grupo México ha estado mintiendo a la población de que el río está limpio y que el problema se solucionó”, dijo.

La organización internacional realizó una investigación a través de 100 solicitudes de información a transparencia en donde encontró que la mina Buenavista del Cobre incumplió la ley, pues avisó dos días después del derrame a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), sin que la autoridad hiciera absolutamente nada para sancionarla.

La empresa, según la investigación de PODER, se percató el 6 de agosto de 2014, día del derrame, a las 10 de la mañana, que había un “lagrimeo” en el represo poniente, pero avisó a la autoridad ambiental 25 horas después vía telefónica y entregó el formato de aviso inmediato, 48 horas tarde.

Julieta Lamberti explicó que a un año del derrame Buenavista del Cobre no cuenta con un Plan de Remediación Ambiental integral que abarque todo el terreno afectado aprobado por la Semarnat.

Contrario a lo que han declarado a SinEmbargo autoridades de la Profepa, la empresa hasta julio de 2015, sólo ha entregado el plan que corresponde a la Zona uno, a 30 kilómetros a la redonda, cuando son cinco zonas.

La organización también detectó que el Comité Técnico del Fideicomiso Río Sonora no realizó ningún estudio socioeconómico para definir el destino y reparto de los 2 mil millones de pesos.

En el caso del sector comercio, por ejemplo, el monto de indemnización se calculó a partir de 55 días de continencia y no se contabilizaron los daños de mediano y largo plazo.

“El monto fijado equivale a 0.013 por ciento de los ingresos brutos de 2014 de Grupo México y la multa fue de 24 millones de peso, equivalente a 0.00016 por ciento de los mismos ingresos en el mismo periodo”, señaló PODER en un boletín.

PODER informó que el derrame se debió a una negligencia de Grupo México y de la Profepa y no al exceso de lluvia como indicó la empresa en un principio.

“Las sustancias que llegan a Tinajas 1 debían ser conducidas a través de un sistema hidráulico a otra área de la mina. Pero en el momento en que llegó la solución de cobre acidulado a Tinajas 1, el sistema hidráulico se encontraba en reparación y además el represo no tenía ningún tipo de válvula para la que se pudiera controlar el flujo de salida. El sulfato salió del represo sin control hacia el arroyo Tinajas que llega al río Bacanuchi y después se conecta con el Río Sonora”, indicó Lamberti.

Fueron la Sermarnat y Profepa, quienes desmintieron la versión de la empresa. Según la estación climatológica de Bacanuchi el 6 de agosto de 2014, se registró una precipitación de cinco milímetros y tres días antes no llovió.

Las lluvias que causaron alguna inundación en Sonora fueron entre 50 y 100 milímetros de nivel pluvial, indicó la organización.

PODER descubrió que Buenavista del Cobre maneja sus residuos peligrosos sin  las autorizaciones de Semarnat que obliga la ley.

En 2011, la minera envió a la Semarnat su Plan de Manejo de Residuos y un año después en 2012, la dependencia le solicitó más información para autorizarlo. Pero Grupo México realizó en ese lapso el manejo de los residuos.

Buenavista del Cobre solicitó una prórroga y durante tres años la Semarnat no exigió la información a la minera, por lo que la compañía no la entregó y el trámite continuaba pendiente, al menos hasta abril de 2015 según la solicitud de acceso a la información a la Semarnat SAI-folio 00016000577715.


Aunado a esta información, PODER encontró que la Profepa señaló que el terreno en donde se encuentran los represos, tienen un avance de 50 por ciento en la construcción.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/06-08-2015/1439852.

Semarnat deberá entregar información sobre Plan de Remediación del Río Sonora

MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) buscar y entregar todos los documentos del diseño del programa “Remediación Ambiental Río Sonora”.

Dichos documentos deberán contener el objetivo del programa, sus resultados periódicos o informes del desarrollo del programa, la unidad administrativa responsable, las reglas de operación o equivalentes, el presupuesto asignado y ejercido, el número de trabajadores que participaron, y quién realizó su pago.

La información fue solicitada por una particular a quien la Semarnat, a través de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, le respondió que no contaba con los documentos requeridos porque ésta se encontraba en periodo de evaluación por parte de la Dirección General de Gestión Integral de Materias y Actividades Riesgosas, rea técnica encargada de recibir y revisar el “Programa de Remediación del Río Sonora”.

La dependencia proporcionó un vínculo a la requirente a partir del cual es posible acceder a una presentación del programa, sin embargo la respuesta no satisfizo a la particular y presentó un recurso de revisión en el que argumentó que no quería información resumida del programa, sino todos los documentos oficiales que respondan a su solicitud.

El recurso fue turnado al comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepo, quien señaló que la Semarnat atendió parcialmente el procedimiento de acceso a la información, porque sólo turnó la solicitud de la particular a una de las unidades administrativas competentes.

Según la propia Semarnat, la Dirección General de Gestión Integral de Materias y Actividades Riesgosas, adscrita a la Subsecretaría de Gestión para la Protección Ambiental, es el área técnica encargada de recibir y revisar al “Programa de Remediación del Río Sonora”; sin embrago, la dependencia no aportó elemento alguno que compruebe que dicha unidad administrativa haya atendido el requerimiento de la solicitante.

Además Monterrey afirmó que hay elementos que permiten sostener que a la fecha de la presentación de la solicitud de información, la Semarnat ya contaba con documentación definitiva, adicional a la ofrecida.

Su actuación durante el procedimiento, abundó, transgredió el derecho de la particular, ya que no realizó una búsqueda en todas las unidades administrativas competentes, es decir, faltó al criterio de exhaustividad.

“El acceso a la información se constituye en una de las principales herramientas con las que cuenta el ciudadano para saber de qué manera actúan los gobernantes ante las necesidades de protección al ambiente como consecuencia de sucesos que invariablemente afectan tanto a su entorno, como a sus personas”, argumentó.

Así, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la Semarnat y le instruyó a buscar la información solicitada en todas las unidades administrativas, entre ellas la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental y la Dirección General de Gestión Integral de Materias y Actividades Riesgosas y, una vez localizada, deberá entregarla a la solicitante.

El 6 de agosto del año pasado, en Sonora, un derrame de 40 mil metros cúbicos, de una solución acidulada de cobre, alcanzó el arroyo Tinajas, el Río Bacanuchi y el Río Sonora, que derivó en la afectación de una zona de aproximadamente 276 kilómetros, así como el cierre de 322 pozos y norias a 500 metros de los márgenes del río.


Producto de ese desastre se creó el Fideicomiso Río Sonora con recursos aportados por empresas subsidiarias de Grupo México (Buenavista del Cobre, SA de CV y Operadora de Minas, SA de CV), mismo que es administrado por Nacional Financiera y cuyo Comité Técnico es presidido por la Semarnat.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.