Mientras, en la parte política pública se creará una comisión nacional de búsqueda federal y por entidad, para compartir todas las bases de datos públicas y privadas que puedan servir para localizar a una persona con vida o sin vida.
Oaxaca, Oax. Un grupo de heridos durante los hechos del pasado 19 de junio partieron hoy en caravana hacia la ciudad de México, donde recibirán atención médica.
En la caravana integrada de dos ambulancias, cuatro autobuses y seis vehículos de observadores de derechos humanos, viajan sesenta heridos junto con sus familiares.
La caravana partió después de las 10 horas.
La movilización se debe al acuerdo alcanzado el pasado jueves por los familiares con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa.
Fuente: La Jornada
Autor: Jorge A. Pérez Alfonso
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/07/24/trasladan-a-heridos-de-nochixtlan-a-la-cdmx
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En vísperas de cumplir dos años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, así como de la intervención de la CIDH, el gobierno de Enrique Peña Nieto se resiste a aceptar las propuestas de las familias de las víctimas para dar seguimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por el organismo internacional para esclarecer el paradero de los estudiantes.
El abogado de los padres de familia, Vidulfo Rosales Sierra, afirmó que pese a que hay algunos avances en las negociaciones para diseñar un mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI, no hay acuerdos en cinco de ocho propuestas presentadas por los padres de los 43 desaparecidos y sus representantes legales, los centros de derechos humanos Agustín Pro Juárez y de la Montaña-Tlachinollan.
Al término de una reunión con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan, consideró que “hay mucha resistencia todavía y los puntos medulares son la estancia del mecanismo en nuestro país, las facultades para entrar al seno de la investigación o la información sensible que pueda estar extrayendo, y la visita en el terreno de los comisionados”.
El abogado explicó que las discordancias sobre la labor del grupo técnico de seguimiento, que estará encabezado por el presidente de la CIDH, James Cavallaro, se centran en el mandato que tendrá, pues para los padres es indispensable que dé seguimiento tanto a las medidas cautelares emitidas como a las recomendaciones del GIEI, mientras que el gobierno sólo quiere acotar el seguimiento a las recomendaciones que estén relacionadas con las medidas.
Sin embargo, apuntó Rosales, “hay recomendaciones que son más amplias, relacionadas con el contexto del caso, para el esclarecimiento del mismo”.
Al destacar que, en la próxima sesión ordinaria de la CIDH en Washington, los comisionados decidirán sobre el mecanismo, Rosales abundó que entre las trabas identificadas destaca que el gobierno pretende que en cada visita a México del equipo técnico tengan que negociarse las fechas de estancia, en tanto que el gobierno pide que se realicen dos visitas de los comisionados en el lugar y no cuatro al menos que piden los padres.
También reconoció que entre los avances de las negociaciones resaltan los temas de hacer públicas las visitas del equipo técnico, el financiamiento y un tema normativo sobre las facultades del mecanismo, que tendrán que ser regidas por la normatividad mexicana, y los acuerdos internacionales en términos de garantizar los derechos de las víctimas.
Rosales señaló que el viernes habrá una nueva reunión con Campa y los padres, en busca de llegar al último día de julio con un acuerdo ante la CIDH, instancia que al final de cuentas decidirá los términos del seguimiento a las medidas cautelares y a las recomendaciones del GIEI.
Al término del encuentro, Campa Cifrián confió en que ambas partes llegarán a un acuerdo sobre los términos del mecanismo de seguimiento, mismo que será sometido a revisión a la CIDH “en la reunión que se sostendrá la última semana de julio, ya que estamos empeñados en llegar con un acuerdo, entre los familiares y sus representantes, con el Estado mexicano”.
Campa reconoció que acudió a la reunión en representación de la Cancillería, la Procuraduría General de la República (PGR) y la Segob, y en contraste con lo dicho por Rosales Sierra dijo que “prácticamente están concluidos todos los puntos, hay muchos puntos que ya están amarrados”.
El subsecretario puntualizó que a final de cuentas será la CIDH la que tenga la última palabra, pero que las partes están empeñadas en llegar a un acuerdo antes de acudir al organismo, a finales de julio.
Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/447076/se-resiste-pena-a-acatar-recomendaciones-del-giei-padres-los-43
NOCHIXTLÁN, Oax. (apro).- Para recibir al subsecretario de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, los deudos y víctimas de Nochixtlan colocaron sobre la mesa de diálogo cartuchos percutidos, bombas de gas detonadas y otros objetos relacionados con el operativo policiaco del pasado 19 de junio, que dejó ocho muertos, más de cien heridos y dos desaparecidos.
Alrededor de las 11:30 el funcionario federal arribó a la escuela Abraham Castellanos, en esta localidad, donde se lleva a cabo el encuentro acordado la semana pasada en la Secretaría de Gobernación.
Sin embargo, la reunión inició hasta que los delegados de la Procuraduría General de la República (PGR) y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Javier Martín y Martín Vásquez Villanueva, respectivamente, abandonaron el recinto.
Con un convoy de 10 vehículos, Campa ingresó a las instalaciones mientras decenas de profesores y habitantes coreaban: “asesinos, asesinos”.
Las consignas continuaron por lo menos 10 minutos tras el ingreso de la caravana, lo que hizo que la reunión iniciara minutos después de la hora convenida.
Contra lo expuesto por Campa la semana pasada, la comisión de Nochixtlan, integrada por representantes electos de los barrios, aseguró que no había hasta ahora un compromiso concreto sobre la reparación integral del daño.
Dicha comisión también fue la encargada de recibir el convoy del gobierno federal, al que le abrieron paso en el bloqueo que se mantiene en la autopista Tehuacán-Oaxaca, donde inició el sangriento operativo.
Durante su recorrido, el convoy del funcionario pasó por la zona donde cayeron las ocho personas y donde aún se encuentran los restos de los vehículos y tráileres incendiados durante el ataque a la población.
Exigen intervención de la ONU y la CIDH
Ante la desconfianza que existe en las instancias gubernamentales, maestros, familiares y autoridades municipales demandaron la instalación formal de una fiscalía federal para el caso Nochixtlán, pero con la intervención de organismos internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Así lo dio a conocer el secretario de Asuntos Jurídicos de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jerónimo Martínez Ambrosio, quien adelantó que esa es la propuesta que harán al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, en la reunión de este jueves.
Además exigirán una disculpa pública a los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de Gabino Cué Monteagudo por la “masacre” y “ejecuciones extrajudiciales” que cometió la policía federal y estatal en esta localidad el pasado 19 de junio.
Martínez Ambrosio pidió al gobierno mexicano que solicite y autorice la presencia de la CIDH y otros organismos internacionales para que intervengan en la investigación de los acontecimientos de aquel día porque “no podemos, en ningún momento, conformarnos con que la investigación se haga por los propios personajes que ejecutaron los hechos”.
En tal virtud, apuntó, “nos encontramos ante un escenario de intervención internacional necesaria porque los hechos más recientes en México hacen ratificar la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades, gobiernos y el mismo Estado mexicano. Por estas razones, es necesaria la intervención de organismos internacionales”.
Insistió que es necesaria la intervención del Alto Comisionado de la ONU para que certifique el trabajo, la agenda y las tareas que se tienen que realizar a partir de esta formalización. Luego entonces, una de las exigencias básicas de los familiares es que el mismo gobierno mexicano solicite y autorice la presencia de la CIDH.
Y es que aquí “el punto fundamental del reclamo de las comunidades es la búsqueda de la verdad y la justicia. Esos aspectos engloban la parte de la reparación del daño acompañada de una disculpa pública por parte del gobierno mexicano”, subrayó el líder magisterial.
Precisó que esa disculpa “no solo tiene que ver con la declaración de autoridades federales, sino con el señalamiento de los culpables y que, a ojos de todo el mundo, tiene que ver con todos los elementos, la suma de evidencias y testimonios ante organismos defensores de derechos humanos que recae en las autoridades estatales y federales”.
Luego de quejarse de que la Comisión Federal de Electricidad les cortó la energía eléctrica de manera dolosa, Martínez Ambrosio advirtió que no permitirán que el gobierno federal pretenda desviar la atención en las mesas de diálogo con la Secretaría de Gobernación.
Sobre la atracción del caso por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), dijo que todavía no tienen información oficial, y que corresponde a Peña Nieto tener “la suficiente valentía” para promover una iniciativa que ponga en juego las facultades legislativas para derogar la mal llamada reforma educativa.
Por su parte, Isabel García Velasco, integrante de la Comisión Política, resaltó que el conflicto ya no es magisterial, sino que se trata de una lucha popular, porque ya es del pueblo. Entonces, la asamblea de la Sección 22 debe ser muy inteligente para trazar una ruta, dijo, porque el objetivo es la abrogación de la reforma educativa, “y si para esto tenemos que mantenernos en lucha días, semanas o meses, lo tenemos que hacer”.
Y mientras Campa se reúne con los familiares de caídos y lesionados durante el violento desalojo del pasado 19 de junio en esta ciudad, los bloqueos carreteros continúan en las regiones del Istmo, Costa, Sierra Sur, Mazateca y Mixteca.
De acuerdo con la dirección estatal de Protección Civil, en Teotitlán de Flores Magón se encuentra bloqueada la carretera federal 135, frente a la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que comunica a la zona mazateca, mientras que en la Sierra Sur está bloqueada la carretera estatal 131, precisamente en el entronque con la vía 178, a la altura de San Lucas Cerro del Vidrio.
En tanto, en el Istmo se mantienen los bloqueos carreteros en Juchitán –en el Canal 33 de la carretera transístmica 185–, así como en la vía Panamericana 190 de Magdalena Tequisistlán.
En la Mixteca hay un bloqueo intermitente en Nochixtlán, sobre la carretera 135, aunque esta libre la vía 190, y en la región de la Costa esta obstruida la carretera federal 200 en el kilómetro 29, a la altura de Santiago Jamiltepec.
Los maestros también mantienen bloqueos en la capital, en las oficinas centrales y descentralizadas del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), Finanzas, Sistema de Administración Tributaria (SAT) y Tránsito del estado.
Fuente: Proceso
Autores: Arturo Rodríguez y Pedro Matías
http://www.proceso.com.mx/446525/con-gritos-de-asesinos-y-cartuchos-percutidos-reciben-a-campa-en-nochixtlan
CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa, se reunió esta tarde con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, a quienes aseguró que la búsqueda continuará pese a la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del país.
En demanda de la permanencia de los expertos, los padres de familia mantienen desde ayer un plantón que durará 43 horas afuera de la Segob. Algunos de ellos se encadenaron a las rejas.
Durante la reunión de 45 unos minutos en la carpa principal del plantón, Campa se comprometió a que habrá una reunión de los padres con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong aunque aún no está definida la fecha.
“El compromiso del Gobierno se traduce en mantener la búsqueda”, sostuvo el funcionario federal a la salida del encuentro, “el compromiso es que cualquier indicio o información para dar con el paradero de los normalistas será atendido”.
Y añadió: “El segundo compromiso, que se deriva de las medidas cautelares, es continuar con la investigación hasta concluirla, y la conclusión de la investigación tiene como referente las sentencias condenatorias del Poder Judicial”.
Por su parte, el abogado de los padres, Vidulfo Rosales, afirmó que los padres reclamaron a Campa que el GIEI no haya contado con las condiciones necesarias para continuar en México, debido a las campañas de desprestigio y a los obstáculos puestos por el gobierno federal.
“No hemos tenido el compromiso de Segob ni la palabra de nadie de que la investigación va a continuar, tenemos el riesgo fundado de que se vaya a cerrar”, reviró.
Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/437459/busqueda-de-normalistas-se-mantendra-reitera-campa-a-padres-de-los-43
Los funcionarios federales dejaron claro que fueron elementos de la Policía Estatal los que detuvieron a los jóvenes, los entregaron a un grupo de la delincuencia organizada (al que no identificaron, porque es parte de las investigaciones), que a su vez los interrogaron, condujeron al rancho El Limón, los privaron de la vida, los incineraron, trituraron sus restos en un molino de caña y posteriormente arrojaron los restos a un río.
Todos estos movimientos y acciones se realizaron sin que ninguna otra autoridad se percatara de los hechos, pese a que el automóvil en el cual se trasladaban los jóvenes fue localizado en el municipio de Medellín de Bravo, a más de 70 kilómetros del lugar de su detención, y el rancho El Limón se ubica en el municipio de Tlalixcoyan.
Las diferencias con lo ocurrido en Iguala, Guerrero, son la hora, la corporación policiaca y el cártel involucrados y las razones para su detención. En Iguala fue en la noche mientras en Tierra Blanca fue por la mañana, pues los jóvenes se detuvieron a desayunar. En Guerrero fueron policías municipales y el cártel de Guerrero Unidos; en Veracruz, policías estatales y ha trascendido que se trata del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
En el caso de los normalistas de Ayotzinapa la razón de su detención fue que causaban desmanes; en el caso de los jóvenes, Galindo especificó en varias entrevistas en radio, que no existía ninguna razón específica para detenerlos: “No sobresale ninguna circunstancia particular, ni siquiera cometen una falta administrativa, no se pasan un alto, no se estacionan mal; simplemente hay una especie de sospecha no fundada en nada lo que lleva a detener a los jóvenes”.
Las confesiones del octavo integrante de la Policía Estatal de Veracruz, que permitieron reconstruir todos los hechos vinculados con la desaparición de los cinco jóvenes, coincidió con dos eventos que permiten contextualizar la actuación de las fuerzas de seguridad mexicanas: la revelación, por parte de los padres de los futbolistas del equipo Los Avispones de Chilpancingo (también agredidos en los hechos de Iguala), de que el autobús en el que viajaban fue detenido y retenido un buen lapso de tiempo por policías federales, unos kilómetros antes del sitio donde fueron emboscados y balaceados por los policías municipales; y la difusión del informe definitivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras su visita a México, a fines del año pasado.
El portal Aristegui Noticias publicó una carta entregada por los padres de los futbolistas a la diputada panista María Guadalupe Murguía, que encabeza la comisión especial sobre el caso Iguala, en la cual aseguran que los federales “tenían conocimiento de todo lo que estaba pasando… Manifestamos que el ataque a nuestros hijos fue planeado, ya que fue el último en perpetrarse y tres horas después del primero y el Ejército y Policía Federal tuvieron conocimiento y participación en los operativos y deambularon toda esa noche y no hicieron nada por parar a 22 policías (municipales)”.
Así lo acontecido con los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca y la acusación de los padres de los futbolistas emboscados en Iguala, aportan elementos adicionales para respaldar las afirmaciones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que afirma: “…la CIDH recibió información de que algunos elementos de la Policía Federal y las policías estatales, así como muchas policías municipales, estarían coludidas con organizaciones del crimen organizado”.
Más adelante enfatizan: “En muchos casos los grupos delincuenciales actúan en aparente colusión directa con autoridades estatales, o por lo menos con la aquiescencia de éstas. En este sentido, el caso Ayotzinapa es un ejemplo emblemático de la colusión entre agentes del Estado e integrantes el crimen organizado, ya que, según la versión oficial, la Policía Municipal de Iguala estuvo coludida con un grupo delincuencial para desaparecer a los estudiantes. Asimismo, según el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, autoridades de la Policía Estatal, Federal y del Ejército habrían acompañado los incidentes. Por lo tanto también podrían haber estado en colusión con grupos del crimen organizado”.
Ante el informe, el gobierno de México, por conducto del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, repitió su mismo discurso: “El informe no refleja la situación general del país… las observaciones preliminares de la CIDH –que hoy se retoman en el informe– se habían construido a partir de encuentros y entrevistas sobre temas específicos y en lugares focalizados…”
Sin embargo, el discurso oficial es insostenible cuando los “temas específicos y lugares focalizados” se repiten en muchos estados del país, como establece el informe con el análisis puntual de diversos casos en Guerrero, Michoacán y Estado de México y hoy evidencia el desenlace de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca.
Desde el inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto (particularmente en 2014, 2015 y lo que va de 2016, como documenta el informe de la CIDH y corrobora la versión oficial respecto a los hechos en Tierra Blanca), la colusión de los agentes del Estado con los integrantes del crimen organizado no se limita a casos o lugares específicos, sino que es una práctica generalizada y extendida en varios estados del país. Por otra parte, las evidencias también permiten afirmar que dicha colusión no se limita a las policías municipales y estatales, como afirma el gobierno federal, sino que abarca también a las fuerzas federales y hasta el mismo Ejército.
Fuente: Proceso
Autor: Jesús Cantú
http://www.proceso.com.mx/433252/otra-vez-colusion-policia-criminales
El GIEI fue invitado por la subcomisión de Derechos Humanos del parlamento para compartir (el jueves) los resultados de su informe (sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos). Dicha invitación fue hecha desde octubre de 2015, y se pospuso hasta después de la visita que dicha institución hizo a México en febrero.
Apuntó que previamente pidió a la subcomisión y a los miembros del Parlamento Europeo que se invitara a la embajada de México ante la Unión Europea a cualquier actividad pública, y notificó a las autoridades de la invitación.
El GIEI no solicitó al parlamento medida alguna sobre el caso. Varios parlamentarios hicieron preguntas (en la reunión que tuvo lugar en Bruselas) y los integrantes del GIEI (Claudia Paz y Paz, así como Carlos Martín Beristain) remitieron al Informe Ayotzinapa y las recomendaciones que en él se incluyen.
El grupo de expertos afirmó quevalora positivamente esa visita como una contribución a los esfuerzos de México, la comunidad internacional y el propio GIEI para la investigación del caso y de los casos de personas desaparecidas en el país.
Durante su participación ante los parlamentarios europeos, los especialistas del GIEI destacaron que es fundamental para su trabajo la apertura de México a crear un mecanismo novedoso de asistencia técnica y coadyuvancia con la asistencia de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) con un triple mandato: apoyo en la investigación de los hechos, la búsqueda de los desaparecidos y la atención a víctimas y familiares.
Agregaron que varios expertoshan sido objeto de intentos de descalificación personal y del propio grupo; ataques y acusaciones tratan de cerrar el espacio para la búsqueda de la verdad, con estigmas políticos utilizados contra defensores de derechos humanos.
El GIEI resaltó ante los eurodiputados que se encuentra en un momento fundamental para la investigación. Esperamos que la apertura del Estado se refuerce y se fortalezcan las mejores prácticas para esclarecer el caso, lo que contribuirá sin duda a la lucha contra la impunidad y el fortalecimiento de la democracia en México.
En su intervención, los especialistas apuntaron que una preocupación actual del grupo es el riesgo de fragmentación interna de la investigación. Es decir, que mientras ésta ha ido avanzando, simultáneamente se han ido abriendo otras averiguaciones previas que han desgajado informaciones relevantes claves para el caso.
Apuntaron que dicho riesgo ha sido analizado junto con la procuradora (general de la República, Arely Gómez), con quien hemos tenido estrecha colaboración en estos meses, y el grupo espera que se solucione para poder avanzar en la investigación.
Fuente: La Jornada
Autora: Alma E. Muñoz
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/05/politica/011n1pol
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