En total, elementos del Ejército, Guardia Nacional y autoridades locales confiscaron en todos esos recipientes industriales, 8 millones de litros, que, a valor de mercado, se estima una operación de 209 millones de pesos, sólo con lo ahí encontrado.

Tanto profesionalismo, precisión e infraestructura para almacenar el combustible robado no es hechizo, sino todo lo contrario. En el rancho de El Sauzal tenían una pequeña sucursal de almacenamiento y distribución de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex).

No se trata, pues, de una banda cualquiera dedicada al huachicol, sino de expertos en la materia, en el manejo, almacenamiento y distribución de combustible. En el lugar debieron trabajar ingenieros certificados por lo menos en levantar la infraestructura para el ilícito negocio.

El combustible no llegaba al rancho del huachicol porque inexpertos criminales abrieran un ducto de Pemex y le aspiraran el combustible, sino que pipas especializadas descargaban el combustible ahí, evidentemente de manera clandestina, pero muy organizada.

Petróleos de México es una institución que, de manera sistemática, ha servido de caja chica para gobiernos de cualquier partido: PRI, PAN, ahora Morena, y en el caso de Baja California, duermen con el criminal en casa.

Personal de la planta en Rosarito ha confirmado de manera extraoficial que el huachicoleo detectado en Ensenada, donde elementos de Fuerzas Armadas y locales confiscaron los 8 millones de litros de combustible, se hizo con la aprobación de la institución. Es decir,  sus superiores estaban al tanto del hurto y sabían de la logística para el traslado y almacenamiento del mismo.

Explicaron que los barcos con combustible de Pemex abastecían primero la central oficial en Rosarito, y de ahí se trasladaban a Ensenada para abastecer los contenedores industriales en el predio que Novelo rentaba a otra persona. Es decir, sí era un robo, pero no ajeno.

Ciertamente el huachicol, como el narcotráfico, no pueden desarrollarse y crecer de manera unilateral en la criminalidad, requieren de complicidad por parte de la autoridad para contar con impunidad en las acciones de logística para la comisión de los delitos y no ser aprehendidos por los mismos.

Trabajadores de Pemex en Rosarito confiaron que el sistema funcionaba así desde hace algún tiempo: unos litros para la central, otro tanto para el huachicol en El Sauzal, y todos felices, haciendo dinero para las arcas de la institución y los bolsillos de los criminales que no han sido identificados.

El combustible “robado” y almacenado en El Sauzal era utilizado en el mismo sentido que el almacenado en las centrales de Pemex: para surtir estaciones de venta de gasolina y diésel al menudeo. Tan es así -confiaron los empleados de la paraestatal- que antes de ser descubierto el rancho del huachicol, de Petróleos Mexicanos Rosarito salían a diario 120 pipas para surtir a las estaciones de venta de gasolina en la Zona Costa de Baja California. Todos los días, pero a partir del aseguramiento del predio en Ensenada con su respectiva infraestructura y 8 millones de litros de combustible, han salido de Rosarito 160 pipas diarias para abastecer a las estaciones de servicio. Esto dignifica -reflexionaron los empleados de Pemex- que esas 40 pipas adicionales, eran las que daban el servicio de abastecimiento saliendo desde el rancho del huachicol en El Sauzal, pero a partir de su aseguramiento, ahora Pemex debe hacerse cargo de manera directa,  como debería ser.

Sin embargo, dijeron que esta información la tienen resguardada junto con las pruebas de ello y la evidencia del hurto y el abastecimiento. Eso sí, que un día después del descubrimiento del huachicol, personal de Pemex en Ciudad de México llegó a Rosarito para “iniciar una investigación”,  o mejor dicho, justificar lo que ya sabían, pero ocultaban, y de paso ir armando un chivo expiatorio a quien endilgarle el hurto del combustible en tan grande cantidad y desde hace tanto tiempo.

De acuerdo al análisis de los expertos, montar tal infraestructura en el rancho de El Sauzal debió tomar varios años y hacerse de manera escalonada, incrementando cada vez la capacidad de almacenaje y distribución del combustible hasta llegar a los 100 contenedores, las cisternas y la infraestructura de almacenaje y bombeo, para desde ahí y como se hace oficialmente, distribuir el combustible robado.

El tema, dicen, es que por el momento Pemex debe surtir lo que surtían ilícitamente desde El Sauzal, por lo menos en lo que se arma otro rancho del huachicol para seguir lucrando desde Pemex en el jugoso negocio de la venta de combustible “robado”, dado que sólo lo asegurado tenía un valor de 209 millones de pesos… ahora imagine la suma al pasar de los años, pues los propios expertos agregaron que construir esa infraestructura tomó por lo menos desde cuando Armando Ayala era alcalde de Ensenada: unos siete años.

Sin embargo, al ser interceptado, se descubrió que transportaba una gran cantidad de diésel de procedencia ilegal. 

Además, se realizaron cateos en predios ubicados en Altamira, Tamaulipas, donde se aseguraron más evidencias relacionadas con el tráfico de hidrocarburos.

Resultados del operativo

Incautación de diésel: Se aseguraron 10 millones de litros de diésel, lo que representa uno de los decomisos más grandes en la historia del combate al huachicol.

Materiales asegurados: Se incautaron 192 contenedores, 29 tractocamiones, un buque, armas de fuego, municiones, equipos de cómputo y documentación diversa.

Detenciones: Aunque no se especificó el número de detenidos, se confirmó que se están realizando investigaciones para desarticular a la red criminal detrás de este ilícito.

El sitio está a una distancia aproximada de 1.2 kilómetros del derecho de vía del poliducto Rosarito-Ensenada, en inmediaciones del ejido “El Sauzal” del municipio de Ensenada.

La empresa dirigida por Víctor Padilla agregó que el predio fue localizado parte de la “intensificación de recorridos y patrullajes” que hace personal del área de Salvaguardia Estratégica. Entonces, se planeó un dispositivo de seguridad en el área para inspeccionar el predio con apoyo de las “autoridades involucradas” en el combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburo Petrolíferos y Petroquímicos (MIHPP).

Lo decomisado

En su comunicado, Pemex desglosó lo decomisado en el predio:

Con la información recabada, se obtuvo una orden de cateo, autorizada por un juez de control, para intervenir el inmueble. Durante el despliegue, las fuerzas de seguridad hallaron:

-100 contenedores con hidrocarburo, cada uno con capacidad de 72 mil 800 litros.

-46 remolques tipo cisterna, con 31 mil litros de combustible cada uno.

-19 tractocamiones de distintos modelos.

-12 motobombas de diversas capacidades.

-2 remolques tipo oficina.

-1 cisterna con 4 mil litros de urea.

En total, la incautación alcanzó los 7 millones 944 mil litros de hidrocarburo.

El sitio fue asegurado y quedó bajo resguardo de las autoridades, quienes continuarán con las investigaciones correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de Seguridad Física de PEMEX y Protección Civil.

Proceso tuvo acceso al expediente que la FGR recibió de las autoridades del municipio de Ecatepec de Morelos, cuyo folio es 02/06/2024, y que se realizó para identificar a los grupos criminales dedicados a este ilícito. La autoridad federal estableció que 10 organizaciones criminales se dedican a la venta de drogas al menudeo, la extorsión, al sicariato y al robo de gas, y estas mismas estructuras utilizan a las gaseras clandestinas para blanquear efectivo.

Los alcaldes solicitan la intervención de las autoridades federales, pues reconocen que el problema “los rebasa”, ya que con la policía municipal y sus recursos no es suficiente para combatir a los criminales, que los superan en armas. Además, aseguran, con sus grandes recursos financieros los criminales corrompen a todos, incluso a los encargados de Protección Civil del Estado de México.

Fernando Avendaño, administrador de una estación legalmente establecida en Ecatepec, señala: “Es un tema que rebasa al municipio. La alcaldesa Azucena Cisneros trata de hacer lo que está en sus posibilidades, pero estamos hablando ya de crimen organizado. Ella clausura 30 gaseras y salen 60 más. Sabemos que hay amenazas e intimidaciones porque es un negocio millonario. Esto afecta a las empresas legalmente establecidas, y no sólo eso, también pone en riesgo a la población, pues se siguen registrando explosiones en esas gaseras clandestinas.

“De ahí la importancia de que las autoridades estatales y federales entren a este tema. Lo hemos denunciado también, es un tema de Protección Civil estatal, pero el titular de esa dependencia, Adrián Hernández Romero, debe estar coludido, o al menos su personal, porque todo pasa ante sus narices. De hecho no participaron en las clausuras que hizo la alcaldesa, y ahí se ve el nivel de corrupción que tienen”, expuso Avendaño.

Cártel del Gaschicoleo

La radiografía detalla que estos grupos roban las pipas que traen el gas (LP) de Veracruz y Puebla, en las carretera del Arco Norte, ahí las “ordeñan”, es decir, bombean el energético de una pipa a otra, dejando sólo el cascaron del pesado vehículo. Ese gas es el que venden en las gaseras clandestinas a 10 pesos el litro, cuando en las gaseras legales está a 12 en promedio. En algunos casos, según el documento, se usan predios que rentan y despachan desde los tanques de 5 mil litros conocidos como “salchichas”, lo que representa un peligro de explosión para la comunidad.

En el documento entregado a la FGR se revelan los prestanombres, los edificios y predios utilizados para instalar las gaseras, también las cuentas bancarias y los nombres de negocios utilizados para el blanqueo de efectivo.

Asimismo los vehículos pesados para transportar el gas, los “gestores” para abrir las gaseras clandestinas, que facilitan los trámites y permisos en cada municipio, los “representantes” que se encargan de sobornar a personal de Protección Civil mexiquense, además del personal que despacha el gas, que impide que se realicen los trabajos de inspección y amedrentan a los vecinos que protestan para que no se instalen estas gaseras irregulares.

De los grupos criminales identificados, se sabe que la Chokiza, Los Ubers, Los Vampis y Los Makiavélicos cuentan con la infraestructura suficiente para hacer crecer más este negocio.

Denuncias

Empresarios, dueños de gaseras, que se han visto afectados entregaron al gobierno de Delfina Gómez, en enero último, un informe que ellos mismos elaboraron para tratar de visualizar y dimensionar el tamaño del problema. Señalan que detectaron que el llamado gaschicoleo le representa a las autoridades hacendarias pérdidas por 20 mil millones de pesos anuales, además revelaron que en el Estado de México existen 1,061 expendios de gas, de los cuales 619 son ilegales.

La radiografía detalló que, por ejemplo, en Chalco se tienen registradas 129 gaseras, de las cuales 100 operan en la clandestinidad; en Chimalhuacán sólo 13 cuentan con permisos, y hay 21 ilegales. En Ecatepec, de los 443 negocios establecidos, 150 son clandestinos. Por otra parte, estos establecimientos representan un peligro continuo: durante 2024 se registraron 17 explosiones en esos locales clandestinos, que dejaron cuatro muertos y siete heridos con quemaduras de segundo y tercer grado, según consta en los registros de la Fiscalía y de Protección Civil del Edomex.

“El problema no es nuevo, tenemos años batallando para que las autoridades, tanto municipales como estatales, le pongan un freno a este tema. Nosotros generamos empleos, pagamos impuestos, pagamos seguridad en los puntos de venta y en los traslados porque nos roban las pipas y no recibimos nada a cambio. De hecho no pedimos nada, sólo que el piso sea parejo”, expuso Sergio, administrador de tres gaseras legalmente establecidas, quien pidió no mencionar el nombre de sus negocios por temor a represalias de las autoridades o de los gaschicoleros.

Y añade: “A nosotros cada semana nos hacen revisiones, supervisan que tengamos todos los documentos en regla, que paguemos los permisos, que tengamos espacios correctos, que el precio sea el que ordena la Secretaría de Energía, y a las clandestinas ni siquiera las revisan. Prefieren cerrarnos a nosotros, quitarnos los permisos que revisarlos a ellos, porque nosotros nos negamos a pagar lo que nos piden porque estamos dentro de la legalidad”.

En las denuncias que los empresarios presentan ante la autoridad investigadora se detalla que las gaseras clandestinas operan sin ningún permiso y violando el Plan de Desarrollo Urbano, la Ley de Protección Civil y la NOM-003-SEDG-2004, que el propio municipio exige para otorgar permisos y la instalación de los puntos de venta de gas LP, incluso se documentó que hay más de 50 instaladas frente a escuelas, unidades habitacionales o parques públicos.

“La justicia funciona al revés aquí. Los supervisores de Protección Civil del Estado, a cargo de Adrián Hernández Cano, cada mes, puntualmente, nos pasan a revisar. No podemos fallar en nada, revisan que los extintores funcionen, que el personal esté capacitado y hasta que la pintura de la línea del gas esté nueva, pero a las que operan de manera irregular no los molestan en nada.

“Sólo las clausuran cuando los propios vecinos protestan, toman las calles y exigen que las cierren porque están frente a escuelas o cerca de unidades habitacionales, pero es un mero trámite para calmar a la gente, porque las cierran, las clausuran, y al siguiente día operan como si nada, o simplemente se cambian de lugar y ya”, señaló Antonio Serrano, administrador de una de las principales gaseras que opera en Ecatepec.

 

Vecinos hacen frente para combatir las gaseras clandestinas

El reporte de los empresarios indica que las gaseras clandestinas están repartidas en las 345 colonias de Ecatepec. En la Álamos de San Cristóbal, por ejemplo, los vecinos se han organizado y a través de marchas, protestas y cierre de calles han exigido a las autoridades que intervengan para que las clausuren, pues aseguran que son “bombas de tiempo”.

Desde 2023 Martha, habitante de Ecatepec, ha organizado a sus vecinos, ha levantado firmas y ha cerrado las calles para llamar la atención de las autoridades sobre una gasera clandestina ubicada a escasos 300 metros de la escuela primaria Vicente Guerrero, donde estudian sus hijos. Dice que todo lo que busca es prevenir una tragedia: “Apenas el 30 de diciembre pasado explotó una clandestina ahí en la San Agustín, a unas calles de aquí, y ésa ya la habíamos denunciado. Tras la explosión cerró un rato y ahora sigue trabajando; esos mismos, los de Gas Gumoz, son los mismos de aquí”.

“Las gaseras clandestinas son un botín para las autoridades municipales y estatales. Se dedicaron a cobrarles mensualmente una cuota que va de los 150 mil a 200 mil pesos para seguir operando en la impunidad. No les importa poner en riesgo a la población”, expuso Martha, quien tiene más de dos años peleando junto con sus vecinos para la clausura de una gasera clandestina ubicada frente a una escuela en aquel municipio mexiquense, en ese tiempo ha recusado más de 5 mil firmas y aún así, no han logrado que se cierre.

“No es un problema nuevo. Desde la administración de Vilchis venimos denunciando el problema, pero él nunca nos hizo caso. Tenemos miedo porque los accidentes de fugas de gas, los incendios y explosiones son constantes y estas gaseras están frente a escuelas, junto a mercados o a unidades habitacionales y es un riesgo para todos”, concluyó la entrevistada.

Los encargados de Protección Civil del estado también son parte del problema, pues se niegan a supervisar, revisar o clausurar las gaseras clandestinas, esto, de acuerdo con las declaraciones que los empresarios realizaron ante el Ministerio Público. Señalan que supervisores y delegados de Protección Civil Estatal reciben ganancias de las gaseras clandestinas, según consta en el expediente 00606/01-2025 al que tuvimos acceso.

Proceso buscó al representante del área de Comunicación Social de la dirección de Protección Civil, a cargo de Adrián Hernández Cano, buscando una declaración al respecto, pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.

El problema de las gaseras clandestinas no es exclusivo de Ecatepec. Otros municipios de la zona oriente del estado de México, como Texcoco, San Vicente Chicoloapan, Los Reyes La Paz, Chalco y Chimalhuacán están invadidos de esos negocios ilícitos. Por ejemplo, en el mismo expediente (00606/01-2025) se acusa que Xóchitl Flores Jiménez presidenta municipal de Chimalhuacán, a través de su esposo Miguel Benito, cobra cuotas mensuales a 150 estaciones clandestinas establecidas durante su administración.

Durante los últimos años las gaseras ilegales se han instalado en esta zona del Estado de México debido a su ubicación privilegiada para los grupos del crimen organizado que controlan el gaschicoleo. Esa área es la entrada a la autopista México-Puebla y justo ahí es donde se roban las pipas que entran a la metrópoli cargadas de gas LP procedentes de Puebla y Veracruz.

Ese gas robado es distribuido en estaciones clandestinas, que no son detectadas por las autoridades federales, pues su compraventa es sólo en efectivo.

El saldo fue de 137 muertos por calcinación y quemaduras de tercer grado.

Hidalgo –gobernado desde noviembre de 2022 por el morenista Julio Menchaca Salazar y antes por el expriista Omar Fayad Meneses– fue el estado más ordeñado del país durante el mandato de AMLO, con 26 mil 820 perforaciones; no obstante, en 2021, 2022, 2023 y desde enero hasta agosto de 2024 el daño por el hurto de gasolinas, diésel, gas, petroquímicos e incluso turbosina –un combustible para aviones–, está en ceros.

Lo anterior, a pesar de que en esos 44 meses se presentaron cuatro mil 624 denuncias por piqueteo de ductos mediante los cuales grupos de huachicoleros sustrajeron los hidrocarburos. Cada una de estas denuncias puede incluir más de una toma localizada, expuso Pemex a través de una serie de solicitudes de información de las que se obtuvieron los datos presentados en este reportaje.

En los años en ceros, Hidalgo lideró el huachicol en el país con amplio margen de diferencia sobre sus seguidores, que llegó a ser del doble: en 2021, con cuatro mil 489 piquetes a ductos; en 2022, siguió a la cabeza con cinco mil 779; en 2023, con tres mil 675, y de enero a agosto de 2024 alcanzó mil 743.

En Hidalgo, el municipio más ordeñado del país

En ese periodo, agrupaciones protagonizaron disputas por el control de las plazas regionales. Cuautepec de Hinojosa, en el Valle de Tulancingo, fue el municipio con más sustracción ilegal no sólo del estado, sino en el país. En ese lapso también se registraron ataques armados, asesinatos, vehículos quemados y cuerpos calcinados. En tanto, por región, el Valle del Mezquital, con municipios como Tula, Tezontepec, Tlahuelilpan, Atitalaquia y Tlaxcoapan, fue la más vulnerable a nivel nacional en cuanto a tomas, también con su costo de violencia.

Aun con ello, Pemex sólo cuantificó quebranto por ductos saqueados en territorio hidalguense en 2020, 11 mil 309 pesos, aunque se presentaron mil 287 denuncias, y 2019: 703 millones 774 mil 730 pesos, después de mil 817 denuncias. Lo anterior, aunque en aquel 2019 las tomas en la geografía estatal llegaron a cuatro mil 29 y subieron a cuatro mil 994 en 2020.

Sólo en el derrame y quema de combustible durante la explosión de Tlahuelilpan en enero de 2019, a 49 días de la toma de protesta de AMLO, el gobierno mexicano calculó que a causa de la toma clandestina se derramaron diez mil barriles de gasolina con un valor cercano a los 22.3 millones de pesos antes de impuestos, según el estudio “Impacto socioeconómico. Explosión e incendio de gasolina en un ducto. Tlahuelilpan, Hidalgo”, elaborado en 2019 por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Contrasta que en el último año de Enrique Peña Nieto la pérdida reconocida por el hurto de combustibles en la entidad hidalguense fue de mil 132 millones 75 mil 661 pesos, como resultado de 597 denuncias, aunque en esos 12 meses se detectaron picaduras en ductos dos mil 111 veces; más, porque de 2018 a 2019 las tomas clandestinas aumentaron 90.85% en Hidalgo, entre un fuego cruzado de organizaciones criminales dedicadas a este delito. En ese periodo, el estado era gobernado por Fayad, ahora embajador de México en el Reino de Noruega con la denominada Cuarta Transformación (4T).

La falta de datos lleva a que, sólo en el estado más ordeñado del país, alrededor de 20 mil 680 tomas clandestinas, que son las de 2021, 2022, 2023 y 2024, así como las de 2020 en las que únicamente se reconoce producto robado por 11 mil 309 pesos, estén sin cuantificar y, con ello, sin revelar el verdadero daño al patrimonio mexicano.

35 válvulas rotas cada 24 horas

“Lo sabían todos, desde Fox”, dijo López Obrador sobre el huachicol en su conferencia matutina del 9 de enero de 2019, al afirmar que hubo conocimiento de los presidentes acerca de este delito, que no contuvieron. En los dos sexenios panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón (2000-2012) hubo cinco mil 920 perforaciones a ductos en el país; con Peña Nieto (2012-2018) se dispararon hasta llegar a 41 mil 351, mientras que el de AMLO (desde enero de 2019 hasta agosto de 2024) tiene el registro más alto en la historia: 72 mil 337, un promedio de mil 63 cada mes; 35 válvulas rotas para ser saqueadas cada 24 horas.

Nueve días después de aquella declaración en la que sugería protección o negligencia por parte de sus antecesores, vendría la tragedia más grande a consecuencia de una toma abierta: el hades en el que se convirtió la parcela de San Primitivo, en los límites entre Tlaxcoapan y Tlahuelilpan, cuando el ducto estalló.

El daño sin contabilizar

De enero de 2019 –un mes después del arranque del gobierno de AMLO– a agosto de 2024 –30 días antes de que dejara el poder–, los Sistemas de Seguridad y Monitoreo de Pemex registraron 72 mil 337 tomas clandestinas a nivel nacional. Hidalgo siempre lideró la incidencia, y entre 2019 y 2021 lo siguieron Puebla, Estado de México y Guanajuato.

En el sexenio pasado, el precio de un litro en el mercado negro fue variable, desde los 15 hasta los 18 y 20 pesos, según las zonas. Hay registros en estas entidades de aseguramientos de pipas de doble remolque con capacidad de 40 mil o 60 mil litros, llenas de hidrocarburo robado, lo que muestra una dimensión del hurto de grupos criminales, que no sólo operan pipas, sino tráilers, camionetas, patrullas clonadas, ambulancias falsas y hasta carrozas, y han hecho tomas subterráneas que desembocan en tumbas y una red mediante túneles.

Para 2022, Estado de México pasó al segundo sitio de la ordeña (dos mil 221 tomas), Puebla al tercero (mil 22) y Tamaulipas ocupó el cuarto (775). Los 12 meses siguientes Jalisco fue a la segunda posición (dos mil 482), seguido del Estado de México (mil 475) y Veracruz (mil 454), mientras que Puebla se acercó con mil 274.

En el último año del mandato lopezobradorista, de enero a agosto, las entidades con más ductos drenados por la ordeña fueron Hidalgo (mil 743), Jalisco (mil 377), Tamaulipas (924) y Puebla (743).

A pesar de que estas entidades estuvieron entre las más saqueadas por el huachicol, acumularon años sin que hubiera un dictamen de valuación que cuantificara el quebranto que tuvo Pemex por la infraestructura que atacaron grupos criminales para hurtarle gasolinas, o, por falta de denuncias, quedaron sin registrar oficialmente el valor de los hurtos.   

En 2023 y 2024, Puebla aparece en ceros, aunque hubo más de dos mil 17 ordeñas en ese lapso, pero sólo 68 denuncias. En 2022, sólo contabilizaron un daño por robo de combustibles de 270 mil 909 pesos, después de 41 denuncias, pero ese año hubo mil 22 ordeñas.

El mayor conteo de agravio ahí está en 2019, con 118 millones 827 mil 135 pesos, que se sumó a los 38 millones 712 mil 562 pesos de 2020 y el millón 893 mil 270 pesos de 2021.

Cifras no reflejan la realidad

Una fuente de la petrolera que pidió la reserva al no estar autorizada para hablar al respecto explicó que las cifras no representan que el problema en territorio poblano ni el resto en el que se tienen datos oficiales sobre quebranto haya disminuido drásticamente, sino que hay tomas que no arrojan números exactos en el sistema remoto, lo que cree también podría reflejar algún tipo de protección, además de que están condicionados al inicio de carpetas y, después, a las estimaciones volumétricas.

Aunque en 2019 el Estado de México fue el que más quebranto reconocido tuvo a causa del huachicol, 845 millones 588 mil 732 pesos en valor producto robado, en 2020 bajó drásticamente a 41 millones 277 mil 687 pesos; es decir, el 4.8% del año anterior. Esto sucedió aunque las tomas clandestinas, si bien bajaron, no lo hicieron en la misma proporción, al registrar mil 778 y mil 240.

En 2021 el huachicol incrementó de nuevo en territorio mexiquense, al llegar a mil 732 perforaciones, pero sólo se cuantificó un quebranto de siete millones 293 mil 626 pesos. La tendencia siguió: al año siguiente las tomas aumentaron a dos mil 221, pero el conteo legal fue todavía menor: tres millones 845 mil 441 pesos, mientras que en 2023 hubo mil 475 tomas, pero sólo recuento oficial de un millón 488 mil 945 pesos en pérdida por hidrocarburos robados.

En tanto, de enero a agosto de 2024, el daño documentado en Estado de México, ya gobernado por la morenista Delfina Gómez, fue de un millón 772 mil 728 pesos, con nueve denuncias, contra las 443 tomas clandestinas.

En el mismo tenor, Jalisco tuvo 2021, 2022 y 2023 en ceros, aunque ese trienio se detectaron tres mil 373 piquetes en la infraestructura de ductos que cruza su territorio, para drenarlos. En los años que sí se cuantificó algún quebranto durante el sexenio, la cifra oficial llegó a un millón 155 mil 922 pesos, pero en ese tiempo los piquetes a ductos alcanzaron los mil 676 (2019, 2020 y 2024).

Incluso, entre enero y agosto del año pasado hubo mil 377 tomas, para situar al estado a cargo del emecista Enrique Alfaro en el segundo lugar nacional, pero el agravio económico documentado por Pemex apenas alcanzó los 81 mil 522 pesos, que equivaldría a comprar tres mil 291 litros de gasolina Magna al precio promedio de 24.77 pesos. Legalmente, ésa es la cuantificación del saqueo de las organizaciones criminales en Jalisco durante ese periodo.

Guanajuato también tuvo 2021 y 2022 en ceros. En ese bienio, Petróleos Mexicanos detectó 505 y 590 perforaciones a sus válvulas en esa demarcación, donde los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Santa Rosa de Lima (CSRL) –ambos dedicados a la ordeña de ductos–, libran una de las disputas más violentas en los últimos años. Su pelea por el territorio convirtió a esa entidad en la de más homicidios dolosos en el país.

En el primer año de López Obrador en el poder, Guanajuato sumó mil 188 ordeñas y fue el cuarto a nivel nacional, pero sólo se cuantificó un quebranto de 192 mil 496 pesos. Es decir, como si los huachicoleros únicamente hubieran hurtado siete mil 800 litros de gasolinas en esos 12 meses, a valor comercial. En 2020, el daño según el recuento oficial fue aún mucho menor, de 15 mil 806 pesos; no obstante, las perforaciones sumaron 609; en 2023, 859 mil 802 pesos, pero 554 tomas, y en 2024, dos millones 183 mil 569 pesos y 546 válvulas drenadas.

Durante el sexenio de AMLO, el mayor quebranto reconocido en un territorio se dio en Baja California, con mil 325 millones 709 mil 330 pesos, lo cual representa el 40.13% del total en su gobierno. Esto ocurrió aunque la entidad siempre estuvo lejos de los punteros en tomas: 164 en 2019, en el onceavo lugar de mayor incidencia; 187 en 2020, cuando subió al nueve; mientras que en 2021 fue el puesto seis, pero con 294, lejos de las cuatro mil 489 de Hidalgo en el primer lugar.

Entre 2022 y agosto de 2024 sumó mil 142, apenas el 3% del total nacional, pero en ese lapso el quebranto reconocido por ataques en esa entidad llegó a 796 millones 207 mil 613 pesos, que fue el 94.45% de todo el daño reconocido por huachicol en el país. La disparidad demuestra que durante el sexenio hubo miles de tomas en las que no se contabilizaron los daños, justo en las entidades de mayor problema.

Es decir, según datos oficiales, Baja California sólo tuvo el 3% de las tomas en toda la nación en aquel periodo, pero casi el 95 de las pérdidas que el gobierno reconoce están ahí, mientras que en Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro y Coahuila, que lideraron en tomas clandestinas, no se contabilizaron saqueos por ordeñas.

El último año del anterior gobierno federal fue en el que más daño hubo por el robo de combustibles en Baja California, con base en el recuento oficial: 412 millones 568 mil 555 pesos, aunque las tomas fueron 311, contra las mil 743 de Hidalgo y las mil 377 de Jalisco que reportaron cero pesos en quebranto hasta un mes antes del cambio de poder de López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo.

Las miles de tomas sin cuantificar se mantienen, en un escenario en el que la disputa territorial de grupos de la delincuencia organizada también sigue, con cuerpos acribillados, desmembrados y calcinados en las geografías donde las válvulas se pelean con fuego.

Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) realizó un cateo en el que se aseguraron más de 122 mil litros de hidrocarburo y se detuvo a 17 personas en el municipio de Tepanco de López, Puebla.

Este dispositivo se llevó a cabo a través de la Fiscalía Federal en el Estado de Puebla después de recibir una denuncia anónima presentada ante el agente del Ministerio Público Federal (MPF).