Proceso contra Medina por desvío de $9 mil millones en NL

El gobierno de Nuevo León inició procedimientos penales contra el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y 11 de sus colaboradores de primer nivel en el sexenio 2009-2015 por estar involucrados en desvíos de recursos y anomalías en el otorgamiento de incentivos económicos y pagos a proveedores de unos 9 mil millones de pesos.

Para que respondan a las imputaciones, la autoridad embargó bienes al ex mandatario estatal priísta y a nueve de sus ex colaboradores. Todos, además de otros dos ex funcionarios, fueron inhabilitados por 10 años para ocupar cargos públicos dentro del sistema estatal de gobierno.

Al dar a conocer los resultados de la operación Tornado –así se llama un caballo del actual gobernador Jaime Rodríguez–, el fiscal anticorrupción Aldo Fasci Zuazua anunció que la próxima semana se dará vista al Ministerio Público para que inicie el procedimiento penal, y aunque no descartó que se dicten medidas de arraigo contra algunos acusados, estas serán decisión de los jueces.

El subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, explicó que la Contraloría General del Estado inició este viernes el embargo de bienes e inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos a quienes fueron secretarios de Finanzas y Tesorero General del estado, de Obras Públicas y de Desarrollo Económico, Rodolfo Gómez Acosta, Luis Marroquín Salazar y Rolando Zubirán Robert, respectivamente. A Juan Livas Cantú, ex director general del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, también se le aplicó esa sanción.

Embargos de bienes

Las autoridades embargaron bienes al ex gobernador Medina de la Cruz, Fernando Gutiérrez Moreno ex secretario de Desarrollo Sustentable, Celina Villarreal Cárdenas, quien fue subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional, así como a los entonces directores del Instituto de Innovación y Tecnología, Jaime Parada Ávila; de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado, Patricia Aguirre González, y de Fomerrey, Sergio Alanís Marroquín.

También se inhabilitó por 10 años a quienes fungieron como directores generales de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario, Ramón Villagómez Guerrero, y del Sistema de Caminos de Nuevo León, Víctor Martínez Trujillo.

En seis meses iniciará la presentación de pruebas y el comienzo del juicio oral, al cual deberán acudir los involucrados.

Ernesto Canales señaló que a Medina de la Cruz se le imputan los delitos de peculado, patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y uso de información privilegiada para la compraventa de terreno del que se habrían desviado 3 mil 600 millones de pesos.

Otro caso que se indaga por un monto desviado o sin comprobar de 2 mil 300 millones de pesos se refiere a obras no realizadas, con pago doble o que fueron liquidadas y no se concluyeron; facturas inexistentes y desaparición de documentos oficiales.

Durante la rueda de prensa en el salón Polivalente del palacio de gobierno, Fasci Zuazua dio a conocer detalles de negocios realizados entre funcionarios y familiares, y aunque no dio nombres, porque la ley lo prohíbe, trascendió que se refirió al ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz y a su padre Humberto Medina Ainslie.

Un ex mandatario, dijo, realizó 32 viajes gratis con su familia a Estados Unidos en un avión privado, propiedad de un constructor que fue favorecido con obras estatales; un trabajo semejante lo realizó en un estado vecino y lo hizo a mitad del precio cobrado en Nuevo León.

La empresa pasó del lugar 78 al tercer lugar en obras.

Otro empresario construyó un edificio al padre de un funcionariode manera gratuita, y trazó una red de vínculos entre servidores públicos, amigos y familiares en negocios en los que se utilizó información privilegiada y se hicieron pagos excesivos y facturaciones irregulares.

Nada más faltó invitar a una comadre a este asunto..., señaló Fasci Zuazua y negó que el anuncio tenga que ver con las elecciones de este domingo o con el primer aniversario del gobierno de Jaime Rodríguez, quien no estuvo en la conferencia.

También se acusó a la ex alcaldesa de Monterrey, la panista Margarita Arellanes, por malos manejos del erario por 7 millones de pesos.

La investigación abarca también a dos diputados federales y dos alcaldes en funciones, contra quienes se promoverá un desafuero. Asimismo nueve empresarios y dos funcionarios bancarios, además de familiares y socios.

Linchamiento con carácter electoral, afirma el priísta

Para Rodrigo Medina, la operaciónTornado es un linchamiento públicoy una persecución política. En un comunicado, el ex mandatario señaló que la intención de las autoridades estatales es generar escándalo con miras a los comicios del próximo domingo en 14 estados, en las que no se encuentra Nuevo León. Calificó la indagatoria de pesquisas carentes de sustento jurídico y aseguró que tiene la conciencia tranquila.

Desconozco el sustento legal de las acusaciones, ya que no fui citado por el Ministerio Público, lo que me hubiera permitido responder a las infundadas acusaciones; sin embargo, se hizo patente que su interés es el escándalo público para distraer la atención de la sociedad de los verdaderos problemas, y no el conocimiento de la verdad, agregó.

Anunció: acudiré a los tribunales competentes, los que reconocerán lo infundado de las acusaciones, anunció.

Fuente: La Jornada

Autor: Erik Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/2016/06/04/estados/023n1est

Gobierno de NL anuncia proceso penal contra Rodrigo Medina

El anuncio ocurre tras seis meses de investigaciones.

El gobierno de Nuevo León, encabezado por Jaime Rodríguez Calderón, procederá penalmente contra el ex gobernador priistaI, Rodrigo Medina, así como contra ex funcionarios estatales y empresarios cercanos al ex mandatario, por un presunto daño patrimonial y desvío de recursos.

El fiscal Ernesto Canales anunció esta tarde el aseguramiento de bienes de ex funcionarios, entre ellos del propio Medina, para garantizar la reparación del daño.


Los delitos por los que se le acusa al ex gobernador y ex funcionarios estatales son peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y coalición de servidores públicos.

la contralora general de Nuevo León, Nora Elia Cantú, informó que de acuerdo a las investigaciones preliminares se han detectado desvíos por 3 mil 600 millones de pesos aproximadamente.

“A este momento los casos se detectaron en la Secretaría del Trabajo, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Finanzas y Tesorería General del estado”, indicó.

Además, dijo, en la “Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de Educación y Servicios de Salud, Sistema de Caminos, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Sistema de Transporte Colectivo Metrorrey y Secretaría General de Gobierno”.

Refirió que a través del proyecto especial del Programa Intensivo de Auditoría a la obra pública del sexenio 2010–2015, a la fecha se ha auditado el 60 por ciento de las obras.

La funcionaria expuso que encontraron principalmente contratos con irregularidades financieras tales como falta total o parcial de comprobantes de pago, facturación duplicada y facturas que no corresponden a las estimaciones.

Además se detectaron pagos adicionales sin soporte y pagos de anticipos de obras no realizadas. “Estas irregularidades han dado origen al proyecto de recuperación económica por daño al erario público”, dijo.

Mencionó que “en una primera etapa se están ejecutando acciones conducentes a recuperar montos entregados a diversas empresas constructoras por conceptos como anticipos no amortizados, pagos duplicados, volúmenes pagados en exceso o escalatorias mal aplicadas”.

Por su parte, el fiscal anticorrupción del estado, Ernesto Canales, expuso que fue otorgado a la dependencia que dirige “el aseguramiento de bienes de siete funcionarios públicos de la administración anterior”, incluyendo al exgobernador Rodrigo Medina.

Esto se hace, dijo, “para que respondan de las imputaciones que esta Fiscalía tendrá que presentar en un plazo de menos de dos meses”.


Manifestó que la investigación de la fiscalía incluye a nueve exfuncionarios estatales, cinco exfuncionarios de primer nivel, 10 empresarios, dos funcionarios bancarios, así como familiares y socios de funcionarios públicos.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0306/mexico/gobierno-de-nl-anuncia-proceso-penal-contra-rodrigo-medina/

Embargan bienes del exgobernador Rodrigo Medina, por presunta corrupción en Nuevo León

Un juez decretó el embargo de bienes del exgobernador Rodrigo Medina, y de 11 ex funcionarios de su administración, tras ser señalados por presunto peculado y daño patrimonial por al menos 3,600 mdp.

La Subprocuraduría Especializada en Combate a la Corrupción del Gobierno de Nuevo León anunció este viernes 3 de junio acciones contra el exgobernador priista Rodrigo Medina, y 10 funcionarios que colaboraron con él, derivadas de indagatorias por contratos otorgados durante su administración.

En conferencia de prensa, funcionarios de la Subprocuraduría indicaron que, tras el decreto de un juez, se activó un procedimiento para asegurar y embargar bienes de 11 ex funcionarios de la Administración estatal anterior, incluyendo a Medina.

“Dicho aseguramiento, o embargo precautorio de bienes, tiene su origen en la ‘Operación Tornado’, una investigación sobre hechos relacionados con los delitos de peculado, daño patrimonial, ejercicio indebido de funciones, ejercicio abusivo de funciones y coalición”, detalló el actual gobierno de Nuevo León, en un comunicado.

 No detallaron cuál es el monto de los bienes y cuentas sujetas al embargo.

Sin embargo el titular de la subprocuraduría, Ernesto Canales, sí detalló que  que esa medida de “embargo precautorio de bienes de los 11 ex funcionarios estatales está relacionado con la instalación de una armadora coreana en Nuevo León”.

Cuestionados por los medios, indicaron que sí conocen la ubicación actual del exgobernador.

En total, detallaron, se presentarán cargos en contra de unas 30 personas, entre ellas Medina, nueve funcionarios de alto nivel, cinco servidores públicos, dos alcaldes en funciones, dos diputados federales en funciones, y 10 empresarios. En una segunda etapa, señalaron, la investigación y sus repercusiones llegarían a familiares y socios de las personas vinculadas con presuntos actos ilegales.

En el caso de los alcaldes y diputados en funciones, explicaron, solicitarán el desafuero.

Entre los delitos señalados, está el de peculado y el ejercicio indebido de funciones, que habrían provocado un daño patrimonial de al menos 3,600 millones de pesos.

En los próximos días, indicaron, se solicitará la formulación de imputaciones, para que el Ministerio Público vincule a proceso a las personas acusadas.

Los señalados son:

• Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador de Nuevo León del 2009 al 2015.


Y 10 funcionarios de su administración:

• Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico
• Celina Villarreal Cárdenas, Subsecretaria de Inversión Extranjera y Comercio Internacional
• Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General
• Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas
• Jaime Parada Ávila, Director del Instituto de Innovación y Tecnología
• Fernando Gutiérrez Moreno, Secretario de Desarrollo Sustentable
• Patricia Aguirre González, Directora de la Corporación para el Desarrollo Turístico del Estado
• Sergio Alanís Marroquín, Director Ejecutivo de Fomerrey
• Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus

• Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León

“En los plazos legales correspondientes se solicitará al Juez de Control la fecha de la audiencia para formular la imputación a los ex funcionarios y con ello iniciar un proceso judicial”, indicó el gobierno del independiente Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, en un comunicado.

“En dicha audiencia, conforme al sistema penal acusatorio, se espera que el Juez de Control vincule a proceso e imponga las medidas cautelares correspondientes”, agregó.

La Subprocuraduría tenía 120 averiguaciones previas iniciadas contra varios funcionarios del gobierno de Nuevo León y algunas empresas, la primera averiguación que fue consignada es la que incluye al exgobernador.

En marzo pasado, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León  realizó una auditoría selectiva a 8 mil contratos de obra pública otorgados durante la administración de Rodrigo Medina (2009-2015), la cual arrojó múltiples irregularidades, desde la concesión de obras a empresas con sobreprecios, hasta la simulación de competencias en licitaciones con previos acuerdos para repartir los contratos en distintas compañías.

Inhabilitación


Las autoridades Nuevo León indicaron que “por irregularidades en el otorgamiento de incentivos económicos y por pagos irregulares a proveedores”, la Contraloría General del Estado dictó resoluciones para inhabilitar por 10 años a seis ex funcionarios de la administración de Rodrigo Medina:

• Rodolfo Gómez Acosta, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado.
• Luis Marroquín Salazar, Secretario de Obras Públicas.
• Rolando Zubirán Robert, Secretario de Desarrollo Económico.
• Ramón Villagómez Guerrero, Director General de la Corporación para el Desarrollo Agropecuario.
• Juan Livas Cantú, Director General del Fideicomiso para el Desarrollo de la Zona Citrícola del Estado, Fidecitrus.
• Víctor Martínez Trujillo, Director General del Sistema de Caminos de Nuevo León.

“La Contralora General, Nora Elia Cantú, dijo que además de la inhabilitación, a los cinco primeros funcionarios de la lista se les impuso una sanción resarcitoria de 210 millones de pesos en forma solidaria por los incentivos irregulares que otorgaron”, detalló el gobierno estatal en un comunicado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: OMAR SÁNCHEZ TAGLE.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/fiscalia-anticorrupcion-procedera-contra-el-exgobernador-rodrigo-medina-por-corrupcion/

Frenan diputados de Nuevo León revisión de estados financieros de Rodrigo Medina

MONTERREY, NL: Diputados del PRI, PT e independiente impidieron la revisión de los estados financieros del exgobernador priista Rodrigo Medina de la Cruz y de la exalcaldesa panista de esta capital, Margarita Arellanes Cervantes, en el próximo periodo ordinario de sesiones.

En la sesión permanente de este miércoles, tres integrantes de la fracción panista en el Congreso local votaron a favor de que se realizara el análisis, pero tres priistas lo hicieron en contra.

Para incluir las revisiones en el periodo extraordinario eran necesarios cuatro votos, sin embargo, los legisladores Sergio Arellanes, del PT, y Marco Antonio Martínez, independiente, optaron por la abstención.

Marcela Bienvenutti, de la bancada de Acción Nacional (PAN), convocó a la reunión para el próximo miércoles 25, pero fue bloqueada por el PRI y sus aliados, quienes hoy aprobaron únicamente la revisión de la Ley de Transparencia en el estado.

Se buscaba que en el mismo periodo extraordinario fueran revisadas las cuentas que aún tiene pendientes el exgobernador Natividad González Parás (2003-2009), pero esta propuesta también fue rechazada.

En esa sesión los legisladores revisarían los estados financieros de Medina de la Cruz y Arellanes Cervantes correspondientes a 2013 y 2014.

Molesto, el coordinador de la fracción panista, Arturo Salinas, llamó a los ciudadanos para que presionen a las bancadas independiente y del PT con el fin de que permitan la realización del período extraordinario, pues de otra forma el Congreso seguirá “secuestrado por una camarilla que pretende proteger a Rodrigo Medina”, subrayó.

Por su parte, el líder de la fracción de Movimiento Ciudadano, Samuel García, alertó sobre la posibilidad de que queden sin sanción las cuentas de González Parás de 2007 y 2008, pues en el caso de que sean encontrados delitos, estos habrán prescrito en septiembre próximo.

“Lo más reprobable es que dos bancadas que se consideraban neutras (PT e independiente) hoy demuestran que están unidas al PRI. Desgraciadamente este poder está secuestrado. Es una pantomima lo que dicen que van por todo, y al final del día los votos demuestran lo contrario”, señaló.

El coordinador priista Marco González sostuvo que no había necesidad de presentar a revisión inmediata las cuentas públicas de los exfuncionarios, por lo que esperará hasta el próximo período ordinario, en septiembre, para proceder con la auscultación.

Al defender su decisión de ir contra la revisión, el diputado independiente Marco Antonio Martínez Díaz señaló que aún no se ha elaborado ningún dictamen de comisiones hacendarias para votar las cuentas, y esperará para proponer un período en junio.


Hasta entonces, dijo, aceptará que sean revisadas todas las cuentas que ahora fueron excluidas del próximo período, pues él no solapará irregularidades de ningún partido o político.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
FECHA: 11 MAYO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440340/frenan-diputados-del-pri-pt-e-independiente-la-revision-estados-financieros-medina-la-cruz

El SAT investiga a padre y hermano de Rodrigo Medina

CIUDAD DE MÉXICO: El Servicio de Administración Tributaria audita Humberto Medina Ainslie y Alejandro David Medina de la Cruz, padre y hermano del exgobernador de Nuevo León Rodrigo Medida, por “anomalías” detectadas en sus declaraciones en distintos ejercicios fiscales.

De acuerdo con el diario Reforma, que consultó a un abogado fiscalista, se trata de una auditoría “en toda su magnitud” sobre declaraciones de impuestos e ingresos de 2013 en el caso del padre del exgobernador, y de 2010 a 2014, en el caso de su hermano Alejandro David.

Dichas auditorías, iniciaron seis meses después de que Rodrigo Medina concluyera su mandato en medio de críticas por la bonanza inmobiliaria de él y su familia que incluye la compra de propiedades en Estados Unidos en zonas residenciales de alto valor.

Entre las irregularidades que se investigan en el expediente 45.23-2016 abierto al padre del exgobernador, se hace referencia a un archivo con cuatro documentos expedidos entre el 8 y el 11 de abril en los que se señala que se canceló su certificado de sello digital y que se difundirá en estrados pues en varias diligencias no se ha podido localizar al empresario en el domicilio fiscal que dio en Saltillo.

Además se le advierte que en caso de no presentar la información requerida o proporcionarla incompleta se le podría aplicar un aseguramiento precautorio de bienes.

En el caso de Alejandro David, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nuevo León “3” le inició una revisión por su actividad empresarial.


Además de las auditorías, Rodrigo Medina, su padre y su hermano enfrentan una denuncia interpuesta en julio de 2015 por el Congreso Nacional Ciudadano por lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, asociación delictuosa y otros delitos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/437056/sat-investiga-a-padre-hermano-rodrigo-medina

Arreglos y fraudes en miles de contratos de obras en NL; fiscalía citará a declarar a Medina

Tan solo en los contratos de obra pública el desfalco es superior a los seis mil millones de pesos, advierte el fiscal anticorrupción; se suman las irregularidades en otras concesiones y adquisiciones.

Una auditoría selectiva practicada por la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León a ocho mil contratos de obra pública otorgados durante la administración de Rodrigo Medina arrojó múltiples irregularidades, desde la concesión de obras a empresas con sobreprecios, hasta la simulación de competencias en licitaciones con previos acuerdos para repartir los contratos en distintas compañías.

En esta maquinación, que las autoridades estiman generó un desfalco de por lo menos seis mil millones de pesos a las arcas públicas, estarían involucrados diversos  funcionarios y ex funcionarios de todos los nivelas de la entidad incluyendo al propio ex gobernador Rodrigo Medina quien será citado a declarar en las próximas semanas ante el Ministerio Público.

“Hubo trampas y se distorsionaron totalmente los procesos de licitación” dijo en entrevista con Animal Político el Fiscal Anticorrupción de Nuevo León Ernesto Canales, al dar un balance de los tres primeros meses de trabajo de la Fiscalía que encabeza, creada en diciembre de 2015 luego del cambio de gobierno.

Aunque son indagatorias que  requieren de secrecía para no entorpecer el trabajo, Canales adelantó que tan solo en la etapa de transición en el cambio de gobierno se detectaron un centenar de distintas anomalías en la revisión de documentos, que ya dieron paso a la apertura de más de 20 averiguaciones previas en curso.

Hasta ahora, ya han declarado poco más de 30 exfuncionarios de la administración pasada y serán citados más, incluyendo al propio Medina.

En estas investigaciones, destacó el fiscal, han sido clave una serie de “informadores” sobretodo del sector privado, por ejemplo contratistas, que a cambio de no resultar afectados por las irregularidades en las que participaron, han proporcionado datos clave que han acelerado las indagatorias.

“Ofrecemos el perdón total para quien haya participado en un acto de corrupción  y esté dispuesto a cooperar, ofrecemos el anonimato y confidencialidad (…) Estamos contando con datos que nos hubiera tomado mucho tiempo llegar a ellos proveídos por particulares” dijo el fiscal.

Mega engaño

De acuerdo con Canales, en la administración de Rodrigo Medina se concedieron ocho mil contratos solo por conceptos de obra pública relacionados con obras de infraestructura en las ciudades sin contar los de educación, o los de salud, o los de carreteras por citar algunos ejemplos. El monto de dichos contratos supera los 40 mil millones de pesos.

Por ello se decidió realizar una “auditoria selectiva” sobre varios de esos contratos, con el objetivo de corroborar la forma en que se concedieron los mismos. Se confirmaron irregularidades en por lo menos el quince por ciento del total de los contratos revisados. Los recursos comprometidos por estas irregularidades, superan los seis mil millones.

Lo que arrojaron las investigaciones, reveló el fiscal, es que fueron en realidad “procesos dirigidos”, es decir, que se simularon las licitaciones y la competencia para otorgar los contratos en detrimento de los recursos públicos del estado.

Las anomalías halladas se pueden dividir en dos temas. Primero el sobreprecio con el cual se contrataron varios conceptos en comparación con los precios de mercado, lo que evidencia que no se buscaron nunca las mejores ofertas para la entidad.

“El precio contratado en general es por encima del precio de marcado, en porcentajes importantes que van del 15 al 50 por ciento.  En un volumen de una obra de 40 mil millones de pesos  estamos hablando de un desfalco con mucho dinero” dijo el fiscal.

El segundo tema en cuanto a las irregularidades fue el descubrimiento del engaño en los procesos de licitación. Las investigaciones permiten presumir que el gobierno de Medina acordó la repartición de contratos a un grupo de empresas de forma discrecional, aprovechando en control sobre la lista de proveedores autorizados. Esto es literalmente un engaño.

“Quienes se presentaban a las licitaciones se veía un acuerdo previo en el precio con el cual participaban y se rotaban las ganadores usualmente de manera que se puede concluir que había acuerdos de que tu ganas estas y el gana la siguiente y así de manera que se distorsionaba totalmente el proceso de licitación.

El acuerdo, indagan los fiscales, podría incluir errores deliberados en las presentaciones de las propuestas, como una fecha equivocada que diera cualquier argumento al Estado para descalificar propuestas y así dirigir el proceso.

Algunas personas vinculadas con estas anomalías ya han rendido declaración ante la Fiscalía Anticorrupción de la entidad, por lo que los investigadores trabajan en conjuntar la documentación necesaria para proceder.

Concesiones y compras sospechosas

Las irregularidades que tiene bajo la lupa la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León van más allá de los contratos de obra pública. También se están revisando varias de las concesiones y otras operaciones  que hizo la administración de Medina con particulares en los últimos años, y en donde están involucrados recursos públicos.

Uno de ellos es el de los terrenos y demás servicios que comprometió l gobierno de Nuevo León con la automotriz surcoreana KIA, para la construcción de su planta en el municipio de Pesquería. Los acuerdos con la empresa privada incluyeron exentarla del pago de impuestos por prácticamente dos décadas.

De acuerdo con la revisión que ha hecho hasta ahora la Fiscalía, la administración de Medina concedió un paquete de beneficios a la empresa privada por arriba de los tres mil millones de pesos, que podría representar un daño posterior a las finanzas públicas.

Canales explicó que se está revisando de forma minuciosa todas las fases del proyecto, desde la concesión del mismo terreo, a quien se le compró y porque se seleccionó este precisamente, y como segundo paso las inversiones que se realizaron para adaptarlo, pues se prevé que solo esto requirió una inversión de más de mil 200 millones.

“Y una tercera parte de ese caso es esas concesiones que dio el estado para ver si son válidas, si existían facultades para comprometer impuestos por 20 años por ejemplo. Es todo otro tema, la validez de la actuación del estado en el otorgamiento de estos beneficios” dijo el fiscal.

Otro caso que está bajo la lupa  es de la adquisición de un grupo de terrenos en el Ejido de Medina que al parecer pasaron a manos de la familia del ex gobernador, luego de que los ejidatarios fueron engañados para que vendieran sus terrenos. Se trata de más de dos mil 400 hectáreas.

El caso se detonó por la denuncia de una de las ejidatarias, María de los Ángeles Padilla, quien dijo que  los familiares de Medina se hicieron pasar como residentes de la comunidad para adquirir los ejidos, aunque nunca han vivido ahí.

“Se hicieron pasar por vecinos del lugar lo que es una falsedad y en un ejido que tiene una importancia debido  a una decisión e gobierno se ve comprometido de esta forma. Es algo que estamos revisando” dijo el titular de la fiscalía.

Declaración en puerta

La Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León citará a declarar en las próximas semanas al exgobernador Rodrigo Medina, con motivo de las averiguaciones que se encuentran en integración por las presuntas irregularidades en contratos, concesiones y otras operaciones.

El fiscal Ernesto Canales señaló que si bien, no hay en estos momentos elementos para proceder penalmente en contra de Medina, si hay indicios y asuntos en los que posiblemente se encuentre involucrado por lo que su declaración es necesaria.

Los que ya rindieron declaración ante el Ministerio Público son aproximadamente 30 exservidores públicos de la administración pasada, y su situación se definirá a partir de las pruebas que termine de reunir la Fiscalía.

Canales recordó que en cada caso se debe definir exactamente el tipo de responsabilidad en que incurrieron los servidores públicos, pues aunque no todos hayan cometido un delito, también hay faltas administrativas que podrían derivar en sanciones como multas económicas, inhabilitaciones o suspensiones para ocupar de nuevo un cargo.

En todo este trabajo de investigación, subrayó el fiscal, hay un equipo de aproximadamente 40 personas entre agentes ministeriales y policías de investigación y se espera que para mayo, se incremente por lo menos a cien personas más.

¿Cuándo llegarán los resultados de estas investigaciones? Ernesto Canales dijo que aunque no se pueden fijar plazos pues hay que construir casos sustentados, si adelantó que este mismo año habrá resultados contundentes, sobretodo ante el cúmulo de irregularidades que ya se han descubierto.


“Ahorita lo que tenemos que mostrar es que todo esto es una realidad, que estamos investigando casos concretos. Las denuncias siguen llegando y continuaremos citando a quien sea necesario” dijo Canales.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/arreglos-y-fraudes-en-miles-de-contratos-de-obras-en-nl-fiscalia-citara-a-declarar-a-medina/

Va El Bronco tras exgobernador de NL; lo llamará a declarar

MONTERREY, NL: El subprocurador especializado en el Combate a la Corrupción de Nuevo León, Ernesto Canales, anunció que llamará a declarar al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz para que responda por una serie de irregularidades presuntamente constitutivas de delito cometidas durante su administración.

En entrevista, el fiscal anticorrupción de la entidad explicó que hay por lo menos tres casos en los que el anterior mandatario priista estaría involucrado: el contrato irregular firmado entre el gobierno y la armadora automotriz KIA; la firma para la instalación de una planta siderúrgica en Linares, y el desvío de recursos para la contratación de la empresa Limón Publicistas.

Como parte de las indagatorias emprendidas por el órgano dependiente de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE), los investigadores han efectuado pesquisas en la Unidad Antilavado de la Procuraduría General de la República, así como en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria (CNB) y autoridades de Estados Unidos.

Cuando se le preguntó al subprocurador si llamaría a comparecer a Medina de la Cruz, respondió: “Sí, por supuesto. No hay fecha, pero como encargado del Ejecutivo su responsabilidad se manifiesta en diferentes casos. Por ejemplo el de KIA, el de Linares y el de Limón. Integrar un expediente penal depende de las averiguaciones y las mismas no son controladas por la fiscalía”, dijo.

Añadió: “Una declaración lleva a otra y se va abriendo un árbol de actuaciones de la Fiscalía que van de acuerdo a la complejidad de cada caso. Por eso ahora es imposible para nosotros determinar (fecha). Con la labor profesional que hemos hecho, conoceremos hasta el último detalle de estos actos”, advirtió.

La comparecencia de Medina de la Cruz, aún sin fecha, parece ser el inicio de la serie de acciones que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón prometió en campaña para actuar en contra del exgobernador, presuntamente implicado en múltiples actos de corrupción.

De acuerdo con Canales, la Contraloría General del estado investiga por lo menos 120 expedientes relacionados con actos de deshonestidad al interior del gobierno, cometidos por la pasada administración.

De ese total, la dependencia turnó 15 expedientes al órgano anticorrupción, entre ellos los que se utilizarán para la comparecencia del priista, quien tras dejar el puesto, el 3 de octubre del 2015, se alejó de la escena pública y ahora radica con su familia en la Ciudad de México, según reportes de prensa.

Sobre los expedientes abiertos a Medina, el funcionario estatal expuso que esas tres denuncias “están en la etapa de investigación de parte de la Fiscalía, además de que hemos estado realizando entrevistas y otro tipo de investigaciones para integrar los expedientes de forma tal que pueda construirse un caso penal”.

Canales Santos precisó que la información encontrada en instancias de México y el extranjero se sumará a la que ha detectado el órgano de control interno del gobierno estatal.

“Ha continuado la Contraloría enviando algunas otras denuncias que incorporamos en esta etapa de investigación. Lo que esto significa es que la Fiscalía demuestra a la ciudadanía que ha estado actuando a través de realizar labores de complementar la información recibida.

“Esto es por conducto de personas que están involucradas y recabando documentación de las oficinas públicas, tanto estatales como federales, me refiero al SAT, la Comisión Nacional Bancaria, la Unidad de Lavado de Dinero, y de la parte interna ejercicios públicos e información que necesitemos recabar de Estados Unidos”.

Sin embargo, el encargado de combatir la corrupción en el gobierno de ‘El Bronco’ mencionó que no podía dar detalles de los casos en los que hay intervención de la PGJE.

La Fiscalía dará a conocer cada una de estas investigaciones cuando se encuentre en posición de ejercer acción penal, señaló.

Sobre los tres asuntos de corrupción en los que presuntamente estaría involucrado Medina de la Cruz, Canales precisó que en el caso de la armadora coreana KIA, la Subprocuraduría investiga las condiciones ventajosas y aparentemente ilegales que firmó el exmandatario para que en el municipio rural de Pesquería se instalara la planta que abrirá sus puertas antes del primer semestre de este año, y donde serán construidos automóviles para su venta en México y Estados Unidos.

Otro caso es el de la siderúrgica de Linares, del Grupo Lenomex, que pretende abrir próximamente, en el interés del gobierno estatal de generar un polo de desarrollo al sur de la entidad. Respecto de las irregularidades en este asunto no se ofrecieron detalles.


El tercer caso es el de Limón Publicistas, que según reportes de prensa apuntaló la imagen del PRI en la pasada campaña rumbo a la gubernatura y enalteció la imagen de Medina a cambio del pago de decenas de millones de pesos erogados por el gobierno estatal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429011/429011

El Bronco denuncia 100 actos de corrupción en sexenio de Rodrigo Medina

MONTERREY, NL: Al presentar al abogado Ernesto Canales como fiscal anticorrupción, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón mencionó que actualmente son analizados 100 expedientes de irregularidades generadas en el gobierno de su antecesor, Rodrigo Medina.

“El Bronco” señaló que Canales y su equipo revisarán los casos para presentar, en febrero, las respectivas denuncias penales contra funcionarios, empresarios y hasta medios de comunicación, de nombres que se reservó, en hechos que ocurrieron durante el anterior gobierno.

Además de estos hay otros 100 casos, ya detectados, que el gobierno investigará con el mismo propósito de buscar responsables y procesarlos, advirtió.

Para que el ‘zar anticorrupción’ pueda entrar en funciones, se incorporó a la Procuraduría, mediante acuerdo oficial, la figura de la Subprocuraduría Anticorrupción, con sus respectivas unidades del MP y que trabajará en tres aspectos: recepción de denuncias e información; investigación y procesamiento de las pesquisas, y la litigación.

En rueda de prensa, donde estuvieron presentes Canales Santos y el procurador Roberto Flores, “El Bronco” dijo que ya hay detectadas corruptelas en dependencias como el Isssteleón, Secretaría General de Gobierno, Comunicación, Obras Públicas, Salud, el sistema de transporte Metro, Servicio Estatal de Agua y Drenaje, sistema de procesamiento de desechos Simeprode, Seguridad Pública, Sistema de Caminos, Secretaría de Educación, DIF, contratos con la armadora coreana KIA, y en la firma para el convenio del acueducto Monterrey VI, entre otros.

Las investigaciones son por daño patrimonial al gobierno, mal uso de recursos públicos, irresponsabilidad de funcionarios, otorgamiento de obras sin concursar, asignaciones directas a una sola empresa, suplantación en ejercicios de licitación pública, desvío de recursos, además de otros que serán detallados próximamente.

No existe, hasta ahora, una cuantificación del daño patrimonial que ocasionaron estos presuntos delitos, admitió Rodríguez Calderón.

Luego explicó que los expedientes fueron entregados a Canales y su equipo de fiscales, quienes tomarán posesión el miércoles 9 y entonces comenzarán con las indagatorias.

El mandatario estatal afirmó que este nuevo órgano contará con “dientes”, pues tendrá amplias facultades para proceder jurídicamente en contra de las personas del gobierno o particulares, que sean detectados cometiendo actos de corrupción.

El procurador Roberto Flores, por su parte, fue enfático al señalar que en los casos en que sean demostradas irregularidades, los implicados serán castigados, si es necesario, con cárcel.

El gobernador explicó que en los primeros casos, 66 fueron encontrados por la empresa externa que auditó la administración de Medina de la Cruz y otros 34 fueron encontrados por los mismos funcionarios que asumieron las dependencias en los cuatro meses de transición.

“El Bronco” precisó que, de acuerdo con el cronograma que la fiscalía ya elaboró, en diciembre serán integrados los documentos con las evidencias; en enero los fiscales abordarán jurídicamente los casos, y en febrero se presentarán las respectivas denuncias.

No obstante, reconoció que actualmente existe, al interior del Congreso, una iniciativa para crear un sistema estatal anticorrupción, pero aclaró que su gobierno no puede esperar a los legisladores, que han evidenciado lentitud en procesar el tema.

También señaló que cuando los diputados finalmente presenten su propuesta, la fiscalía estatal podría modificar su esquema, pero por lo pronto tiene que arrancar porque hay necesidad de comenzar el procesamiento de los expedientes.

Jaime Rodríguez explicó que no revelará los nombres de los involucrados en cada una de las causas que son indagadas, para evitar que sean tramitados amparos o que, incluso, los señalados puedan huir para evitar la acción de la justicia.

Por su parte Canales reveló que empleará el sistema de recompensas para las personas que denuncien actos de corrupción, y el perdón a implicados que aporten información valiosa para encontrar los hechos de deshonestidad en el gobierno, ya sea en pasadas administraciones o en la actual.


El fiscal indicó que, de ser necesario, solicitarán información a los gobiernos de otros países para indagar desvíos financieros, como se ha rumorado en el caso de Humberto Medina Ainslie, padre del exgobernador priista, de quien se ha dicho que ha lavado dinero en negocios inmobiliarios en Texas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=422805

Amigos y compadres, los mayores beneficiados en el gobierno de Medina

Monterrey, N.L: El expediente que prepara el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón contra su antecesor, Rodrigo Medina de la Cruz, evidencia que no sólo su familia engrosó la lista de ricos en la entidad, sino también sus amigos y compadres.

De acuerdo con los documentos que se agregarán al legajo, Gretta Salinas Margáin, esposa de Medina, ofreció contratos millonarios a su comadre Ana Cecilia Canales y al marido de ésta, José Manuel Casado Grajales, lo que permitió a la pareja dejar su pequeño casa en la zona de Tapiquito y mudarse a una mansión ubicada en una exclusiva colonia de San Pedro Garza García.

Una fuente que revisa la información señaló a Apro que en el desorden financiero del gobierno anterior está la mano de Humberto Medina Ainslie, padre del exmandatario, pero también la de la esposa de éste, quien ordenó al secretario de Finanzas que adjudicara contratos millonarios a sus amigos y compadres sin pasar por licitaciones.

La principal beneficiada con esos contratos fue Ana Cecilia Canales –sobrina del exgobernador y exsecretario de Economía, Fernando Canales Clariond–, quien fungió como secretaria personal de Gretta desde que su esposo inició su campaña política rumbo a la gubernatura y luego cuando se desempeñó como presidenta del DIF.

Uno de los primeros contratos millonarios que la esposa de Medina de la Cruz asignó a su comadre fue la remodelación y decoración de la Casa de Gobierno, pero para ocultar esa información utilizaron a un amigo de su esposo: Ignacio Saldaña Bustamante, quien quedó registrado en el padrón de proveedores en la administración pasada.

Posteriormente la sobrina de Canales Clariond abrió el salón de belleza “Vanitas”, ubicado en la colonia Lomas del Valle, mientras su esposo José Manuel Casado Grajales recibía contratos millonarios para dar mantenimiento a los vehículos oficiales, para lo cual abrió un taller mecánico nombrado “Sepromansa SA de CV”.

El taller, ubicado en la calle Félix U. Gómez 2817 Norte, colonia Moderna, está registrado en el padrón de proveedores con el número 0981. Según documentos oficiales liberados bajo la Ley de Transparencia, Sepromansa llegó al extremo de dar “mantenimiento” hasta tres veces al mismo vehículo en un tiempo muy corto

Posteriormente Medina de la Cruz recomendó a José Manuel Casado Grajales que ofreciera al gobierno la renta, mantenimiento y reparación de autos blindados, con lo que se convirtió en el proveedor consentido de la administración. Sus principales clientes fueron: Fuerza Civil y el comandante Felipe de Jesús Gallo, director de la corporación. El compadre de Medina de la Cruz compraba los autos blindados a dos empresas localizadas en el estado de México, una de ellas INVACO, ubicada en Lerma.

“Ni ella (Ana Cecilia Canales) ni su marido tenían trabajo antes del gobierno de Medina. En San Pedro todo mundo sabía que vivían de apariencias en una casita en Tampiquito y que él pedía dinero prestado. Bueno, pues ahora tienen mansión, a sus hijos en los mejores colegios y viajando por Europa en el verano, además de varios negocios y departamento en la Isla del Padre. Todo mundo en San Pedro sabe de donde salió el dinero”, comentaron a Apro conocidos de la familia Canales Casado.

Amigos y compadres

A raíz de la revisión que se hizo para conocer sobre las negociaciones realizadas con la empresa automotriz coreana Kia para que se estableciera en la entidad, se detectó que Bernando Castillón –el mejor amigo de Rodrigo Medina desde que cursaban la primaria– recibió información privilegiada al respecto.

De acuerdo con los documentos, Castillón adquirió de manera anticipada terrenos donde se establecería la empresa Kia, mismos que compró a Oscar Cantú, actual alcalde del municipio de Apodaca, y pagó por ellos 55.3 millones de pesos.

Posteriormente el amigo de Medina de la Cruz vendió los terrenos al gobierno estatal en 186.4 millones, según reportó el diario local ‘El Norte’.

Gracias a sus negocios con el gobierno de Rodrigo Medina, Castillón edificó la cadena de restaurantes Súper Salads y Cabo Grill, con 42 sucursales, así como tres pastelerías Bakery en San Antonio y McAllen, Texas.

Otro de los beneficiados con información privilegiada fue el padre de Medina de la Cruz, Humberto Medina Ainslie, quien junto con su esposa Rebeca de la Cruz Barrera y el actual alcalde de Guadalupe, Francisco Cienfuegos, se hicieron pasar como ejidatarios del municipio de Mina para adquirir ilegalmente terrenos ejidales donde se planean proyectos eólicos y la construcción de una cárcel federal.


Con esas evidencias comienza a tomar forma la acusación penal contra el exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, ya que habría violado, entre otros, el Artículo 216 bis fracción III del Código Penal del estado de Nuevo León, que castiga el uso de “información privilegiada”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JUAN ALBERTO CEDILLO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421405

Denuncia “El Bronco” contrato “ventajoso” entre Medina y Kia Motors

MONTERREY, 20 de noviembre: El gobierno de Jaime Rodríguez Calderón publicó en Facebook el contrato que firmó su antecesor Rodrigo Medina de la Cruz con la armadora automotriz coreana Kía Motors en el que se establecen acuerdos que para la actual administración de Nuevo León “son ventajosos e irrealizables”.

Fernando Turner Dávila secretario de Desarrollo Económico (Sedec) del gobierno del Bronco, hizo público el texto en inglés y en español en el que se revela que el exmandatario priista le regaló a la armadora coreana que se instaló en el municipio de Pesquería terrenos que de acuerdo con fuentes consultadas alcanzarían los 840 millones de pesos.

Los apoyos que Medina explicó eran estímulos para incentivar la instalación de la empresa asiática alcanzaban en total los ocho mil 285 millones de pesos una cifra que no conviene a los intereses de la entidad, señala el documento.

Turner anunció que renegociarán con la empresa los acuerdos pactados por Medina pues según el análisis interno de la dependencia los convenios establecidos carecen de sustento legal además de que Nuevo León no tiene recursos para saldar el contrato firmado por Medina.

“Todo eso hace que sea necesario buscar un acuerdo con Kía y firmar convenios que sean legalmente válidos y que satisfagan las necesidades y las posibilidades del gobierno que no establezcan un precedente negativo para el Estado”, mencionó el titular de Sedec.

Por ejemplo en el punto 8.4 del acuerdo se establece que el gobierno de Nuevo León construirá sin costo para la empresa un tanque con capacidad de un millón de galones de agua.

En el 8.9 (b) el estado se compromete a construir una estación de bomberos con disponibilidad permanente para la planta con una unidad especial para el manejo de material peligroso y “una capacidad de respuesta garantizada de dos minutos”.

En el 9.1 se establece que el estado huésped construirá en la planta de Kía un centro de entrenamiento y capacitación para personal que tendrá un costo de hasta 15 millones de dólares.

Turner Dávila explicó que Kía ya fue notificado de que el gobierno estatal revisará la documentación para renegociar algunas cláusulas del documento firmado el 27 de agosto del 2014.

“Ellos saben, porque ya les dijimos, que el convenio ese se va a tener que revisar. Y les hemos pedido que se sensibilicen de que lo que obtuvieron fue demasiado y que el estado no puede y que la opinión pública no va a aceptar eso”, subrayó.

Kía exige respetar acuerdos

Por su parte el presidente de Kía Motors en México Seong Bae Kim demandó al gobierno actual que sean respetados los acuerdos que ya fueron firmados y que le permitirán abrir en los próximos meses la planta ubicada en Pesquería, 30 kilómetros al norte de la capital.

Al instalarse en Nuevo León Kía anunció que invertirá dos mil millones de pesos para fabricar 300 mil vehículos en el primer año. Generará 10 mil empleos de los cuáles la empresa aportará tres mil y los siete mil restantes serán de proveedores.

Se espera que la armadora aporte en total 40 mil plazas laborales directas e indirectas.

La planta comenzó a ser construida en octubre de 2014 y se esperaba terminarla en el mismo mes de este año aunque problemas de infraestructura han retrasado la inauguración.

De acuerdo con su calendario Kía espera iniciar su producción en mayo del 2016 aunque el arranque puede demorar más por los mencionados imprevistos.

El contrato

En la página de Facebook SEDEC Nuevo León fueron publicadas cuatro ligas relacionadas con el contrato celebrado entre Kía y el gobierno de Nuevo León. En el primero que señala que es el pacto redactado en español únicamente, aparecen precisiones relacionadas con la terminología del documento.

En otro denominado “memorándum de acuerdo” se especifican algunos detalles de los compromisos que adquieren las partes. Uno más es “el acuerdo definitivo” y el último muestra las firmas del vicepresidente de Kía Jong Kun Lee, el gobernador Rodrigo Medina y el entonces alcalde de Pesquería José Isabel gloria López.

En el contrato se señala que el documento fue firmado bajo clausulas de confidencialidad aunque el gobierno de Nuevo León no ha hecho observaciones al respecto.

Sedec señala que la publicación del contrato cumple con el compromiso de transparencia que ofreció El Bronco al inicio de su mandato:

“En la política de absoluta transparencia que nuestro gobernador independiente Jaime Rodriguez Calderón ha instruido, el secretario de Desarrollo Económico Fernando Turner anunció en rueda de prensa que SEDEC liberará a la sociedad los documentos firmados entre la administración de Rodrigo Medina y la compañía Kía Motors. Informamos que nuestro personal jurídico está auditando a fondo contratos y convenios, y que la justicia seguirá el curso que la ley dicte”, dice el mensaje de Facebook.


Gilberto Lozano González, fundador del Congreso Nacional Ciudadano, reveló a APRO en octubre que investiga la posible participación de Medina en la compra irregular de terrenos que fueron donados a la factoría automovilística.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=421235

Juicio político por corrupción al gobernador de NL, plantea Movimiento Ciudadano

Acusan a Rodrigo Medina del desvío de recursos públicos y del presunto enriquecimiento ilícito en el que ha incurrido durante su gestión.

La bancada de Movimiento Ciudadano entregó este martes a la Secretaría General de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, por el supuesto desvío de recursos públicos y el presunto enriquecimiento ilícito en el que ha incurrido durante su gestión.

“Damos un paso más en la defensa del patrimonio de los nuevoleoneses, porque esto es eso, no es un asunto personal, nosotros estamos hablando aquí de que hay recursos públicos involucrados, no es un asunto en el que a nosotros nos importe la conducta del gobernador en su esfera privada”, indicó el diputado Jorge Álvarez Máynez tras la entrega del escrito.

La demanda fue entregada al secretario general de la Cámara, Mauricio Farah, quien, una vez que sea ratificada, la remitirá a la Mesa Directiva para que a su vez la turne a la Comisión Instructora.

“Lo que queremos denunciar es que los recursos públicos de los nuevoleoneses han estado mal utilizados y han sido desviados a el patrimonio personal del gobernador“, señaló Álvarez Maynez.

El legislador naranja informó que además de la presentación de la demanda, para los diputados de su partido será una prioridad darle seguimiento a la fiscalización que sobre la gestión del mandatario realice la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“La representación que tenga Movimiento Ciudadano en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación va a tener como una prioridad las cuentas públicas del Estado de Nuevo León, porque lo han dejado quebrado”, sostuvo.


Álvarez Maynez, quien la semana pasada anunció que presentaría la demanda, reiteró su llamado a las demás fuerzas políticas que conforman la Cámara de Diputados para que apoyen la realización del juicio político.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Gobernador de NL dejará un estado endeudado y con 800 personas desaparecidas

MONTERREY, N.L: El gobernador Rodrigo Medina no sólo dejará un estado sobreendeudado, también con 800 desaparecidos, según la agrupación Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac).

Al celebrarse la última reunión con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJE), el organismo informó en el último sexenio fueron localizadas 142 personas, 60 de ellas vivas y 82 muertas.

La junta de trabajo de este viernes fue la número 23 y marcó la última de la actual administración. En los seis años, fueron revisados 219 expedientes, según el organismo ciudadano.

Además, como resultado de las investigaciones, fueron consignadas 63 personas. De esa cantidad 18 eran policías o agentes de tránsito. La PGJE impuso 12 sentencias condenatorias.

Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Cadhac, reconoció que los años de trabajo conjunto dejaron experiencias que les ayudarán en el futuro a mejorar los mecanismos para buscar a los desaparecidos.

“Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es no estigmatizar a la víctima, a empezar la búsqueda de inmediato, tratar con dignidad a las personas denunciantes, cuidar la evidencia forense, usar todos los medios para la búsqueda”, dijo.

Cadhac consideró que la llegada del gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón, quien inicia su gestión el 4 de octubre, no debe afectar el trabajo conjunto que han hecho con la Procuraduría nuevoleonesa, desde hace cuatro años, para encontrar a los afectados por el incremento de la criminalidad en México.

Los integrantes de la agrupación Fuerzas Unidas por Nuestros desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) entregaron el pasado miércoles al equipo de transición del gobernador electo, Jaime Rodríguez Calderón, el documento denominado Estrategia integral Fundenl. Acciones eficaces para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

El plan, canalizado a través de Roberto Flores, encargado del área de seguridad y justicia, recoge la experiencia, buenas prácticas y estándares internacionales en materia de búsqueda y localización de desaparecidos, que Fundenl ha recabado en reuniones con gobiernos estatales y Congresos Locales de México.

Mediante un comunicado, la agrupación señaló que la estrategia se basa en tres enfoques: la búsqueda efectiva e integral en campo; la atención integral a las personas desaparecidas, como víctimas directas, salvaguardando todos sus derechos; y atención a las víctimas indirectas, familiares o afectados por el delito, en base a la Ley General de Víctimas.

Fundenl se quejó del escaso avance de las búsquedas en la entidad y se mostró esperanzado en que la nueva gestión de El Bronco, ayude a activar los casos.


“Ante el grave atraso en Nuevo León hacia una búsqueda efectiva de las personas desaparecidas, se contactó al equipo de transición del nuevo gobierno que ha mostrado apertura y sensibilidad ante el tema, y entiende la emergencia humanitaria que vive el estado por las desapariciones de años anteriores y las que se siguen presentando”, precisó el boletín.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.

Cabildean en Congreso blindaje para Medina

Ante la posible investigación al gobierno de Rodrigo Medina, operadores del PRI y del PAN intentan ‘sacar’ en esta legislatura algunos temas pendientes que serán clave a la hora de revisar las cuentas de la administración saliente.

El cierre de la actual legislatura en el Congreso estatal se dibuja complicado.

A pocas semanas que concluya el periodo de los actuales diputados locales, se discuten temas clave para la revisión de cuentas de la administración que está por terminar.

De acuerdo a fuentes al interior del Congreso, se lleva a cabo una operación de cabildeo entre los diputados del PRI y del PAN para, en esta legislatura, “sacar” adelante temas pendientes y posiciones sensibles para el gobierno de Rodrigo Medina.

Entre estas se incluyen la designación del titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), el nombramiento de magistrados del Poder Judicial del Estado y la revisión de más de un centenar de Cuentas Públicas del periodo 2012-2013.

La ASE continúa acéfala después de la muerte del extitular Sergio Marenco en marzo del 2014, y sin duda podría influir en la revisión a los números del mandatario saliente.

El Congreso ya ha intentado en tres ocasiones elegir a un nuevo responsable, sin embargo, no se ha logrado un consenso en medio de acusaciones de influyentismo y compadrazgo entre las diversas bancadas.

La semana pasada la Comisión de Vigilancia del Congreso –que preside Rebeca Clouthier– aprobó lanzar la convocatoria para nombrar al sustituto de Marenco, lo que ha sido criticado por organismos intermedios.

Otros cuatro nombramientos que están pendientes –y que también serán clave a la hora de llamar a cuentas a la administración medinista- son los de los nuevos magistrados del Estado.

Los perfiles que sonaban son Raymundo González, Marco Antonio Rodríguez Barrientos, Francisco Javier Martínez Briones, Alejandro Carlin Balboa y Jesús Demetrio Cadena Montoya.

Desde abril el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Constitución para aumentar de 16 a 20 magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Voces al interior de la legislatura señalaban a algunos candidatos como cercanos al gobernador. A otros los relacionaban con el PAN, específicamente con Raúl Gracia y el Grupo San Nicolás.

Ayer operadores del PRI y del PAN trabajaban a marchas forzadas para incluir en la agenda de este periodo legislativo las diversas designaciones.

Durante la sesión se acordó citar a una permanente extraordinaria esta misma semana, para ahí fijar una fecha para discutir los temas pendientes.

Sin embargo, por la tarde la negociación continuaba y no se lograba establecer una ruta crítica. 

Incluso, algunos legisladores consideraban la opción de pasar “la papa caliente” a la próxima legislatura.

Y es que el jaloneo no es para menos.

Esta misma semana Reporte Indigo dio a conocer que las alianzas al interior del Congreso son clave para el destino del actual gobernador por lo que ya se trabajaba en la protección a Rodrigo Medina.

En medio de una pugna electoral, el tricolor incluso habría estado dispuesto a ceder la alcaldía en el municipio de Guadalupe al PAN con tal de nombrar un auditor “a modo”.

Dicho acuerdo tendría la bendición del panista Raúl Gracia y el Grupo San Nicolás, quien controla la mayoría del Congreso.

Cierre complicado

 Rodrigo Medina culmina su sexenio envuelto en acusaciones de corrupción en las que se involucra a su padre Humberto Medina Ainslie.

El mandatario entrante ha señalado que pondrá lupa a la administración de su antecesor, quien durante las elecciones fue severamente cuestionado.

“Después de esta reunión (con Medina) algunos medios e editorialistas han estado dando opiniones diversas, siempre buscando ser adivinos, les he de decir con claridad que nuestro Gobierno investigará, revisará y llevará a juicio a quien haya desviado, tomado o robado el recurso público, esto sin importar nombre, de que sea de cualquier familia o de cualquier grupo político o de partido”, aseguró “El Bronco” en un post de Facebook.


“No cederemos en esta acción, terminaremos con la corrupción, en eso he sido y seguiré siendo claro y contundente, no se dejen influenciar por comentarios que no sean de mi parte, yo haré lo que dije que haría, ténganme confianza, cumpliré, ya lo verán”.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: REDACCIÓN.