Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, un reportero cuestionó al titular de la FGR si serían investigadas las declaraciones de Francisco Buenaventura Labastida Ochoa -ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el año 2000-, quien sostuvo que existían nexos entre el gobernador y organizaciones del narcotráfico.
“Hay coordinación, es lo importante, porque hay comentócratas que están diciendo que actuemos como los gobiernos de antes, que nosotros quitamos y ponemos gobernadores. No, eso lo hace el pueblo, no lo hace la presidenta de la República”, enfatizó la titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Porque, primero piden que no haya autoritarismo y luego piden que el Gobierno federal intervenga para quitar a un presidente municipal o a un gobernador. Nosotros lo que hacemos es coordinarnos con todas las instituciones de los gobiernos estatales municipales y ahí donde hay algún problema con algún gobierno municipal o algo, pues no nos corresponde al Gobierno Federal, le corresponde, en todo caso, a las fiscalías o a la Fiscalía General de la República”, respondió Sheinbaum Pardo.
Además, la ex titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México agregó que, todos aquellos que le pedían “quitar y poner” a un mandatario estatal, lo que en realidad solicitaban era una actuación autoritaria. “Eso se llama autoritarismo, nosotros creemos en la democracia”, aseveró.
Un día antes, luego de las manifestaciones en su contra, en las cuales participaron miles de personas, en Culiacán de Rosales, el gobernador dijo que el pueblo es el que ponía y quitaba, no alguien que gritaba.
“Nosotros vamos a seguir respetando porque somos un gobierno que no reprime, vamos a seguir respetando la libertad constitucional que tienen las personas de manifestarse, de expresarse a través de la manifestación libre”, afirmó Rocha Moya.
“El pueblo pone y el pueblo quita […], el pueblo te dice te puse y ya, pero luego hay mecanismos para decir: te quito. Pero es el pueblo, no es alguien que grita, no, es el pueblo”, expresó el mandatario estatal, quien llamó a la unidad contra la delincuencia organizada, y señaló que el Gobierno sinaloense no era el enemigo.
Durante una conferencia de prensa, Rocha Moya reconoció la solidaridad de la sociedad sinaloense ante el complejo escenario por el que atravesaba el estado, además de que dijo compartir la indignación y agravio que muchos habían expresado en días previos.
“Les pido que sigamos haciendo uso de esa fuerza y ese coraje, los enemigos son la delincuencia y el encono, nunca el Gobierno […] El enemigo común es la delincuencia, que son quienes no solo se enfrentan entre ellos sino que también lesionan a muchas personas de la sociedad que no tienen ninguna incumbencia en sus particulares conflictos”, expuso el mandatario estatal.
Asimismo, Rocha Moya afirmó que las autoridades estatales trabajaban para atender cada caso de violencia, con investigaciones abiertas para factores como bloqueos, asesinatos, robos de vehículos y secuestros. No obstante, reconoció que la ola de inseguridad era un problema complicado y difícil.
“Les pido mantengamos la firmeza con la que hemos venidos actuando y mantenernos también unidos y marchemos juntos con esa misma determinación que nos caracteriza y hagamos, todos, causa común con Sinaloa”, exhortó el gobernador.
Cuestionada por el caso de Rocha Moya, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo, el 27 de enero de 2025, que no era labor del Gobierno Federal poner o quitar gobernadores.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal afirmó que la labor de su Administración era proteger a las familias sinaloenses y construir la paz.
“Nosotros, nuestra labor es ayudar, como Gobierno Federal, para proteger a las familias de Sinaloa. Ese es nuestro trabajo, nuestra labor, había ahí algunas columnas, como si fuera como antes, en donde la presidenta decidía a quién ponía, a quién quitaba, esa no es la labor del Gobierno Federal. La labor del Gobierno Federal es apoyar a las familias de todo el país, construyendo la paz”, enfatizó la mandataria nacional.
El domingo 26 de enero de 2025, al menos 10 mil personas marcharon en Culiacán de Rosales, para exigir la renuncia de Rubén Rocha. “Narcogobernador”, “El pueblo da, el pueblo quita”, fueron parte de las consignas que se gritaron.
Asimismo, los manifestantes quemaron una piñata con la imagen de Rocha Moya. Sin embargo, en las cuentas de las diversas redes oficiales de funcionarios estatales y municipales, se colocaron imágenes en apoyo al mandatario estatal.
El 23 de enero, en una primera protesta, más de 5 mil personas marcharon en Culiacán de Rosales, para exigir la renuncia de Rocha Moya. Ello tras el asesinato de los hermanos Gael y Alexander Sarmiento Ruiz, de 12 y 9 años de edad, respectivamente, y del padre ambos niños, ocurrido el día del mismo mes y año, también en la capital sinaloense.
El juez Brian M. Cogan, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, determinó, el 15 de enero de 2025, que Frank Pérez se quedaría como abogado del capo sinaloense Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, que el caso era susceptible de pena de muerte y que existía la posible negociación de un acuerdo para que se evitara un juicio.
El cofundador del Cártel de Sinaloa podría afrontar la pena de muerte, a pesar de que fue abolida en el estado de Nueva York, en 2004, si el Gobierno de EE. UU. considera que por su participación en dicha organización delictiva trasnacional, clave en la crisis de sobredosis por fentanilo en Estados Unidos, incurrió en delitos federales graves, como asesinatos masivos o crímenes por terrorismo.
Asimismo, Pérez seguirá al frente de la defensa de “El Mayo”, a pesar del conflicto de interés que representaba, al ser también abogado de Jesús Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, hijo del capo sinaloense, quien es también testigo colaborador de Washington y potencial testigo en caso de un juicio en contra de su padre.
“Entiendo que mi abogado Frank Pérez me representa a mí y a mi hijo Vicente en el caso presentado en Estados Unidos […] no quiero tener un abogado diferente. Quiero que Frank Pérez me represente”, dijo Zambada García, en español, al juez Cogan, durante la audiencia llevada a cabo en sala 10-A Sur, de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, quien convocó a las partes dentro de 90 días, a las 09:30 horas del 22 de abril de 2025 (tiempo local).
Zambada García confirmó, el 10 de agosto de 2024, a versión difundida, un día antes, por Keneth Lee Salazar -titular de la Embajada de México en Estados Unidos, desde el 2 de septiembre de 2021-, de que fue emboscado en Culiacán de Rosales, por “El Güero Moreno”, cuando esperaba reunirse con Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa -desde el 1 de noviembre de 2021- y con Héctor Melesio Cuen Ojeda, político asesinado el día de las detenciones de ambos capos sinaloenses, el jueves 25 de julio del mismo año.
A través de una carta difundida por su abogado defensor, Frank Pérez, el cofundador del Cártel de Sinaloa enfatizó que no se entregó voluntariamente al Gobierno de EE. UU., con el cual, según dijo, no tuvo ningún acuerdo.
El capo sinaloense narró en su misiva que el hijo de su compadre le pidió que asistiera a una reunión “para ayudar a resolver las diferencias entre los líderes políticos de nuestro estado”, entre Rocha Moya y Cuén Ojeda, misma en la que también asistiría Iván Archivaldo Guzmán Salazar, alias “El Chapito”.
Sin embargo, al llegar al rancho y centro de eventos llamado Huertos del Pedregal, en las afueras de Culiacán, donde supuestamente se llevaría a cabo la reunión, ya lo esperaban “una gran cantidad de hombres armados con uniformes militares verdes que supuse eran pistoleros de Joaquín Guzmán y sus hermanos.”
“Me acompañaban cuatro agentes de seguridad, de los cuales dos permanecían fuera del perímetro. Los dos que entraron conmigo fueron José Rosario Heras López, comandante de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, y Rodolfo Chaidez, miembro de mi equipo de seguridad desde hace mucho tiempo”, detalló “El Mayo”.
Confirmó que en la supuesta reunión estuvo presente Cuén Ojeda, líder del Partido Sinaloense (PAS), diputado federal electo y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), quien murió, según la primera versión difundida por la Fiscalía estatal -que luego resultó falsa-, tras ser atacado a balazos, alrededor de las 22:00 horas, del 25 de julio de 2024, mientras circulaba en su vehículo particular, por la carretera Internacional México 15, a la altura de La Presita, comunidad ubicada al norte de Culiacán. Tras el supuesto atentado, fue trasladado a una clínica privada, donde falleció, media hora después, a los 68 años de edad.
“Tengo conocimiento que la versión oficial que dan las autoridades del estado de Sinaloa es que Héctor Cuen fue baleado la noche del 25 de julio en una gasolinera por dos hombres en motocicleta que querían robar su camioneta. Eso no es lo que pasó. A él lo mataron al mismo tiempo y en el mismo lugar donde a mí me secuestraron. Héctor Cuen era un viejo amigo mío y lamento profundamente su muerte, así como la desaparición de José Rosario Heras López y Rodolfo Chaidez, a quienes nadie ha vuelto a ver ni saber de ellos desde entonces”, explicó el capo sinaloense.
“También hago un llamado al pueblo de Sinaloa a tener moderación y mantener la paz en nuestro estado. Nada se puede solucionar con la violencia. Hemos recorrido ese camino antes y todos pierden”, finalizó su carta “El Mayo”.
