Esto implica que las personas que la Corte designe tendrán mayoría, por lo que se prevé que el tema genere polémica entre los ministros.

Fuentes federales confirmaron que durante la sesión privada de este lunes 10 de marzo, la ministra presidenta, Norma Piña presentó un proyecto de Acuerdo General por el que sus compañeros en el Pleno hubieran tenido que presentar tres propuestas el próximo martes para realizar la elección inmediatamente.

Sin embargo, ante la importancia del asunto, los ministros acordaron esperar a que esté presente Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien no estuvo en la sesión, para discutir el proyecto presentado por la ministra presidenta.

Para aprobar el acuerdo, la ministra presidenta requiere de seis votos de sus compañeros.

Mientras tanto, la ministra Loretta Ortiz anunció su intención de votar en contra del proyecto al considerar que la actual integración de la Corte no debe designar a los integrantes del OAJ, sino el nuevo Pleno de ministros electos por voto popular que iniciará funciones a partir del 1 de septiembre próximo.

Para la ministra los integrantes del OAJ deben ser designados el 1 de septiembre de 2025, misma fecha en que dicho órgano deberá iniciar funciones.

De acuerdo con la reforma judicial, por única ocasión, la primera designación de los integrantes del OAJ requiere de ocho votos.

Si la actual conformación de la Corte admite realizar las designaciones, las tres ministras afines al gobierno federal, Ortiz Ahlf, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, quienes además son candidatas para conservar sus cargos en el Máximo Tribunal, podrán vetar cualquier nombramiento que los otros ministros intenten realizar.

La reforma judicial también establece que los integrantes del OAJ deberán iniciar sus funciones en la fecha en que tomen protesta los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que serán electos el 1 de junio de 2025, es decir, que tomarán protesta el 1 de septiembre.

Lo cual implica que para el 1 de septiembre ya deberá estar designado el OAJ, es decir, que tendría que ser la actual Corte la que realice tales nombramientos, aunado a que el candado de los ocho votos aplica a la integración actual debido a que los subsecuentes nombramientos del Órgano, que realice la nueva Corte de nueve ministros, únicamente pide seis votos.

Los dos proyectos contradictorios de la ministra Esquivel Mossa

El asunto que cayó en manos de la ministra Esquivel Mossa trata de una contradicción de criterios (8/2025) suscitada entre el Pleno Regional en Materias Administrativas y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida.

En este caso el Pleno de la Corte tiene que resolver si es constitucional o no que se cobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por importación y por enajenación a las empresas, cuando se da el supuesto de retorno virtual de mercancías, que es una facilidad otorgada a las empresas residentes en México que importan temporalmente mercancías, para el efecto de que se consideren retornadas al extranjero sin salir físicamente del país. 

Sin embargo, a la hora de presentar su propuesta, la ministra Esquivel Mossa presentó dos propuestas de resolución: la primera declarando la constitucionalidad de la regla de comercio exterior y en la otra su inconstitucionalidad, según ambos proyectos de sentencia a los que tuvo acceso Animal Político. 

Ambos proyectos fueron listados por primera vez el 6 de febrero de 2025, pero luego de la queja de la ministra Lenia Batres los asuntos fueron retirados. Solo el proyecto que propone la constitucionalidad del cobro de impuesto volvió a ser enlistado el pasado 20 de febrero, al considerar que es “congruente” por “apegarse al contexto normativo que la rige”.

El oficio de la ministra Lenia Batres

Luego de la presentación de ambos proyectos, listados por primera vez el 6 de febrero de 2025, la ministra Lenia Batres envió un oficio dirigido a la ministra presidenta Norma Piña bajo el asunto “abandono de práctica en la función jurisdiccional”, fechado el lunes 17 de febrero de 2025. 

“En el ánimo de que esta Suprema Corte resuelva objetivamente las problemáticas jurídicas planteadas por la ciudadanía, deben atenderse las reglas legales de deliberación pública”, señala el oficio.  

En el mismo documento se señala que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se dispone que, en cada sesión, será presentado a consideración de las y los ministros “un proyecto” y, en caso de que no obtenga la mayoría de la votación, será desechado para la formulación de uno nuevo. 

“El objetivo de que se vote un solo proyecto y sea returnado en caso de no alcanzar la votación para que en una siguiente sesión se discuta, se encuentra expreso en la misma norma: retomar los argumentos vertidos en el debate del primer proyecto para la formulación del siguiente. Ello se hace imposible cuando se anticipa la elaboración de un proyecto alternativo sin conocer los argumentos del resto del órgano colegiado”, señala el oficio. 

En resumen, la ministra Batres señaló que presentar varios asuntos contradictorios “confunde los términos de la discusión y obstaculiza simultáneamente alcanzar una decisión colegiada. Es más, ignora los razonamientos del órgano colegiado”, por lo que pidió revisar estas prácticas al interior de la Corte.

Dicho oficio tendrá que ser revisado por las y los ministros de la Corte, que deberán atender el asunto antes de la sesión pública a realizarse este jueves 27 de febrero, día en el que será discutida la contradicción de criterios.

De esta forma, con seis votos a favor y tres en contra -con la ausencia de la ministra Margarita Ríos Farjat- el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no alcanzó los votos necesarios para echar abajo los llamados ‘superpoderes’ que se le otorgaron a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei y el tema del financiamiento de campañas.

Durante la sesión, el Pleno de la Corte discutió esta impugnación promovida por los partidos políticos Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en contra las reformas realizadas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

El primer tema que provocó la división en el Pleno fue la invalidez del artículo 45 numeral 1 inciso e y p, en los cuales agregaron los ‘superpoderes’ a la presidencia del INE por la que ahora puede “proponer al Consejo General el nombramiento del Secretario Ejecutivo” y “designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto”.

En este apartado, seis ministros determinaron que debía declararse inválido dado que “la propia norma es contradictoria”, pues en el mismo artículo se establece que ese tipo de decisiones se deben tomar por todos los consejeros del INE, señaló la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte.

En contraste, las ministras Esquivel, Batres y Ortiz determinaron votar en contra de cualquier modificación.

La votación quedó 6 a favor y tres en contra, por lo que no se alcanzó la mayoría calificada requerida para echar abajo tal disposición.

El Pleno de la Corte también entró a debate sobre el artículo 522 numeral 1, donde la reforma establece que “las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos”.

En otras palabras, el proyecto de la Corte proponía invalidar el artículo 522 de la LGIPE por el que se crearon los “gastos personales”, por ser contrario a la Constitución que sólo contempla dos tipos de financiamiento de candidaturas: público y privado

Este tema fue abordado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al advertir que “es injusto que una persona por el simple hecho de tener más dinero que sus adversarios gane una elección”.

“Esto significa que el estado tiene la obligación de concluir cualquier proceso de investigación penal o ejecución de sentencia en contra de personas que hayan abortado voluntariamente”, advirtieron en un boletín firmado por las organizaciones Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, Morrxs Autonomxs, Abortistas Mx y Cheros.

Agregaron que “al eliminarse las barreras legales, el Estado debe proveer, sin excusas, el servicio de aborto voluntario y aborto por violación porque son servicios de salud a que tienen derecho las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar”.

La resolución de la SCJN tiene como antecedente el Amparo en revisión 666/2023 concedido a una mujer que impugnó dichos artículos por violar sus derechos, por lo que la Corte ordenó al Congreso reformar el Código Penal en un plazo de 90 días, el cual venció a inicios de 2024.

En respuesta, se inició la declaratoria de inconstitucionalidad, presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estableciendo un precedente al ser la primera vez que la Corte aplica este procedimiento en un caso de aborto.

Alessa Rey, de Marea Verde Chihuahua, explicó que esta decisión complementa sentencias de amparo previas que ordenan a la Secretaría de Salud del estado proporcionar el aborto voluntario sin necesidad de juicio de amparo.

“Desde el año pasado, tenemos tres sentencias firmes de un tribunal colegiado donde ordena a los servicios de salud estatal a que den estos servicios, pero nos han puesto trabas”, advirtió.

Precisó además que la declaratoria establece la invalidez de la prohibición del aborto dentro del “plazo breve”, lo cual se interpreta como dentro del límite de las 12 semanas.

“Quedaría como pasó en la acción de inconstitucionalidad de Coahuila que también pusieron como plazo breve 12 semanas”, señaló.

En 2021, la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 148/2017 del estado de Coahuila (norte), a raíz de la cual declaró inconstitucionalidad la penalización del aborto en todo el país.

Además, en 2023 el Supremo emitió una nueva sentencia con la que ordenó al Congreso a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, e instó a las instituciones de salud federales a garantizar el servicio de aborto en todas sus clínicas y hospitales.

En diciembre de 2021, cuando la Corte estableció la jurisprudencia en contra de la prohibición absoluta de la marihuana para uso lúdico, el Congreso de la Unión fue notificado para que en el plazo de 90 días legislara para adecuar las leyes conforme al criterio jurisprudencial. 

Al transcurrir el plazo, sin que el Poder Legislativo hubiera regulado la situación, la primera sala solicitó al pleno la declaratoria general de inconstitucionalidad. 

Las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, afines al gobierno federal, votaron en contra del proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que eliminaba los artículos prohibicionistas. 

Ortiz determinó que “la prohibición absoluta de la siembra, cultivo y cosecha de cannabis constituye una restricción innecesaria al derecho de libre comercio, pues existen medidas menos restrictivas como la expedición de permisos sujetos a control, monitoreo, y vigilancia, garantizando que la concentración de THC en los productos sea inferior al 1 por ciento. Sin embargo, para sustentar esta conclusión, la Sala aplicó (por analogía) el régimen normativo que permite estas actividades con fines médicos y científicos”.  

“A mi parecer, esta equiparación es incorrecta, ya que ambas finalidades presentan particularidades regulatorias que impiden su asimilación uniforme. Por tanto, la alternativa menos restrictiva deriva de una construcción judicial más que de una interpretación del marco normativo vigente”, indicó la ministra. 

Añadió que autorizar la siembra, cosecha y cultivo de marihuana con fines industriales, bajo el supuesto de que la concentración de THC sea menor del 1 por ciento, generaría vicios jurídicos que podrían comprometer la seguridad de los permisionarios y generar consecuencias adversas para la sociedad en su conjunto. 

“La declaratoria general de inconstitucionalidad, en los términos propuestos, generaría incertidumbre jurídica, pues la regulación de estas autorizaciones resultaría deficiente al no prever de manera integral, simultánea y coordinada las disposiciones necesarias para su implementación, supervisión y control, factores esenciales como las variedades de la planta permitidas para cultivo, las técnicas y condiciones de producción y los mecanismos de control de los niveles de THC”, añadió. 

Esquivel Mossa también votó en contra, argumentando que la recién aprobada y publicada reforma constitucional para prohibir toda actividad relacionada con la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, por lo que indicó que la jurisprudencia de la primera sala incluso podría contravenir la Carta Magna. 

“Para mí, lo resuelto por la primera sala en el amparo en revisión 355/2020 y las jurisprudencias que derivaron de dicho asunto, actualmente no encuentran apoyo en nuestra Constitución e inclusive la contradicen, máximo que el propósito que se busca es el de garantizar el derecho de protección a la salud de las personas que es el valor fundamental para el bienestar físico y mental que debemos preservar”, indicó.  

Pese a que desde 2021 la Corte conminó al Legislativo regular esta situación, Batres afirmó que con el proyecto de Pardo se abriría la posibilidad a que el Ejecutivo Federal autorice la siembra, cosecha y cultivo de plantas de marihuana para otros fines que podrían incluir su comercialización, sin reglamentar bajo qué consideraciones tendrían que emitirse los permisos para ello, función que corresponde al Congreso de la Unión.

Los hermanos del trabajador afirmaron que la Cervecería Modelo no proporcionó el equipo adecuado, ni la capacitación requerida para que su hermano ingresara a la cisterna de manera segura, pese a que esta es un área de riesgo, por lo que demandaron a la empresa. 

Inicialmente un juez Civil de la Ciudad de México exoneró a la empresa, pero en la apelación, una sala capitalina revocó la sentencia y la condenó al pago de una indemnización y de los gastos que erogó la familia para entablar el litigio. 

Contra esto, la empresa tramitó un amparo directo en el que señaló que es inconstitucional que el Código Civil de la Ciudad de México distinga entre los requisitos para acreditar la responsabilidad objetiva y la subjetiva, pues afirmó que en la primera no es necesario acreditar el nexo causal entre la acción y la afectación en el patrimonio moral de quien demanda, mientras que en la segunda sí. 

El Tribunal Colegiado rechazó amparar a la empresa y declaró constitucional la distinción establecida en el Código Civil capitalino. 

Fue así como el caso llegó a la Corte, pues la empresa tramitó el recurso de revisión, que resolvió hoy la Primera Sala, en el sentido de que la distinción alegada por la empresa no existe porque en ambos tipos de responsabilidad se tiene que acreditar que la acción u omisión cometidas provocaron un daño moral (nexo causal). 

“No se advierte que el mencionado numeral contenga una distinción injustificada respecto de los requisitos exigidos para la procedencia del daño moral dependiendo de si se trata de una responsabilidad civil objetiva o subjetiva, pues la circunstancia de que se contemplen diversos requisitos entre dichas acciones se justifica plenamente en atención a los fines perseguidos con cada acción”, estableció el fallo. 

“No exige requisitos distintos para la procedencia del daño moral en relación con la responsabilidad civil subjetiva respecto de la objetiva en los términos que indica la recurrente, pues en ambos supuestos se impone la acreditación del nexo causal”.

¿Cómo inició el conflicto entre el Tribunal Electoral y los juzgados de distrito?

Desde el pasado mes de noviembre, el juez federal Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Michoacán, aceptó dar trámite a un juicio de amparo promovido para prevenir el “cese masivo” de personas juzgadoras del país por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

Días después, mediante una resolución del 14 de noviembre del 2024, el juez Santamaría Chamú otorgó una suspensión definitiva a favor de la Jufed a fin de “impedir los efectos y consecuencias” de la reforma judicial. 

En el mismo sentido, la jueza María Gabriela Ruiz Márquez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, aceptó dar trámite a otro juicio de amparo promovido contra la reforma judicial por la que de igual forma ordenó a diversas autoridades frenar la implementación de la elección judicial. 

Sin embargo, en una sesión celebrada el 18 de noviembre de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó, por mayoría de votos, que era “constitucionalmente inviable suspender los actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos” de la elección judicial.

Esta última resolución ha sido utilizada por diversas autoridades, entre ella la presidenta Claudia Sheinbaum, para incumplir con la suspensión definitiva ordenada por los jueces de distrito, excepto el Comité de Evaluación del Poder Judicial que es la única autoridad que suspendió, en el ámbito de su competencia, el proceso electoral extraordinario judicial. 

En última instancia, el pasado miércoles 22 de enero el juez federal Santamaría Chamú ordenó a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral respetar la suspensión definitiva emitida en contra de la reforma judicial, pero el Tribunal Electoral respondió ordenando al Comité de evaluación del Poder Judicial reactivar la selección de candidaturas para la elección de personas juzgadoras.

Finalmente, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación informó que se encuentra “imposibilitado” para cumplir sentencia del Tribunal Electoral, por la que le ordenó reactivar proceso de selección de candidatos para la elección judicial, al existir dos suspensiones emitidas contra la implementación de la reforma judicial.

“Cabe señalar que la referida imposibilidad se hizo del conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante oficios recibidos en su oficina de correspondencia”, señaló el Comité de Evaluación. 

De esta forma, la Suprema Corte informó que admitió la solicitud de facultad de atracción de caso, encargando a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la elaboración de un proyecto de resolución del asunto para someterlo a debate de las y los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte.

Respecto a este conflicto entre el juzgado de distrito de Michoacán y el Tribunal Electoral, el juez Santamaría Chamú señaló en la conferencia matutina de los jueces que el Tribunal Electoral no tiene facultades para denunciarlo ni dar vista al Ministerio Público federal.

Ello, luego de que el Tribunal Electoral también acordara, por mayoría de tres votos a favor y dos en contra, ordenar no solo al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar labores, sino también presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dar vista ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra el juez que dictó la suspensión.

“Ellos (el Tribunal Electoral) en su resolución, de haber podido sancionar directamente lo habrían hecho, pero ¿por qué no lo hicieron? Pues porque no tienen facultades más que de inventar una vista al Ministerio Público con, lo que me parece grave, un mensaje directo a todos los juzgadores que conocemos de estos asuntos para que nos obtengamos de hacer valer nuestra atribuciones que tenemos como jueces protectores, garantes de los derechos fundamentales de las personas”, señaló.