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martes, 30 de agosto de 2016

Con cámaras, brigadas de seguridad privada y drones, así planea México blindar a La Bestia

Por primera vez desde que en julio de 2014 se presentara el Programa Frontera Sur, el gobierno mexicano ha plasmado por escrito y en un documento oficial su intención de ‘blindar’ el tren conocido como ‘La Bestia’ para que miles de migrantes indocumentados no puedan utilizarla en su camino hacia la frontera con Estados Unidos.

El documento es el Diario Oficial de la Federación (DOF) del pasado 23 de agosto de este año, en el que la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) expone cuáles son los motivos por los que un día antes anunció que le quitaba la concesión de la ruta ferroviaria en el sur del país a la empresa privada Chiapas-Mayab.
En el documento, la SCT explica que asumió el control de la línea ‘Mayab’, que recorre mil kilómetros desde Yucatán a Coatzacoalcos, Veracruz; y también de la ruta ‘Chiapas’, que se extiende 500 kilómetros desde la frontera con Guatemala hasta el puerto de Salina Cruz, en Oaxaca.

Entre los motivos que justifican su decisión, la dependencia alega varios puntos, como el abandono de las vías por parte de la empresa concesionada, algo que Chiapas-Mayab rechazó en un comunicado. Mientras que otro motivo clave es el de la “seguridad nacional” y la migración indocumentada.

En este punto, la SCT plantea que en la ruta ‘Chiapas-Mayab’ han tenido lugar diferentes ataques a las vías ferroviarias y al tren, los cuales estarían asociados, según la dependencia, “al proceso migratorio que se origina desde la frontera en el sureste del país y a la existencia de grupos delictivos que operan en esa área”.

Ante este contexto, el gobierno mexicano argumenta que se necesitan “nuevas medidas de seguridad” para ‘blindar’ a ‘La Bestia’.

Por ejemplo, la SCT señala que se requiere la instalación de centros de monitoreo y de vigilancia de los trenes “mediante drones”. Y la instalación de cámaras de vigilancia en los trenes y en “puntos estratégicos” como los patios de maniobra –donde los migrantes suelen subir al tren porque hay menos riesgo de caer y sufrir amputaciones-, así como en túneles, puentes, cruces ferroviarios o centros urbanos.

Otras medidas que se plantean son “la construcción de bardas y el mejoramiento del alumbrado en los patios de maniobras”; la implementación de “brigadas de seguridad privada en los trenes”; la instalación de “sistemas de geolocalización simultáneo en los trenes y en las brigadas de vigilancia”; la instalación de “equipos de alarma y movimiento en las vías”; la “certificación y capacitación a las empresas de seguridad privada contratadas para la vigilancia”; y la “instalación de centros de mando de seguridad en puntos estratégicos”, entre otras.

En el DOF, la SCT indica que estas medidas de seguridad no están incluidas en la concesión que otorgó a la empresa Chiapas-Mayab en el año 1999, por lo que argumenta que es “evidente la necesidad de rescatar la Concesión” y que el Estado, por tanto, asuma el control del tren en estos dos tramos ferroviarios.

Antes de expresar por escrito y en un documento oficial la intención del gobierno de ‘blindar’ a ‘La Bestia’, en julio de 2014, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ya dijo públicamente que no permitirán a los migrantes usar el ferrocarril para acceder ilegalmente a los Estados Unidos, alegando que este medio de transporte los pone en riesgo.

“Vamos a poner orden en La Bestia. Los migrantes ya no podrán subir en el tren”, advirtió el funcionario en una conferencia de prensa días después de que el presidente Peña Nieto presentara el 7 de julio de 2014 el Programa Frontera Sur; un plan que, por un lado, asegura que busca proteger a los migrantes, y por otro, desencadenó la detención y deportación masiva de miles de ellos, especialmente de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Aunque en ese entonces el gobierno mexicano no detalló más sobre cómo impediría a los migrantes subir a ‘La Bestia’, Animal Político documentó en la investigación ‘Programa Frontera Sur: Una Cacería de Migrantes’ que sobre el terreno se estaban implementando varias medidas, como cambios en los techos de los vagones –para que los migrantes no puedan viajar en convoy-, la implementación de operativos policiacos en los patios de carga, y la construcción de bardas y pilotes para que las personas no puedan abordar el tren.

Además, empresas como Ferromex, otra de las concesionadas por el gobierno federal, contrataron custodios privados para vigilar el ferrocarril, lo cual ha originado denuncias en Tlaxcala y más recientemente en Querétaro, donde la Estancia del Migrante González y Martínez denunció que los guardias balean a migrantes y amenazan a los activistas que les dan comida.


Sospechan que tras la retirada de la concesión se esconde intención de contener el flujo migratorio

Ahora, con el anuncio del gobierno federal de la necesidad de implementar “nuevas medidas de seguridad” en el tren, organizaciones defensoras de los migrantes denuncian que detrás de la decisión de retirar la concesión a Chiapas-Mayab está la intención de implementar otra media para detener el flujo migratorio en en zona de gran importancia estratégica en el sur del país, en la frontera con Guatemala.

“Sabíamos que el gobierno federal tramaba algo con el anuncio de la retirada de la concesión a Chiapas-Mayab. Sabíamos que no era para mejorar las vías de comunicación, sino para contener el flujo migratorio en una zona estratégica”, señaló en entrevista Alberto Donis, coordinador del albergue Hermanos en el Camino, de Ixtepec, Oaxaca.

“La decisión de quitar la concesión a Chiapas-Mayab y de seguir con el discurso de vigilancia en el tren es la continuación de la política de securitización con la que el gobierno mexicano sigue abordando el tema de la migración”, dijo por su parte Leticia Gutiérrez, directora de la Misión Scalabriniana para migrantes en su sección México, quien criticó que con esta medida de ‘blindar’ el tren el gobierno de Peña Nieto “está haciendo bien la tarea (de contener el flujo migratorio centroamericano) para los Estados Unidos”.



SCT sí opera tramo “rescatado”, revelan documentos

Por otra parte, además del argumento de la seguridad nacional y el tema migratorio, el Gobierno Federal aseguró también que la compañía que originalmente tenía la concesión del tramo ferroviario Chiapas-Mayab no brindaba un servicio de calidad y la infraestructural estaba en mal estado.

Documentos oficiales a los que tuvo acceso Animal Político evidencian que es la SCT la que a través de una empresa paraestatal opera desde hace casi una década el servicio de transporte ferroviario en las vías del ferrocarril Chiapas y Mayab, por donde transita el tren conocido como ‘La Bestia’, y es responsable de su funcionamiento.

Incluso, los oficios demuestran que el gobierno retuvo la concesión aun cuando había firmado al menos en dos ocasiones convenios para devolver las vías a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas – Mayab SA de CV (CFCM). El gobierno pactó con la empresa en 2014 invertir 6 mil millones de pesos para rehabilitarla, pero luego no aportó los recursos.

Todo inicia en 1999 cuando la CFCM ganó la licitación para operar el transporte de carga ferroviario en el referido tramo de vías.

Pero el 10 de agosto del 2007, a través del oficio 4.3.-1081/20007 firmado por el entonces Director general de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, Oscar Corzo Cruz, la dependencia traspasó la operación, explotación y mantenimiento de esta concesión a Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec (FIT), una compañía paraestatal bajo control de la misma Secretaría.
https://www.scribd.com/document/322530834/Oficio-Sct-2007-Sct-Toma-Control-Bestia

La SCT argumentó que la empresa fue trasladada a la paraestatal debido a la negativa de CFCM de operar el servicio. La empresa por su parte, argumentó que los daños generados en el tramo por el huracán Stan hacían imposible continuar operando el tramo.

El 23 de noviembre de 2012, a través del oficio 4.3812/2912, la referida dirección de la SCT dio por terminado el convenio con FIT y le ordenó a la paraestatal devolver los equipos y las vías a la empresa CFCM.

“La empresa concesionaria CFCM se encuentra en condiciones de operar y explotar las vías Chiapas y Mayab, por lo que continuará prestando el servicio público de transporte de carga y servicios auxiliares, en términos del Título de Concesión que el otorgó el Gobierno Federal el 26 de agosto de 1999”, indica el oficio que puedes leer aquí:
https://www.scribd.com/document/322530920/Oficio-Sct-Incumplido-Sct-Regresa-Concesion-a-Empresa

Pero lo anterior nunca sucedió. La CFCM no recibió de vuelta los equipos ni las vías. Prueba de ello es que el 25 de febrero de 2013, mediante el oficio 4.3-50/2013, se ordenó a FIT continuar con la operación de la vía. Dicho oficio fue firmado por el nuevo director de Transporte Ferroviario Pablo Suarez, ya con Gerardo Ruiz Esparza al frente de la SCT.
https://www.scribd.com/document/322530975/OFICIO-SCT-2013-SCT-RENUEVA-CONTROL-DE-CONCESIO-N

En los meses siguientes la empresa CFCM envió dos oficios a la SCT en los que solicitaba se respetara el acuerdo de noviembre de 2012 y se les devolvieran las vías y los equipos de su propiedad para continuar operándola, como establecía el título de concesión.

En uno de esos oficios, la empresa incluso menciona que en un periodo de dos meses el ferrocarril operado por la paraestatal ya se había descarrillado diez veces y que las vías se encontraban en mal estado físico y de mantenimiento.
https://www.scribd.com/document/322531046/Carta-Empresa-Exigiendo-Devolucion-y-Denunciando-Fallas

El 14 de marzo de 2014 la SCT entregó a Compañía de Ferrocarriles Chiapas – Mayab SA de CV la versión final de un convenio a través del cual se comprometían ambas partes a invertir más de 6 mil millones de pesos para la rehabilitación de las vías de la concesión, y se acordaba el regreso de la concesión (otra vez). La promesa quedó en el papel porque la Secretaria de nueva cuenta no lo materializó.
https://www.scribd.com/document/322531113/Oficio-Sct-Inversion-La-Bestia-Incumplido

En este contexto la empresa interpuso dos demanda de carácter civil y administrativo para buscar por la vía judicial que le regresaran la concesión, sin embargo, en agosto de este año la SCT anunció “el rescate” de la misma, es decir, que el título de concesión de 1999 quedaba anulado de forma definitiva.

En el punto 6 del oficio del rescate publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 23 de agosto, la SCT recapitula el traspaso en el 2007 de la operación de las vías a la empresa paraestatal y confirma que “prevalece dicha modalidad”, es decir, que nuca se regresó la concesión a la Compañía Chiapas-Mayab.

Empresa busca anular “rescate”

El pasado 16 de agosto Compañía de Ferrocarriles Chiapas – Mayab S.A de C.V interpuso un recurso de revisión en contra de la determinación del rescate de la concesión. La compañía argumenta que no existe fundamento legal que sostenga este procedimiento, pues las malas condiciones de las vías o cualquier otro argumento no es responsabilidad de la compañía y por tanto, no puede ser penalizada.

En una entrevista el titular de la SCT Gerardo Ruiz esparza sostuvo que no habría “ninguna indemnización” a CFCM por este rescate pues la compañía no aporto equipos ni capital, y subrayó que el motivo de esta determinación era “brindar un servicio de calidad” en el tramo rescatado

El despacho legal que asesora a la compañía afectada asegura que no buscan ningún tipo de indemnización, sino echar abajo la determinación del rescate de la concesión.

En ese contexto, adelantaron que promoverán juicio de nulidad en los tribunales en contra de esta determinación y varias demandas de amparo en juzgados federales. Se buscará que el gobierno cubra los perjuicios que ha generado a la compañía por retener la infraestructura en malas condiciones físicas y de mantenimiento.

“En efecto el estado de las vías y de los equipos es lamentable y la calidad del servicio es vergonzosa, pero es responsabilidad exclusiva de la SCT. Sobre ella recaen las culpas e incumplimientos de la concesión”, indicó la compañía.

Animal Político buscó a la SCT para que ampliara la explicación sobre las medidas de seguridad en el ferrocarril –cuándo se proyecta ponerlas en marcha y quién las llevará a cabo, el gobierno u otra empresa concesionada-. Sin embargo, al momento de publicar esta nota la dependencia no ofreció respuesta alguna a la solicitud de entrevista.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: MANU URESTE/ARTURO ÁNGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/camaras-brigadas-seguridad-drones-asi-planea-mexico-blindar-la-bestia/

miércoles, 24 de agosto de 2016

El gobierno de México quita concesión a empresa que controlaba el ferrocarril la Bestia

El gobierno mexicano informó este martes 22 de agosto que tomó el control de la ruta ferroviaria conocida como la Bestia, que es utilizada por migrantes centroamericanos que se cruzan México rumbo a Estados Unidos.
La Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) dijo que retiró la concesión de operación del ferrocarril Chiapas-Mayab a la empresa privada que lo gestionaba. Señaló que la decisión fue tomada para promover la inversión y rehabilitación de la línea ferroviaria.

“Por causas de interés, utilidad públicos y seguridad nacional, la SCT declaró el rescate de la concesión otorgada en favor de la Compañía de Ferrocarriles Chiapas–Mayab, S.A. de C.V., respecto de las vías generales de comunicación ferroviaria Chiapas y Mayeb”, detalló la dependencia federal.

Las vías de ferrocarril de la Bestia, cerca de la frontera guatemalteca, resultaron dañadas por el huracán Stan en 2005. Además, muchos tramos de la línea están en malas condiciones.

Sin embargo, muchos migrantes continúan caminando al lado de la vía en su intento de llegar a EU.

En un comunicado difundido este martes, la SCT informó que a partir de la legal notificación de la determinación que contiene la Declaratoria de rescate, la concesión queda extinguida y sin efectos.

De acuerdo con la resolución, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), los bienes materia de la concesión volverán de pleno derecho a la posesión, control y administración de la SCT.

Las dependencia añadió que ingresan a su patrimonio la totalidad de los bienes, derechos, equipos e instalaciones destinados directamente a los fines de la concesión.

La SCT dijo que autorizó a la Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab a retirar y disponer de los bienes, equipos e instalaciones de su propiedad afectos a la concesión.

Para ello, la compañía tiene un plazo de 60 días hábiles contados a partir de la fecha de la legal notificación de la mencionada declaratoria.

Agregó que la indemnización se determinará conforme a las bases determinadas en la resolución del DOF, en tanto que será la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal quien vigilará el cumplimiento del resolutivo.

La concesión se otorgó en 1999 a la compañía para “la operación, explotación y conservación de las vías cortas Chiapas y Mayab, así como de los bienes de dominio público y la prestación de servicio público de transporte ferroviario de carga en las vías de referencia”. La última modificación fue en 2012.

Uno de los accionistas de la compañía ferroviaria pertenece a Infraiber, firma de tecnología en litigio con la constructora OHL México. Infraiber ha acusado que la constructora ha sido favorecida por el gobierno mexicano. 

Con información de Notimex y AP. 

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO
AUTOR: NOTIMEX Y AP
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/08/gobierno-mexico-quita-concesion-empresa-controlaba-ferrocarril-la-bestia/

lunes, 1 de agosto de 2016

Subsidian SCT y Puebla a OHL para Viaducto Elevado

Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobierno de Puebla concretaron un tercer convenio modificatorio al de Coordinación para el otorgamiento de un subsidio de 500 millones de pesos para continuar con la construcción del Viaducto Elevado en esa entidad, obra a cargo de OHL Concesiones.

El proyecto carretero que contempla el acuerdo tiene por objetivo concluir la construcción del Viaducto Elevado de la Autopista Federal México-Puebla en sus diversas fases.

La determinación, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, destaca que el estado de Puebla solicitó a la SCT autorizar y liberar recursos federales para la conclusión en diversas etapas de un proyecto carretero iniciado en 2014 y 2015, por un monto de hasta 500 millones de pesos de subsidio para concluir la etapa prevista en el ejercicio 2016.


“Con este tercer convenio modificatorio entre ambas partes al Convenio de Coordinación para el otorgamiento del subsidio, se mantiene la meta de ampliar la infraestructura carretera del estado de Puebla”, señalaron los involucrados.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADAS.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/01/subsidiaran-a-ohl-con-500-mdp-para-viaducto-elevado-en-puebla

domingo, 17 de julio de 2016

Vacacionistas se escapan de la CDMX

Sus atuendos delatan sus destinos. Sombreros color paja, sandalias, vestidos vaporosos o pantalones de tela de lino. Un gran ejército de viajeros ha vuelto a tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) desde este sábado, el primero día de las vacaciones de verano. Permanecen ahí unas horas pero siempre llegan refuerzos para colmar salas, pasillos, restaurantes, baños, aviones.

El pasado viernes 15 fue el último día de clases para más de 25 millones de alumnos de educación básica, fecha esperada por muchas familias que no aguantaron un día más para escapar de esta ciudad, o llegar a ella.

Otros se adelantaron y desde el fin de semana pasado elevaron las cifras de pasajeros atendidos en el AICM, pues el viernes 8 ha sido, hasta ahora, el de mayor afluencia en el año: 136 mil 755 viajeros. De ellos, 79 mil 260 utilizaron la Terminal 1 y 57 mil 495 se trasladaron en la Terminal 2, de acuerdo con autoridades aeroportuarias.

Algunos vuelos con rumbo a Cancún, Quintana Roo; Puerto Escondido, Oaxaca; o Acapulco y Zihuatanejo, en el estado Guerrero, tenían demoras de dos horas en promedio.

Un grupo de 60 quinceañeras, que prefirieron un viaje de regalo y despreciaron la fiesta con chambelanes, se alistaba para salir rumbo a Europa. Algunas viajaban con sus mamás, quienes se encargaban de poner en orden a las escandalosas adolescentes.

Periodo de empleo temporal

Esta temporada de asueto resulta una oportunidad de trabajo temporal para jóvenes y adultos mayores. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) los contrata durante dos meses para brindar información a los usuarios.

Nos dan entrenamiento anímico, dice Hilario Vargas Martínez, de 68 años. Algunos pasajeros vienen cansados de su viaje, otros llegan molestos porque hubo retrasos en sus traslados, así que no son tan receptivos a la información que les proporcionemos, aunque ellos nos estén preguntando.

Hilario Vargas ya está jubilado, pero, dijo, mientras haya vida y la situación económica siga tan desmejorada, hay que ponerse a trabajar. No saldrá de vacaciones, no alcanza: mejor me pongo a chambear.





Fuente: La Jornada
Autora: Blanca Juárez
http://www.jornada.unam.mx/2016/07/17/sociedad/030n2soc

miércoles, 22 de junio de 2016

SCT planea dar dinero público a OHL, mimada del sexenio, porque pierde con aeropuerto de Toluca

El aeropuerto de OHL México ha perdido 3.37 millones de viajeros en siete años, por el cierre de rutas y el traslado de Volaris e Interjet al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ante ello, a pesar de que la constructora lleva más de un año evidenciada por audios de presunta corrupción con funcionarios públicos y tres renuncias de sus miembros, el Gobierno federal no solo le ha dado contratos millonarios, sino que planea rescatar la terminal aérea impulsando la llegada de aerolíneas y pasajeros al facilitar la conectividad de los vuelos con Estados Unidos. El Secretario de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, fue funcionario de esa empresa…

“Yo le dije [al Presidente Enrique Peña Nieto] que estábamos muy agradecidos con Gerardo [Ruiz Esparza] y con Emilio [Lozoya Austin]”, le dijo por teléfono José Andrés de Oteyza, entonces presidente del Consejo de Obrascon Huarte Lain (OHL) México, a Pablo Wallentin, quien era directivo de OHL México. De Oteyza, de acuerdo con el último audio filtrado, se dirigía a un desayuno con Juan Miguel Villar Mir, el ahora ex presidente de la constructora en España. Era siete de abril de 2015. Un mes después, comenzó el caudal de grabaciones sobre presunta corrupción entre la compañía y funcionarios públicos. Hoy los tres empresarios están fuera: Wallentin renunció recién explotó el escándalo y los otros dos dimitieron este año. A pesar de ello, el Gobierno federal planea rescatar el aeropuerto de OHL agilizando los viajes de Toluca a Estados Unidos, de acuerdo con Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En abril de este año, José Andrés de Oteyza dejó de ser el presidente del consejo de OHL México “por motivos personales”. Ayer martes Villar Mir, de 84 años, se le sumó al anunciar que cederá la presidencia del grupo a su hijo Juan Villar Mir de Fuentes, quien ocupa hasta ahora la vicepresidencia primera. Las acciones de la firma en la Bolsa de Madrid cerraron con una caída de 4.08 por ciento luego de la noticia. La rotación podría darse este 2016, detalló en una rueda de prensa.
“Me avergüenza que haya habido un empleado [en referencia a Pablo Wallentin] que haya incumplido las normas de buen Gobierno. Estoy avergonzado y lo lamento infinitamente”, declaró Villar Mir a finales de mayo del año pasado respecto al audio que mostraba a Wallentin intentando sobornar a magistrados para aumentar las tarifas y las ganancias en el Viaducto Bicentenario. En otra grabación se le escuchó ofrecer vacaciones a Apolinar Mena, ex Secretario de Comunicaciones del Estado de México. Para entonces, el señalado ya había presentado su renuncia y, hasta este año, había sido la única cabeza en rodar.

Sin embargo, la constructora –que insiste en que los audios son una campaña de desprestigio por parte de Infraiber– sigue haciendo negocios en el país.

De acuerdo con EconomíaHoy, el aeropuerto azteca de OHL ha perdido 3.37 millones de viajeros en siete años, por el cierre de rutas y el traslado de las aerolíneas de bajo costo, como Volaris e Interjet, al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La fuga de compañías ha llevado al aeropuerto ubicado en Toluca, que tiene una capacidad para ocho millones de viajeros al año, a registrar apenas 725 mil 563 viajeros en 2015.

Para frenar las pérdidas, el Gobierno federal promoverá que el aeródromo de la constructora sea el primero en permitir a los mexicanos que quieran volar a cualquier punto de Estados Unidos pasar la frontera, lo que agilizará las conexiones y evitará las colas de inmigración en destino.
“Queremos el aeropuerto de Toluca como un aeropuerto de prechequeo o preclearance… lo queremos y estamos trabajando para que sea el primero que permita pasar la inmigración y la aduana de Estados Unidos en territorio mexicano”, explicó a EconomíaHoy Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT). “Esta medida, que contempla que haya autoridades estadounidenses en el aeropuerto va a ser muy útil con los convenios bilaterales que hemos firmado. Se trata de facilitar la conectividad con Estados Unidos y, a su vez, impulsar el aeropuerto de Toluca con la llegada de aerolíneas y la apertura de más vuelos directos al país norteamericano”, aseguró.

De acuerdo con el Secretario, “el aeropuerto de Toluca se quedó vacío por una decisión de Gobierno”, ya que, dijo, en el sexenio pasado [del panista Felipe Calderón Hinojosa], cuando quebró Mexicana de Aviación y siete aerolíneas más, trasladaron a Interjet y Volaris “de una manera no correcta a operar en la Ciudad de México” pese a que, de acuerdo con su concesión, “nacieron para operar en Toluca”.

OHL México, por su parte, espera  que en los próximos años el tráfico de aviones y de pasajeros repunte con la puesta en marcha del tren México-Toluca a partir de 2017 y con el crecimiento de la ciudad hacia la zona poniente, donde se encuentra el aeropuerto.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes confía en la puesta en marcha de este tren para agilizar la conectividad y se llegó a plantear el reembolso de la cuota de peaje que hay que pagar para llegar a la infraestructura de OHL por autopista.

También, dice el texto del sitio especializado en ecoomía, se planea instalar en Santa Fe un punto de facturación.

LOS CONTRATOS MILLONARIOS 

OHL México, de acuerdo con la Unidad de Datos de SinEmbargo, firmó con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes contratos por 15 mil 976 millones 193 mil 016 pesos con 99 centavos. A lo que se suman los 10 mil millones que costó el Viaducto Bicentenario.

En contrataciones a nivel federal –es decir, dependencias y organismos descentralizados– el alcance supera los 24 mil 496 millones 543 mil 571 pesos con 16 centavos.

Entre los organismos descentralizados, sólo la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reconoció un contrato con OHL: Empalme I (antes Guaymas II), la planta de ciclo combinado que estará en la población sonorense del mismo nombre y que usará gas natural como combustible. Por esto, OHL México firmó 476 millones 884 mil de dólares.

Pera en el cálculo de la cifra no fueron incluidos dos contratos que admitió Petróleos Mexicanos (Pemex) porque se requería un pago que superaba los 200 mil pesos para conocer su costo.

Sin embargo, de acuerdo con información oficial, OHL Refinación ha ganado contratos de millones de dólares desde el inicio de la administración de Peña Nieto y la llegada de Emilio Lozoya Austin a Pemex.

Tan sólo en nueve meses del año 2013, OHL recibió de Pemex Refinación 2 mil 398 millones 427 mil 277 pesos por tres contratos, según la información depositada en el del Portal de Obligaciones de Transparencia (POT).

El primero y el más costoso, de mil 016 millones 881 mil 118 pesos, lo recibió en abril, cuatro meses después de que Emilio Lozoya tomara posesión de Petróleos Mexicanos. Este contrato, que fue para la construcción de un turbogenerador de gas en la refinería de Tamaulipas, lo celebró la Coordinación de Proyectos de Impacto Social y Alta Rentabilidad con un conglomerado de empresas, en las que figuran dos OHL Industrial junto con Senermex y Sener Ingeniería y Sistemas.

Tres meses después, en julio, la Gerencia de Proyectos Ambientales, también de Pemex Refinación, otorgó a OHL y otras cuatro empresas el proyecto de una planta generadora de hidrógeno y la terminación de un gasoducto en la refinería Cadereyta. El monto del contrato fue de 927 millones 676 mil 159 pesos. Finalmente, en diciembre de ese mismo año se le otorgaron 453 millones 870 mil pesos para la construcción de una estación de rebombeo para un poliducto en Salamanca, Guadalajara.


LA CORRUPCIÓN DE OHL, SEGÚN AUDIOS

El viernes pasado, OHL denunció a Infraiber ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por el impacto que ha podido tener en la cotización de la empresa la “campaña de desprestigio” en su contra a raíz de los audios filtrados desde mayo del año pasado.

Desde entonces se han publicado en Youtube una serie de grabaciones en las que se evidencian conversaciones de directivos de OHL México negociando con autoridades del Gobierno federal y del Estado de México para beneficiarse con proyectos de infraestructura y del sector energético.

A la par de estas publicaciones, la CNBV –luego de investigar durante meses sus reportes financieros– multó a la empresa, a dos de sus subsidiarias y a seis de sus directivos por 71 millones 964 mil 662 pesos por violaciones a la Ley de Mercados y Valore, pero la exoneró de dolo o fraude al divulgar información financiera “errónea”.

En la lista de funcionarios mexicanos involucrados en los audios de OHL México están los titulares de las Secretarías de Transporte estatal y federal, Juan Apolinar Mena (quien renunció y meses después fue colocado en otra dependencia) y Gerardo Ruiz Esparza, y la ex Consejera jurídica del Estado de México, Luz María Zarza y algunos magistrados; así como, el entonces titular de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, y el aún directivo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Enrique Ochoa Reza.

Los primeros destaparon un acto de presunta corrupción protagonizado por la filial de la constructora española para inflar los precios de un tramo de una autopista del Estado México: el Viaducto Bicentenario.

Además, se evidenció cómo Apolinar Mena, el ex Secretario de Comunicaciones del Gobierno de Eruviel Ávila Villegas en el Estado de México, recibió la oferta de vacaciones para él y para su familia, y en otro audio se le escuchaba un acuerdo para dar sobreprecio a una carretera. En una de esas grabaciones, Pablo Wallentin, representante de OHL México, reconoció que la constructora infló las previsiones de tráfico de la autopista “con todas las mañas del mundo”.

Posteriormente, el ocho de julio de 2015, las grabaciones involucraron directamente a Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes en presunta entrega de información privilegiada a OHL México para ganar licitaciones públicas. Además, supuestamente, recibió vacaciones a cambio. Él lo rechazó.

Los audios también muestran que José Andrés de Oteyza, ahora ex Consejero de Administración de OHL México, se reunió con Emilio Lozoya Austin –quien formó parte del Consejo de Administración de OHL y fue director de Pemex–, y Enrique Ochoa, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para pedirles apoyo en sus proyectos.

“Es un señorón”, dijo Andrés de Oteyza sobre Emilio Lozoya el martes 31 de marzo, según un audio.


“Además, a mí de veras no sabes cómo me quiere y qué buena relación tenemos. Pero me echó una mano brutal con el otro [Enrique Ochoa, de la CFE] y el otro también estuvo particularmente caballeroso y bien, eh. Pero muy bien, muy bien”, le contó a Jesús Campos, director técnico de OHL.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/22-06-2016/3056977

domingo, 29 de mayo de 2016

El paso del tren a Toluca sobre río Tacubaya daña zona ecológica y casas

El nuevo trazo del tren interurbano México-Toluca causará afectaciones tanto a la barranca del río Tacubaya, catalogada como área de valor ambiental (AVA) desde 2012, como a los habitantes del corredor habitacional que va de Santa Fe a Observatorio, denunciaron organizaciones vecinales de los fraccionamientos Boscoso y Real del Bosque.

El ruido y las vibraciones serán una constante en nuestra vida cotidiana, ya que el tren va a pasar a 17 metros de nuestras casas, se quejaron, al exigir la intervención del Gobierno de la Ciudad de México para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respete la ruta original que ya había propuesto sobre dicha barranca o que termine el recorrido en el complejo corporativo de Santa Fe.

En un recorrido se pudo constatar que en el lecho de la barranca ya comenzaron los trabajos de desmonte, tala de árboles y el arribo de vehículos y maquinaria pesada, lo que a decir de los inconformes se trata del inicio de la obra.

Los vecinos señalaron que las autoridades de la dependencia federal presentaron en 2014 tres alternativas para la ruta del tren: las vialidades Vasco de Quiroga y Camino a Santa Fe, la avenida Costituyentes y sobre la barranca del Río Tacubaya.

Las dos primeras se cancelaron, una por ser inviable técnicamente y la otra ante la oposición vecinal en el pueblo de Santa Fe, por lo que sólo permanece la de la Barranca, en la que el trazo se había planteado originalmente sobre la ladera pegada al Deportivo del Estado Mayor Presidencial, con el fin de evitar daños al área verde y a la zona urbana.

Sin embargo, a última hora se determinó cambiar el trazo a la otra ladera porque resulta más económica y se ahorran dos minutos en el recorrido.

Cuestionaron esta determinación porque en el proyecto anterior se respetaba el área de valor ambiental y no causaba afectaciones en la zona habitacional aledaña.

Indicaron que se han efectuado mesas de trabajo con personal de la SCT, con el que se acordó realizar estudios para el uso de materiales a fin de disminuir el ruido y las vibraciones en 50 por ciento, pero después nos cerraron las puertas y no nos han dado ningún tipo de información.

Además de estos dos fraccionamientos, que albergan en conjunto alrededor de 900 departamentos, cuatro colonias más ubicadas rumbo al Metro Observatorio serían afectadas. Lo más grave, agregaron, es que esta zona está llena de minas y oquedades, por lo que las vibraciones pueden generar afectaciones a las construcciones que están sobre ellas.




Fuente: La Jornada
Autor: Rocío González Alvarado
http://www.jornada.unam.mx/2016/05/29/capital/027n1cap

miércoles, 18 de mayo de 2016

Trenes del Metro fallan cada cuatro o cinco días: STC

Ciudad de México. La falta de mantenimiento y refacciones ha provocado que en promedio cada cuatro o cinco días un tren del Metro presente fallas durante su operación, demorando a los usuarios en sus traslados, informó el director del Sistema de Transporte Colectivo, Jorge Gaviño.

Durante la presentación del jurado del Premio de Ingeniería 2016 recordó que a su llegada al organismo hace 10 meses, los trenes presentaban fallas cada 2 mil kilómetros y ahora es cada 3 mil, aunque “todavía estamos muy lejos del estándar internacional de 8 mil”.

Los principales problemas se presentan en la parte neumática de las puertas, tracción-frenado y los diferenciales de los trenes de la línea 2; los desperfectos han ocurrido desde que fueron comprados a CAF y Bombardier, la garantía para repararlos no se ejerció.


Con la compra de refacciones, que estarán llegando en septiembre, se estarán atendiendo estas fallas, lo cual implicarán una inversión de alrededor de mil millones de pesos, señaló.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: LAURA GÓMEZ FLORES.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/05/18/fallas-en-trenes-de-linea-2-ocurren-desde-que-fueron-comprados-stc

SCT se reunió con Higa, en medio de investigación sobre casa blanca: WSJ

El diario estadounidense señala que Grupo Higa ha ganado contratos del gobierno por al menos mil 200 millones de dólares.

El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, se reunió dos veces en 2015 con Juan Armando Hinojosa, dueño de Grupo Higa, en medio de la investigación de la Secretaría de la Función Pública, sobre la compra de la casa blanca de Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, y la de Malinalco, de Luis Videgaray, a ese contratista del gobierno.

Así lo reveló este miércoles el diario The Wall Street Journal, e indicó que dichos encuentros fueron durante junio y julio, de acuerdo con documentos obtenidos por medio de solicitudes de transparencia.

Dichos documentos revelan que el propósito de dichas reuniones fue monitorear el avance de los trabajos de remodelación del hangar presidencial en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Sin embargo, en la reunión también se trataron otros temas, incluyendo la investigación que estaba en desarrollo sobre las compras de las residencias, reconoció una persona con conocimiento de dichos encuentros, destacó el diario estadounidense.

“Esas fueron reuniones inapropiadas por las circunstancias especiales (por la investigación que se estaba realizando)”, dijo Max Kaiser, un experto anticorrupción del IMCO.

“Aunque es cierto que este tipo de encuentros entre funcionarios y contratistas son comunes en México”, reconoció.

En febrero 2015, el presidente Peña Nieto nombró a Virgilio Andrade como secretario de la Función Pública y su primera encomienda fue la de investigar las compras de la casa blanca, la de Malinalco y también una que compró Peña a otro contratista en Ixtapan. Pasaron unos meses y en agosto de ese año, Andrade resolvió que no hubo conflicto de interés en ninguno de los casos.

Sobre las reuniones con Higa, un vocero de Ruiz Esparza dijo a WSJ que éstas se dieron por trabajo y asistieron funcionarios de diversas agencias gubernamentales. Pero no comentó si Ruiz Esparza e Hinojosa trataron otros temas.

De acuerdo con el diario estadounidense, antes y después de financiar las dos viviendas, al menos cuatro empresas de Hinojosa, encabezadas por Grupo Higa, recibieron contratos del gobierno por al menos mil 200 millones de dólares, primero cuando Peña Nieto fue gobernador del Estado de México durante 2005 a 2011, y después como Presidente, en 2012.

Banobras también dio contratos a una empresa de Hinojosa en 2013, cuando Videgaray era titular de Hacienda y presidente del consejo del banco, añadió.


WSJ recordó que el nombre del dueño de Higa, Hinojosa, era parte de los Panama Papers, ya que transfirió unos 100 millones de dólares el año pasado a una cuenta en un paraíso fiscal, después de los escándalos por sus negocios con el gobierno.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1805/mexico/sct-se-reunio-con-higa-en-medio-de-investigacion-sobre-casa-blanca-wsj/

lunes, 18 de abril de 2016

Comunicaciones y Transportes debe informar quiénes se reunieron con presidente de OHL en 2015

Esto, luego de que la dependencia omitiera los nombres de funcionarios y directivos de empresas en una solicitud de información, pues sólo apuntó el cargo de los funcionarios que estuvieron presentes.


El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) proporcionar los nombres de los funcionarios que se reunieron con el presidente de OHL México en abril de 2015 en Guadalajara, Jalisco.


Esto, luego de que la dependencia omitiera  los nombres de funcionarios y directivos de empresas en una solicitud de información, pues sólo apuntó el cargo de los funcionarios que estuvieron presentes.

Sólo respondió que asistió el Gobernador, Secretario, Servidores Públicos, por parte de autoridades de gobierno; y Director General de Consorcio GDL Mota Engyl-Sacyr, Presidente de Mota Engyl Latinoamérica, Director General de Grupo Prodi, Director General de Sacyr y Presidente de OHL México y Directores, director general de TRENA y director general de RAL, por parte de las empresas constructoras.

“Con el fin de que no se hagan especulaciones o exista desinformación entre la sociedad sobre los encuentros sostenido entre los servidores públicos y representantes de esa empresa, deberán darse a conocer los detalles de las reuniones de trabajo que ambas partes realicen dando certeza y transparencia”, expuso el comisionado Óscar Guerra Ford, a quien se le asignó el recurso de revisión, tras la inconformidad del solicitante.


En México, la constructora española enfrenta procesos legales por presuntas irregularidades en su administración así como acusaciones de corrupción con funcionarios para beneficiar a la empresa.

En septiembre de 2015, se dio a conocer un audio que indica que el presidente Enrique Peña Nieto supuestamente se reunió, en abril de ese año, con directivos de OHL para hablar acerca del sistema de verificación de aforo vehicular que Infraiber- empresa que ha denunciado prácticas corruptas de OHL – buscaba instalar en las carreteras operadas por esa compañía de origen español.


Una nota en el audio publicado en YouTube indica que el objetivo de la reunión fue solicitar la ayuda del mandatario federal para evitar la instalación de ese sistema.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
FECHA: 17 ABRIL 2016.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/comunicaciones-y-transportes-debe-informar-quienes-se-reunieron-con-presidente-de-ohl-en-2015/

martes, 12 de abril de 2016

Proponen instalar telecomunicaciones en espacios gubernamentales

Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública, presentaron ante la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) una propuesta para que los concesionarios, autorizados, permisionarios y desarrolladores de infraestructura de telecomunicaciones, puedan solicitar el arrendamiento de espacios dentro de los inmuebles del Gobierno de la República para desplegar su infraestructura como torres, antenas y fibra óptica, entre otros.

La propuesta incluye poner a disposición de las empresas que lo requieran más de 13 mil inmuebles en una primera etapa, con precios de arrendamiento pre-establecidos cuyo trámite se realizará a través de una ventanilla única electrónica operada por el Indaabin. “Esta plataforma en línea brindará transparencia y evitará discrecionalidad en el arrendamiento de espacios para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones.

La SCT aseguró que muchos de estos inmuebles están ubicados en lugares donde actualmente no existe infraestructura de telecomunicaciones, por lo que se busca promover el desarrollo de nueva infraestructura para mejorar la cobertura, calidad y precios de los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión.

Explicó que para llevar a cabo el arrendamiento de los espacios en los inmuebles federales, ambas dependencias presentaron ante la Cofemer el proyecto de acuerdo secretarial que establece la política inmobiliaria, las bases de coordinación para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión, condiciones técnicas, económicas, de seguridad y operación para el arrendamiento de los espacios en los inmuebles federales establecidos en el acuerdo, a fin de que puedan usarse y aprovecharse sobre bases no discriminatorias, para instalar infraestructura de telecomunicaciones o radiodifusión.

Para acompañar el trabajo realizado por la SCT y el Insaabin en el diseño de esta iniciativa, se contó con la participación de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti) y de la Asociación Nacional de Telecomunicaciones (Anatel), entre otras cámaras y asociaciones relacionadas.

La medida buscar cumplir con el artículo transitorio Décimo Séptimo, fracción III de la Reforma de Telecomunicaciones, que ordena que los bienes del Estado se aprovechen para agilizar el despliegue de redes telecomunicaciones y radiodifusión, y de esa manera contribuir a la ampliación y mejora de la infraestructura en ambos sectores, así como dentro de las acciones establecidas por el Indaabin para lograr el mejor uso y aprovechamiento de los inmuebles federales de la Administración Pública Federal.



Fuente: La Jornada
Autora: Miriam Posada
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/04/12/proponen-instalar-telecomunicaciones-en-espacios-gubernamentales

martes, 5 de abril de 2016

El año de “casa blanca”, 2014, Higa ganó contratos por casi 900 millones sólo con la SCT

De acuerdo con un cúmulo de solicitudes de información realizado por SinEmbargo, Grupo Higa consiguió 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos por siete contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sólo en 2014. Unos seis meses después (la investigación del ICIJ indica que fue en el verano de 2015), el dueño del consorcio, Juan Armando Hinojosa Cantú, creó tres fideicomisos repartidos en varias cuentas bancarias para resguardar su dinero en dólares. A nombre de su madre y suegra –mujeres octogenarias– él quedó como único beneficiario.


Seis meses antes de que Juan Armando Hinojosa Cantú lograra resguardar 100 millones de dólares a través de tres fideicomisos en Mossack Fonseca de Panamá; en su país, en México, los negocios no habían ido nada mal. Sólo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) –la dependencia clave para su emporio de construcción– completó 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos en siete contratos en 2014.

Lo anterior se desprende de las 36 solicitudes de información dirigidas por SinEmbargo a 26 instituciones y dependencias del Gobierno Federal para conocer si habían firmado contratos con Grupo Higa, S.A. de C.V. o sus filiales en la década de 2005 a 2015. A cada institución le fue solicitado el número de contratos, la copia de los mismos, el tipo de procedimiento por el que fue adjudicado y las razones para concederlo en caso de que se tratara de una convocatoria o invitación. La SCT, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), así como Pemex Exploración y Producción (PEP) respondieron que sí firmaron con Grupo Higa en ese periodo. Las primeras entidades enviaron sus respuestas a través del sistema Infomex y mediante copias certificadas. Por su parte, PEP entregó sólo contratos de 2011; es decir, firmados por el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.

En 2014, Guerrero estaba devastado en toda su costa. Los huracanes Ingrid y Manuel azotaron en su territorio y mataron a 105 personas. Poblaciones enteras fueron arrasadas. Para enfrentar la contingencia se creó el Fondo Guerrero, en la entraña del Fondo de desastres naturales (Fonden) y se destinó una bolsa de millones de pesos.

Tres de los contratos del Fonden los consiguió el Grupo Higa a través de la SCT, el 2014-632-CA-FONDEN-010-W-0-2014, el 2014-632-CA-Fonden-005-W-0-2014 y el 2014-632-CA-Fonden-006-W-2014, lo que le dio un monto de poco más de 746 millones de pesos.

En noviembre de 2014, una investigación periodística de Aristegui Noticias dio con una casa de 86 millones de pesos vendida con un crédito laxo a la esposa del Presidente Enrique Peña Nieto. El Mandatario nombró Secretario en la Función Pública a Virgilio Andrade, cuando el cargo había permanecido acéfalo, y le ordenó una investigación de sí mismo. Hasta agosto de 2015, las pesquisas de la dependendencia reconocieron siete contratos que sumaron 774 millones 242 mil 263 pesos en un periodo de dos años y medio entre el Gobierno federal y el Grupo Higa. Esa cifra no coincide con lo obtenido por este diario digital: sólo en la SCT hay siete convenios firmados en 2014 y por un monto de más de 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos.

Eso, en cuanto a contratos. Respecto a lo fiscal, esos meses también fueron benditos para el Grupo de Juan Armando Hinojosa Cantú. Si en el verano de 2015, el empresario logró crear fideicomisos para resguardar dólares, para el invierno del mismo año, sus abogados lograron que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito cancelara en definitiva el adeudo de 86 millones de pesos que debía la Constructora Teya, una de la filiales de su Grupo Higa.


En sentencias notificadas en octubre de 2015, ese tribunal determinó que el procedimiento para fincar el adeudo fiscal a la constructora había estado viciado desde el origen.



NADIE SABÍA DE ÉL, PERO EL GOBIERNO SÍ

Banobras –una de las instituciones crediticias más antiguas de la Administración federal con ocho décadas de operación– firmó contratos con Eolo Plus, la filial dedicada a las aeronaves del Grupo Higa en 2013, cuando el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú no decía mucho. La bitácora de Eolo registró seis vuelos de entre una y dos horas de duración, con un costo total de 46 mil 295 dólares.

Los pasajeros de estos viajes fueron Alfredo del Mazo Maza, primo del Presidente Enrique Peña Nieto y quien fungía como Director General del organismo, como Luis Dosal, el Director de Proyectos.

En el mismo año, también con Eolo, Nacional Financiera hizo un contrato para transportación por 46 millones 560 mil pesos, y la SCT solicitó servicios de “taxi aéreo” por 40 millones 493 mil 085 pesos.

La Secretaría de Economía también recurrió a los servicios de Eolo Plus con varios contratos anuales por 211 mil 120 pesos por el arrendamiento de vehículos aéreos. Según facturas que fueron entregadas a la SFP, esos viajes fueron para transportar al Secretario Idelfonso Guajardo, de la colonia Polanco en la Ciudad de México a Toluca, la capital mexiquense.


En 2013, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), estaba a cargo de Jorge Carlos Marín (el ex Procurador Jesús Murillo Karam lo sustituyó; hoy la tiene Rosario Robles Berlanga) y contrató a Publicidad y Artículos Creativos -otra de las filiales de Higa-, para la impresión de viniles, cartulinas y tarjetones por 814 mil 107 pesos y también para la adquisición de tarjetones colgantes de estacionamiento en cartulina opalina por 16 mil 32 pesos (Información en el Portal de Obligaciones y Transparencia, POT).

“Contratista favorito del Presidente de México” dice del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño de Grupo Higa, el perfil que hizo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) después de que fueran descubiertas sus operaciones con el despacho panameño Mossack Fonseca para sacar de México 100 millones de dólares. El escándalo fue titulado Panama Papers y el nombre del empresario sobresale entre millonarios del mundo que intentaron poner en “paraísos fiscales” el dinero que ganaron en sus propios países.

Antes de 2014, el de Hinojosa Cantú era de los perfiles más discretos entre los empresarios mexicanos. Pero ese año, en noviembre, se suscitó el escándalo “Casa Blanca”. Seis meses después, el empresario sacó del país millones de dólares mediante la creación de tres fideicomisos en Mosack Fonseca, la firma panameña que durante 40 años ha vendido servicios financieros basados en la secrecía, incluso para clientes relacionados con la delincuencia organizada o notables evasores de impuestos.


“A lo largo del verano y otoño de 2015, no mucho después de la controversia sobre la Casa Blanca, Mossack Fonseca ayudó a Hinojosa a crear tres fideicomisos para quedarse con alrededor de 100 millones de dólares hasta entonces depositados en varias cuentas bancarias. Hinojosa era el principal beneficiario de los fideicomisos, nominalmente controlados por su madre y su suegra. Su esposa e hijos serían designados como beneficiarios en caso de su muerte”, se expone en la página de Internet del ICIJ, a propósito del empresario mexicano.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR. UNIDAD DE DATOS, LINALOE R. FLORES, ALEJANDRA PADILLA, DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/05-04-2016/1644108

martes, 22 de marzo de 2016

SCT retrasa licitaciones de la Red Compartid

Ciudad de México. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) decidió retrasar diversos procesos de la licitación de la Red Compartidad, a fin de dar más tiempo a los interesados para obtener documentación necesaria, y que la autoridad cuente con información suficiente para responder las dudas de los interesados dada la complejidad de los cuestionamientos, lo que el fallo de este concurso se dará a conocer hasta el 28 de septiembre, un mes después de lo previsto.

En un acta de “diferimiento de la respuesta a consultas y solicitudes de aclaración” emitida el pasado 18 de marzo por la Dirección General de Política de Telecomunicaciones y Radiodifusión que encabeza Ezequiel Gil Huerta, el funcionario señaló que “en consideración al número y complejidad de las consultas y solicitudes de aclaración presentadas por los concursantes, resulta necesario diferir el plazo establecido para dar a conocer las respuestas correspondientes”, por lo que en vez de sesionar para ese efecto el 22 de marzo, la reunión tendrá lugar hasta el 6 de abril.

Este movimiento obligó a la dependencia a recorrer la fecha de otros momentos importantes del concurso como el plazo para presentar ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) la solicitud de opinión en materia de competencia económica e influencia, para la cual en el plazo original era el 3 y 4 de marzo. El nuevo calendario establece que los interesados podrán hacer este trámite del 3 de mayo al 1 de agosto.

En consecuencia la nueva fecha para notificar a la SCT sobre esa resolución de competencia pasó del 4 de agosto al 5 de septiembre.

El ajuste de aproximadamente un mes al calendario llevó a que la nueva fecha de presentación de propuestas y apertura de ofertas técnicas tenga lugar el 8 de septiembre; el resultado de la evaluación de las ofertas técnicas se tenga el 19 de septiembre y la SCVT emita el fallo el 28 de ese mismo mes si no se presenta otro ajuste.

La Red Compartida requerirá inversión privada de 7 mil 500 millones de dólares, y la banda 700 megahercios que aportará el gobierno federal.

Hasta el momento hay 18 empresas que ya adquirieron las bases del concurso, entre ellas Telesites, de América Móvil y Pegaso, de Telefónica. Asimismo mostró su interés Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), un inversionista institucional canadiense, en conjunto con CKD Infraestructura México (CKD IM), un vehículo de inversión de fondos de pensiones (Afores) mexicanos.


Mientras que continúan las reuniones sobre el tema entre el Ifetel y posibles interesados como Multitel y Santander Global Banking y Markets.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: MIRIAM POSADA GARCÍA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/22/sct-retrasa-licitaciones-de-la-red-compartida-1658.html

miércoles, 9 de marzo de 2016

Cinco ejidatarios de Atenco ponen en vilo al NAICM: la SCT usurpó 200 hectáreas, acusan

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes falló en su promesa de no construir el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México en terrenos de ejidales, de acuerdo con la demanda de cinco ejidatarios. Quince años después de los intentos de expropiar tierras en San Salvador Atenco, un peritaje descubrió que el Gobierno se apropió de terrenos de los comunitarios.

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) estará construido sobre el ejido de San Salvador Atenco. Un peritaje incluido dentro de una demanda de disputa por los terrenos en los que se edificará la megaobra determinó que alrededor de 200 hectáreas pertenecen a los ejidatarios, aseguró uno de los representantes legales de los afectados.

En un juicio de amparo, los demandantes exponen información contraria a la que el Gobierno federal  difundió sobre el NAICM. “No hay ni habrá ningún decreto expropiatorio porque el aeropuerto no requiere un solo metro de tierra para poder construirse”, dijo ante medios de comunicación el Secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Ruíz Esparza, el 5 septiembre del 2014.

Hace 15 años, el Presidente Vicente Fox Quesada anunció que expropiaría terrenos de los comunitarios de San Salvador Atenco para construir un nuevo aeropuerto. El intento fracasó debido a las manifestaciones de rechazo de parte de sus habitantes.

Bajo el argumento de evitar una nueva disputa, el Presidente Enrique Peña Nieto anunció en septiembre de 2014 la obra de infraestructura más ambiciosa del sexenio se realizaría dentro de los límites de terrenos federales.

Pero una demanda interpuesta por cinco ejidatarios en el Juzgado Quinto de Distrito de Nezahualcóyotl niega que los terrenos sean completamente federales. Ya que usurpan parte del ejido de San Salvador Atenco, de acuerdo con el peritaje hecho por el ingeniero Arturo Cerino Nava.

El Gobierno habría basado el uso de estos terrenos en los decretos presidenciales de 1971 y 1982, que los declaran parte del fuero federal.
“Estos dos decretos se empalman con los terrenos ejidales de las distintas comunidades aledañas, entre ellas San Salvador Atenco. Siendo que los ejidatarios no tenían información de la expropiación de estos terrenos, no se había interpuesto demanda. Ahora salen a la luz porque el Gobierno tenía que justificar la supuesta propiedad esas tierras”, explicó el abogado de los quejosos, Ricardo Lagunes.
Lagunes detalló que los terrenos fueron propiedad de la Comisión Nacional del Agua, hasta que en septiembre del 2014 fueron asignados a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte para la construcción del NAICM, que cubrirá un área de 4 mil 431 hectáreas.
“Si el Juez nos concede estos terrenos, el Gobierno se queda legalmente sin ellos. Con la demanda se van a controvertir la constitucionalidad de estas tierras”, advirtió Lagunes.

El amparo 514 fue interpuesto en mayo del 2014. En ese momento la demanda se centraba la suspensión del Parque Ecológico Lago de Texcoco (PELT). Sin embargo, conforme el anuncio de la construcción del NAICM tres meses después, los ejidatarios decidieron realizar una ampliación de la demanda para evitar el uso de los terrenos que consideran que les pertenecen.

Ahora la demanda incluye a la Presidencia de la República, la Secretaría de Energía (Sener), la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Diario Oficial de la Federación (DOF) y el organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México.

Y aunque en principio la ampliación fue rechazada por el Juez Agustín Archundia Ortíz, el jueves de la semana pasada el Primer Tribunal Colegiado en Nezahualcóyotl aceptó un recurso de queja y ordenó admitir la ampliación.

“En no más de 15 días el Juez quinto de Distrito tendría que estar solicitando informes a Presidencia de la República. Y se viene discutir el tema de la suspensión de los efectos que tienen estos decretos”, dijo Lagunes.


¿AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS?

El amparo se basa en que los pueblos indígenas tienen el libre derecho de decidir sobre el uso de sus tierras, de acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Pese a que México carece de una legislación secundaria sobre este tema, sí es signatario de diversos acuerdos con entes internacionales. Uno de éstos es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) cuyos fallos ha acatado en casos de diversa índole.


Una consulta que no se hizo en el 2001, cuando Fox intentó forzar la expropiación de las tierras. Las protestas de parte de los ejidatarios no se hicieron esperar, pese a que el Gobierno les ofreció compensaciones.

Finalmente, la organización de campesinos, ahora conocida como Frente Popular por la Defensa de la Tierra (FPDT), ganó la disputa por los terrenos. Pero, el conflicto dejó una zona de tensión social, en donde la violencia terminó por desatarse en el 2006, cuando el FPDT se opuso al desalojo de los vendedores de flores del mercado de Texcoco.

Un evento en el cual dos miembros campesinos fueron asesinados y al menos 26 mujeres sufrieron de violencia sexual. En ese entonces, el Presidente Enrique Peña Nieto era el Gobernador del Estado de México.

Este precedente podría estar latente en la mente de otras comunidades que también se alzaron en el 2001. Si bien, los ejidatarios amparados son de San Salvador Atenco, también hay otros ejidos que serán afectados,de acuerdo con el trabajo de Cerino Nava, entre ellos: San Bernardino, Texcoco; Tocuila, Texcoco y sus barrios San Felipe y Santa Cruz; así como el ejido Francisco I. Madero en el municipio de Atenco.


AMPARO CONTRA EL NAICM

El amparo 514/2014 se centra en la disputa de los terrenos, el avance de este juicio podría empezar a entrelazarse con otro, con número 14/2015, en el Juzgado Noveno de Distrito de Nezahualcóyotl, en el que 70 comunitarios de ocho comunidades se ampararon en contra del NAICM desde enero del año pasado.

Entre ellas se encuentran los poblados de San Salvador Atenco y San Cristóbal Nexquipayac, en el municipio de Atenco, y San Miguel Tocuila, y de Texcoco.

La demanda de amparo se interpuso en contra de 23 actos de autoridad, entre ellos la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto del NAICM, concedida por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Lagunes explicó que la SCJN rechazó atraer el amparo en contra de la MIA del NAICM. Sin embargo, recientemente el Juzgado Noveno decidió que se realizara un peritaje por parte de un antropólogo de la judicatura para determinar si los ejidatarios pueden ampararse en el convenio 169 de la OIT antes mencionado, y así hacer una consulta.


“Estamos esperando que el perito antropólogo rinda su dictamen en un plazo de 10 días hábiles.  Tiene que determinar el derecho que tienen de haber sido consultados, durante el diseño del proyecto y todas las licitaciones que se han lanzado para construir el proyecto”, detalló.

FUENTE: SIN EMBAARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-03-2016/1633213