El agua contaminada de ríos y pozos aumenta fallas renales en guanajuatenses, denuncian ONGs

La Cuenca de la Independencia se ubica en la región más árida de Guanajuato y la actividad económica más importante es la agricultura, de ahí la importancia de difundir la problemática que afecta a miles de habitantes y tomar acciones al respecto. Autoridades gubernamentales y de salud no han querido abordar problemática que implica el aumento de casos de daño renal y fluorosis, así como la sobreexplotación de mantos acuíferos en el norte del estado.

Organizaciones de la sociedad civil coinciden en que para atender la problemática del agua de la llamada Cuenca de la Independencia lo primero que se tendría que hacer de manera urgente y expedita, es dejar de consumir agua fósil, luego de que otros pozos han sido explotados por las empresas agroindustriales durante décadas.

El número de perforaciones en la zona norte del estado ha aumentado en forma exponencial y actualmente existen más de 2 mil 400 pozos.

Hasta hace poco esta cuenca había sido manejada oficialmente como dos acuíferos -Río Laja y Laguna Seca- causando una política de sobreexplotación del agua subterránea de la región.

Sin embargo, por los municipios que abarca -San Miguel de Allende, Doctor Mora, Dolores Hidalgo, San Felipe, San Diego de la Unión y San José Iturbide-, los activistas lo han convertido en uno como geográficamente corresponde y por los municipios que tuvieron incidencia en la guerra de independencia ha sido nombrada “Cuenca de la Independencia”.

ACTIVISTAS SE UNEN 

La unión en ciernes de activistas, organizaciones civiles, científicos y sociedad civil que desde su trinchera como pintores, escultores, arqueólogos, músicos, comunicadores, campesinos, organizaciones comunales y más, tiene como objetivo la realización de acciones tendientes a salvaguardar el agua de la zona.

Los miembros de la hermandad de la cuenca han enfatizado en que la Cuenca de la Independencia se ubica en la región más árida de Guanajuato y la actividad económica más importante es la agricultura, de ahí la importancia de difundir la problemática que afecta a miles de habitantes y tomar acciones al respecto.


DAÑO RENAL

La Asociación de enfermos de insuficiencia renal y cáncer Ayúdame A.C., el Charco del Ingenio y el Centro de Desarrollo Agropecuario (CEDESA) han sido tajantes al señalar que el daño provocado por el consumo de agua fósil, ha repercutido en la salud de miles de habitantes de diversos municipios que conforman la Cuenca de la independencia a través de los años siendo ya un problema de salud pública, que autoridades gubernamentales y de salud no han querido abordar incluso ante la palpable evidencia de miles de casos.

Dolores Hidalgo ocupa el primer lugar en el estado con enfermos de insuficiencia renal crónica (IRC) con un registro en la actualidad de ochocientos enfermos, y un cuarto lugar a nivel nacional de acuerdo a los registros que tiene Ayúdame A.C. con más de diez años en atención a enfermos de IRC.

Héctor Hurtado Medina, presidente de Ayúdame A.C., precisó que en el año 2009 el geólogo y científico Marcos Adrián Ortega, como investigador del centro de geociencias de la UNAM realizó un trabajo de toma de muestras de agua en grifos en viviendas de ciertas zonas en la ciudad de Dolores Hidalgo y comunidades del mismo municipio, que presentaban un mayor número de incidencias de enfermos de ICR, apoyado por CEDESA y la asociación que él preside.

Los resultados encontrados después de análisis exhaustivos realizados en laboratorios exprofeso para ello, determinaron que el agua contenía arsénico y flúor fuera de los parámetros establecidos por la norma oficial mexicana en el caso del arsénico, y flúor por arriba de la norma de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Concluyendo que estos datos podrían considerarse como un factor de alto riesgo como probabilidad de contraer la ICR.

El científico recomendó en ese entonces que se hacía necesaria la instalación de filtros especiales en los diferentes pozos para atenuar la presencia de los metales pesados.

Los resultados se hicieron llegar al Gobierno del Estado y secretario de salud de ese entonces, “pero sin inmutarse siguen guardando silencio”, refiere el activista de Ayúdame.

Marcos Adrián Ortega, por su parte, afirma que el estudio lo realizaron en el marco del “Diplomado práctico de estudio de aguas subterráneas”, promocionado por el instituto de geociencias de la UNAM en forma gratuita durante el periodo 2008—2009, teniendo como sede las instalaciones de CEDESA en la ciudad de Dolores Hidalgo.

Se aprovechó para realizar un estudio profundo sobre la calidad del agua que se estaba consumiendo en los puntos de mayor incidencia en número de enfermos renales, y lo que afirma el presidente de Ayúdame es que “Es real, nosotros entregamos el estudio a las autoridades correspondientes, concluyendo que los factores encontrados eran elementos bastos para precisar que coadyuvan a contraer en los seres humanos la ICR”.

Los investigadores de la UNAM han estado realizando bastas investigaciones sobre el agua de la Cuenca de la independencia, y todos los resultados han sido concluyentes en la presencia de dos elementos químicos: arsénico y flúor, por arriba de la norma oficial mexicana y recurrente en ocasiones, dependiendo la geografía donde se toman las muestras por arriba de la normas de la OMS.

“Nosotros desde 1998 hemos referido todos y cada uno de las diferentes investigaciones realizadas a lo largo y ancho de la Cuenca de la independencia hacia a las autoridades municipales, estatales y federales, pero parece que prefieren la indiferencia y la apatía hacia esta problemática”, concluye Marcos Adrián Ortega, Doctor en ciencias e investigador del centro de GEO ciencias de la UNAM, con sede en Juriquilla Querétaro.


SOBREEXPLOTACIÓN, PROBLEMA LATENTE 

Para César Arias y Mario Hernández, presidente y director, respectivamente, del Jardín Botánico El Charco del Ingenio, la sobreexplotación de los mantos acuíferos a lo largo y ancho de la cuenca, la cual confluye en siete municipios de la zona norte y noreste del Estado, lo que lo convierte en un problema latente.

Problema de salud, social, político, cultural y económico, en sí, uno donde faltan acciones de políticas públicas que por ningún lado se observa que se atiendan en lo mínimo.

“El problema hídrico es un problema de salud. En primer término presente y en constante crecimiento, debido a la extracción masiva de agua realizada por las empresa agroindustriales de forma voraz e indiscriminada, a la apertura de los diferentes parques industriales muy en boga en nuestros días” afirma César Arias de la Canal.

Desde hace más de 15 años académicos y activistas que se han dedicado a estudiar y documentar el deterioro perenne de la Cuenca de la Independencia, han denunciado la situación haciendo llegar diversos estudios y testimonios buscando a la par diversas vías de diálogo y apertura con las autoridades federales, estatales y municipales.

Sin embargo, señala el activista, la respuesta ha sido la negativa visceral. El sector salud y la clase política continúan con el mismo patrón para seguir defendiendo el modelo de desarrollo extractivista: la negación, el ocultamiento de información y la desacreditación hacia los resultados presentados por los académicos, científicos y activistas, lo que ha puesto el problema en el terreno del debate.

César Arias precisó: “La crisis del agua se nos adelantó desde hace más de diez años, no es un problema del futuro, ya está aquí y nadie hace nada, en días pasados se dio la Declaración de la Cuenca de la independencia, como un elemento basto de incidencias y acciones que deberán ejercerse si se quiere revertir el problema ya existente”.

El presidente del Jardín Botánico El Charco del Ingenio también resalta que esta situación ya no la podrá sostener el Gobierno por mucho tiempo, se prevé que la sociedad civil organizada empiece a mostrar su descontento y realice acciones contundentes ante la crisis hídrica y social.


FLUOROSIS, “ALGO MÁS GRAVE”

Por su parte, Graciela Martínez Delgado, Coordinadora General de CEDESA coincide que son docenas de comunidades con diversa problemática de salud por el consumo de agua, “son aguas ya muy profundas de 200 a 300 metros de extracción y por ende, la presencia de sustancias tóxicas para el organismo humano”.

La fluorosis, precisa Graciela, es una constante que se ve reflejada en la dentadura muy amarilla casi café en los dientes de los jóvenes y esto es muy notorio en comunidades de San Miguel de Allende, San Luis de la paz, San Diego de la Unión y otros municipios que abarca la Cuenca de la independencia.

La activista precisa que “es indignante y preocupante a la vez, ver cómo la gente de las comunidades están padeciendo una serie de problemas de salud, la fluorosis es de varios tipos no es nada más los dientes cafés en los jóvenes, sino que va más allá…”.

Cierto tipos de fluorosis provoca dolores musculares, de huesos y en casos extremos daño neuronal, todo ello documentado por investigadores que ha venido trabajando el problema, sin que el Gobierno haga caso de su aporte, denuncia Graciela Martínez Delgado.


“Tenemos también en el área de San Miguel Allende una gran diversidad de tipos de cáncer, el caso de Tierra Blanca, comunidad de ese municipio, el problema de ICR aquí en Dolores, el problema grave de la comunidad de La Cantera en San José Iturbide, y si le buscamos, le seguimos encontrando y si podemos encontrar algo en común es el agua que se consume, agua que viene de un solo afluente, que es la Cuenca de la independencia”, concluyó.

FUENTE: SIN EMBARGO/ZONA FRANCA.
AUTOR: REDACCIÓN/ROBERTO GUTIÉRREZ TORREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/09-06-2016/3051864

Salud pública: Un estudio insuficiente

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El 7 de enero de 2016 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó su Segundo Estudio sobre el Sistema Mexicano de Salud. En el prefacio hay una impresionante lista de autores: expertos internacionales y funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Salud y de diversas instituciones de seguridad social. También se cita, como colaboradores o asesores, a legisladores, secretarios estatales de salud y profesionales de organizaciones no gubernamentales.

De ahí se deriva la sensación de que se llevó a cabo una amplia investigación para formular las recomendaciones incluidas en el estudio. Sin embargo, esta apreciación no se confirma con la lectura detallada del documento.

A diferencia de un trabajo anterior de la misma naturaleza, realizado por la OCDE en 2005 y el cual tuvo sustento en una amplia recopilación de datos, el presente trabajo abunda en juicios generales basados en unos cuantos fenómenos arbitrariamente seleccionados.

Por ejemplo, en la página 7 dice: “Casi tres de cada 10 mexicanos mueren dentro de un mes después de un infarto cardiaco y casi dos de cada 10 mexicanos mueren dentro de un mes posterior a un accidente cerebrovascular”. Comenta que esta letalidad es mucho mayor en México que en los países de la OCDE, pero no aclara si los datos mencionados provienen de una institución en particular o de todo el sistema, y si este fenómeno se registra en el ámbito hospitalario, pues estos datos corresponden a una valoración de calidad dentro de los internamientos hospitalarios.

Donde se hace más equívoco este tipo de comparación es cuando el estudio comenta que la esperanza de vida en México ha crecido muy poco. Así lo expresa: “Entre 2000 y 2013 la esperanza de vida aumentó de 77.1 años a 80.4 años; en México sólo se incrementó 1.3 años (de 73.8 a 74.6 años). Por lo tanto, la brecha de longevidad entre México y otros países de la OCDE se ha ampliado”.

En este contexto se da a entender que la esperanza de vida es el resultado del desempeño del sector salud, criterio que es sorprendente en una institución internacional, pues es ampliamente conocido por los sanitaristas, desde la segunda mitad del siglo pasado, que la esperanza de vida depende de muchos factores, como la nutrición, el saneamiento, el trabajo y el ingreso, la vivienda y la educación; es decir, de todo aquello que contribuye al nivel de vida. Cualquiera advierte que estos elementos son mucho más asequibles en las naciones de la OCDE que en nuestro país, donde viven 50 millones de personas en la pobreza y 10 de ellas en la más extrema.

Es inevitable que la OCDE en un momento se topara con el problema de la segmentación del sistema, formado por servicios públicos financiados con los impuestos generales y por las instituciones de seguridad social (IMSS e ISSSTE), que reciben recursos de conformidad con las leyes respectivas. Para los expertos de este organismo no tienen importancia otras organizaciones (existen 21 con sus propios reglamentos, poblaciones y servicios).

Para la OCDE, el Seguro Popular es equiparable a las instituciones de seguridad social, y gran parte de sus recomendaciones se enfocan a la homogeneización de instrumentos, procedimientos y costos, con la finalidad de facilitar convenios de intercambio de servicios.

Incurre en algunas suposiciones. Por ejemplo, afirma que anualmente se traslada de un subsistema institucional a otro todo un tercio de sus asegurados, “lo cual dificulta la continuidad de la atención”; de ser cierto esto, significaría, por ejemplo, que la tercera parte de los trabajadores informales cubiertos por el Seguro Popular pasara cada año a ser atendida por el ISSSTE o por el IMSS, lo cual sería verdaderamente catastrófico desde el punto de vista administrativo y financiero.

Otra fantasía que se encuentra en las aseveraciones del estudio es la de que los empleadores tienen la facultad de inscribir a los trabajadores en el seguro que ellos mismos decidan, sin tener en cuenta las disposiciones de las respectivas leyes.

Se añade a esto la aseveración de que no se ha promovido la disposición de que los asegurados se inscriban en un servicio de atención primaria, falla a la cual se atribuyen grandes consecuencias para la adecuada atención; pero para quienes se acerquen a las instituciones se hace evidente que tanto en el IMSS como en el ISSSTE la inscripción es un requisito que se hace automáticamente, seguido del registro en clínica familiar, y en los centros de salud, para el caso de los afiliados al Seguro Popular.

La atención hacia fenómenos muy particulares impide ver los grandes problemas tradicionales del sector, como la falta de un modelo sustentado en la demografía y la epidemiología que dé continuidad práctica a una atención integral de la salud mediante el acceso a los servicios de primer nivel y a los hospitalarios (segundo y tercer niveles) en una forma ordenada y efectiva. Esto, junto a la inadecuada disposición y distribución de los consultorios, camas hospitalarias y personal profesional, son las grandes fallas estructurales y estratégicas que la OCDE pasa por alto.

El sector privado aparece en el gasto comparado con el público. La OCDE le atribuye a aquel sector 26.8 hospitales por cada millón de habitantes y sólo 11.6 al público. Pero son cifras altamente engañosas; con un poco de análisis adicional surge el hecho de que la mayoría de los establecimientos privados no constituyen verdaderos hospitales, pues de los 3 mil 131 reportados, sólo 80 tienen más de 50 camas; la mayoría, más de 2 mil, tienen menos de 10. En total el sector público maneja más de 85 mil camas censables, en tanto que el privado cuenta con 35 mil.

Las recomendaciones

No es fácil aprovechar las aportaciones de la OCDE, pues en la mayoría de los casos parecen estar dirigidas a otros sistemas; en otras ocasiones su redacción requiere algunas explicaciones adicionales, como en este caso: “Un cambio gradual hacia un incremento del financiamiento de impuestos generales, en especial para nuevos ingresos, podría mejorar la previsibilidad del financiamiento”.

Pese a que repetidamente se menciona el alto porcentaje del gasto en el rubro administrativo, estimado en 9%, un buen número de recomendaciones llevaría, de adoptarse, a un crecimiento en este tipo de erogaciones, principalmente por nuevas entidades administrativas.

Una de ellas, que implicaría amplios compromisos, sería la creación de un nuevo organismo sectorial. La OCDE lo expresa así: “Se deben acelerar los planes para crear una nueva agencia nacional que promueva las actividades de mejora de la calidad en todos los niveles del sistema de salud. Este organismo, totalmente independiente de la Secretaría de Salud y de los institutos de seguridad social, debe desarrollar actividades clave, como el establecimiento de estándares mínimos de calidad”. ¡Nada menos!

Otro organismo que se propone también tendría amplias funciones. Su naturaleza se describe así: “Otras medidas incluyen establecer un foro permanente, o una comisión, para representar a todos los fondos de aseguramiento médico de la seguridad social y del Seguro Popular… y trabajar hacia la implementación de una agenda compartida de seguimiento y de mejora de la calidad, entre otras prioridades”. Atemoriza el costo que esto tendría, así como sus duplicaciones con otras unidades.

La OCDE enfocó su atención en el Centro Nacional de Excelencia Tecnológica (Cenetec), unidad de la Secretaría de Salud encargada actualmente de evaluar tecnologías. Aprovechando nuestra lejanía de otros sistemas, nos dicen que el Centro de Excelencia mexicano fue creado para acompañar el Seguro Popular y se diseñó a imagen del National Institute for Clinical Excellence, del Reino Unido (conocido en Gran Bretaña por las sugerentes siglas de NICE). Esta unidad se dedica a la selección de intervenciones médicas y a su comparación en eficiencia y costo para asesorar al Servicio Nacional de Salud, nada más alejado del Cenetec.

Un rubro que parece ser de especial interés para la OCDE es el registro de todos los pacientes de los tres sistemas de seguridad social –del IMSS, del ISSSTE y del Seguro Popular– para tener “un registro consolidado de pacientes”, cuyos datos sean al menos intercambiables. Recomienda muy encarecidamente que las instituciones se involucren en un esfuerzo de esta naturaleza, sin tener en cuenta que ya lo han hecho gracias a sus propios registros, que son automáticos al momento de la afiliación.

Siempre quedará el dilema de qué hacer con un registro nacional de pacientes, pues para la planeación de salud siempre se ha recurrido con eficacia a los censos de población y a los registros de vigilancia epidemiológica. Por otra parte, es evidente que un registro consolidado de pacientes es de gran utilidad para las empresas productoras y distribuidoras de equipo, medicamentos y otros insumos, lo cual les permite estimar el volumen, ubicación y naturaleza de sus mercados.

Con insistencia la OCDE recomienda un sistema “centrado en la persona” (como si la atención pudiera centrarse en las cosas). Literalmente esto contradice las experiencias en salud pública, las cuales han puesto de manifiesto la importancia de la atención integral dirigida a la persona y a su familia, a la comunidad y al medio ambiente; es decir, el cuidado de los factores que condicionan la salud.

Conclusiones

Hay un momento en el cual el estudio aborda las principales medidas que contribuirían a una verdadera reforma con sentido de equidad, ciudadanía, eficacia, cobertura y calidad, como la separación del sistema de atención a la salud del de la seguridad social, para formar dos sistema distintos e independientes; así como el financiamiento universal a base de los fondos públicos generales, como se hace en los países europeos y Canadá, que iniciaron sus reformas de alto contenido social desde finales de la Segunda Guerra Mundial y en mucho contribuyeron a conformar sus Estados de bienestar y su desarrollo socioeconómico. Sin embargo, al tratar estos temas los funcionarios de la OCDE afirman que en nuestro país no hay condiciones favorables para considerarlos.

Llama la atención que ahora en el mundo intervengan en el campo de la salud, cada vez más, los organismos internacionales de carácter financiero o económico; primero el Banco Mundial en 1993, con su informe anual Invertir en Salud, y ahora la OCDE.

Con ello se ha relegado a papeles secundarios a los organismos internacionales sustantivos, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud. Este desplazamiento ha alejado una asesoría de carácter sustantivo que era muy valiosa en el campo de los sistemas de salud.

Se ha relegado a estas organizaciones a funciones insustanciales. La OMS, por ejemplo, se dedica, a difundir advertencias alarmantes, como lo hizo en 2009 con el caso de la gripe porcina y lo hace ahora con el zika, una enfermedad benigna que está restringida a los nichos ecológicos donde puede vegetar el mosco aedes aegypti, su transmisor.

* Gregorio Martínez Narváez es autor del libro Un sistema en busca de salud (FCE, 2013), que contiene un análisis integral del sistema de salud mexicano, efectúa comparaciones con otros sistemas y aporta soluciones estructurales para su mejoramiento y modernización. El prólogo es del doctor José Narro Robles e incluye un comentario final del doctor Guillermo Soberón Acevedo.

Fuente: Proceso

Autor: Gregorio Martínez Narváez

http://www.proceso.com.mx/434766/salud-publica-estudio-insuficiente

El mosco del chikungunya pica a Chiapas y Veracruz mientras sus gobiernos desaparecen recursos para combatirlo

En el caso de Chiapas no entregó 72% de insecticidas, lo que equivale a 23 millones de pesos; Veracruz recibió 10 millones 126 mil pesos para el ejercicio fiscal de 2014, pero hasta julio de 2015, no los había entregado a su secretaría de salud, según el Informe de la Cuenta Pública 2014.

Ante la declaración de emergencia por la transmisión del virus de chikungunya durante 2014, los estados recibieron recursos para reforzar su plan de prevención.

Sin embargo, el gobierno de Chiapas, donde ocurrió el primer caso de contagio en el país, no entregó 72% de insecticidas para combatir la propagación, lo que equivale a 23 millones de pesos.

El Informe de la Cuenta Pública 2014, la Auditoría Superior de la Federación señaló que las entidades recibieron recursos para el programa Vigilancia epidemiológica, pero no se sabe en qué gastaron 106 millones de pesos, es decir, 22% del presupuesto total.

Veracruz es un caso particular. La tesorería estatal recibió 10 millones 126 mil pesos para el ejercicio fiscal de 2014, pero hasta julio de 2015, no los había entregado a su secretaría de salud; aún así, la dependencia presentó facturas por un gasto de casi tres millones de pesos. Esto, según la Auditoría, “resulta incongruente y no permite comprobar que los recursos federales se destinaron para la operación del programa”.

El primer contagio de chikungunya en México ocurrió en Chiapas durante 2014. De los 155 casos registrados en el país durante ese año, 135 fueron en dicho estado; según datos de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud. 

Sin embargo, la Auditoría realizó una verificación física al Instituto de Salud del Estado de Chiapas en junio de 2015 y comprobó que el estado no ocupó el dinero para combatir las epidemias.

De los 12 millones 705 mil pesos que recibió, justificó el gasto de mil 800; regresó seis millones de pesos y no comprobó el ejercicio de cuatro millones de pesos. Además del dinero, Chiapas recibió 4 mil 867 insumos (insecticidas), que equivale a 31 millones de pesos para la atención del programa Prevención y control de dengue y otros vectores”. Durante 2014, Chiapas sumó 988 casos de enfermos por dengue.

Sin embargo, el estado gobernado por Manuel Velasco, “no acreditó la recepción, resguardo y distribución” de 243 insumos por un importe de 13 millones 664 mil pesos. Tampoco comprobó la distribución de 94 insumos por un importe de 9 millones 339 mil pesos a las unidades responsables de su aplicación.

Por lo tanto, la Auditoría señala que existe “probable daño o perjuicio” a la Hacienda Pública Federal por 27 millones 850 mil pesos que Chiapas recibió y no acreditó que los haya aplicado para prevenir epidemias.

Las epidemias se propagan y los recursos desaparecen

A través del programa Vigilancia epidemiológica, el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades distribuyó 472 millones de pesos entre los estados. El objetivo: prevenir y controlar la prevalencia de rabia humana, brucelosis, dengue, paludismo, chagas, tuberculosis y cólera, entre otras.

También para que elaboraran e implementaran el Plan de Reforzamiento para la Prevención y Control del dengue y virus del chikungunya en la región sur-sureste (Chiapas, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Veracruz y Yucatán).

En 2014, se registraron 23 mil 432 casos de fiebre por dengue y 8 mil 669 de fiebre hemorrágica por dengue en todo el país. Pero 26 de los 31 estados y el Distrito Federal que recibieron recursos, no demostraron que hayan gastado 106 millones de pesos para evitar la propagación.

12 entidades gastaron 17 millones de pesos, pero no se sabe en qué. La Auditoría señaló que Baja California, Campeche, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Puebla y Tamaulipas no presentó ningún justificante sobre el destino de estos recursos ni tampoco regresó el dinero ni los intereses generados.

Para la comprobación los recursos destinados para el rubro de nóminas y viáticos, 26 entidades presentaron “únicamente listados de gasto”, por un importe de 34 millones 856 mil pesos, sin entregar facturas o documentos oficiales que lo sustentara.

Los Servicios de Salud de Yucatán (SSY) recibieron siete millones 441 mil pesos, de los que reportó la ejecución de tres millones 159 mil pesos; regresó 403 mil pesos, pero no comprobó el gasto de tres millones 878 mil pesos.

Yucatán recibió además,  6 mil insecticidas, pero sólo distribuyó mil 203 durante 2014. Durante una inspección realizada en julio de 2015, la Auditoría comprobó que  contaba con una existencia de 4 mil 866 insecticidas, sin que el gobierno estatal justificara la razón para no distribuirlos.

Además, las condiciones físicas y de resguardo de los insecticidas “eran inapropiadas y ponían en riesgo su conservación, ya que se encontraban expuestos al deterioro que merma su efectividad al ser aplicados”.


Otra de las irregularidades fue que se ejercieron 10 millones 229 mil pesos para el rubro Apoyo a voluntarios que participan en diversos programas federales aplicados por el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, pero no presentó la documentación justificativa y comprobatoria que acreditara su aplicación.

El documento de la Auditoría sobre los recursos contra chikungunya y dengue:

  El documento de la Auditoría sobre los recursos contra chikungunya y dengue by http://www.animalpolitico.com

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/chiapas-y-veracruz-reciben-recursos-contra-chikungunya-y-dengue-pero-no-se-sabe-donde-esta-el-dinero/

Alerta Cofepris sobre riesgos en uso de “suplementos” para la potencia sexual

MÉXICO, DF (apro).- La Secretaria de Salud, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), alertó sobre 55 productos que se comercializan como suplementos alimenticios naturales para incrementar la potencia sexual, pero que representan un riesgo para la salud.

Dichos productos son: Rhino Big Horn 3000, Rhino 7 Blue 9000, Orgazen 3500, Orgazen 3000, Triple Miraclezen Plus 1500, Triple Miraclezen Gold 1750, Triple Miraclezen Extreme 1750, Eros Power Zone 1900, Diamond 3500 y Xtra Zone 2600.

Así como el Xtra Zone 2400, Xtra Zone 2200,Triple Power Zen Plus 2000, Triple Power Zen Gold 2000, X Again Platinum, Power Tiger-X, Australia Kangaroo Essence, Effective Viagra, Sex Drive, Xforman Plus, Rhino X, Power Khan, Wild Sex, Ultra Sx, Super Dragon 6000 y Sex-Love Secret Code.

También menciona el Fx3000, Hard Wang, Mme Maxman, Vigour 300, Plant Vigra, Vigra, Santi Scalper,Super Hard, Sex Men, Vim-25, Male Silkworm Moth Nourishing Oral Liquid, Baolong, Rhino Blitz Gold 3000, Bigger Longer More Time More Sperms, La Pepa Negra, Stiff Nights, y Herb Viagra.

La lista incluye el Black Ant King, African Superman, Black Mamaba Premium, Herb Viagra Male Sexual Stimulant, Extreme Diamond 3000, Black Panther, Viagra 007,King Of Romance, S.W.A.G.G.E.R., Apexxx, Fuel Up High Octane, Fuel Up Plus y Paradise Suplemento Natural Ultra Plus.

“Los productos tienen ingredientes no declarados en su etiqueta como son: Sildenafil, Tadalafil, Desmetil Carbodenafil, Dapoxetina, Sulfoaildenafil, Tiosildenafil, Hidroxitiohomosildenafil y Vardenafil, que pueden poner en riesgo la salud de la población, ya que interactúan con nitratos que son prescritos en algunos medicamentos como la nitroglicerina, y pueden disminuir la presión arterial a niveles que pueden poner en riesgo la salud, principalmente a hombres con diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y con enfermedades cardiacas, ya que usualmente consumen nitratos para el tratamiento de sus enfermedades”, señala la Cofepris en un comunicado.

Asimismo destaca que carecen de Registro Sanitario que garantice una evaluación científica de los resultados que le son atribuidos, por lo que no tiene reconocimiento, aprobación, autorización o permiso emitido por esta autoridad sanitaria federal y por lo tanto, es un producto que no ha demostrado seguridad, calidad y eficacia en su consumo.

Por todo lo anterior, la Comisión hace un llamado a la población a no adquirir esos productos.

“Los profesionales de la Salud y/o consumidores deberán de reportar cualquier reacción adversa relacionada con el uso y consumo de dichos productos, a través de la siguiente liga:

http://www.cofepris.gob.mx/AZ/Paginas/Farmacovigilancia/Formato-en-Linea.aspx o a través del formato de Sospechas de Reacciones Adversas de Medicamentos

(http://www.cofepris.gob.mx/TyS/Paginas/Tramites%20y%20Servicios%20por%20tipo/Avisos.aspx ) y entregarlo directamente al Centro Integral de Servicios de COFEPRIS, ubicado en Oklahoma 14 Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, CP 03810, México D.F.”

A las empresas de paquetería y mensajería con servicios internacionales, les pide que no distribuyan los suplementos alimenticios que provengan del extranjero, ya que en todos los casos, requieren de un permiso previo de importación emitido por la Cofepris, por lo que podrán hacerse acreedoras a sanciones administrativas.

Fuente: Proceso

http://www.proceso.com.mx/?p=424862

Advierten a senadores: Bajar impuesto a refrescos multiplicará diabetes

MÉXICO, D.F: Asociaciones de salud, alimentación y agricultura publicaron un desplegado este lunes para exigirle al Senado rechazar la reducción al impuesto de bebidas azucaradas.

“Bajar el impuesto a las bebidas azucaradas, en vez de subirlo al 20% recomendado por expertos nacionales e internacionales, representa un riesgo inaceptable para la salud de las niñas, niños y adolescentes de México”, cita el desplegado.

Esta semana el Senado votará la Ley de Ingresos para 2016, que incluye la propuesta de recortar los impuestos a las bebidas azucaradas.

En el desplegado de este día, las organizaciones firmantes advierten que la reducción al impuesto promoverá el consumo de bebidas endulzantes dirigidas a niños, lo que provocaría que uno de cada tres menores desarrolle diabetes a lo largo de su vida.

Los firmantes proponen incrementar el impuesto a dos pesos por litro para todas las bebidas azucaradas y exigieron a las autoridades garantizar el destino de dicho tributo a bebederos y dispensarios de agua en todas las escuelas y espacios públicos.


Entre los firmantes se encuentran: Al Consumidor, Asociación Mexicana de Diabetes, El Barzón, El Poder del Consumidor, Red de Acción por el Agua, Fundación Mídete, Oxfam, Greenpeace, Fundar y Vía Orgánica.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Grandes empresas de fármacos podrían interferir en políticas de salud pública

Se les daría mayor capacidad de oponerse a las decisiones oficiales en la materia.

El Acuerdo de Asociación Transpacífico (ATP), negociado en secreto por 12 gobiernos de la región Asia Pacífico, entre ellos el de México, contempla permitir a las grandes empresas de fármacos interferir en las políticas de salud pública.

Eso se desprende del borrador del anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica, proporcionado por Wikileaks a La Jornada.

El anexo, fechado el 17 de diciembre de 2014, “tiene la clara intención de servir a los intereses de la industria farmacéutica”; incrementaría su influencia en “los programas gubernamentales de subsidio en medicinas y de instrumentos médicos, y daría mayor capacidad de oponerse a las decisiones oficiales en la materia”, escribió Deborah Gleeson, académica en la Universidad La Trobe, en Australia.

Las disposiciones del ATP están dirigidas principalmente contra Nueva Zelanda y sus políticas de salud pública, de acuerdo a especialistas como la profesora de derecho en la Universidad de Auckland, Jane Kelsey.

También se ha advertido que se afectar de manera seria la capacidad de la Agencia de Gestión Farmacéutica (Pharmac) de Nueva Zelanda para ofrecer aparatos médicos y medicinas a precios asequibles, lo cual va a implicar menos fármacos subsidiados y serán más los que deberán ser parcialmente pagados por los pacientes.

El texto podría establecer un precedente para que acuerdos comerciales regionales interfieran con los sistemas de salud nacionales, lo que podría reducir las opciones para poner en práctica programas de cobertura farmacéutica en países en vías de desarrollo.

La Jornada consultó al director del Programa de Acceso Global a Medicamentos, Peter Maybarduk, quien señaló que no se ha visto que haya análisis de los gobiernos acerca de cómo el contenido del referido anexo afectará a los países en desarrollo.

En cuanto al caso de Estados Unidos indicó que la filtración da a concocer que el gobierno del presidente Barack Obama lleva a cabo acciones bajo las órdenes de las empresas farmacéuticas para someter a Medicare (el programa de salud pública de Estados Unidos) a reglas de procedimiento que son negociadas en secreto, las cuales que limitarían la capacidad del Congreso de promulgar reformas para abatir los costos de fármacos bajo prescripción.

Los países que están dentro de la negociacón -Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam, quienes representan un tercio del comercio mundial-, se han puesto ya de acuerdo en casi todo.

Aunque la redacción del texto está casi concluida, todavía no existe acuerdo acerca de de qué programas de asistencia estarán incluidas en las obligaciones del anexo sobre Transparencia en Asistencia Médica.

Sobre los conflictos entre gobiernos y empresas la ATP ha señalado que un tribunal supranacional se encargará de su resolución.


“El mayor riesgo es la obligación (de los gobiernos) de proveer ‘un trato justo y equitativo’, que podría ser interpretado por los inversionistas como una legítima expectativa de que las autoridades acaten sus exigencias a la hora de tomar decisiones en materia regulatoria y administrativa; podrían exigir muchos millones de dólares en compensaciones, incluyendo futuras ganancias esperadas”, afirmó Jane Kelsey.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.