Masacre de San Fernando: El cadáver equivocado (FRAGMENTO)

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MARCELA TURATI (REPORTAJE ESPECIAL)

Oficialmente no está muerto… pero ya está enterrado en su natal Honduras. Se trata de Misael Castro, uno de los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas hace cuatro años y cuyo cadáver –mal identificado– le fue entregado a los deudos de otra de las víctimas de esa matanza. Su familia vive ahora un vía crucis, pues no hay un acta de defunción para Misael y debido a eso su hijo, de nueve años, no ha podido acceder a una beca. El gobierno mexicano no enmendó su error ni se ha comunicado con los parientes del hondureño asesinado en San Fernando.

OMOA, HONDURAS: J corre a la casita de tabicón donde vive con su abuela y regresa con una foto enmarcada de Misael, su papá, a quien dejó de ver una madrugada de hace cuatro años, cuando se despidieron con un beso porque se iba a Estados Unidos. “No se vaya, papito”, le dijo entonces, adormilado. Cada tanto, al recordar el adiós, le dice a su abuela Ángela: “Si me hubiera hecho caso no lo hubieran matado”.

Misael Castro Bardales, padre de J, fue uno de los 72 migrantes asesinados por Los Zetas en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.

Matanza de San Fernando: debe PGR informar sobre detención de policías

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

IMAGEN TOMADA DE PROCESO

MÉXICO, D.F. (apro).- El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) fijó a la Procuraduría General de la República (PGR) un plazo de 10 días para entregar a un particular el soporte documental sobre la detención de 16 policías municipales de San Fernando, Tamaulipas, realizada luego de la matanza de 72 migrantes en abril de 2011.

El particular solicitó minutas de acuerdos de reuniones, documentos de trabajo, informes de seguimiento de acuerdos, correos electrónicos y demás documentos que contuvieran información sobre la captura de los uniformados, pero la PGR respondió que la información estaba reservada por 12 años, por ser parte de una averiguación previa.

El requirente se inconformó y solicitó al IFAI la revisión del caso, mismo que fue turnado a la comisionada Areli Cano Guadiana, quien propuso al pleno del revocar la respuesta de la PGR, al considerar que no era posible invocar la reserva de una averiguación previa tratándose de violaciones graves a derechos humanos.