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Se reúne Peña Nieto con su Gabinete de Seguridad

Ciudad de México. Para iniciar la semana, el presidente Enrique Peña Nieto convocó a Los Pinos al Gabinete de Seguridad. ''Nos dieron lineamientos e instrucciones puntuales a cada una de las dependencias para atender y ayudar'', declaró al salir de la reunión, José Antonio Meade, secretario de Hacienda.
La Presidencia no dio información sobre el encuentro. Estuvieron y como marca la estructura de este órgano, titulares de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina, el comisionado de Seguridad Pública, de Hacienda y de la Función Pública.

La Sedena deberá entregar versión pública del expediente militar de Gutiérrez Barrios

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar una versión pública del expediente militar del fallecido capitán Fernando Gutiérrez Barrios en torno de su labor como elemento activo de la dependencia.


Así lo determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que un particular se inconformó porque la Sedena le negó la versión pública del expediente personal de Gutiérrez Barrios, quien también fungió como gobernador de Veracruz y secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En la versión pública que deberá poner a disposición del solicitante, la Sedena únicamente podrá reservar la ubicación de instalaciones militares, los nombres y firma de personal militar, así como testar datos personales del militar de referencia, el nombre y firma de terceros no militares, precisó el INAI.

En alegatos, la Sedena argumentó que la solicitud fue atendida ‘adecuadamente’, al haberle indicado al particular que el expediente requerido contiene información de carácter reservado y confidencial, clasificación que fue confirmada por su Comité de Transparencia.

También señaló que tener acceso al expediente de un militar extinto no es viable, toda vez que el contenido de dicho documento hace referencia a diversas actividades militares que el fallecido llevó a cabo durante su carrera militar, además de figurar sus datos personales y de su círculo familiar.

La Sedena también alegó la inexistencia de una conexión patente entre la información solicitada y un tema de interés público.

El recurrente manifestó que en una solicitud diversa se le dio acceso al expediente de un militar fallecido, por lo que el argumento de la dependencia es infundado.

En un comunicado, el INAI destacó que tras efectuar el análisis respectivo, se concluyó que los documentos que integran el expediente solicitado son susceptibles de entregar en versión pública y que sólo se podrá clasificar aquella información relativa a datos personales del militar del interés del particular, relativos a su esfera íntima, así como nombres, firmas y datos de terceros que no son militares.

En su proyecto de recurso de revisión, el comisionado ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov consideró que la publicidad de la información correspondiente a la labor de Gutiérrez Barrios como elemento activo de la Secretaría de la Defensa Nacional “permite a la población el acceso a los registros oportunos, verificables, inteligibles, relevantes y claros sobre las actividades sustantivas de una persona que se desempeñó como servidor público, lo cual favorece sin duda el escrutinio de estas actividades”.

Añadió: “Dimensionar la vida de este personaje tan importante de la vida política del país, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información permite asumir una retrospectiva de eventos históricos que han marcado etapas fundamentales en el desarrollo democrático de México y conocer el desempeño de servidores públicos encargados de la toma de decisiones con impacto en la ciudadanía”.


Por lo anterior, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Sedena y le instruyó elaborar y poner a disposición del particular la versión pública del expediente militar del capitán Fernando Gutiérrez Barrios, quien era de los agentes más importantes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) cuando el ahora fallecido Fidel Castro fue detenido en México, en 1956, mientras cumplía funciones de Inteligencia con el Movimiento “26 de julio”, que se preparaba para invadir Cuba y derrocar a Fulgencio Batista en Cuba.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464231/la-sedena-debera-entregar-version-publica-del-expediente-militar-de-gutierrez-barrios

Destaca Cienfuegos labor de soldados en actividades sociales

Ciudad de México. El Ejército mexicano realiza acciones cívicas y de labor social en todo el territorio nacional para coadyuvar en el desarrollo de los sectores más vulnerables de la sociedad, sostuvo el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda.

Al encabezar la firma de un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, Cienfuegos destacó la participación de los soldados en diversas actividades sociales, así como en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En ese sentido, comentó 12 mil soldados participaron en 298 campañas en 24 entidades del país en beneficio de un millón 435 mil personas.

Por su parte, el titular de Sedesol agradeció la colaboración del Ejército mexicano en la Cruzada Nacional contra el Hambre y destacó la renovación de este convenio de colaboración con la Defensa Nacional.

Celebramos el papel social del Ejército siempre cercano a la sociedad, dijo Nava quien agregó que “no puede haber seguridad nacional si no hay cohesión social y seguridad social para los grupos más vulnerables”.


El funcionario agradeció también la general Cienfuegos y la plana mayor de la Defensa Nacional, reunidos en la sede del Instituto Armado, por la capacitación de más de 17 mil voluntarios de mil 600 comedores en el país.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/09/destaca-cienfuegos-labor-de-soldados-en-actividades-sociales

Sedena tuvo evidencia de alteración de escena en Tlatlaya desde el primer día

El Ejército mexicano fotografió los cadáveres tras la balacera del 30 de junio de 2014, lo cual demuestra el acomodo de cuerpos y armas.

El Ejército Mexicano tuvo evidencia desde un primer momento sobre la alteración que sufrió la escena del crimen donde 22 civiles fallecieron en un supuesto enfrentamiento, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

Aristegui Noticias obtuvo, vía transparencia, los primeros reportes enviados por los soldados a sus superiores tras la balacera: cuatro partes “extraurgentes” y un anexo de 34 fotografías en blanco y negro, tomadas por soldados en el lugar de los hechos.

Dos partes militares mencionan el envío de fotografías: el S-1/M-1/14787 y el  S-1/M-1/14720. El primero no figura entre las pruebas que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la investigación por violaciones graves.

Durante las 93 páginas de la recomendación de CNDH nunca se menciona que los elementos hayan tomado imágenes. La Comisión concluyó con peritajes que nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas.


Aristegui Noticias comparó las nuevas fotos entregadas por la Sedena con dos series de imágenes que ya eran públicas. El resultado: nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas.

El 30 de junio de 2014, elementos de la Sedena se enfrentaron a un grupo civiles armados en el poblado de San Pedro Limón, Tlatlaya.

Soldados reportaron que los sujetos dispararon desde una bodega, por lo que repelieron la agresión con un saldo de 22 civiles fallecidos y un militar herido.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:00 am y el Ministerio Público llegó hasta las 12:30 horas, por lo cual los soldados tuvieron control de la escena durante seis horas.

En los cuatro partes obtenidos por Aristegui Noticias se aprecia el desarrollo de los hechos: en el primero ya se habla de 22 civiles muertos, pero no hay detalles sobre las armas decomisadas; el último reporte cierra a las 17:30 horas, cuando acabó el levantamiento de los cuerpos.

FOTOS DEMUESTRAN CADÁVERES MANIPULADOS

Las fotos entregadas por la Sedena son una pieza clave para entender cómo las autoridades modificaron el lugar donde fallecieron 22 civiles.

Hay dos registros gráficos previos. Uno fue el expediente publicado por la CNDH (con imágenes de peritajes); y el segundo, las fotos filtradas a la agencia de noticias MVT, de Toluca.

Al comparar los tres grupos de imágenes consta que el Ejército tuvo evidencia en sus archivos sobre el cambio de posición de al menos nueve cadáveres y armas a su alrededor.

La Sedena entregó 34 fotos y en 20 de ellas se aprecia la posición de los cadáveres luego de la balacera, e incluso las botas de un militar que tomó las imágenes.

En la foto número dos de la Sedena, se ve el cuerpo de un hombre con los brazos extendidos y un arma larga sin cargador sobre el brazo izquierdo, incluso aparecen las botas del militar que tomó la foto.

Después, la escena cambia.

En las imágenes que tomaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se aprecia el cuerpo en la misma posición, pero ahora el arma ya tiene incorporado el cargador.

BLOQUEO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Aristegui Noticias solicitó acceso a estos archivos en enero de 2015: la Sedena negó el acceso, pero una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría a entregar los datos en junio de 2015.

De última hora, el Ejército Mexicano canceló la entrega de los documentos, argumentando la existencia de un amparo promovido por los soldados que participaron en los hechos para que no se divulgaran elementos de la investigación.

El bloqueo sobre la información pública terminó en octubre de 2016, cuando la dependencia notificó la posibilidad de entregar los documentos.

El expediente transparentado está en una versión pública (con datos personales y caras tapadas con un cuadro negro). Al ya tener los documentos, una fuente entregó a Aristegui Noticias otra versión de las mismas fotos, pero con mayor calidad y ahora sin el cuadro negro que tapaba la cara de las víctimas.

Además, en la lista de “EVIDENCIAS” de la CNDH no aparece el parte S-1/M-1/14787, donde los soldados reportaron el envío de imágenes a sus superiores.

El Ejército Mexicano guardó en sus archivos evidencia clave para determinar qué pasó la mañana del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.

JUSTICIA

La versión oficial sobre la balacera (que los militares repelieron una agresión) dominó la agenda pública dos meses, hasta que un reportaje de la revista Esquire, de septiembre de 2014, cuestionó la actuación de los soldados y una de las sobrevivientes de los hechos acusó la ejecución extrajudicial de los civiles armados.

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que investigaba los hechos desde un principio, aunque poco a poco los involucrados en los hechos han salido victoriosos de los procesos penales.

A dos años y tres meses de lo ocurrido, todos los militares están libres, luego que un juez federal no encontró elementos suficientes para seguir el proceso penal.

Sin embargo, el juez dio a la PGR la oportunidad de perfeccionar la investigación y presentar el caso nuevamente.

La abogada Araceli Olivos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que el juez rechazó un peritaje de PGR que confirmaba la alteración ilícita del lugar de los hechos, por carecer de elementos que comprobaran rotundamente esta hipótesis.

Sin embargo, el juez dio más peso a un documento de la PGJEM que afirmaba que la escena se conservó íntegra.


“Esto apunta directamente a la capacidad de PGR de no haber podido sostener  una investigación y una acusación sólida, con argumentos y datos de prueba”, dijo la abogada Olivos Portugal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0611/mexico/sedena-tuvo-evidencia-de-alteracion-de-escena-en-tlatlaya-desde-el-primer-dia/

Venganza y chantaje político en la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO: El asesinato de cinco soldados en Sinaloa el sábado 1 en Culiacán, es el escenario de una nueva característica institucional e ilegal de las Fuerzas Armadas: la venganza y el chantaje político.

Esas muertes y las 11 personas heridas en una de las cunas del narcotráfico en México están siendo aprovechadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ocultar y revertir los términos del fracaso de su intervención en la seguridad pública, su lucha contra el narcotráfico y los señalamientos insistentes de su comportamiento institucional violatorio de los derechos humanos. Atrás quedaron las imágenes de tortura militar de abril pasado.

La paradoja que se observa es el éxito de la estrategia castrense mientras su eficiencia disminuye en un territorio entregado al crimen (organizado o no) junto con las fuerzas policiales. Los militares siguen operando sin una reforma estructural de su organización.

Menos es de esperar una actitud objetiva para ser un Ejército moderno en democracia. Antes que exigirle cuentas, el poder civil del Estado, la clase política y un sector importante de la sociedad, están extendiendo un cheque en blanco a prácticas autoritarias y represivas que en nuestro país no terminan de extirparse.

El discurso y la acción

El discurso del titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, está cargado de epítetos y amenazas que, aunque con ciertos matices, se dirigen por igual al “crimen organizado” que a los ciudadanos y a la clase política del país con un silogismo simplificador: si no están con nosotros (los “ciudadanos-soldados”), están en nuestra contra.

A los perpetradores del ataque se dirigen adjetivos impropios de un servidor público y que, parafraseando a un cercano del círculo presidencial, son para la “plaza pública que pide sangre y espectáculo” (como el homenaje en el Zócalo el pasado viernes 7): ataque “cobarde” y “ventajoso” por parte de “grupo no contabilizado” (sic) “de enfermos, insanos, bestias criminales” a los que dice “vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria…”.

La retórica militar se acompaña con el puño, es reiterativa con la salvaguarda del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos que, por cierto, sólo tienen una mención tergiversada y dolosa en el discurso.

Sin embargo, el comportamiento institucional del Ejército, sus presiones y la impunidad resultante en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, su estrategia paramilitar en Michoacán, entre otros, sólo nos permite avizorar la aplicación de “leyes” no escritas como la “ley fuga” (empleada en la purga de oficiales no adictos al régimen posrevolucionario), la del Talión (“ojo por ojo”), la de “los fierros” (muy de moda contra la guerrilla de las décadas de los setenta y los ochenta).

Nada de esto tuvo ni tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos y a nuestros compromisos internacionales en la materia, como tampoco a nuestras aspiraciones democráticas. Hay que recordar que las condenas jurídicas y los señalamientos internacionales al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, han sido por actuaciones de elementos castrenses.

A la clase política y a los ciudadanos se nos pide (¿exige?), por parte del titular de la Sedena, “respeto y respaldo” a los derechos de una nueva tipología de ciudadana (“ciudadanos-soldados”).

Sin embargo, la manipulación de reconocer o no derechos, trátese de los “delincuentes” o de ciudadanos comunes, pasa por alto que no se nos puede equiparar a la calidad “ciudadana” militar que reclama inopinadamente porque nuestra condición es diferente: desarmados e inermes ante soldados y policías además ante los delincuentes de todo tipo (la caricatura de Helioflores –El Universal, miércoles 5 de octubre–, es elocuente y aplicable a todos y a todo el país). Somos observantes de la ley antes que hacerla cumplir como les corresponde a los servidores públicos, de ahí que su llamado de corresponsabilidad resulta engañoso y manipulador.

El dato objetivo que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía NEGI del fracaso de las políticas de seguridad de los últimos años, definidas en buena parte al gusto del sector castrense para garantizar recursos y márgenes de influencia en los gobiernos federal y estatales, es nuestra percepción al respecto: siete de cada 10 mexicanos simplemente no nos sentimos seguros en el país.

Oportunismo político

El cobijo del poder civil a la agresión contra los militares en Sinaloa se extiende a una clase política que, con miras electorales, busca una alianza estratégica con el Ejército sin importar el daño a las instituciones democráticas que ayuden a solucionar nuestra crisis humanitaria.

Luego del discurso militar, del respaldo presidencial a la institución y las víctimas, desde el Senado el PAN anunció el martes 4 cambios legislativos que bajo el manto de “Ley de Seguridad Interior”, y al margen de lo que establece la Constitución, se legitima la intervención militar como policías (la jurisprudencia de la Suprema Corte nunca fue suficiente).

Debe recordarse que esta es una pretensión castrense que se perfiló desde el sexenio calderonista, cuando se impulsó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional (2009-2011) y que no se concretó. En el sexenio actual se ha insistido desde la iniciativa presidencial de “intervención” en los gobiernos municipales infiltrados por el narcotráfico (antes de Ayotzinapa, por supuesto) a la par de una propuesta proveniente de la Sedena misma, sobre seguridad interior precisamente.

Como las organizaciones religiosas, las militares se distinguen por la continuidad de sus pretensiones en el tiempo y sólo tienen que esperar las condiciones propicias para lograrlas. Ciento catorce soldados muertos en los últimos cuatro años son la contribución trágica para el empoderamiento y otro triunfo político-legal de los militares mexicanos.

El oportunismo político del PAN y de otros partidos son propios de su falta de visión de Estado y de su papel republicano en un estado pleno de derecho: en el México moderno, ni un solo titular de la Sedena o de la Marina Armada de México ha comparecido en el pleno de ninguna de las cámaras del Congreso. Por el contrario, los legisladores acuden a sus oficinas “para ser informados”.

Si bien esto no sorprende, llama la atención la histeria de periodistas, columnistas y analistas que no sólo se rasgan las vestiduras (“El enojo del general”, “¿Y los soldados no importan?” “Ejército herido”… etcétera), ante la tragedia personal de cinco familias de soldados muertos, sino que replican el chantaje militar institucional y amplifican el reclamo ante un supuesto abandono político y presupuestal del sector castrense. Se trata no sólo de una postura acrítica sino interesada, que fortalece posturas autoritarias y nos aleja de la debida rendición de cuentas.

Poco o nada se ha dicho, por ejemplo, de las causas por las que más de un centenar de soldados jóvenes han sido víctimas en operativos militares mal diseñados y peor ejecutados por los mandos. Esto es igualmente importante que exigir castigo para sus asesinos. Tampoco se dice nada sobre la falta de precisión de nuestras víctimas civiles, los desaparecidos, torturados y ejecutados en los operativos en donde participan militares y policías.


Mal que el país se haya convertido en un México de víctimas (que alcanzaron desde hace tiempo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas) y su territorio en una gran fosa común. Peor, que no existan condiciones para debatir la responsabilidad, esa sí compartida, de autoridades civiles y militares en el fracaso por nuestra seguridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERUBIEL TIARDO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458129/venganza-chantaje-politico-en-la-sedena

La Judicatura y fuerzas armadas firman convenio de seguridad

Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina firmaron un convenio de colaboración que implica la difusión de criterios judiciales relacionados con el correcto despliegue de operativos de seguridad implementados por las fuerzas armadas.

El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó ante los secretarios de la Defensa Nacional y de la Armada de México, General Salvador Cienfuegos Zepeda y Almirante Francisco Soberón Sáenz, respectivamente, que “nuestro pueblo lo que quiere es tranquilidad en las calles y cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; quiere eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de cualquiera de sus autoridades”.

Aguilar agregó que es indispensable que la sociedad vea a sus autoridades de justicia como sus principales aliados contra la delincuencia. El escepticismo ciudadano en este rubro no ha sido producto de un malentendido, sino de una realidad profundamente insatisfactoria, añadió.

Dijo que este convenio constituye la primera gran acción que se da en el marco del acuerdo suscrito el 18 de junio pasado entre los tres Poderes de la Unión para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.

Reconoció a los titulares de las Fuerzas Armadas Nacionales que, como es su costumbre, dan un paso al frente y toman la iniciativa; son ejemplo y marcan la pauta de la indispensable coordinación que demanda el nuevo paradigma constitucional.

Ahora el reto del nuevo sistema es mayor e implica dar los resultados que la ciudadanía reclama y que pasan necesariamente por lograr la tranquilidad en las calles, así como cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; en suma, dijo, eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de sus autoridades. A todo ello tiene derecho y es nuestro deber satisfacerlo.


Desde hace largo tiempo, explicó el ministro presidente, la ciudadanía nos envía mensajes que deben ser entendidos por los distintos operadores de manera certera, pues cuando falla uno de sus componentes, hace que todo el sistema se debilite.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/15/la-judicatura-y-fuerzas-armadas-firman-convenio-de-seguridad