Segob debe informar sobre mineras vinculadas al crimen en Michoacán

Debe requerir la información a su unidad de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas.

La Secretaría de Gobernación (Segob) deberá informar sobre las empresas mineras que presuntamente están relacionadas con el crimen organizado y que operan en el puerto Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) dio a conocer esa resolución, surgida tras la inconformidad de un particular que solicitó esos datos, pero que la Segob lo orientó a presentar su requerimiento ante las secretarías de Economía y de Hacienda y Crédito Público.

En alegatos, Gobernación declaró la inexistencia de la información, pero al analizar el caso se determinó que la dependencia no cumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia.

Esto se dio debido a que no turnó la solicitud a todas las unidades competentes, como la de Enlace Federal y Coordinación con Entidades Federativas, así como la Oficina del secretario de Gobernación.

De acuerdo con la normatividad, dicha Unidad de Enlace es un área que auxilia al secretario en la conducción de las relaciones del Poder Ejecutivo Federal con los gobiernos de estados y municipios.

Además se encarga de supervisar, coordinar y dar seguimiento a las actividades llevadas a cabo por las representaciones de la Subsecretaría de Gobierno en las entidades federativas, por lo que cuenta con atribuciones para conocer la información requerida.

Por ello el Inai concluyó que la dependencia incumplió con el principio de exhaustividad, el cual garantiza a los particulares que se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para atender las solicitudes de acceso presentadas.


Por esa razón, el Instituto Nacional de Transparencia revocó la respuesta de la Secretaría de Gobernación y le instruyó una búsqueda exhaustiva en las unidades administrativas mencionadas, a fin de que entregue al particular la información de su interés.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN

INAI ordena a la Segob revelar número de feminicidios entre 2006 y 2012

MÉXICO, D.F: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de Gobernación (Segob) buscar y dar a conocer el número de homicidios dolosos en contra de mujeres, registrados entre enero de 2006 y diciembre de 2012.

En respuesta a un particular, el sujeto obligado indicó que la información solicitada no era de su competencia y le sugirió acudir ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el cual publica estadísticas sobre incidencia delictiva.

Inconforme, el particular interpuso recurso de revisión ante el INAI, turnado a la comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, en el que manifestó que la Segob debe contar con estadísticas de seguridad.

En alegatos, el sujeto obligado modificó su respuesta original, y apuntó que turnó la solicitud a la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, a la Dirección General de Apoyo Jurídico de la Inspectoría General, a la Unidad de Planeación, Prospectiva y Seguridad Privada, y luego de una búsqueda, reiteró que la información de interés del particular, no obra en sus archivos.

En el análisis del caso, y tras una búsqueda de información pública, el Instituto localizó que en marzo de 2012, la entonces Dirección General de Participación Ciudadana y Prevención de Delito de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Segob, elaboró un estudio especial relativo al homicidio doloso, que incluye los delitos cometidos en contra de mujeres desde 2009.

Además, se advirtió que la Segob entregó a la Cámara de Senadores el documento que presenta los avances alcanzados en la implementación del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, durante 2013 y lo que ha transcurrido de 2014.

Al respecto, en dicho informe se incluyen indicadores relacionados con la situación de violencia y delincuencia que afecta a la población y, de manera específica, se muestran estadísticas relacionadas con mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Por lo que la Segob, en el ámbito de su competencia, conoce de información estadística en materia de delitos, en específico, homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres.

Adicionalmente, la comisionada Kurczyn, resaltó que actualmente la Secretaría de Gobernación ha emitido alertas de género en once municipios del Estado de México y en ocho municipios del Estado de Morelos, lo que permite advertir que el tema relacionado con los feminicidios es de alto impacto y de enorme afectación para nuestra sociedad.

Ahora bien, en cuanto a la orientación proporcionada al solicitante, si bien el SESNSP es competente para conocer del universo al que pertenece la información requerida por el particular, eso no exime a la Segob de haber realizado una búsqueda exhaustiva de lo solicitado, conforme a lo establecido por la Ley de Transparencia.

Por lo anterior, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la Segob y le instruyó a efecto de que realice la búsqueda de la información al nivel de desglose que obre en sus archivos, relativa al número de homicidios dolosos en contra de mujeres, de enero de 2006 a diciembre de 2012, y la entregue al particular.

En dicha búsqueda, no podrá omitir a la Unidad de Política Interior y Análisis de Información, Dirección General de Información Legislativa, Dirección General de Coordinación Intersecretarial, Dirección General de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, y la Unidad de Información para la Seguridad Pública.

De igual forma, el Pleno dejó a salvo los derechos del particular a fin de que, si resulta de su interés, acuda ante el SESNSP o a las Unidades de Enlace de la Procuraduría General de la República y de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, a fin de que solicite la información que sea de su utilidad.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

La respuesta de SEGOB que nunca llegó

Es inédito que se reúnan 400 firmas de periodistas e intelectuales. Es inédito que lo hagan para denunciar los altos índices de violencia contra la prensa en México. Lo hicieron a través de una carta dirigida a Enrique Peña. La carta era directa para denunciar el insostenible nivel de violencia contra los periodistas. Señala de manera puntual al gobernador Duarte y su aberrante récord de periodistas asesinados en Veracruz.

A la carta, también, le faltan dientes y desperdicia la oportunidad de demandar cosas concretas, acciones precisas que podrían acorralar al gobierno federal en su respuesta. Supongo que el tono fue el necesario para consensuar tantas mentes y firmas, pero no está de más decir que faltó garra. Sin embargo,  si el objetivo era hacer evidente la preocupación internacional y colocar el tema en la agenda mediática, el hecho fue un éxito.

Días antes, el influyente diario neoyorquino, The New York Times, denunció en su editorial la zozobra que el multihomicidio de la colonia Narvarte ha provocado en el gremio periodístico. Describe cómo la prensa en México está bajo constante ataque y remata señalando de manera precisa la situación en Veracruz.

Ahí están, 400 intelectuales y un influyente diario denuncian una violencia sistemática y generalizada contra la prensa. Bienvenida la denuncia, porque la situación es verdaderamente insostenible. Pero, la mala noticia, es que parece ser que se puede poner peor porque no se ve ninguna fuerza en el horizonte que logre dar un golpe de timón a la situación actual.

Debería ser la oposición política la que aglutine la crítica a la situación. Deberían ser los partidos de oposición los que levanten las denuncias -de los 400 y del NYT- para poner contra la pared a la actual administración. Demandar acciones eficaces. Pero ya todos sabemos la inexistencia de una oposición real.

La Secretaría de Gobernación (SEGOB) fue la encargada, por parte del gobierno federal, de contestar la misiva de las 400 firmas. La respuesta en ningún sentido es satisfactoria. Llena de lugares comunes que buscan desviar la atención más que dar una respuesta a una crisis nacional. La SEGOB tuvo a bien dedicarle a la respuesta solamente 410 palabras vertidas en 40 líneas de texto. Parecerían un insulto de respuesta ante el abismal problema que presentaron los intelectuales.

La respuesta del gobierno mexicano debería ser puesta en duda por los mismo intelectuales. Deberían ser ellos los que alcen una vez más la voz para señalarle al gobierno que la respuesta es insatisfactoria. Sobre todo por un punto: en ningún momento de la carta el gobierno mexicano confirma que la violencia contra la prensa es un fenómeno que no han podido detener a pesar de todos los intentos. El reconocer el problema sería el primer e indispensable paso para sumar esfuerzos para buscar soluciones reales. Pero el gobierno optó por la retórica, las palabras fáciles y el camino de la mendacidad. Esa es la principal carencia de la respuesta. Pero imaginar una distinta sería imaginar un gobierno abierto, honesto y democrático. Mucha imaginación.

El gobierno federal afirmó en su respuesta: “El Gobierno de la República condena categóricamente las agresiones y ataques cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y colabora con las autoridades competentes en su esclarecimiento”.

Ese es el tema… no hay esclarecimiento. Por lo tanto, la colaboraciónes es más discursiva y para cuidar intereses políticos más que verdadermente atajar la impunidad. Y me surge una pregunta: ¿Si en verdad condena las agresiones, por qué el presidente Peña jamás ha salido a condenar algún homicidio de algún periodista, mientras sí lo hizo en el caso de Charlie Hebdo? No, no hay condena pública. Nunca la ha habido.

Continúa el gobierno: “El compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con la libertad de expresión se acredita todos los días. Respeta la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y  comparte su preocupación por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista”.

Este párrafo de la carta a mí en particular me preocupa mucho. Primero porque el presidente no se asume como un jefe de estado, sino más bien como jefe de unos cuantos. Esto porque él puede tener un umbral de respeto alto, pero el hecho de que la libertad de expresión esté amenazada, coartada y bajo fuego en lugares como Veracruz, Guerrero y Quintana Roo es su problema también. Es decir, no asume la responsabilidad como jefe de Estado. Y eso nos debe de preocuparnos porque querrá decir que estamos en manos de los virreyes gobernadores.

Finaliza la respuesta gubernamental diciendo: “El Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, creado por disposición de ley, el 25 de junio de 2012, mantiene un proceso de fortalecimiento permanente, con la participación de organizaciones de la sociedad civil y de manera especial de Freedom House, una de las organizaciones con mayor prestigio a nivel internacional en materia de libertad de expresión y protección de personas”.

A esta fecha, el Mecanismo protege a 419 personas, 247 defensores o defensoras de derechos humanos y 172 periodistas.

El mecanismo no funciona. Podrá argumentar la Secretaría de Gobernación que está en un proceso de fortalecimiento, está bien, pero hoy por hoy no funciona como es requerido que un mecanismo funcione. Y si eso no se reconoce, después de 3 años, entonces no podremos deter el incremento regular de la violencia contra la prensa. El gobierno no debería -por más de 3 años- sostener una actitud victimizante sostenida en señalar esfuerzos más no resultados. Repito, la violencia crece, y un mecanismo solitario no podrá componer nada. Se necesita el respaldo político, la voluntad política que está ausente. En la respuesta del gobierno la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión no mereció ni una sola palabra. Y no podemos culparlos, la Fiscalía no arroja ninguna buena noticia. Seis años de existencia y su eficacia para combatir la impunidad y conseguir castigo a los perpetradores de la prensa es prácticamente nula.

Enunciar que el mecanismo protege a 419 personas no quiere decir absolutamente nada. Aventar cifras así lo único que demuestra es la ausencia de un debate robusto sobre cómo está “protegiendo” el estado. Al respecto vale la pena citar un informe que un grupo de organizacones de la sociedad civil hicieron en relación con el funcionamiento del mecanismo de protección federal titulado: “Segundo diagnóstico sobre la implementación del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. El informe no tiene desperdicio y da contexto e información sobre cómo el mecanismo dice estar protegiendo. Enumera cuáles son las principales medidas de protección  -que el gobierno luego presume – las cuales son botón de pánico o rondines policiacos. Decanta las limitaciones serias de un mecanismo muy presumido pero poco eficiente.


La presión internacional es básica para buscar medidas efectivas que combatan la violencia. La carta de los 400 fue importantísima, pero debería ser la primera de muchas. Al gobierno le importa lo que se diga afuera, a diferencia de lo que se dice adentro.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DARÍO RAMÍREZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/20-08-2015/38239.

Desaparece expolicía que denunció torturas del Ejército; Gobernación incumplió medidas para protegerlo

Artemio Duarte Martínez es uno de los 23 ex policías que en 2009 fueron secuestrados y torturados por elementos del Ejército Mexicano. Recientemente había ganado su reinstalación en el cargo.

Familiares y agrupaciones ciudadanas de Tijuana, Baja California, denunciaron la desaparición de Artemio Duarte Martínez, uno de los 23 ex policías que en 2009 fueron secuestrados y torturados por elementos del Ejército Mexicano, y quien recientemente había ganado, en tribunales, su reinstalación en el cargo.

La desaparición de Duarte Martínez es el último de los ataques denunciados por este grupo de ex policías de Tijuana, que comenzaron en enero pasado con el asesinato de otro de ellos, Jaime Berumen, quien fue estrangulado cuando realizaba labores de velador.

“No queremos especular –destacó el abogado Raúl Ramírez, de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste–, no queremos señalar a ninguna autoridad en especial como responsable de la desaparición de Artemio Duarte, lo que queremos es que se abra una línea de investigación que apunte a la desaparición forzada, considerando todos los antecedentes del caso.”

Artemio Duarte, junto con otros 22 policías municipales de Tijuana, fueron secuestrados entre marzo y abril de 2009 por elementos del 28 Batallón de Infantería, que los trasladaron al cuartel conocido como Aguaje de la Tuna –segunda Zona Militar en Tijuana–, donde fueron torturados durante tres días, con el objeto de que confesaran su participación en actividades criminales.

Tal como pudo comprobar la Comisión Nacional de Derechos Humanos (a través de su recomendación 87/2011), estos 23 policías fueron secuestrados por el Ejército, con la complicidad de Julián Leyzaola, militar en retiro que en ese momento ocupaba el cargo de secretario de Seguridad Pública en el gobierno municipal de Tijuana.

Tres días de torturas después –que incluyeron amordazamiento, golpes en todo el cuerpo, descargas eléctricas en genitales, asfixia, aplastamiento y agresiones sexuales–, estos 23 policías, junto con dos civiles, fueron extraídos del cuartel del 28 Batallón en Tijuana y trasladados por agentes de la PGR al penal federal de Tepic, Nayarit, donde se les fincaron cargos por delincuencia organizada, usando como pruebas las confesiones obtenidas por los militares.

Estos 23 policías, cabe destacar, obtuvieron después su libertad, al comprobarse que no existían pruebas en su contra, salvo las confesiones obtenidas mediante tortura. Sin embargo, nunca pudieron recuperar sus trabajos.

“La reinstalación en sus trabajos siempre ha sido una de las demandas centrales de este grupo de ex policías –destacó el abogado Raúl Ramírez–, no sólo quieren el pago de salarios caídos, no sólo quieren la indemnización por el daño económico, material, físico, psicológico que tiene cubrir la reparación integral que ordenó la CNDH, sino que ellos, además, han demandado siempre su reinstalación.”

En 2014, Artemio y otros integrantes del grupo de ex policías ganaron un amparo, mediante el cual un juez federal ordenó al Ayuntamiento de Tijuana reinstalarlos en sus puestos de policía, debido a las deficiencias presentes en el proceso de su remoción. Y luego de obtener este amparo, comenzaron los ataques.

Enero…

El 22 de enero de 2015, Jaime Berumen Borrayo fue encontrado muerto, dentro del inmueble donde trabajaba como velador. Había sido estrangulado.

Berumen había acumulado un expediente de 25 años de labor en la policía municipal de Tijuana, institución de la que fue expulsado tras el secuestro de que fue víctima a manos del Ejército, en 2009, y desde entonces luchaba por su reinstalación.

Tras su asesinato, explica el abogado Raúl Ramírez, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitaron al gobierno federal decretar medidas de protección especial, en beneficio de los otros 22 ex policías.

Estas medidas cautelares, detalló el abogado, fueron otorgadas por la Secretaría de Gobernación en junio de 2015, aunque, aclara, “nunca fueron implementadas, en los hechos, no hubo nada por parte de Segob, y de haberse implementado dichas medidas de protección, seguramente Artemio Duarte (de 63 años) no estaría desaparecido”.

–¿Qué es lo último que se sabe de él?

–El 11 de agosto salió de su casa, anunciando a su familia que iría a realizar un trabajo de carpintería. Desde entonces, no sabemos nada de él.

–Y, ¿cuáles eran las medidas de protección que debía haberle otorgado la autoridad?

–El tipo de medidas cautelares que otorga la autoridad, en estos casos, son custodia por parte de agentes federales, además, se entrega un botón de pánico, que las personas bajo protección pueden accionar cuando se consideran en riesgo, para alertar a las autoridades. Sin embargo, nada de esto fue cumplido por Gobernación.

De hecho, días después de que estas medidas cautelares fueron decretadas, uno más de los integrantes de este grupo de ex policías secuestrados por el Ejército en 2009, René Huante, fue detenido por la policía municipal de Tijuana, y permaneció detenido en sus instalaciones durante varias horas, sin que se le fincara cargo alguno.

Según la denuncia que Huante formuló en junio, durante el tiempo que pasó detenido, recibió amenazas en su contra por parte del actual director de Seguridad Pública municipal, Alejandro Lares Valladares, quien le reclamó violentamente por la demanda de reinstalación en sus empleos.

Dos meses después, vino el tercer ataque del año en contra de este grupo de expolicías: la desaparición de Artemio Duarte.

Por esta ola de ataques a la integridad y seguridad de el grupo de 23 ex policías secuestrados por el Ejército y despedidos por el Ayuntamiento de Tijuana, a pesar de haberse comprobado su inocencia, cinco diputados federales alzaron la voz en el Congreso de la Unión, el pasado 14 de agosto, en demanda de que las autoridades estatales y federales emprendan una búsqueda exhaustiva para dar con el paradero de Artemio Duarte, y que se cumplan las medidas dictadas para la protección de su familia y del resto de sus compañeros.

–¿Desde la desaparición de Artemio Duarte, las autoridades han realizado alguna acción para su localización, o para proteger al resto de los policías amenazados?


–No –responde el abogado Raúl Ramírez–, las autoridades no han ofrecido hasta ahorita nada, de su parte sólo hay un silencio sepulcral.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.

EPN instruye a Campa atender “personalmente” multihomicidio en la Narvarte

Ninguna línea de investigación está descartada, asegura el subsecretario.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación (Segob), Roberto Campa, recibió instrucciones del presidente de la República para atender personalmente el multihomicidio en la colonia Narvarte.

En respuesta a una carta que envió un grupo de intelectuales, periodistas, actores y defensores de derechos humanos al titular del Ejecutivo federal, Campa Cifrián, informó que no se ha descartado ninguna línea de investigación en el caso.

“En relación con el homicidio de Rubén Espinosa, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Nadia Vera Pérez y Mile Virginia Martín, la autoridad responsable que es la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, nos ha comunicado que a esta fecha ninguna línea de investigación está descartada”, indicó.

La Secretaría de Gobernación, a nombre del gobierno de la República, condenó categóricamente las agresiones y ataques cometidos en contra de periodistas y defensores de derechos humanos y colabora con las autoridades competentes en su esclarecimiento.

En un comunicado, refrendó el compromiso de Peña Nieto con la libertad de expresión, el respeto a la crítica pública que se ejerce sin cortapisas en el país y además compartió la preocupación del presidente por los atentados en contra de la integridad física de cualquier periodista.

“En el Gobierno de la República estamos convencidos de que cada delito debe ser combatido y cada pérdida humana asociada a la violencia debe perseguirse y castigarse”, señaló.

Además subrayó que el gobierno federal está consciente de que los delitos que afectan a comunicadores y a defensores de derechos humanos por el ejercicio de su actividad profesional tienen un impacto adicional en la sociedad porque representan atentados contra las libertades de todos los mexicanos.

Por ello, recordó que una línea de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 es el fortalecimiento de los mecanismos de Protección de Defensores de Derechos Humanos y de Periodistas.

En ese sentido, el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, creado el 25 de junio de 2012, mantiene un proceso de fortalecimiento permanente, con la participación de organizaciones de la sociedad civil.

Resaltó que a esta fecha, el mecanismo protege a 419 personas, 247 defensores o defensoras de derechos humanos y 172 periodistas.


“Seguiremos trabajando con convicción y energía para que el Mecanismo opere con base a las mejores prácticas tal y como comunicadores y sociedad demandan”, puntualizó.

La respuesta de la Segob:

Respuesta a carta de intelectuales by Aristegui Noticias:

  274998295 Respuesta de Segob a La Carta de Intelectuales

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Exigen maestros mexiquenses a Gobernación mejores condiciones

México, DF. Un grupo de maestros del Estado de México llegó a la Secretaría de Gobernación (SG) para solicitar el cumplimiento a los compromisos de mejora en instalaciones y materiales en los planteles de esta entidad, así como de dotación de plazas.

Los profesores –menos de cien– se encuentran de manera pacífica en la banqueta de Abraham González a la espera de una respuesta de la dependencia encabezada por Miguel Ángel Osorio Chong.

No obstante, los policías federales cerraron varias vías de acceso a la dependencia, como las calles Abraham González y General Prim.