Funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), específicamente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), cabildearon durante meses ante integrantes del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que éste “suavizara” el “Informe de Evaluación Mutua sobre medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo”, que recientemente dio a conocer ese organismo internacional.
El informe evidencia la mala actuación del gobierno de Enrique Peña Nieto en ese rubro, lo mismo que las administraciones estatales, de las cuales ni la tercera parte cuenta con unidades de inteligencia patrimonial y no destinan presupuesto a ese tema, pese a que está definido como prioritario en el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP).
