“Infinita la corrupción” en sector Salud en gobierno de Cué: Murat

Oaxaca, Oax. El sector salud fue uno de los más afectados durante el gobierno de Gabino Cué Monteagudo, ya que el dinero no llegaba a los nosocomios, afirmó el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, quien este jueves entregó ambulancias en 50 municipios, el mandatario señaló que se han detectado un gran número de irregularidades en la Secretaría de Salud estatal que encabezó Germán Tenorio Vasconcelos, preso en la penitenciaria central de Santa María Ixcotel.

Con obras inconclusas y sobrecostos: Así operan 3 hospitales de QRoo, Durango y Chiapas

La Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en tres hospitales que causaron posibles daños al erario por 216 millones de pesos del gasto federal 2016.

Un hospital que nunca se concluyó en Quintana Roo, otro cuyo costo aumentó 20% en Durango y contratos por adjudicación directa sin justificación en Chiapas. Eso fue lo que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) encontró al revisar obras en hospitales de esas entidades.

De acuerdo con la Auditoría, los casos ocurridos en esos tres hospitales provocaron posibles daños al erario por 216 millones de pesos del gasto federal 2016, aunque se trata de obras que iniciaron en 2015.

Inconclusos, los centros médicos construidos por socio del exsecretario de Salud de Sinaloa

Para edificar estas obras, el exsecretario de Salud de Sinaloa contrató una red de empresas constructoras relacionadas con su socio, Luis Salido Artola.

Un día de verano de 2016, María Isabel López Leyva cargó una llanta vieja desde la colonia La Esperanza hasta La Amistad, en Culiacán, Sinaloa, a un terreno ubicado al lado de “la zona de tolerancia” en el que las autoridades de salud a nivel estatal anunciaron la ubicación de lo que sería el nuevo Centro de Salud La Amistad.

María Isabel pintó de blanco la llanta, la rellenó con tierra y le plantó un árbol. Así nació la jardinera del inmueble.

Con competencia simulada, exsecretario de Salud de Sinaloa dio a su socio contratos millonarios

Ernesto Echeverría Aispuro firmó 25 contratos de obra pública a favor de una red de empresas de su socio Javier Salido, quien lo impulsó al cargo de Secretario de Salud en Sinaloa.

Los fondos federales presupuestados para invertir en infraestructura y servicios de salud en Sinaloa, quedaron en los bolsillos del socio del exsecretario de Salud estatal, Ernesto Echeverría Aispuro, a través de competencias simuladas en las contrataciones.


El exsecretario de salud regresó a Luis Javier Salido Artola, empresario de los ramos de la construcción y bienes raíces, salud, educación, medios de comunicación y publicidad, el favor que le hizo en 2011: llevarlo al poder como un cargo en el Gabinete, que integró el ex Gobernador Mario López Valdez.

El titular de Salud con Malova dio 29 contratos por 87 millones a empresas… que él mismo fundó

Ernesto Echeverría Aispuro, quien fue el titular de Salud y de Servicios de Salud durante el sexenio de Mario López Valdez, otorgó 29 contratos que en total suman 87.2 millones de pesos a empresas que él mismo fundó antes de ocupar el cargo y a otras que pertenecen a su red empresarial, la familia Salido. Uno de los contratos, incluso, fue ampliado por Echevería Aispuro 11 días antes de dejar el cargo, con lo que comprometió los recursos de la actual administración del Gobierno del Estado y dos meses del ejercicio del Seguro Popular y del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud de 2017 que ya no le correspondía administrar.

Ernesto Echeverría Aispuro usó el sistema de salud de Sinaloa para realizar operaciones que beneficiaron económicamente a la red empresarial a la que pertenece.

Como Secretario de Salud y director General de Servicios de Salud, en la administración del ex Gobernador aliancista Mario López Valdez, el otorrinolaringólogo firmó 29 contratos por 87 millones 243 mil 290 pesos con empresas que él fundó antes de ocupar dichos cargos públicos y también con otras que pertenecen a sus socios Luis Javier Salido Artola e Ildefonso Salido Ibarra.

Los dos últimos empresarios poseen sociedades relacionadas con los sectores de salud, construcción y bienes raíces, así como el periódico El Debate e imprenta y la Universidad San Sebastián.

Chiapas gasta 1,600 mdp en construir y remodelar hospitales, y sigue con 31 cerrados

Desde 2010, el gobierno federal ha transferido a Chiapas recursos para fortalecer infraestructura de salud, pero en la práctica, la mayoría de los hospitales para los que se ejerció el dinero no dan servicios.

Desde 2010,  el gobierno federal ha transferido a Chiapas recursos para fortalecer infraestructura de salud, pero en la práctica, la mayoría de los hospitales para los que se ejerció el dinero, no dan servicios.

Chiapas ha recibido desde el 2010 al menos 1,607 millones de pesos para la construcción, remodelación y equipamiento de hospitales y centros de salud. Pero aunque el estado ha reportado que gastó los recursos transferidos por el gobierno federal, en la entidad todavía hay 31 unidades médicas cerradas, sin dar servicio a la población.

El sector salud de Chihuahua, mina de oro para César Duarte

El ahora prófugo exgobernador de Chihuahua, el priista César Duarte, encontró en el sector salud de su estado un modo de enriquecerse y de favorecer a sus incondicionales, en perjuicio de la ciudadanía. Su principal maniobra: crear escasez de medicamentos y equipos médicos y luego comprarlos a particulares (es decir, a él y a sus amigos), además de subrogar, con sobreprecios, muchos otros servicios.

CHIHUAHUA, CHIH: El sector salud de Chihuahua fue utilizado por el anterior gobierno, el de César Duarte, como un negocio en el cual participaron sus más cercanos colaboradores y empresarios cómplices que se enriquecieron a costa del tratamiento de niños con cáncer, de medicamentos para pacientes del Centro de Salud Mental, y en general de la salud de los chihuahuenses.

El actual titular de Salud de Chihuahua, Ernesto Ávila Valdez, cuenta en entrevista que recibió la secretaría del ramo con un adeudo de más de mil millones de pesos a proveedores, sin medicamentos y con una serie de irregularidades en el registro de entrada y salida de material médico en los hospitales.

Farmacia de Cancerología en Guerrero opera sin licencia sanitaria: Cofepris

CHILPANCINGO: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), determinó que la farmacia del Instituto Estatal de Cancerología “Dr. Arturo Beltrán Ortega” (Iecan), no tiene licencia sanitaria, irregularidad del sistema de salud de la administración del gobernador Héctor Astudillo Flores que fue calificada como grave por los comisionados.


Además, el organismo inició una investigación a nivel nacional sobre “el uso, aplicación y comercialización” del medicamento genérico denominado Metotrexate para analizar el comportamiento del fármaco en otras entidades y deslindar responsabilidades, indican reportes oficiales a los que tuvo acceso Apro.

Despiden a 14 trabajadores de un hospital en Chiapas por reclamar sus derechos laborales

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: Trabajadores del Hospital de la Mujer Dr. Rafael Pascacio Gamboa denunciaron el despido de 14 compañeros de ese nosocomio por protestar contra las condiciones laborales en que se desempeñan, por la falta de medicamentos y por exigir sus bonos y el cumplimiento de sus prestaciones laborales.


María de Jesús Espinosa de los Santos, vocera del movimiento de protesta del Hospital de la Mujer, ubicado en la capital del estado, denunció que desde el 24 de enero que inició la protesta había sufrido acoso por parte de los directivos del hospital y desde la Secretaría de Salud (SS).

Gobierno de Duarte en Chihuahua compró medicinas con costos inflados y así malversó 107 mdp: ASF

Las empresas que inflaron los costos han sido señaladas públicamente por haber apoyado la campaña para gobernador de César Duarte en Chihuahua, en 2010.

El gobierno de César Duarte en Chihuahua malversó recursos por 107.2 millones de pesos, con la compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios, de acuerdo con la revisión de la Auditoría Superior de la Federación a la cuenta pública 2015.

Lo hizo a través de proveedores que inflaron los costos de medicamentos, por hasta 20 veces más su valor individual autorizado.

Animal Político obtuvo documentos del Registro Público del Comercio de Coahuila y Chihuahua, ubicando a las empresas involucradas, sus dueños y la fecha de su creación.


El actual mandatario estatal, Javier Corral, acusa que los dueños de al menos dos de esas empresas apoyaron en 2010 la campaña del entonces candidato a gobernador, César Duarte.

Según una auditoría forense practicada por la ASF, el gobierno de Chihuahua malversó “Recursos Federales Transferidos a través del Acuerdo de Coordinación Celebrado entre la Secretaría de Salud y la Entidad Federativa”.

Se malversó dinero “destinado a la atención digna y oportuna de enfermedades cubiertas por el Seguro Popular, con lo que se afectó directamente a familias que por su condición laboral y socioeconómica no son derechohabientes de las instituciones de seguridad social”, apuntó la Auditoría Superior.

Por lo menos desde 2012, medios de comunicación y el actual gobernador de Chihuahua, Corral, señalaron que esas empresas se favorecieron económicamente con millonarios contratos públicos, inflando los costos de los medicamentos y materiales médicos vendidos a la administración de César Duarte.

Una de las empresas involucradas en el sobreprecio es Administración y Comercialización de Franquicias Internacional, S. de R.L. de C.V, de la cual “se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal” por un monto de 6 millones 223 mil pesos y 32 millones 335 mil pesos, correspondientes al pago de medicamentos y material de curación, respectivamente.

Según el acta constitutiva en poder de Animal Político, la empresa fue creada en Chihuahua en 2004. Como dueños aparecen Eduardo Almeida Navarro y Armando Antonio Acosta Nava, el primero señalado por Corral de apoyar la campaña del exgobernador Duarte en 2010.


Originalmente Administración y Comercialización de Franquicias Internacional tenía como objeto social “la obtención de aprovechamiento por cualquier título legal de toda clase de concesión”, pero el 13 de junio de 2011 (ya con Duarte en la gubernatura) establecieron un nuevo punto al objeto de la empresa: “la compraventa de medicamentos”.

Según la revisión de la ASF, a la factura número K-498 de fecha 3 de julio de 2015, por concepto de la compra de Olanzapina tabletas con 10 miligramos -medicamento que sirve para atender el trastorno bipolar- se pagó un precio unitario de 848.56 pesos.

No obstante, el precio autorizado era 55.48 pesos, por lo que resulta una diferencia de sobreprecio de 793.08 pesos.

Otro de los medicamentos con sobreprecio es la Sertralina, antidepresivo que sirve para tratar el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno de pánico, “cuyo precio unitario fue 149.14 pesos, cuando el precio autorizado era de 8.93 pesos, un aumento de 140.21 pesos”.

Otra empresa involucrada con sobreprecios fue Servicios y Atenciones Médicas K, S.A. de C.V, que vendió medicamentos y material de curación en 2015. Por inflar los precios de los medicamentos y materiales de curación se presume un probable daño o perjuicio a las finanzas por 3 millones 800 mil pesos y 3 millones 231 mil pesos, respectivamente.

En el caso de esta empresa se detectó una factura –de varias- fechada el 10 de enero de 2015, donde se pagó 1,153.87 pesos por Olanzapina 5 miligramos, medicamento para atender la esquizofrenia. Tenía un precio autorizado de 56.57 pesos, por lo que resultó una diferencia de sobreprecio pagada por 1,097.3 pesos, por la cantidad de 63 unidades facturadas.

Una persona física, de la cual no se revela su nombre, también infló los costos de material médico. Según la ASF, se presume un probable daño o perjuicio al erario por un monto de 8 millones 798 mil pesos.

Además, los Servicios de Salud de Chihuahua contrataron a la empresa Ecomed Equipos y Consumibles Médicos del Norte para la compra de medicamentos y material de curación con sobreprecios. Según la ASF, por esa acción se presume un daño al erario por 48 millones 862 mil pesos.

En todos los casos la ASF estableció que los servidores públicos del Instituto Chihuahuense de Salud y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Chihuahua, responsables de administrar y supervisar el ejercicio de los recursos, “no llevaron a cabo acciones de forma eficiente y oportuna para verificar que los materiales de curación e insumos se relacionaran con los CAUSES de conformidad… (y) verificar de forma eficiente y oportuna el precio autorizado de los medicamentos”.

Aparte de los sobreprecios, la ASF detectó que se pagaron 5 millones 105 mil pesos por medicamentos y material de curación a la empresa Ymmarsa Pharmaceutica, S.A. de C.V.

Fueron adquiridos en 2014, a través de un contrato que se les dio por adjudicación directa, bajo el argumento de que los medicamentos eran “exclusivos” del proveedor.

En su investigación, la ASF estableció que los medicamentos “no eran… exclusivos” de Ymmarsa Pharmaceutica, además que dichas compras se realizaron al amparo de dos contratos vencidos, lo que presuntamente derivó en la adjudicación, contratación y pago a favor de la empresa.

El acta constitutiva de la sociedad, en poder de Animal Político, revela que esta empresa se dio de alta oficialmente ante el Registro Público del Comercio de Coahuila el 4 de abril de 2011.

Su objeto social es la “intermediación en el comercio de medicamentos”; sus dueños son: Juan Hiram Márquez Rodríguez, José Luis Martínez Prado, Juan Francisco Lucero Chávez y José Lázaro Joaquín López Ramírez.

Márquez Rodríguez, según Corral, apoyó la campaña de César Duarte en 2010.


En sus conclusiones, la ASF estableció que, en términos generales, el gobierno de Chihuahua, en ese entonces bajo el mando de César Duarte, no cumplió con el objetivo de garantizar que los recursos federales del sector salud fueran gastados correctamente, por lo que se presume un daño al erario por más de 100 millones de pesos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: FRANCISCO SANDOVAL ALARCÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/chihuahua-duarte-medicamentos-auditoria/

Médicos sin especialidad atienden a pacientes en Cancerología de Guerrero, donde ya murieron dos niños

CHILPANCINGO. Gro: En el Instituto estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán (Iecan) los directivos no solo sustituyeron medicamento de patente por fármacos inapropiados para la aplicación de quimioterapias que han provocado la muerte de dos menores con cáncer, sino que también labora personal médico y enfermeras sin especialidad en oncología, entre ellos el propio director del nosocomio, Jorge Eblem Azar Silvera.


Por su parte, el gobierno de Héctor Astudillo Flores hizo mutis luego de que Proceso dio a conocer ayer el caso de la muerte del segundo niño que fue sometido a procedimientos de quimioterapia con medicamentos genéricos de baja calidad.

Ahora, el hecho de que personal que labora en el Iecan carezca de conocimientos y especialidad en oncología, violenta el decreto 172 de creación del hospital como organismo público descentralizado emitido en 1998.

El artículo octavo del decreto indica que el director será designado por el gobernador en turno, considerando el requisito de ser una persona de “reconocidos méritos y experiencia en las disciplinas médicas así como poseer grado académico o estudios de postgrado en la especialidad de Oncología”.

En contraste, el actual director del Iecan, Jorge Eblem Azar, carece de estudios de posgrado en oncológica y su cédula profesional 5650429 de la universidad privada La Salle, lo acredita con la especialidad en “ginecología y obstetricia”, indica un reporte oficial del registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.

Por ello, médicos y trabajadores del polémico nosocomio afirman que el único mérito de Azar Silvera, es “ser ahijado” del gobernador Astudillo y su esposa, Mercedes Calva Elizundia, actual presidenta del sistema DIF en la entidad.

En la misma situación ilegal se encuentran más de una veintena de médicos y enfermeras que sin tener especialidad en oncología, como lo marca la normatividad, laboran en este hospital considerado de alta especialidad ubicado en el puerto de Acapulco y que recibe subsidio del gobierno federal, a través de la Secretaría de Salud que encabeza José Narro.

A pesar de que en instituciones oncológicas no pueden trabajar médicos sin especialidad en la materia, en el Iecan los doctores y enfermeras sin preparación realizan diagnósticos y aplicación de tratamiento oncológico en pacientes que padecen cáncer, principalmente niños y mujeres.

Así como dictámenes de patología, sicología, radiología, urología, endoscopías y anestesia en población vulnerable y de escasos recursos.

Documentos oficiales consultados por Apro, indican que entre los médicos sin especialidad, además del director, se encuentran Gerardo Barrera Estrada, quien tiene la cédula 8200639 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), que lo acredita solo como médico cirujano y se encargó de elaborar el certificado forense del niño sometido a tratamiento de quimioterapia con fármacos inapropiados que falleció en agosto pasado.

Así también Evelyn Margarita Morales Flores, quien solo tiene la cédula 7647705 que la avala como médico cirujano por la misma universidad y durante los fines de semana es la encargada del aérea de Oncopediatría del Iecan.

Incluso, Morales Flores atendió al niño Francisco Evangelista del Carmen, de 10 años, quien falleció ayer por la mañana en el hospital tras recibir quimioterapias con medicamentos genéricos de baja calidad.

Otros casos son el de la doctora Dulce Karina Peña Galindo, médico cirujano por la Universidad Autónoma de Sinaloa con cédula 4725297 y encargada de interpretar ultrasonidos en los pacientes con cáncer sin tener especialidad en radiología oncológica.

Marco Antonio Rodríguez Jiménez, médico cirujano con cédula 0488538 de la UNAM, actualmente es el responsable del banco de sangre del Iecan sin tener especialidad en Inmunohematología.

En contraste, solo siete médicos tienen cédula que los acredita con la especialidad en oncología, entre ellos: Santos Olivares Pineda, Abelardo Medina Martínez, Rafael Pérez Estrada, José Guadalupe Muñoz Camacho, Marcelino Gaytán Ángel, Ana Berta Rivera Ramírez, Oscar Álvarez Palacios y Jennifer Liliana Meza Miranda, refieren los informes consultados por Apro.

Esta anomalía tolerada y alentada por el gobernador Astudillo, violenta el derecho a la salud de pacientes con cáncer en la entidad que reciben subsidio del programa federal Seguro Popular para someterse a los tratamientos de quimioterapia y atención médica, porque son atendidos por médicos y enfermeras que no tienen especialidad en oncología como marca la Ley a la protección de la salud de la población en relación con las neoplasias.


Por su parte, los integrantes de la Junta de Gobierno del Iecan, que preside el secretario de Salud en la entidad, Carlos De la Peña Pintos; así como el secretario de Finanzas, Héctor Apreza Patrón; y otros funcionarios estatales, han asumido una actitud de complicidad ante la irregularidad que se vive en el nosocomio ante la falta de especialidad en oncología del personal médico y de enfermería.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/475096/medicos-sin-especialidad-atienden-a-pacientes-en-cancerologia-guerrero-donde-ya-murieron-dos-ninos

Muere otro niño con cáncer que recibió quimio con fármacos inapropiados en Guerrero

Un menor que padecía cáncer (leucemia) y recibió quimioterapia con fármacos genéricos inapropiados en el Instituto Estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán (Iecan), falleció esta mañana por intoxicación en el polémico hospital de alta especialidad ubicado en el puerto de Acapulco.

Este es el segundo caso registrado oficialmente, luego de que Proceso dio a conocer a finales de enero que el gobierno de Héctor Astudillo Flores decidió ocultar la muerte de un menor registrada en agosto pasado por intoxicación de Methotrexate en el nosocomio donde el director general Jorge Eblem Azar Silvera y el director administrativo Nelson Rodríguez Cisneros decidieron sustituir medicamentos de patente por genéricos no aptos para  la aplicación de quimioterapias.

Ello a pesar de que los médicos especialistas del Iecan advirtieron desde hace cinco meses que los fármacos genéricos que sustituyeron a los medicamentos de patente habían provocado cuadros de “intoxicación con riesgo de muerte” en niños y mujeres que padecen cáncer y calificaron como “una irresponsabilidad administrativa” el hecho de sustituir laboratorios reconocidos por otras empresas de nueva creación.

La segunda víctima fue identificada como Francisco Evangelista del Carmen, de 10 años, a quien hace cinco años se le diagnosticó leucemia y recibió tratamiento oncológico entre julio y agosto pasado con medicamento que no cumple con los estándares de calidad –como “estudios de bioequivalencia, farmacocinética y eficacia”– en la aplicación de quimioterapias, indican reportes oficiales consultados por Proceso.

Los informes oficiales refieren que el menor conocido como Panchito falleció este domingo a las 07:00 horas en la sala pediátrica del Iecan, donde fue atendido por la médico general Evelyn Morales, quien a pesar de no tener la especialidad de oncología como lo marca la normatividad, se encarga del cuidado y diagnóstico de pacientes durante el fin de semana en el supuesto hospital de alta especialidad ubicado en el puerto de Acapulco.

Fuentes cercanas a los familiares informaron a Proceso que a finales del año pasado los padres decidieron sacar a Panchito del hospital porque los médicos pretendían amputarle una pierna debido a que estaba presentando graves efectos secundarios tras la aplicación de quimioterapia durante julio y agosto.

No obstante, los especialistas nunca informaron a los padres que el tratamiento oncológico que le fue aplicado a su hijo estaba basado en fármacos genéricos en lugar de medicamentos de patente y nunca les dieron otra alternativa para atender al menor, indicaron las víctimas consultadas.

Ante la falta de recursos de sus padres, Panchito estuvo convaleciendo sin ayuda médica, asistencia social, ni esperanza de recuperación en su domicilio ubicado en la zona conurbada del puerto de Acapulco, franja considerada como la más violenta y marginada del principal destino turístico de la entidad.

No obstante, esta madrugada la condición de salud de Panchito se agravó y sus padres decidieron trasladarlo al Iecan donde finalmente falleció por la mañana por complicaciones derivadas del tratamiento de quimioterapia con fármacos no aptos que recibió entre julio y agosto pasado.

El drama de estos padres, que por falta de recursos no pudieron darle mejor atención médica a su hijo que padecía cáncer, contrasta con el despilfarro y opulencia del gobernador Astudillo, sus funcionarios y la clase política de esta entidad colapsada por la miseria, corrupción y narcoviolencia como lo ha documentado Proceso en los últimos días.

Además, el mandatario ha asumido una actitud de indiferencia ante la muerte de menores por intoxicación de Methotrexate y asumió la defensa de los directivos del Iecan a pesar de que este caso exhibió graves irregularidades administrativas, como la opacidad en la adjudicación de contratos a laboratorios privados y la falta de médicos con especialidad en oncología que laboran en el nosocomio considerado de alta especialidad.

El pasado jueves 9, Astudillo dijo en un discurso que la sociedad “debería sentirse orgullosa” de tener acceso al hospital, aunque reconoció públicamente que el nosocomio presenta “problemas, deficiencias y carencias” en la atención.

Por su parte, los padres de otro menor que falleció en agosto pasado por intoxicación de Methotrexate interpusieron una denuncia penal a principios de este mes contra el gobierno de Astudillo y personal médico y administrativo del hospital de alta especialidad, por los delitos de “homicidio, suministro de medicamento inadecuado y violación a la convención de los derechos humanos de la infancia”.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

http://www.proceso.com.mx/475029/muere-nino-cancer-recibio-quimio-farmacos-inapropiados-en-guerrero

Ssa descubre más medicamento apócrifo en Veracruz e interpone denuncia

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de Salud (Ssa) federal informó que tras la investigación realizada por el hallazgo de medicamentos apócrifos en Veracruz, se detectaron 21 ampolletas de Avastin que no fueron aplicadas a pacientes con cáncer, de las cuales cinco fueron dictaminadas por Laboratorios Roche, que determinó que “no corresponden a un producto original de ellos y no contienen principio activo”.


El gobierno veracruzano compró los fármacos a las empresas Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V. (una ampolleta en 2010) y Oncopharma S.A. de C.V. (20 ampolletas en 2011).

De las cinco dictaminadas, Laboratorios Roche precisó: “No corresponden a un producto original de Roche y no contienen principio activo. La caja individual no corresponde a las dimensiones y áreas sin barniz, no corresponden al tipo de material. Las tintas utilizadas no son las correspondientes a las guías de color. La tipografía no corresponde a las leyendas impresas, tamaño y forma. El vial no corresponde al material del casquillo, el instructivo no corresponde a las dimensiones y al número de dobleces”.

El propio laboratorio informó que esas empresas no son sus distribuidores autorizados.

En un comunicado, la Ssa federal precisó que junto con la dependencia estatal, realizaron el análisis de dos mil 55 expedientes de personas que fueron atendidas en el Centro Estatal de Cancerología del estado de Veracruz en el periodo 2010-2016, de las cuales se concluyó que el medicamento Avastin fue administrado a 119 adultos.

Y agregó que hasta el momento se han asegurado 23 toneladas de medicamentos caducos en diferentes almacenes y establecimientos de la Secretaría de Salud de la entidad.

Respecto de la existencia de pruebas rápidas para la detección de VIH que no cuentan con registro sanitario, sostuvo que se aseguraron 46 mil 984 de esas pruebas, de un total de 70 mil que fueron adquiridas en 2012 a Comercio y Servicios Administrativos Integrales del Golfo S.A. de C.V., por un monto de 9.05 millones de pesos.

La empresa fue investigada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero no pudo localizarse en el domicilio social registrado.

En el comunicado se destacó que Especialidades Médicas del Sureste S.A. de C.V. y Oncopharma S.A. de C.V. no fueron localizadas en los domicilios sociales que habían sido identificados en las documentales aportadas durante la investigación por la Secretaría de Salud del estado de Veracruz.

Además, esa dependencia aportó información de cuatro empresas adicionales como suministradoras de dicho medicamento: Labssa S.A. de C.V. (no localizada en el domicilio reportado), Suministros Maxbec S.A. de C.V. (localizada y en funciones actualmente), Bedus S.A. de C.V. (con dos domicilios reportados, uno de ellos en el que ya no se encuentra la empresa y en el otro se encuentra la empresa Dr. Depot, con inicio de actividades en 2013), y Grupo Empresarial Heberen S.A. de C.V. (cuyo domicilio se encuentra en investigación).

Por lo anterior, representantes de la Secretaría de Salud federal y la Cofepris presentaron este viernes una denuncia de hechos ante el Ministerio Público de la Federación para que se determinen las responsabilidades penales correspondientes.


Las irregularidades identificadas hasta el momento también se hicieron del conocimiento de la Contraloría General del estado de Veracruz, que fincará las responsabilidades administrativas correspondientes a los servidores públicos que participaron en los hechos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/474921/ssa-descubre-medicamento-apocrifo-en-veracruz-e-interpone-denuncia

Gobiernos estatales malgastan 3,800 mdp destinados a servicios de salud

Los estados utilizaron los recursos federales destinados a la salud de manera irregular. Guerrero gastó de manera irregular mil 248 millones de pesos.

¿Por qué los centros de salud o pequeñas clínicas en los estados tienen tantas carencias? Porque los recursos se quedan en el camino.

En 2015, las entidades ocuparon 3 mil 894 millones de pesos destinados a servicios de salud para el salario de personal comisionado en otras dependencias, pagos sin facturas, licitaciones irregulares para comprar insumos o simplemente tienen subejercicio, es decir, no lo ejercieron y aún lo tienen en sus cuentas bancarias.

Guerrero es la entidad con el monto más alto de malgasto: mil 248 millones de pesos, es decir 32% del total de recursos ejercidos irregularmente en el país. Mientras que Michoacán, con 10% de su presupuesto sin gastar (275 millones de pesos), es la entidad con mayor subejercicio.


Esto es parte de los hallazgos de la Auditoría Superior de la Federación en el análisis del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) como parte de la revisión de la Cuenta Pública 2015.

Los casi cuatro mil millones de pesos ejercidos de manera irregular por los gobiernos de los estados es equiparable al recorte que sufrió el sector salud en 2015: 3 mil 339 millones de pesos en el Ramo 12 (Salud).


El recorte de 2015 impactó sobre todo en los rubros: Prestación de Servicios en los Diferentes Niveles de Atención a la Salud, con una disminución por mil 183 mdp, Seguro Médico Siglo XXI, con 539 mdp menos y Proyectos de Infraestructura Social de Salud (400 mdp).

La Auditoría comprobó que ninguno de los gobiernos estatales tuvo un ejercicio “satisfactorio” de recursos, toda vez que cometieron 10 tipos de irregularidades: pagos a personal que no se estaban en su área de trabajo o está comisionado a otras dependencias (980 millones de pesos).

Los estados tuvieron un subejercicio por 992 millones de pesos, sobre todo en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Zacatecas.

La Auditoría detectó diferencias entre el saldo de las cuentas bancarias donde recibieron los recursos y lo que gastaron por 990 millones de pesos en Baja California, Chiapas, Guanajuato, Estado de México y Michoacán.

Los gobiernos se quedaron con 801 millones de pesos que debían ser destinados a las aportaciones al FOVISSSTE (prestaciones de los trabajadores) y para la declaración de impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).


Pagaron 209 millones de pesos por conceptos no contemplados por el Fondo como cuentas atrasadas de ejercicios fiscales anteriores y erogaron 279 millones de pesos para pagar a personal de honorarios sin que existieran los contratos que comprobaran la relación laboral. En ese caso están Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Puebla, Sonora y Zacatecas.

Campeche, Coahuila, Chiapas y Tabasco no comprobaron con facturas el gasto de 232 millones de pesos, comprobar el gasto o el pago de contratos. También ocuparon el dinero para pagos de nómina no autorizados por el Fondo como compensación de ISR, ISSSTE, seguros, ahorro solidario, servicios sociales, bonos, aportaciones patronales, medidas de fin de año a mandos medios, entre otros.

Las entidades no devolvieron a la tesorería de la Federación 110 millones de pesos de rendimientos financieros por los recursos que recibieron. Mientras 319 millones de pesos fueron erogados sin que hubiera evidencia de los expedientes de licitación y de obra pública o pagos no autorizados.

El Fondo de Aportaciones a los Servicios de Salud (FASSA) funciona desde 1998 como una mecanismo para transferir recursos desde la Federación a las entidades federativas y municipios. En 2015 el Fondo distribuyó 77 mil millones en todo el país.

El objetivo es proporcionar servicios de salud a la población que no está integrada a ningún régimen de seguridad en salud, es decir, es la manera en proveer algún tipo de atención médica y entrega de medicamentos en las zonas del país más desprotegidas.

Guerrero, el primer lugar en irregularidades

Guerrero recibió 3 mil 196 millones de pesos como parte del Fondo para salud; sin embargo, 39% de los recursos que recibió (mil millones 248 mil pesos) lo ejerció de manera irregular y, por tanto, debe regresarlo a la Federación.


De ese monto por irregularidades, el gobierno de Guerrero pagó a 5 mil 665 aviadores y exempleados, según el análisis de la Auditoría. Por ejemplo, erogó 972 millones de pesos “a personal que no se encontró en su centro de trabajo”; 235 millones de pesos para personal eventual sin contar con el contrato y un millón de pesos por pagos a personal después de ser dados de baja.

El gobierno estatal tampoco presentó las cuotas y aportaciones del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) por un monto de 86 millones de pesos.


Por tanto, la Auditoría promovió una sanción al gobierno de Guerrero ante la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado para que realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo contra los servidores públicos que cometieron las irregularidades.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/desvio-recursos-salud-estados/

A Lucio, de 12 años, lo arrollaron en Puebla. Le negaron la atención médica y hoy está muerto

Según familiares de Lucio, los hicieron esperar más una hora hasta que les indicaron que debían de enviarlo al Hospital General del Sur por falta de médicos para atenderlo. En lo que va de este mes, dos menores han muerto Puebla por no haber personal médico.

Ciudad de México, 12 de febrero: Un niño de 12 años fue atropellado cuando se dirigía a su escuela en Acatzingo y murió después de que se le negó la atención en el Hospital de Traumatología y Ortopedia Rafael Moreno Valle, perteneciente a la Secretaría de Salud.

El menor identificado como Lucio R., fue arrollado por un vehículo alrededor de las 7:30 horas del viernes pasado cuando se dirigía a la escuela en su bicicleta sobre el kilómetro 12+200 de la carretera Vía Xalapa, en la zona del entronque con Progreso de Juárez.

Lucio fue llevado por paramédicos de Cruz Ámbar en Acatzingo al Hospital de Traumatología y Ortopedia del Sector Salud, “Doctor y General Rafael Moreno Valle”, donde no fue recibido.

Según familiares del menor de edad, los hicieron esperar más una hora hasta que les indicaron que debían de enviarlo al Hospital General del Sur por falta de médicos para atenderlo.


El niño de 12 años murió ayer sábado debido a la falta de atención oportura; hasta el momento la Secretaría de Salud del Estado de Puebla no ha emitido comunicado donde detalle la razón por la que se le negó el servicio.

FUENTE: SIN EMBARGO/PERIÓDICO CENTRAL.
AUTOR: REDACCIÓN/EDMUNDO VELÁZQUEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-02-2017/3150703

Abasto de medicamentos en hospitales de Chiapas apenas alcanza 20%; interponen queja ante la CEDH

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis: El abasto en insumos y medicamentos en Chiapas aún no supera el 20% por lo que la crisis que viven los más de mil centros de salud es responsabilidad del gobernador Manuel Velasco Coello, acusaron hoy trabajadores del sector quienes acompañaron al diputado federal Guillermo Rafael Santiago Ramírez a un recorrido por varios hospitales con carencias.

Este viernes, los líderes de los trabajadores inconformes del sector salud Julio Mayorga y José Ramiro Samayoa Ruiz, llegaron con el legislador federal a interponer una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) contra el gobernador Manuel Velasco Coello y su Secretario de Salud, Francisco Ortega, por violentar a todos los chiapanecos el derecho a un servicio de salud integral.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: ISAÍN MANDUJANO.

LINK: http://www.proceso.com.mx/474024/abasto-medicamentos-en-hospitales-chiapas-apenas-alcanza-20-interponen-queja-ante-la-cedh

Secretaria de Salud de Oaxaca culpa al gobierno de Cue por medicamentos caducos

OAXACA, Oax: La secretaria de Salud, Gabriela Velásquez Rosas, culpó al gobierno de Gabino Cué Monteagudo de poner en riesgo la salud de la población al dejar caducar 28 mil 404 piezas (564 kilogramos) de medicamento llamado CICLOFEM (Fermidol-Medroxiprogesterona-Estradiol).


Para “limpiar” al gobierno de Alejandro Murat, la servidora pública señaló que “el problema de los medicamentos caducos, que hoy encaran los servicios de salud, desafortunadamente son por errores del pasado”.

Sin embargo, agregó a manera de justificación que “desde el inicio de esta administración se emprendieron acciones inmediatas de detección e inventario para evitar riesgos en la salud de la población”.

Lo cierto es que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) instauró hoy un procedimiento administrativo contra los Servicios de Salud en Oaxaca por el almacenamiento irregular y mal manejo de más de media tonelada de medicamentos caducos, pese a que dichos residuos son peligrosos.

Inspectores federales de la Profepa realizaron una visita a un establecimiento de la Jurisdicción Sanitaria 1 de los Servicios de Salud en Oaxaca, donde constataron que dicho lugar no contaba con el registro como generador de residuos peligrosos ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

A través de una denuncia ciudadana, la Profepa verificó que la empresa no disponía de la auto-categorización, tampoco contaba con las bitácoras de generación de dichos residuos, así como los manifiestos de entrega, transporte, recepción y constancia de disposición final de los mismos.

Por ello, esta Procuraduría instauró un procedimiento federal administrativo a efecto de dictar las medidas de urgente aplicación, correctivas y de seguridad necesaria para evitar un daño o riesgo ambiental, así como puntual seguimiento a la disposición final adecuada de los medicamentos caducos encontrados en la visita de inspección.

La Profepa vigila a empresas que realizan actividades que puedan causar daños o deterioros a los recursos naturales y contribuye a disminuir el riesgo de contaminación, con repercusiones peligrosas para los ecosistemas y a la salud pública.

En respuesta, la directora General de los Servicios de Salud manifestó que “instruyó a todos los jefes jurisdiccionales y directores de los hospitales del estado, para que se elaborara de manera inmediata el inventario de medicamentos con el objetivo principal de conocer la fecha de compra, surtimiento, proveedor y fecha de caducidad de los mismos”.

Esta acción es con la finalidad de deslindar responsabilidades y en caso de detectar alguna irregularidad, se notificará a la autoridad correspondiente para que determine lo procedente, sin embargo, no dice el por qué mantenían en la jurisdicción sanitaria esos medicamentos pese a que representan un peligro a la población.

Únicamente dijo que el director de Regulación y Fomento Sanitario, Sergio Carrillo Pérez, está realizando acciones inmediatas para el inventario y desecho de medicamentos caducos, cumpliendo con los lineamientos que establece la Ley.

Detalló que los medicamentos caducos también son considerados como residuos peligrosos, por lo que se les debe dar destino final, que consiste en el envío de los insumos al proceso de incineración en hornos que alcanzan temperaturas superiores a los 1000 °C, a través de una empresa autorizada por la Semarnat, tal como lo establece la Legislación Sanitaria en la materia y evitar riesgos a la salud o que se haga un uso inadecuado. En el Estado se realiza a través del Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envase y Medicamentos A.C. (SINGREM).


Remarcó que el desecho de medicamentos tiene que realizarse conforme a los lineamientos, no pueden eliminarse de un día para otro y se tienen que cubrir todos los requisitos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473606/secretaria-salud-oaxaca-culpa-al-gobierno-cue-medicamentos-caducos

Padres de menor que falleció intoxicado por quimioterapia demandan al gobierno de Astudillo

CHILPANCINGO: Los padres del menor que murió por intoxicación de Methotrexate después de recibir quimioterapia en el Instituto de Estatal de Cancerología Dr. Arturo Beltrán Ortega (Iecan), presentaron una denuncia ante la Fiscalía General del estado (FGE), y una queja ante la Comisión estatal de Derechos Humanos (Codehum), en contra del gobierno de Héctor Astudillo Flores por el delito de homicidio, suministro de medicamento inadecuado y violación a la convención de los derechos de la infancia.


De esta forma, las víctimas exigieron que se investigue este caso que pretendieron ocultar las autoridades estatales y se finque responsabilidad a funcionarios y médicos del nosocomio que decidieron sustituir medicamento de patente por fármacos genéricos no apto para tratamiento oncológico en agosto pasado, indicaron en entrevista con Apro.

Al respecto, José Zuñiga López y Heidy Camargo Díaz, los padres del menor, quien falleció a principios de agosto de 2016 porque le suministraron Methotrexate genérico, señalaron que esperan que la investigación no sólo sancione a los responsables conforme a la ley, sino marcar un parteaguas con el propósito de que el gobierno de Astudillo contrate personal médico especializado para que los niños y pacientes que padecen cáncer en la entidad tengan una atención de calidad y no mueran por actos de corrupción de funcionarios estatales.

Esta mañana, los padres de la víctima acudieron a la sede de la Coddehum en esta capital e interpusieron una queja para que investiguen este caso argumentando que funcionarios y médicos del Iecan, así como representantes del gobierno estatal y la Secretaría de Salud en la entidad violaron los derechos a la vida contemplados en la declaración universal de los derechos humanos y la convención de los derechos de la infancia.

También informaron que previamente habían acudido a la sede de la FGE, donde denunciaron a las mismas autoridades del gobierno de Astudillo por los delitos de “homicidio, así como responsabilidad profesional, omisión de cuidado, abandono, negación o práctica indebida del servicio médico, suministro de medicamento inapropiado y suministro simulado de medicamento”.


Lo anterior luego de que Proceso dio a conocer que una semana después de que el menor falleció, los médicos especialistas del Iecan denunciaron que los directivos del nosocomio habían sustituido el medicamento de patente por fármacos genéricos que no cumplen con los estándares de calidad –como “estudios de bioequivalencia, farmacocinética y eficacia”– en la aplicación de quimioterapias y tratamiento de pacientes oncológicos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/473640/padres-menor-fallecio-intoxicado-quimioterapia-demandan-al-gobierno-astudillo

Pablo Kuri: el subsecretario de salud que protege a la industria refresquera

CIUDAD DE MÉXICO: Pablo Kuri Morales, actual subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud en la Secretaría de Salud (SSA), se perfila para tomar las riendas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) el próximo 14 de febrero: desde el pasado 26 de enero, es uno de los tres aspirantes a la dirección general de la prestigiosa institución.

Esta perspectiva genera cierto malestar dentro de la institución, no sólo porque Kuri sólo es titular de una maestría en un espacio donde la mayoría de los empleados tienen doctorado, sino porque los integrantes del INSP ven que su cercanía con los intereses de las industrias de la comida chatarra, la refresquera y la farmacéutica representa una seria amenaza a la independencia de la institución.

Además, Kuri menospreció en varias ocasiones las recomendaciones y estudios del INSP en decisiones que tomó en los últimos cuatro años.

Documentos confidenciales obtenidos por Apro muestran que desde abril de 2014, Kuri, junto con Mikel Andoni Arriola Peñalosa –entonces titular de la Comisión Federal de Protección ante los Riesgos Sanitarios (Cofepris)– y Mercedes Juan López, exsecretaria de Salud, ignoraron los señalamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las deficiencias de las normas del etiquetado sobre el valor nutritivo de los alimentos y bebidas, entonces recién publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los documentos muestran que la OMS señaló a los representantes de las instancias de salud mexicanas que el etiquetado mexicano fomentaba el alto consumo de azúcares –e incluso violaba la estrategia de la administración de Enrique Peña Nieto para combatir la obesidad y la diabetes en el país–, pero que éstos ignoraron el mensaje.

Tampoco dieron seguimiento a la propuesta del organismo internacional de elaborar, juntos, un etiquetado claro y acertado.

Esta actitud contrasta con las declaraciones públicas de dichos personajes: El año pasado Kuri y Arriola –ahora titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)– expresaron su grave preocupación ante el posible colapso del sistema de salud pública, provocado por la epidemia de sobrepeso y obesidad en el país.

El pasado 15 de noviembre, ante la amplitud de la enfermedad crónica –y de la muerte de 98 mil personas en 2015–, Kuri informó que la SSA emitió una alerta epidemiológica en materia de obesidad y diabetes. Sostuvo que la dependencia tomó esa decisión para llamar la atención de la sociedad y “apuntalar las acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, Obesidad y Diabetes”.

El consumo de altas cantidades de refrescos –163 litros por año y por persona en promedio– y de comida ultraprocesada –cerca de 30 kilos por año en promedio–, es uno de los principales factores que explican la dimensión de la epidemia de sobrepeso y obesidad en México, que afecta a siete de cada 10 adultos.

Oficio confidencial

El 25 de abril de 2014, Maureen Birmingham, entonces representante de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en México, envió el oficio confidencial MEX/PWR/4809/14 a Mercedes Juan López, entonces secretaria de Salud, con copia a Kuri y a Arriola Peñalosa.

En la carta, Birmingham recordó que especialistas de la OMS sostuvieron teleconferencias y reuniones en privado con Kuri, en las que abordaron el etiquetado de la Cofepris.

En un tono cordial, la representante del organismo advirtió a Juan que “el nuevo etiquetado representa un desafío no solamente técnico sino también en materia de comunicación social por sus aspectos técnicos muy difíciles a comunicar”, y le ofreció revisar los “aspectos técnicos” con la ayuda de los expertos nutriólogos de la OMS y la OPS.

Birmingham recordó que el etiquetado propuesto por la Cofepris toma en consideración el contenido de “azucares totales”, es decir, la suma de las azucares naturalmente presentes en los ingredientes y de las azucares que la industria añade al producto para endulzarlo.

Con este etiquetado, la industria puede rebasar los límites de azúcares añadidos establecidos por la OMS (Proceso 2078). Para elaborarlo, la Cofepris nunca convocó al INSP pese que, de acuerdo con un estudio que esta institución presentó en 2011, nueve de cada 10 estudiantes en nutrición –de un panel de 122– fueron incapaces de descifrar el etiquetado para determinar los contenidos de los productos.

La OMS ofreció su ayuda para que los expertos del organismo internacional participen en la corrección del etiquetado. Juan, Kuri y Arriola hicieron caso omiso.

En otro oficio confidencial, fechado el 15 de mayo de 2014 y llamado MEX/NMH/4886/14, Birmingham anunció a Juan que los expertos de la OMS, la OPS y la Cofepris determinaron que “no hay ingesta recomendada de azucares”, cuando el etiquetado mexicano utiliza el término ambiguo de “ingesta máxima recomendada”, que “tiene el riesgo de mal informar al consumidor”, deploró.

Adelantó que “una nueva guía de la OMS que se publicará en los próximos meses promoverá una reducción en la ingesta de azucares (…) que no debe superar el 10% del total de energía”, y que esta guía “sugiere reducir la ingesta de azúcares libres por debajo del 5% de la energía total”.

Recordó que el etiquetado promovido por la Cofepris establece un valor de referencia de azúcares de 18% –más de tres veces más que las recomendaciones de la OMS–, que es “erróneamente entendido por el consumidor como el nivel máximo recomendado sin efectos para la salud”.

Según el oficio, la mitad de población mexicana ya saca entre 18,6% y 24% de su energía de las azúcares, por lo que promover un consumo de azúcares del 18% “no parece ser apropiado, ya que conlleva el estatus-quo de la obesidad actual”.

Es más: Birmingham señaló que, de aplicarse el etiquetado, el gobierno federal incluso violaría los valores de referencia que establece la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes, la cual limita a 10% la ingesta máxima de azucares en la dieta mexicana.

Kuri no sólo ignoró las advertencias de la OMS. En marzo de 2015, durante un evento realizado en la Procuraduría Federal de Consumidor (Profeco), aseveró que México sería el primer país en aplicar las recomendaciones de la OMS en materia de ingesta de azúcar –mismas que desdeñó 10 meses antes–. Esta promesa quedó letra muerta.

Es más: recientemente, Kuri promocionó el incomprensible etiquetado de la Cofepris, junto con representantes de las industrias refresquera y chatarra.

El pasado 16 de enero, por ejemplo, el funcionario protagonizó un evento público junto con Jaime Zabludovsky para apoyar la campaña “Checa y Elige”, promovida por la industria. A través de esta campaña, la industria pretende “educar” a los consumidores a descifrar el etiquetado, en lugar de simplificarlo.

Zabludovsky es presidente ejecutivo del Movimiento por una Vida Saludable (Movisa), una organización conformada por los gigantes de la industria –entre ellos Bimbo, Coca Cola y las embotelladoras, Herdez, Jugos del Valle, Nestlé o Walmart–, así como Televisa y TV Azteca, entre otros.

En una entrevista con Proceso en agosto pasado, Kuri se deslindó de todas las responsabilidades y evadió las preguntas más incómodas respecto a las medidas adoptadas por la Cofepris en materia de regulación de la comida chatarra y los refrescos, entre ellas el etiquetado.

“El reportero le señala a Kuri que la Cofepris, dependiente de la Secretaría de Salud, no consultó a ninguna instancia sanitaria para elaborar el etiquetado. En su lugar retomó el modelo de las industrias mencionadas.

“No te puedo responder por qué lo hizo. Ellos (los de la Cofepris) hicieron el estudio, ellos tienen la información. Son la autoridad regulatoria. Hay responsabilidades dentro de las áreas”, comentó entonces.

Admitió que, de acuerdo con un estudio del INSP de 2011, sólo dos de 122 estudiantes fueron capaces de descifrar el etiquetado y determinar la cantidad de azúcar contenida en un producto. “El estudio está ahí. Yo no tengo el proceso de cómo lo hicieron porque no estaba en Cofepris”.

Momentos más tarde, añadió: “Entiendo las controversias, pero estamos entrando en esto como si la solución fuera poner un etiquetado o un impuesto, cuando la cosa es mucho más compleja: tiene que ver con educación, con cambios de hábitos, con instalación de espacios para que la gente haga actividad física”.

Ayer, las organizaciones de la sociedad civil integrantes de la Alianza por la Salud Alimentaria urgieron a las organizaciones especializadas en la transparencia y rendición de cuentas de monitorear el proceso de selección del próximo titular del INSP, y a prestar una atención particular a que los intereses de las industrias refresquera y de la comida chatarra no interfieran en esta designación.

Para llegar a la cabeza del INSP, Kuri competirá con Pedro Rafael Lozano Ascencio y Juan Ángel Rivera Dommarco, ambos integrantes del instituto. El próximo viernes, los tres aspirantes se presentarán ante los científicos del INSP.

Hombre de Sanofi

En septiembre de 2009, tras 18 años en el Centro de Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades (Cenavece), Kuri se incorporó a la empresa farmacéutica Sanofi-Aventis, donde desempeñó como “director científico” hasta noviembre de 2011. Un mes más tarde –todavía durante la presidencia de Felipe Calderón–, asumió la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la unidad administrativa de la SSA encargada de comprar las vacunas. Cinco años y medio más tarde, permanece en el puesto.

El 9 de diciembre de 2015 la Cofepris dio luz verde a la distribución de la vacuna contra el dengue (Dengvaxia), la cual fue desarrollada por Sanofi-Pasteur, la división de vacunas del grupo Sanofi-Aventis. México se convirtió entonces en el primer país en homologar esta vacuna –su distribución sigue limitada al sector privado–; le siguieron Filipinas, Indonesia, Brasil, El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Perú, Tailandia y Singapur.

La Cofepris de Arriola ignoró por completo las recomendaciones del Grupo multidisciplinario de Investigadores del INSP, que urgió el gobierno federal a “posponer la autorización sanitaria (de la vacuna) y, a consecuencia, su implementación en el programa nacional de inmunización, hasta tener evidencias más robusta para definir los grupos blancos de vacunación y sobre la seguridad a mediano plazo”, en un estudio publicado el 17 de noviembre de 2015, menos de un mes antes de la homologación.

Según un estudio que emitió el Grupo Estratégico Consultivo de Expertos de la OMS en materia de vacunación el pasado 15 de abril, la vacuna debería aplicarse únicamente en las zonas donde por lo menos 70% de la población de nueve a 45 años resulta seropositiva al virus del dengue. El mismo estudio pidió no utilizar la vacuna en áreas donde menos del 50% de esa población resulta seropositiva.

El pasado 7 de septiembre, la OMS publicó en su página de Internet un estudio realizado por grupo de investigadores mexicanos –entre ellos Mauricio Hernández Ávila, director general del INSP–, el cual cuestionó severamente la decisión de homologar la vacuna en México.

Sus conclusiones: si bien las pruebas clínicas ilustraron los “méritos” de la vacuna, también revelaron su eficiencia “parcial y heterogénea en la prevención de la enfermedad”, y subrayaron que su homologación pudo ser prematura dada “la incertidumbre respecto a su inocuidad”.

El estudio aseveró que “algunos de los datos disponibles indican que es más que teórico el potencial de que esta vacuna incremente el riesgo de dengue severo y de otras formas de dengue que lleven a la hospitalización”, y subrayó que si bien México resultó el primer país en homologar su venta, los resultados de las pruebas clínicas “indican que la vacuna fue notablemente menos eficiente (en México) que en otros países”.

No sólo esto: de acuerdo con las pruebas clínicas, la vacuna sólo resulta eficiente para las personas que ya fueron infectadas por el dengue, mientras podría ser dañina para quiénes nunca lo fueron.

Los expertos expresaron además su preocupación de que “el otorgamiento de una licencia del CYD-TDV (la vacuna) en un país pueda fomentar la homologación demasiado rápida de la vacuna en otros países con autoridades regulatorias más débiles”. Y pusieron en duda que los gobiernos que autorizaron la distribución de la vacuna tengan la capacidad de vigilar sus efectos a largo plazo.

Kuri no sólo era subsecretario cuando la Cofepris homologó el producto: también era un firme promotor de la venta de la vacuna que desarrolló su exempleador a través del Grupo de Expertos Mexicanos en Dengue, un “think tank” conformado por altos funcionarios de la Ssa –entre ellos Kuri–, el Instituto Carlos Slim para la Salud y actores del sector privado, con el objetivo de reunir evidencias que permitan el desarrollo de “una estrategia nacional para la introducción de una vacuna contra el dengue”.

El 31 de julio de 2014, por ejemplo, el Grupo de Expertos Mexicanos publicó un estudio sobre sus actividades en el cual insistió en la dificultad de erradicar los mosquitos, vectores del dengue, pero aseguró que “como resultado de mucho progreso en investigación y desarrollo en la última década, existe una posibilidad de una vacuna segura y efectiva que pudiera ser disponible próximamente”: la vacuna de Sanofi-Pasteur.


Entre los tres integrantes del Comité de Auscultación responsable del análisis y la validación del próximo director del INSP destaca el doctor Roberto Tapia Conyer, director general de la Fundación Carlos Slim para la Salud desde 2007 y exsubsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, función que desempeñó entre 1997 y 2006 y en la que tuvo a Kuri bajo sus órdenes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472866/pablo-kuri-hombre-la-industria-refresquera

Yunes dice que sí tiene pruebas de medicamentos falsificados; Secretaría de Salud le pide presentarlas

Luego de analizar 121 expedientes, las autoridades sanitarias no han encontrado evidencia de la aplicación de quimioterapias falsas en Veracruz, por lo que pidieron que el gobierno estatal presente pruebas de sus acusaciones.

Horas después de que autoridades federales de Salud anunciaran la tarde de este miércoles que no encontraron evidencia de que se hayan aplicado quimioterapias falsas a pacientes con cáncer en Veracruz durante el gobierno de Javier Duarte, el gobernador Miguel Ángel Yunes respondió que sí tiene pruebas para sostener su acusación.

En entrevista con Radio Fórmula, el mandatario panista señaló que tienen tres evidencias.

Una data del mes de julio de 2010, “cuando Grupo Roche dijo que el medicamento que le habían enviado (avastín, medicamento contra el cáncer) no era un medicamento, que no contenía el principio activo”.

Otra evidencia, dijo Yunes, es de octubre de 2011, cuando “se descubrieron 35 ámpulas del mismo medicamento, de las cuales 14 se envían a analizar en Roche, y Roche dice lo mismo: que no contenían el principio activo”.

De ese caso, el mandatario veracruzano aseguró que tiene el documento “mediante el cual la propia Cofepris tuvo conocimiento de los hechos y no se pronunció”. Es decir, “desde el 2012 Cofepris sabe de este tema”, recalcó Yunes, contradiciendo así lo dicho en rueda de prensa por Julio Sánchez y Tépoz, titular de Cofepris, quien aseguró que ni la Cofepris federal ni la Secretaría de Salud Federal habían había recibido denuncia alguna por este caso años atrás.

Y la tercera evidencia, según el dicho de Yunes, es del 16 de agosto de 2012, “cuando se volvieron a descubrir medicamentos falsificados”.

“Investigación incompleta y sin sustento científico”

Durante la entrevista con Carlos Loret de Mola, el gobernador veracruzano criticó que el titular de Cofepris ofreciera una rueda de prensa para ofrecer datos de una investigación que inició el pasado 18 de enero, y que, en su opinión, “está incompleta”.

“Lo que hoy dieron a conocer es una investigación incompleta, que no tiene sustento científico, que no está concluida y que no toma en consideración expedientes que están en Cofepris desde 2012”, dijo Yunes.

“Si Cofepris quisiera profundizar –agregó-, primero hubieran checado cuántos medicamentos se adquirieron, cuántas dosis, cómo se distribuyeron, y si se aplicaron o no”.

Por último, Yunes Linares informó que se comunicó con Julio Sánchez y Tepoz, titular de Cofepris, para informarle que “seguramente” este jueves 2 de febrero “estaremos dando respuesta oficial a una solicitud de información que envió el día de ayer, y de la cual, extrañamente, no esperaron la respuesta de la Secretaría de Salud del gobierno del estado para dar a conocer la información”.

Piden a Yunes presentar pruebas

La tarde de este miércoles, el titular de Cofepris dio una rueda de prensa en la que informó que autoridades federales no encontraron evidencia de que se hayan aplicado quimioterapias falsas o agua destilada a pacientes con cáncer en Veracruz, como denunció el gobernador de este estado, Miguel Ángel Yunes, a mediados de enero pasado.

Por lo que la Secretaría de Salud federal (SSA) solicitó que las autoridades de Veracruz “aporten información y evidencia que sustente las presuntas irregularidades”.

“Desde el pasado 18 de enero brigadas de la COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios) han tenido presencia permanente en Veracruz para investigar los hechos referidos, a través de una auditoría profunda a cada uno de los establecimientos de salud de la entidad vinculados con el caso”, indicó la Secretaría de Salud,

Funcionarios de la SSA y de la COFEPRIS indicaron que se han revisado 121 expedientes clínicos de 2011 a 2016 y no fue localizada prueba alguna de que se haya administrado medicamentos falsos, aunque sí hallaron evidencia de un medicamento que fue falsificado.

“Se tiene documentado que el 14 de junio de 2010 el Centro Estatal de Cancerología del Estado de Veracruz identificó una ampolleta de medicamento Avastin (Bevacizumab) de 400 mg, abierto, manipulado y con material extraño, lo cual fue reportado por la enfermera encargada de su aplicación, sin que dicho medicamento haya sido administrado a ningún paciente”, señalaron.

Tras el hallazgo, según la SSA, la Secretaria de Salud de Veracruz solicitó la evaluación técnica de la ampolleta al Laboratorio Roche, titular del producto, y el 20 de octubre de 2010, el laboratorio concluyó que dicha ampolleta fue falsificada.

“Por lo anterior, COFEPRIS inició la revisión de expedientes clínicos en el Departamento de Oncología del Centro Estatal de Cancerología para buscar intencionadamente otros casos de posibles medicamentos irregulares. Hasta el momento se han revisado 151 expedientes clínicos del periodo 2011-2016, de los cuales 36 son de pacientes pediátricos y 115 de adultos, en los cuales no se ha localizado prueba alguna de medicamento falso y por tanto de que se haya administrado a paciente alguno”, precisó la SSA.

Al referirse al medicamento Avastin, la dependencia federal explicó que “no está indicado de manera particular para niños y adolescentes. Sin embargo, de los 36 expedientes pediátricos, se localizó solo un caso en el que ese medicamento fue administrado a un paciente de 17 años con 2 meses, lo cual no derivó en una afectación a su salud”.

Además, en la revisión de los 115 expedientes de pacientes adultos de Veracruz se identificó la aplicación del medicamento Avastin, para diversos tipos de cáncer, sin que hasta el momento se haya encontrado evidencia de la administración de producto falso.

Como parte de las investigaciones, las autoridades federales encontraron 16.8 toneladas de medicamentos caducos y 46 mil 984 paquetes de pruebas rápidas de VIH que no contaban con registro sanitario, las cuales fueron adquiridas por la Secretaría de Salud de Veracruz desde 2010 y no se adquirieron a través de compras consolidadas de medicamentos.

Mientras que las pruebas de VIH entraron al País de manera ilegal, procedentes de China.


Por esa razón, la dependencia federal entregará el reporte al Ministerio Público de la federación y al Órgano Interno de Control para que finquen responsabilidades a los funcionarios que desde 2010 estuvieron a cargo de la compra y distribución de medicamentos en Veracruz.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/02/quimios-falsas-veracruz-yunes-salud/