Sedena debe dar a conocer el número de autodefensas que existen en el país: INAI

CIUDAD DE MÉXICO: El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informar cuantos cuerpos de defensa rural existen en el país, así como el número global de elementos que los integran, desglosados por año, de 2000 a 2016.


“Se trata de cifras agregadas que pueden servir a la Sedena para demostrar que controla efectivamente a estos cuerpos de seguridad y que recurre a ellos sólo en caso de excepción. Es tiempo que la información pública permita y fomente la rendición de cuentas sobre las políticas en materia de seguridad y, sobre todo, sea uno de los insumos para construir comunidades más seguras con la colaboración de la población y las autoridades”, expresó el comisionado ponente Joel Salas Suárez.

Reforma: Sedena solicita la compra de un nuevo avión para altos funcionarios que costará a los mexicanos mil 450 mdp

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) solicitó la compra de un nuevo avión con un valor de mil 450 millones de pesos que servirá para trasladar a funcionarios de alto nivel, así lo dio a conocer un reportaje del periódico Reforma.

De acuerdo con la publicación, la dependencia realizó la petición del presupuesto para adquirir la aeronave a mediados de marzo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el cual, de autorizarse, será costeado por los mexicanos en anualidades que se extenderán hasta 2032.

Detalló que el pago inicial para la compra del avión, del que no proporcionó ni marca ni modelo, será de 25 millones de pesos. Reforma subrayó que aunque éste tiene un costo de 696 millones de pesos, unos 36 millones de dólares, los intereses incrementarán el precio a mil 450 millones de pesos, importe al que todavía hay que añadirle 270 millones destinados al mantenimiento y a la operación en veinte años de vida útil.

Sedena debe rendir cuentas claras e imponer sanciones ejemplares por abusos castrenses: HRW

CIUDAD DE MÉXICO: El director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, se manifestó sorprendido de las declaraciones del vocero de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), José Carlos Beltrán, quien rechazó que se toleren o encubran abusos de los elementos castrenses, e invitó a presentar pruebas de ello.


“Parece que carece de información básica”, comentó en entrevista con Aristegui Noticias sobre lo dicho por el director general de Derechos Humanos de la dependencia que encabeza Salvador Cienfuegos.

Si alguien tiene pruebas de violaciones a DH, que las presente: Sedena

Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se dijo lastimada por “los infundios” que se han publicado recientemente sobre presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, y retaron a quienes tienen pruebas en contra de militares, a que las presenten para que sean investigadas.

El director general de Derechos Humanos de la Sedena, general José Carlos Beltrán Benítez fue el encargado de fijar la postura de la dependencia, en clara alusión a las recientes críticas del líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien señaló a las fuerzas armadas de reprimir al pueblo y, al Ejército en concreto, se refirió en el sentido de que tanto éste como el presidente Enrique Peña Nieto deben aclarar su participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ley de Seguridad Interior: misma receta, mismo fracaso

Desde 1994, cuando al final de su sexenio Carlos Salinas designó a Arsenio Farell Cubillas al frente de la Coordinación Nacional de Seguridad Pública de la Nación, el combate a la delincuencia, incluida su variante de “guerra al narcotráfico”, ha fracasado no por falta de ideas o de recursos, sino porque los crecientes mercados de la ilegalidad han sido bien aceitados con la corrupción.

Después del secuestro del exdueño de Banamex Alfredo Harp Helú, Salinas creó aquella Coordinación que puso en manos de viejos conocedores de la represión que habían participado en la guerra sucia de los años sesenta y setenta. Fue para salir del paso.

La violencia siguió creciendo y a fines de los noventa, México entró en una etapa de inseguridad pública desconocida hasta ese momento, a pesar del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) echado a andar por el gobierno de Ernesto Zedillo.

Los militares desde entonces ya participaban de lleno en tareas de seguridad, avalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que en 1996 declaró constitucional su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública creado por el SNSP.

Después, en abril de 2000, la propia SCJN emitió una tesis jurisprudencial a favor de que los militares participen en auxilio de las autoridades civiles en seguridad pública.

Los militares tienen el aval constitucional desde hace más de 20 años y desde entonces su participación como responsables de los cuerpos policiales ha sido constante.

Soldados y marinos han estado al frente de la Policía Federal, policías estatales, corporaciones municipales, grupos mixtos, fuerzas de tarea y cuantas propuestas han surgido.

Han estado incluso al frente de la Procuración de Justicia, como en el gobierno de Vicente Fox, a pesar de que durante la segunda mitad de los noventa, militares de élite comisionados a la Policía Judicial Federal, antecedente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), desertaron para crear Los Zetas.

Felipe Calderón involucró de lleno a los militares cuando declaró la “guerra a las drogas”. El resultado no ha podido ser peor: un incremento sin precedentes de las violaciones a los derechos humanos y la partición de los grandes cárteles en pequeños grupos autónomos.

Para sobrevivir, las nuevas organizaciones son cada vez más violentas y tienen a México entre los países con más víctimas en el mundo, apenas separado de las naciones envueltas en guerras internas o regionales, como Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Paquistán, Libia y Ucrania. http://www.proceso.com.mx/450082/la-violencia-crece-pena-nieto-se-pasma

Ejemplo de los crímenes de lesa humanidad es la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; pero también de la presencia de los militares en retiro en la delincuencia. Las propias investigaciones de la PGR lo han señalado.

La Ley de Seguridad Interior que promueve el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del PRI en la Cámara de Diputados, con propuestas similares del PAN, no sólo busca hacer permanente esa participación, sino darles incluso más facultades a los militares para “restaurar el orden interno”, por encima incluso de las autoridades civiles.

Como lo hacía Calderón y su “súper policía” Genaro García Luna, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reparte culpas entre los gobernadores y éstos sólo se asoman cuando se trata de recibir recursos federales para la seguridad.

La ley nada resolverá más que dar comodidad a los militares para evitar acusaciones de violaciones a los derechos humanos.

Pero el problema de fondo seguirá: la delincuencia aceitando la corrupción y el Estado invirtiendo en hombres que acaban trabajando para la delincuencia. Un círculo perverso, perfecto.

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco Araizaga

http://www.proceso.com.mx/476582/ley-seguridad-interior-misma-receta-mismo-fracaso

Por ningún motivo Ejército puede investigar delitos: CNDH

La intervención de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior no debe ser permanente y por ningún motivo deben asumir tareas en la prevención e investigación de los delitos, aseveró el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez.

Indicó que con independencia de los resultados concretos que ha tenido la decisión de sacar al Ejército y la Marina a las calles en la lucha contra la delincuencia organizada –decretada por Felipe Calderón en 2006 y seguida por Enrique Peña Nieto—, esa medida “ha tenido como efecto que se presenten violaciones a los derechos fundamentales de las personas, por parte de elementos de algunas autoridades que se apartaron del cabal y debido cumplimiento de su deber, así como que se generen condiciones que propician que se puedan cometer las mismas”.

El ombudsman nacional inauguró esta mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM el foro “Seguridad interior, seguridad pública y derechos humanos: Análisis de las iniciativas de ley de seguridad interior”, donde se pronunció en que la normativa al respecto debe en todo momento objetar la presencia permanente del Ejército y Marina en labores de seguridad interna y las autoridades deben planear el regreso gradual de estas instancias a sus cuarteles.

“Temas tan graves como ejecuciones arbitrarias, desapariciones, tortura, trata de personas, desplazamiento forzado interno y abusos a migrantes, entre otros, tienen como contexto la inseguridad, la violencia y la impunidad”.

El foro se realizó en el marco de las discusiones en el Legislativo federal en torno a la ley de seguridad interior, donde una de las propuestas, la del PRI propone que se regule la intervención de las fuerzas armadas en operativos ante amenazas de la seguridad pública. La iniciativa que ha sido criticada por diversos sectores políticos y sociales quienes han advertido que constituye un riesgo a las garantías de los ciudadanos.

En ese contexto, el presidente de la CNDH presentó un decálogo para que los legisladores puedan tomarlo en consideración:

Tomar como premisa básica y general el reconocimiento y respeto de la dignidad de las personas; preservar la vigencia del esquema de competencias y atribuciones que, en materia de seguridad pública, contempla el artículo 21 Constitucional, y lo previsto en el artículo 89, fracción VI, de la Constitución federal, en lo concerniente a la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

También distinguir y acotar los conceptos de seguridad pública, seguridad nacional y seguridad interior; preservar el respeto al principio de legalidad que todo acto de autoridad debe revestir, en particular cuando se involucren actos de molestia o incluso privativos que pudieran sufrir las personas; prevenir que se afecte o se propicie la afectación del legítimo ejercicio de otros derechos fundamentales, tales como a la libertad de expresión y manifestación, en términos de lo dispuesto en las normas convencionales y constitucionales.

Asimismo, contemplar mecanismos de control institucional, claros y de colaboración entre autoridades, para la implementación, seguimiento y control de las acciones que se desarrollen al amparo de esa ley; definir los ámbitos temporal, espacial y material de las acciones de seguridad interior, así como su difusión y publicidad.

Destacó sobre todo el que se evite que las fuerzas armadas participen en la prevención e investigación de los delitos; que no se asuma, bajo ningún supuesto, que la intervención de esos cuerpos armados en tareas vinculadas a la seguridad de las personas pueda tener carácter permanente. “La ley, en su caso, debe establecer las bases para el retorno gradual y verificable de las fuerzas armadas a las tareas que les son propias”.

El último punto es que la normativa contemple de manera integral todos los aspectos que involucra la participación de las fuerzas armadas en cuestiones vinculadas a la seguridad de las personas, tales como protocolos para uso de la fuerza e interacción con población civil, conforme a estándares internacionales y con respeto a los derechos humanos, aun cuando esta participación sea de carácter temporal.

Fuente: La Jornada

Autor: Emir Olivares Alonso

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/02/22/por-ningun-motivo-ejercito-puede-investigar-delitos-cndh

Ejército mexicano, artífice de la contención migratoria en la frontera sur

El cable que publicó ayer la agencia Associated Press (AP), según el cual la administración estadunidense de Donald Trump pretendía utilizar la Guardia Nacional –un cuerpo militar– para detener indocumentados provocó mucha irritación en México; sin embargo, en el país el diseño de la política antiinmigrante fue producto del Ejército mexicano.

En 2013, la Secretaría de Marina (Semar) elaboró y coordinó el Programa de Atención Integral a la Frontera Sur, y esta dependencia encargó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la tarea de coordinar las “operaciones de control y vigilancia” en la frontera de mil 149 kilómetros que México comparte con Centroamérica.

Su objetivo: “Reducir la inseguridad” y “ordenar el flujo migratorio”; en otras palabras, impedir el paso a los cerca de 250 mil centroamericanos que cruzan cada año de manera irregular la frontera sur, a través de los 704 cruces informales identificados, rumbo a Estados Unidos.

El programa, cuya copia obtuvo Apro, instruyó a autoridades militares y civiles que participaron en las operaciones. Tanto la Semar y Sedena, como instituciones que pertenecen a las secretarías de Gobernación (Segob) –Policía Federal (PF), Instituto Nacional de Migración (INM) y Centro de Investigación en Seguridad Nacional (Cisen)– y de Hacienda y Crédito Público (SCHP) participarían en las labores de contención migratoria.

Entre 2013 y 2016, la Semar realizó 3 mil 102 operativos migratorios de apoyo al INM, un promedio de dos por día. 502 de ellos fueron operativos marítimos y los 2 mil 600 restantes se llevaron a cabo en tierra, de acuerdo con el oficio 1352/16 que esta dependencia entregó a Apro en respuesta a una solicitud de información.

En julio de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció el arranque del Programa Frontera Sur, que presentó como una estrategia transversal de desarrollo de los estados fronterizos. Las organizaciones defensoras de derechos humanos, por su parte, denunciaron la “militarización” de la frontera y el incremento de los abusos contra los migrantes.

Entre julio de 2014 y el pasado mes de diciembre, las autoridades mexicanas deportaron a 377 mil 599 migrantes de origen centroamericano, un promedio de 419 por día.

Contención

En el programa, la Semar dividió la región sureña del país en tres zonas, delimitadas a su vez por tres líneas: una de Control Fronterizo –en las inmediaciones de la frontera–, otra de Control Interno y la última de Contención –que parte de Salina Cruz, Oaxaca, y atraviesa el Istmo de Tehuantepec hasta Coatzacoalcos, Veracruz.

La línea de contención tiene el objetivo de “contener hacia el interior del país el tráfico ilícito de personas y bienes, mediante el establecimiento de Bases de Operaciones Mixtas (BOM), fijas y móviles”.

El programa planteó la creación de cinco Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) –integrados por antenas de la Semar, la Sedena, el INM, el Cisen, la PF, la Procuraduría General de la República (PGR), autoridades municipales y estatales, así como de la Administración General de Aduanas (AGA)– en municipios de Chiapas y Tabasco.

Otro punto del programa de la Semar estableció las Fiscalías Especializadas para la Atención de Delitos en Contra de Migrantes en los cuatro estados fronterizos, las cuales tienen la misión de investigar las agresiones contra los indocumentados.

También consideró una vertiente de “Tecnificación de la vigilancia en la frontera sur”, que instruía a utilizar drones para vigilar la frontera, así como la instalación de sensores, detectores y sistemas de recolección de datos biométricos. Esta vertiente fue atribuida al Cisen el cual, en su momento, advirtió que no previó recursos para el proyecto “dada la situación económica nacional”.

Algunos de estos insumos fueron comprados a través de la Iniciativa Mérida, el acuerdo binacional firmado en 2007 por las administraciones de Felipe Calderón y George W. Bush, con el objetivo de que el gobierno de Estados Unidos asuma parte del costo económico de la llamada “guerra contra el narcotráfico” en México.

De acuerdo con el informe “La Iniciativa Mérida y más allá”, elaborado por el Servicio de Investigación del Congreso estadunidense en febrero de 2016, el Departamento de Defensa entrenó y equipo a los militares mexicanos que patrullan en la frontera sur.

El Departamento de Estado proveyó recursos por 15 millones de dólares en equipos caninos y “equipos de vigilancia” para el monitoreo de los cruces fronterizos y planeó gastar por lo menos 75 millones de dólares adicionales.

Cooperación

En su informe de actividades Julio 2014-Julio 2015, la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur afirmó que en los operativos del INM participaron la PGR, la Sedena, PF y Semar, “además del gobierno de Chiapas”.

Entre 2013 y 2016, la Policía Federal participó en 16 mil 623 operativos de migración junto con el INM, un promedio de 11 por día. Estos operativos derivaron en detenciones de migrantes, según el oficio PF/OCG/DGE/6356/2016, entregado a Apro por transparencia.

La PGR informó a este medio que apoyó en 14 ocasiones al INM entre 2015 y 2016, mientras que la dirección general de asuntos policiales e Interpol reportaron 12 operativos, del 2012 hasta 2016.

La Sedena, por su parte, aseveró a Apro que “no localizó ningún documento o registro que contenga información” sobre los operativos de apoyo al INM que realizó entre 2013 y 2016.

El Cisen considera que las características de la frontera sur mexicana “favorecen la comisión de ilícitos como el tráfico de indocumentados, drogas, armas, personas, dinero ilegal, entre otros, aunado a la presencia de asentamientos irregulares en algunos puntos de la franja fronteriza que hacen propicio el comercio ilegal en la zona”.

En un informe sobre la frontera sur, entregado a Apro en respuesta a la solicitud de información 0410000026016, el Cisen señala a Chiapas –donde existen aproximadamente 56 cruces fronterizos vehiculares informales y más de 350 peatonales– como “la principal puerta de entrada para el tráfico ilegal de mercancías, drogas, personas, combustible, así como para la proliferación de organizaciones delictivas”.

También identifica el municipio de Candelaria, en Campeche, como “lugar estratégico para el tráfico de enervantes y personas”.

Fuente: Proceso

Autor: Mathieu Tourliere

http://www.proceso.com.mx/474932/ejercito-mexicano-artifice-la-contencion-migratoria-en-la-frontera-sur

El supuesto “narcogeneral” que Fox aplastó

Tiene 71 años y trabaja como obrero. Sin embargo, la vida de Ricardo Martínez Perea no siempre fue así. Hace 15 años era general brigadier, pero su sino se opacó cuando el entonces presidente Vicente Fox lo acusó de ser protector del narcotraficante Gilberto García Meza, El June, y ordenó meterlo en prisión. Y ahí estuvo tres lustros, hasta que recobró su libertad. Hoy, Martínez Perea intenta demostrar su inocencia, pero las autoridades castrenses siguen poniéndole obstáculos. Él no ceja y anuncia que llevará su caso a instancias internacionales.

En abril de 2001, el entonces presidente Vicente Fox sentenció al último oficial táctico del Ejército mexicano, el general brigadier Ricardo Martínez Perea. Lo acusó públicamente, desde Colombia, de ser un protector del narcotráfico. La justicia militar cumplió rigurosamente la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y lo condenó a 15 años de prisión, tal como lo había anunciado el gobernante.

Pese a las irregularidades procesales y de que sus supuestos protegidos obtuvieron su libertad, el general Martínez Perea purgó la totalidad de la sentencia en distintas cárceles civiles y militares del país, incluida la colonia penal federal Islas Marías, en Nayarit, junto a delincuentes que él mismo había detenido.

El 5 de abril del año pasado salió de su último lugar de reclusión, el penal de Islas Marías. Y ahora, a sus 71 años, sigue con su batalla legal cuesta arriba para que la justicia militar lo declare inocente, pues nunca se demostró su culpabilidad.

No obstante, el Supremo Tribunal Militar se niega a citar a sus acusadores, entre ellos a Fox y a quienes fueron secretario de la Defensa Nacional, el general retirado Clemente Vega García, y procurador general de la República, el general retirado Rafael Macedo de la Concha.

La única prueba en contra de Martínez Perea fue un anónimo que lo acusó de proteger al Cártel del Golfo en su condición de comandante del 21 Regimiento de Caballería Motorizado, asentado entonces en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

La búsqueda del reconocimiento de inocencia es para limpiar su nombre y su honor militar, pero también para recuperar sus derechos; sobre todo la atención médica y la pensión que ya se había ganado con casi 40 años de servicio cuando fue detenido, aun cuando tenía una década por delante como miembro activo del Ejército, al que perteneció su padre y al que también sirven su hijo y uno de sus yernos.

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco Araizaga

http://www.proceso.com.mx/474979/supuesto-narcogeneral-fox-aplasto

Nadie quiere a los militares como policías

La Ley de Seguridad Interior, que busca legitimar la actuación de las Fuerzas Armadas en funciones policiacas, está detenida provisionalmente en el Congreso. Esta pausa la aprovechan numerosas voces de organismos defensores de los derechos humanos para gritar su inconformidad y advertir lo que la experiencia enseña: poner a militares a cargo de la seguridad pública no hará más que inundar al país de violencia, sangre, terror, desapariciones forzadas, desplazamientos, violaciones y ejecuciones extrajudiciales.

Mientras en la Cámara de Diputados se determinó suspender por el momento el proceso de aprobación de la Ley de Seguridad Interior, voces de defensores de los derechos humanos se siguen sumando al rechazo a normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, ante las evidencias de abusos contra la población civil.

Los cuestionamientos sobre la efectividad de mantener el despliegue castrense al frente de la seguridad se aceleraron tras el operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en Tepic, para abatir a 13 personas, entre ellas un presunto lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva, el jueves 9.

El martes 14 el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, informó que pese a que el organismo no había recibido quejas por los hechos en Nayarit, estaba investigando el asunto, al tiempo que se sumó a las exigencias de organizaciones civiles dirigidas a los legisladores para abrir la discusión sobre la pertinencia de mantener a las Fuerzas Armadas al frente de la seguridad.

González Pérez dijo: “Ninguna regulación debe trasgredir competencias y sobre todo el respeto de los derechos humanos, ninguna regulación puede facilitar que haya torturas, que haya desapariciones, que haya detenciones arbitrarias”. Añadió que la seguridad pública debe “tener un eje a partir de la autoridad civil”.

Horas antes, miembros de organizaciones civiles y académicos habían exhortado públicamente a los legisladores a “detener” las iniciativas de la Ley de Seguridad Interior.

Entrevistados por Proceso, defensores de los derechos humanos –algunos de ellos han litigado casos relacionados con abusos cometidos por militares– exponen parte de la experiencia empírica que fundamenta su oposición a la pretensión de mantener a las Fuerzas Armadas en las calles.

Fuente: Proceso

Autora: Gloria Leticia Díaz

http://www.proceso.com.mx/474977/nadie-quiere-a-los-militares-policias

Las Fuerzas Armadas se salen con la suya

Las declaraciones que desde diciembre pasado realizó el secretario de la defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, presionaron a los legisladores para aprobar el paquete de seguridad, incluida la Ley de Seguridad Interior. Ahora, sin embargo, las Fuerzas Armadas están ejerciendo una presión aún mayor para que el legislativo apruebe cuanto antes esta última.

Si bien hay indicios de que las versiones sobre la amenaza de Donald Trump de enviar tropas a México para combatir al crimen organizado atizaron esa urgencia, el PRI y sus aliados, incluyendo al PAN, están en la ruta de plegarse a la imposición de las Fuerzas Armadas…

Después del miércoles 1, cuando se difundieron versiones extraoficiales de que el presidente estadunidense Donald Trump pretende enviar tropas a México para combatir a los “bad hombres”, los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina rebasaron al Ejecutivo federal: al día siguiente convocaron a varios legisladores a las oficinas del primero, general Salvador Cienfuegos Zepeda.

Una semana más tarde lograron poner la Ley de Seguridad Interior en la antesala del pleno de San Lázaro.

“Si hay otro camino diferente para enfrentar la inseguridad, nosotros no queremos referirnos a él sino que queremos la Ley de Seguridad Interior ¡ya!”, dijo el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, el secretario de Marina, a diputados y senadores que acudieron el miércoles 7 al encuentro en las oficinas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Ese día el PRI hizo a un lado su iniciativa de reglamentar el “estado de excepción” y sacó de la congeladora su otra propuesta: la Ley de Seguridad Interior. El jueves 9, los diputados del PAN votaron a favor de esta última en la Comisión de Seguridad Pública.

Federico Döring, vicecoordinador y principal operador político de la fracción del PAN en San Lázaro, aclaró a Proceso que su partido “tiene empatía pero no simpatía” con la propuesta del coordinador de los diputados del PRI, César Camacho Quiroz. Para el panista, “lo que no supo operar el gobierno lo supieron operar políticamente las Fuerzas Armadas”, ya que consiguieron que la Ley de Seguridad Interior ya fue aprobada en comisiones.

A pesar de ello, advierte que “hoy” no están dadas “las condiciones políticas” para su aprobación, pues se requiere consenso en algunos puntos que no han generado acuerdos. “Quizá para la próxima semana se den”, comenta.

Fuente: Proceso

Autora: Jesusa Cervantes

http://www.proceso.com.mx/474107/las-fuerzas-armadas-se-salen-la-suya

Ejército mexicano: El “cuestionario” de la muerte

El Ejército Mexicano no espera a que las leyes le permitan saltarse a la autoridad civil en la lucha contra el narcotráfico. Los soldados tienen órdenes de capturar a sospechosos y realizar indagatorias, dando por hecho que policías y ministerios públicos “se harán los desentendidos”. Incluso tienen un instrumento para infringir la ley: el “cuestionario inteligente”, que aplican a los detenidos antes de entregarlos a la PGR. Cuando los acusan de violar los derechos humanos, los generales no tienen objeción para que paguen los subalternos que cumplieron sus directivas.

Como parte de la “guerra al narcotráfico”, el Ejército Mexicano se arrogó funciones del Ministerio Público federal para investigar delitos. Contrario a la Constitución, que faculta sólo a las procuradurías de justicia para realizar indagatorias, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) elaboró un “cuestionario inteligente” de aplicación obligatoria a todos los detenidos por hechos relacionados con el narcotráfico.

El cuestionario se derivó de la Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012, emitida durante el gobierno de Felipe Calderón, en la que se dieron amplias atribuciones a los militares para enfrentar a los cárteles de la droga y que fue puesta en práctica de forma discrecional por los mandos castrenses.

El cuestionario tiene más de 100 preguntas que se realizan según las circunstancias: si se trata de civiles, policías, extranjeros, armas, estupefacientes, vehículos, dinero o laboratorios clandestinos de droga. Los interrogatorios comienzan en los lugares de los hechos y continúan en los cuarteles militares; después los detenidos son presentados a la Procuraduría General de la República (PGR).

La instrucción recibida por los jefes militares en todo el país fue someter a “un intenso interrogatorio” a los detenidos para explotar la información y continuar de inmediato las operaciones del Ejército.

Algunos interrogatorios acabaron en la muerte de los detenidos, como el puesto en práctica por el llamado Pelotón de la Muerte, en Ojinaga, durante el Operativo Chihuahua que la Sedena desplegó por instrucción presidencial (Proceso 1889).

Después de una década de operar bajo ese tipo de directrices, el Ejército y la Marina están por concretar su intenso cabildeo para que el Congreso les otorgue una Ley de Seguridad Interior que legalice su actuación de “restauración del orden interno”, no sólo en el futuro, sino la que despliegan actualmente.

Fuente: Proceso

Autor: Jorge Carrasco Araizaga

http://www.proceso.com.mx/474105/ejercito-mexicano-cuestionario-la-muerte

Detienen en Tamaulipas a dos militares que llevaban armas para Los Zetas

Dos tenientes de la Sedena fueron detenidos en un retén cuando transportaban un cargamento de armas con destino a Ciudad Victoria, Tamaulipas.

De acuerdo con información del blog Nuevo Laredo en Vivo, los detenidos fueron identificados como José Manuel Núñez Santiago y Ambrosio Salgado Brito.

Según las declaraciones de los tenientes, les pagarían 100 mil pesos por las armas que iban a entregar a un contacto fuera de su destacamento.

De acuerdo con la información del blog, las primeras investigaciones indican que las armas iban a ser entregadas a Pancho Carreón, líder de una célula de Los Zetas Vieja Escuela que opera en el municipio de Xicoténcatl.

Los militares viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet tipo Chevy con placas del estado de Nuevo León y fueron interceptados en el puesto de inspección de la Sedena localizado en Oyama, municipio de Hidalgo, Tamaulipas.

Los militares iban del destacamento de Monterrey, Nuevo León con destino a Ciudad Victoria, donde entregarían el arsenal a una persona que los contactaría vía telefónica.

Los detenidos, vehículos y armas fueron entregados a la Agencia del Ministerio Público de la Federación, dándose vista a la Fiscalía Militar y a la Policía Federal.

En total, los militares traían 14 armas largas (3 tipo AR-15 y 11 tipo AK-47); dos armas cortas calibre 9 mm; cuatro cargadores para 7.62 x 51; 61 cargadores AK-47; cuatro cargadores 9mm; 106 cargadores AR-15; 710 cartuchos 5.56mm, y 59 cartuchos 9mm.

Hasta el momento la Secretaría de la Defensa Nacional no ha emitido información oficial respecto al caso.

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/472296/detienen-en-tamaulipas-a-dos-militares-llevaban-armas-los-zetas

Alerta Sedena sobre sitio web apócrifo

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) alertó a la sociedad sobre la existencia de un sitio web que es operado por extorsionadores y utiliza características de diseño similares a las de la institución castrense.

A través de un comunicado de prensa se informó “a la opinión pública que recientemente se detectó el sitio de Internet apócrifo ‘http://www.sedena-gob.com’, en el cual se oferta la subasta de vehículos y maquinaria pesada, situación anormal, en virtud de que esta dependencia del Ejecutivo federal no realiza ventas por Internet”.

La Sedena señaló que “el sitio apócrifo presenta en su diseño características similares a la página oficial que esta secretaría tiene a través de la Ventanilla Única Nacional ‘gob.mx’, único sitio oficial del gobierno federal”.

La información dada a conocer refiere que en el sitio malicioso se encuentra publicado el número telefónico 01 800 681 6934, el cual es atendido por dos personas que se ostentan con el nombre de Donatelo Ferreti y Willy De la Madrid, quienes indican tener el grado de tenientes, careciendo de identidad militar, deduciéndose que se trata de extorsionadores que de manera premeditada difunden un sitio de Internet similar al del instituto armado para cometer actos ilícitos”.

La institución llamó a los usuarios de Internet a denunciar a las autoridades correspondientes cualquier relación que hayan tenido con el sitio web apócrifo y las personas que lo atienden, y para que “la ciudadanía siga siendo víctima de personas que suplantan de manera ilegal el sitio digital de esta secretaría se informa la página de Internet oficial es www.gob.mx/sedena, con el número telefónico 21 22 88 00”.

Fuente: La Jornada

Autor: Gustavo Castillo

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/21/alerta-sedena-sobre-sitio-web-apocrifo

Cae avioneta de Sedena en Chiapas; hay dos 2 muertos

Este miércoles se desplomó una avioneta en el municipio de Jiquipilas.

De acuerdo con la información extraoficial, los hechos ocurrieron cerca de las 13:40 horas, la aeronave se desplomó cerca del Rancho “Monterrey” ubicado a cinco minutos de la cabecera municipal.

Hasta estos momentos se sabe que la avioneta era de la Fuerza Aérea Mexicana, la cual quedó calcinada en su totalidad, junto con sus dos tripulantes.

Los elementos de las fuerzas castrénses que acordonaron el área y tomaron conocimiento de los hechos han mantenido total hermetismo en el caso.

Fuente: Diario de Querétaro

Autor: Marcos Ramos

https://www.diariodequeretaro.com.mx/republica/cae-avioneta-en-chiapas-hay-dos-2-muertos/

Advierten ONG riesgo de legalizar la impunidad de las fuerzas armadas

Organizaciones y centros de derechos humanos advirtieron que de aprobarse la ley de seguridad interior en los términos en que se discute en el Congreso de la Unión, la crisis de violaciones a los derechos humanos que vive el país se agravaría aún más, ya que se estaría prácticamente legalizando la impunidad con la que actúan las fuerzas armadas.

Ejecuciones extrajudiciales como la ocurrida en Tla-tlaya, estado de México, donde el Ejército presuntamente usó de manera desproporcionada su fuerza letal y manipuló el lugar de los hechos para encubrir lo ocurrido, se repetirán con mayor frecuencia en el resto del territorio nacional, consideraron.

Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, puso de ejemplo lo ocurrido también con el indígena Bonfilio Rubio Villegas, ejecutado extrajudicialmente por el Ejército Mexicano en junio de 2009 en Guerrero, y cuyo caso fue presentado hace unos días a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de agotarse todas las instancias nacionales para obtener justicia.

En los casos Tlatlaya –donde al menos 15 de los 22 civiles muertos fueron ejecutados por militares, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)– y de Bonfilio Rubio, el Ejército aplicó la fuerza en forma desproporcionada, manipuló la escena de los hechos y sembró evidencias para encubrir sus actos, además de que la justicia civil no los llama a cuentas.

Agregó que en México no hay sentencias en contra de militares que han violado derechos humanos. Es por eso que prevemos que estos hechos nos alertan de lo que podría pasar si la ley de seguridad interior es aprobada en los términos en que se discute, expresó.

Por su parte, Abel Barrera Hernández, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, en Guerrero, señaló que esa actuación de los militares es ya un patrón de comportamiento, que en esa entidad lo han confirmado con el paso ya de varias décadas, donde tras la violación a los derechos humanos de la población, siembran evidencias para encubrir a los perpetradores.

Aseguró que la situación de impunidad se agravaría con la nueva legislación, pues desde ahora los militares no rinden cuentas a nadie de su actuación y en los hechos están por encima de la autoridad civil. Incluso, aseguró, los jueces se supeditan a los militares. No hay ya manera de controlarlos.

En tanto, Manuel Olivares, del Centro José María Morelos y Pavón, en Chilapa, Guerrero, rechazó que el malestar de los militares sea porque realizan tareas de seguridad pública; su enojo es porque no tienen un marco jurídico que les garantice que no serán llamados a cuentas y se garantice su impunidad.

Resaltó que durante el año que recién concluyó, en el estado se han documentado 146 asesinatos, 41 desapariciones y han sido localizados 56 cuerpos en fosas clandestinas.

Es falso que con la presencia militar en la entidad se tenga mayor seguridad, lamentó.

Fuente: La Jornada

Autor: José Antonio Román

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/13/politica/010n2pol

Urgen en Sedena a aprobar la Ley de Seguridad Interior

CIUDAD DE MÉXICO: El director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Alejandro Ramos, destacó la urgencia de aprobar la Ley de Seguridad Interior, sin embargo, dijo, se respetarán los tiempos del Legislativo para abordar el asunto.

“Sí es urgente, pero es más importante que sea una regulación correcta, que cumpla con regular adecuadamente la participación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad interior”, puntualizó en entrevista con Radio Fórmula.

Añadió: “Yo no podría decirle que hay un malestar. Nosotros hemos sido respetuosos de los Poderes de la Unión. Hay urgencia al respecto. Más que malestar, es preocupación”.

Y es que la falta de una regulación, sostuvo, “coloca a las Fuerzas Armadas en una disyuntiva”.

El funcionario federal manifestó que debe haber certeza jurídica y definir la actuación de las Fuerzas Armadas para evitar que “por una mala interpretación, los que queden en una situación jurídica incierta sean los propios elementos”.


Finalmente, Ramos señaló que más allá de que la Ley de Seguridad Interior salga en un periodo extraordinario u ordinario, “lo importante es que sea una ley que sirva”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/466280/urgen-en-sedena-a-aprobar-la-ley-seguridad-interior

Cae avión militar en Sonora, dos muertos

Ciudad de México. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que una aeronave que realizaba vuelos de reconocimiento en el estado de Sonora sufrió un percance y se precipitó a tierra, lo que dejó un saldo de dos tripulantes fallecidos.

La nave accidentada es un avión denominado T-6C, el cual se precipitó a tierra 20 kilómetros al sureste de la población de Opodepe. La Sedena indicó que la Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes Aéreos de esa institución y la Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea investigan las causas que originaron el evento.

Fuente: La Jornada

Autor: Redacción

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/09/cae-avion-militar-en-sonora-dos-muertos

La Sedena deberá entregar versión pública del expediente militar de Gutiérrez Barrios

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) deberá entregar una versión pública del expediente militar del fallecido capitán Fernando Gutiérrez Barrios en torno de su labor como elemento activo de la dependencia.


Así lo determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego de que un particular se inconformó porque la Sedena le negó la versión pública del expediente personal de Gutiérrez Barrios, quien también fungió como gobernador de Veracruz y secretario de Gobernación en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

En la versión pública que deberá poner a disposición del solicitante, la Sedena únicamente podrá reservar la ubicación de instalaciones militares, los nombres y firma de personal militar, así como testar datos personales del militar de referencia, el nombre y firma de terceros no militares, precisó el INAI.

En alegatos, la Sedena argumentó que la solicitud fue atendida ‘adecuadamente’, al haberle indicado al particular que el expediente requerido contiene información de carácter reservado y confidencial, clasificación que fue confirmada por su Comité de Transparencia.

También señaló que tener acceso al expediente de un militar extinto no es viable, toda vez que el contenido de dicho documento hace referencia a diversas actividades militares que el fallecido llevó a cabo durante su carrera militar, además de figurar sus datos personales y de su círculo familiar.

La Sedena también alegó la inexistencia de una conexión patente entre la información solicitada y un tema de interés público.

El recurrente manifestó que en una solicitud diversa se le dio acceso al expediente de un militar fallecido, por lo que el argumento de la dependencia es infundado.

En un comunicado, el INAI destacó que tras efectuar el análisis respectivo, se concluyó que los documentos que integran el expediente solicitado son susceptibles de entregar en versión pública y que sólo se podrá clasificar aquella información relativa a datos personales del militar del interés del particular, relativos a su esfera íntima, así como nombres, firmas y datos de terceros que no son militares.

En su proyecto de recurso de revisión, el comisionado ponente Rosendoevgueni Monterrey Chepov consideró que la publicidad de la información correspondiente a la labor de Gutiérrez Barrios como elemento activo de la Secretaría de la Defensa Nacional “permite a la población el acceso a los registros oportunos, verificables, inteligibles, relevantes y claros sobre las actividades sustantivas de una persona que se desempeñó como servidor público, lo cual favorece sin duda el escrutinio de estas actividades”.

Añadió: “Dimensionar la vida de este personaje tan importante de la vida política del país, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información permite asumir una retrospectiva de eventos históricos que han marcado etapas fundamentales en el desarrollo democrático de México y conocer el desempeño de servidores públicos encargados de la toma de decisiones con impacto en la ciudadanía”.


Por lo anterior, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la Sedena y le instruyó elaborar y poner a disposición del particular la versión pública del expediente militar del capitán Fernando Gutiérrez Barrios, quien era de los agentes más importantes de la desaparecida Dirección Federal de Seguridad (DFS) cuando el ahora fallecido Fidel Castro fue detenido en México, en 1956, mientras cumplía funciones de Inteligencia con el Movimiento “26 de julio”, que se preparaba para invadir Cuba y derrocar a Fulgencio Batista en Cuba.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/464231/la-sedena-debera-entregar-version-publica-del-expediente-militar-de-gutierrez-barrios

Construirá Sedena base de Policía Militar en León; enviará 800 elementos más

SILAO, Gto: La Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del estado construirán un cuartel para establecer una base permanente con 800 elementos de la Policía Militar entre León y Silao, que se enfocará específicamente en combatir la violencia en la ciudad zapatera y los robos al tren en este tramo.

Esta sede comenzaría a ser levantada en diciembre y estaría operando a mediados del año próximo; costará 275 millones de pesos, de los cuales el gobierno estatal aportará 225 y el federal 50, y contará con tecnología y equipamiento de punta, confirmaron el gobernador Miguel Márquez y el comandante de la XII Región Militar, el general Felipe Gurrola Martínez, en una conferencia de prensa ofrecida este domingo 13.

El gobierno estatal cuenta ya con el aval del ejido de Abarradones, ubicado en León –en los límites con Silao– de donde se dispondrá de 60 hectáreas para la construcción de la base militar, dijo el gobernador.

Para ello, el gobierno municipal leonés se comprometió a aportar 10 millones de pesos a manera de contraprestación, de un total de 30 millones por este concepto que debe entregarse a los ejidatarios para que la Sedena pueda tomar posesión de las 60 hectáreas e iniciar la construcción de la base.

Actualmente, en Guanajuato se cuenta con instalaciones militares de la XII Región en Irapuato, y de la 16ª Zona en Sarabia, comunidad de Villagrán.

Sin embargo, como reconoció el general Felipe Gurrola, las condiciones de violencia y homicidios dolosos que ha presentado el estado en los últimos meses y el combate a delitos federales como el robo al tren y de hidrocarburos, ha hecho necesaria la presencia de más elementos, ante la insuficiencia en las acciones implementadas hasta hace unas semanas.

Gurrola Martínez, un general considerado experto en el combate al crimen organizado y quien fuera secretario adjunto del general Enrique Cervantes cuando éste fue titular de la Sedena –en el sexenio de Ernesto Zedillo– precisó que la nueva base militar contará con equipamiento, armamento y tecnología de punta, además de que el personal de la Policía Militar que arribará tiene una preparación específica para tareas de combate al crimen en ciudades, trabajando con policías municipales y estatales.

“Como saben tenemos instalaciones en Sarabia e Irapuato (pero) queríamos tener una cerca de León para poder atender de primera mano esta problemática. El general secretario (Salvador Cienfuegos) me instruyó a buscar un lugar al norte de Silao y cerca de León y Albarradones resulta idóneo”, explicó.

Gurrola dijo que el actual tráfico en la carretera Irapuato-León complica la movilización desde las actuales instalaciones a la zona de León y los municipios vecinos a Jalisco y se consideró necesario buscar una sede de fácil acceso, que en este caso estará cerca de la nueva autopista León-Salamanca y del Eje Metropolitano con Silao y el Puerto Interior.

La Policía Militar, señaló, “viene equipada, adiestrada, armada, con mucha experiencia, ha operado en muchas partes del país, y vienen para quedarse. Este tipo de policía es una unidad especialmente para tener más cercanía con la población… la prioridad será incrementar la seguridad en la ciudad de León y atender el tema del tren”, reiteró.

Además, dijo que el arribo de más refuerzos a Guanajuato –estos 800 se suman a los mil que llegaron a principios de octubre– permitirá dedicar a otros activos al combate al robo de hidrocarburos en la región sur, donde este delito no ha podido abatirse como se quisiera, según admitió el viernes el propio comandante de la XII Región.

La nueva base militar contará con 65 viviendas y departamentos y también se prevé que se construya una escuela primaria.

Aunque inicialmente se programó que la construcción será fondeada con recursos estatales y federales, se indicó que será creado un fideicomiso al que se invitará también a empresas de la zona a participar, aportando al proyecto.


El gobernador Miguel Márquez dijo que se dialogó con los ejidatarios de Albarradones y luego de que aceptaron, lo que sigue es realizar los trámites de orden legal para tener la certeza jurídica sobre el predio, ya que la construcción iniciaría de inmediato.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/462447/construira-sedena-base-policia-militar-en-leon-enviara-800-elementos

Destaca Cienfuegos labor de soldados en actividades sociales

Ciudad de México. El Ejército mexicano realiza acciones cívicas y de labor social en todo el territorio nacional para coadyuvar en el desarrollo de los sectores más vulnerables de la sociedad, sostuvo el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda.

Al encabezar la firma de un convenio de colaboración con el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, Cienfuegos destacó la participación de los soldados en diversas actividades sociales, así como en la Cruzada Nacional contra el Hambre.

En ese sentido, comentó 12 mil soldados participaron en 298 campañas en 24 entidades del país en beneficio de un millón 435 mil personas.

Por su parte, el titular de Sedesol agradeció la colaboración del Ejército mexicano en la Cruzada Nacional contra el Hambre y destacó la renovación de este convenio de colaboración con la Defensa Nacional.

Celebramos el papel social del Ejército siempre cercano a la sociedad, dijo Nava quien agregó que “no puede haber seguridad nacional si no hay cohesión social y seguridad social para los grupos más vulnerables”.


El funcionario agradeció también la general Cienfuegos y la plana mayor de la Defensa Nacional, reunidos en la sede del Instituto Armado, por la capacitación de más de 17 mil voluntarios de mil 600 comedores en el país.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: JESÚS ARANDA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/09/destaca-cienfuegos-labor-de-soldados-en-actividades-sociales