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lunes, 7 de noviembre de 2016

Sedena tuvo evidencia de alteración de escena en Tlatlaya desde el primer día

El Ejército mexicano fotografió los cadáveres tras la balacera del 30 de junio de 2014, lo cual demuestra el acomodo de cuerpos y armas.

El Ejército Mexicano tuvo evidencia desde un primer momento sobre la alteración que sufrió la escena del crimen donde 22 civiles fallecieron en un supuesto enfrentamiento, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014.

Aristegui Noticias obtuvo, vía transparencia, los primeros reportes enviados por los soldados a sus superiores tras la balacera: cuatro partes “extraurgentes” y un anexo de 34 fotografías en blanco y negro, tomadas por soldados en el lugar de los hechos.

Dos partes militares mencionan el envío de fotografías: el S-1/M-1/14787 y el  S-1/M-1/14720. El primero no figura entre las pruebas que entregó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para la investigación por violaciones graves.

Durante las 93 páginas de la recomendación de CNDH nunca se menciona que los elementos hayan tomado imágenes. La Comisión concluyó con peritajes que nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas.


Aristegui Noticias comparó las nuevas fotos entregadas por la Sedena con dos series de imágenes que ya eran públicas. El resultado: nueve cadáveres fueron movidos o les colocaron armas.

El 30 de junio de 2014, elementos de la Sedena se enfrentaron a un grupo civiles armados en el poblado de San Pedro Limón, Tlatlaya.

Soldados reportaron que los sujetos dispararon desde una bodega, por lo que repelieron la agresión con un saldo de 22 civiles fallecidos y un militar herido.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:00 am y el Ministerio Público llegó hasta las 12:30 horas, por lo cual los soldados tuvieron control de la escena durante seis horas.

En los cuatro partes obtenidos por Aristegui Noticias se aprecia el desarrollo de los hechos: en el primero ya se habla de 22 civiles muertos, pero no hay detalles sobre las armas decomisadas; el último reporte cierra a las 17:30 horas, cuando acabó el levantamiento de los cuerpos.

FOTOS DEMUESTRAN CADÁVERES MANIPULADOS

Las fotos entregadas por la Sedena son una pieza clave para entender cómo las autoridades modificaron el lugar donde fallecieron 22 civiles.

Hay dos registros gráficos previos. Uno fue el expediente publicado por la CNDH (con imágenes de peritajes); y el segundo, las fotos filtradas a la agencia de noticias MVT, de Toluca.

Al comparar los tres grupos de imágenes consta que el Ejército tuvo evidencia en sus archivos sobre el cambio de posición de al menos nueve cadáveres y armas a su alrededor.

La Sedena entregó 34 fotos y en 20 de ellas se aprecia la posición de los cadáveres luego de la balacera, e incluso las botas de un militar que tomó las imágenes.

En la foto número dos de la Sedena, se ve el cuerpo de un hombre con los brazos extendidos y un arma larga sin cargador sobre el brazo izquierdo, incluso aparecen las botas del militar que tomó la foto.

Después, la escena cambia.

En las imágenes que tomaron los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), se aprecia el cuerpo en la misma posición, pero ahora el arma ya tiene incorporado el cargador.

BLOQUEO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Aristegui Noticias solicitó acceso a estos archivos en enero de 2015: la Sedena negó el acceso, pero una resolución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) obligó a la Secretaría a entregar los datos en junio de 2015.

De última hora, el Ejército Mexicano canceló la entrega de los documentos, argumentando la existencia de un amparo promovido por los soldados que participaron en los hechos para que no se divulgaran elementos de la investigación.

El bloqueo sobre la información pública terminó en octubre de 2016, cuando la dependencia notificó la posibilidad de entregar los documentos.

El expediente transparentado está en una versión pública (con datos personales y caras tapadas con un cuadro negro). Al ya tener los documentos, una fuente entregó a Aristegui Noticias otra versión de las mismas fotos, pero con mayor calidad y ahora sin el cuadro negro que tapaba la cara de las víctimas.

Además, en la lista de “EVIDENCIAS” de la CNDH no aparece el parte S-1/M-1/14787, donde los soldados reportaron el envío de imágenes a sus superiores.

El Ejército Mexicano guardó en sus archivos evidencia clave para determinar qué pasó la mañana del 30 de junio de 2014 en Tlatlaya.

JUSTICIA

La versión oficial sobre la balacera (que los militares repelieron una agresión) dominó la agenda pública dos meses, hasta que un reportaje de la revista Esquire, de septiembre de 2014, cuestionó la actuación de los soldados y una de las sobrevivientes de los hechos acusó la ejecución extrajudicial de los civiles armados.

La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que investigaba los hechos desde un principio, aunque poco a poco los involucrados en los hechos han salido victoriosos de los procesos penales.

A dos años y tres meses de lo ocurrido, todos los militares están libres, luego que un juez federal no encontró elementos suficientes para seguir el proceso penal.

Sin embargo, el juez dio a la PGR la oportunidad de perfeccionar la investigación y presentar el caso nuevamente.

La abogada Araceli Olivos, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, afirmó que el juez rechazó un peritaje de PGR que confirmaba la alteración ilícita del lugar de los hechos, por carecer de elementos que comprobaran rotundamente esta hipótesis.

Sin embargo, el juez dio más peso a un documento de la PGJEM que afirmaba que la escena se conservó íntegra.


“Esto apunta directamente a la capacidad de PGR de no haber podido sostener  una investigación y una acusación sólida, con argumentos y datos de prueba”, dijo la abogada Olivos Portugal.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: SEBASTIÁN BARRAGÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0611/mexico/sedena-tuvo-evidencia-de-alteracion-de-escena-en-tlatlaya-desde-el-primer-dia/

viernes, 4 de noviembre de 2016

Tras más de 100 ejecuciones, Guanajuato urge a la Sedena encabezar Mando Único

GUANAJUATO, Gto: El gobierno del estado urgió a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a hacerse cargo del Mando Único en la zona limítrofe entre esta entidad, Jalisco y Michoacán, triángulo en el que se ubica el municipio de Pénjamo, donde se han registrado al menos 100 homicidios dolosos de enero a octubre.

Las autoridades estatales han reconocido la existencia de una fuerte pugna entre grupos del crimen organizado en la zona.

Decapitados, bolsas con restos y cuerpos tirados en caminos vecinales han quedado en el registro del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), en un recuento de dicha instancia y medios de comunicación que hasta este viernes 4 llegó a las 102 personas asesinadas sólo en este municipio.

Según las estadísticas, en septiembre pasado se contabilizaron 18 homicidios dolosos, la cifra más alta de enero a octubre.

Aunque, según explicó el secretario de Seguridad Pública, Alvar Cabeza de Vaca, el registro de los homicidios dolosos en Pénjamo no corresponde al número de asesinatos, puesto que varios de los cuerpos encontrados son de víctimas originarias o ejecutadas en Michoacán depositados en territorio penjamense.

De todos modos, el Secretario de Seguridad admitió un alza en la incidencia de este delito en Pénjamo y otros municipios del sur del estado: Salvatierra, Cortazar, Salamanca y Acámbaro.

Por ello, los titulares de las corporaciones que participan en los operativos conjuntos en esta región se reunieron esta semana para rediseñar la estrategia que, hasta la fecha, no ha logrado frenar los homicidios dolosos y ejecuciones extrajudiciales en estas localidades, lo mismo que en León e Irapuato, municipios del corredor industrial.

Cabeza de Vaca dijo ayer en una visita a Pénjamo que se está reforzando la estrategia. “No la vamos a cambiar, pero sí a reorientar y reforzar operaciones, rediseñar la presencia y los operativos de las corporaciones”, aclaró.

Pero el funcionario dijo también que el gobierno estatal está en espera de que la Sedena admita encabezar el Mando Único en la zona, como lo propuso desde hace meses el gobernador Miguel Márquez.

“Primero nos dijeron que lo tendría la Policía Federal. Ahora nos dicen que la Sedena. La propuesta del gobernador sigue firme: aplicar (el Mando Único) en este triángulo entre Jalisco, Michoacán y Guanajuato” en los límites que convergen en Pénjamo, mencionó.


“Estamos esperando instrucciones… sería subordinar al mando militar las operaciones de la Policía Federal, la Policía estatal” y las demás corporaciones”, explicó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: VERÓNICA ESPINOSA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/461407/tras-100-ejecuciones-guanajuato-urge-a-la-sedena-encabezar-mando-unico

domingo, 23 de octubre de 2016

El Ejército reedita el caso Tlatlaya, ahora en Nuevo Laredo

El 3 de septiembre pasado personal del XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército se vio implicado en la probable ejecución extrajudicial de 10 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La madre de una de las víctimas presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que incluye un video y 23 fotografías. El material documenta la actuación de las tropas ante los civiles, que iban desarmados. Al parecer, la Sedena no aprendió la lección de Tlatlaya, comenta el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos. Y sentencia: “El Ejército está aplicando la ley de venganza; todo el que parezca delincuente, va a ser eliminado”.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Las imágenes en video y las fotografías incluidas en una queja presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el miércoles 12 implican a personal de XVI Regimiento de Caballería Motorizada del Ejército en la probable ejecución extrajudicial de 10 civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el pasado 3 de septiembre.

La querella fue presentada por la madre de una de las personas asesinadas en los operativos castrenses el primer sábado de septiembre, entre ellas una mujer que viajaba con su familia y murió a causa de una bala perdida.

Representada por el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), la demandante –quien pidió que su identidad se mantenga en reserva– es la única que insiste en su determinación de esclarecer la muerte de su hijo. El muchacho, asegura, fue ejecutado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según el documento presentado ante la oficialía de partes de la CNDH, (folio 92413/2016), la señora expuso: “Mi hijo se había rendido a los militares. Tenía las manos levantadas y pedía que no le dispararan, pero lo mataron a bocajarro. Le destrozaron su cabeza; incluso quedó con medio cuerpo dentro de la camioneta (en la que viajaba).

“Yo no sé qué andaba haciendo mi hijo porque lo veía muy poco, pero si hizo algo malo, los militares debieron detenerlo y presentarlo ante las autoridades para que lo encarcelaran y pagara su culpa. Pero no: los militares lo mataron sin que pusiera resistencia.”

Un día después de la ejecución múltiple, según la copia del documento consultado por la reportera, “unas vecinas y familiares le informaron que en las redes sociales subieron un video donde se observa cómo un grupo de militares dispara sus armas en contra de una camioneta blanca y luego todos los ocupantes aparecen muertos en otras fotografías. Entre ellos se encontraba su hijo”.





Fuente: Proceso
Autora: Gloria Leticia Díaz
http://www.proceso.com.mx/459761/ejercito-reedita-caso-tlatlaya-ahora-en-nuevo-laredo

domingo, 16 de octubre de 2016

Explosión en los limítes de Tultepec y Tultitlán en el EdoMéx. Deja 3 heridos graves

Tultepec, Méx.- Servicios de emergencia atendieron este sábado una explosión ocurrida alrededor de las cuatro y media de la tarde en el taller de Pirotecnia "La Bruja" ubicado en la zona regulada de La Saucera. 

De acuerdo con reportes de Protección Civil y Bomberos municipal, al arribar al lugar encontraron tres personas gravemente heridas -entre ellas una mujer-,mismas que fueron trasladadas a la sala de atención a quemados en el Hospital Regional de Zumpango.

Pese a lo aparatoso del percance, de manera preliminar autoridades han informado que los afectados fueron Margarita Guerrero de 38 años; Felipe de Jesús Contreras Aguilar de 48 años; Gustavo Contreras Aguilar de 37 años. La mayoría presentan quemaduras de segundo y tercer grado. Testigos refirieron que entre los heridos también había una niña menor, que fue trasladada a un hospital particular por sus familiares.

La explosión afectó el área administrativa y almacenes del Taller de Pirotecnia La Bruja y se extendió a los módulos que se ubican a su costados. 

Los tres talleres de producción de artificios y juguetería pirotécnica afectados se ubican a las afueras de la zona urbana de Tultepec, y contaba con permiso de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).





Fuente: Noticias de Tultepec y sus alrededores
https://www.facebook.com/NoticiasdeTultepecyAlrededores/photos/a.352188908284042.1073741828.352169721619294/661419127361017/?type=3&theater

viernes, 14 de octubre de 2016

En 15 años la Sedena ha vendido 95 mil armas para que civiles protejan sus casas

En este mismo lapso los homicidios con armas de fuego, tanto los intencionales como los accidentales, se han triplicado. Hay más de tres mil personas con permiso de estar armadas en las calles o transportes.

El argumento de proteger sus casas ha generado que, en un lapso de 15 años, en México se incremente en un 1700% la compra de armas por parte de civiles.

Datos oficiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), revelados en diversas solicitudes de transparencia, evidencian que de enero de 2000 a enero de 2016 se han vendido 95 mil 664 armas de fuego al público en general; esto sin contar el armamento que se comercializa a corporaciones de policías públicas y privadas.

Se trata de armamento adquirido legalmente en una tienda de la Sedena por personas que argumentan necesitar una pistola para proteger su casa.

Los únicos requisitos para adquirir legalmente un arma es contar con el dinero para comprarlas y no tener antecedentes penales; no se necesita acreditar entrenamiento o capacidad alguna para utilizarlas.

Además de estos civiles armados, hay más de tres mil ciudadanos que tienen permiso para llevar las armas consigo: en la calle, en la casa o en el trabajo en el auto. Más de la mitad de esas personas viven en la Ciudad de México.

El incremento de los permisos para comprar armas coincide con un aumento nacional de los homicidios con armas de fuego, tanto intencionales como accidentales; en 15 años se han triplicado los asesinatos. En ese lapso más de 115 mil personas han perdido la vida a causa de una herida de bala,  de acuerdo con datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el caso de los homicidios dolosos, entre enero y agosto del 2000, se registraron dos mil 246 crímenes con armas de fuego; en 2016, en este mismo lapso, la cifra fue de siete mil 999 casos. Esto representa un incremento de más del 250 %.

Los homicidios accidentales con armas de fuego son menores que los intencionales, pero también registra un incremento. En 2002 por ejemplo, el dato de enero a agosto de ese año fue de 59 casos. Ese promedio se mantuvo en los siete años siguientes con excepción de 2004 donde hubo 104 casos.

Pero a partir de 2009 la cifra no ha hecho más que subir: 51 homicidios culposos con armas en 2009; 70 en el 2010; 91 en 2011; 92 en 2012; 115 e 2013; 176 en 2014; 186 en 2015 y 184 en 2016. Es un incremento del 211 por ciento a lo largo del siglo de homicidios accidentales que ocurren al manipular un arma de fuego.

Si se comparan los datos oficiales de homicidios con armas de fuego con la cantidad de armas comercializadas legalmente este siglo, la proporción arroja que por cada pistola vendida hay al menos una persona que ha perdido la vida por heridas de bala.

Apenas el pasado 27 de septiembre la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública, reveló que más del 70 % de los mexicanos reconoce sentirse inseguro ante la posibilidad de ser víctima de un delito.

Ventas en ebullición

En México es posible comprar legalmente un arma de fuego para defenderse pero a diferencia de lo que ocurre en países como Estados UNIDOS, no existen tiendas privadas en donde esto pueda hacerse. El único sitio donde puede hacerse es en la tienda de la Dirección de Comercialización de Armamento de la Sedena, ubicada en la Ciudad de México.

La proporción de armas vendidas en este lapso se ha incrementado casi de forma sostenida y en los primeros cuatro años fue un crecimiento anual de casi cien por ciento: 549 armas vendidas en el 2000; 956 armas comercializadas en el 2001; dos mil 344 vendidas en 2002 y cuatro mil 437 en el año 2003.

Para 2004 y 2005 las armas vendidas estuvieron por debajo de cuatro mil pero en 2006 el total sobrepasó las seis mil piezas. En 2015, la cantidad llegó a más de diez mil armas de fuego vendidas al público en general.

De acuerdo con la misma Sedena las armas que se venden al público en general son armas cortas (pistolas) que no sobrepasen el calibre .380, y que son las que  no están contempladas como de uso exclusivo de las fuerzas armadas.


La venta anual de cartuchos también se ha incrementado a lo largo de este siglo. Pasó de 7 millones 798 mil en el año 2000 a 14 millones 337 en 2015. Es un incremento del cien por ciento.

Armados sin capacitación

En la solicitud de información 0000700111116 la Secretaría de la Defensa aclaró expresamente que no se necesita tomar ningún curso de entrenamiento para adquirir legalmente un arma de fuego, solo contribuir con los requisitos que marca la ley.

El único paso previo para adquirir un arma en la tienda de la Defensa es obtener un documento denominado “Permiso Extraordinario para la Compra de Armas de Fuego y Cartuchos”. Los requisitos, de acuerdo con el portal de la dependencia, son una identificación, comprobante de domicilio, copia de la cartilla del servicio militar, una carta de trabajo, carta de antecedentes no penales.

Desde la misma página de la Defensa se puede descargar el formato de solicitud del permiso. El trámite no lleva más de 15 días hábiles según la información de la dependencia.

En el caso de los cartuchos los requisitos son los mismos, La limitante es que la persona solo puede comprar un máximo de 500 cartuchos por cada arma que tenga registrada.

El permiso para comprar un arma de fuego no faculta a los ciudadanos para portarla en la calle, sino solo como protección en su casa. En caso de que una persona desee una autorización para llevar consigo un arma de fuego registrada a su nombre, los requisitos se vuelven más estrictos pues se necesita una “Licencia particular individual de portación de arma de fuego”.

Para obtener esa licencia además de todos los requisitos anteriores se necesita una “carta que demuestre el modo honesto de vivir” firmada por un superior jerárquico o una autoridad civil que avale que la persona tiene un trabajo y un comportamiento adecuado. Además un certificado médico de salud física y mental.

El interesado también debe pagar dos mil 150 pesos por el trámite y presentar una carta con los motivos que justifiquen que debe portar un arma, y que pueden ser desde una situación en particular por su trabajo, hasta la violencia en el lugar donde vive. En un plazo de 50 días hábiles la Defensa responde si se autoriza la licencia o no.

La Sedena reveló en otra solicitud de información que hasta el pasado 15 de agosto se encontraban vigentes tres mil 152 personas de licencia de portación de armas para igual número de civiles.  Se trata de personas comunes y corrientes que pueden estar legalmente armados donde sea, pese a que no son policías.

De todas las licencias concedidas, mil 750 que equivalen al 55 por ciento corresponden a personas con domicilio en la Ciudad de México. Le sigue Nuevo León en donde hay 598 personas con licencia de portación de armas, el estado de México con 275, Jalisco con 101, Querétaro con 98, Durango con 54, Veracruz con 38 y Chihuahua con 31.


A estos civiles armados se suman 25 mil más que tienen permisos particulares de portación colectivos porque trabajan en alguna empresa de seguridad privada.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/10/sedena-venta-armas-civiles/

lunes, 10 de octubre de 2016

Venganza y chantaje político en la Sedena

CIUDAD DE MÉXICO: El asesinato de cinco soldados en Sinaloa el sábado 1 en Culiacán, es el escenario de una nueva característica institucional e ilegal de las Fuerzas Armadas: la venganza y el chantaje político.

Esas muertes y las 11 personas heridas en una de las cunas del narcotráfico en México están siendo aprovechadas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para ocultar y revertir los términos del fracaso de su intervención en la seguridad pública, su lucha contra el narcotráfico y los señalamientos insistentes de su comportamiento institucional violatorio de los derechos humanos. Atrás quedaron las imágenes de tortura militar de abril pasado.

La paradoja que se observa es el éxito de la estrategia castrense mientras su eficiencia disminuye en un territorio entregado al crimen (organizado o no) junto con las fuerzas policiales. Los militares siguen operando sin una reforma estructural de su organización.

Menos es de esperar una actitud objetiva para ser un Ejército moderno en democracia. Antes que exigirle cuentas, el poder civil del Estado, la clase política y un sector importante de la sociedad, están extendiendo un cheque en blanco a prácticas autoritarias y represivas que en nuestro país no terminan de extirparse.

El discurso y la acción

El discurso del titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, está cargado de epítetos y amenazas que, aunque con ciertos matices, se dirigen por igual al “crimen organizado” que a los ciudadanos y a la clase política del país con un silogismo simplificador: si no están con nosotros (los “ciudadanos-soldados”), están en nuestra contra.

A los perpetradores del ataque se dirigen adjetivos impropios de un servidor público y que, parafraseando a un cercano del círculo presidencial, son para la “plaza pública que pide sangre y espectáculo” (como el homenaje en el Zócalo el pasado viernes 7): ataque “cobarde” y “ventajoso” por parte de “grupo no contabilizado” (sic) “de enfermos, insanos, bestias criminales” a los que dice “vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria…”.

La retórica militar se acompaña con el puño, es reiterativa con la salvaguarda del estado de derecho y el respeto a los derechos humanos que, por cierto, sólo tienen una mención tergiversada y dolosa en el discurso.

Sin embargo, el comportamiento institucional del Ejército, sus presiones y la impunidad resultante en los casos de Tlatlaya, Ayotzinapa, su estrategia paramilitar en Michoacán, entre otros, sólo nos permite avizorar la aplicación de “leyes” no escritas como la “ley fuga” (empleada en la purga de oficiales no adictos al régimen posrevolucionario), la del Talión (“ojo por ojo”), la de “los fierros” (muy de moda contra la guerrilla de las décadas de los setenta y los ochenta).

Nada de esto tuvo ni tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos y a nuestros compromisos internacionales en la materia, como tampoco a nuestras aspiraciones democráticas. Hay que recordar que las condenas jurídicas y los señalamientos internacionales al Estado mexicano por violaciones graves a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, han sido por actuaciones de elementos castrenses.

A la clase política y a los ciudadanos se nos pide (¿exige?), por parte del titular de la Sedena, “respeto y respaldo” a los derechos de una nueva tipología de ciudadana (“ciudadanos-soldados”).

Sin embargo, la manipulación de reconocer o no derechos, trátese de los “delincuentes” o de ciudadanos comunes, pasa por alto que no se nos puede equiparar a la calidad “ciudadana” militar que reclama inopinadamente porque nuestra condición es diferente: desarmados e inermes ante soldados y policías además ante los delincuentes de todo tipo (la caricatura de Helioflores –El Universal, miércoles 5 de octubre–, es elocuente y aplicable a todos y a todo el país). Somos observantes de la ley antes que hacerla cumplir como les corresponde a los servidores públicos, de ahí que su llamado de corresponsabilidad resulta engañoso y manipulador.

El dato objetivo que proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Geografía NEGI del fracaso de las políticas de seguridad de los últimos años, definidas en buena parte al gusto del sector castrense para garantizar recursos y márgenes de influencia en los gobiernos federal y estatales, es nuestra percepción al respecto: siete de cada 10 mexicanos simplemente no nos sentimos seguros en el país.

Oportunismo político

El cobijo del poder civil a la agresión contra los militares en Sinaloa se extiende a una clase política que, con miras electorales, busca una alianza estratégica con el Ejército sin importar el daño a las instituciones democráticas que ayuden a solucionar nuestra crisis humanitaria.

Luego del discurso militar, del respaldo presidencial a la institución y las víctimas, desde el Senado el PAN anunció el martes 4 cambios legislativos que bajo el manto de “Ley de Seguridad Interior”, y al margen de lo que establece la Constitución, se legitima la intervención militar como policías (la jurisprudencia de la Suprema Corte nunca fue suficiente).

Debe recordarse que esta es una pretensión castrense que se perfiló desde el sexenio calderonista, cuando se impulsó la reforma a la Ley de Seguridad Nacional (2009-2011) y que no se concretó. En el sexenio actual se ha insistido desde la iniciativa presidencial de “intervención” en los gobiernos municipales infiltrados por el narcotráfico (antes de Ayotzinapa, por supuesto) a la par de una propuesta proveniente de la Sedena misma, sobre seguridad interior precisamente.

Como las organizaciones religiosas, las militares se distinguen por la continuidad de sus pretensiones en el tiempo y sólo tienen que esperar las condiciones propicias para lograrlas. Ciento catorce soldados muertos en los últimos cuatro años son la contribución trágica para el empoderamiento y otro triunfo político-legal de los militares mexicanos.

El oportunismo político del PAN y de otros partidos son propios de su falta de visión de Estado y de su papel republicano en un estado pleno de derecho: en el México moderno, ni un solo titular de la Sedena o de la Marina Armada de México ha comparecido en el pleno de ninguna de las cámaras del Congreso. Por el contrario, los legisladores acuden a sus oficinas “para ser informados”.

Si bien esto no sorprende, llama la atención la histeria de periodistas, columnistas y analistas que no sólo se rasgan las vestiduras (“El enojo del general”, “¿Y los soldados no importan?” “Ejército herido”… etcétera), ante la tragedia personal de cinco familias de soldados muertos, sino que replican el chantaje militar institucional y amplifican el reclamo ante un supuesto abandono político y presupuestal del sector castrense. Se trata no sólo de una postura acrítica sino interesada, que fortalece posturas autoritarias y nos aleja de la debida rendición de cuentas.

Poco o nada se ha dicho, por ejemplo, de las causas por las que más de un centenar de soldados jóvenes han sido víctimas en operativos militares mal diseñados y peor ejecutados por los mandos. Esto es igualmente importante que exigir castigo para sus asesinos. Tampoco se dice nada sobre la falta de precisión de nuestras víctimas civiles, los desaparecidos, torturados y ejecutados en los operativos en donde participan militares y policías.


Mal que el país se haya convertido en un México de víctimas (que alcanzaron desde hace tiempo a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas) y su territorio en una gran fosa común. Peor, que no existan condiciones para debatir la responsabilidad, esa sí compartida, de autoridades civiles y militares en el fracaso por nuestra seguridad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ERUBIEL TIARDO.
LINK: http://www.proceso.com.mx/458129/venganza-chantaje-politico-en-la-sedena

sábado, 17 de septiembre de 2016

Incurre Denise Maerker en delito al vestir uniforme e insignia castrenses

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Denise Maerker, la conductora estrella de Televisa, presumió hoy en Twitter que voló en un avión T6-C Texan de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) para su programa televisivo; sin embargo, en el extracto de video que publicó en las redes sociales se puede observar que la periodista viste un uniforme de la institución castrense, lo que constituye un delito, castigado con cuatro meses de cárcel.

El capítulo VIII de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea plantea de manera clara que “los uniformes y las divisas en el Ejército y Fuerza Aérea (…) son de uso exclusivo, por lo que no podrán ser utilizados por personas, corporaciones o dependencias que les sean ajenas”, y establece: “Quienes violen estas disposiciones quedarán sujetos a lo que dispone la Ley Penal en la materia”.
Hoy volé en un T6-C Texan. Esta noche en  les presentaré toda la historia; no se la pierdan.
El Código de Justicia Militar, en su artículo 404, dice: “Al que lleve públicamente uniforme, insignias, distintivos o condecoraciones militares, que no esté legítimamente autorizado para usar, o se atribuya grados o empleos del Ejército o de la Armada, que no le correspondan, se le castigará con la pena de cuatro meses de prisión”.

En el video de 15 segundos que posteó como adelanto al programa 10 En Punto, que presentará esta noche, se observa que la periodista viste un uniforme con el escudo de la FAM cosido en el lado derecho. Acompañó el video con un tuit que confirma: “Hoy volé en un T6-C Texan. Esta noche en #10EnPunto les presentaré toda la historia; no se la pierdan”.





Fuente: Proceso
Autores: Mathieu Tourliere y Arturo Rodríguez
http://www.proceso.com.mx/455312/incurre-denise-maerker-en-delito-al-vestir-uniforme-e-insignia-castrenses

lunes, 15 de agosto de 2016

La Judicatura y fuerzas armadas firman convenio de seguridad

Ciudad de México. El Consejo de la Judicatura Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina firmaron un convenio de colaboración que implica la difusión de criterios judiciales relacionados con el correcto despliegue de operativos de seguridad implementados por las fuerzas armadas.

El ministro Luis María Aguilar Morales, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación afirmó ante los secretarios de la Defensa Nacional y de la Armada de México, General Salvador Cienfuegos Zepeda y Almirante Francisco Soberón Sáenz, respectivamente, que “nuestro pueblo lo que quiere es tranquilidad en las calles y cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; quiere eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de cualquiera de sus autoridades”.

Aguilar agregó que es indispensable que la sociedad vea a sus autoridades de justicia como sus principales aliados contra la delincuencia. El escepticismo ciudadano en este rubro no ha sido producto de un malentendido, sino de una realidad profundamente insatisfactoria, añadió.

Dijo que este convenio constituye la primera gran acción que se da en el marco del acuerdo suscrito el 18 de junio pasado entre los tres Poderes de la Unión para la consolidación del nuevo sistema de justicia penal.

Reconoció a los titulares de las Fuerzas Armadas Nacionales que, como es su costumbre, dan un paso al frente y toman la iniciativa; son ejemplo y marcan la pauta de la indispensable coordinación que demanda el nuevo paradigma constitucional.

Ahora el reto del nuevo sistema es mayor e implica dar los resultados que la ciudadanía reclama y que pasan necesariamente por lograr la tranquilidad en las calles, así como cero impunidad en las sedes judiciales y ministeriales; en suma, dijo, eficacia en el combate a la delincuencia con pleno respeto a sus derechos por parte de sus autoridades. A todo ello tiene derecho y es nuestro deber satisfacerlo.


Desde hace largo tiempo, explicó el ministro presidente, la ciudadanía nos envía mensajes que deben ser entendidos por los distintos operadores de manera certera, pues cuando falla uno de sus componentes, hace que todo el sistema se debilite.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ALFREDO MÉNDEZ.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/15/la-judicatura-y-fuerzas-armadas-firman-convenio-de-seguridad

viernes, 1 de julio de 2016

Aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana se desploma en Ozumba de Alzate, Edomex; hay 3 muertos

Este viernes se reportó la caída de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, en el municipio de Ozumba de Alzate en el Estado de México. En el percance tres militares perdieron la vida.

Ciudad de México, 1 julio (SinEmbargo).– Este viernes se reportó la caída de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana en el Municipio de Juchitepec, en los límites del estado de Morelos y el Estado de México. Tres militares perdieron la vida.

La secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó en un comunicado que un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana tipo Agusta, matrícula 1908, sufrió un accidente aéreo al sur del poblado de Ozumba de Alzate, en el Estado de México.

La aeronave era tripulada por un Capitán y un Teniente pilotos aviadores, así como un Sargento mecánico de aviación, quienes perdieron la vida.

El informe platea que el helicóptero salió de la Unidad Especial de Transporte Aéreo ubicada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en la Ciudad de México, a las 9:53 horas de este viernes con destino a la Base Aérea Militar No. 15 en San Juan Bautista la Raya, Oaxaca.

Iniciando su vuelo de retorno a las 13:00 horas de la Base Aérea Militar No. 15 en el estado de Oaxaca y se tenía programado su aterrizaje a las 16:30 horas en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México.

El puto del accidente, informa Sedena, fue localizado por personal de destacamentado en Temamatla, Estado de México, al realizar el reconocimiento terrestre en el área.

Personal de la Sedena expresó sus más sentidas condolencias a los familiares de las víctimas.

“El personal de Generales, Jefes, Oficiales y Tropa del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, expresan sus más sentidas condolencias a los familiares de nuestros compañeros de armas, que lamentablemente fallecieron en el cumplimiento de su deber”.





Fuente: Sin Embargo
Autor: Redacción
http://www.sinembargo.mx/01-07-2016/3061653

jueves, 30 de junio de 2016

A dos años de Tlatlaya, Sedena y PGR incumplen con recomendación de la CNDH

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos años de la masacre de 22 personas en el municipio de Tlatlaya, la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) no ha sido atendida en su totalidad por las dependencias a las que fue dirigida, a pesar de que los hechos fueron reclasificados por el actual ombudsman Luis Raúl González Pérez, como “graves violaciones a derechos humanos”.

En un comunicado de prensa, la CNDH recordó que la recomendación 51/2014 estableció 10 puntos recomendatorios a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), a cuyos elementos se les responsabiliza de las muertes de civiles armados que ya se habían rendido, en tanto que a la Procuraduría General de la República (PGR) y del Estado de México, el organismo les fijó cinco y ocho recomendaciones, todas ellas aceptadas formalmente por las dependencias.

En cuanto al deslinde de responsabilidades penales de los servidores públicos relacionados con los hechos, el organismo apuntó que “si bien se han emitido resoluciones judiciales en la vía penal, la concerniente al fuero militar no es definitiva, pues se encuentra en apelación, además de que está pendiente de determinarse la partida penal iniciada a raíz de la denuncia” presentada por la CNDH.

Sobre estos hechos, cabe recordar que recientemente tres de los siete militares que fueron consignados por la PGR por sólo ocho homicidios y no por los 12 de 15 presuntas ejecuciones arbitrarias documentadas por la CNDH, fueron puestos en libertad tras ganar la apelación de las órdenes de aprehensión.


Al respecto, la CNDH sostuvo en su comunicado que “se ha reiterado a la PGR incorpore las evidencias, consideraciones y observaciones contenidas en la Recomendación 51/2014, y la documentación soporte de ello, así como los procesos del Estado de México por tortura relacionados con este caso”.

La CNDH apuntó que a las tres entidades recomendadas se les ha venido solicitando proseguir y determinar “las probables responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos que ejecutaron, ordenaron o toleraron las acciones y omisiones expresamente señaladas en la Recomendación”.

Resaltó que el 6 de julio de 2015 emitió medidas cautelares a la Sedena, “para efecto de que las órdenes, directrices e instrucciones militares se apeguen al marco constitucional, legal y normativo de su competencia y se evite la utilización de lenguaje que pueda prestarse a confusiones o ambigüedades que deriven en acciones violatorias a derechos humanos”, medidas que según el organismo “fueron aceptadas y debidamente atendidas”.

Las medidas cautelares emitidas surgieron luego de que el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), que representa a Clara Gómez González, una de las sobrevivientes de la masacre y madre de Erika de 15 años, revelaran que la unidad responsable de los hechos recibió, en la Orden General de Operaciones, la indicación de “abatir a delincuentes en horas de oscuridad”.

En el comunicado, la Comisión Nacional señaló que ha mantenido “estrecha colaboración con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, se ha dado continuidad a la inscripción de las víctimas directas e indirectas ante el Registro Nacional de Víctimas, para que tengan acceso a los derechos y beneficios previstos en la Ley General de Víctimas”.

El organismo se comprometió a “mantener el seguimiento puntual y objetivo de los puntos recomendatorios pendientes de cumplir por parte de las autoridades, a efecto de que la verdad, la justicia y la reparación se alcancen en el presente asunto”.

FUENTE: PROCESO
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ
LINK: http://www.proceso.com.mx/445813/a-dos-anos-tlatlaya-sedena-pgr-acatan-a-medias-recomendacion-la-cndh

lunes, 20 de junio de 2016

Las Rastreadoras de El Fuerte buscan a sus hijos y hallan a policías ligados con el crimen



Hartas de la negligencia de las autoridades, madres de Sinaloa se han unido en la búsqueda de sus hijos en un grupo denominado Las Rastreadoras. Sus largas jornadas de trabajo han dado de qué hablar en un estado que incrementó el número de desapariciones en un 31.3 por ciento en el último año y medio. En los escombros o debajo de la tierra, numerosos cuerpos han sido hallados por estas mujeres; ellas les han devuelto su identidad.


Ciudad de México, 10 de junio (SinEmbargo).— Hace dos años, Mirna Nereyda Medina Quiñónez perdió a su hijo después de que extraños a bordo de una camioneta Explorer color negro se detuvieran en una gasolinera, en la localidad de El Fuerte, Sinaloa. Roberto Corrales Medina, de 21 años, vendía complementos para celular y nadie lo ha vuelto a ver. En su búsqueda, la madre ha organizado a las familias para hacer trabajos que las lleven a encontrar a sus seres queridos. El grupo denominado como Las Rastreadoras, recientemente consideradas como concursantes al Premio Nobel de la Paz por labores que iniciaron en el 2014, quieren mantenerse lejos del reconocimiento y, como dice Medina, prefieren hablar de sus prioridades y de las herramientas que aún les hacen falta a 225 familias para trabajar en esta penosa tarea.

Hasta el pasado abril, el número de desaparecidos en Sinaloa ascendía a 2 mil 16, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED). Desde el percance que sufrió su hijo, el colectivo de Mirna ha logrado dar con los restos de 48 personas. La mayor parte de las madres que integra a Las Rastreadoras proviene del norte del estado, de los municipios El Fuerte, Choix y Ahome.

El 14 de julio del 2014, Corrales Medina fue visto por última vez, recuerda su madre.

“Eran las 17:45 cuando cuando llegó una camioneta tipo Explorer a las bombas de gasolina. Mi hijo se levanta para ofrecer la mercancía. Ahí mismo dejó sus cositas. Lo subieron. Ya estaba a punto de retirarse a su casa”, detalla.

Parte de los problemas para dar con los desaparecidos los vivió en carne propia, en especial los derivados del miedo. Los videos de la gasolinera en la que encontraba su hijo fueron solicitados. Sin embargo, le fueron negados bajo el argumento de que las cámaras no servían por la lluvia desde hacía tiempo.

En El Fuerte la gente teme, dice Medina. Hay miedo de lo que les pueda pasar por colaborar con el grupo de madres, en un lugar con no más de 15 mil habitantes. Ese municipio está asediado por la violencia y la pobreza. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) sitúa a dos de sus localidades dentro de las que tienen mayor rezago social: El Carricito y el Pochotal.

La denuncia por la desaparición del joven tampoco se pudo hacer de forma inmediata. Roberto, quien vivía en El Rancho, ubicado en el municipio de Choix, no llegó a su casa esa noche. Su padre adujo que se había quedado con otros familiares y no fue sino hasta el día siguiente que la familia se enteró de lo sucedido.

La Policía Municipal se ha atribuido mala fama en el lugar. Las Rastreadoras han sostenido que las autoridades participan en el 90 por ciento de las desapariciones. Al momento de que Mirna Medina solicitó ayuda para hallar a Roberto, la respuesta fue el menosprecio.
“No señora nosotros no buscamos. Sólo vemos si aparecen muertos”, recuerda que le dijeron.
El Fuerte, relata, vive acechado por “tiradores” y sicarios. Y fueron allegados a la familia que le dijeron que Gilberto, un narcomenudista local, sabía donde estaba su hijo. Armada de valor fue a buscarlo.

—Señor, ¿usted sabe dónde está mi hijo?

—¿Yo?, ni al caso—, contestó. Y dos semanas después, también Gilberto desapareció.

A partir de ahí, Mirna Medina se unió con otras madres que tienen hijos desaparecidos para realizar brigadas. Una de ellas, Reyna Serna Escalante, es la madre de Alejandro López Serna. Joven que desapareció en julio del 2014 en el municipio, y del que aparecieron sus restos el 2 de octubre en la comunidad Cuesta Blanca, en San Blas.

“Y ya empecé a buscar desde ahí, en las redes sociales , y también empezó a apoyarnos mucha gente”, dice Medina.

De los 48 cuerpos que han encontrado Las Rastreadoras, 16 han sido entregados a las familias, otros 10 se encuentran en proceso de cotejo de ADN y el resto aún no hay indicios de quienes pueden ser.

INDIFERENCIA

Sandra Luz Hernández, madre de un desaparecido que fue ejecutada el pasado lunes en plena luz del día, en mayo del 2014, después de reunirse con autoridades de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa (PGJ). El caso aún es un símbolo de lucha dentro de Las Rastreadoras.

Hernández se había convertido en activista e investigadora a partir de que su hijo, Édgar García Hernández, empleado de PGJE, quien desapareciera el 12 de febrero de 2012, cuando personas armadas irrumpieron en su casa y se lo llevaron de manera forzada.

“A Sandra Luz la matan por ir a buscar a su hijo. El asesino confeso dice dónde la mató. Y después sale libre. Sandra Luz nunca encontró a su hijo”, dice Medina.

La primera vez que las madres manifestaron en el municipio por la ola de violencia en el norte de Sinaloa fue el 12 de septiembre del 2014.

Una marcha de madres recorrió de la gasolinera donde se le vio por última vez a Roberto hacia el Palacio Municipal. Pese a solicitarlo, el Alcalde Marcos Vinicio Galaviz no quiso recibirlas.

“Yo ya había reunido 38 denuncias por desaparición, pero cuando llegó, no nos atendió el Presidente Municipal, sino su Secretario. Y nos dio otra cita para hacernos el estudio de ADN”, cuenta Nereyda.

Cinco días después las madres fueron atendidas por el Procurador estatal Marco Antonio Higuera Gómez, cuyo compromiso de reunirse con las madres cada mes fue más tarde incumplido.

La indiferencia de las autoridades fue generalizada. La Comisión Estatal de Derechos Humanos registraba 154 denuncias por desaparición forzada en octubre del 2014. Más las reportadas en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), otras 300. Pero la Procuraduría General de Justicia del Estado reconocía un solo caso por este delito.

La insistencia de las madres hizo que el Gobernador Mario López Valdez les recibiera el 16 de diciembre. El dirigente estatal entregó cuatro perros caninos para rastrear fosas clandestinas.

Aunque, a la fecha los esfuerzos de búsqueda los hacen por su cuenta. “Nosotros no tenemos apoyo de nadie, somos alrededor de 40 mujeres que vamos a las búsquedas”, dijo Nereyda.

“Hacemos lo mismo que otros, nos dan pitazos de por dónde podemos buscar. Y metemos la varilla”. Ahora les han prometido un georador para verificar las formaciones debajo de la tierra. “Se supone que el Gobernador lo va tener pronto. Otro regalo que nos va a dar es un laboratorio de genética”, confía Nereyda.

A la fecha las madres rechazan que sean policías municipales, quienes las escolten en sus brigadas. En noviembre del 2013 se dictó formal prisión a cuatro policías municipales de Ahome por su involucramiento en este delito, de los cuales tres se hallan detenidos.

El Juzgado Segundo de Ahome dio como sentencia 28 años nueve meses de cárcel a Jorge Cota Jiménez, Óscar Guadalupe Huicho Puentes y Jorge Martínez Santos.

LA VIDA EN SINALOA

Un conteo hecho por el diario Noroeste en julio del año pasado recalcó que en la entidad desaparece al menos una persona al día.

“A veces queremos pensar que es por el crimen. Muchas veces la gente dice que es porque quienes desaparecen andaban en algo, pero no es porque sea mi hijo, pero él no bebe, no fuma, no anda metido en cosas”, dice Medina.

En febrero de este año el Gobernador del estado se pronunció en contra de la crecida de la violencia. En reunión con representantes de las dependencias de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Marina Armada de México (Semar), López Valdes anunció una estrategia que incluía reforzar la participación del Ejército en las calles.

“Malova”, como le llaman al Gobernador, prohibió los eventos masivos y aminoró la venta de bebidas alcohólicas en zonas de violencia. Sin embargo, las políticas de seguridad del gobernante, así como del Gobierno Federal en la zona propiciaron los desplazamientos.

El Fuerte es uno de los municipios con mayor número de desplazados por la guerra contra el narcotráfico y las posteriores persecuciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En el 2012, la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, una organización civil de la entidad, calculó que había entre 25 mil y 30 mil desplazados en 11 de los 18 municipios de la entidad.

Un costo de 250 millones de pesos para el estado, reporta el libro Con una granada en la boca: “Heridas de guerra del narcotráfico en México”.

La violencia generó la salida de habitantes de la zona serrana del municipio. En especial, las disputas por el control de la zona entre cártel de Sinaloa y el grupo de los Beltrán Leyva, tras la ruptura entre ambos bandos, de acuerdo con el informe “Las víctimas ocultas de México”.

“En áreas rurales, los cárteles de la droga ejercen control sobre territorios que pueden ser utilizados para cosechar cultivos como marihuana o amapola, controlar la extracción de la madera y la minería, traficar drogas a través del área, o imponer gravámenes a otros contrabandistas o traficantes”, cita el informe.

Por otro lado, la autoridad también genera las desapariciones. “El 90 por ciento de las desapariciones se dan por la colusión”, detalló Mirna.

El 27 de noviembre del año pasado, Mirna fue amenazada por personas de las que prefiere reservarse su identidad, pero que ya fueron denunciadas a la Procuraduría General de la República. “Se desinformó al decir que eran policías municipales. Pero sé perfectamente quienes fueron”, destaca.

Hoy, el colectivo hace gestiones para que la PGJ les brinde una ventanilla directa en casos de desaparición, aseguran que la violencia no ha cesado, y que las jornadas de 7 de la mañana a cinco de la tarde por sus hijos seguirán, como hasta ahora, tres veces a la semana.

FUENTE: SIN EMBARGO
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ
LINK: http://www.sinembargo.mx/20-06-2016/3054225