El más claro ejemplo de este terrible círculo vicioso de la autoridad que sostiene a los cárteles de la droga lo están observando los mexicanos con el caso del rancho Izaguirre en Teochitlán, Jalisco, descubierto por madres buscadoras de desaparecidos apenas el 5 de marzo, pero que ya había sido localizado y presuntamente asegurado por la autoridad local en septiembre de 2024.
A pesar de los videos que los colectivos de buscadores de desaparecidos tomaron cuando descubrieron el horror en el llamado rancho del exterminio, de los cientos de objetos que pertenecieron a personas con paradero desconocido, entre pares de zapatos, mochilas, ropas, artículos personales, de las imágenes de las mujeres excavando huesos, restos humanos, de las fotografías de las áreas de adiestramiento, confinamiento y muerte, tanto la Fiscalía General de la República como la Presidencia de la República y su Secretaría de Seguridad Ciudadana, prácticamente están negando lo que la evidencia tomada por los colectivos mostró.
Hasta la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo justificó, al estilo amloísta, una campaña de ataque de sus adversarios para minimizar ante la población los horrores ahí descubiertos por los civiles. En este ambiente, los más tranquilos son los criminales que utilizaron el rancho Izaguirre para adiestrar, retener contra su voluntad, privar de la libertad y de la vida a personas, a jóvenes, a hombres y mujeres de acuerdo a los vestigios localizados en la superficie y bajo la misma en el rancho del exterminio.
Son tan cómplices, son tan ineficientes y corruptibles en las corporaciones policiacas que, hasta los mismos criminales, generalmente de los cárteles adversarios, los señalan de ello. En los últimos días, en Baja California, en la Capital del Estado, seis narcomantas fueron colgadas en diversos y muy públicos espacios; en los mensajes amenazantes, los miembros de células del narcotráfico, particularmente del Cártel de Sinaloa, señalan con nombre y apellidos a mandos de corporaciones policiacas de servir a intereses mafiosos.
En Ensenada, Baja California, 15 policías fueron investigados por tomar parte en una pugna criminal entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa. 11 de ellos fueron detenidos y están siendo procesados, y 4 más se encuentran en calidad de prófugos.
Una vez designado el teniente Julián Leyzaola Pérez como director de Seguridad Pública de Mexicali, municipio al que llegó luego que le incumplieron en Morena la promesa de designarlo secretario de Seguridad Ciudadana de Tijuana, cuando esta ciudad entró en los intereses y la estrategia de control centralista del secretario federal, Omar García Harfuch, los narcotraficantes que impunemente delinquen en la Capital de Baja California, le mandaron mensajes en narcomantas, no sólo amenazándole, sino retándole a que en esa demarcación el teniente no tendrá el poder, como sí lo tuvo cuando confrontó al Cártel de Sinaloa y al de los Arellano en Tijuana en el segundo lustro de la década de los dos mil.
Es decir, los criminales tienen tanta impunidad, que controlan a una parte de las corporaciones policiacas del Estado, acusan la complicidad de otro tanto con sus adversarios, y amenazan a quien, desde un alto mando, no tiene compromiso con alguno y quiere combatir la inseguridad como lo es el teniente Leyzaola.
Ese poder del narco para juzgar, asesinar, amenazar, mantener centros de adiestramiento y muerte, crematorios y fosas clandestinas, al amparo de corporaciones policiacas, sean de corte municipal, estatal o federal, o debido a la incapacidad en la procuración de justicia, sea por falta de preparación, de complicidad o por justificar la política pública del Gobierno de la República, es el inicio del narcoestado: el estado al servicio no de la justicia, ni de la investigación, ni de la verdad ante la contundente evidencia, sino de la opacidad, el ocultamiento de pruebas, la distracción sobre una realidad atroz.
Desafortunadamente, ese contexto de horror y muerte, de corrupción e impunidad, de complicidad e incapacidad oficial, no es privativo de estados que como Baja California, por su condición geográfica, son “atractivo” de los cárteles para el trasiego de droga de México hacia los Estados Unidos. Sucede en el centro como en Jalisco, la tierra ya no de los mexicanos, sino del Cártel Jalisco Nueva Generación, que de manera impune sostuvo durante casi diez años el rancho del exterminio, sin más consecuencias que una pírricas aprehensiones recientes, a propósito del descubrimiento de los colectivos de buscadores de desaparecidos, y no como una acción consecuente a una estrategia de combate a la inseguridad y la violencia en el País. Es decir, si los Guerreros Buscadores de Jalisco no hubiesen localizado, inspeccionado y evidenciado lo que ocurrió en ese predio del horror, la autoridad no lo habría revelado ni informado a la sociedad.
En Baja California, van tres secretarios de seguridad estatal en la administración de la gobernadora Marina Ávila Olmeda que inició en 2021; sobre ninguno ha tenido ella la facultad del nombramiento, restándole el Gobierno de la República, particularmente la Sedena, la responsabilidad sobre la tranquilidad en el Estado. Una posición cómoda que la gobernadora aprovecha para no enfrentar el tema de la inseguridad y contribuir con ello al contexto de impunidad.
En México los demonios del narcoestado andan sueltos y en la mayoría de las entidades federativas los cárteles gozan de total impunidad, en perjuicio de todos los mexicanos que al parecer, encima del horror, la violencia, la inseguridad galopante, deben normalizar la inacción cómplice de las autoridades.
AUTOR: ADELA NAVARRO BELLO.
