Elementos de la Fiscalía Zona Occidente localizaron cuatro fosas clandestinas con cuatro cuerpos, en la comunidad Las Varas, municipio de Madera, en la Sierra Tarahumara.

El fiscal de aquella zona, Jesús Manuel Carrasco Chacón, informó que los agentes dieron con las fosas por la investigación de un caso de una persona desaparecida que salió de la ciudad de Cuauhtémoc a Madera y no regresó. La investigación les permitió obtener información de las inhumaciones clandestinas.

Estigmatizado por ser “el corazón” del Triángulo Dorado del narcotráfico y parte del municipio de Guadalupe y Calvo, el pueblo de Baborigame ha sido víctima de violaciones sistemáticas de derechos humanos, pero en los últimos tiempos éstas “han recrudecido de manera muy alarmante”, advierte una veintena de organizaciones civiles.

“Los habitantes viven momentos muy difíciles de inseguridad, violencia, homicidios, enfrentamientos, incendios provocados, saqueos de tiendas y casas, acciones que los han hecho temer que esta situación se siga incrementando”, alertaron las ONG a las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Isidro Merejildo, hermano del homicida del líder indígena Isidro Baldenegro López, fue detenido en la comunidad Las Papas del municipio de Guadalupe y Calvo tras agredir a agentes estatales que realizaban un operativo.

La Fiscalía General del Estado informó que elementos de la Policía Estatal Única realizan operativos y patrullajes permanentes en la zona serrana y que al llegar a la comunidad de Las Papas, fueron recibidos a balazos por un grupo de personas.

Sin embargo, lograron la detención de Isidro Merejildo, a quien le aseguraron armas de fuego y un radio portátil de comunicación.

Armas aseguradas a Isidro Merejildo. Foto: Especial

El detenido tiene 17 años, se identificó como hermano de Romeo R.M., quien tiene una orden de aprehensión por el homicidio de Isidro Baldenegro, ocurrido el pasado 15 de enero en la comunidad de Coloradas de las Vírgenes del mismo municipio

A Isidro Merejildo le fue decomisado un rifle calibre 22, un arma corta tipo escuadra calibre .45 marca Gabilondo y Cía, un cargador de AK-47 abastecido, un cargador de AR15 y un radio VHF Kenwood.

Durante la agresión, un elemento de la Policía Estatal Única resultó herido de bala en el brazo izquierdo, pero se encuentra consciente y estable.

La Fiscalía General del Estado informó que continúa con los operativos de búsqueda para dar con el presunto responsable del homicidio de Isidro Baldenegro López.

La comunidad Las Papas es identificada por los rarámuri de la región como el refugio de sicarios que comenzaron a llegar hace tres años.

Pobladores relatan que los sicarios pasan por todos lados, algunos duermen en el bosque y otros tienen casa en comunidades como Las Papas. “Ahí hicieron casa, ahí se quedan y pasan por Coloradas de la Virgen y otras rancherías para intimidar”.

Los grupos delictivos que pertenecen al Cártel de Sinaloa y que controlan las diferentes zonas de Guadalupe y Calvo -uno de los municipios más extensos de la entidad- absorbieron a los caciques como el de Coloradas de la Virgen, de acuerdo con los pobladores.

Afirmaron que ahora los delincuentes contratan a sicarios muy jóvenes que llegan principalmente de Sinaloa y reclutan de manera voluntaria o forzada a adolescentes indígenas para que formen parte de sus filas.

“Desde hace tres años es más fuerte la violencia, con el mismo grupo y otros que llegaron de Sinaloa. Como allá está muy solo, casi no entra la autoridad, ni hay gente casi, se pueden esconder. Dicen que vienen de Sinaloa, pero no sabemos exactamente de qué parte de Sinaloa; son chavos nuevos y bien armados, con armas largas (…) La mayoría son muy nuevos, de 14 y 15 años para arriba. Se oye decir que a unos sí se los llevan a la fuerza, pero ya estando ahí terminan por trabajar y acoplarse”, aseguraron en entrevista indígenas desplazados de esa comunidad por la violencia.

La llegada del grupo Los Pintos –cuyos integrantes visten uniforme militar color beige y verde–, se debió a que se enfrentaron con el otro grupo que ahora domina Baborigame, una de las plazas más importantes que colinda con Badiraguato, en el estado de Sinaloa.

Isidro Merejildo. Foto: Especial

En 30 años han sido asesinados 16 líderes indígenas de esa comunidad, entre ellos Julio Baldenegro, papá de Isidro, quien fue el primero.

La violencia recrudeció y en 2013 asesinaron a tres más. Entre el 5 de febrero del año pasado y el 15 de enero de este año, mataron a cinco líderes.

El 26 de marzo del año pasado, el sábado de gloria, asesinaron a Valentín Carrillo; a Elpidio Torres lo mataron el 29 de abril; Víctor Carrillo fue asesinado el 5 de febrero del año pasado y Crescencio Molina, quien fue parte del Consejo de Vigilancia y gobernador de la comunidad, murió a balazos el pasado 13 de enero. Isidro fue el más reciente, el 15 de enero.

Isidro Baldenegro, de 51 años, llegó el domingo 15 de enero pasado a Coloradas de la Virgen a visitar a una tía enferma para trasladarla a Baborigame para que recibiera atención médica. Baldenegro se había desplazado por seguridad, pero visitaba con frecuencia a sus familiares.

Isidro entró a la casa de su tío y se recostó cuando llegó Romeo, un indígena de 25 años que se unió al grupo de acosadores de la comunidad. Baldenegro no desconfió porque se conocían desde niños. Cuando Romeo invitó a Baldenegro a salir de la casa, no sospechó que le haría daño, pero le dio seis disparos. Posteriormente su familia veló a Isidro y lo sepultó lejos del lugar donde nació porque ya no pudo regresar, ni muerto.

En circunstancias similares murió Víctor Carrillo, de 29 años, casi un año antes. Él era hijo de Julián Carrillo Martínez, quien es demandante en un juicio agrario de la comunidad y que le valió con otros líderes y derechohumanistas de la organización Alianza Madre ser beneficiario del mecanismo de protección federal. Aun con esas medidas, mataron a su hijo en febrero del año pasado.

“Ahí nomás, llegaron. Estaba acostado el otro porque había ido al pueblo, allá para La Vara, allá está el pueblo y allá anduvo. Tenía una niña chiquita aquí (abrazada en la parte derecha), y entonces llegaron y le dieron a matar. Fue el hermano del mismo que mató a Isidro, pero es mayor que Romeo. Llegó sin hablar, no más llegó y le dio un balazo y se fueron. Dicen que no habló nada. La niña ahí estaba con él, cuando lo balearon la mamá nomás la agarró de la mano y la hicieron a un lado. Le dieron en una mano, por aquí, pero llegó el otro y le vació toda la carga. Le reventó la cara, le botó los dientes. Le disparó primero ese cristiano, le dio tres con una súper, el otro le dio con otra pistola y le dejó caer la carga. No supimos por qué”, relata uno de los amigos.

Romeo, su hermano y el otro hombre que asesinó a Víctor, son sicarios, aseguran. “Se acoplan con ellos, todavía yo creo, porque siguen haciendo lo mismo. Todavía no agarran a nadie”.

La Policía Ministerial tardó más de 36 horas en llegar a la escena del crimen, donde sólo duraron dos horas y abandonaron la comunidad. A los tres días regresaron a tomar fotografías del lugar del funeral. La familia se desplazó a rancherías del mismo ejido Coloradas de la Virgen, pero ahora con la muerte de Isidro, no saben si podrán regresar.

En varios casos los sicarios no los dejan ni realizar el ritual de una semana para velar a los difuntos, deben huir de inmediato.

“Ese que mató a Isidro ya había matado a otro de La Nopalera, cerca de Baborigame, andan en toda la región”.

La esposa de Víctor también huyó de la comunidad a otro municipio. “Ahora esa gente pasa cerca de la casa de los familiares de Víctor, pero no llegan. Muchas gente se ha ido por miedo”.

El 11 de diciembre pasado fue quemada la casa de Julián Carrillo. La familia tiene una vivienda en la cabecera de Coloradas de la Virgen y otra en la barranca, a donde hacen más de una hora para llegar. Esa casa la construyeron para refugiarse.

“No supieron quién quemó la casa, era de noche, nada más vieron la lumbre. Se quemó toda, sólo quedó el adobe. Se puso denuncia pero fue el MP sólo arriba, no bajaron a la casa quemada”.

Los agentes le pidieron a Julián que tomara fotos de la casa quemada. Bajó y subió a entregarles las fotografías, pero le dijeron que no estaban bien tomadas. Le encargaron volver a tomarlas y hacérselas llegar. Apenas las pudo llevar a la ciudad de Chihuahua, después del homicidio de Isidro.

A esa misma familia le secuestraron a una sobrina el 5 de diciembre, de 24 años.

“Se la llevaron. Andaba cuidando chivas y ahí le salieron esos. Traían uniforme de Los Pintos, pasamontañas. Le hablaba por su nombre uno (…) se la llevaron por el rumbo de Baborigame, más allá pasando un cerro, por ahí dicen que se les fue, se escapó ahí. Ya la habían tenido toda la noche. Ella no sabía dónde estaba, como la traían a pie no sabía ni por dónde, no conocía el rumbo, pero vio un cerro alto allá lejos y lo conocía, estaba muy lejos. Se fue corriendo y corriendo, llegó ahí abajo donde quemaron la casa, subió poquito y se quedó ya de noche con una señora conocida.

Dice (la joven) que le ponían el rifle en el pecho y en la cabeza, dice que al otro día le dolía todavía, pensaba como que ya le iban a dar, pero no le habían dado nada. Ya después se fue caminando para arriba. Entonces de ahí llegó ya tarde con la mamá”.

Este caso obligó a otras familias a dejar su tierra para salvar su vida.

Fuente: Proceso

Autora: Patricia Mayorga

http://www.proceso.com.mx/475022/detienen-a-hermano-del-presunto-homicida-del-activista-isidro-baldenegro

Los defensores comunitarios del medio ambiente, los que cuidan sus bosques y sus aguas, sus montañas, el viento, la tierra y el territorio, están siendo asesinados en México y en toda América Latina. Son ellos enemigos de empresarios, gobiernos y crimen organizado, quienes ven amenazados sus intereses por la resistencia de quienes no están dispuestos a entregar sus recursos naturales.

Este 2017 arrancó con el asesinato de dos defensores de la sierra rarámuri, en Chihuahua. El 15 de enero pasado el ambientalista comunitario Isidro Baldenegro fue abatido a balazos, luego de haber recibido decenas de amenazas por su defensa de los bosques de la Sierra Madre Occidental. Quince días después, el 31 de enero, Juan Ontiveros Ramos fue secuestrado y encontrado muerto al día siguiente.

Baldenegro, como la luchadora lenca Berta Cáceres, ambientalista hondureña asesinada en marzo del 2016, también fue galardonado con el reconocido premio Goldman. De 51 años de edad, el defensor rarámuri fue acribillado en la comunidad Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

Nada es casualidad en estas tierras azotadas por el crimen organizado y empresarios madereros que reciben el cobijo de las autoridades en turno y se han apropiado de los recursos de la sierra. Hoy, como desde hace cuatro décadas, los rarámuri están siendo expulsados de sus rancherías por la violencia. Los que se quedan se juegan la vida en la lucha por el reconocimiento de sus tierras, por impedir que la deforestación acabe con la totalidad de sus bosques y por recobrar la unidad de su pueblo.

La muerte no es nueva en esta tierras. El padre de Isidro, Julio Baldenegro, también defensor de los bosques, fue asesinado por un grupo de sicarios en 1986. Siete años más tarde su hijo constituyó una organización para continuar con la defensa de la Sierra Madre Occidental, región invadida por los talamontes clandestinos que codician sus maderas de pino y roble.

Aún no pasaba la conmoción por la muerte de Isidro cuando, el 1 de febrero de 2017, Juan Ontiveros Ramos, defensor de la comunidad indígena de Choréachi, fue encontrado sin vida. Apenas el 20 de enero anterior, Ontiveros había sostenido un encuentro con la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, en el que volvió a denunciar el despojo territorial y habló de las amenazas en su contra.

Ya pasaron los tiempos en los que la denuncia pública, las medidas cautelares y la difusión internacional brindaban cierta protección a los defensores bajo peligro. En octubre de 2015 Juan entregó un video con su testimonio a la CIDH en el que explicó la alarmante situación en las que sobreviven los rarámuri que permanecen en su territorio.

En 2013, señaló la red de organizaciones de derechos humanos “Todos los Derechos Para Todos”, un grupo de indígenas de la región realizó una denuncia ante instancias internacionales y, como consecuencia, una de las principales denunciantes no pudo regresar a su comunidad debido a que los agresores la amenazaron.

Hoy, afirman, la situación es más grave, por lo que circula un llamado de emergencia para resguardar la vida e integridad del resto de los habitantes de la comunidad de Choréachi.

Por su parte, el Congreso Nacional Indígena y el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional se solidarizaron con el pueblo rarámuri “tan dolido por estos dos asesinatos que se suman a los 18 homicidios contra sus comunidades desde 1973, cuatro de ellos en el último año”, y les ofrecieron su respaldo “como pueblos indígenas del país que nos organizamos para defender nuestras vidas y nuestros territorios”.

Fuente: Suplemento Ojarasca/La Jornada

http://ojarasca.jornada.com.mx/2017/02/10/dos-raramuri-defensores-de-los-bosques-asesinados-en-enero-2610.html

El 26 de febrero de 2015 un grupo de sicarios del Cártel de Sinaloa mató a Benjamín Sánchez, un adolescente de 18 años, por negarse a trabajar para ellos. Un mes después, su padre, Cruz Sánchez, regresaba del Ministerio Público de Ciudad Cuauhtémoc sin respuestas sobre el asesinato de su hijo, cuando recibió la llamada de un amigo: los mismos delincuentes que habían disparado a Benjamín lo esperaban en el camino. Cruz, un hombre alto que lleva sombrero hasta en la noche, se bajó de su camioneta y caminó durante ocho horas por las barrancas de la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. Logró evadir el retén y llegar a su comunidad, El Manzano. Pero tres días después aquellos que lo esperaban aparecieron en su pueblo.

Era cerca del mediodía. Otros dos hijos de Sánchez caminaban hacia una tienda para comprar víveres cuando escucharon "¡Que los acaben!": un grupo armado los había rodeado. Los dos chicos se refugiaron en casa de una pariente. Agarraron unos rifles — en la sierra es costumbre guardar un calibre 22 para repeler a los coyotes — y se defendieron. "Si no nos defendemos nos hubieran acabado", recuerda Cruz Sánchez, que durante el enfrentamiento estaba en casa de su madre y avisó a varios contactos en la capital del estado para que pidieran auxilio a las autoridades. El tiroteo se prolongó durante siete horas. Murió un sicario y uno de sus hijos recibió tres balazos. Al anochecer, llegaron los militares. Toda la familia abandonó la comunidad.

Desde aquel 29 de marzo, Sánchez sólo ha vuelto una vez. Pidió escolta policial para ir a buscar algunas de sus pertenencias. No había nada que recoger.

'Yo creo que lo más grave es lo que está pasando con el robo de tierras para la siembra'.

El Manzano, un pequeño poblado en el que vivían unas 34 familias, el 90% de la etnia rarámuri, está situado en el sur de la sierra de Chihuahua, una de las principales regiones de producción de marihuana y amapola de México. En este estado, fronterizo con Estados Unidos, los cultivos ilícitos se plantan desde hace décadas, pero según cuentan en anonimato dos hombres recientemente desplazados de El Manzano, los negocios del narcotráfico no interferían en la vida de la comunidad. Los indígenas podían dedicarse sin temor a la agricultura y a la ganadería. En las fiestas como Semana Santa, se reunían en su centro ceremonial. Conmemoraban la pasión de Cristo al tiempo que mantenían viva su tradición: según la cosmovisión tarahumara las fiestas sirven para curar, restablecer el orden y alejar el caos.

Hace dos años esa rutina cambió. Algunos líderes comunales fueron reclutados por el crimen y la vida comunitaria se rompió. Los cultivos de maíz dieron paso a los de amapola. Los habitantes dejaron de reunirse y se refugiaron en sus ranchos. Los sicarios se convirtieron en una presencia cotidiana.

"Querían que trabajaran para ellos en los cultivos y que se integraran a su grupo para controlar la región. A casi toda la gente la ponen a trabajar en sus propias tierras. Ese bando controla varios municipios. Son gente de debajo de Sinaloa", afirma Sánchez, quien por seguridad vive desde hace un año en la ciudad de Chihuahua, la capital del estado del mismo nombre.

Desde que Sánchez huyó, El Manzano se fue despoblando. En marzo pasado un grupo de sicarios allanó otra vez el pueblo para despojar de sus tierras a los pocos que permanecían allí a pesar del miedo. La última familia se escondió tres días entre los pinos de las barrancas con los animales salvajes. Desde la distancia vieron desaparecer su comunidad. Les robaron el ganado, después la ropa, la comida, les quemaron su rancho. A éstos sólo les quedaban tres opciones: cultivar amapola, morir o escapar. Con su huida no quedó ya nadie a quién amenazar.

Los municipios de Urique, Chinípas y Valle de Juárez los más afectados por los desplazamientos forzados. (Imagen por Nadia del Pozo/VICE News).

Los capturan, los llevan a la fuerza y nunca les pagan

En la sierra Tarahumara vive el 90% de la población indígena de Chihuahua [104.014, la gran mayoría rarámuris]. Es un lugar inmenso, con varias barrancas más profundas que el Gran Cañón de Colorado, pero desde hace ocho años, después de que el gobierno de Felipe Calderón declaró la guerra contra el narcotráfico, sus indígenas están cada vez más acorralados.

Los retenes del narcotráfico son visibles en los cruces de camino, donde acaba el pavimento y empieza la terracería. En muchos lugares los habitantes se han autoimpuesto un toque de queda a las seis de la tarde. En la trocha que lleva a la comunidad de Samachique se ve el rastro de coches quemados. Algunos lugareños dicen que hubo una batalla campal el año pasado, que se enfrentaron unas 50 personas y que nunca se investigó. Pero, en general, no dicen mucho. El miedo los tiene atenazados.

Uno de los poco rarámuris que se atreve a hablar, aunque desde el ineludible anonimato, cuenta que el día antes de nuestra conversación un conocido llegó a su casa, medio desnutrido. Se había escapado en la noche de un plantío de amapola. "Ahorita están plantando de las cosas que siembran y por eso necesitan mucha gente. Van por la comunidad, los llevan a la fuerza. Nunca les pagan", denuncia. El año pasado lo intentaron reclutar, pero logró escapar. Antes de regresar a su comunidad, Munerachi, en el interior de la sierra, trabajó durante meses en la pizca de manzana en otras zonas del estado.

"Lo que está sucediendo es que los cárteles se multiplican. Son dos [Sinaloa y Juárez] pero se atomizan y están en todos lados. Empieza a haber más armas, más droga y la siembra de estupefacientes no para. ¿Cuál combate al narcotráfico? Todo esto se hace a la luz del día con presencia policiaca y del Ejército. No puedes tú imaginar que no haya colusión con tanta impunidad", sostiene Isela González, directora de Alianza Sierra Madre, una ONG que defiende el derecho al territorio de los indígenas.

'¿Cuál combate al narcotráfico? Todo esto se hace a la luz del día con presencia policiaca y del Ejército'.

Después de casi dos décadas trabajando con las comunidades, González ha sido amenazada de muerte y desde hace dos años no puede regresar a la sierra. Cuando en 2013 comenzaron a hostigarla en Guadalupe y Calvo, el municipio en el que trabajaba, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 164, según el Observatorio Ciudadano de la Violencia, más del doble que la tasa combinada de Juárez y Chihuahua, las dos principales ciudades del estado.

Incluso organismos oficiales, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), tienen que pedir permiso para visitar las comunidades. "Por lo regular todos quieren combustible. Si le piden un bote dele dos. Si no se meten conmigo yo tampoco tengo nada que ver con ellos. Ellos saben todo", dice un trabajador del CDI que pide el anonimato por miedo a represalias.

El hombre cuenta que en los últimos tiempos ha visto a jóvenes, casi niños, con cuernos de chivo más grandes que ellos o a otros que portaban tres armas. Muchos de los que salen a la ciudad, regresan a su comunidad sin querer hablar su lengua y con un celular en el que escuchan narcocorridos. El consumo de droga, algo impensable hace años, también se ha extendido, sobre todo de marihuana, cocaína y crack. Con el paso bloqueado para las ONGs, y las dificultades que enfrentan los organismos oficiales, la presencia más cotidiana en las comunidades es la del crimen.

Javier Ávila 'Padre Pato', sacerdote y activista, ha vivido en la Sierra Tarahumara durante 41 años.(Imagen por Felipe Luna/VICE News).

En febrero pasado, Amnistía Internacional denunció que hay unas 1.689 personas desaparecidas en el estado. Tan solo en el municipio de Cuauhtémoc, el gobierno reporta 351 casos, síntoma de una epidemia de desapariciones en la región. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció en octubre del año pasado que entre 2009 y 2015 hubo al menos 1.908 casos de desplazamiento forzado producto de la violencia, siendo los municipios de Urique, Chinípas y Valle de Juárez los más afectados. A pesar de las denuncias, el gobernador de Chihuahua, César Duarte, niega que existan focos rojos de violencia. La vida en la sierra, no obstante, se ha degradado.

"Yo creo que lo más grave es lo que está pasando con el robo de tierras para la siembra. Incluso el reclutamiento forzado de jóvenes. Una de dos: o los matan o tienen que desaparecerse", dice Javier Ávila, más conocido como el padre 'Pato', un sacerdote y activista social que lleva viviendo 41 años en la Sierra Tarahumara.

'Imagínate a familiares de 13 muertos. Había masa encefálica en el suelo, uno con el vientre abierto'.

En su oficina, en el centro de Creel, la ciudad que sirve como puerta de entrada a la sierra, cuenta que en 2008 los creelenses comenzaron a hacer parada obligada en San Juanito, un pequeño pueblo vecino a 32 kilómetros. Un grupo de jóvenes había impuesto un retén. Bajaban a la gente de sus camionetas y les preguntaban hacia dónde iban, a qué se dedicaban. En las conversaciones de café se empezó a hacer cada vez más presente un nombre: La Línea. Poco después sabrían que La Línea era parte del Cártel de Juárez.

El 16 de agosto de ese año un comando armado llegó a Creel y asesinó a 13 personas, entre ellas un bebé de un año. "En la matanza, cuando yo llegué, había una patrulla de tránsito y enseguida se fue. Imagínate a familiares de 13 muertos. Había masa encefálica en el suelo, uno con el vientre abierto. Después de muchas horas los policías vienen de Cuauhtémoc. Dicen que estaba lloviendo y no podían pasar", dice el padre 'Pato' frente a una pared repleta cruces que le han regalado a lo largo de los años.

En el lugar donde ocurrió la masacre, conocido hoy como Plaza de la Paz, se erige un monumento en memoria de los muertos. En la placa se lee: "Porque el hombre es capaz de las peores atrocidades y no podemos permitir que se borre la historia ni se pierda la memoria". La plaza también es un símbolo de que Creel, centro turístico para los visitantes de las Barrancas del Cobre, es la frontera entre los dominios del Cártel de Juárez y el de Sinaloa.

'Quítate tú para ponerme yo, y si no, te mato'

El 29 de marzo del año pasado, cuando bajaba escoltado por los militares las 15 horas que separan a El Manzano de la ciudad de Chihuahua, a Cruz Sánchez le habían quitado a un hijo, herido a otro y quemado su rancho y sus pertenencias. No le quedaba nada allí, ni siquiera una identificación. Pero ya desde aquel momento sólo pensaba en regresar.

Sánchez ha intentado reproducir la red de cooperación que tenía en la sierra y ha formado bolsas de trabajo, aunque nunca se adaptará del todo al estilo de vida urbano. "Es que se extraña todo. Ahí nacimos, de ahí son nuestros padres, nuestros abuelos. Ahorita nos quedamos sin nada", comenta. Cuando una comunidad indígena es desplazada, no sólo pierde la tierra y sus lugares sagrados, sino un modo de situarse en el mundo.

La realidad en la sierra es tan excepcional que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cambió su rutina de pedir medidas cautelares para un individuo y, en el caso de El Manzano, lo extendió a toda la comunidad. "Lo que se está viviendo en la sierra es una invasión y un desplazamiento masivo. Es un quítate tú para ponerme yo, y si no te quitas, te mato. Hay una convivencia de todos con todos (crimen y autoridades) y lo que menos importa es el ciudadano", dice Alma Chacón, integrante de Contec, una asociación que nació como consultoría técnica para la agricultura y se convirtió en defensora de los derechos humanos por las constantes violaciones que sufren los habitantes de la sierra.

Los desplazados siguen llegando. En marzo pasado, unas 26 familias del municipio de Bocoyna huyeron a Chihuahua. En septiembre del año anterior, más de 300 familias abandonaron su pueblo en Chinípas por las amenazas del narco. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, que ha apoyado a los desplazados en la región, reporta que por lo menos unas 200 familias en la capital del estado han pedido apoyo para regresar a sus comunidades.

La Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, a cargo de José Luis Armendáriz, sin embargo, sostuvo el pasado marzo que no tienen ningún tipo de denuncia sobre los desplazamientos. "Nos han comentado que si estamos fuera nos quieren quitar los derechos ejidales. Está canijo. Estamos perdiendo cada vez más todo. Toda la cuestión forestal también la opera ese grupo [el Cártel de Sinaloa]. La gente tiene miedo a hablar. Ahorita ellos [el crimen organizado] tienen el control de todo", dice Sánchez. El Manzano, ahora en manos de la mafia, es una de las principales zonas de producción de madera de la sierra.

La familia de Sánchez y la de los otros dos desplazados, más de 50 personas, viven de las medidas cautelares de la Secretaría de Gobernación, que les da derecho a vivienda, escolaridad y una despensa. La parte humanitaria es la que suele funcionar en estos casos, explica Chacón, pero denuncia la parálisis de las autoridades a la hora de investigar o actuar contra el crimen. Se ha cumplido un año del allanamiento que lo expulsó de su tierra y Sánchez no sabe cuántas veces le ha pedido a las autoridades que arresten a los traficantes y erradiquen la amapola para volver a plantar maíz. Sólo ha obtenido promesas vacías. La carpeta de investigación del asesinato de Benjamín sigue con el mismo grosor. Desde el día en que una llamada le salvó la vida a Sánchez no hay ninguna novedad.

A pesar de todo, sigue planeando un retorno improbable: "En las policías estatales ya no hay confianza. En el Ejército tampoco tanto, pero se puede confiar un poco más siempre que sea rotativo. Sabemos que cada vez somos más los desplazados. Si el gobierno no puede, de quién esperamos. Otra cosa es la comunidad, hacer algo... Ya hemos insistido mucho tiempo".

VIDEO: https://youtu.be/Bd42Q6RImwo

Fuente: Vice News

Autor: Dromómanos

https://news.vice.com/es/article/asi-expulsa-crimen-organizado-raramuris-territorios-mexico?utm_source=vicenewsesfbmx

Autores: Victor Ballinas y Andrea Becerril

http://www.jornada.unam.mx/2016/03/03/politica/009n1pol

CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Por primera vez en la historia de Chihuahua, dos indígenas tarahumaras –un hombre y una mujer– presidirán asambleas municipales electorales en los municipios serranos de Guachochi y Moris.

Dora Prieto, ama de casa rarámuri y licenciada en Ciencias de la Familia por la Universidad La Salle, fungirá como consejera de la asamblea municipal de Guadalupe y Calvo, aunque no la presidirá.

Por su parte, Francisco López Ramírez, abogado y atleta indígena de Norogachi, presidirá la asamblea de Guachochi, y Rachel Rivera Hernández la de Moris.

Entrevistado durante el registro del curso de inducción para presidentes de asambleas municipales, que inicia este lunes, Francisco López dijo que al abrirse la convocatoria para consejeros, le interesó participar en representación de su etnia porque en el municipio de Guachochi casi 80% de la población es indígena.

“Mis planes en cuanto a las obligaciones, como persona y como profesionista, es cumplir éticamente la normativa, y he pensado mucho en la conciliación de partidos porque las asambleas son como árbitros donde todos los actores políticos tienen que converger ahí”, explicó.

Asimismo, confía que con su presencia en la asamblea pueda generarse la participación de indígenas y se erradique el acarreo.

Y es que en cada proceso electoral, el PRI encierra a grupos de indígenas durante varios días, les da comida y les promete que el mero día de los comicios beberán vino o tesgüino si votan por sus candidatos.

Aunque ese tipo de prácticas no se ha denunciado formalmente, todos en la Sierra Tarahumara conocen lo sucedido en los últimos proceso electorales.

“Yo pienso que sigue existiendo y, sí, hay todo eso, no documentado, pero todo mundo se da cuenta, pero yo pienso que la comunidad rarámuri, y más en Guachochi, razona más el voto. Ahorita hay la posibilidad y los espacios para que la comunidad rarámuri pueda tomar decisiones más razonadas. Pienso que se puede promover el voto para que lo hagan con más conciencia. Voy a ver qué me permiten hacer los lineamientos para fomentar que voten por quien quiera, generar participación no de acarreo, sino individual y consciente para construir una democracia de la sierra”, subrayó el abogado.

Señaló que el día de la instalación de la asamblea, cuando estén presentes todos los actores políticos de diversos partidos, planea “poner en claro que se trata de evitar esas prácticas porque buscamos dignificar a la cultura, y no por el hecho de que muchos de mis hermanos rarámuiri no sepamos leer y escribir, no se nos respete. Si hay un grupo que dice que van a votar por tal o cual partido, que los lleven, porque hay comunidades alejadas, pero no condicionados a votar por determinado partido”.

De acuerdo con López, lo primero que busca es posicionar a la cultura rarámuri, vigilar sus votos y tener la capacidad de influir en la gente que no es rarámuri, pero que vive inmersa en las comunidades indígenas, “para que valoren también nuestra cultura como valoramos la cultura mestiza”.

“En mi posición como presidente, espero lograr que se le dé un trato digno a los integrantes rarámuri en cuanto a la emisión del sufragio y que sea un parteaguas para ir erradicando esas prácticas o cultura del acarreo e inducción del voto”.

Francisco López participó en los pasados Juegos Mundiales de los Pueblos Indígenas en la ciudad de Palmas, Brasil, y se ha pronunciado porque las autoridades atiendan las demandas penales que han interpuesto los indígenas en la Sierra Trarahumara ante el ambiente de violencia que viven.

La consejera del Instituto Estatal Electoral, Claudia Arlet Espino, dijo que confía en que la integración de rarámuris a las asambleas municipales electorales, donde tendrán voz y voto, contribuya a cambiar la situación de la etnia y se erradiquen las malas prácticas en los procesos electorales.

“Con la nueva forma de elegir a las asambleas estamos obligados por los lineamientos del INE (instituto Nacional Electoral) para que sean multidisciplinarios, (es decir) que haya integrantes de todas las ocupaciones, que haya paridad de género (la mitad de cada asamblea está conformada por mujeres), y el tercer criterio es la multiculturalidad”, detalló.

Según Espino, es necesaria la diversidad para sacar los mejores acuerdos en el proceso electoral que inició en diciembre pasado.

Sobre el encierro y acarreo de indígenas en los procesos electorales, la consejera señaló que la inclusión de los indígenas puede influir a erradicarlos, “porque se les tiene sentados en una mesa con voz y voto, con conciencia de lo que quieren, conocen la idiosincrasia, y esperamos que esas prácticas que no se denuncian, pero están en el ambiente, puedan cambiar por prácticas democráticas en el ámbito electoral”.

Explicó que para realizar el proceso electoral en la región serrana, donde controla el crimen organizado, la comisión de seguridad se encarga de ponerse de acuerdo con los cuerpos policiacos para establecer estrategias de comunicación principalmente, porque aunque no les corresponde directamente atender la inseguridad, es necesario tomar medidas preventivas.

“No creo que vaya a ser fácil, hay que tener mucho cuidado, y con creatividad hay que sacar las cosas bien. Ahora que estuvimos realizando entrevistas en la zona serrana no hubo problemas mayores, pero siempre hay medidas preventivas, como no salir tarde y viajar temprano”, concluyó.