En cuestión de un año y mientras la Fiscalía General de la República (FGR) lo investigaba por un desfalco millonario contra el gobierno de Michoacán, Silvano Aureoles realizó 10 viajes a Estados Unidos, Europa y Brasil.
De acuerdo con la solicitud de la orden de aprehensión contra el exmandatario estatal, presentada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la juez de control Patricia Sánchez Nava, entre junio de 2023 y agosto de 2024 el Instituto Nacional de Migración (INM) registró 10 salidas del país a nombre de Silvano Aureoles Conejo.
En ese periodo la FGR ya había iniciado la carpeta de investigación FED/FEMCC/FEMCC-MICH/000096/2022 contra Aureoles Conejo y siete de sus excolaboradores en el gobierno michoacano por un desfalco de tres mil 412 millones 165 mil 310.14 pesos por la adjudicación de contratos para renta, mantenimiento y compra de siete cuarteles de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.
En su petición, consultada por Proceso, la FGR indicó a la juzgadora que las ciudades y países que el exlegislador perredista visitó en ese periodo fueron Madrid, España; Houston, en Estados Unidos, y São Paulo, Brasil.
La mayoría de los viajes fueron cortos, principalmente los que realizó a Houston.
El primero fue realizado el 6 de junio de 2023 a Madrid y, según los registros, regresó a México el 12 de junio siguiente; el segundo viaje fue del 28 de agosto de ese año a Houston, de donde regresó el 4 de septiembre de 2023, pero en lugar de llegar a la Ciudad de México, su vuelo fue a Guadalajara, Jalisco.
Para el 25 de septiembre se registró otra llegada al aeropuerto de la Ciudad de México a nombre de Aureoles, proveniente de Houston; aunque la FGR no precisó cuándo salió del país a ese destino.
El 9 de noviembre viajó a Madrid y 10 días después regresó para volver a Houston el 7 de diciembre.
De nuevo estuvo en dicha ciudad el 29 del mismo mes y año e ingresó a México por el aeropuerto de Morelia, Michoacán, el 2 de enero de 2024. El 22 del mismo mes y año viajó a Madrid, de donde regresó el 28 de enero y al día siguiente voló a Houston regresando un día después.
El 9 de abril de 2024 viajó a Houston, aunque regresó a México desde el aeropuerto de Washington DC el 12 de abril siguiente; y para el 13 de junio abordó un vuelo desde Morelia con destino a Houston de donde regresó a la Ciudad de México el 10 de julio siguiente.
La última salida reportada por el INM, de acuerdo con el oficio número INM/SCJ/9737/2024 dirigido a la FGR, fue del 20 de agosto de 2024 desde la Ciudad de México con destino a São Paulo.
Fianza de cinco mil pesos
En la petición de la FGR también se incluyen los registros de salidas internacionales de Israel Patrón Reyes y Juan Bernardo Corona, extitulares de la SSP, dependencia de la que el Ministerio Público federal afirma que se realizó el desvío millonario y contra quienes la juez también emitió órdenes de captura.
En el caso de Patrón Reyes, el INM informó seis salidas internacionales entre agosto de 2021 y julio de 2024 a ciudades como Miami, Houston, Paris, Francia y Madrid.
Mientras que Corona Martínez salió tres veces de México entre marzo de 2018 y agosto de 2021 a La Habana, Cuba; Dallas, Texas y Estambul, Turquía.
Asimismo la FGR tiene registro de un domicilio a nombre de Silvano Aureoles ubicado en la colonia Nueva Chapultepec, en Morelia y otro en la colonia Fuentes de la Estación en Zitácuaro; mientras que Patrón Reyes cuenta con tres domicilios en Morelia y Corona Martínez tiene dos en el mismo municipio.
Por ello, la juez Sánchez Nava consideró acreditada la necesidad de cautela para emitir órdenes de aprehensión contra los exfuncionarios implicados en el desfalco millonario de Michoacán, en lugar de emitir un citatorio.
“De los datos de prueba es oportuno señalar que los investigados fácilmente podrían abandonar el país, pues cuentan con los recursos financieros y materiales para trasladarse fuera del ámbito territorial nacional, así como transitar dentro del país a cualquier entidad federativa.
Ya que como se desprende de la información de los datos de prueba -consideró la juzgadora- cuentan con domicilios en diversos estados, así como pasaportes vigentes, y registros de salidas internacionales, lo cual da información suficiente para evidenciar su capacidad de trasladarse sin complicación alguna y poder ocultarse de la prosecución procesal penal, pudiendo evitar su localización para una eventual citación a la celebración de la audiencia inicial.
Según registros judiciales, Israel Patrón Reyes tramitó un amparo para evitar su captura en el que consiguió que el juez Cuarto de Distrito en Morelia le concedió una suspensión provisional que se mantendrá vigente hasta el próximo 26 de marzo, para lo cual el exfuncionario tuvo que pagar una fianza por cinco mil pesos.
Mientras que Juan Bernardo Corona Martínez, al igual que Silvano Aureoles, permanece en calidad de prófugo de la justicia.
La orden también fue emitida contra Carlos Maldonado, exsecretario de Finanzas y Administración; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública estatal; Elizabeth Villegas Pineda y Mario Delgado, delegados administrativos de dicha dependencia, quienes fueron vinculados a proceso el 7 de marzo último por peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa y permanecen en prisión preventiva.
Cerca de su exoneración, la empresa del desfalco
De acuerdo con la carpeta de investigación, el desfalco imputado al exgobernador y a sus excolaboradores fue ejecutado mediante la adjudicación directa de contratos millonarios a la empresa Inmobiliaria DYF entre 2015 y 2021.
Dicha empresa, constituida en 2015 poco tiempo antes de recibir los primeros contratos, tiene como accionistas a Fomento de Negocios del Centro, y Promotora y Fomento de Negocios del Centro, ambas constituidas por Ricardo y Joaquín Martínez del Campo y cuyo presidente del Consejo de Administración es Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand.
Conforme a la imputación de la FGR, los primeros contratos adjudicados a Inmobiliaria DYF tenían por objeto la renta de siete inmuebles ubicados en Apatzingán, Coacolmán, Huetamo, Jiquilpan, Lázaro Cárdenas, Uruapan y Zitácuaro, donde se constituirían los cuarteles de la SSP.
Luego de obtener estos contratos, el gobierno de Michoacán le adjudicó otros más para realizar los servicios de mantenimiento y limpieza en dichos inmuebles.
En 2016 los contratos de arrendamiento fueron modificados para incorporar la opción jurídica que permitiría al gobierno de Aureoles comprar los inmuebles al precio que la empresa estipulara sin ninguna condicionante.
Proceso informó que para el año 2020 el entonces gobernador Aureoles autorizó la compra de los siete cuarteles, por lo que en el caso del inmueble de Apatzingán, el valor es de 210 millones de pesos y fue adquirido con un sobreprecio de 76 millones de pesos; el de Coalcomán valía 216 millones de pesos y el sobreprecio fue de 116 millones.
El cuartel de Huetamo valía, según las escrituras, 128 millones de pesos y fue adquirido con sobreprecio de 37 millones; el de Jiquilpan valía 212 millones y el sobreprecio fue calculado en 90 millones; el de Lázaro valía 294 millones de pesos y el gobierno michoacano pagó 163 millones de pesos más.
Finalmente, el cuartel de Uruapan tiene un valor catastral de 268 millones de pesos, aunque fue adquirido a un sobreprecio por 63 millones, y el de Zitácuaro valía 220 millones, pero el pago de la administración de Aureoles excedió por 103 millones de pesos.
Durante la audiencia de vinculación a proceso de los excolaboradores de Aureoles la defensa de Elizabeth Villegas dio a conocer que el 19 de noviembre de 2024 el gobierno de Michoacán firmó un acuerdo reparatorio con Inmobiliaria DYF, cuyo cumplimiento debía ser inmediato y pagar más de 900 millones de pesos para que el Ministerio Público federal desista de proceder penalmente contra la empresa.
Sin embargo, la Contraloría del estado informó que Inmobiliaria DYF no ha cumplido con el pago, por lo que todavía no se decreta la extinción de la acción penal en su favor.
Esta no es la primera vez que los hermanos Martínez del Campo y Héctor Miguel Ángel Morales Kerlegand están implicados en un desfalco millonario mediante obras públicas.
En el año 2022 obtuvieron por adjudicación directa un contrato de 400 millones de pesos a través de la empresa Desarrolladora M para la adquisición de aulas prefabricadas que no fueron entregadas según lo pactado.
Por ello, el 1 de abril de 2022 el gobierno de Nuevo León denunció a la exsecretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz Alarcón y al menos a seis de sus colaboradores.
En enero de 2023 la Sala Especializada en materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Nuevo León inhabilitó a Errisúriz Alarcón, mientras que no existen datos de qué ocurrió con la empresa Desarrolladora M.
