Entre improvisaciones, viene el nuevo sistema penal

Concluido el plazo para aplicar el nuevo sistema de justicia penal, los problemas se acumulan y evidencian las disparidades tanto en las entidades federativas como en las instancias implicadas en su instrumentación. La liberación, el 9 de mayo pasado, de un presunto encubridor de secuestradores puso en entredicho las bondades de la nueva legislación, pero sus impulsores insisten en que la ley va.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A principios de mayo de 2009, Raúl Martínez Gutiérrez fue contratado para hacer un trabajo de santería. Fue llevado a una casa de seguridad en Iztapalapa donde estaban secuestradas las hermanas Esther, Martha y Susana Laguna Aburto. Los secuestradores lo contrataron para que “el trabajo” les saliera bien.

Martínez Gutiérrez las encontró vendadas. Las bañó con sangre de gallina y les frotó el cuerpo con hierbas. A los pocos días de ese ritual, ante el impago del rescate, los secuestraron le mutilaron un dedo a una de ellas. Fue el 10 de mayo, el día de las madres.

La policía de la Ciudad de México las rescató tras 28 días de cautiverio. Dos de ellas habían sido mutiladas. Tres y dos dedos de la mano izquierda, respectivamente. Los plagiarios fueron detenidos en un operativo. Martínez Gutiérrez, El Santero, tiempo después. En total hubo ocho arrestos.

Cada uno de los acusados fue condenado a 60 años de prisión.

El pasado 9 de mayo, siete años después del plagio, Martínez Gutiérrez obtuvo su libertad al amparo del nuevo sistema de justicia penal y se volvió el centro de la indignación mediática. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (Tsjcdmx), Édgar Elías Azar, se vio obligado a explicar el fallo ante la prensa.

Su explicación descansó en los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adoptados por los ministros para operar la reforma penal aprobada por el Congreso y publicada el 18 de junio de 2008 por el gobierno de Felipe Calderón, promotor de la reforma junto con el gobierno de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida (Proceso 1633).

Los legisladores pusieron un plazo de ocho años para el funcionamiento pleno de la reforma y pasar de un sistema de justicia de rasgo inquisitorial a uno acusatorio y oral, con procedimientos transparentes, dinámicos y garantistas.

Fuente: Proceso

Autores:  Jorge Carrasco Araizaga y Patricia Dávila
http://www.proceso.com.mx/443745/improvisaciones-viene-nuevo-sistema-penal

Sin capacitar, 8 de cada 10 encargados del nuevo sistema de justicia penal

El 83% del personal que se necesita para que este próximo 18 de junio arranque operaciones el nuevo sistema de justicia penal no está capacitado.
Al menos 271 mil operadores de diversas instituciones de justicia no han recibido la capacitación necesaria pese a que desde 2010 se han gastado 484 millones de pesos para esa función.

“En relación con los ministerios públicos, facilitadores y jueces (de control, orales y de ejecución), se reporta una capacitación del 100%. Se trata, sin duda, de una noticia positiva, pero que se ve opacada por el número considerable de policías ministeriales, policías preventivos y personal penitenciario que falta por capacitar”, menciona el reporte “Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal” que publicó el Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC).

El rezago entre defensores públicos es de 36%, de peritos de 9.68%; pero en el caso de policías preventivos, ministeriales y personal penitenciario los retrasos en capacitación son superiores al 80%, según datos a septiembre de 2015 de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC).

“La policía constituye un actor clave en el sistema penal acusatorio ya que se trata del primer vínculo del ciudadano con el sistema de justicia y de la institución encargada de llevar a cabo la investigación de los delitos”, señala CIDAC; y añade que a esos rezagos se suma que no es claro el número de asesores de víctimas que requieren capacitación.

La reforma constitucional de seguridad y justicia que entró en vigor el 18 de junio de 2008 puso como límite ocho años para que el nuevo Sistema de Justicia Penal se implemente en todo el país.

Entre los procesos que traerá este sistema —y para los que se está dando la capacitación— están que se elevó a rango constitucional la presunción de inocencia, un juez de control vigila la legalidad de la detención, la confe­sión de un acusado sólo es válida si se realiza ante un juez, los procesos se llevan a cabo en audiencias públicas en presencia de un juez (juicios orales) y la prisión preventiva no ocurre en todos los casos, pues se toman en cuenta medidas alternativas para reparar el daño tras la comisión de un delito.

CIDAC señala que los datos estatales sobre cuánto han avanzado en términos reales en la capacitación e implementación del sistema de justicia son cuestionables.

La organización se dio a la tarea de preguntar a las autoridades locales sobre el avance y recibió pocas respuestas y aún en éstas los datos fueron inconsistentes y estaban incompletos.

Tras desarrollar una metodología para medir el avance y calidad del proceso de implementación de la reforma penal, CIDAD alerta que, actualmente, cinco entidades se ubican en una clasificación ideal para 2013, es decir, con un retraso de casi tres años: Baja California, Yucatán, Nuevo León, Chihuahua y Guanajuato.

Mientras que el resto de las entidades federativas tienen un puntaje inferior en avance y calidad en la implementación del sistema penal cuando falta sólo un mes para que acabe el límite legal que marca el inicio de operaciones en todo el país.

https://es.scribd.com/doc/312485609/Hallazgos-2015-evaluacion-de-la-implementacion-y-operacion-a-ocho-anos-de-la-reforma-constitucional-en-materia-de-justicia-penal

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO

AUTOR: TANIA L. MONTALVO

LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/sin-capacitar-8-de-cada-10-encargados-del-nuevo-sistema-de-justicia-penal/

En la cárcel, cerca de 10 mil indígenas por falta de un intérprete en Veracruz

Cerca de diez mil indígenas se encuentran en las cárceles de México, pero sólo 10 por ciento tuvo acceso a un intérprete para comunicarles cuál es su situación legal. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 63 lenguas indígenas, el Sistema Judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país, y en Veracruz los intérpretes prácticamente están en el olvido.

Cristina Kleinert es una catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), una estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica) y hablante de catalán, una lengua indígena de España, su país de origen, y en México impulsa un trabajo que podría sacar a muchos indígenas de la cárcel.

Su objetivo, es eliminar el papel secundario del intérprete y lograr que se reconozca su importancia en los procesos penales, pues en algunos casos es pieza clave para poder comprobar faltas al debido proceso, denunciar irregularidades ante las comisiones de Derechos Humanos, o señalar conflictos de intereses entre defensores, autoridades y demandantes.

Los indígenas en la ley y la burocracia

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 15.7 millones de personas se identifican como indígenas en México, mientras que 7 millones hablan una lengua nacional distinta al español, pero la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce 364 variantes lingüísticas en todo el país.

En teoría, las lenguas nacionales pueden utilizarse en todos los ámbitos de la vida, desde hablar náhuatl u otomí en la calle, hasta acceder a la justicia del Estado en maya o español, pero en la vida cotidiana, una lengua indígena es sinónimo de marginación, exclusión y discriminación.

De acuerdo con Cristina Kleinert, catedrática de la Universidad Veracruzana (UV) y estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica), los estados de Oaxaca y Veracruz tienen mucho por hacer en formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas.

Si bien el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa, desde 2009, la capacitación de un grupo de profesionales, apenas 61 personas han sido certificadas en Veracruz y casi ninguna ha sido llamada a prestar su servicio.

Los diplomados del INALI duran 180 horas y se dirigen a hablantes de lenguas indígenas. En 2011, Cristina Kleinert participó como capacitadora y en ese año ofreció un acercamiento al Derecho Penal, así como la presentación de un Código de Ética y fichas terminológicas para un mejor desempeño en los juzgados.

La evaluación consistió en una interpretación simultánea: el instructor planteaba un discurso y alguien lo decía en una lengua indígena; el intérprete traducía y el capacitador lo escucha de regreso; pero formadores desde las lenguas sería lo ideal.

La formación de intérpretes necesita de muchos recursos económicos. Un buen centro de formación de intérpretes es caro: debe tener un albergue, pues los hablantes de lenguas indígenas no viven en centros urbanos; becas, buenos capacitadores y, sobre todo, garantía de trabajo.

Como especialista en la materia, Cristina Kleinert aseguró que si se quieren buenos resultados, pero sobre todo apoyar a los indígenas, las formaciones deben ser flexibles porque no se puede desarraigar de sus comunidades a los hablantes nativos. Una vez conseguido esto, se deben ofrecer dos tipos de formación: una para quienes ya están trabajando como intérpretes y otra a manera de licenciatura o posgrado.

El intérprete de indígenas, un amigo

Los intérpretes en el sistema de justicia penal son más que traductores, que un puente de comunicación, pues en muchos casos acompañan a las víctimas en su dolor. Cristina Kleinert recuerda un homicidio en razón de parentesco como el caso que más impactó en su vida, y también ha presenciado testimonios en delitos de violación y abandono de menores, casi siempre en situaciones de pobreza.

“ADMIRO MUCHO A LOS INTERPRETES QUE ESTÁN AHÍ, HACIÉNDOLO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. LOS HE VISTO ACOMPAÑANDO DE MANERA RESPETUOSA EL DOLOR DEL OTRO. VALORO ESO MUCHO MÁS QUE SU LABOR DE INTERPRETACIÓN EN SÍ”.

Desafortunadamente, mientras que un intérprete de lenguas de prestigio (inglés, francés, alemán) puede alcanzar reconocimiento, certificación y un sueldo bien remunerado, el hablante de lenguas nacionales pasa desapercibido en muchos ámbitos de la vida del país.

Si bien se busca “que el servicio sea gratuito para la población”, no significa que el intérprete no deba ser remunerado; lamentablemente “en Veracruz se ha interpretado así”, mientras que en Puebla, la Procuraduría de Justicia buscó y encontró intérpretes y asociaciones civiles poblanas ofrecen sus servicios a las instituciones.

Los intérpretes de lenguas indígenas y su importancia en los procesos penales son el tema de tesis doctoral de Cristina Kleinert, en su trabajo advierte la necesidad de hacerlos visibles, que se vea y se reconozca a los hablantes indígenas; que se sancione a quien omita llamar a un intérprete, que se instituya un servicio profesional remunerado, y los medios de comunicación tienen “un papel importantísimo porque legitiman una visión sobre otra, quienes difunden una lengua sobre otra”.

Fuente: NDMX Veracruz

Autor: Redacción

http://veracruz.ndmx.co/2015/07/13/en-la-carcel-cerca-de-10-mil-indigenas-por-falta-de-un-interprete/

Culpables o inocentes, adolescentes infractores sufren las fallas del sistema de justicia

Ramiro tenía 17 años cuando apeló por su libertad absoluta. Llevaba cuatro meses privado de su libertad por homicidio y solicitó audiencia a una magistrada para explicarle que no había cometido el delito del que se le acusaba.

—La neta vengo con mucho respeto a pedirle que me dé una oportunidad, porque pus, yo no fui —le dijo Ramiro a la magistrada—. No tengo nada que hacer aquí y  la verdad no es justo que yo esté aquí.

La magistrada lo miró y le preguntó:

—¿Qué es justo?

—Lo justo es que estén pagando los que fueron —no tardó Ramiro en responder.

—¿Estás seguro que tú no fuiste? —cuestionó mientras no le quitaba la vista de encima para formularle una pregunta más— ¿Has viso la película Presunto culpable?

—No, la verdad no.

—A ti te pasa algo como eso, pero para no alegar tanto, te voy a dar tu libertad en absoluta.

Ramiro sintió bien chido hasta que la magistrada advirtió:

—Pero si no te encuentro culpable… porque si te encuentro culpable te vas a quedar a pagar lo que sentencié.

—Sí, sí, sí. —aceptó Ramiro y pensó que las cosas marcharían bien con conciencia de que él no era culpable del crimen del que se le acusaba y por tanto, nada podía salir mal.

—Te voy a mandar a hablar en 12 días —prometió la magistrada.

Ramiro pensó que nada podía fallar confiado en su inocencia. Esperó 12 días pensando que se iba a la calle. Pensó que recibiría la noticia de irse a casa tras la revisión de su caso, en su lugar, le notificaron que por dictamen del juez tendría que quedarse a cumplir su sentencia.

El joven se enojó, quería un juez y que le mostrara las pruebas de su culpabilidad: un cuchillo con sus huellas impresas. Pero eso no ocurrió.

Ramiro cumple con algunas de las características del perfil que establece la UNICEF como un patrón en los adolescentes mexicanos en conflicto con la ley: De sexo masculino, de 15 a 17 años, presentan un retraso escolar de más de cuatro años o han abandonado la escuela, residen en zonas urbanas marginales, trabajan en actividades informales, y ayudan al sostenimiento de la familia. Además suelen vivir en entornos violentos.

Un presunto culpable

Sucedió un 15 de septiembre, Ramiro estaba en casa con los preparativos de la fiesta de independencia y el cumpleaños de su abuela. La policía irrumpió en casa de su abuela buscando a dos de sus tíos, acompañados de alguien que se presentó como un elemento judicial exhibiendo un arma, además de los familiares de Rubén, un joven de 24 años asesinado.

Exigieron presentar a Pedro y Enrique, tíos de Ramiro y presuntos homicidas de Rubén. La abuela de Ramiro los dejó revisar su casa para que comprobaran que no estaban aquellos a quienes buscaban.

“Esto no se va a quedar así” y se marcharon.  Volvieron a los 15 minutos y señalaron a Ramiro como cómplice y responsable. Ramiro tenía a su primo en brazos y era el único varón entre niños y mujeres.

“¡Tú también estabas ahí con ellos!” gritaron y Ramiro lo negó. Lo subieron a la patrulla y pensó que nada habría de pasarle pues no tenía ninguna relación con el delito.

En la delegación no hubo declaración, sólo cuestionamientos sobre sus tíos y la amenaza de vincular a la madre como cómplice. Los judiciales le pidieron 35 mil pesos, pero eso sólo incluía no involucrar a la madre de Ramiro porque alguno de ellos debía quedarse a pagar.

Al día siguiente, Ramiro fue trasladado a la entonces Agencia 57 especializada para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes, se le acusaba de haber asesinado con un cuchillo a Rubén de 24 años.

En las declaraciones se decía que Ramiro había sido detenido en el lugar del homicidio por un “judicial” que afirmaba haberlo aprehendido cuando trataba de escapar.

Tras un proceso de casi seis meses se le condenó a cuatro años de prisión por homicidio. Trató de tramitar un amparo y explicar a la magistrada su situación pero nada pasó.

Después de la ratificación fue trasladado a la Comunidad de Tratamiento en San Fernando. “Yo creo que aquí vine a malearme con las personas que ya vienen de afuera maleadas. Yo no conocía muchas cosas que ahorita ya conozco. En vez de aquí componerte, te descompones. Sales más descompuesto de aquí, la neta. Aquí no te vas a componer jamás”.

Pese a su sentir, la comunidad de tratamiento es también el lugar donde volvió a la escuela que había abandonado estando en libertad. Ha aprendido a tocar el violín en la clase de ópera y eso le gusta.

¿Qué es justo? “Justo es que estén pagando aquí los que fueron”, expresa Ramiro.

México cambia justicia para menores…a medias

Hasta el 2005, México contaba con el Sistema Tutelar de Justicia para Adolescentes, este se hacía cargo de los adolescentes en situación de abandono, calle y pobreza con aquellos que habían cometido conductas señaladas como delitos.

Pero una evaluación dio cuenta de que no se podía tratar igual a un menor en situación de calle que a uno que había cometido un delito, por lo que en 2005 se instauró el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, detalla la especialista Erika Bardales.

En 2012 se publicó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes norma que aplicable para los menores de entre 12 años cumplidos y menos de 18 años que incurran en “conductas tipificadas como delito en las leyes federales”. Los menores estarán sujetos a rehabilitación y asistencia social, además de una medida socio-educativa para su reintegración social y familiar.

El decreto del 12 de diciembre de 2005 le dio a las entidades federativas tiempo de 180 días para adecuar su marco normativo, con lo que empezaron a existir 32 procesos estatales paralelos al federal sin margen de referencia.

La ley publicada en 2015 nunca logró entrar en vigor y “se convirtió en letra muerta”, pues el decreto obliga al Congreso a expedir una ley nacional en materia de justicia para adolescentes, acorde al nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

Pero a un año de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para la implementación total del sistema acusatorio a nivel nacional, únicamente el 24.26% de los casos ingresados se siguen conforme a este proceso y con apego a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, destaca el informe “Justicia para adolescentes en México”, del Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC).

Como la ley federal no se reformó ahora los adolescentes participaban en actos tipificados como delitos de competencia federal, por ejemplo: los delitos contra la salud tales como posesión, venta o tráfico de droga.

Cuando un adolescente era detenido por delitos contra la salud era llevado ante un juez federal que no podía juzgarlo como un adulto, y en ausencia de una ley federal para adolescentes “se generó un montón de impunidad, porque no había ley qué aplicarles”, lamenta Bardales.

La ley establece que desde el inicio del proceso estarán a cargo de órganos especializados en materia de justicia para adolescente, que los procesos se realicen con la menor duración posible y que el sistema privilegie las medidas preventivas o alternativas.

Sin embargo, la justicia no es expedita ni especializada para los adolescentes. De los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país, sólo 2% resuelve los casos de menores de edad. En Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, por ejemplo, sólo hay uno. Mientras que de los 3 mil 821 Ministerios Públicos en México, únicamente 782 (2%) son especializados para este sector, según el informe.

“Lo triste de esto es que siendo el adolescente el punto más frágil, vulnerable de captación de la delincuencia, jurídicamente es el más desprotegido porque no tenemos un debido proceso, no lo existe, lo hemos intentado, las entidades lo están intentando, hay jueces de justicia para adolescentes que lo intentan”, dice Bardales. 

10 mil pesos por la libertad

Damián pudo escuchar que sus amigos lo llamaban desde la calle, traían un auto robado y todavía no se deshacían del dueño.

Lo buscaron para ofrecerle un trato: 10 mil pesos para que se declarara culpable si la policía los detenía. Si los mayores de edad eran detenidos pasarían hasta 16 años en prisión por robo y secuestro exprés, mientras que Damián pasaría solo unos meses encarcelado.

Damián pensó que con esos 10 mil pesos podría comprar una moto chocada para arreglarla y aceptó.

Este no era el primer delito que cometía Damián: había robado autos y transeúntes, además portaba una pistola calibre 25.

Damián y sus amigos dejaron al dueño del auto en Avenida Central, amarrado y amordazado. Al ver que una patrulla los seguía, Damián – quien era el chófer – se puso nervioso y se pasó un alto, en la huida chocó contra un poste.

Fue trasladado a la delegación, sus amigos quedaron libres porque no intentaron huir. Los policías trataron de hacerlo confesar que pertenecía a alguna banda de robo de automóviles.

Durante cinco días, narra, recibió golpes en la cabeza – que no dejan marcas – además le sumergieron la cabeza en un tambo con agua, lo patearon y cachetearon.

Al quinto día y tras confesar que sí robó, lo trasladaron a la Agencia 57 especializada en adolescentes donde estuvo retenido tres días más en un cuarto, pasó 15 días más en el tutelar y luego lo trasladaron a la comunidad de tratamiento donde pasó dos meses y medio.

Durante el tiempo que estuvo en la comunidad de tratamiento regresó a la escuela y en el taller de electrodomésticos recibió el primer diploma en su vida.

Los 10 mil pesos del trato se fueron para sus gastos dentro de la comunidad de tratamiento y para el transporte de su madre.

Los pasos de la justicia para adolescentes

El sistema de justicia empieza desde el momento de la detención donde los agentes de la policía deberán operar con base a los principios, derechos y garantías de la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, en la Constitución Federal y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, además de los instrumentos y convenios integracionales de los que México forma parte.

Los agentes de la policía tienen la obligación de presentar al adolescente inmediatamente y sin demora ante el Ministerio Público después de su detención e informarle de forma inmediata sobre sus derechos.

Si el primer contacto entre adolescentes y agentes policíacos es violado cualquier derecho o garantía esto “causa nulidad del acto en el que ocurra y se determinará la responsabilidad del o los servidores públicos federales” según la ley federal.

Por su parte, al Ministerio Público corresponde investigar las conductas tipificadas como delitos atribuidas al adolescente, desde la denuncia o querella para acreditar la probable responsabilidad.

En el caso de acreditar responsabilidad, el expediente será turnado al Juez de Distrito Especializado para Adolescentes 48 horas a partir de la detención aunque en algunos casos la conformación de los expedientes toma más tiempo.

El juez en función del nuevo sistema de justicia para adolescentes procurará que la medida otorgada al adolescente ayude a su reintegración social y familiar considerando el internamiento como último recurso.

En una encuesta realizada a 167 jóvenes recluidos en los Centros de Tratamiento de Baja California (Mexicali, Tijuana, Ensenada) y Durango (Gómez Palacio), más de 60% de los menores de ambas entidades reportan que los insultaron o maltrataron físicamente durante la detención.

6 de cada 10 detenidos en Baja California fue golpeado y 4 de cada 10 en Durango.

Otro dato preocupante es que 79% de los jóvenes en Baja California y 65% en Durango dijeron que en ningún momento durante su detención o en las horas posteriores, se le brindaran facilidades para comunicarse con algún familiar o conocido.

Los centros de tratamiento serán los encargados de dar seguimiento a las medidas otorgadas en internación o externación y así, diseñar un programa individualizado de ejecución que cubra diferentes áreas para el desarrollo del adolescente.


En el caso de recibir una medida en externación las medidas incluirán volver a la escuela o conseguir un empleo. Se harán revisiones de los expedientes cada seis meses y un supervisor designado vigilará el cumplimiento de las medidas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/CIDAC.
AUTOR: ALEJANDRA DEL CASTILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/culpables-o-inocentes-adolescentes-infractores-sufren-las-fallas-del-sistema-de-justicia/

La insuficiencia de jueces, ‘colapsa’ al sistema judicial en México

Los poderes judiciales no funcionan en las entidades federativas. Los sistemas de justicia colapsan porque no hay jueces que atiendan los casos pendientes, según el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas, Puebla.

“Los estados han dejado morir sus sistemas de justicia, eso ha llevado a que los poderes judiciales en los estados simplemente no funcionen; si un ciudadano denuncia un delito el caso no se desahoga en el sistema, no hay impartición de justicia y sí niveles altísimos de impunidad”, dijo Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador del Índice Global de Impunidad México 2016.

El promedio del número de jueces disponibles en las entidades federativas —para casos del fuero común— por cada 100 mil habitantes es de 3.5, cifra que el investigador de la UDLAP considera insuficiente para garantizar el funcionamiento del sistema de justicia de los estados.

Hay 15 entidades —Puebla, Hidalgo, Estado de México, Nuevo León, Tlaxcala, Baja California, San Luis Potosí, Coahuila, Jalisco, Yucatán, Aguascalientes, Sonora, Tamaulipas, Michoacán y Querétaro— que igualan o están por debajo de ese promedio.

En el caso de Puebla, por ejemplo, se cuenta con una tasa de 1.5 jueces para desahogar los casos por los delitos del fuero común denunciados.

En el Estado de México, la entidad más poblada del país con más de 15 millones de habitantes, apenas hay 2.3 jueces para cada 100 mil habitantes.


El promedio de jueces que arrojó el Índice Global de Impunidad, que realizó la UDLAP tras estudiar el caso de 56 países, fue de 16 por cada 100 mil habitantes para casos del fuero común, cifra más de cuatro veces superior al promedio en territorio mexicano.



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: TANIA L. MONTALVO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/la-insuficiencia-de-jueces-colapsa-al-sistema-judicial-en-mexico-2/

PGR: 90% del personal ya está capacitado para nuevo sistema de justicia

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de la República (PGR) dio a conocer que 90% de su personal ya está capacitado para la implementación del nuevo sistema de justicia penal que entrará en vigor el próximo 18 de julio.

Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Procesal Penal Acusatorio, indicó en conferencia de prensa que dicha capacitación se ha dado con la coordinación de la Dirección de Formación Profesional y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

El funcionario explicó que el 10% restante implica reforzar áreas centrales en materia federal en todas las delegaciones del país, así como en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDO), la Visitaduría General y la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

Entre los estados que faltan por capacitar se cuenta a Tamaulipas, Guerrero, Baja California y Veracruz, donde ya se trabaja en la generación de dinámicas para su incorporación.

Moreno Manjarrez detalló que una vez que entre en vigencia el Código Nacional de Procedimientos Penales en todo el territorio nacional, la PGR pasará a una segunda fase para generar estrategias donde se trabaje en las posibilidades de impulsar y generar esta capacitación.

Existe, agregó, una idea de lo que ha sucedido con el sistema tradicional, “a lo que aspiramos hoy en México es a generar una democracia. Y cuando hablamos de una democracia como tal, México ha incorporado una serie de tratados internacionales como el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y las garantías, por lo que en el Código no se señala una sanción como tal. Pero si fuera el caso, se estaría en una dinámica muy compleja”.


En ese caso, aceptó, se colapsaría el sistema: “En cualquier experiencia en América Latina ha habido una dinámica más allá de ir generando un compromiso a corto, mediano y largo plazo; de ir mejorando el sistema cuando inicia, pero estaríamos hablando de que esa circunstancia no la vamos a permitir”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
FECHA: 2 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/428472/pgr-90-del-personal-ya-esta-capacitado-para-nuevo-sistema-de-justicia

Poderes judiciales locales incumplen con transparencia: activista

México, DF. En ningún estado del país el Poder Judicial local cumple con su obligación de publicar las sentencias que dictan los jueces, de acuerdo con un estudio elaborado por la organización Equis Justicia para las Mujeres. Esa información es el primer indicador para saber si los tribunales están haciendo bien su trabajo, explicó Ana Pecova, directora de la organización feminista.

Tamaulipas, estado de México y Guanajuato ni siquiera reconocen ese deber en sus leyes y en otras 15 entidades “simulan poner a disposición pública” los fallos judiciales, pues en realidad se informa de estadísticas o datos de expedientes, detalló Fátima Gamboa Estrella, coordinadora jurídica de Equis.

Al presentar la campaña “Es justo que sepas de justicia”, en la Casa Lamm, la activista apuntó que en los otros 17 estados las sentencias que se publican tienen “serias deficiencias”, pues son de años anteriores o fueron emitidas por organismos internacionales.

Muchos de los juzgadores no tienen “voluntad política” para divulgar sus decisiones, consideró Leticia Bonifaz Alfonso, directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la presentación del análisis. Sin embargo, acotó, a veces eso no depende del titular del Poder Judicial local, pues en muchos estados “los gobernadores tienen una injerencia directa en los recursos” que se necesitan para transparentar esos datos.

“Tener ese tipo de información evita actos de corrupción y le da confianza a la ciudadanía”, comentó Gamboa Estrella. Además, permite saber si el juez tuvo en cuenta una perspectiva de género a la hora de resolver, añadió. Por ello, dijo, es necesario que dejen de asumirlo “como una concesión”, y lo vean una de sus obligaciones.

Sin embargo, abrir las sentencias a la población no es suficiente, aclaró, pues para la mayoría resulta difícil entender su contenido. Así que será necesario traducirlas a un lenguaje claro, solicitó.

La organización Equis Justicia para las Mujeres lanzó un video (https://www.youtube.com/watch?v=uXHCL0LDq2k&feature=youtu.be) para hacerle saber a la audiencia que uno de sus derechos es conocer otras sentencias para saber qué esperar en un caso similar, que la transparencia ayuda a saber si el Poder Judicial cumple sus obligaciones en materia de derechos humanos.

Fuente: La Jornada

Autora: Blanca Juárez

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2015/12/09/poderes-judiciales-locales-incumplen-con-transparencia-activista-7520.html

“Apura” Sonora implementación de juicios orales

HERMOSILLO, Son: El procurador Carlos Navarro Sugich anunció que en septiembre se implementarán los juicios en Sonora.

Lo anterior, luego que el miércoles 20 el pre­si­den­te de Mé­xi­co SOS, Ale­jan­dro Mar­tí, acusara al gobernador Guillermo Padrés de ser “omiso” en la estruc­tu­ra­ción del nue­vo sis­te­ma de jus­ti­cia pe­nal.

“¡Qué vergüenza!, a 13 meses no se ha iniciado nada. Es una verdadera lástima. Y yo creo que quien no implementa la reforma, el gobernador que no insiste en hacerlo, está traicionando los intereses de todos los ciudadanos”, señaló Martí du­ran­te el Séptimo Fo­ro Nacional so­bre Se­gu­ri­dad y Jus­ti­cia que en­ca­be­zó el pre­si­den­te En­ri­que Pe­ña Nie­to.

En tanto, Navarro Sugich mencionó que las oficinas de la Procuraduría se están remodelando para darle cabida a la atención ciudadana en este nuevo sistema penal.

“La idea es implementar los juicios orales arrancando septiembre, sin descuidar lo más importante que es la seguridad de los sonorenses”, resaltó.

Este anuncio se suscitó en medio de la controversia generada tras darse a conocer que el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de la entidad, Juan Sebastián Sotomayor Tovar, supuestamente falsificó su título profesional de licenciado en derecho para ocupar este y otros cargos.

Según se señala en El Financiero, el documento expedido por la Universidad de Hermosillo el 15 de agosto de 1998 está firmado por el rector de la institución, Federico Saviñón Plaza, y por la directora de la Escuela de Derecho, Rosela de Jesús Rendón Rendón.

Pero esta última, en 1998, no era la directora de esa institución, de acuerdo con la información ofrecida en una solicitud de acceso a datos públicos.

María de los Ángeles Fromow Rangel, secretaría técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), reveló que existen múltiples desafíos para que el 18 de junio del 2016 éste opere en todo el país.

Entre los retos destacó la renovación de autoridades en 17 estados en los que habrá elecciones este año.


“Sonora está en el último lugar de la lista, por lo que se está proyectando un plan de inversiones con los distintos fondos federales y locales para que en agosto próximo se implemente el sistema; la entidad tiene carencias importantes en el tema de equipamiento e infraestructura y esto requiere de un esfuerzo mayúsculo”, justificó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Justicia en México: lejana, incomprensible, con procesos largos y costosos

La mayor parte de los mexicanos carece de las condiciones y de los medios para solicitar y obtener una solución expedita y adecuada a sus problemas cotidianos.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) realizó foros de consulta ciudadana, en atención a la petición del presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de mejorar la justicia cotidiana en el país.

Los resultados le fueron entregados a Peña el lunes de esta semana y son los siguientes:

El estado de la justicia cotidiana presenta graves problemas que requieren atención urgente.

Por ejemplo:
• Los procesos son largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias;
• Existen numerosos obstáculos tanto para el acceso a la justicia como para que el resultado contribuya a solucionar efectivamente los problemas de los ciudadanos;
• La justicia se percibe como lejana, resulta mayormente incomprensible para los ciudadanos y tiende a incrementar la desigualdad social;
• Se tiende a privilegiar la forma procesal sobre la resolución del conflicto; y
• las personas que enfrentan un conflicto con mucha frecuencia no saben adonde acudir y cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo.

El catálogo de problemas identificados es largo, heterogéneo y complejo, señala el CIDE en sus conclusiones.

Las soluciones que propone abarcan un amplio espectro de medidas que pueden agruparse en seis grandes categorías relacionadas con:
• las asimetrías de información que afectan a los ciudadanos cuando enfrentan un conflicto;
• la mala calidad de los conocimientos y condiciones de intervención de los agentes (abogados, jueces, defensores, ministerios públicos, etc.);

• el diseño de los procedimientos que suelen privilegiar la forma sobre el fondo y que tratan igual conflictos de naturaleza muy diversa;

• la falta de capacidades institucionales y recursos de los sistemas de justicia de las entidades federativas;

• un diseño institucional que resiste la renovación y adaptación (en particular en materia de justicia laboral); y

• la mala calidad de las leyes, reglamentos y normas administrativas en todo el país.

El CIDE pidió crear centros de asistencia jurídica temprana, regular servicios de abogados y revisar el diseño de las juntas de conciliación y arbitraje, así como crear un nuevo modelo de justicia familiar, entre otros puntos.

Además, planteó una estrategia para que los mexicanos conozcan sus derechos y las vías para ejercerlos, la creación de un defensor de las pequeñas empresas, así como medidas específicas para defender a las trabajadoras domésticas y a los migrantes.


Con estas propuestas el presidente Peña Nieto realizará una agenda de reformas que serán sometidas al Congreso bajo una iniciativa de ley.

El resumen ejecutivo y el informe completo sobre la justicia en el país:

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FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN.

La ‘justicia’ puede esperar

José de Jesús Naveja Macías considera que el país no está en condiciones óptimas para implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio.

Los conflictos sociales en el país deberían frenar la implementación, por el momento, del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. 

Así lo considera el presidente nacional de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, que integra a 54 mil abogados, José de Jesús Naveja Macías.

Los casos más urgentes donde debería frenarse la implementación son Guerrero y Michoacán. Allí debe funcionar el nuevo sistema en febrero y junio de 2016, respectivamente, indica.

Las nuevas medidas para una política de seguridad, que serían anunciadas por el presidente Enrique Peña Nieto mañana, pasan por la eliminación de las policías municipales y el fortalecimiento de un sistema penal. 

Pero este no puede implementarse en un clima falto de paz social. 

“En muchos de los estados donde se vive un colapso social puede haber una complicación en la implementación del sistema. 

“Una transición en un momento social de crisis la hace más complicada. Sí pensaría yo que se reculara un poco hasta en tanto se estabilice socialmente cada uno de estos estados”, dice el maestro en derecho constitucional y amparo por la Universidad de Guadalajara.

El litigante considera que los conflictos se han extendido en el país por falta de justicia social. 

“Debe ponerse especial énfasis en ello antes de implementar un sistema que puede tener beneficios, pero si no blindamos moralmente a cada uno de los operadores no se va a avanzar, porque el ciudadano tiene nula credibilidad al sistema”, asegura en entrevista desde Guadalajara.

Confusión social

José de Jesús Naveja Macías fue electo el año pasado para dirigir la Confederación más grande de abogados del país, compuesta por 359 colegios, barras y asociaciones.

Considera que existe una confusión social en que el nuevo sistema disminuirá la impunidad y la delincuencia. 

Entre las acciones urgentes antes de la implementación está el congelamiento del presupuesto para impartición de justicia, que no sea volátil de un año a otro. 

El litigante considera que sin prevención y rehabilitación del tejido social, “la contención no nos va a servir de nada. No vamos a cambiar un estado constitucional por un estado de policía”. 

Otro elemento fundamental es la independencia del poder judicial, la especialización de los magistrados y que éstos sean electos “sin manejo de compadrazgos”.

Estas medidas “pueden desenmarañar todo este tipo de conflictos que estamos viviendo”.

Insiste en que “es importante que se traslade de un sistema a otro, pero ahora en muchos estados las complicaciones sociales lo hacen imposible”.

Antes de ese cambio la mayoría de los operadores deben estar formados. 

Operadores inexpertos

La implementación del sistema penal acusatorio se dio inicialmente en los estados. 

“Esto trajo muchos conflictos, incluso mucha prostitución en la enseñanza del sistema, con un manejo muy diferente y en muchos lugares con un nulo entendimiento del mismo”, detalla José de Jesús Naveja Macías.

A partir de esta necesidad, se gestó el Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en marzo de este año. Estuvo inspirado esencialmente en los códigos de Chile y Colombia, estados constituidos de forma unitaria, no con entidades federativas, como México. 

El sistema anterior, dice el experto, estaba “anquilosado y aletargado”, lo que hacía imposible que se cumpliera la norma constitucional de que los ciudadanos reciban una justicia pronta, expedida y completa.

Pero el Código aprobado en marzo “presenta muchas deficiencias”. Una de las principales es que los operadores comienzan a probarse sobre la marcha. 


“Si bien hay un proceso de capacitación de tiempo atrás, los capacitadores jamás han estado presentes en un juicio oral, no tienen la experiencia ni la vivencia en el tema, lo que puede implicar que muchos que lleven a cabo la defensa privada puedan incluso ser sacados de audiencias y el derecho de defensa y de asistencia de letrados pueden ser violados”, explica el socio fundador de la Asociación.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: PENILEY RAMÍREZ.