Se fugaron tres reos durante motín en el penal de Barrientos

Durante el violento motín que se registró la noche de este lunes, tres reos se fugaron del penal de Barrientos en este municipio.

De acuerdo con información proporcionada a A Fondo Estado de México, en total, fueron cuatro los internos que lograron escapar del centro penitenciario durante el día de ayer.

Por la mañana, Jonathan Gerardo Galicia Villegas, de 19 años, se acababa de fugar de las instalaciones de este Centro de Readaptación Social.

El sujeto tenía apenas un día de haber ingresado al penal por el delito de robo con violencia y escapó por el área de juzgados.

Sin embargo, al concluir el motín registrado durante la noche, las autoridades del penal se percataron que otros tres internos habían desaparecido.

Alrededor de las 4 de la mañana, cuando concluyó el pase de lista de los reos, notaron la ausencia de Ángel Roberto Chávez Hernández, José Antonio Arvizu Caballero (a) José Antonio Zepeda Maldonado y Bernabé Ángeles Ramírez, todos con un nivel de peligrosidad bajo, de acuerdo a la información proporcionada.

Ángel Chávez, de 38 años era reincidente y se encontraba preso por el delito de homicidio, Bernabé Ángeles, de 28, se encontraba preso por trata de personas, también era reincidente, mientras que José Antonio Zepeda, de 42, purgaba condena por robo y era su primer ingreso en la prisión.

Las autoridades piden la colaboración de la población en general y que en caso de que los identifiquen, los denuncien inmediatamente.

Fuente: A Fondo Estado de México

Autor: Redacción

http://afondoedomex.com/se-fugaron-tres-reos-durante-motin-en-el-penal-de-barrientos/

Entre improvisaciones, viene el nuevo sistema penal

Concluido el plazo para aplicar el nuevo sistema de justicia penal, los problemas se acumulan y evidencian las disparidades tanto en las entidades federativas como en las instancias implicadas en su instrumentación. La liberación, el 9 de mayo pasado, de un presunto encubridor de secuestradores puso en entredicho las bondades de la nueva legislación, pero sus impulsores insisten en que la ley va.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- A principios de mayo de 2009, Raúl Martínez Gutiérrez fue contratado para hacer un trabajo de santería. Fue llevado a una casa de seguridad en Iztapalapa donde estaban secuestradas las hermanas Esther, Martha y Susana Laguna Aburto. Los secuestradores lo contrataron para que “el trabajo” les saliera bien.

Martínez Gutiérrez las encontró vendadas. Las bañó con sangre de gallina y les frotó el cuerpo con hierbas. A los pocos días de ese ritual, ante el impago del rescate, los secuestraron le mutilaron un dedo a una de ellas. Fue el 10 de mayo, el día de las madres.

La policía de la Ciudad de México las rescató tras 28 días de cautiverio. Dos de ellas habían sido mutiladas. Tres y dos dedos de la mano izquierda, respectivamente. Los plagiarios fueron detenidos en un operativo. Martínez Gutiérrez, El Santero, tiempo después. En total hubo ocho arrestos.

Cada uno de los acusados fue condenado a 60 años de prisión.

El pasado 9 de mayo, siete años después del plagio, Martínez Gutiérrez obtuvo su libertad al amparo del nuevo sistema de justicia penal y se volvió el centro de la indignación mediática. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (Tsjcdmx), Édgar Elías Azar, se vio obligado a explicar el fallo ante la prensa.

Su explicación descansó en los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adoptados por los ministros para operar la reforma penal aprobada por el Congreso y publicada el 18 de junio de 2008 por el gobierno de Felipe Calderón, promotor de la reforma junto con el gobierno de Estados Unidos, como parte de la Iniciativa Mérida (Proceso 1633).

Los legisladores pusieron un plazo de ocho años para el funcionamiento pleno de la reforma y pasar de un sistema de justicia de rasgo inquisitorial a uno acusatorio y oral, con procedimientos transparentes, dinámicos y garantistas.

Fuente: Proceso

Autores:  Jorge Carrasco Araizaga y Patricia Dávila
http://www.proceso.com.mx/443745/improvisaciones-viene-nuevo-sistema-penal

Nueva riña en penal de Topo Chico deja tres muertos

Monterrey, NL. Tres personas muertas y 14 heridas, cinco de ellas de gravedad, es el saldo que dejó una riña en el penal del Topo Chico, en Monterrey.

A menos de cuatro meses del motín y riña que dejó un saldo de 49 internos muertos en febrero pasado, los disturbios regresaron la noche de este miércoles al penal ubicado en el norponiente de la ciudad.

Los cinco heridos fueron trasladados al Hospital Universitario para su atención, mientras que los otros 9 fueron atendidos en el mismo centro penitenciario.

De acuerdo con el secretario de Gobierno, Manuel González, los disturbios se originaron cerca de las 22:30 horas en el área conocida como Rondín Uno, donde dos grupos se enfrentaron y utilizaron armas punzocortantes.

Fueron 25 elementos de Fuerza Civil los que intervinieron para controlar la situación, informó González, quien agregó que todos los heridos son internos del penal.

Las víctimas fatales son Edelmiro Guadalupe Gaspar Rubio, Jesús Ledezma Ramírez y Javier Orlando Galindo Puentes, alias El Maruchan, quien es cómplice de Juan Pedro Saldívar Farías, alias el Z-27, uno de los protagonistas de la masacre de febrero.

A los alrededores del penal acudieron entre 40 y 50 personas, familiares de los internos, quienes exigían a los responsables de los accesos de esta cárcel información sobre lo que sucedía en el interior.

El pasado 11 de febrero, una riña en el interior del Penal dejó como saldo 49 personas sin vida.

Fuente: La Jornada

Autor: Erick Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/06/02/nueva-rina-en-penal-de-topo-chico-deja-tres-muertos-1

Emite la CNDH recomendación al gobierno de Chiapas por muerte de indígena en penal El Amate

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una recomendación a Manuel Velasco Coello, gobernador de Chiapas, por la inseguridad, poca vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados número 14 (Cereso 14), El Amate, en Cintalapa.


De acuerdo con la recomendación 04/2016, la CNDH proyecta instruir a la autoridad penitenciaria para que garantice el derecho a la integridad personal de los reos. Dentro de los términos que precisa la recomendación está: incrementar el personal de seguridad y vigilancia en los módulos del penal; erradicar el autogobierno para que los internos no ejerzan funciones de mando que le competen al personal de seguridad y custodia; y hacer una clasificación de la población penitenciaria, informó el organismo a través de un comunicado.

La recomendación se emitió después de que la CNDH realizara una investigación por la muerte del interno de origen tzotzil Joel Díaz Martínez, de 22 años y originario de Tuxtla Gutiérrez, quien fue encontrado ahorcado en un baño del penal en agosto del 2014.

El resultado de la investigación fue que había una insuficiencia en la vigilancia del penal que no permitía cubrir las necesidades de los internos en las áreas donde deambulan. El penal cuenta con 120 elementos de seguridad y custodia, total de hombres y mujeres en ambas guardias, frente a una población de 2 mil 520 reclusos.

En 2012, la CNDH emitió la recomendación específica 11/2012 para gestionar la sobrepoblación. Como medida para combatir la problemática en el penal, en septiembre de 2015 reubicaron a 101 reos hacia el Centro de Readaptación Social número 15, en Villa Comaltitlán, en la costa de Chiapas.

No obstante, el comunicado señala que la autoridad penitenciaria incumplió con lo establecido en el artículo 9 del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas, el cual indica que las autoridades deben dotar de “recursos materiales y humanos necesarios para asegurar el desarrollo y cumplimiento de sus fines, así como la salvaguarda de los derechos humanos de los internos”.

De igual forma, la CNDH solicitó al gobernador colaborar con el organismo en el procedimiento administrativo que se iniciará contra los servidores públicos responsables, derivado de la queja que se presente ante la Secretaría de la Función Pública del Estado de Chiapas.

Fuente: Contralínea

Autora: Karen Carrillo

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/22/emite-la-cndh-recomendacion-al-gobierno-de-chiapas-por-muerte-de-indigena-en-penal-el-amate/

En El Altiplano el diablo viste de azul

El Altiplano, que debería ser una prisión federal de alta seguridad, en realidad es un espacio controlado por los custodios, esos hombres uniformados de azul que son, para los reos, tanto marchantes –consiguen cualquier cosa que el interno pueda pagar– como verdugos. Ahí no hay más que corrupción y muerte, denuncia un hombre que acaba de salir libre tras más de cinco años en esa cárcel.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Según el gobierno federal, el Centro Federal de Prevención y Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, es una fortaleza impenetrable donde los presos permanecen bajo los más estrictos códigos de seguridad y control, pero se respetan sus derechos humanos.

No obstante, una vez que el recién internado recibe el número que lo identificará en el penal, se vive otra realidad. Los responsables de la administración, vigilancia y custodia encabezan una red de corrupción y abusos, revela a Proceso un interno que hace días salió libre tras cinco años de reclusión.

En El Altiplano, afirma, un teléfono celular, un gramo de cocaína, viagra, antidepresivos, medicinas y hasta una cucharada más de arroz tienen precio, y sus principales vendedores y distribuidores son empleados de la prisión. En cambio, la vida de un reo no vale nada.

Durante el tiempo que él estuvo interno, asegura, murieron al menos cuatro reclusos: dos por negligencia médica, uno por la brutal golpiza que recibió de autoridades federales en su traslado de otro cefereso al Altiplano, y el último fue Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, líder zeta a quien, según el testigo, los directivos del penal dejaron morir en su celda.

“Desde que vas ingresando, te suben a una camioneta en la que te sientan con las piernas abiertas y te doblan por completo los custodios. Te van golpeando, insultando; te van diciendo que no vas a salir de ahí, que jamás vas a salir, que ahí llegaste para quedarte.

Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2054, ya en circulación

Fuente: Proceso

Autora: Anabel Hernández

http://www.proceso.com.mx/433309/en-altiplano-diablo-viste-azul

Las evasiones de penales federales que oculta el gobierno

Al cierre de 2015, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la fuga de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo, fue uno de los dos acontecimientos de mayor crisis para el gobierno de Enrique Peña Nieto. El otro fue la desaparición forzada de los 43 normalistas rurales de Ayotzinapa, Guerrero.

La primera crisis de la que hablaba Osorio Chong en el noticiario radiofónico de Joaquín López Dóriga el 21 de diciembre del año pasado se derivaba de una clara vulneración al sistema carcelario federal, el más seguro y costoso del país. En particular, del Centro Penitenciario de Readaptación Social número 1, Altiplano.

Tan sólo ese año el presupuesto modificado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, del cual dependen los penales federales, ascendió a 17 mil 915 millones 200 mil pesos. Y para este 2016 se le han etiquetado recursos públicos por 18 mil 841 millones 241 mil 451 pesos. Así que el asunto del dinero y su aplicación eficaz no es menor.

Este multimillonario presupuesto debería bastar para evitar que los reos de alta peligrosidad evadan la prisión, pero no es así. Aunque desde la primera fuga del Chapo en 2001 y hasta la segunda en 2015 no se conoció de alguna otra evasión en los penales federales de mediana y máxima seguridad, en los últimos 5 años se registraron otras dos fugas.

Pero a diferencia del Chapo, los otros dos reos consiguieron evadirse en sigilo por la opacidad que la misma autoridad generó. Los hechos no fueron del conocimiento público: nadie filtró videos, nadie explicó el modo en el que los presuntos delincuentes lograron corromper al sistema, y no hubo comparecencias al Congreso de los responsables de la seguridad pública y nacional.

Mucho menos hubo directores cesados y encarcelados (como sí ocurrió con Celina Oseguera, quien fuera coordinadora de penales federales, tras la fuga del Chapo) pues, se quiera o no, al evitar el ojo de la opinión pública, las autoridades cubrieron la vulneración del sistema penal federal con impunidad.
La reserva de la información

Pese a que se trata de dos reos de alta peligrosidad, el encubrimiento de estas fugas ha llegado a tal punto que las autoridades federales mantienen bajo reserva su identidad. Así lo demuestra la respuesta a la solicitud de información 3670000002516 hecha por Agenda de la Corrupción, en la que se clasifican como confidenciales los nombres tanto de Guzmán Loera como de los otros dos evadidos.

“Por lo que respecta al nombre de los presos, la Coordinación General de Centros Federales clasificó la información como confidencial, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 fracción II, 18 fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, indica la respuesta.

La primera evasión ocurrió en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el 27 de mayo de 2011, del Centro Federal de Readaptación Social número 6, Sureste, ubicado en Huimanguillo, Tabasco.

La segunda fuga también fue previa a la del Chapo Guzmán, pero ya en el actual gobierno de Peña Nieto. Ocurrió el 14 de marzo de 2014 en el Centro Federal de Readaptación Social número 9, Norte, ubicado en el kilómetro 30 de la carretera Juárez-Chihuahua, en esa entidad.

La tercera vulneración del sistema ocurrió, como ya se sabe, en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, el 11 de julio de 2015.

En los tres casos fueron personas del sexo masculino las evadidas, refieren los datos oficiales obtenidos por medio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los delitos por los que se encontraban recluidos son secuestro, homicidio, delincuencia organizada, lesiones, contra la salud y asociación delictuosa.
La crisis del sistema penitenciario

Formalmente, el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social tiene como visión “ser la instancia que contribuya al fortalecimiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, mediante la aplicación de la política penitenciaria para la readaptación a la vida social y productiva de los sentenciados, con estricto apego a la ley y respeto a los derechos humanos, para consolidar las libertades, el orden y la paz pública, así como la preservación del estado de derecho y prevención del delito”.

No obstante, en los penales federales –al igual que en los estatales– se incurre en prácticas que violan los derechos humanos de los reos. Ejemplo de ello es la denuncia hecha por Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en noviembre de 2015 respecto del aislamiento.

La recomendación de la Comisión sobre este tema indica que el aislamiento penitenciario se debe regular, pues en algunos casos se ha aplicado como un tipo de internamiento cotidiano excesivo.

En octubre del año pasado, la misma CNDH en voz de la tercera visitadora General, Ruth Villanueva Castilleja, advertía de una grave crisis que padecen las cárceles estatales y federales por sobrepoblación.

De acuerdo con sus datos, en 28 centros estatales y uno federal existe riesgo crítico, pues los internos sobrepasan en más de 40 por ciento la capacidad instalada (Aristegui Noticias, 14 de octubre de 2015).

Por ello, es tiempo de que las autoridades tomen con seriedad la situación en los penales federales y actúen en consecuencia, para evitar más evasiones de reos de alta peligrosidad y, al tiempo, garantizar los derechos humanos de la población recluida.

Fuente: Contralínea

Autora: Nancy Flores

http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2016/03/06/las-evasiones-de-penales-federales-que-oculta-el-gobierno/

Inseguridad de Coahuila tiene su centro de operaciones en los penales

“Coahuila es el ejemplo más visible, pero la situación dentro de los penales es la misma que padecen todos los estados. Es ahí donde tiene su punto de ebullición la inseguridad. Existe un desgobierno absoluto, por lo que esos sitios se convierten en el centro de operaciones de muchos delitos que van desde la extorsión, hasta el secuestro e incluso homicidios. Los delincuentes -que el gobierno se jacta ya están encerrados- son los mismos que comandan una serie de acciones que a diario permean la ya diezmada seguridad de dicha entidad”, comenta a Revolución TRESPUNTOCERO Patricia Arrazate abogada penalista y miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal.

A su vez asegura que la principal causa es la corrupción que impera como producto de autoridades que “ni siquiera han presentado un examen de confianza o no lo pasaron, lo que agrava la situación, y aún así son los encargados de vigilar que los reos no solamente estén dentro de la prisión, sino que no provoquen delitos por medio de la complicidad con otros grupos que se encuentran fuera y son dirigidos por los supuestos individuos que están ahí para ‘reformarse’.

En Coahuila los penales ya son considerados focos rojos de inseguridad, que no son más que el resultado del abandono de los gobiernos estatal y federal, a quien no les interesa ni la seguridad de la calle, ni la de las cárceles, aún sabiendo que muchas de esas cifras que llevan al alza la delincuencia que gesta en los penales donde gobiernan secuestradores, extorsionadores, narcotraficantes y sicarios, por mencionar algunos”.

Lo anterior es soportado por la evaluación al desempeño del Sistema Nacional Penitenciario en México, en donde la Auditoria Superior de la Federación, da a conocer que las políticas de reinserción social no están funcionando, a su vez Arrazate enfatiza que, “ningún político, mucho menos de derecha, realiza un bien en pro de una sociedad si no va obtener algo a cambio, con frecuencia en campañas políticas se promete todo, pero en ninguna ocasión se centran en convertir a los centro penitenciarios en verdaderos monumentos a la reinserción, esto no sucede, en un país donde a los funcionarios les interesa obtener votos, los reos no votan, son pobladores que han quedado relegados, lo que provoca que los penales se vuelvan un caldo de cultivo, quienes mandan son los carteles”, afirma la abogada.

Por su parte la investigadora social y especialista en sistema penitenciario Y perteneciente al Colegio de Abogados, María José Romero,  sentencia: “los penales de Coahuila están dentro de los peores que hay en el país. Es innegable que el control de estas prisiones está en manos de los reclusos y ante la falta de gobernabilidad y de readaptación de los internos, el estado se encuentra entre los 10 primeros lugares de los peor evaluados, en cuanto al sistema penitenciario”.

Romero afirma que de las principales tragedias acaecidas por el abandono del gobierno, se perpetró en 2012 cuando se registró la fuga de 129 internos del Cereso de Piedras Negras; ahí hubo una masacre que supieron esconder durante cuatro años y solamente fue por medio de la presión que la procuraduría estatal se comprometió a investigar los hechos en que pobladores del norte del estado murieron a manos del grupo delictivo Los Zetas en el interior de ese penal.

“Cuando se llega al límite de la corrupción y la impunidad, nada significa que los delincuentes y sicarios estén dentro o fuera de la prisión, siguen causándole daño a la sociedad y no, de ninguna manera saldrán rehabilitados, por el contrario, salen con un mayor poderío, incluso no importa si salen o no, nadie les impide seguir haciendo lo que antes llevaban a cabo”, comenta Romero.

“Por lo mismo que los reos ‘no existen’, son impunes, las estrategias contra la delincuencia organizada en Coahuila no habla de tomar en cuenta los delitos que se llevan a cabo desde los penales, se ha llegado al grado de abrir las puertas a los reos para que salgan delincan, trafiquen drogas, violen, asesinen y regresen, están cómodos desde su centro de operaciones, por eso no se van, además ya no serán perseguidos.

En Coahuila tienen que ser los familiares de los desaparecidos quienes hagan investigaciones y concluyan que son dentro de los penales están los culpables de las desapariciones, porque trágicamente, esto no se sabía hasta que la propia sociedad civil intervino. Tenemos autoridades que convierten en tierra de nadie a los penales, por dinero o por decidía”, acusa Arrazate.

Comenta que de buscar un control de los penales, se debe comenzar por realizar varios filtros a los trabajadores que se encuentran dentro de éstos, erradicar la corrupción, tener un control de los reos, siempre con respeto a los derechos humanos, “urgen políticas públicas, que realmente conlleven a generar programas de readaptación, instaurar procesos de terapia psicológica, tanto para ellos, como para su familia, pero por encima de todo esto es preciso tener un gobierno estatal que le importe la readaptación social de los presos y le importe la seguridad de la entidad, dos puntos casi imposibles con el partido en el poder”.

En 2014 la Comisión de Derechos Humanos  en Coahuila (CDHED), emitió 10 recomendaciones por violaciones a los derechos humanos, entre las cuales se demandó mejoras en la infraestructura, seguridad, mejoría de higiene, distribución y alimentación de los internos.

Sin embargo la CDHED hasta el momento no ha dado a conocer cuáles fueron los resultados y si se cumplieron en tiempo y forma dichas recomendaciones, que debieron concentrarse en el informe de las revisiones. Puesto que desde principios del 2015 la Comisión dio inicio a la supervisión de los porcentajes de cumplimiento de las recomendaciones emitidas de la Comisión Estatal de Seguridad (CEAS).

“Hoy los penales de Coahuila son parte del peligro inminente para la seguridad de Coahuila, sin cifras, sin informes, sin documentación que compruebe que la corrupción y la impunidad han provocado la muerte de cientos de desaparecidos a quienes secuestran y usan como sustitutos de reos, la delincuencia sigue extendiéndose por toda la entidad al amparo del gobernador”, afirma Romero.

Fuente: Revolución 3.0

Autora: Emma Martínez

http://revoluciontrespuntocero.com/inseguridad-de-coahuila-tiene-su-centro-de-operaciones-en-los-penales-desde-ahi-se-dirigen-extorsiones-secuestros-y-homicidios/

Justicia para adolescentes: lenta, con poco personal y malos tratos, revela estudio

La justicia para adolescentes no es expedita, pues sólo 2% de los tribunales resuelve los casos de menores de edad, además algunos sufren maltratos.

En México, 42 mil adolescentes fueron acusados de cometer lesiones, robos, daños a la propiedad, narcomenudeo y violencia familiar, entre otros delitos, durante 2014. De ellos, 14% ha concluido su juicio, mientras que 31 mil menores aún esperan que sus casos sean investigados.

Uno de los factores que influyen en la impartición de justicia para adolescentes es que de los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país, sólo 2% resuelve los casos de menores de edad. En Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, por ejemplo, sólo hay uno. Mientras que de los 3 mil 821 Ministerios Públicos en México, únicamente 782 (2%) son especializados para este sector.

Éstos son hallazgos del informe “Justicia para adolescentes en México”, un estudio sobre los servicios brindados a adolescentes infractores realizado por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), presentado este 25 de febrero.

El estudio, coordinado por Paulina Sánchez, advierte que la procuración de justicia para menores de edad es un “factor indispensable para el diseño y funcionamiento de un sistema integral, que logre reconciliar tanto los intereses de los menores, como la seguridad y la efectiva aplicación de la justicia”.


Los investigadores –Carlos de la Rosa, Mireya Moreno y Karen Silva– urgen un estricto respeto de los derechos procesales de los jóvenes porque “si se violan las garantías procesales de los menores infractores, no sólo se les estaría negando la atención diferenciada, sino que las mismas instituciones diseñadas para atender sus particularidades estarían vulnerándolos y victimizándolos”.

¿Cómo funciona el sistema de justicia para adolescentes?

En el Distrito Federal, mil 217 adolescentes fueron llevados a un Ministerio Público acusados de cometer lesiones, mil 566 de robo a transeúnte y dos mil 187 por violencia familiar, lo que representa la incidencia más alta con respecto al las 10 entidades con el mayor número de inculpados. Guanajuato el estado con más menores infractores acusados de narcomenudeo (867).

De los inculpados, la mayor proporción tiene de 17 a menos de 18 años (12 mil 272); de 16 años, 8 mil 739; de 15 años, 7 mil 626; Aunque también hubo 801 casos de niños de 12 años y mil 612 de 13 años, según datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2014.

Para juzgar estos casos, se decretó la Ley Federal de Justicia para Adolescentes el 27 de diciembre de 2012 y entraría en vigor dos años después, según el primer artículo transitorio. Sin embargo, el 24 de diciembre de 2014, hubo una reforma para cambiar la fecha límite al 18 de junio de 2016.

Los investigadores advierten que la ley–que nunca logró entrar en vigor- “se convirtió en letra muerta”, porque el 2 de julio de 2015, la Federación publicó un decreto por el que se reformaron los artículos 18 y 73 de la Constitución Política que obliga al Congreso a expedir una ley nacional en materia de justicia para adolescentes, acorde al nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio.

Pero a un año de que se cumpla el plazo establecido en la Constitución para la implementación total del sistema acusatorio a nivel nacional, únicamente el 24.26% de los casos ingresados se siguen conforme a este proceso y con apego a los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, destaca el informe.


Una responsabilidad del estado es garantizar un sistema de justicia especializado en materia de adolescentes infractores y para ello es indispensable la creación de unidades administrativas específicas. Sin embargo, la realidad contrasta con el ideal. De las 3 mil 821 agencias del ministerio público local, sólo 3.8% se especializan en adolescentes. En Jalisco, Puebla, San Luis Potosí y Zacatecas tienen 1% de especialización y Nuevo León es la entidad federativa con mayor grado, 9%.

Sobre el personal que atiende a adolescentes, sólo el 2% los más de 40 mil funcionarios de los órganos de procuración de justicia a nivel estatal se encuentra adscrito en agencias especializadas en menores de edad. Peor aún, ni siquiera hay información desagregada sobre sus funciones, aptitudes, preparación y capacidades.

En tanto, 2% de los 4 mil 861 juzgados y tribunales del país son especializados en el tratamiento de menores de edad. Aunque “es imposible establecer un número de tribunales ideal o estándar –pues su cantidad y dimensiones dependen de la carga de trabajo y la geografía– la insuficiencia de órganos jurisdiccionales compromete el acceso a la justicia y la adecuada provisión de servicios”, advierte el estudio.

De los casos, 42 mil 545 procesos están abiertos y 6 mil 435, cerrados. Esta cifra, afirman los investigadores, supone que se aplican criterios de discriminación, basado en la gravedad y solidez de los casos. Uno de los criterios para continuar un proceso penal para un adolescente es la gravedad de la conducta que se persigue. En la incidencia de delitos, 56% está tipificadas como no graves.

De acuerdo con el INEGI, la entidad con la tasa más alta de adolescentes que enfrentan un proceso judicial es Chiapas, con 794 casos por cada 100 mil habitantes. En Nuevo León asciende a 672 y el Distrito Federal, 631, cifra por encima de la tasa nacional (97).

Al concluir los juicios, los menores infractores podrían ser ubicados en Centros de Tratamiento. En este caso están 10 mil 963 jóvenes. Los investigadores recomiendan que esto debe ser el último recurso y tener el menor efecto negativo posible en los menores. Por ello, resulta indispensable que existan suficientes instalaciones en las entidades federativas, pero también que cumplan con condiciones que favorezcan el desarrollo y la eventual reincorporación a la sociedad de los adolescentes.

Radiografía de menores infractores

El informe incluyó una encuesta realizada a 167 jóvenes recluidos en los Centros de Tratamiento de Baja California (Mexicali, Tijuana, Ensenada) y Durango (Gómez Palacio) para determinar las características de la población adolescente privada de la libertad e identificar factores de riesgo y conocer su percepción durante el proceso penal.

La mayor parte de los encuestados son reincidentes. En Baja California el 62% respondió que había sido detenido previamente y en Durango 41%. Además, 20% de los entrevistados señaló que ya había estado privado de la libertad en un centro de diagnóstico y 26% en un centro de ejecución de medidas.

Durante la detención, más de 60% de los menores de ambas entidades reportan que los insultaron o maltrataron físicamente. 6 de cada 10 detenidos en Baja California fue golpeado y 4 de cada 10 en Durango.

Otro dato preocupante es que 79% de los jóvenes en Baja California y 65% en Durango dijeron que en ningún momento durante su detención o en las horas posteriores, se le brindaran facilidades para comunicarse con algún familiar o conocido.

La gran mayoría de los jóvenes que recibieron sentencia, dicen que durante su proceso penal estuvieron privados de la libertad. De ellos, 65% estuvo en proceso entre 1 y 6 meses; sólo en menos de 10% de los casos el juico tuvo una duración menor a un mes.

Por otra parte, 73% de los jóvenes entrevistados que aún están en espera de sentencia en Baja California está en reclusión desde hacía uno o seis meses, mientras que en Durango 62% se encuentra en esa circunstancia.

El panorama de los jóvenes antes de ser recluidos era poco alentador. 63% había dejado la escuela sobre todo porque no les gustaba, los habían expulsado o habían desertado por motivos económicos. 52% de los menores trabajaba de forma permanente y el 40% ocasionalmente, mientras que del total de la muestra, 50% comenzó a trabajar entre los 14 y 15 años.

De los malos tratos que recibieron, 77% de los jóvenes recluidos en Baja California y 91% en Durango sufrieron abandono o descuido. Más de 80% de ambas entidades era golpeado. Entre 70 y 90% recibía castigos exagerados. Entre 69 y 71% era insultado o le hablaban con malas palabras. Mientras que 80% de los encuestados en Durango fueron abusados sexualmente y en Baja California no se registró ningún caso.

Los investigadores recomiendan reformar el sistema de justicia para adolescentes, conjugando los derechos de la infancia con un sistema penal de corte garantista, acusatorio y oral que permita observar el debido proceso y garantizar el bien superior del menor.


Entre las recomendaciones está: Mejorar la calidad de la información sobre los usuarios y el sistema de justicia para adolescentes; especialización integral de todos los operadores y en todos los niveles de gobierno y diseñar políticas públicas no punitivas.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/02/justicia-para-adolescentes-lenta-con-poco-personal-y-malos-tratos-revela-estudio/

Catean penal de Cadereyta, en NL

Monterrey, NL. Autoridades estatales iniciaron la mañana de este martes un cateo al penal de Cadereyta, el último de los tres con los que cuenta el estado, luego de que en las dos pasadas semanas hicieron lo mismo con el del Topo Chico y el de Apodaca.

La revisión estuvo a cargo del Ejército Mexicano, la policía estatal Fuerza Civil y agentes de la Policía Ministerial del estado y comenzó a las 6:00 horas, informó el gobierno del estado a través de redes sociales.

Se espera que la revisión dure varias horas y por la tarde se dé a conocer el resultado del operativo.

La semana pasada se cateó el penal de Apodaca, y se encontraron situaciones prohibidas como celdas acondicionadas con piso cerámico, aires acondicionados, pantallas de televisión, espejos panorámicos y cortinas.

También se decomisaron 23 mil 245 pesos, 483 dosis de hierba seca, 123 dosis de polvo blanco, 107 dosis de piedra en color blanco, celulares, jeringas, entre otros artículos que el reglamento interno prohíbe.

Estas revisiones se dan luego de que el pasado 10 de febrero una riña en el penal del Topo Chico causó la muerte de 49 personas.

Fuente: La Jornada

Autor: Erik Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/23/catean-penal-de-cadereyta-en-nl-9107.html

ASF: padecen hacinamiento crítico 50% de penales del país

La mitad de los penales federales y estatales presentan problemas dehacinamiento crítico debido a un aumento en la reincidencia de los reos y a un incremento de personas que cometieron un delito por primera vez, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su auditoría sobre el sistema penitenciario nacional, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, el órgano fiscalizador expuso que la sobrepoblación en las cárceles federales es de 164 por ciento, a pesar de que se incrementó la infraestructura.

Como parte de la revisión de la cuenta pública 2014, la ASF refirió que en el ámbito estatal las entidades que han rebasado el límite de población en sus cárceles son: estado de México, Nayarit, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Distrito Federal, mientras que el de carácter federal con mayor sobrepoblación es el de Puente Grande, en jalisco.

Para la ASF, el sistema no ha cumplido con su objetivo de lograr una reinserción social de los reclusos,y refirió que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social propuso una reorganización que evite el alto índice de reincidencia delictiva, que se prevé comience a operar este año.

Mientras eso ocurre, la Auditoría Superior reportó que de 2007 a 2013, o sea el sexenio de Felipe Calderón y el primero año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la población penitenciaria reincidente se incrementó 1.7 por ciento anual. De esta manera, las personas en esa clasificación pasaron de mil 484 a 9 mil 13.

Explicó que si bien para 2014 disminuyó 11.1 por ciento, este decremento se debió al aumento de la población clasificada como primodelincuente, que pasó de 9 mil 208 en 2013 a 13 mil 785 en 2014, y no a la disminución en términos absolutos de los internos reincidentes. Esto significó una efectividad limitada de las actividades de reinserción.


Así, 10 mil 901 presos en cárceles federales fueron reincidentes y 13 mil 785 quienes cometían un delito por vez primera.

En el país existen 387 centros penitenciarios, con espacios disponibles para 203 mil 254 personas, pero la población es de 255 mil 638, con una sobrepoblación de 25.8 por ciento.

De ese total, 24 mil 776 se encuentran en prisiones de máxima seguridad y el resto en los centros de readaptación estatales.

El grupo de auditores que revisó la infraestructura carcelaria encontró que el primer lugar en sobrepoblación corresponde al estado de México, con 144.3 por ciento en exceso; Nayarit, 140.2; Hidalgo, 108.1; Jalisco 81, y Distrito Federal, 75.3 por ciento.

Mientras, a escala federal el penal de Puente Grande, Jalisco, tiene 88.1 por ciento de sobrepoblación; El Altiplano, en el estado de México, 32.4 por ciento; el Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, 31.1 por ciento; el de Hersosillo, Sonora, 29.8, y el Noreste, en Matamoros, Tamaulipas, 18.1 por ciento.

El resto de los penales no tiene ese problema, y la ASF resaltó que incluso tienen celdas sin ocupar.

La Auditoría Superior concluyó que el órgano de readaptación socialno coadyuvó a la despresurización de los penales estatales y municipales.



Fuente: La Jornada

Autor: Enrique Méndez

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/22/politica/007n1pol

Reubican a 200 reos del penal del Topo Chico

MONTERREY, NL (apro).- Unos 200 internos fueron trasladados durante la madrugada del viernes del reclusorio del Topo Chico a otros penales del país, informaron autoridades penitenciarias de Nuevo León.

Después de una riña que derivó en la muerte de 49 reclusos, elementos de la Policía Federal ingresaron al inmueble para tomar el control.

Por la noche del jueves, los agentes efectuaron un cateo en el que aseguraron puntillas y objetos contundentes, y alinearon en los patios a algunos de los casi 3 mil 800 internos del sobrepoblado inmueble, ubicado al norte de la zona metropolitana de esta capital.

Por la madrugada, los internos subieron a varios autobuses para ser trasladados a alguno de los aeropuertos de la localidad y ser enviados a otros centros de readaptación social de México. Trascendió que serían reubicados en penales de Hermosillo, Guanajuato y Juárez.

Decenas de personas permanecieron en vigilia, en el exterior de la penitenciaría. Algunas durmieron en la banqueta, enredadas en colchas.

Cuando las unidades, custodiadas por elementos federales, salieron del penal, un grupo de mujeres quiso detenerlas, atravesándose al paso, pero fueron contenidas por uniformados estatales de Fuerza Civil, que respaldaron el operativo.

También, durante minutos, bloquearon la avenida Aztlán, frente al penal, para impedir el paso del convoy, pero fueron retiradas.

En el exterior de la cárcel fueron colocadas listas con los nombres de los presos que serían trasladados. Entre los internos transferidos había 30 mujeres.

El gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo el jueves por la noche que antes de la tragedia ya había acordado, con el gobierno federal, el traslado de centenares de reos para reducir la población de los tres penales de la entidad, el Topo Chico, Apodaca, y Cadereyta, donde purgan condenas unos 8 mil reos.

Los dos primeros registran sobrepoblación, dijo, El Bronco, por lo que urge clausurar el del sitio de la tragedia, con más de 70 años de antigüedad, y reactivar la construcción de la penitenciaría en Mina, abandonada desde hace años.

Acusa a Televisa de desestabilizar

El jueves por la noche El Noticiero nacional de Televisa dedicó casi 25 minutos a la cobertura del homicidio múltiple en el Topo Chico.

En ausencia del titular, Joaquín López Dóriga, el encargado de la edición fue el conductor regiomontano Gregorio Martínez, quien ha tenido un público desencuentro con Jaime Rodríguez Calderón desde que era candidato a la gubernatura de Nuevo León.

Martínez criticó con dureza a El Bronco, a quien acusó de haber demorado casi 9 horas en presentar un primer informe luego de los trágicos acontecimientos. En el espacio de Televisa fueron entrevistados a múltiples personalidades que reprocharon al nuevoleonés su desatención a los problemas del estado.

Luego de la edición, en su cuenta de Facebook, Rodríguez publicó un video de 4 minutos en el que respondió al conductor, acusándolo a él y a Televisa de desestabilizar el estado.

“Estoy escuchando todas la mentiras que Goyo Martínez, como siempre hace. Él está mintiendo en muchas de las cosas. Yo hice una rueda de prensa en la mañana y expliqué claramente. Este reportero no sé qué coraje tenga con los ciudadanos nuevoleoneses”, dijo El Bronco.

Fuente: Proceso

Autor: Luciano Campos Garza

http://www.proceso.com.mx/429805/reubican-a-200-reos-del-penal-del-topo-chico

¿Quiénes son 'El Credo' y el 'Z-27'?

Monterrey, NL. Dos presos del penal de Topo Chico, Jesús Iván Hernández Cantú, alias El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, alias Z27, encabezaron el motín de esta mañana en la cárcel, de acuerdo con el informe oficial

Según reportes del gobierno estatal, Hernández Cantú, alias El Credo, es el líder de una banda de secuestradores y homicidas que operaba en la zona metropolitana de Monterrey para el cártel de Los Zetas.

En noviembre de 2012 la Procuraduría de Justicia informó de la detención de 24 integrantes de una banda lidereada por Hernández Cantú, a la que le atribuyeron 48 homicidios y dos secuestros.

De acuerdo con el entonces vocero de Seguridad del gobierno estatal, Jorge Domene, los detenidos (entre ellos 5 mujeres y 2 menores de edad) se dedicaban a secuestrar y ejecutar a miembros de grupos rivales en toda la zona metropolitana de Monterrey.

Por su parte, Saldívar Farías, alias Z-27, y su hermano Juan Manuel, Z-31, eran los comandantes encargados de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero y Camargo, en Tamaulipas, y Cerralvo y Vallecillo en Nuevo León.

A ambos se les atribuye la muerte del turista estadunidense David Michel Hartley, a quien capturaron cuando practicaba pesca en la presa Falcón de Nueva Ciudad Guerrero, en septiembre de 2010, así como el ataque en contra de agentes estadunidenses de la oficina de Aduanas e inmigración (ICE por sus siglas en inglés) en febrero de 2011 en el estado de San Luis Potosí.

Fuente: La Jornada

Autor: Erik Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/11/quienes-son-el-credo-y-el-z-27-7974.html

Reprochan familiares silencio sobre situación en Topo Chico

Monterrey, NL. Cerca de 500 familiares de presos en el penal del Topo Chico se amotinaron a las afueras de la penitenciaria y lanzaron pedradas para en empujones abrir el portón principal para que fueran escuchados a través de un cordón de seguridad implementado por elementos de Fuerza Civil.

Los manifestantes exigían información sobre el estado de salud de sus familiares y aunque intercambiaron pedradas, empujones y gritos con los uniformados, éstos lograron controlar la situación.

Altagracia Vázquez, una jovencita de 16 años de edad, a gritos pedía información sobre su hermano Gerardo Vázquez Vázquez.

"Ya son muchas horas que tenemos aquí y no nos dicen nada, queremos que los dejen (a los internos) hacer una llamada telefónica para que nos digan si están bien. Están dejando pasar a la gente pero no más de cinco en cinco y así nos vamos a tardar todo el día”, dijo la joven mientras alzaba una cartulina con el nombre de su familiar.

María Carmina Sánchez Macías estalló en llanto y tuvo una crisis de histeria cuando vio en su teléfono celular la noticia de que su hermano Darío Sánchez se encuentra en la lista de personas fallecidas, dada a conocer por las autoridades.

"Me acaban de decir que mi hermano está entre los muertos: mi esposo ya no pudo verlo. Nosotros somos de Pesquería (municipio ubicado a 70 kilómetros de Monterrey). Le traía el almuerzo y veníamos a verlo", dijo la mujer, para luego recibir atención de paramédicos de la Cruz Verde.

"Esto es un pinche mugrero. Todos sabemos cómo se manejan las cosas aquí, donde a todos los internos les piden cuota, les cobran a los familiares mil 200 pesos a la semana para no golpearlos", dijo a La Jornada un hombre que sólo dijo llamarse Martín y omitió sus apellidos para no perjudicar a su familiar preso.

El modo de operar, dijo el sexagenario de aspecto humilde, es investigar a las familias de los presos para conocer qué tipo de casa tienen y si poseen automóvil.

"Los que mandan en el penal le piden a su gente de afuera que investigue a los que acaban de entrar. Si ven que la persona no está tan jodida, le suben la cuota; a algunos les piden hasta cinco mil pesos a la semana y a la familia no le queda otra más que pagar", señaló el entrevistado.

Fuente: La Jornada

Autor: Erik Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/11/familiares-de-presos-en-topo-chico-desesperados-por-informacion-3514.html

Motín en penal de Monterrey; 52 muertos

Monterrey, NL. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, informó hoy que el motín que estalló en el penal de Topo Chico, en Monterrey, causó 52 muertos y 12 heridos.

Dijo que todas las víctimas son reos, varones y que aún se les estaba identificando. También descartó que haya habido alguna fuga.

El conflicto se produjo en las áreas C2 y C3 de la cárcel de Topo Chico, agregó el mandatario estatal.

Rodríguez habló ante periodistas sin aceptar preguntas.

Una de las versiones sostiene que se trató de un intento de fuga y que un grupo de reos se apoderó de un pabellón y causó un incendio para distraer la atención de las autoridades penitenciarias.

Antonio Argüello, titular de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Pública, dijo a La Jornada que el motín se registró pasada la medianoche y se controló cerca de la 1:30 de la mañana por elementos de Fuerza Civil y militares.

"El problema inició cerca de la medianoche y aunque se manejó que hubo una fuga esto no sucedió, las autoridades montaron un cerco y no hubo fuga y a la 1:30 de la mañana todo quedó controlado.

Familiares se apostaron desde las 6:00 horas en el cruce de las avenidas Aztlán y Rodrigo Gómez para bloquear el tránsito vehicular y exigir a las autoridades información sobre la situación y la lista de muertos y heridos.

"Aquí vamos a quedarnos bloqueando la avenida hasta que nos den una respuesta, queremos saber cómo están nuestros familiares porque nos están diciendo que hay 52 muertos y ninguna autoridad nos da respuesta.

"A las 5:20 salió una ambulancia del penal pero no nos dejaron ver nada, también una del Semefo (Servicio Médico Forense)", dijo Ernestina Grimaldo, vecina de la colonia Topo Chico quien tiene un hijo internado en el reclusorio.

Otro grupo de al menos 50 personas se encuentra en la entrada del penal en espera de que les den información y conforme avanza la mañana siguen llegando familiares.

El penal, ubicado al poniente de Monterrey, se encuentra rodeado de comercios y casas habitación, y de acuerdo con vecinos se escucharon detonaciones y además de una columna de humo las llamas fueron visibles desde el exterior del inmueble, ubicado en una zona popular.

Fuente: La Jornada

Autor: Erik Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/11/al-menos-50-muertos-en-motin-en-penal-de-nl-3350.html

Riñas, desórdenes y suicidios, los principales incidentes violentos en cárceles, según la CNDH

Durante 2014, se registraron mil 737 incidentes violentos en centros penitenciarios del país, establece el "Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria" de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Durante 2014, se registraron mil 737 incidentes violentos en centros penitenciarios del país, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) a la Cámara de Diputados.

En su “Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, correspondiente a 2014“, la CNDH señala que del total de incidentes violentos, 993 ocurrieron  en Centros de Reinserción Social (Ceresos), 740 en Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) y cuatro en las prisiones militares.

El hecho violento con mayor número de incidencia corresponde a las riñas, con un total de mil 435 eventos (700 en Ceresos, 734 en Ceferesos y uno en prisiones militares).

Le siguieron los desórdenes, con 126 en Ceresos; los suicidios, con 68 (62 Ceresos y seis en Ceferesos); los abusos, con 51, todos en Ceresos; los homicidios, con 49 en Ceresos, y los motines, con cinco en Ceresos.

Respecto a quejas, la CNDH menciona que se presentaron seis mil 121, de las cuales seis mil 118 corresponden a Ceferesos y Ceresos, y tres a prisiones militares.

Mientras que las entidades con mayor número de expedientes de quejas son el Distrito Federal (seis mil 10), seguido por el Estado de México (675), Baja California Sur (452), Baja California (443), Puebla (281), Quintana Roo (233) y Sonora (224).

En materia de garantías, las más vulneradas fueron a la protección de la salud, a la integridad personal, a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la reinserción social, así como a los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad y a recibir un trato humano y digno.

En la mayoría de las quejas se señala como responsables, principalmente, a autoridades penitenciarias estatales y del centro, servicio médico, mandos jurisdiccionales, defensores de oficio, procuradurías generales de justicia de los estados, policías y personal de seguridad y custodia.

El total de quejas presentadas ante la CNDH sobre presuntas violaciones a los derechos humanos en el sistema penitenciario, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, fue de mil 542, y a los estados que se emitieron mayor número de recomendaciones fueron Guanajuato, Puebla y Nuevo León, estableció el documento.

Agregó que la autoridad presuntamente señalada como responsable en el mayor número de casos es el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social.

El área en la que con mayor frecuencia se suscitaron más riñas es la de dormitorios, y la principal causa fue por diferencias personales, agresión, motivos patrimoniales, estrés, extorsión y por estar bajo el efecto de estupefacientes.

Además, los objetos más utilizados como armas para este tipo de incidentes son navajas, cinturones, palos, puntas, tablas, objetos contundentes –piedras o tabiques- barrotes, charolas, cuerdas, tijeras, clavos, latas, pedazo de vidrio, sartenes y platos.

En el caso de desórdenes, la mayor incidencia fue en Sonora (69), Nayarit (19), Chiapas (11), San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas (con cuatro cada uno) y Baja California Sur (tres).

Sobre los suicidios, las entidades que reportaron más casos fueron: Distrito Federal (18), Sinaloa (ocho), Jalisco (siete), Guerrero (seis) y Chiapas, Durango, Michoacán y San Luis Potosí (con tres cada uno).

Mientras que en homicidios el mayor índice lo registró el Distrito Federal (18), seguido de Guerrero (seis), Tamaulipas (cinco), Estado de México (cinco), Sonora (cuatro) y Chihuahua y Sinaloa (con tres cada uno), y el área de más casos también es la de dormitorios.

En cuanto a motines, Quintana Roo registró cuatro y Guerrero uno, con cuatro internos fallecidos, y las causas fueron: tres por inconformidad de reubicación del líder de internos y dos por sucesos diversos. Los estados que no tuvieron incidentes fueron Campeche y Yucatán.


Además, la CNDH precisó que en el caso de prisiones militares, durante el mismo periodo solo se reportó una riña y tres quejas que se suscitaron en el penal de la V Región Militar La Mojonera, Jalisco.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El Chapo Guzmán se fuga de un penal federal por segunda ocasión

La fuga de Joaquín El Chapo Guzmán ocurrió alrededor de las 9 de la noche de este sábado 11 de julio; autoridades federales realizan operativo de seguridad.

Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera se fugó alrededor de las 9 de la noche de este sábado 11 de julio del Penal Federal del Altiplano I, informó la Comisión Nacional de Seguridad.

“A las 20:52 horas del día de hoy (sábado 11 de julio), en el Sistema Permanente de Video vigilancia del Penal Federal del Altiplano I, se observó que Joaquín Guzmán Loera se aproximó al área de la regadera dentro de la estancia 20 del pasillo 2, donde habitualmente, además de su aseo personal, lavan sus enseres”, explica el comunicado.

La Comisión agrega que luego de no ver al Chapo, personal del penal ingresó a la celda, la cual se encontraba vacía, por lo que de inmediato se emitió la alerta correspondiente por la probable evasión del Chapo Guzmán.

Tras la fuga, las autoridades pusieron en marcha un protocolo de seguridad, el cual incluye el cierre del aeropuerto de Toluca, en el Estado de México.

El Chapo Guzmán había sido detenido la noche del 21 de febrero de 2014 en en un hotel de Mazatlán, Sinaloa, por autoridades mexicanas y de Estados Unidos.


La primera ocasión que el Chapo Guzmán se fugó de un penal federal ocurrió el 19 de enero de 2001, cuando logró escaparse del penal de Puente Grande, Estado de México, luego de que fuera capturado en Guatemala el 24 de mayo de 1993.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

(In)justicia cotidiana

MÉXICO, D.F: He allí el infierno al que ingresa cualquier ciudadano en busca de la justicia a la cual tiene derecho. He allí la tortura diaria de cualquier mexicano que quisiera obedecer la ley pero se enfrenta a instituciones que la tuercen o la ignoran. Extorsionado. Abandonado. Huérfano. Víctima de un sistema evidenciado por la investigación del CIDE sobre la “Justicia cotidiana”.

Un sistema que está lejos de ser expedito, y que no logra emitir resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, como lo exige la Constitución. En lugar de recursos sencillos, enfrentamos trámites complejos. En lugar de procesos rápidos ante tribunales competentes, enfrentamos procesos tortuosos mal llevados por tribunales incompetentes.

La justicia cotidiana es aquella que busca dar soluciones a los conflictos diarios de la sociedad. Los trámites de divorcio y custodia. El cumplimiento de los contratos. La relación entre empleados y empleadores. Los desacuerdos de los ciudadanos con la autoridad que los gobierna. Y en México estas soluciones tardan en venir e implican un recorrido por los nueve círculos del infierno que Dante detallara. Esto es lo que revela el CIDE mediante una consulta extensa, amplia, pública. Esto es lo que evidencian el esfuerzo de 425 expertos, 485 testimonios, 600 propuestas. Un país que vive atorado en la injusticia 365 días del año. En el cual 85% de los litigios son de orden civil, mercantil o familiar y sólo 13% pertenecen al ámbito penal. Y en medio de esos litigios surge el desamparo ante la falta de mecanismos eficaces que lleva a tantos a tomar la justicia por su propia mano. Que lleva a millones de mexicanos a la informalidad y a la marginación jurídica. Que lleva a una justicia lenta, ineficiente, incierta.

Millones de mexicanos sin acceso a abogados, sin acceso a defensores, sin acceso a una justicia cercana que resuelva los temas más simples. Enfrentando procesos largos, costosos, poco flexibles o adaptables a las circunstancias. Percibiendo a la justicia como algo lejano e incomprensible. Intentando entender documentos que no proveen la claridad necesaria para interpretar qué se debe hacer o qué pasó. Y sin saber a dónde acudir, con quién hablar, cómo obtener servicios de asistencia jurídica de calidad y bajo costo. Atrapados en un laberinto de abogados, jueces, defensores, ministerios públicos de baja calidad y malos modos. Acorralados por un sistema que privilegia la forma sobre el fondo, y que en lugar de soluciones concretas obliga a trámites ad nauseam. Abandonados a su suerte por la mala calidad de las leyes, los reglamentos y las normas administrativas en todo el país.

Abandonados porque no pueden pagar lo que la justicia cuesta en un país donde obtenerla se ha vuelto un lujo. Por los honorarios impagables de los abogados. Por el pago a “coyotes” que cobran por presentar una demanda y después desaparecen. Por el tiempo y el costo que implican la aportación de pruebas, la participación de peritos, el imperativo de notificaciones, la obligatoriedad de las audiencias. Porque 70% de las familias tienen un ingreso mensual que no alcanza para enfrentar procesos judiciales complejos y costosos.

Trabajadores, ciudadanos, familias, emprendedores, vecinos, escuelas, afectados por autoridades que deberían ser las primeras en respetar la ley pero son las primeras en tergiversarla. Como ha escrito Juan Pardinas, del Instituto Mexicano para la Competitividad, “la mayor banda de extorsión en México sobre negocios medianos y pequeños no son Los Zetas, sino las autoridades corruptas en municipios y delegaciones”. Tribunales y presidentes municipales y jefes delegacionales que extraen rentas a través de mordidas millonarias, permisos discrecionales, regulaciones inventadas, trámites innecesarios. Y no son los narcotraficantes quienes están incrementando los costos de transacción ni obstaculizando la inversión ni vulnerando la economía informal. Es el gobierno.

El gobierno en sus múltiples encarnaciones –federal, estatal, municipal, delegacional–, que se vuelve una fuente de incertidumbre para el vecino, el empresario, el constructor. El gobierno que a través de jueces e inspectores persigue, impone, castra a ciudadanos que quieren emprender un negocio o simplemente trabajar para ganarse la vida. El gobierno, como lo argumenta Pardinas, convertido en un “cártel constitucional de la corrupción”. Abocado no a facilitar sino a obstaculizar. Abocado no a promover a los pequeños empresarios, sino a consumirles la vida y el patrimonio. Documento tras documento. Regulación tras regulación. Trámite tras trámite. Transa tras transa.

Y de allí la urgencia de soluciones pequeñas a problemas diarios. De derribar –en palabras de Ana Laura Magaloni– las barreras de acceso a la justicia que padecen grandes sectores de la población al margen del paraguas protector de la ley. De atender el diseño de micro-soluciones en vez de macro-reformas. Dejar atrás el discurso de las grandes intervenciones. Dejar atrás las sentencias largas, farragosas e incomprensibles para el común de los mortales. Pensar distinto. Pensar en medidas administrativas y de coordinación entre quienes imparten justicia. Pensar en la creación de centros de asistencia jurídica temprana para tantos que la necesitan. Pensar en una política nacional de mejora regulatoria. Pensar en un nuevo modelo de justicia familiar. Pensar en lo que el CIDE llama “justicia de barandilla” y “justicia itinerante” para acercar la justicia a una población que la ve –y con razón– como inalcanzable.


Más allá de los capos y los narcobloqueos y el combate a la inseguridad, la atención gubernamental necesita enfocarse en algo que nunca ha existido cabalmente en México: el estado de derecho que impida la impunidad. Y entonces empezar a implementar las medidas sugeridas por el CIDE. Seguir empujando la instrumentación de los juicios orales. Elaborar una legislación secundaria que haga viable –a pesar de sus limitaciones– al Sistema Nacional Anticorrupción. Con un fin último claro. Que cualquier mexicano sea un portador genuino de derechos. Que pueda enfrentar un proceso legal de divorcio o fraude sabiéndose apoyado por la ley y no mancillado por ella. Que el Estado mexicano se aboque no sólo a perseguir a los grandes delincuentes, sino también a asegurar que los pequeños trámites no se vuelvan un martirio. Para poder transitar así de la (in)justicia cotidiana a un país donde “la justicia no haga daño”, como exigía Cicerón.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DENISE DRESSER (ANÁLISIS).