Denuncian violación de derechos en penal de Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chis. Indígenas ex presos, solidarios de la agrupación La voz de El Amate, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, denunciaron que en el penal número 5, ubicado en las afueras de esta ciudad, “se están violentando los derechos de los internos”.

En rueda de prensa agregaron que el pasado 27 de este mes, el reo Roberto Paciencia Cruz denunció que el alcalde Abelardo Méndez González y el custodio Isidro Gómez “impidieron que las visitas ingresaran a verlos y dejarles alimentos y ropa”.

Alberto Patishtán Gómez, uno de los ex prisioneros, dijo que un grupo de ex presos acudió ese día al penal para visitar a Roberto y llevar comida y ropa no sólo a él sino a otros reos, pero no nos permitieron entrar”.

Abundó: “Nos dio mucha tristeza porque tuvimos que comer los alimentos que con cooperaciones nuestras habíamos comprado para llevarle al compañero Paciencia Cruz y otros presos”.

Añadió que ese mismo día una familia indígena de Chalchihuitán que salió a las 3 horas de su comunidad llegó para visitar a un pariente, sin que después de varias horas se les permitiera ingresar.

“Los presos esperan a sus visitas diariamente pero muchas veces no llegan, principalmente cuando se trata de familias indígenas que viven en comunidades lejanas y no tienen dinero para trasladarse”, aseveró.

“Las visitas son sagradas para los presos; lo sabemos nosotros que estuvimos muchos años en la cárcel y no se vale que las autoridades de los penales las impidan”, manifestó.

Patihstán Gómez, liberado en 2013 gracias a un indulto presidencial, pidió a las autoridades estatales que “tomen cartas en el asunto para que no se sigan violando los derechos de los presos en el penal de San Cristóbal y de otros municipios”.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ELIO ENRÍQUEZ corresponsal
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/30/denuncian-violacion-de-derechos-en-penal-de-chiapas

Nuevo Sistema Penal funcionará “en nivel óptimo” hasta dentro de 11 años, prevé CIDAC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un mes y medio de que termine el plazo para implementar en todo el país la reforma de justicia penal, incluidos los juicios orales, el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) diagnosticó fallas y vulnerabilidades que, dijo, provocarán que hasta dentro de 11 años se alcance “el nivel óptimo” de operación “eficaz y adecuada” en el país.

Por lo pronto, aseguró: “no estamos cerca de contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas”.

En su reporte “Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal”, aseguró que hasta ahora el proceso se ha caracterizado por “la ausencia de políticas públicas integrales y de coordinación interinstitucional”. Además, dijo que “las acciones para la implementación en todo el país se llevaron a cabo de forma aislada y descoordinada”.

Según el documento, el “constante cambio” de autoridades generó “vulnerabilidad en el proceso de implementación”, lo que derivó en 33 procesos de transformación “paralelos, pero desarticulados, tanto en las entidades federativas como en la Federación”. Ello, alertó, inevitablemente impactará de forma negativa en la operación y resultados del sistema de justicia penal.

El CIDAC detectó la insuficiencia de operadores importantes en el proceso, por ejemplo, asesores de víctimas o facilitadores. Reconoció que aunque se han llevado a cabo esfuerzos en materia de capacitación, “aún existe un enorme rezago, especialmente en el ámbito de la policía”.

No es todo. Durante el tiempo de implementación ha habido un retraso importante en la armonización de legislación nacional trascendental. Eso, agregó, ha significado el riesgo de la aprobación, con prisas, de normas que vayan en contra del sentido de la reforma constitucional.

La reforma en materia de justicia penal implicó –de acuerdo con el organismo–, una “considerable” inversión de recursos financieros. Por ejemplo, el subsidio de apoyo a las entidades federativas para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, administrado por la Secretaría Técnica (Setec) del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación (Segob). Según el Centro, entre 2010 y 2015 esta dependencia distribuyó tres mil 510 millones 92 mil 861 pesos.

Además, las entidades contaron con recursos del Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (BANOBRAS), el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); y el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG).

11 años después…

En su reporte, el Centro de Investigación para el Desarrollo clasificó a las entidades federativas según el avance de la implementación del sistema a nivel estatal. Así, encontró que ninguno de los casos, los estados lograron alcanzar, siquiera, el estándar establecido para 2014.

De hecho, dijo, sólo seis superaron el estándar de 2013. Eso, agregó, “hace evidente que aún no estamos cerca de contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas”.

Incluso, calculó que, a partir del avance promedio que cada entidad federativa ha mostrado desde 2013 en el proceso de implementación, y en relación con la brecha a nivel nacional, “nos llevará, en promedio, 11 años alcanzar el nivel óptimo para que el sistema de justicia penal opere de manera eficaz y adecuada”.

Ante tal escenario, el CIDAC propuso una estrategia consolidar el sistema de justicia penal acusatorio para contribuir a garantizar su viabilidad y sustentabilidad en el mediano y largo plazo.

De acuerdo con su propuesta, la estrategia prevé tres ámbitos de aplicación: La sectorial, con acciones que integren distintas perspectivas del sector de justicia penal nacional; la institucional, correspondiente a atender a las distintas instituciones del Sistema de forma particular y la del ciudadano, referente al impacto de las acciones institucionales en las experiencias de los ciudadanos.

FUENTE: PROCESO
LINK: http://www.proceso.com.mx/439506/nuevo-sistema-penal-funcionara-en-nivel-optimo-11-anos-preve-cidac

En la cárcel, cerca de 10 mil indígenas por falta de un intérprete en Veracruz

Cerca de diez mil indígenas se encuentran en las cárceles de México, pero sólo 10 por ciento tuvo acceso a un intérprete para comunicarles cuál es su situación legal. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 63 lenguas indígenas, el Sistema Judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país, y en Veracruz los intérpretes prácticamente están en el olvido.

Cristina Kleinert es una catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), una estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica) y hablante de catalán, una lengua indígena de España, su país de origen, y en México impulsa un trabajo que podría sacar a muchos indígenas de la cárcel.

Su objetivo, es eliminar el papel secundario del intérprete y lograr que se reconozca su importancia en los procesos penales, pues en algunos casos es pieza clave para poder comprobar faltas al debido proceso, denunciar irregularidades ante las comisiones de Derechos Humanos, o señalar conflictos de intereses entre defensores, autoridades y demandantes.

Los indígenas en la ley y la burocracia

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 15.7 millones de personas se identifican como indígenas en México, mientras que 7 millones hablan una lengua nacional distinta al español, pero la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce 364 variantes lingüísticas en todo el país.

En teoría, las lenguas nacionales pueden utilizarse en todos los ámbitos de la vida, desde hablar náhuatl u otomí en la calle, hasta acceder a la justicia del Estado en maya o español, pero en la vida cotidiana, una lengua indígena es sinónimo de marginación, exclusión y discriminación.

De acuerdo con Cristina Kleinert, catedrática de la Universidad Veracruzana (UV) y estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica), los estados de Oaxaca y Veracruz tienen mucho por hacer en formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas.

Si bien el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa, desde 2009, la capacitación de un grupo de profesionales, apenas 61 personas han sido certificadas en Veracruz y casi ninguna ha sido llamada a prestar su servicio.

Los diplomados del INALI duran 180 horas y se dirigen a hablantes de lenguas indígenas. En 2011, Cristina Kleinert participó como capacitadora y en ese año ofreció un acercamiento al Derecho Penal, así como la presentación de un Código de Ética y fichas terminológicas para un mejor desempeño en los juzgados.

La evaluación consistió en una interpretación simultánea: el instructor planteaba un discurso y alguien lo decía en una lengua indígena; el intérprete traducía y el capacitador lo escucha de regreso; pero formadores desde las lenguas sería lo ideal.

La formación de intérpretes necesita de muchos recursos económicos. Un buen centro de formación de intérpretes es caro: debe tener un albergue, pues los hablantes de lenguas indígenas no viven en centros urbanos; becas, buenos capacitadores y, sobre todo, garantía de trabajo.

Como especialista en la materia, Cristina Kleinert aseguró que si se quieren buenos resultados, pero sobre todo apoyar a los indígenas, las formaciones deben ser flexibles porque no se puede desarraigar de sus comunidades a los hablantes nativos. Una vez conseguido esto, se deben ofrecer dos tipos de formación: una para quienes ya están trabajando como intérpretes y otra a manera de licenciatura o posgrado.

El intérprete de indígenas, un amigo

Los intérpretes en el sistema de justicia penal son más que traductores, que un puente de comunicación, pues en muchos casos acompañan a las víctimas en su dolor. Cristina Kleinert recuerda un homicidio en razón de parentesco como el caso que más impactó en su vida, y también ha presenciado testimonios en delitos de violación y abandono de menores, casi siempre en situaciones de pobreza.

“ADMIRO MUCHO A LOS INTERPRETES QUE ESTÁN AHÍ, HACIÉNDOLO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. LOS HE VISTO ACOMPAÑANDO DE MANERA RESPETUOSA EL DOLOR DEL OTRO. VALORO ESO MUCHO MÁS QUE SU LABOR DE INTERPRETACIÓN EN SÍ”.

Desafortunadamente, mientras que un intérprete de lenguas de prestigio (inglés, francés, alemán) puede alcanzar reconocimiento, certificación y un sueldo bien remunerado, el hablante de lenguas nacionales pasa desapercibido en muchos ámbitos de la vida del país.

Si bien se busca “que el servicio sea gratuito para la población”, no significa que el intérprete no deba ser remunerado; lamentablemente “en Veracruz se ha interpretado así”, mientras que en Puebla, la Procuraduría de Justicia buscó y encontró intérpretes y asociaciones civiles poblanas ofrecen sus servicios a las instituciones.

Los intérpretes de lenguas indígenas y su importancia en los procesos penales son el tema de tesis doctoral de Cristina Kleinert, en su trabajo advierte la necesidad de hacerlos visibles, que se vea y se reconozca a los hablantes indígenas; que se sancione a quien omita llamar a un intérprete, que se instituya un servicio profesional remunerado, y los medios de comunicación tienen “un papel importantísimo porque legitiman una visión sobre otra, quienes difunden una lengua sobre otra”.

Fuente: NDMX Veracruz

Autor: Redacción

http://veracruz.ndmx.co/2015/07/13/en-la-carcel-cerca-de-10-mil-indigenas-por-falta-de-un-interprete/

Consignan a acusada de trata; agredía a víctimas si no pagaban la ‘cuota’

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de Justicia capitalina determinó consignar a una mujer ante un juez de la prisión de Santa Martha Acatitla por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación de la prostitución ajena.

En un comunicado, la PGJ informó que con las pruebas recabadas en la averiguación previa y la acusación directa de dos agraviadas, consignó a Orquídea Maribel Rodríguez Callejas.

Según el expediente, a partir de diciembre de 2015 la inculpada comenzó a exigirles a las afectadas, quienes hasta ese momento ejercían el sexoservicio libremente, una cuota semanal de entre 200 y 300 pesos, en las inmediaciones de la plaza Pino Suárez.

Las personas que se negaban a pagar la aportación eran agredidas físicamente por la inculpada y, en ocasiones, las amenazaba con mandar a gente para que las golpeara o les causara lesiones con arma blanca. Temiendo por su integridad, las víctimas accedían a pagarle.

Dos de las afectadas se presentaron en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas para realizar la denuncia correspondiente por la explotación de la que eran objeto.

Después de declarar, a las mujeres se les practicó una valoración médica y psicológica, resultando con factores predisponentes que las colocan en estado de vulnerabilidad, por lo que se giró orden de detención contra Orquídea Maribel, cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Ante el Ministerio Público, la detenida manifestó ejercer el sexoservicio en la citada plaza desde hace 14 años, así como haber estado interna en 2008 en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, acusada del delito de robo.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/435682/consignan-a-acusada-trata-agredia-a-victimas-pagaban-la-cuota

La corrupción, el otro castigo para los jóvenes infractores

Los adolescentes en conflicto con la ley enfrentan situaciones como la de agentes que les piden dinero para "arreglar su situación"; además no hay un trabajo adecuado para lograr la reinserción social.

Enriqueta y Pablo iban caminando por Paseo de la Reforma cerca de las 10 de la noche cuando Federico y Enrique intentaron asaltarlos.

Federico forcejeó con Pablo para quitarle la mochila. “¡Ya valió madre, saquen sus cosas!”, les dijo.

Enriqueta comenzó a gritar lo que puso nerviosos a sus agresores, quienes huyeron. No tardaron en sonar las sirenas de las patrullas y en menos de tres minutos un grupo de cinco unidades llegaba a la zona, en una estaba detenido Federico.

Enriqueta y Pablo les contaron del intento de asalto, y les pidieron reconocer al agresor, al hacerlo les pidieron que los acompañaran a la delegación a denunciar el hecho.

Lee >> 9 de cada 10 menores infractores esperan sentencia en la cárcel: Informe

La conversación en la patrulla fue informal. Preguntas y respuestas sobre el incidente. Entonces un oficial hizo una petición que los jóvenes no podían creer.

—¿Qué le parece si me da su celular —se dirigió a Enriqueta— y decimos que nosotros lo recuperamos después del asalto?

Si no hacían eso el robo quedaría solo en tentativa y no en un delito consumado lo que repercutiría en la sentencia de Federico.

—Si metemos el celular como que lo recuperamos la sentencia es más grande para el chamaco —replicó.

El ambiente se tensó en la patrulla que se dirigía a la delegación Miguel Hidalgo, ya ahí ambos rindieron su declaración.  A Enriqueta le fue retirado su celular dentro de la delegación. Terminaron el trámite después de las cuatro de la mañana y dieron seguimiento a las audiencias.

Federico tiene 17 años y recibió una medida de dos años en privación de su libertad, lo que determinó su sentencia fue que no era la primera vez que era detenido. Tenía antecedentes por el robo de una motocicleta.

Sin confianza en la policía

El 70.3% de los adolescentes no se siente seguro en las calles, el 19.5% dice haber sufrido violencia y el 17.4% (83,392) participado en actos violentos, según los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la consulta participaron 2 millones 916,686 niñas, niños y adolescentes de los 6 hasta los 17 años.

19,079 adolescentes entre 14 y 17 años revela que han sido obligados a formar parte de un grupo de delincuentes.

Si se habla de confianza, 2l,7% dice confiar en la policía, el 25.2% en el ejército, el 4.9% en los partidos políticos y el 5.2% en los gobernantes. El factor confianza se centra en la familia con un 95.9% y en las amistades con un 70.3%

Sólo el 35% de los adolescentes encuestados pediría ayuda a un policía en una situación de peligro y el 5% a una institución de gobierno.

La corrupción abona a esta desconfianza en las instituciones.

Son los padres de familia los que denuncian este tipo de atraco, ya que cuando sus hijos son detenidos reciben ofertas por “arreglar” la situación, “porque efectivamente el familiar del adolescente no tiene conocimiento jurídico o de los pasos por lo menos que debe haber en el sistema de justicia para adolescentes”, dice María Guadalupe Chávez Contreras, directora del Área de Adolescentes en la Fundación Reintegra.

Los agentes les solicitan dinero “les dan sus teléfonos y les piden que les depositen, incluso en cuentas”.

Además no hay un trabajo de las autoridades para reinsertar a los jóvenes que tienen problemas con la ley.

“Hay muchos jóvenes que salen y vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar, porque como autoridades lo están botando, ellos llegan por delitos no graves y cuando salen no trabajan con ellos. Creo que tiene que haber este apoyo, trabajar con los jóvenes y con sus familias para poder incidir, si no, no se puede incidir en generar procesos de cambio”, dice Chávez.

Un cambio de vida exitoso

Josué, Gil y Juan pensaron que sería una buena idea salir a asaltar en el Bosque de Aragón, sólo tenían 15 años.

Josué y Gil venían preparados, el primero traía unos nudillos de acero, mejor conocidos como bóxer y el segundo una navaja, además traían mariguana y pastillas de Rivotril, un medicamento controlado.

El plan era el siguiente: identificarían a una posible víctima y dos de ellos se encargarían del asalto mientras un tercero estaría pendiente de echar aguas y avisar si se acercaba un policía o alguna autoridad.

El trío logró asaltar a un adolescente, corrieron y después de unos metros fingieron que nada había pasado, pero siete vigilantes del bosque los detuvieron.

Josué y Gil ofrecieron entregarles todo el dinero que traían si los dejan marcharse, pero los guardias no aceptaron.

Al rato llegó un oficial en una cuatrimoto que funciona como patrulla en el bosque y continuaron los insultos: “Son bien marihuanos y ya se chingaron se van a ir a la chingada”. Revisaron sus mochilas, por el contenido determinaron que no habían entrado a la escuela y llamaron a otra patrulla, ahora una de la PGJ del Distrito Federal.

Nadie les informó por el motivo de su detención o sus derechos y fueron trasferidos a la delegación Gustavo A. Madero donde llegó el adolescente asaltado con su madre. En su declaración se agregó que había sido agredido verbalmente y que había sido golpeado, aunque ello no concordaría nunca con la declaración de los otros tres adolescentes.

Frente a ellos desfiló un policía que los llamó marihuanos y comenzó a insultarlos. Esculcaron sus teléfonos y se burlaron de la música que escuchaban.

De la Delegación Gustavo A. Madero fueron trasladados a la Agencia 57 y en el camino trataron de negociar. “Los hubiéramos dejado en el bosque pero ahora no se puede, el niño ya metió su demanda”, dijeron los oficiales.

En la Agencia 57 Especializada en Justicia para Adolescentes pasaron la noche en los separos y esperaron al día siguiente para que fuera tomada su declaración. Los tres recibieron una sentencia de 9 meses 11 días en internamiento por robo calificado con armas blancas y violencia moral.

Josué durmió en una colchoneta en malas condiciones. Poco se fue haciendo de algunas cosas, cuando les ganaba a sus compañeros en el frontón o apostando con los postres de la hora de la comida. Si corría suerte, algún compañero que se fuera en libertad le heredaría sus cosas.

Aunque estaba encerrado, Josué podía ir a la escuela y a los talleres de artes plásticas, como el de cartonería, su preferido.

Su libertad vendría pronto después de un mes una semana de internamiento y salió por medidas cautelares. Su sentencia incluía: terapia, vigilancia familiar, libertad asistida.

Su proceso en externación fue dirigido y acompañado por  la Fundación Reintegra.

Dice Josué que después de esa experiencia “maduras a temprana edad, como que te roban la infancia y te das cuenta lo que es la vida real. Como niño haces las cosas como son, no piensas lo que va a pasar después”. En la comunidad aprendió a valorar la comida de casa porque su experiencia no fue grata, no sólo eso, supo también valorar el papel de baño porque ahí “hasta por un cuadrito te peleabas”.

Ahora piensa “que los verdaderos amigos son los papás porque ellos siempre van a dar la cara por ti”. En sus nuevos días procura no dar preocupaciones, su padre está al pendiente y se siente orgulloso de la conducta de su hijo.

Actualmente, Josué está por terminar el último semestre de la preparatoria y espera hacer examen al Politécnico Nacional porque le gustaría estudiar mecánica.

Cómo es la reinserción de un joven

Lo que determina las sentencias y medidas de los adolescentes en conflicto con la ley, es el tipo de actividad tipificada como delito que cometieron.

La ley de justicia para adolescentes del Distrito Federal califica como delitos graves: homicidio, femnicidio, lesiones cometidas con armas o explosivos, retención o sustracción de menores o incapaces corrupción de menores de edad, robo calificado cometido con violencia, daño a la propiedad y la asociación delictuosa.

Después de recibir los beneficios, obtener su libertad y continuar con su medida en externación, los adolescentes deben sujetarse a la Comunidad de tratamiento, donde les darán seguimiento a sus medidas educativas, de trabajo y de atención psicológica.

Otra opción para los adolescentes es acercarse a organizaciones de asociación civil, Josué dio seguimiento a su medida en la Fundación Reintegra que ofrece los servicios de asesoría jurídica y psicosocial, servicio de orientación y apoyo legal.

La Fundación  elabora un reporte del contexto familiar, un perfil escolar y un diagnóstico sobre el contexto sociocomunitario del joven infractor.


Actualmente trabaja con 60 jóvenes y en un año llegan a atender a 150 jóvenes en externación desde 1992. La Fundación Reintegra mantiene un convenio con la Dirección de tratamiento para Adolescentes en la Comunidad Externa de Atención para Adolescentes, dicho convenio los faculta como la única institución en el Distrito Federal para la ejecución de la medida legal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO, CIDAC.
AUTOR: ALEJANDRA CASTILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-corrupcion-el-otro-castigo-para-los-jovenes-infractores/

Desatino, una cárcel para secuestradores

CIUDAD DE MÉXICO: Empresarios de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila se oponen a que el Cefereso Número 14 CPS Durango, recién establecido en esta región, albergue a secuestradores. Temen que se eleven los secuestros en la zona, ya que los criminales siguen operando desde los reclusorios.

Presentado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, como un penal que “cubre la más alta seguridad y tecnología”, ellos insisten en “el alto nivel de corrupción en todos los niveles del sistema penitenciario”.

Agustín Arellano Saucedo, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, y Eugenio Treviño, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Torreón, así como seis regidores del PAN de Gómez Palacio, Durango, encabezados por el coordinador de la fracción, Oswaldo Santibáñez, presentaron al cabildo un punto de acuerdo para impedir que los secuestradores se concentren en ese penal.


Arellano solicita que en el CPS Durango se concentré a los reos de los municipios laguneros que fueron trasladados al Cereso de la ciudad de Durango. El dirigente empresarial dice que resulta muy caro a sus familiares sufragar los viajes para visitarlos.

El pasado 19 de enero, la CNS informó que a partir de ese mes, “todos los internos en el Sistema Penitenciario Federal por la comisión de este delito se concentrarán en dicho Centro. Así se pretende eliminar la posibilidad de que los grupos dedicados a sustraer a una persona para privarla ilegalmente de la libertad, continúen operando y generando inercias nocivas para el resto de la población en reclusión. El centro posee avanzados sistemas tecnológicos que garantizan la seguridad y el monitoreo constante de las actividades de la población interna”.

Treviño, por su parte, advierte sobre el riesgo de que se concentre a todos los secuestradores del país en ese penal: “Estamos pidiendo que al menos a los del sur no los trasladen para acá. Si concentras a todos aquí, se va a volver una universidad del secuestro”.

Y agrega: “Van a venir otras personas a establecerse a la Laguna, desde sus familiares hasta los socios que no agarraron. Además, lo que ellos saben hacer es secuestrar; y cuando queden libres, sin dinero, van a dedicarse al secuestro y lo van a hacer en La Laguna.

“El problema es que el secuestro es un delito, silencioso porque nadie lo denuncia, o se hace en muy baja escala, por lo que se desconocen las estadísticas exactas. Hace cuatro años tuvimos problemas, apenas estamos saliendo porque los delitos que se registran actualmente son del fuero común, los de alto impacto son muy pocos, estamos retomando la estabilidad.

“En La Laguna, hace un par de años, tuvimos grupos armados, secuestros, matanzas de alto impacto. Sabemos que esos delincuentes ya salieron de La Laguna; era cuando la disputa entre Los Zetas y (el Cártel de) Sinaloa”.

Los empresarios tuvieron un encuentro con Ricardo Rebollo, Flor Rentería y Refugio Sandoval, diputados federales de La Laguna, para discutir sobre un posible encuentro con el secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong, y con el comisionado Sales Heredia.

“Nos preocupa ese Cefereso porque ya tuvimos un problema con el Cereso de Gómez Palacio, pues la directora del penal dejaba salir a los reos durante la noche sólo para delinquir. Salían a ejecutar sus crímenes y regresaban a dormir”, recuerda Treviño.

–Según Sales Heredia, al concentrar a los secuestradores se evitará la contaminación de los otros reos –se le comenta al empresario.

–Nuestra percepción es que a quienes están empezando y los agarran, van a aprender de quienes tienen mucho tiempo en el negocio. El CPS Durango se volverá una escuela del crimen. En Gómez Palacio no hay policía municipal desde hace cuatro años; las funciones preventivas están en manos de los militares. Tú sabes que los soldados se mueven lento, esperan órdenes para actuar.

–Pero el comisionado insiste en que esta medida evita la contaminación ­criminógena.

–Eso dicen de todos los Ceresos. Pero la realidad es que se siguen recibiendo llamadas de extorsión de personas que, por su acento, sabemos que son del sur del país. El Cereso está en la salida de Gómez Palacio, y en el pueblo cercano de Máximo, las familias de los presos ya están rentando casas para quedarse a vivir.

“Y aunque este Cefereso fue construido por gente de La Laguna que maneja todas las normas internacionales, e incluso certificado por Estados Unidos, su punto débil es la corrupción. Ese es nuestro miedo.”

Malestar generalizado

Los empresarios no son los únicos que han protestado. El panista Osvaldo Santibáñez, regidor en el municipio de Gómez Palacio, expone que la región aún no se repone de la inseguridad.

“Los tres municipios duranguenses estamos bajo el mando único del Ejército. Eso nos habla de que las cosas aún no están bien. Son los estragos que en el 2010 dejó la mala operación del Cereso de Gómez Palacio, cuando la directora Margarita Rojas Rodríguez permitía que un grupo de presos saliera por las noches a cometer ajustes de cuenta con bandas rivales”.

Desde entonces la Policía Municipal fue desmantelada. Y como los policías municipales estaban al servicio de los malhechores, el Ejército tomó el mando. En Gómez Palacio la contratación de policías se inició hace tres meses. Se necesitan 400, dice, apenas hay 100. Mientras, los delitos del fuero común, como los asaltos y robos a casas habitación, están desbordados.

“Analice cómo han evolucionado los municipios en donde han instalado penales de alta seguridad –dice a la reportera–. El Altiplano, que tiene capacidad para 800 reos, por ejemplo, recibió 36 mil vistas en 2008, incluidos familiares, amigos, abogados y presuntos cómplices de los internos.

“Si se hace un comparativo, en el penal federal de Gómez Palacio, con capacidad para 2 mil 500 reos, estaríamos recibiendo 86 mil personas en un año ¡Es demasiado!”

Dice que es una sinrazón concentrar a todos los secuestradores, cuando uno de los principales problemas que han agobiado a la región es precisamente ese delito. “Tenemos empresarios lecheros, metalúrgicos, una diversidad de inversión. Yo haría un paralelismo: es como si el gobierno federal decidiera enviar a todos los sentenciados por narcotráfico al penal de Culiacán”, comenta.

Y aun cuando los alcaldes comentan que habrá una derrama económica, el turismo penitenciario es el menos deseado por los municipios.

La reportera pregunta a Edna Jaime, de la organización no gubernamental México Evalúa, sobre el sistema penitenciario.

“Por lo general –responde– en las cárceles de México se violan sistemáticamente los derechos humanos; en algunos incluso existe el autogobierno. En resumidas cuentas, son un desastre.

“El problema es enorme y tenemos que replantearlo. Lo que está de por medio son vidas de sentenciados, quienes incluso privados de su libertad conservan la mayoría de sus derechos y el Estado mexicano está obligado a velar y garantizar esos derechos. No lo ha hecho.

“El gobierno federal está presionado por el apoyo que recibe por medio de la Iniciativa Mérida, a través de la ACA, organización que establece estándares básicos para certificar los penales. Esto está moldeando la política penitenciaria mexicana.”

Orlando Camacho, de la organización SOS, presidida por Alejandro Martí, la secunda: “El tema no es tanto separar o no a los secuestradores. El tema es de origen. De nada servirá un área exclusiva para secuestradores si el control del penal lo siguen teniendo delincuentes, si hay un cogobierno o corrupción de la propia autoridad”.

El asunto es más profundo: “Pueden tener un área exclusiva para cada tipo de delincuentes, pueden dividir a los diferentes brazos armados o modificar sus horarios siempre y cuando hayan tomado una decisión férrea de reformar íntegramente al penal. Si no es así, nada sirve, sólo es un parche”.


Asegura que los pernales pueden ser de la más alta tecnología, pero la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, demostró que pese al monitoreo, él se evadió debido a la corrupción; y la madre de la corrupción es la impunidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433395/desatino-una-carcel-secuestadores

Directores de penales en Morelos solicitaron permitir la venta de droga

CUERNAVACA, Mor., (apro).- El secretario de Gobierno estatal, Matías Quiroz Medina, aseguró que los directores de los penales en Morelos trabajan bajo amenaza del crimen organizado e incluso han solicitado que se permita la venta de drogas al interior de los centros penitenciarios.

La semana pasada se registraron dos homicidios en centros penitenciarios de la entidad. El primero se registró el jueves 18, cuando una custodia del penal de Jojutla fue asesinada en un camino en Puente de Ixtla; el segundo, la madrugada del domingo 21, cuando el cuerpo de un hombre fue dejado en las puertas de una secundaria en la colonia Lagunilla, de Cuernavaca.

En entrevista, el secretario de Gobierno informó que existen amenazas contra los directores para exigir que los grupos criminales permitan el trasiego de droga. Aseguró que “el gobierno del estado no cederá ante esas presiones y esas amenazas, que se tienen del exterior hacia el interior y sobre el manejo de nuestros penales”.

Aseguró que la semana pasada se tomaron acciones para “regresar el orden a las cárceles, con el traslado de 38 reos de alta peligrosidad, la mayoría de ellos, secuestradores, pero también entre ellos, 15 personas relacionadas con el autogobierno del penal”.



En tanto, Lucio Hernández Gutiérrez, coordinador de los Centros Penitenciarios en Morelos, informó que la Fiscalía General del Estado investiga las amenazas que fueron colocadas junto a los cadáveres.

“Seguiremos fortaleciendo las medidas de seguridad en todos los establecimientos que conforman el sistema penitenciario en el estado, respecto a la investigación es una facultad exclusiva de la Fiscalía, yo dejaría en manos de esa institución, que es la competente, toda esa información para que en breve se esclarezca la situación en consecuencia contra quienes resulten responsables”, sostuvo.

Morelos, estado de emergencia

En tanto, el diputado federal panista Javier Bolaños Aguilar aseguró que los hechos de violencia que se han suscitado desde que inició el año son una muestra de que Morelos viven “un estado de emergencia”.

A contracorriente del “discurso oficial”, “Morelos está en estado de emergencia”, aseguró el legislador, quien reprochó la actitud del gobernador Graco Ramírez y su equipo: “Ellos dicen que no pasa nada, asegura el gobierno que en el estado no pasa nada y eso no es verdad, las cosas están muy difíciles”.

En ese sentido señaló que han solicitado una mayor presencia por parte de las fuerzas federales. Sin embargo, hizo referencia a los decretos emitidos por el gobernador el pasado 3 de enero, en el que asume el control de la seguridad en 17 municipios, imponiendo en los hechos el Mando Único.

Dijo que al revisar los decretos, el propio gobernador da cuenta de que la situación de seguridad de la entidad “va rebasando al estado”. Por ello, hizo un llamado a las autoridades federales a tener una mayor presencia.

“Hemos llamado desde la tribuna a que se revise el caso Morelos, hemos solicitado una mayor presencia de las fuerzas federales en el estado, pasamos muy rápido de un discurso en el que nos dicen que no pasa nada; todavía a finales del año pasado en el discurso oficial se insistía que en Morelos las cosas estaba bien y que íbamos saliendo de la inseguridad que nos venía agobiando, y apenas en enero no solamente se reconoce el grave clima que estamos padeciendo sino que inclusive se toman decisiones que hacen ver que Morelos está en un estado de emergencia”, declaró.

Añadió: “No podemos esperar a que se repitan situaciones como las vividas en otras entidades, en el norte del país (Topo Chico, en Nuevo León), deben tomarse medidas de inmediato”.

Fuente: Proceso

Autor: Jaime Díaz Brito

http://www.proceso.com.mx/431042/directores-de-penales-en-morelos-solicitaron-permitir-la-venta-de-droga

Catean penal de Cadereyta, en NL

Monterrey, NL. Autoridades estatales iniciaron la mañana de este martes un cateo al penal de Cadereyta, el último de los tres con los que cuenta el estado, luego de que en las dos pasadas semanas hicieron lo mismo con el del Topo Chico y el de Apodaca.

La revisión estuvo a cargo del Ejército Mexicano, la policía estatal Fuerza Civil y agentes de la Policía Ministerial del estado y comenzó a las 6:00 horas, informó el gobierno del estado a través de redes sociales.

Se espera que la revisión dure varias horas y por la tarde se dé a conocer el resultado del operativo.

La semana pasada se cateó el penal de Apodaca, y se encontraron situaciones prohibidas como celdas acondicionadas con piso cerámico, aires acondicionados, pantallas de televisión, espejos panorámicos y cortinas.

También se decomisaron 23 mil 245 pesos, 483 dosis de hierba seca, 123 dosis de polvo blanco, 107 dosis de piedra en color blanco, celulares, jeringas, entre otros artículos que el reglamento interno prohíbe.

Estas revisiones se dan luego de que el pasado 10 de febrero una riña en el penal del Topo Chico causó la muerte de 49 personas.

Fuente: La Jornada

Autor: Erik Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/23/catean-penal-de-cadereyta-en-nl-9107.html

ASF: padecen hacinamiento crítico 50% de penales del país

La mitad de los penales federales y estatales presentan problemas dehacinamiento crítico debido a un aumento en la reincidencia de los reos y a un incremento de personas que cometieron un delito por primera vez, informó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En su auditoría sobre el sistema penitenciario nacional, que está a cargo de la Secretaría de Gobernación, el órgano fiscalizador expuso que la sobrepoblación en las cárceles federales es de 164 por ciento, a pesar de que se incrementó la infraestructura.

Como parte de la revisión de la cuenta pública 2014, la ASF refirió que en el ámbito estatal las entidades que han rebasado el límite de población en sus cárceles son: estado de México, Nayarit, Hidalgo, Morelos, Jalisco y Distrito Federal, mientras que el de carácter federal con mayor sobrepoblación es el de Puente Grande, en jalisco.

Para la ASF, el sistema no ha cumplido con su objetivo de lograr una reinserción social de los reclusos,y refirió que el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social propuso una reorganización que evite el alto índice de reincidencia delictiva, que se prevé comience a operar este año.

Mientras eso ocurre, la Auditoría Superior reportó que de 2007 a 2013, o sea el sexenio de Felipe Calderón y el primero año de gobierno de Enrique Peña Nieto, la población penitenciaria reincidente se incrementó 1.7 por ciento anual. De esta manera, las personas en esa clasificación pasaron de mil 484 a 9 mil 13.

Explicó que si bien para 2014 disminuyó 11.1 por ciento, este decremento se debió al aumento de la población clasificada como primodelincuente, que pasó de 9 mil 208 en 2013 a 13 mil 785 en 2014, y no a la disminución en términos absolutos de los internos reincidentes. Esto significó una efectividad limitada de las actividades de reinserción.


Así, 10 mil 901 presos en cárceles federales fueron reincidentes y 13 mil 785 quienes cometían un delito por vez primera.

En el país existen 387 centros penitenciarios, con espacios disponibles para 203 mil 254 personas, pero la población es de 255 mil 638, con una sobrepoblación de 25.8 por ciento.

De ese total, 24 mil 776 se encuentran en prisiones de máxima seguridad y el resto en los centros de readaptación estatales.

El grupo de auditores que revisó la infraestructura carcelaria encontró que el primer lugar en sobrepoblación corresponde al estado de México, con 144.3 por ciento en exceso; Nayarit, 140.2; Hidalgo, 108.1; Jalisco 81, y Distrito Federal, 75.3 por ciento.

Mientras, a escala federal el penal de Puente Grande, Jalisco, tiene 88.1 por ciento de sobrepoblación; El Altiplano, en el estado de México, 32.4 por ciento; el Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, 31.1 por ciento; el de Hersosillo, Sonora, 29.8, y el Noreste, en Matamoros, Tamaulipas, 18.1 por ciento.

El resto de los penales no tiene ese problema, y la ASF resaltó que incluso tienen celdas sin ocupar.

La Auditoría Superior concluyó que el órgano de readaptación socialno coadyuvó a la despresurización de los penales estatales y municipales.



Fuente: La Jornada

Autor: Enrique Méndez

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/22/politica/007n1pol

Obtenían Los Zetas $15 millones al mes por cobro de cuotas del penal de Topo Chico

MONTERREY, NL (proceso.com.mx).- La Sección Segunda de la Séptima Zona Militar advirtió a Rodrigo Medina de la Cruz que gracias a la complicidad de autoridades penitenciarias, Los Zetas obtenían en la prisión de Topo Chico unos 15 millones de pesos al mes por cobro de cuotas, venta de droga y otros negocios, fondos que permitían financiar la narcoguerra que asolaba al estado de Nuevo León en ese periodo.

La advertencia ocurrió a la mitad de la administración de Medina de la Cruz. Pero no fue la única: investigadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León publicaron el libro Prisión y familia: retos para la cohesión social y el desarrollo del siglo XXI, en el cual se documentaba la tragedia que viven las familias de los reos en los penales del estado.

Además, organizaciones de derechos humanos advirtieron sobre la bomba de tiempo que amenazaba a las cárceles al juntar peligrosos reos del crimen organizado con internos detenidos por delitos comunes.

El informe de la inteligencia militar destacaba que al menos cinco millones de pesos del total que obtenían Los Zetas en el Topo Chico se destinaban a los sobornos de custodios, jefes de guardia comisarios y los directivos del centro de reclusión. En los círculos militares se rumoraba que los sobornos también llegaban a los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El penal de Topo Chico operaba de manera similar al resto de las prisiones controladas por el crimen organizado en la región, entre los que destacan Altamira, donde salen el 80 por ciento de las llamadas de extorsión que se hacen en el noreste.

En el Cereso de Gómez Palacio, Durango, integrantes del crimen organizado presos salían por las noches en vehículos y con armas oficiales a realizar una serie de matanzas que ocurrieron en bares de Torreón, Coahuila.

El caso más dramático y escandaloso ocurrió en el Cereso 2 de Piedras Negras, donde Los Zetas asesinaron entre el 2009 y 2011 a más de 150 hombres y mujeres cuyos cuerpos incineraron. Incluso en esa cárcel se escondía el capo zeta Omar Treviño Morales, El Z-42, cuando la Marina realizaba operativos para capturarlo. En septiembre del 2012, 132 reos decidieron salir por la puerta grande de esa cárcel.

En Nuevo León, el 31 de diciembre del 2011, Los Zetas mostraron el control que mantenían sobre el Topo Chico. Ese día que montaron un operativo para sacar de la prisión a Gabriela Muñiz Tamez La Pelirroja y colgarla en un puente peatonal de una importante avenida de Monterrey, debido a que era la novia de un capo del Cártel del Golfo. La imagen de la mujer ahorcada con el torso desnudo le dio la vuelta al mundo.

A pesar de la advertencia que le hacía el Ejército, el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz no movió ningún dedo para retomar el control del penal, incluso cuando los asesinatos de custodios y jefes de guardias ocurrían cotidianamente.

Cuotas para no ser torturado

El penal del Topo Chico albergó hasta antes de la masacre de la madrugada del pasado jueves a más de 3 mil 900 reclusos y su capacidad máxima es para unos 2 mil 500.

La Asociación Civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) ha documentado que prisiones como Topo Chico tenían un autogobierno encabezado por Los Zetas.

Este sistema es posible gracias a la complicidad de las autoridades penitenciarias, pero también debido al gran déficit de custodios que alcanza un 84 por ciento. Es decir, actualmente a cada guardia le toca vigilar por lo menos a 100 prisioneros.

Consuelo Morales, directora de Cadhac, mencionó que el autogobierno de Los Zetas en el penal del Topo Chico controla la venta de drogas, la comida, los espacios para dormir, el agua y todo tipo de artículos.

“A cada nuevo interno le exigen una cuota para no ser golpeado o asesinado que en promedio va desde los mil 500 pesos semanales y hasta 50 mil mensuales”, aseguró Morales.

Afirmó que los familiares de los internos pagan esas extorsiones semanal o mensualmente con “abonos” que rondan entre los 500 ó 2 mil pesos. Enfatizó que Cadhac tiene evidencias que cerca del 60 por ciento de los internos pagan esas extorsiones.

Corrupción provoca masacre

Si el gobierno de Medina no intervino en Topo Chico, el gobierno federal tampoco hizo nada para sacar a los peligrosos presos del crimen organizado, quienes han sido los que controlan esa y otras cárceles.

Tras la derrota del PRI en Nuevo León, el nuevo gobernador independiente Jaime Rodríguez Calderón solicitó a Renato Sales Heredia, comisionado nacional de Seguridad, el traslado de los reos del fuero federal a cárceles federales.

Renato Sales y El Bronco acordaron el traslado paulatino de reos, pero el convenio sólo se quedó en papel y se reactivó hasta que ocurrió la matanza de los 49 internos del Topo Chico.

Uno de los presos que iba a ser trasladado era Jorge Iván Hernández Cantú El Credo, el capo zeta que controlaba el Topo Chico, pero fuentes policiacas le advirtieron y se amparó para que no fuera removido de esa prisión.

Mientras que Juan Pedro Saldívar, El Z-27, llegó al Topo Chico gracias a un amparo que lo sacó del Cereso de máxima seguridad de Matamoros, el cual le otorgó un corrupto juez quien argumentó que el reo no tenía que estar en ese tipo de penales.

A pesar de que ambos eran miembros de Los Zetas, los capos se disputaban el control del Topo Chico. Los dos se movían en el interior rodeados con 20 reos que hacían la función de escoltas y que cuidaban día y noche, en sus lujosas celdas donde disfrutaban los placeres que ofrecen los hoteles cinco estrellas.

Cotidianamente llegaban a sus celdas mujeres que aparecían en algunos programas nocturnos de la televisión local, pero si las esposas, hermanas o hijos de los internos les atraían, mandaban por ellas. Debido a esa situación, la mujeres jóvenes que acudían al Topo Chico lo hacían sin maquillaje, con ropa sucia y lo más desaliñadas posible.

La noche del miércoles 10 de febrero, al filo de las 11 horas, el grupo de El Z-27comenzó a buscar a sus rivales para asesinarlos mientras que El Credo disfrutaba de la visita conyugal.

El numeroso grupo de seguidores de El Z-27 se movía libremente por toda la cárcel y sacaron de los ambulatorios C2 y C3 a los internos para llevarlos al patio, donde los mataron a golpes.

Mientras que el grupo rival comenzó su defensa. Aún se desconocen detalles, pero algunos familiares de internos contaron que a los pocos minutos la riña provocó que se incendiara la cocina, la bodega de víveres y otros
puntos del penal.

Al menos cinco reos fueron golpeados y arrojados sobre colchones, a los que les prendieron fuego. La riña se prologó por cerca de 40 minutos y a las 11:52 horas se reportó a la Secretaría de Seguridad Pública un motín en el interior del Topo Chico.

Cuando arribó el general Antúnez, secretario de Seguridad, para tomar el control de la situación, se encontró con las escenas de decenas de muertos en diversos puntos, muchos en el patio además de unos 50 heridos.

Alrededor de 40 de ellos fueron trasladados a los locutorios de los abogados donde fueron atenidos por paramédicos; cerca de 10 con lesiones graves salieron en ambulancias a hospitales.

En un intento de evadir su responsabilidad, El Bronco aseguró que heredaba de Rodrigo Medina la bomba de tiempo que le explotó al cumplir 120 días de su administración.

Fuente: Proceso

Autor: Juan Alberto Cedillo

http://www.proceso.com.mx/430029/430029

La PF mantendrá el control en Topo Chico

La Policía Federal mantendrá el control y vigilancia del penal de Topo Chico hasta que se defina un nuevo esquema de cooperación entre el gobierno de Nuevo León y las autoridades federales, revelaron funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional.

Las fuentes consultadas señalaron que los autores de la disputa entre internos –que derivó en la matanza de 49 personas–, Jesús Iván Hernández Cantú, El Credo, y Juan Pedro Zaldívar Farías, El Z-27, no sufrieron lesiones.

Además, se informó del traslado de 233 internos del penal de Topo Chico a Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) a fin de que no generen más conflictos.

Sin embargo, la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) no ha dado a conocer los lugares a los que fueron transferidos los presos de Topo Chico,por razones de seguridad, ya que en este momento sus traslados podrían generar algún tipo de intento de rescate, señalaron mandos de la institución.

Los funcionarios entrevistados refirieron que lo sucedido en el centro penitenciario de Nuevo León se debió a la disputa de los dos grupos delictivos por el control de la prisión, la cual tenía bajo su dominio Jesús Iván Hernández, El Credo.


La explicación que dieron las fuentes consultadas fue que Juan Pedro Zaldívar logró que un tribunal le permitiera salir de un Cefereso y lo enviaran a Topo Chico, pese a que las autoridades federales se opusieron a ello por el riego que representaba.

A su llegada al penal, y ya sin la vigilancia de elementos del Ejército, los cuales dejaron en manos de autoridades estatales la custodia del centro carcelario al finalizar un convenio de colaboración, Topo Chico se convirtió en una prisión con autogobierno.

Tras el enfrentamiento entre los dos grupos de internos comandados por El Credo y El Z-27, que dejó un saldo de 49 reclusos muertos, los mandos de la CNS señalaron que las autoridades federales colaborarán en lo que el gobierno de Nuevo León les solicite a fin de mantener el control de los centros carcelarios de esa entidad.

Fuente: La Jornada

Autor: Gustavo Castillo

http://www.jornada.unam.mx/2016/02/13/politica/013n2pol

¿Quiénes son 'El Credo' y el 'Z-27'?

Monterrey, NL. Dos presos del penal de Topo Chico, Jesús Iván Hernández Cantú, alias El Credo, y Juan Pedro Saldívar Farías, alias Z27, encabezaron el motín de esta mañana en la cárcel, de acuerdo con el informe oficial

Según reportes del gobierno estatal, Hernández Cantú, alias El Credo, es el líder de una banda de secuestradores y homicidas que operaba en la zona metropolitana de Monterrey para el cártel de Los Zetas.

En noviembre de 2012 la Procuraduría de Justicia informó de la detención de 24 integrantes de una banda lidereada por Hernández Cantú, a la que le atribuyeron 48 homicidios y dos secuestros.

De acuerdo con el entonces vocero de Seguridad del gobierno estatal, Jorge Domene, los detenidos (entre ellos 5 mujeres y 2 menores de edad) se dedicaban a secuestrar y ejecutar a miembros de grupos rivales en toda la zona metropolitana de Monterrey.

Por su parte, Saldívar Farías, alias Z-27, y su hermano Juan Manuel, Z-31, eran los comandantes encargados de los municipios de Nueva Ciudad Guerrero y Camargo, en Tamaulipas, y Cerralvo y Vallecillo en Nuevo León.

A ambos se les atribuye la muerte del turista estadunidense David Michel Hartley, a quien capturaron cuando practicaba pesca en la presa Falcón de Nueva Ciudad Guerrero, en septiembre de 2010, así como el ataque en contra de agentes estadunidenses de la oficina de Aduanas e inmigración (ICE por sus siglas en inglés) en febrero de 2011 en el estado de San Luis Potosí.

Fuente: La Jornada

Autor: Erik Muñiz

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/11/quienes-son-el-credo-y-el-z-27-7974.html

Exhibe la CDHDF desorden en el Sistema Penitenciario capitalino

MÉXICO, D.F., (apro).- La falta de orden administrativo en el Sistema Penitenciario del Distrito Federal y de coordinación entre legisladores y jueces provocan que personas que cumplen sus sentencias continúen en prisión durante más de dos años a costa del erario público.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) documentó 56 casos en distintas cárceles de la ciudad, donde el gobierno capitalino, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia local violaron sus derechos humanos a la libertad personal por detención ilegal y arbitraria.

En la recomendación 15/2015, el organismo detalló que entre los principales factores que generan este problema está la “inadecuada” integración de los expedientes jurídico-administrativos, la falta de información necesaria para determinar la situación jurídica de las personas privadas de libertad y la ausencia de un registro adecuado de las personas procesadas y las sentenciadas.

Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF, explicó que los expedientes de queja incluidos en dicha recomendación van del 2009 a 2015. Detalló que las “retenciones ilegales” transcurrieron desde el mínimo de un día hasta 850 días –es decir, poco más de 2.3 años–, “cuando ya no había ninguna justificación legal para que los agraviados gozaran de su libertad”.

Como ejemplo, mencionó el caso de una persona que estuvo presa más de 850 días después de cumplir su condena “porque no se mandó el documento idóneo en tiempo y no hay una articulación correcta entre las propias autoridades que permita que no se presenten estas situaciones”.

La funcionaria agregó que “por una situación meramente administrativa, de una falta de comunicación interinstitucional, se quedan las personas más tiempo del debido, justo porque no se manda el documento idóneo para que puedan ser excarcelados”.

La recomendación 15/2015 fue dirigida a la Secretaría de Gobierno local, de la que depende el Sistema Penitenciario, en su calidad de autoridad responsable. También señaló a la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), como autoridades colaboradoras.

Entre los puntos recomendatorios que emitió la CDHDF para estos casos destacan la reparación integral del daño a las personas agraviadas, la elaboración de un diagnóstico de las necesidades de la planilla laboral vinculada directamente con la integración, revisión y análisis del expediente técnico jurídico; así como la realización de mesas de trabajo para la creación del proyecto del “Manual de Procedimiento de Egreso de los Centros de Reclusión del Distrito Federal”.

Gómez Gallardo comentó que otra de las recomendaciones es que exista más coordinación entre las autoridades correspondientes para que el trámite de liberación de las personas no rebase los 90 días.

Fuente: Proceso

http://www.proceso.com.mx/?p=423081

Reprueba la CNDH aislamiento de reos en centros penitenciarios

MÉXICO, D.F: La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se pronunció en contra del aislamiento en centros penitenciarios, práctica que, dijo, “es utilizada de manera excesiva en cuanto a la aplicación de su duración”, además de que puede causar “daños a la integridad física y psicológica de la población interna”.

De acuerdo con la recomendación general 22 –dirigida a los 32 mandatarios del país, a las secretarías de Gobernación y Defensa, y al titular de la Comisión Nacional de Seguridad–, debe homologarse la medida de aislamiento a estándares internacionales de derechos humanos y aplicarla “como internamiento cotidiano” a reos vinculados a “delincuencia organizada y aquellos que requieran medidas especiales de seguridad”.

La recomendación general se basó en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) de 2011 a 2014, en informes sobre la situación de las mujeres en cárceles, así como en el documento titulado “Sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana”, elaborados por el mismo organismo, y en cifras oficiales contenidas en el Cuaderno Mensual de Información Penitenciara Nacional, entre otras fuentes.

Del cúmulo de información y visitas realizadas, la CNDH constató que en el último año “la práctica de aislamiento como corrección disciplinaria o como medida de protección fue aplicada a 20 mil 774 internos”.

Al señalar que el Sistema Penitenciario Nacional está integrado por 387 centros de reclusión, de los cuales 285 son estatales, 74 municipales, 11 del Gobierno del Distrito Federal y 17 del gobierno federal, incluidas tres prisiones militares, “observándose en 10 estados de la República el uso del aislamiento, está establecido como un instrumento de sanción en sus leyes de ejecución, mientras que en 22 entidades se encuentra en el reglamento” de los centros penitenciarios.

Sobre los tiempos de aislamiento, la investigación de la CNDH confirmó que el tiempo mínimo establecido en las leyes de ejecución de sanciones en las 32 entidades es de ocho días en Michoacán y de 30 en Colima, Distrito Federal, Jalisco, Morelos, Oaxaca, Sonora, Tabasco y Veracruz.

En una revisión de los reglamentos internos de los penales en las entidades, el organismo identificó que el tiempo más corto de aislamiento es de cinco días en el Estado de México, Hidalgo, Morelos, Tabasco y Tamaulipas, mientras que el de mayor tiempo de encierro se registra en las cárceles de Colima, reglamento que está por encima de la ley.

El organismo señala que de los 130 centros penitenciarios revisados en el DNSP de 2014, en 85 subsisten irregularidades en la imposición de correcciones disciplinarias, entre ellas la falta de respeto al derecho de audiencia, y “no siempre se realiza la certificación de integridad física”.

Destaca que “durante el cumplimiento de la corrección disciplinaria, el trato a los internos no se apega a condiciones de vida digna; se suspende la visita, así como cualquier tipo de comunicación, sin notificación a los familiares, de la corrección disciplinaria impuesta, violentando el derecho de la legalidad contenido en la Regla 30.2 de la Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos”.

Al afirmar que la mayoría de los centros de reclusión “no cumplen con lo señalado en el artículo 18” de la Constitución, el organismo pudo comprobar que “lo derechos de la población interna que se vulneran como resultado de su aplicación o práctica excesiva” son “los de la salud, la seguridad jurídica, la legalidad y el trato digno”, además de que la “vida y desarrollo se ven trastocados por la falta de servicios, estímulos y contactos con el exterior”.

En el caso de los cárceles femeniles, la CNDH encontró que “en 66 centros se presentan irregularidades en la aplicación de correctivos disciplinarios; específicamente existen casos en los que las sanciones no son impuestas por la autoridad competente, sino por personal de seguridad y custodia, incluso por internas que conforman el autogobierno, y no se respeta el derecho de audiencia o no se notifica la sanción impuesta”.

En su recomendación general 22, la CNDH sugiere homologar las leyes y reglamentos del Sistema Penitenciario Nacional sobre la figura del aislamiento, para que se aplique por un tiempo máximo de 15 días y “siempre y cuando se hayan agotado otras medidas que resulten menos lesivas para las personas privadas de la libertad y de conformidad con lo determinado por el Consejo Técnico Interdisciplinario de la Institución”.

El organismo considera la medida de aislamiento “como internamiento cotidiano, cuando se trate de delincuencia organizada y de aquellos que requieran medidas especiales de seguridad”, en tanto que deben ajustarse los presupuestos y medidas administrativas a nivel federal y estatal, para que “se destinen los recursos humanos, materiales y financieros suficientes” para que el personal penitenciario sea el necesario y cumpla con sus funciones de “reinserción social de los internos y la seguridad del centro”.

La CNDH recomienda la instalación de centros de control de confianza especializados y garantizar que las sanciones de aislamiento garanticen “el derecho a la salud, a la seguridad, a la integridad personal y a la reinserción” de los reos.


De igual manera, sugiere la impartición de cursos de capacitación sobre derechos humanos al personal penitenciario, y que los sitios en los que se aplique la sanción de aislamiento “como sanción, como protección y como internamiento cotidiano”, garanticen “una estancia digna, en lugares adecuados y en condiciones de habitabilidad, donde se les brinde las atenciones debidas por parte de las diferentes áreas técnicas”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Condenan a 520 años a tres implicados en caso Heaven

México, DF. Un juez condenó a 520 años de prisión a tres presuntos responsables del secuestro de 13 jóvenes en el bar Heaven de la ciudad de México y su posterior asesinato en 2013, informó este domingo la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

A Ernesto Espinosa y José de Jesús Carmona, ambos socios del bar, y al presunto sicario Víctor Manuel Torres, se les acusó penalmente del secuestro y asesinato de los chicos, que fueron raptados a plena luz del día el 26 de mayo de 2013 de ese bar de la Zona Rosa ubicado a unos metros de una sede policial.

"Con los elementos de prueba suficientes recabados por la policía de investigación, el ministerio público (...) logró que el juez resolviera imponerles, además de la pena individual de 520 años de prisión, multa de 5 millones 51 mil 280 pesos a cada uno", dijo la PGJDF en un comunicado.

Sin embargo, la dependencia señaló que la causa penal contra otra docena de involucrados en el caso sigue abierta.

Los cadáveres de los 13 jóvenes, la mayoría residentes del barrio de Tepito, fueron encontrados tres meses después de su secuestro -luego de fuertes protestas de sus familiares- en una fosa clandestina cavada en un racho de una localidad aledaña a la ciudad de México.

Según las investigaciones, el crimen habría sido una represalia por el homicidio de un vendedor de drogas al por menor cometido pocos días antes en otro bar de la ciudad de México.

La capital mexicana quedó sacudida por el "caso Heaven", que puso en entredicho la imagen supuestamente ajena de la ciudad a la violencia que se vive en otras regiones del país por las pugnas entre los poderosos cárteles narcotraficantes.

Fuente: La Jornada

Autor: AFP