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Denuncian violación de derechos en penal de Chiapas

San Cristóbal de las Casas, Chis. Indígenas ex presos, solidarios de la agrupación La voz de El Amate, adherente de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, denunciaron que en el penal número 5, ubicado en las afueras de esta ciudad, “se están violentando los derechos de los internos”.

En rueda de prensa agregaron que el pasado 27 de este mes, el reo Roberto Paciencia Cruz denunció que el alcalde Abelardo Méndez González y el custodio Isidro Gómez “impidieron que las visitas ingresaran a verlos y dejarles alimentos y ropa”.

Alberto Patishtán Gómez, uno de los ex prisioneros, dijo que un grupo de ex presos acudió ese día al penal para visitar a Roberto y llevar comida y ropa no sólo a él sino a otros reos, pero no nos permitieron entrar”.

Abundó: “Nos dio mucha tristeza porque tuvimos que comer los alimentos que con cooperaciones nuestras habíamos comprado para llevarle al compañero Paciencia Cruz y otros presos”.

Añadió que ese mismo día una familia indígena de Chalchihuitán que salió a las 3 horas de su comunidad llegó para visitar a un pariente, sin que después de varias horas se les permitiera ingresar.

“Los presos esperan a sus visitas diariamente pero muchas veces no llegan, principalmente cuando se trata de familias indígenas que viven en comunidades lejanas y no tienen dinero para trasladarse”, aseveró.

“Las visitas son sagradas para los presos; lo sabemos nosotros que estuvimos muchos años en la cárcel y no se vale que las autoridades de los penales las impidan”, manifestó.

Patihstán Gómez, liberado en 2013 gracias a un indulto presidencial, pidió a las autoridades estatales que “tomen cartas en el asunto para que no se sigan violando los derechos de los presos en el penal de San Cristóbal y de otros municipios”.

FUENTE: LA JORNADA
AUTOR: ELIO ENRÍQUEZ corresponsal
LINK: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/08/30/denuncian-violacion-de-derechos-en-penal-de-chiapas

Nuevo Sistema Penal funcionará “en nivel óptimo” hasta dentro de 11 años, prevé CIDAC

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A un mes y medio de que termine el plazo para implementar en todo el país la reforma de justicia penal, incluidos los juicios orales, el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) diagnosticó fallas y vulnerabilidades que, dijo, provocarán que hasta dentro de 11 años se alcance “el nivel óptimo” de operación “eficaz y adecuada” en el país.
Por lo pronto, aseguró: “no estamos cerca de contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas”.
En su reporte “Hallazgos 2015: evaluación de la implementación y operación a ocho años de la reforma constitucional en materia de justicia penal”, aseguró que hasta ahora el proceso se ha caracterizado por “la ausencia de políticas públicas integrales y de coordinación interinstitucional”. Además, dijo que “las acciones para la implementación en todo el país se llevaron a cabo de forma aislada y descoordinada”.
Según el documento, el “constante cambio” de autoridades generó “vulnerabilidad en el proceso de implementación”, lo que derivó en 33 procesos de transformación “paralelos, pero desarticulados, tanto en las entidades federativas como en la Federación”. Ello, alertó, inevitablemente impactará de forma negativa en la operación y resultados del sistema de justicia penal.

El CIDAC detectó la insuficiencia de operadores importantes en el proceso, por ejemplo, asesores de víctimas o facilitadores. Reconoció que aunque se han llevado a cabo esfuerzos en materia de capacitación, “aún existe un enorme rezago, especialmente en el ámbito de la policía”.
No es todo. Durante el tiempo de implementación ha habido un retraso importante en la armonización de legislación nacional trascendental. Eso, agregó, ha significado el riesgo de la aprobación, con prisas, de normas que vayan en contra del sentido de la reforma constitucional.
La reforma en materia de justicia penal implicó –de acuerdo con el organismo–, una “considerable” inversión de recursos financieros. Por ejemplo, el subsidio de apoyo a las entidades federativas para la implementación del sistema de justicia penal acusatorio, administrado por la Secretaría Técnica (Setec) del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación (Segob). Según el Centro, entre 2010 y 2015 esta dependencia distribuyó tres mil 510 millones 92 mil 861 pesos.
Además, las entidades contaron con recursos del Fideicomiso de Apoyo para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal (BANOBRAS), el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP); y el Subsidio para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (FORTASEG).
11 años después…
En su reporte, el Centro de Investigación para el Desarrollo clasificó a las entidades federativas según el avance de la implementación del sistema a nivel estatal. Así, encontró que ninguno de los casos, los estados lograron alcanzar, siquiera, el estándar establecido para 2014.
De hecho, dijo, sólo seis superaron el estándar de 2013. Eso, agregó, “hace evidente que aún no estamos cerca de contar con un sistema de justicia penal eficaz, eficiente y que asegure el respeto de los derechos humanos de los imputados y las víctimas”.
Incluso, calculó que, a partir del avance promedio que cada entidad federativa ha mostrado desde 2013 en el proceso de implementación, y en relación con la brecha a nivel nacional, “nos llevará, en promedio, 11 años alcanzar el nivel óptimo para que el sistema de justicia penal opere de manera eficaz y adecuada”.
Ante tal escenario, el CIDAC propuso una estrategia consolidar el sistema de justicia penal acusatorio para contribuir a garantizar su viabilidad y sustentabilidad en el mediano y largo plazo.
De acuerdo con su propuesta, la estrategia prevé tres ámbitos de aplicación: La sectorial, con acciones que integren distintas perspectivas del sector de justicia penal nacional; la institucional, correspondiente a atender a las distintas instituciones del Sistema de forma particular y la del ciudadano, referente al impacto de las acciones institucionales en las experiencias de los ciudadanos.


FUENTE: PROCESO
LINK: http://www.proceso.com.mx/439506/nuevo-sistema-penal-funcionara-en-nivel-optimo-11-anos-preve-cidac

En la cárcel, cerca de 10 mil indígenas por falta de un intérprete en Veracruz


Cerca de diez mil indígenas se encuentran en las cárceles de México, pero sólo 10 por ciento tuvo acceso a un intérprete para comunicarles cuál es su situación legal. Aunque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce 63 lenguas indígenas, el Sistema Judicial apenas empieza a adaptarse a la diversidad lingüística del país, y en Veracruz los intérpretes prácticamente están en el olvido.

Cristina Kleinert es una catedrática de la Universidad Veracruzana (UV), una estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica) y hablante de catalán, una lengua indígena de España, su país de origen, y en México impulsa un trabajo que podría sacar a muchos indígenas de la cárcel.

Su objetivo, es eliminar el papel secundario del intérprete y lograr que se reconozca su importancia en los procesos penales, pues en algunos casos es pieza clave para poder comprobar faltas al debido proceso, denunciar irregularidades ante las comisiones de Derechos Humanos, o señalar conflictos de intereses entre defensores, autoridades y demandantes.
Los indígenas en la ley y la burocracia

Según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 15.7 millones de personas se identifican como indígenas en México, mientras que 7 millones hablan una lengua nacional distinta al español, pero la Ley General de Derechos Lingüísticos reconoce 364 variantes lingüísticas en todo el país.

En teoría, las lenguas nacionales pueden utilizarse en todos los ámbitos de la vida, desde hablar náhuatl u otomí en la calle, hasta acceder a la justicia del Estado en maya o español, pero en la vida cotidiana, una lengua indígena es sinónimo de marginación, exclusión y discriminación.

De acuerdo con Cristina Kleinert, catedrática de la Universidad Veracruzana (UV) y estudiante de doctorado en la Universidad de Amberes (Bélgica), los estados de Oaxaca y Veracruz tienen mucho por hacer en formación, acreditación y certificación de intérpretes en lenguas indígenas.

Si bien el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) impulsa, desde 2009, la capacitación de un grupo de profesionales, apenas 61 personas han sido certificadas en Veracruz y casi ninguna ha sido llamada a prestar su servicio.

Los diplomados del INALI duran 180 horas y se dirigen a hablantes de lenguas indígenas. En 2011, Cristina Kleinert participó como capacitadora y en ese año ofreció un acercamiento al Derecho Penal, así como la presentación de un Código de Ética y fichas terminológicas para un mejor desempeño en los juzgados.

La evaluación consistió en una interpretación simultánea: el instructor planteaba un discurso y alguien lo decía en una lengua indígena; el intérprete traducía y el capacitador lo escucha de regreso; pero formadores desde las lenguas sería lo ideal.

La formación de intérpretes necesita de muchos recursos económicos. Un buen centro de formación de intérpretes es caro: debe tener un albergue, pues los hablantes de lenguas indígenas no viven en centros urbanos; becas, buenos capacitadores y, sobre todo, garantía de trabajo.

Como especialista en la materia, Cristina Kleinert aseguró que si se quieren buenos resultados, pero sobre todo apoyar a los indígenas, las formaciones deben ser flexibles porque no se puede desarraigar de sus comunidades a los hablantes nativos. Una vez conseguido esto, se deben ofrecer dos tipos de formación: una para quienes ya están trabajando como intérpretes y otra a manera de licenciatura o posgrado.
El intérprete de indígenas, un amigo

Los intérpretes en el sistema de justicia penal son más que traductores, que un puente de comunicación, pues en muchos casos acompañan a las víctimas en su dolor. Cristina Kleinert recuerda un homicidio en razón de parentesco como el caso que más impactó en su vida, y también ha presenciado testimonios en delitos de violación y abandono de menores, casi siempre en situaciones de pobreza.


“ADMIRO MUCHO A LOS INTERPRETES QUE ESTÁN AHÍ, HACIÉNDOLO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE. LOS HE VISTO ACOMPAÑANDO DE MANERA RESPETUOSA EL DOLOR DEL OTRO. VALORO ESO MUCHO MÁS QUE SU LABOR DE INTERPRETACIÓN EN SÍ”.

Desafortunadamente, mientras que un intérprete de lenguas de prestigio (inglés, francés, alemán) puede alcanzar reconocimiento, certificación y un sueldo bien remunerado, el hablante de lenguas nacionales pasa desapercibido en muchos ámbitos de la vida del país.

Si bien se busca “que el servicio sea gratuito para la población”, no significa que el intérprete no deba ser remunerado; lamentablemente “en Veracruz se ha interpretado así”, mientras que en Puebla, la Procuraduría de Justicia buscó y encontró intérpretes y asociaciones civiles poblanas ofrecen sus servicios a las instituciones.

Los intérpretes de lenguas indígenas y su importancia en los procesos penales son el tema de tesis doctoral de Cristina Kleinert, en su trabajo advierte la necesidad de hacerlos visibles, que se vea y se reconozca a los hablantes indígenas; que se sancione a quien omita llamar a un intérprete, que se instituya un servicio profesional remunerado, y los medios de comunicación tienen “un papel importantísimo porque legitiman una visión sobre otra, quienes difunden una lengua sobre otra”.



Fuente: NDMX Veracruz
Autor: Redacción
http://veracruz.ndmx.co/2015/07/13/en-la-carcel-cerca-de-10-mil-indigenas-por-falta-de-un-interprete/

Consignan a acusada de trata; agredía a víctimas si no pagaban la ‘cuota’

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Procuraduría General de Justicia capitalina determinó consignar a una mujer ante un juez de la prisión de Santa Martha Acatitla por su presunta responsabilidad en el delito de trata de personas, en su modalidad de explotación de la prostitución ajena.

En un comunicado, la PGJ informó que con las pruebas recabadas en la averiguación previa y la acusación directa de dos agraviadas, consignó a Orquídea Maribel Rodríguez Callejas.

Según el expediente, a partir de diciembre de 2015 la inculpada comenzó a exigirles a las afectadas, quienes hasta ese momento ejercían el sexoservicio libremente, una cuota semanal de entre 200 y 300 pesos, en las inmediaciones de la plaza Pino Suárez.

Las personas que se negaban a pagar la aportación eran agredidas físicamente por la inculpada y, en ocasiones, las amenazaba con mandar a gente para que las golpeara o les causara lesiones con arma blanca. Temiendo por su integridad, las víctimas accedían a pagarle.

Dos de las afectadas se presentaron en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Trata de Personas para realizar la denuncia correspondiente por la explotación de la que eran objeto.

Después de declarar, a las mujeres se les practicó una valoración médica y psicológica, resultando con factores predisponentes que las colocan en estado de vulnerabilidad, por lo que se giró orden de detención contra Orquídea Maribel, cumplimentada por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Ante el Ministerio Público, la detenida manifestó ejercer el sexoservicio en la citada plaza desde hace 14 años, así como haber estado interna en 2008 en el Centro Femenil de Santa Martha Acatitla, acusada del delito de robo.



Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/435682/consignan-a-acusada-trata-agredia-a-victimas-pagaban-la-cuota

La corrupción, el otro castigo para los jóvenes infractores

Los adolescentes en conflicto con la ley enfrentan situaciones como la de agentes que les piden dinero para "arreglar su situación"; además no hay un trabajo adecuado para lograr la reinserción social.

Enriqueta y Pablo iban caminando por Paseo de la Reforma cerca de las 10 de la noche cuando Federico y Enrique intentaron asaltarlos.

Federico forcejeó con Pablo para quitarle la mochila. “¡Ya valió madre, saquen sus cosas!”, les dijo.

Enriqueta comenzó a gritar lo que puso nerviosos a sus agresores, quienes huyeron. No tardaron en sonar las sirenas de las patrullas y en menos de tres minutos un grupo de cinco unidades llegaba a la zona, en una estaba detenido Federico.

Enriqueta y Pablo les contaron del intento de asalto, y les pidieron reconocer al agresor, al hacerlo les pidieron que los acompañaran a la delegación a denunciar el hecho.

Lee >> 9 de cada 10 menores infractores esperan sentencia en la cárcel: Informe

La conversación en la patrulla fue informal. Preguntas y respuestas sobre el incidente. Entonces un oficial hizo una petición que los jóvenes no podían creer.

—¿Qué le parece si me da su celular —se dirigió a Enriqueta— y decimos que nosotros lo recuperamos después del asalto?

Si no hacían eso el robo quedaría solo en tentativa y no en un delito consumado lo que repercutiría en la sentencia de Federico.

—Si metemos el celular como que lo recuperamos la sentencia es más grande para el chamaco —replicó.

El ambiente se tensó en la patrulla que se dirigía a la delegación Miguel Hidalgo, ya ahí ambos rindieron su declaración.  A Enriqueta le fue retirado su celular dentro de la delegación. Terminaron el trámite después de las cuatro de la mañana y dieron seguimiento a las audiencias.

Federico tiene 17 años y recibió una medida de dos años en privación de su libertad, lo que determinó su sentencia fue que no era la primera vez que era detenido. Tenía antecedentes por el robo de una motocicleta.

Sin confianza en la policía

El 70.3% de los adolescentes no se siente seguro en las calles, el 19.5% dice haber sufrido violencia y el 17.4% (83,392) participado en actos violentos, según los resultados de la Consulta Infantil y Juvenil 2015 realizada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

En la consulta participaron 2 millones 916,686 niñas, niños y adolescentes de los 6 hasta los 17 años.

19,079 adolescentes entre 14 y 17 años revela que han sido obligados a formar parte de un grupo de delincuentes.

Si se habla de confianza, 2l,7% dice confiar en la policía, el 25.2% en el ejército, el 4.9% en los partidos políticos y el 5.2% en los gobernantes. El factor confianza se centra en la familia con un 95.9% y en las amistades con un 70.3%

Sólo el 35% de los adolescentes encuestados pediría ayuda a un policía en una situación de peligro y el 5% a una institución de gobierno.

La corrupción abona a esta desconfianza en las instituciones.

Son los padres de familia los que denuncian este tipo de atraco, ya que cuando sus hijos son detenidos reciben ofertas por “arreglar” la situación, “porque efectivamente el familiar del adolescente no tiene conocimiento jurídico o de los pasos por lo menos que debe haber en el sistema de justicia para adolescentes”, dice María Guadalupe Chávez Contreras, directora del Área de Adolescentes en la Fundación Reintegra.

Los agentes les solicitan dinero “les dan sus teléfonos y les piden que les depositen, incluso en cuentas”.

Además no hay un trabajo de las autoridades para reinsertar a los jóvenes que tienen problemas con la ley.

“Hay muchos jóvenes que salen y vuelven a entrar, salen y vuelven a entrar, porque como autoridades lo están botando, ellos llegan por delitos no graves y cuando salen no trabajan con ellos. Creo que tiene que haber este apoyo, trabajar con los jóvenes y con sus familias para poder incidir, si no, no se puede incidir en generar procesos de cambio”, dice Chávez.

Un cambio de vida exitoso

Josué, Gil y Juan pensaron que sería una buena idea salir a asaltar en el Bosque de Aragón, sólo tenían 15 años.

Josué y Gil venían preparados, el primero traía unos nudillos de acero, mejor conocidos como bóxer y el segundo una navaja, además traían mariguana y pastillas de Rivotril, un medicamento controlado.

El plan era el siguiente: identificarían a una posible víctima y dos de ellos se encargarían del asalto mientras un tercero estaría pendiente de echar aguas y avisar si se acercaba un policía o alguna autoridad.

El trío logró asaltar a un adolescente, corrieron y después de unos metros fingieron que nada había pasado, pero siete vigilantes del bosque los detuvieron.

Josué y Gil ofrecieron entregarles todo el dinero que traían si los dejan marcharse, pero los guardias no aceptaron.

Al rato llegó un oficial en una cuatrimoto que funciona como patrulla en el bosque y continuaron los insultos: “Son bien marihuanos y ya se chingaron se van a ir a la chingada”. Revisaron sus mochilas, por el contenido determinaron que no habían entrado a la escuela y llamaron a otra patrulla, ahora una de la PGJ del Distrito Federal.

Nadie les informó por el motivo de su detención o sus derechos y fueron trasferidos a la delegación Gustavo A. Madero donde llegó el adolescente asaltado con su madre. En su declaración se agregó que había sido agredido verbalmente y que había sido golpeado, aunque ello no concordaría nunca con la declaración de los otros tres adolescentes.

Frente a ellos desfiló un policía que los llamó marihuanos y comenzó a insultarlos. Esculcaron sus teléfonos y se burlaron de la música que escuchaban.

De la Delegación Gustavo A. Madero fueron trasladados a la Agencia 57 y en el camino trataron de negociar. “Los hubiéramos dejado en el bosque pero ahora no se puede, el niño ya metió su demanda”, dijeron los oficiales.

En la Agencia 57 Especializada en Justicia para Adolescentes pasaron la noche en los separos y esperaron al día siguiente para que fuera tomada su declaración. Los tres recibieron una sentencia de 9 meses 11 días en internamiento por robo calificado con armas blancas y violencia moral.

Josué durmió en una colchoneta en malas condiciones. Poco se fue haciendo de algunas cosas, cuando les ganaba a sus compañeros en el frontón o apostando con los postres de la hora de la comida. Si corría suerte, algún compañero que se fuera en libertad le heredaría sus cosas.

Aunque estaba encerrado, Josué podía ir a la escuela y a los talleres de artes plásticas, como el de cartonería, su preferido.

Su libertad vendría pronto después de un mes una semana de internamiento y salió por medidas cautelares. Su sentencia incluía: terapia, vigilancia familiar, libertad asistida.

Su proceso en externación fue dirigido y acompañado por  la Fundación Reintegra.

Dice Josué que después de esa experiencia “maduras a temprana edad, como que te roban la infancia y te das cuenta lo que es la vida real. Como niño haces las cosas como son, no piensas lo que va a pasar después”. En la comunidad aprendió a valorar la comida de casa porque su experiencia no fue grata, no sólo eso, supo también valorar el papel de baño porque ahí “hasta por un cuadrito te peleabas”.

Ahora piensa “que los verdaderos amigos son los papás porque ellos siempre van a dar la cara por ti”. En sus nuevos días procura no dar preocupaciones, su padre está al pendiente y se siente orgulloso de la conducta de su hijo.

Actualmente, Josué está por terminar el último semestre de la preparatoria y espera hacer examen al Politécnico Nacional porque le gustaría estudiar mecánica.

Cómo es la reinserción de un joven

Lo que determina las sentencias y medidas de los adolescentes en conflicto con la ley, es el tipo de actividad tipificada como delito que cometieron.

La ley de justicia para adolescentes del Distrito Federal califica como delitos graves: homicidio, femnicidio, lesiones cometidas con armas o explosivos, retención o sustracción de menores o incapaces corrupción de menores de edad, robo calificado cometido con violencia, daño a la propiedad y la asociación delictuosa.

Después de recibir los beneficios, obtener su libertad y continuar con su medida en externación, los adolescentes deben sujetarse a la Comunidad de tratamiento, donde les darán seguimiento a sus medidas educativas, de trabajo y de atención psicológica.

Otra opción para los adolescentes es acercarse a organizaciones de asociación civil, Josué dio seguimiento a su medida en la Fundación Reintegra que ofrece los servicios de asesoría jurídica y psicosocial, servicio de orientación y apoyo legal.

La Fundación  elabora un reporte del contexto familiar, un perfil escolar y un diagnóstico sobre el contexto sociocomunitario del joven infractor.


Actualmente trabaja con 60 jóvenes y en un año llegan a atender a 150 jóvenes en externación desde 1992. La Fundación Reintegra mantiene un convenio con la Dirección de tratamiento para Adolescentes en la Comunidad Externa de Atención para Adolescentes, dicho convenio los faculta como la única institución en el Distrito Federal para la ejecución de la medida legal.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO, CIDAC.
AUTOR: ALEJANDRA CASTILLO.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-corrupcion-el-otro-castigo-para-los-jovenes-infractores/

Desatino, una cárcel para secuestradores

CIUDAD DE MÉXICO: Empresarios de la Comarca Lagunera de Durango y Coahuila se oponen a que el Cefereso Número 14 CPS Durango, recién establecido en esta región, albergue a secuestradores. Temen que se eleven los secuestros en la zona, ya que los criminales siguen operando desde los reclusorios.

Presentado por el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia, como un penal que “cubre la más alta seguridad y tecnología”, ellos insisten en “el alto nivel de corrupción en todos los niveles del sistema penitenciario”.

Agustín Arellano Saucedo, presidente del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, y Eugenio Treviño, presidente de Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Torreón, así como seis regidores del PAN de Gómez Palacio, Durango, encabezados por el coordinador de la fracción, Oswaldo Santibáñez, presentaron al cabildo un punto de acuerdo para impedir que los secuestradores se concentren en ese penal.


Arellano solicita que en el CPS Durango se concentré a los reos de los municipios laguneros que fueron trasladados al Cereso de la ciudad de Durango. El dirigente empresarial dice que resulta muy caro a sus familiares sufragar los viajes para visitarlos.

El pasado 19 de enero, la CNS informó que a partir de ese mes, “todos los internos en el Sistema Penitenciario Federal por la comisión de este delito se concentrarán en dicho Centro. Así se pretende eliminar la posibilidad de que los grupos dedicados a sustraer a una persona para privarla ilegalmente de la libertad, continúen operando y generando inercias nocivas para el resto de la población en reclusión. El centro posee avanzados sistemas tecnológicos que garantizan la seguridad y el monitoreo constante de las actividades de la población interna”.

Treviño, por su parte, advierte sobre el riesgo de que se concentre a todos los secuestradores del país en ese penal: “Estamos pidiendo que al menos a los del sur no los trasladen para acá. Si concentras a todos aquí, se va a volver una universidad del secuestro”.

Y agrega: “Van a venir otras personas a establecerse a la Laguna, desde sus familiares hasta los socios que no agarraron. Además, lo que ellos saben hacer es secuestrar; y cuando queden libres, sin dinero, van a dedicarse al secuestro y lo van a hacer en La Laguna.

“El problema es que el secuestro es un delito, silencioso porque nadie lo denuncia, o se hace en muy baja escala, por lo que se desconocen las estadísticas exactas. Hace cuatro años tuvimos problemas, apenas estamos saliendo porque los delitos que se registran actualmente son del fuero común, los de alto impacto son muy pocos, estamos retomando la estabilidad.

“En La Laguna, hace un par de años, tuvimos grupos armados, secuestros, matanzas de alto impacto. Sabemos que esos delincuentes ya salieron de La Laguna; era cuando la disputa entre Los Zetas y (el Cártel de) Sinaloa”.

Los empresarios tuvieron un encuentro con Ricardo Rebollo, Flor Rentería y Refugio Sandoval, diputados federales de La Laguna, para discutir sobre un posible encuentro con el secretario de Gobernación, Migue Ángel Osorio Chong, y con el comisionado Sales Heredia.

“Nos preocupa ese Cefereso porque ya tuvimos un problema con el Cereso de Gómez Palacio, pues la directora del penal dejaba salir a los reos durante la noche sólo para delinquir. Salían a ejecutar sus crímenes y regresaban a dormir”, recuerda Treviño.

–Según Sales Heredia, al concentrar a los secuestradores se evitará la contaminación de los otros reos –se le comenta al empresario.

–Nuestra percepción es que a quienes están empezando y los agarran, van a aprender de quienes tienen mucho tiempo en el negocio. El CPS Durango se volverá una escuela del crimen. En Gómez Palacio no hay policía municipal desde hace cuatro años; las funciones preventivas están en manos de los militares. Tú sabes que los soldados se mueven lento, esperan órdenes para actuar.

–Pero el comisionado insiste en que esta medida evita la contaminación ­criminógena.

–Eso dicen de todos los Ceresos. Pero la realidad es que se siguen recibiendo llamadas de extorsión de personas que, por su acento, sabemos que son del sur del país. El Cereso está en la salida de Gómez Palacio, y en el pueblo cercano de Máximo, las familias de los presos ya están rentando casas para quedarse a vivir.

“Y aunque este Cefereso fue construido por gente de La Laguna que maneja todas las normas internacionales, e incluso certificado por Estados Unidos, su punto débil es la corrupción. Ese es nuestro miedo.”

Malestar generalizado

Los empresarios no son los únicos que han protestado. El panista Osvaldo Santibáñez, regidor en el municipio de Gómez Palacio, expone que la región aún no se repone de la inseguridad.

“Los tres municipios duranguenses estamos bajo el mando único del Ejército. Eso nos habla de que las cosas aún no están bien. Son los estragos que en el 2010 dejó la mala operación del Cereso de Gómez Palacio, cuando la directora Margarita Rojas Rodríguez permitía que un grupo de presos saliera por las noches a cometer ajustes de cuenta con bandas rivales”.

Desde entonces la Policía Municipal fue desmantelada. Y como los policías municipales estaban al servicio de los malhechores, el Ejército tomó el mando. En Gómez Palacio la contratación de policías se inició hace tres meses. Se necesitan 400, dice, apenas hay 100. Mientras, los delitos del fuero común, como los asaltos y robos a casas habitación, están desbordados.

“Analice cómo han evolucionado los municipios en donde han instalado penales de alta seguridad –dice a la reportera–. El Altiplano, que tiene capacidad para 800 reos, por ejemplo, recibió 36 mil vistas en 2008, incluidos familiares, amigos, abogados y presuntos cómplices de los internos.

“Si se hace un comparativo, en el penal federal de Gómez Palacio, con capacidad para 2 mil 500 reos, estaríamos recibiendo 86 mil personas en un año ¡Es demasiado!”

Dice que es una sinrazón concentrar a todos los secuestradores, cuando uno de los principales problemas que han agobiado a la región es precisamente ese delito. “Tenemos empresarios lecheros, metalúrgicos, una diversidad de inversión. Yo haría un paralelismo: es como si el gobierno federal decidiera enviar a todos los sentenciados por narcotráfico al penal de Culiacán”, comenta.

Y aun cuando los alcaldes comentan que habrá una derrama económica, el turismo penitenciario es el menos deseado por los municipios.

La reportera pregunta a Edna Jaime, de la organización no gubernamental México Evalúa, sobre el sistema penitenciario.

“Por lo general –responde– en las cárceles de México se violan sistemáticamente los derechos humanos; en algunos incluso existe el autogobierno. En resumidas cuentas, son un desastre.

“El problema es enorme y tenemos que replantearlo. Lo que está de por medio son vidas de sentenciados, quienes incluso privados de su libertad conservan la mayoría de sus derechos y el Estado mexicano está obligado a velar y garantizar esos derechos. No lo ha hecho.

“El gobierno federal está presionado por el apoyo que recibe por medio de la Iniciativa Mérida, a través de la ACA, organización que establece estándares básicos para certificar los penales. Esto está moldeando la política penitenciaria mexicana.”

Orlando Camacho, de la organización SOS, presidida por Alejandro Martí, la secunda: “El tema no es tanto separar o no a los secuestradores. El tema es de origen. De nada servirá un área exclusiva para secuestradores si el control del penal lo siguen teniendo delincuentes, si hay un cogobierno o corrupción de la propia autoridad”.

El asunto es más profundo: “Pueden tener un área exclusiva para cada tipo de delincuentes, pueden dividir a los diferentes brazos armados o modificar sus horarios siempre y cuando hayan tomado una decisión férrea de reformar íntegramente al penal. Si no es así, nada sirve, sólo es un parche”.


Asegura que los pernales pueden ser de la más alta tecnología, pero la fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, demostró que pese al monitoreo, él se evadió debido a la corrupción; y la madre de la corrupción es la impunidad.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PATRICIA DÁVILA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433395/desatino-una-carcel-secuestadores

Directores de penales en Morelos solicitaron permitir la venta de droga

CUERNAVACA, Mor., (apro).- El secretario de Gobierno estatal, Matías Quiroz Medina, aseguró que los directores de los penales en Morelos trabajan bajo amenaza del crimen organizado e incluso han solicitado que se permita la venta de drogas al interior de los centros penitenciarios.

La semana pasada se registraron dos homicidios en centros penitenciarios de la entidad. El primero se registró el jueves 18, cuando una custodia del penal de Jojutla fue asesinada en un camino en Puente de Ixtla; el segundo, la madrugada del domingo 21, cuando el cuerpo de un hombre fue dejado en las puertas de una secundaria en la colonia Lagunilla, de Cuernavaca.

En entrevista, el secretario de Gobierno informó que existen amenazas contra los directores para exigir que los grupos criminales permitan el trasiego de droga. Aseguró que “el gobierno del estado no cederá ante esas presiones y esas amenazas, que se tienen del exterior hacia el interior y sobre el manejo de nuestros penales”.

Aseguró que la semana pasada se tomaron acciones para “regresar el orden a las cárceles, con el traslado de 38 reos de alta peligrosidad, la mayoría de ellos, secuestradores, pero también entre ellos, 15 personas relacionadas con el autogobierno del penal”.



En tanto, Lucio Hernández Gutiérrez, coordinador de los Centros Penitenciarios en Morelos, informó que la Fiscalía General del Estado investiga las amenazas que fueron colocadas junto a los cadáveres.

“Seguiremos fortaleciendo las medidas de seguridad en todos los establecimientos que conforman el sistema penitenciario en el estado, respecto a la investigación es una facultad exclusiva de la Fiscalía, yo dejaría en manos de esa institución, que es la competente, toda esa información para que en breve se esclarezca la situación en consecuencia contra quienes resulten responsables”, sostuvo.

Morelos, estado de emergencia

En tanto, el diputado federal panista Javier Bolaños Aguilar aseguró que los hechos de violencia que se han suscitado desde que inició el año son una muestra de que Morelos viven “un estado de emergencia”.

A contracorriente del “discurso oficial”, “Morelos está en estado de emergencia”, aseguró el legislador, quien reprochó la actitud del gobernador Graco Ramírez y su equipo: “Ellos dicen que no pasa nada, asegura el gobierno que en el estado no pasa nada y eso no es verdad, las cosas están muy difíciles”.

En ese sentido señaló que han solicitado una mayor presencia por parte de las fuerzas federales. Sin embargo, hizo referencia a los decretos emitidos por el gobernador el pasado 3 de enero, en el que asume el control de la seguridad en 17 municipios, imponiendo en los hechos el Mando Único.

Dijo que al revisar los decretos, el propio gobernador da cuenta de que la situación de seguridad de la entidad “va rebasando al estado”. Por ello, hizo un llamado a las autoridades federales a tener una mayor presencia.

“Hemos llamado desde la tribuna a que se revise el caso Morelos, hemos solicitado una mayor presencia de las fuerzas federales en el estado, pasamos muy rápido de un discurso en el que nos dicen que no pasa nada; todavía a finales del año pasado en el discurso oficial se insistía que en Morelos las cosas estaba bien y que íbamos saliendo de la inseguridad que nos venía agobiando, y apenas en enero no solamente se reconoce el grave clima que estamos padeciendo sino que inclusive se toman decisiones que hacen ver que Morelos está en un estado de emergencia”, declaró.

Añadió: “No podemos esperar a que se repitan situaciones como las vividas en otras entidades, en el norte del país (Topo Chico, en Nuevo León), deben tomarse medidas de inmediato”.



Fuente: Proceso
Autor: Jaime Díaz Brito
http://www.proceso.com.mx/431042/directores-de-penales-en-morelos-solicitaron-permitir-la-venta-de-droga

Catean penal de Cadereyta, en NL

Monterrey, NL. Autoridades estatales iniciaron la mañana de este martes un cateo al penal de Cadereyta, el último de los tres con los que cuenta el estado, luego de que en las dos pasadas semanas hicieron lo mismo con el del Topo Chico y el de Apodaca.
La revisión estuvo a cargo del Ejército Mexicano, la policía estatal Fuerza Civil y agentes de la Policía Ministerial del estado y comenzó a las 6:00 horas, informó el gobierno del estado a través de redes sociales.
Se espera que la revisión dure varias horas y por la tarde se dé a conocer el resultado del operativo.
La semana pasada se cateó el penal de Apodaca, y se encontraron situaciones prohibidas como celdas acondicionadas con piso cerámico, aires acondicionados, pantallas de televisión, espejos panorámicos y cortinas.
También se decomisaron 23 mil 245 pesos, 483 dosis de hierba seca, 123 dosis de polvo blanco, 107 dosis de piedra en color blanco, celulares, jeringas, entre otros artículos que el reglamento interno prohíbe.
Estas revisiones se dan luego de que el pasado 10 de febrero una riña en el penal del Topo Chico causó la muerte de 49 personas.

Fuente: La Jornada
Autor: Erik Muñiz
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/02/23/catean-penal-de-cadereyta-en-nl-9107.html