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miércoles, 22 de marzo de 2017

Exigen a Peña investigar espionaje contra activistas impulsores del impuesto al refresco

CIUDAD DE MÉXICO: Cientos de científicos, organizaciones del sector de la nutrición y la salud pública, y organizaciones defensoras de derechos humanos de distintos países enviaron hoy una carta abierta al presidente Enrique Peña Nieto para denunciar el espionaje gubernamental contra dos activistas y un investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) quienes abogaron a favor del impuesto a los refrescos.


“Esta situación es grave y despierta preguntas que deberán ser resueltas con celeridad”, plantearon en la carta, al añadir que “en un país con unas de las tasas más altas de sobrepeso, obesidad y diabetes, se debería elogiar a estos hombres por sus esfuerzos en defensa de la salud pública, en lugar de vigilar o amenazarlos”.

lunes, 20 de marzo de 2017

ONG solicitan a la CIDH exhorte al Estado a consolidar fiscalía anticorrupción autónoma

CIUDAD DE MÉXICO: Después de que la Cámara de Senadores despreció la participación de académicos y asociaciones civiles en el proceso de selección del fiscal anticorrupción –causando la renuncia de éstos el viernes 17–, cerca de un centenar de organizaciones del país solicitaron en audiencia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que exhorte al Estado mexicano a “retomar el camino iniciado en 2014 hacia la consolidación de una fiscalía autónoma”.


Integradas en el frente llamado #FiscalíaQueSirva, esas organizaciones cuestionan además la autonomía y “los méritos de idoneidad” del actual procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, quien tiene una relación “directa y cercana con la fuerza política gobernante del país”, y le piden a la CIDH que intervenga para que el Estado mexicano derogue el “pase automático” del titular de la PGR como primer fiscal general de la República, contenido en el artículo transitorio Décimo Sexto constitucional.

lunes, 13 de marzo de 2017

Crear un Consejo contra la Impunidad, objetivo de organizaciones sociales

BERLÍN: El principal problema que existe en México para abordar con eficiencia la severa crisis de derechos humanos que enfrenta el país es la impunidad que reina en los tres niveles de gobierno.


Bajo ese argumento, un centenar de organizaciones de la sociedad civil mexicana impulsan la formación de un Consejo Asesor contra la Impunidad, conformado por renombrados expertos que asesoren al Estado mexicano en la implementación de estrategias y reformas que eleven la capacidad de investigación y sanción de los delitos para revertir, con ello, la alta tasa de impunidad que impera en el país.

Rechazan organizaciones acompañar la selección del fiscal anticorrupción

"Hemos concluido que no existen las condiciones para que este grupo acompañe este proceso de selección", dicen en carta a dos comisiones senatoriales.


Académicos y representantes de la sociedad civil se deslindaron este lunes del proceso de selección del fiscal anticorrupción que realiza el Senado de la República.

“Hemos revisado con atención el Acuerdo de las Juntas Directivas de las Comisiones de Justicia y de Anticorrupción y Participación Ciudadana, relativo a la metodología para la evaluación de las y los aspirantes al cargo de Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción… hemos concluido que no existen las condiciones para que este grupo acompañe este proceso de selección”, señalan en una carta.

martes, 21 de febrero de 2017

Más de 60 ONGs, indignadas: La mitad de los pobres a los que iba la Cruzada se quedó con hambre

Los resultados de la Auditoría Superior de la Federación deben apresurar cambios institucionales para superar la simulación, aseguró el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa a más de 60 organizaciones civiles. En lo que respecta a las observaciones hechas a la política de desarrollo social, destacaron el caso de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que por segundo año consecutivo tuvo reportes negativos.

Para el colectivo Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, los resultados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un contexto de corrupción y pobreza, deben apresurar cambios institucionales para superar la simulación.

Esto por las observaciones que el órgano fiscalizador realizó a los sectores de salud y desarrollo social.

Rogelio Gómez Hermosillo, coordinador del colectivo que agrupa a más de 60 organizaciones civiles, puso como primer ejemplo, el caso del Seguro Popular, programa que ocupa el primer lugar en el monto de presupuesto asignado, con casi 21 mil millones de pesos, la tercera parte del total de los 65 mil millones de pesos observados, y que no cuenta con un mecanismo para evitar duplicidades y entonces, más de 15 millones de afiliados, el 26.8 por ciento del padrón total, está también afiliado al IMSS o al ISSSTE.


El activista mencionó la problemática que hay en la atención de la diabetes mellitus: sólo la mitad de los enfermos tuvieron tratamiento y de esos, el 93 por ciento no tuvo el seguimiento adecuado.

En lo que respecta a las observaciones hechas por la ASF a la política de desarrollo social, Gómez Hermosillo mencionó el caso de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que por segundo año consecutivo tuvo observaciones negativas por parte de la ASF.
“Es inaceptable que después de tres años, la Cruzada, que supuestamente coordina 43 programas, sólo haya atendido a 3.6 millones de personas, la mitad de lo que se propuso y que de por sí era poco”, comentó.

La ASF señaló que Sedesol no tiene algún documento que demuestre en qué medida se atendieron las carencias de la población en condición de pobreza extrema alimentaria.

“Tres años después, la Cruzada, que es la estrategia “emblema” para combatir la pobreza, sólo llega a la mitad de la población, no se pueden medir sus resultados y no hay datos para saber si las carencias se resuelven. Es urgente superar la simulación y el gradualismo”, sostuvo.

También destacó el tema de la creación del Padrón Único de Beneficiarios (PUB). De acuerdo con el reporte de la Auditoría, la carencia de ese sistema, provoca que los 55.3 millones de personas que
viven en pobreza, no sean atendidos con eficacia porque los problemas no están focalizados, tampoco las comunidades ni los beneficiarios.


En consecuencia, agregó Gómez Hermosillo, están la falta de transparencia en la asignación y la aplicación de los recursos federales.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DANIELA BARRAGÁN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-02-2017/3157131

jueves, 16 de febrero de 2017

PGR encubre severas ilegalidades de Zerón, acusan más de cien organizaciones

La resolución es un agravio a las familias de los 43 normalistas desaparecidos y muestra a profundidad los problemas estructurales de la PGR, señalaron.

La resolución de la investigación interna de la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, por irregularidades cometidas en el caso Ayotzinapa, encubre severas ilegalidades, acusaron más de cien organizaciones de la sociedad civil.

En un comunicado, las agrupaciones indicaron que constituye un “alarmante mensaje de impunidad que debilita el Estado de Derecho”, pues las múltiples faltas señaladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fueron omitidas en la investigación interna.

Advirtieron que dicha resolución no sólo es un agravio a las familias de los 43 normalistas desaparecidos, sino también una muestra de los problemas estructurales de la PGR.

“Diversos trabajos periodísticos —Reforma, Aristegui Noticias, Proceso, Anabel Hernández y The New York Times— revelaron que el visitador había realizado un proyecto de resolución que de manera inédita señalaba las graves responsabilidades de los funcionarios implicados en las diligencias del Río, encontrando al menos 13 irregularidades y ordenando el inicio de una investigación penal por la ‘posible trascendencia penal’ de dichas actuaciones ilegales”, señalaron.

Agregaron que los reportes de la prensa indicaron también que la PGR no aprobó el proyecto debido a su contenido crítico, lo cual derivó en la salida del visitador César Alejandro Chávez.

Comunicado completo de las organizaciones civiles: 

La resolución de PGR sobre irregularidades en caso Ayotzinapa alienta la impunidad

Ciudad de México a 16 de febrero de 2017.- El pasado 9 de enero de 2017 la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a los padres y a las madres de las víctimas del caso Iguala los resultados de la investigación interna iniciada por las irregularidades en la indagatoria que detectó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para brindar asistencia técnica en la indagatoria. La resolución entregada a las familias es limitada y parcial, lo que desde nuestra perspectiva constituye un alarmante mensaje de impunidad que debilita al Estado de Derecho.

Entre las irregularidades detectadas por el GIEI estuvo el señalamiento de que existieron actuaciones en la investigación que no fueron reportadas dentro del expediente. En su Segundo Informe presentado el 24 de abril de 2016, el GIEI reveló un video donde se aprecia que el 28 de octubre de 2014 el Director en Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, trasladó ilegalmente a un detenido al Río San Juan, le interrogó en ausencia de su defensor y no levantó constancia de dicha diligencia, además de que no solicitó formalmente que el sitio quedara bajo custodia. Dicho detenido presentó posteriormente huellas de maltrato. Esto resulta sumamente relevante puesto que es una base en la que se ha pretendido sostener la hipótesis oficial: en el lugar escenario de las actuaciones irregulares se habría encontrado un día después la bolsa de donde se extrajo el único resto óseo hasta hoy identificado como perteneciente a uno de los jóvenes desaparecidos.

Después de la revelación del GIEI, la PGR se comprometió a realizar una investigación interna exhaustiva y expedita a cargo del entonces Visitador General de la institución, César Alejandro Chávez. Dicha investigación no fue concluida en los tiempos anunciados a las familias, lo que incluso derivó en la suspensión de la interlocución entre éstas y las instancias federales. Posteriormente, diversos trabajos periodísticos -Reforma, Aristegui Noticias, Proceso, Anabel Hernández y The New York Times- revelaron que el Visitador había realizado un proyecto de resolución que de manera inédita señalaba las graves responsabilidades de los funcionarios implicados en las diligencias del Río, encontrando al menos 13 irregularidades y ordenando el inicio de una investigación penal por la “posible trascendencia penal” de dichas actuaciones ilegales. Los reportes de la prensa indicaron también que justamente fue por el contenido crítico del trabajo de la propia institución que el proyecto no fue aprobado, lo que derivó incluso en la salida del Visitador Chávez de la PGR.

Hoy, a casi 10 meses de las revelaciones del GIEI se ha hecho pública la resolución final de la PGR, es claro que el proyecto avanzado por el anterior Visitador fue recortado en sus principales alcances para generar una conclusión que de forma inaceptable convalida graves violaciones al debido proceso y con ello fomenta la ilegalidad. Al omitir toda referencia al derecho internacional de los derechos humanos, al considerar legales detenciones que fueron arbitrarias, al no responsabilizar a Tomás Zerón de violar el derecho a la verdad por no informar de las diligencias en el Río San Juan y al no pronunciarse sobre el derecho a la defensa del detenido que fue llevado al río, sin duda la resolución encubre severas ilicitudes. La relevancia que pudiera tener esta resolución se diluye al sólo proponer el inicio de procedimientos administrativos por responsabilidades leves, dejando de lado el inicio de investigaciones penales; de esta manera también se alienta la arbitrariedad de las policías de investigación, pues se les permite situarse al margen de las obligaciones básicas de respeto al debido proceso y de su sujeción al ministerio público.

En suma, la resolución realizada por la Visitadora Adriana Campos, ya dentro de la administración del Procurador Raúl Cervantes Andrade, abona a la impunidad y violenta al Estado de Derecho. No sólo constituye un nuevo agravio a las familias que aún demandan justicia y verdad, sino que también muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR, en la medida en que evidencia cómo los controles internos constituidos por instancias como la Visitaduría General, carecen de independencia, firmeza y capacidad técnica. Estas deficiencias deberán ser tomadas en cuenta en las discusiones sobre el diseño de la nueva Fiscalía General de la República.

En este mismo sentido, no debe pasarse por alto que al quedar algunos de los procedimientos administrativos por iniciarse en el ámbito de la Secretaría de la Función Pública, hoy encabezada por Arely Gómez -quien como Procuradora de la República tuvo a su cargo tanto a César Chávez como a Tomás Zerón- su desenlace pondrá a prueba las recientes reformas al Sistema Nacional Anticorrupción.

La decepcionante resolución de PGR por las irregularidades registradas en el caso Ayotzinapa es un pésimo precedente para quienes trabajamos para erradicar la impunidad y fortalecer el Estado de Derecho desde la sociedad civil y la academia. Esperamos que esta decisión pueda ser revisada en las instancias judiciales correspondientes y que se transparenten todos los procedimientos administrativos y sus resoluciones, de modo que esta determinación no constituya un nuevo obstáculo en la búsqueda de justicia y verdad para este importante caso. Recordamos que la cabal resolución del caso Ayotzinapa sigue siendo no sólo del interés de las víctimas sino de todo México.

Firman a título personal:

Aleida Calleja
Carolina Pimentel
Daniel Gershenson
Guadalupe Barrena
Jacobo Dayán
Layda Negrete
Luis Daniel Vázquez
Maite Azuela
Margarita Griesbach

Organizaciones:

Alarbo, AC
Causa en Común, A. C.
Centro de Análisis e Investigación (FUNDAR)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Juan Gerardi
Centro Diocesanos para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios
Centro Nacional De Comunicación Social (CENCOS)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C (CADHAC)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH)
Fray Juan de Larios
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho
Fundem/Fuundec
I(dh)eas Litigio Estratégico, A. C.
Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, S. J., Puebla
Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)
Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
Justicia Pro Persona, A.C.
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
México Unido Contra la Delincuencia (MUCD)
Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI)
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana
Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz de la Universidad Iberoamericana, Torreón
Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz del ITESO, Guadalajara
R3D, Red en Defensa de los Derechos Digitales

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)


Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1602/mexico/pgr-encubre-severas-ilegalidades-de-zeron-acusan-mas-de-cien-organizaciones/

lunes, 13 de febrero de 2017

Activistas contra refresqueras exigen castigo al espionaje del Gobierno; agravia a todos, dicen

En México, defender el derecho a la salud se ha vuelto un peligro, alertaron organizaciones de la sociedad civil, quienes exigieron que el espionaje contra activistas promotores del impuesto a las bebidas azucarada y otras regulaciones para terminar con la obesidad y la diabetes, no quede impune. El fin de semana, The Ne York Times reveló que tres promotores del gravamen a las bebidas con alto contenido calórico fueron víctimas de espionaje cuando impulsaban una campaña para aumentar el impuesto a estos productos.  Los activistas informaron que presentarán una denuncia ante la PGR y una queja ante la CNDH.

Organizaciones de la sociedad civil exigieron que el espionaje contra activistas promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, el correcto etiquetado de productos industrializados y otras regulaciones para terminar con la obesidad y la diabetes, no quede impune.

Un informe de Citizen Lab y la Red de los Derechos Digitales, SocialTIC, Access Now y Amnistía Internacional demostró que tres defensores del derecho a la salud fueron víctimas de espionaje ilegal.

El fin de semana, The New York Times reveló que el doctor Simón Barquera, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor; y Manuel Encarnación, de la Coalición Contrapeso, recibieron mensajes entre el 8 de julio y el 17 de agosto del año pasado, con enlaces maliciosos a fin de infectar sus dispositivos móviles con malware para vigilancia comercializado por la firma israelí NSO Group, de la cual “México es asiduo cliente”, de acuerdo con Luis Fernando García, de la Red en la Defensa de los Derechos Digitales.

Los afectados, al hacer clic en los enlaces recibidos, el malware identificado como Pegasus se descarga “sigilosamente” en el dispositivo, con lo que los atacantes obtenían el control, así como acceso a utilizar la cámara, el micrófono y GPS, principalmente, explicó.


Calvillo, de El Poder del Consumidor, sentenció: “Somos incómodos para el Gobierno y la industria”. Subrayó que en México defender el derecho a la salud “se ha vuelto un peligro”.

El activista señaló que la industria cuenta con aliados en el Gobierno: “Fue el Gobierno con nuestros recursos con nuestros impuestos […] El poder económico se ha convertido en poder político”, dijo.

Asimismo señaló que dichos mensajes pueden ser considerados amenazas de muerte e intimidación, ya que redireccionaban a la página de la conocida funeraria Gayosso.

En su oportunidad, Luis Fernando García, de la Red en la Defensa de los Derechos Digitales, condenó el hecho y exigió la “inmediata apertura” de una investigación, ya que, subrayó, vulnera el ejercicio a la libertad de expresión.

“Es reprobable, inaceptable y agravia a toda la sociedad”, acusó.

Adelantó que presentarán una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) y una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y exigió que en el caso no prevalezca la impunidad.

Los tres defensores de la salud tienen en común la promoción en 2014 el gravamen contra las bebidas azucaradas en el país. Incluso, recordaron, tanto Encarnación como Calvillo convocaron a una rueda de prensa para exigir el aumento a dicho impuesto, apenas una semana antes de recibir los primeros mensajes. Al la par, el investigador Barquera se pronunciaba a favor del gravamen en sus redes sociales y en foros.

El Gobierno sólo puede utilizar dichas herramientas para garantizar la seguridad de los ciudadanos y no para limitar la capacidad de defensa y libertad de expresión tanto de activistas como de periodistas, explicó

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19 y destacó que únicamente es vendido a gobiernos.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/13-02-2017/3150971

domingo, 5 de febrero de 2017

El 84% de los mexicanos considera que Constitución se cumple poco o nada: UNAM

El 84 por ciento de los mexicanos considera que la Constitución se cumple poco o nada; 56.1 por ciento dice conocer poco de la Carta Magna, y 52.7 desconoce el año en que se aprobó y no la relaciona con la Revolución Mexicana, revela una encuesta de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el marco del centenario de la promulgación de la Carta Magna, la UNAM da a conocer esta encuesta, en la que precisa que uno de cada cuatro mexicanos piensa que “violar la ley no es tan malo, lo malo es que te sorprendan”; el 46.6 por ciento dice que los miembros de una comunidad tienen el derecho de tomar justicia por mano propia; y 27.3 por ciento está de acuerdo con que un funcionario público puede aprovecharse de su puesto si hace cosas buenas.

“La pregunta central es hasta qué punto, 100 años después, los mexicanos se identifican con su Constitución y la hacen suya mediante el conocimiento no sólo de los preceptos que componen el documento, sino también de las instituciones y las estructuras de gobierno que se han creado con fundamento en ella; no únicamente mediante la percepción de su cumplimiento por las autoridades y los conciudadanos, sino además por la disposición propia a acatar dichos preceptos y reconocer los principios y valores que los subyacen”, informó la Universidad en un comunicado difundido este domingo.

Los resultados fueron arrojados de la Tercera Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: los mexicanos y su Constitución, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (Departamento de Investigación Aplicada y Opinión) de la UNAM.

La encuesta, aplicada a nivel nacional en mil 200 casos en vivienda a población de 15 años y más, en octubre de 2016, es la tercera de una serie iniciada en 2003, que ofrece la posibilidad de mirar la evolución de los saberes y opiniones de los mexicanos sobre su Constitución, el cumplimiento de la ley y la democracia.

En el documento, la máxima casa de estudios dice que la democracia mexicana está cimentada sobre una débil cultura de la legalidad, fruto de la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones, de los elementos autoritarios presentes en segmentos de la población a lo largo del país, de la percepción negativa del desempeño de las instituciones y funcionarios encargados de la procuración y administración de la justicia.

Otro de los resultados importantes añade: “Al preguntar ¿qué es más importante para usted?, la mayoría de los entrevistados (57.1 por ciento) eligió la opción ‘Una sociedad donde se apliquen y respeten las leyes’, por sobre otras como ‘Una sociedad sin delincuencia’ (55.4 por ciento), ‘Una sociedad donde existan menos diferencias entre ricos y pobres’ (42.8 por ciento) y ‘Una sociedad más democrática’ (24 por ciento)”.

La UNAM indicó que los resultados de la encuesta se analizan en el libro “Los mexicanos y su Constitución”, coordinado por Héctor Fix-Fierro, Julia Isabel Flores y Diego Valadés, que se presentó el viernes pasado en el XIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, en el Palacio de Minería.





Fuente: Proceso
Autor: Redacción
http://www.proceso.com.mx/473232/84-los-mexicanos-considera-constitucion-se-cumple-poco-nada-unam

lunes, 30 de enero de 2017

Proponen ONG un acuerdo nacional para un nuevo proyecto de nación sin corrupción

CIUDAD DE MÉXICO: La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, que agrupa a más de 60 organizaciones de la sociedad civil, promueven “un gran acuerdo nacional” para construir un nuevo proyecto de nación que cierre las brechas de pobreza y desigualdad y una a los mexicanos mediante un sistema con igualdad de oportunidades, sin privilegios ni corrupción.


En un comunicado, señalaron en un país donde 12 millones de mexicanos concentran la mitad del ingreso y 108 millones sobreviven con la otra mitad, no puede tener unidad nacional.

Actualmente, detallaron, la población pobre es la misma que hace 25 años: 53% y afecta a 64 millones de personas, 11 millones más que en 1992.

Con su iniciativa Cohesión Social, el país que queremos, las organizaciones proponen dar rumbo al llamado de unidad nacional al que han convocado diversas organizaciones políticas y sociales ante la permanencia de la pobreza, la desigualdad y una economía excluyente, ahora además amenazada por las políticas agresivas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las organizaciones afirmaron que su convocatoria es amplia y plural, y va más allá de los partidos políticos e ideologías. Y expusieron que están interesados en que los precandidatos aspirantes a competir en 2018 definan sus posiciones respecto de los desafíos planteados por la permanencia de la pobreza y difundan sus propuestas basadas en estudios, en datos, y documentos serios y no solo en ocurrencias.

Cohesión Social, detallaron, propone un rumbo para el país basado en cuatro vías complementarias: Política, social, institucional y ciudadana.

La primera tendiente a construir un gran acuerdo nacional para la superación de la pobreza y la desigualdad, que articule crecimiento económico con derechos sociales; la social para construir políticas públicas que reduzcan las brechas de desigualdad con un enfoque de derechos y desarrollo sostenible.

La institucional, para dar efectividad y solidez a los gobiernos en la producción de bienes públicos y la ciudadana, para construir espacios y medios de participación desde la sociedad civil.

Esta nueva visión de cohesión social frente a la pobreza y la desigualdad, señalaron, permite impulsar cuatro propósitos: Construir consensos políticos plurales para impulsar cambios institucionales y una nueva estrategia nacional frente a la pobreza y la desigualdad; elevar el nivel del debate público, “especialmente para candidatos y políticos, para que dejen de competir por ver quien reparte más dádivas y tiene más ocurrencias de moda”.

Revisar la efectividad de las instituciones y políticas gubernamentales actuales, en especial el gradual ismo y la simulación, generados con la dispersión de más de seis mil programas clientelares. Y motivar cambios en la cultura ciudadana, sobre todo frente a la discriminación y las expresiones de racismo y clasismo que excluyen, sobre todo entre los sectores de la élite con mayores privilegios, ya que constituyen un “muro” aún más difícil de derrumbar que afecta la unidad.

Finalmente, como organización de la sociedad civil, señalaron que realizarán cuatro acciones: Difundir la visión de cohesión y promover la construcción de consensos y acuerdos políticos; impulsar cambios institucionales urgentes, como la recuperación del salario mínimo, el padrón único de beneficiarios y la contraloría social para garantizar acceso efectivo a los servicios de salud.

Promover el enfoque a prioridades, que son detonadoras y articuladoras, como el desarrollo infantil temprano, las opciones de segunda oportunidad para 11 millones de jóvenes entre 18 y 30 años que no han concluido la educación media superior, y el fomento al cooperativismo y la economía social, especialmente entre los pueblos indígenas.


Y por último, fortalecer la incidencia política de la sociedad civil y abrir espacios a la participación en las políticas públicas.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/472354/proponen-ong-acuerdo-nacional-nuevo-proyecto-nacion-sin-corrupcion

Acción Ciudadana: El peor muro está dentro de México. Son la desigualdad y la pobreza

Más de 60 organizaciones que conforman la Acción Ciudadana Frente a la Pobreza consideraron que, ante la pobreza y desigualdad que se vive en México, es poco probable que la “unidad nacional” a la que se está apelando el Gobierno federal logre combatir las políticas “agresivas” de Donald Trump. Propusieron una nueva visión de cohesión social para confrontar dicha desigualdad basada en cuatro propósitos con visión política, social, institucional y ciudadana. “El muro que más divide al país es la pobreza y desigualdad. Necesitamos derribarlos”, dijeron.

Un México con 12 millones de ciudadanos que concentran la mitad del ingreso mientras 108 millones sobreviven con la otra mitad “no puede tener unidad nacional” que combata a las políticas “agresivas” del Presidente de Estados Unidos, determinó Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“El muro que más divide al país es la pobreza y desigualdad. Necesitamos derribarlos”, dijo su director Rogelio Gómez Hermosillo.

Ante ello, las más de 60 organizaciones que la conforman llamaron a una nueva visión de cohesión social frente a la desigualdad basada en cuatro propósitos con visión política, social, institucional y ciudadana:

-Impulsar la inclusión económica y el trabajo digno para que las familias hoy excluidas mejoren su calidad de vida.
-Garantizar derechos económicos, sociales, culturales y ambientes.
-Instalar y desarrollar capacidades estatales para construir instituciones públicas efectivas y democráticas.
-Generar una nueva cultura de corresponsabilidad ciudadana basada en valores contra la corrupción y el clientelismo.

Los objetivos se basarán en cuatro visiones; política, social, institucional y ciudadana:

-Construir consensos políticos plurales para impulsar cambios institucionales y articular crecimiento económico con derechos sociales.
– Elevar el nivel de debate público, sobre todo entre políticos y candidatos.
-Revisar los más de 6 mil programas clientelares y la efectividad de instituciones.

-Motivar cambios en la cultura ciudadana sobre todo frente a la discriminación y racismo.

Las organizaciones además se comprometen a seguir impulsando la recuperación gradual del salario mínimo, establecer un padrón único de beneficiarios de programas sociales y crear una Contraloría social sobre los servicios de salud.

La pobreza, expusieron, debilita la economía al reducir el mercado interno, la democracia al favorecer el clientelismo, mina la estabilidad al excluir el desarrollo a regiones enteras y es el caldo de cultivo del crimen y la violencia.

“La pobreza es hoy la misma que hace 25 años: 53 por ciento de la población (64 millones) como en 1992 (de hecho, 11 millones más)”, destacó Alberto Saviñón, de Centro Lindavista.


“No tenemos rumbo frente a la pobreza y desigualdad ni estrategia de largo plazo”, criticó.

La visión de cohesión social, dijo José M. Domínguez de Comunicación Cristiana de Bienes, “sube la vara para exigir a los políticos y gobernantes”.

En los tres estados con mayor pobreza solo el 20 por ciento tiene seguridad social frente al 58 por ciento en las tres entidades con mayor desarrollo, afirmó Alberto Serdán de Ruta Cívica.

En conclusión, determinaron, las amenazas externas son reales y las dificultades económicas ya están presentes con efectos nocivos. El riesgo de empobrecimiento es mayor.

“Podemos evitarlo. El país tiene recursos y capacidades. Erradicar la pobreza crónica y su herencia debe ser parte de cualquier proyecto de futuro para la nación. Y hoy es urgente”, destacaron.

También es necesario romper los privilegios.


“La nación vive tiempos de indignación, de ira, de dolor. Estamos a tiempo de trasformar eso en acción, coraje y esperanza”, finalizaron.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: DULCE OLVERA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-01-2017/3142189

Súbale, súbale: el Corruptour inicia su ruta en la CDMX para exhibir a políticos y empresarios

Este domingo 29 de enero el Corruptour ofreció su primer recorrido en la CDMX en 10 lugares emblemáticos de la corrupción.

A partir del próximo domingo 5 de febrero la Ciudad de México (CDMX) contará con un nuevo atractivo: el Corruptour, un paseo “turístico” en un viejo autobús escolar descapotable, donde los pasajeros recorrerán 10 puntos de la capital que son emblema de los peores escándalos de la corrupción en México.

Es un recorrido totalmente opuesto a los lugares recreativos que autobuses escolares o turísticos suelen visitar, pero que en este caso están unidos por un mismo tema: la corrupción.


“Es una decidida apuesta para que no nos metan el miedo de que ni siquiera de temas de corrupción podemos hablar y discutir en sociedad”, dijo Miguel Pulido, uno de los organizadores del Corruptour, iniciativa ciudadana que nació en 2016 en Monterrey, Nuevo León, y que en el caso de la CDMX se encuentra respaldada por Claudio X. González, Emilio Álvarez Icaza y María Elena Morera, entre muchos otros ciudadanos.

Ayer domingo el Corruptour dio su primer recorrido en la CDMX. Lo hizo con invitados especiales y representantes de la prensa, quienes antes de subirse al autobús tuvieron un picnic en el bosque de Chapultepec.

Los 10 puntos emblemáticos programados para el recorrido fueron: La casa blanca del presidente Enrique Peña Nieto, la Estela de Luz, el edificio del IMSS, Reforma 222 (sede de las oficinas de OHL), el antimonumento a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación, la estación del Metro Balderas, la sede de la PGJDF, Televisa Chapultepec y el Senado de la República.


Sobre el primer punto a visitar (la casa blanca) los organizadores hicieron un cambio de último momento, por lo que sólo se habló del caso pero no se visitó el lugar por cuestiones de “tráfico” y “tiempo”.

Positivo y negativo

Además de visitar los puntos emblemáticos escogidos, el Corruptour ofrece información histórica de los inmuebles visitados y una breve reseña de los actos de corrupción allí cometidos. Todo a través de la voz grabada de dos personajes ficticios de la CDMX: Positivo y negativo.


Ambos personajes representan el sentir del pueblo mexicano. Lo hacen de una forma cómica y amena, pero siempre respaldados de datos duros e investigaciones oficiales.

Comentan por ejemplo como los costos para construir la Estela de Luz, una obra que “no sirve para mucho” y parece “galleta suavicrema”,  se triplicaron; mientras que cuando pasan por el edificio del IMSS hablan de los millones de pesos que se pierden por la corrupción existente en la compra de medicamentos, lo que provocó que la OCDE, en enero del 2012, señalara que sin corrupción dicho Instituto ahorraría 36% de su gasto en ese rubro.

“Que el tema de la corrupción sea dramático, duro y severo, no implica que no tengamos la libertad de abordarlo de una manera más amena y divertida”, aseguró Miguel Pulido.

“No más corrupción”


Durante el recorrido los voluntarios y organizadores del tour no sólo fungen como anfitriones o guías, tras cada punto recorrido se convierten en incitadores del dialogo y la reflexión entre pasajeros, transeúntes y automovilistas que observan con asombro el pintoresco autobús escolar descapotable pintado de café y letras naranjas estilo gore.

¿A cuántos de ustedes un niño o sus hijos les han preguntado qué es la corrupción…y cuántos de ustedes respondieron sin que se les hiciera un nudo en el estómago?, pregunta el guía del grupo a los pasajeros a quienes se les invita a hablar en voz alta del tema para interactuar con el resto de los acompañantes.


Para los transeúntes y automovilistas también hay preguntas. Al igual que los pasajeros responden y no hay ninguno que contradiga que la corrupción es uno de los peores males que aquejan a México. Cuando eso sucede todos los participantes gritan en una sola voz: “No más corrupción, no más corrupción”.

El último punto del recorrido es la sede del Senado de la República, ubicada en las avenidas Reforma e Insurgentes. Se trata de un lugar estratégico no sólo porque el costo de la sede legislativa se duplicó en su momento, sino porque es allí donde los pasajeros más interactúan y reflexionan sobre esta iniciativa, cuyo objetivo es explorar posibles soluciones para evitar y denunciar los actos de corrupción cometidos por la clase política y empresarial del país.


Por lo pronto a partir del próximo domingo 5 de febrero y durante los próximos dos meses el Corruptour ofrecerá dos recorridos gratuitos abiertos al público, que iniciarán frente al Museo de Antropología a las 15:00 y 17:00 horas.

PÁGINA DEL CORRUPTOUR: http://corruptour.mx/
CUANTA EN TWITTER: https://twitter.com/Corruptour


FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2017/01/subale-subale-corruptour-inicia-ruta-la-cdmx-exhibir-politicos-empresarios/

domingo, 22 de enero de 2017

Quiebre social y solidaridad

Hace años, cuando ocurrió el huracán Katrina, Nueva Orleans se convirtió durante un tiempo en un espacio salvaje, con saqueos, violaciones y asesinatos. Slavoj Zizek, un filósofo esloveno, reflexionó sobre lo que pasa cuando en el preciso lugar donde uno esperaría un impulso de solidaridad frente a una catástrofe semejante, lo que estalla es el egoísmo más despiadado. Para Zizek el huracán sirvió de “revelador social” de la “naturaleza” del capitalismo en su forma más pura: la afirmación despiadada del yo dentro de la lógica de la competencia individualista. Esto muestra una “naturaleza” humana mucho más amenazante y violenta que todos los desastres naturales juntos. Zizek señaló que por eso es mayor el miedo al ver desintegrarse nuestro tejido social que el que causa un accidente natural.

Tiene razón Zizek: la fragilidad del orden social produce pavor. Y eso es lo que la prensa nos transmite cada día. Hace rato que en México se ha introducido la noción del “desgarramiento del tejido social” en el discurso político. Los desgarros que venimos arrastrando, y que cada día se agudizan y complican más, son exhibidos en la prensa; y las interpretaciones sobre la causa de este quiebre de la socialidad van desde señalar la violencia económica hasta la física: marginalidad, desempleo, corrupción, narcotráfico, impunidad, etcétera. Estas particularidades, elementos indudables de la transformación de la modernidad en el capitalismo tardío, ocurren en todo el mundo. Por eso Gilles Lipovetsky habla de una “mutación sociológica global” que tiene dos características: una negativa –el proceso de personalización remite a la fractura de la socialización– y una positiva –la elaboración de una sociedad flexible basada en la información y en la estimulación de las necesidades personales, el sexo y la imagen, que implica el surgimiento simultáneo de un modo de socialización y uno de individualización.

¿Cómo interpretar los recientes saqueos y protestas por el gasolinazo? Como protesta por un quiebre institucional que cada día se nota más y que da pavor. Pero la política no existe sólo ahí afuera, en la forma de autoridades y burocracias, sino que, como señala Bourdieu, también vive “aquí dentro”, indeleblemente grabada en todos nosotros a través de lo que construimos cognitivamente como el mundo social. Nuestra comprensión de “la realidad” está marcada por el lugar social donde nacemos y accedemos a los dictados del poder mucho antes de comprometernos conscientemente con cualquier acto político. La adhesión al orden existente opera no sólo a través de las ideas y las convicciones ideológicas, sino fundamentalmente de la “naturalización” del mundo social, de su inscripción en los cuerpos y los objetos a través del acuerdo callado e invisible entre las estructuras sociales y las estructuras mentales. Los seres humanos respondemos a las formas predominantes en la vida social, que en la actualidad son el individualismo y el narcisismo, y los rasgos universales de la experiencia humana son moldeados por las particularidades de nuestra cultura. Sin embargo el fenómeno del “desgarramiento del tejido social” está cada vez más difundido, al igual que está muy en boga un discurso individualista, que promueve el interés personal. Aunque el discurso democrático pretende establecer condiciones que hacen posible la lucha contra los diferentes tipos de desigualdad, la mayoría de las personas, sin esperanzas de mejorar su vida en ninguna de las formas que verdaderamente importan, cree que hay que vivir sólo el momento y que lo importante es su mejoría personal.

¿Qué serviría para recomponer el tejido social, para detener los quiebres y desgarres? Tal vez otra pregunta puede ofrecer una pista: ¿qué le da sentido a nuestras vidas? Creo que a todos los seres humanos les dan sentido las relaciones con los demás, aunque éstas se reduzcan al pequeño grupo familiar, a la tribu, al grupo religioso o político. Pero para mantener un lazo social fuerte se requiere la conexión con los otros, los diferentes, los que no son parte de “nuestro” grupo. Pero establecer conexión con “los otros” habla de la capacidad de vincularse, de sentir empatía.

Hay varios estudios que hablan de que las personas que no sienten vergüenza no tienen capacidad de empatía ni se conectan con los demás, ni fortalecen el sentido de vinculación social que tiene la condición humana; desgarran el lazo social, rompen el tejido social. La relación entre la vergüenza y la empatía es la base de la solidaridad. Creo que fue Marx quien dijo que la vergüenza es el primer sentimiento revolucionario. Pero tal parece que los funcionarios no tienen esa vergüenza, vergüenza de cómo vive la mayoría de nuestros compatriotas, del ridículo aumento al salario mínimo de los trabajadores, de la situación de los desempleados, de la vida de las empleadas del hogar, en fin, de todo el horror que ritualmente se denuncia en los medios.

Sin embargo, un rayito de esperanza es la insólita y agradecible decisión del INE de renunciar a construir sus nuevas instalaciones y así devolver mil millones para el gasto social. Ese es el impulso de solidaridad frente a una catástrofe del que hablaba Zizek. Ojalá y esté sentando un precedente que muchas más instituciones sigan.





Fuente: Proceso
Autora: Marta Lamas
http://www.proceso.com.mx/470791/quiebre-social-solidaridad

sábado, 21 de enero de 2017

Llaman a "rescatar a México" en asamblea de las resistencias

Con un llamado a "rescatar a México", inició la primera Asamblea Nacional de las Resistencias Ciudadanas y Sociales en el Monumento a la Revolución donde se elaborará un plan de acción que impulsarán diversas organizaciones.

jueves, 19 de enero de 2017

Compren sólo nacional, digan NO a Trump: Más de 30 grupos civiles; “el Gobierno está inmóvil”, dicen

Alrededor de 30 organizaciones hicieron un llamado a los mexicanos para implementar diversas medidas que ayuden a contrarrestar los embates del Presidente electo de Estados Unidos Donald Trump contra México. Hicieron diversas recomendaciones que, dijeron, no sólo ayudarían a fortalecer la economía del país, además mejorarían la salud de las personas. Recomendaron consumir productos nacionales; comprar en tianguis y mercados; organizarse con vecinos y compañeros de trabajo para hacer minicooperativas; así como castigar con el poder de compra a las empresas que favorezcan las políticas anticomerciales del Gobierno de Trump.

Ante las amenazas comerciales hacia México por parte de Donald Trump, Presidente electo de Estados Unidos, la Alianza por la Salud Alimentaria presentó el manifiesto ¡Consumidores al Grito de Guerra!. En el documento más de 30 organizaciones de la sociedad civil subrayan la necesidad de que los mexicanos ejerzan su poder al comprar alimentos para así fortalecer la economía nacional y local, y al mismo tiempo velar por la salud de la población.
“Los pronunciamientos y amenazas del Presidente electo de los Estados Unidos son irracionales e inadmisibles, pero deben generar una respuesta racional para dar un giro radical al modelo de desarrollo nacional y recuperar la soberanía y la salud alimentarias, fortaleciendo los procesos agroecológicos y la protección de nuestras semillas frente a los transgénicos”, señala el manifiesto.
En conferencia de prensa en la capital mexicana, la Alianza hizo un llamado a la acción ciudadana y presentó distintas propuestas específicas para los consumidores, el Gobierno y la industria, con la finalidad de fortalecer la economía interna, además de promover una alimentación saludable.

“Tiene que ver con un poder que tenemos todos como consumidores. […] El poder de decisión puede doblegar a Trump” aseguró Alejandro Calvillo, de El Poder del Consumidor (EPC). El activista alertó, además, que “hay un Gobierno [mexicano] inmóvil, frente a una gran amenaza”.


Los activistas hicieron una serie de recomendaciones al Gobierno de Enrique Peña Nieto, que comienza con un aumento al salario mínimo. Asimismo, exigieron que se garantice a la población mexicana su derecho a saber de dónde vienen los productos en general y los alimentos en lo particular, y de qué están hechos.

También pidieron que se establezca que las compras gubernamentales sean de productores nacionales siempre que exista una oferta de los mismos: urgieron a que todas las compras de alimentos para los comedores populares de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), desayunos escolares del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), hospitales, cuarteles e instalaciones de Gobierno se hagan a productores locales y regionales.

La Alianza planteó que se inicie un programa de mercados locales y regionales en todas las ciudades del país, bajo esquemas de comercio justo para fortalecer la economía campesina.  Y propuso que se excluyan los cultivos básicos y estratégicos del Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN).


El documento exige que  se apoye a las pequeñas y medianas empresas que ofertan alimentos saludables y frescos, ya que con ello se aumentaría la disponibilidad de opciones para reactivar el campo y la producción de comida nacional.

La última exigencia hacia las autoridades es que se revierta el incremento de los precios y la liberalización de las gasolinas y se aumente la refinación en Petróleos Mexicanos (Pemex) al 100 por ciento de la capacidad instalada.

Estas recomendaciones de consumo, dijeron los activistas, además de favorecer a la economía nacional, ayudaría a mejorar la salud de los mexicanos.
“El sistema de alimentación mexicana nos está matando”, dijo Diego de la Mora, de Fundar, Centro de Análisis, en alusión a las alarmantes cifras de obesidad, diabetes y sobrepeso que existen actualmente en todo México.

Datos de la Encuesta Nacional de Salud (Ensanut) de 2016 que revelan que el 36.9 por ciento de los adolescentes en México viven con sobrepeso u obesidad, y la cifra llega a 72.5 por ciento en la edad adulta.

Ante este panorama, las organizaciones hicieron un llamado a los mexicanos a:

  • Consumir productos elaborados en el país, no importados, como una primera medida, ya que -aseguran- con ello se fortalece la economía local.
  • Comprar productos preferentemente en mercados y tianguis, donde hay mayor cercanía con los productores locales y con pequeños comercios y empresas, con lo que se contribuye a la generación de empleo.
  • Adquirir alimentos saludables y frescos. De preferencia con pequeños productores, de esta forma, señalaron los activistas, se fortalece la economía mexicana y al mismo tiempo se protege la salud.
  • Castigar con el poder y decisión de compra a las empresas que favorezcan las políticas del Gobierno de Trump.
  • Organizar con vecinos y compañeros de trabajo minicooperativas de consumo para hacer compras de productos saludables y nacionales para a baratar costos y crear consciencia.


Las amenazas del magnate neoyorquino, señaló en su oportunidad, Mercedes López, de la organización mexicana Vía Orgánica, “pueden convertirse en una oportunidad para volver la mirada hacia adentro y exigir al Gobierno que establezca políticas públicas de apoyo al campo, que fomente las siembras agroecológicas que permitirán brindar alimentos sanos y bajo esquemas de precio justo, mejorando la salud de la población y la economía campesina que ha sido muy golpeada”.
Marcos Arana, del Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos (CCESC), aseguró que los mexicanos “habíamos llegado a una zona de confort de resolver nuestros problemas con el comercio de EU [por ello] es momento de ver hacia nuestro país. México debe recuperar la soberanía alimentaria que será posible con las decisiones de consumo”.

Por su parte, Luis M. Encarnación, de la coalición Contrapeso, planteó que se necesita “real compromiso” del sector social para encaminar el desarrollo social y detener las cifras de obesidad, diabetes y sobrepeso.

Finalmente, las organizaciones urgieron a la industria mexicana a comprometerse a establecer una política de compra de insumos preferentemente nacional; y a las cadenas de supermercados, a que hagan pública una política de compras de productos nacionales y expongan claramente la procedencia de los alimentos frescos y de todos aquellos que no contengan esta información en sus etiquetas.

Víctor Suárez, de la Asociación Productores del Campo, señaló que actualmente México importa el 42 por ciento de los alimentos que la población consume, y los principales productos que importa de Estados Unidos y se pueden producir en México, son: maíz, trigo, arroz y sorgo. Además, señaló que desde EU llegan hortalizas y frutas congeladas; así como carnes de distintos tipos.

Suárez destacó que México importa del país vecino cerca de 12 millones de toneladas de maíz al año, orientadas a consumo humano, pecuario e industrial.


“México tiene la capacidad de incrementar la producción de estos alimentos para sustituir las importaciones provenientes de Estados Unidos en un periodo de tres años”, pero aclaró que no deben cerrarse totalmente las importaciones. “Es la oportunidad de defender no sólo la dignidad de la nación, sino también de reorientar un modelo fracasado de más de 25 años que le ha dado la espalda a los productores, a la producción nacional y a los consumidores”, concluyó.

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-01-2017/3137658

martes, 17 de enero de 2017

Grupos sociales, campesinos y sindicales urgen reemplazar TLCAN por acuerdo de cooperación

CIUDAD DE MÉXICO: Organizaciones sociales, sindicales y campesinas de México, Estados Unidos y Canadá han denunciado y luchado contra el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) desde su entrada en vigor, hace poco más de 22 años.

A tres días de la toma de posesión de Donald Trump como el presidente número 45 de Estados Unidos, reiteran su postura: repudian al TLCAN y urgen a reemplazarlo por un acuerdo de cooperación. Pero no sólo eso, también “rechazan los términos xenófobos y nacionalistas” con los que Trump pretende renegociar –o eliminar- el acuerdo de libre comercio, como lo prometió en repetidas ocasiones durante su campaña.

“No vamos a defender lo indefendible”, plantea Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) e integrante de la Nueva Central de Trabajadores.

“Si se trata de negociar de rodillas, entonces no… Es mejor que no haya tratado, a tener un tratado peor que el actual”. De cualquier modo, es importante que el proceso de negociación sea transparente y abierto a la ciudadanía, asevera.

Beneficios corporativos

Cuando se negoció el TLCAN, a inicios de los años 90, la pregunta que imperó en Estados Unidos, México y Canadá era: “¿Qué país va a ganar con el libre comercio?”, recuerda De la Cueva.

El activista opina que esta pregunta estuvo mal planteada, ya que tanto los ganadores como los perdedores emergieron dentro de los propios países: los trabajadores perdieron y las grandes corporaciones se enriquecieron.

En un comunicado presentado hoy en México, Estados Unidos y Canadá, organizaciones de los tres países reiteraron que el TLCAN es “una expansión del poder corporativo a costa del pueblo y del planeta”, que provocó en los últimos 22 años “un aumento en la desigualdad, el empobrecimiento de la gran mayoría de la población, la pérdida de empleo, la inseguridad laboral, la degradación ambiental, el deterioro de la cohesión social y el aumento de la violencia”.

Desde hace más de dos décadas, las organizaciones denuncian con virulencia el sistema de arbitraje internacional que rige los acuerdos de libre comercio, el cual permite que las empresas demanden a los Estados –y, en extensión, a sus leyes—en tribunales “con jurisdicción extraterritorial”.

Cooperación

Víctor Suárez, representante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), subraya la necesidad de cambiar el TLCAN por un tratado de cooperación de América del Norte, que se enfocaría en el derecho al desarrollo, el respecto a los derechos humanos –entre ellos a la alimentación– y a la soberanía nacional, y establecería regulaciones al poder corporativo.

El líder social exige que el sector agroalimentario quede excluido de “todo tratado de liberalización comercial”, pues según él, el TLCAN eliminó la fuente de trabajo de miles de campesinos mexicanos –seis millones tuvieron que emigrar a Estados Unidos–, la cual destruyó la cohesión social, incrementó la desigualdad y la pobreza y abrió a la delincuencia las puertas del campo.

“Es falso que a la agricultura mexicana le ha ido bien con el TLCAN. En 22 años de TLCAN, sólo hubo tres años de superávit comercial en materia agrícola con Estados Unidos, durante los 19 restantes hubo déficit”.

Tal acuerdo de cooperación, abunda, tendrá que contemplar un acuerdo migratorio y otro sobre derechos salariales, y no dejar de lado la dimensión ambiental.

“Cualquier negociación debe dar lugar a acuerdos que refuercen la capacidad de los gobiernos para proteger los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y laborales, incluyendo aquellos de los migrantes”, plantean las organizaciones.

La amenaza no es Trump

“La amenaza para México no es Trump, es la política económica de México”, sostiene Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).

Según él, los sucesivos gobiernos mexicanos han buscado atraer la inversión extranjera a costa de los derechos de los trabajadores nacionales.

Un ejemplo es característico, según él: la cancelación de la planta de producción de Ford en San Luis Potosí, que el gigante automotriz anunció sorpresivamente hace dos semanas.

El gobierno de San Luis Potosí y el gobierno municipal habían ofrecido un “paquete de facilidades” a la empresa, mismo que Proceso detalló en la edición 2098, que se encuentra en circulación esta semana: compraron el terreno, lo estaban remodelando y equipando con infraestructura; se comprometieron a hacerse cargo de todos los trámites y ofrecieron a Ford no pagar ningún impuesto en los primeros 10 años de operación.

Es más: de acuerdo con De la Cueva, “Ford ni siquiera había invertido y ya existía un contrato colectivo firmado con la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM)”, que aseguraba a la empresa cierta tranquilidad laboral y la garantía de pagar salarios bajos.


Tales “paquetes de facilidades” a las empresas transnacionales llevan a los trabajadores de Estados Unidos a quejarse de la “competencia desleal” de México, asegura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MATHIEU TOURLIERE.
LINK: http://www.proceso.com.mx/470461/grupos-sociales-campesinos-sindicales-urgen-reemplazar-tlcan-acuerdo-cooperacion

miércoles, 11 de enero de 2017

ONGs: El Senado se encamina a aprobar Ley de Seguridad Interior contraria a los DDHH

La Ley de seguridad interior sería una amenaza para el respeto de los derechos humanos e incumpliría con los tratados internacionales al no estar bien definidos los conceptos de seguridad nacional y seguridad pública.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (CentroProDH) publicó una misiva en donde organizaciones sociales y especialistas manifestaron su preocupación por la posible imposición de una Ley de Seguridad Interior que violente los derechos humanos.

El día de hoy, en una reunión con representantes del Ejecutivo y de ambas cámaras, el Senado de la República comenzó formalmente los trabajos para la discusión de una eventual Ley de Seguridad Interior, cuyo concepto y marco jurídico aún no están bien definidos y propician la confusión, señalaron las organizaciones.

“Vale la pena recordar de nuevo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló, ya desde su informe temático de 2009, que el concepto de seguridad interior propicia la confusión entre seguridad nacional y seguridad pública, acarreando funestas consecuencias para los derechos humanos. Así lo expresó dicha Comisión, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que optó por ese marco jurídico.


Los firmantes denunciaron que tanto el PRI, como el PAN y el PRD, en apoyo con la representación del Ejecutivo coincidieron en señalar que aspiran a la aprobación de un marco jurídico que diseñe los supuestos para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir cuando se considere afectada la seguridad interior.

Sin embargo, alertaron del peligro de que este mayor protagonismo de las Fuerzas Armadas las en labores de seguridad pública, puede no traer consigo la aprobación de mecanismos, contrapesos y rendición de cuentas correspondientes.
“Esto es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército, en lo que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos denominó ‘impunidad institucional castrense'”, alertaron las organizaciones.

Además, acusaron que en las discusiones que dieron inicio hoy, no estuvieran representados todos los partidos y fueran expluidas las perspectivas críticas de los especialistas. Sólo se dio voz a “un jurista carente de especialidad en al ámbito de la seguridad que se limitó a replicar la visión oficial”, manifestaron.

Por tal motivo, las organizaciones exigieron que las próximas discusiones se realicen bajo un formato abierto e incluyan todas las perspectivas planteadas, abarcando aquellas que han señalado los riesgos de que una ley de seguridad interior atente contra los derechos humanos.

Los firmantes expresan que no debe normalizarse la participación de la Marina y el Ejército en el territorio, a pesar de que es “claro que las Fuerzas Armadas no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no detenta el monopolio legítimo de la violencia”.

“No por ello deben adoptarse falsas soluciones: no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan”.

Los defensores de derechos humanos llamaron a ampliar el debate antes de que se imponga de manera apresurada y opaca la Ley de Seguridad Interior, y que por el contrario, que ésta contemple el diseño de un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas que hoy realizan, acompañado de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad.


Entre los firmantes se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C.; el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria O.P. A.C.; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C.; Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. México Unido contra la Delincuencia; la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI A.C.; la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (RED TDT conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la república mexicana).

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-01-2017/3134944