ONG alertan que Ley de Seguridad Interior sería “amenaza al Estado de Derecho”

CIUDAD DE MÉXICO: Organizaciones sociales alertaron sobre la “amenaza a los derechos humanos y el Estado de Derecho”, que representa la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el Congreso de la Unión, que otorga el control a las Fuerzas Armadas.


A 10 años de iniciada la “guerra contra el narcotráfico”, apoyada en las Fuerzas Armadas, y tras el anuncio del inicio de trabajos entre representantes de ambas cámaras y del Ejecutivo, en un posicionamiento los activistas resaltaron que el Congreso de la Unión “no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución”.

Los firmantes recordaron que, luego de una década en la que la militarización ha sido la estrategia central en el ámbito de la seguridad, es evidente que “el país es hoy más violento” que antes de que se emprendiera la “guerra contra el narcotráfico”.

Al señalar que el debate iniciado excluye la perspectiva de derechos humanos, los firmantes del texto destacaron que la reglamentación que pretenden aprobar las fracciones del PRI, PAN y PRD “incumpliría” abiertamente la Constitución, en cuyo artículo 21 “establece que la seguridad pública estará a cargo de las autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció”.

Las organizaciones y especialistas se pronunciaron en contra de las “falsas soluciones” que puede significar dejar en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad del país, pues “no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal”.

Apuntaron que la medida es inadecuada “máxime cuando el propio secretario de la Defensa Nacional (Salvador Cienfuegos Zepeda) ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan”.

Los activistas y expertos que acompañan la comunicación resaltaron que el concepto de seguridad interior planteado por las fracciones mayoritarias en el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, es además opuesto a los tratados internacionales firmados por México.

Funestas consecuencias para DH

Incluso, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha referido a ese modelo adoptado en Venezuela que acarrea “funestas consecuencias para los derechos humanos”.

Ante las pretensiones de los representantes de los partidos y del Ejecutivo por aprobar “un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que consideren objeto de una afectación a la seguridad interior”, los firmantes advirtieron que un proyecto de esa naturaleza no sólo no incentivará el fortalecimiento de las policías civiles, sino que profundizará “el protagonismo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad nacional sin que se generen adecuados mecanismos de contrapesos y rendición de cuentas”.

Las organizaciones y especialistas recordaron que aprobar una legislación con estas características “es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército”.

Al señalar que si bien la militarización de la seguridad ha acarreado mayor violencia, los firmantes admitieron que las Fuerzas Armadas “no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no cuenta con el monopolio legítimo de la violencia”.

Los activistas destacaron que en la reunión realizada este martes no participaron las voces discordantes al proyecto de las fracciones mayoritarias y la representación de la Presidencia, mucho menos organizaciones civiles de derechos humanos.

Ante la posibilidad de aprobar una Ley de Seguridad Interior de “forma apresurada y opaca”, los firmantes exhortaron a incorporar “todas las perspectivas” y tomar en consideración la recomendación de la ONU de diseñar “un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad que hoy realizan, que se acompañe de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad”.

Insistieron en que implementar “una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década”.


Entre los firmantes del comunicado destaca la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, con 80 organizaciones afiliadas en 21 estados, así como el Instituto de Justicia Procesal Penal y México Unido contra la Delincuencia, en tanto que a título personal se sumaron Denise Dresser, Miguel Concha Malo y José Antonio Guevara, entre otros.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/469520/ongs-alertan-ley-seguridad-interior-amenaza-al-derecho

Firmar acuerdos sin contenido real no abona a construcción de soluciones: ONG

La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad demandó que el gobierno se comprometa a crear un sistema anticorrupción eficaz.

Las acciones en materia de corrupción e impunidad contenidas en el llamado “Acuerdo para el fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar”, firmado por el gobierno federal y el sector empresarial, son insuficientes, aseguró la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

“Firmar acuerdos ausentes de contenido real y acciones concretas, no abona a la construcción democrática de soluciones reales para los problemas apremiantes del país”, expresó la agrupación en un comunicado.

“La ausencia de una estrategia que vaya alineada al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y acciones concretas urgentes, tales como: a) La constitución apartidista del SNA; b) El nombramiento de un Fiscal Anticorrupción que cuente con una completa legitimidad, conocimientos y capacidades técnicas para combatir la corrupción; c) La conformación de un Consejo Ciudadano comprometido y eficaz; d) El verdadero apoyo político de todos los órdenes de gobierno para los sistemas anticorrupción en las entidades federativas; e) La conformación de la plataforma nacional digital que concentrará la información relevante para el SNA”, abundó.

Asimismo, la organización demandó que el gobierno se comprometa a la creación de un sistema anticorrupción que sea eficaz y se convierta en la herramienta institucional para erradicar prebendas ilícitas.

El comunicado completo:

El día de hoy, 9 de enero de 2017, se firmó el “Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar” entre el Gobierno de la República y organizaciones empresariales, sindicales y de productores del campo.

El acuerdo carece de objetivos puntuales y método de evolución para medir el impacto de compromisos concretos de los actores que lo firmaron. Así mismo, tal como lo mencionó la COPARMEX Nacional el “acuerdo [es] improvisado, incompleto e insuficiente”.

En el texto firmado hay dos menciones sobre el combate a la corrupción y transparencia. En el apartado “preservar y fortalecer la cultura de la legalidad y el Estado de derecho” se señala: Se fortalecerá el Estado de Derecho para combatir la corrupción y aumentar la transparencia.

De acuerdo a las necesidades apremiantes para combatir la corrupción y la impunidad en México, el apartado citado resulta claramente insuficiente. La ausencia de una estrategia que vaya alineada al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y acciones concretas urgentes, tales como: a) La constitución apartidista del SNA; b) El nombramiento de un Fiscal Anticorrupción que cuente con una completa legitimidad, conocimientos y capacidades técnicas para combatir la corrupción; c) La conformación de un Consejo Ciudadano comprometido y eficaz; d) El verdadero apoyo político de todos los órdenes de gobierno para los sistemas anticorrupción en las entidades federativas; e) La conformación de la plataforma nacional digital que concentrará la información relevante para el SNA.

Desde Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, demandamos que desde el Gobierno de la República se refrende el compromiso de crear un Sistema Nacional Anticorrupción apartidista y eficaz que se convierta en la herramienta institucional para erradicar la corrupción de México.


Firmar acuerdos ausentes de contenido real y acciones concretas, no abona a la construcción democrática de soluciones reales para los problemas apremiantes del país.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0901/mexico/firmar-acuerdos-sin-contenido-real-no-abona-a-construccion-de-soluciones-ong/

El abuso de poder en México seguirá si la sociedad civil no audita al Estado, dice Buscaglia

Para el investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia, en el nuevo marco legal anticorrupción que se discute hace falta que se incluyan mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones. Sobre todo, en la nueva Fiscalía General, cuya autonomía deberá estar garantizada desde los procesos de postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su trabajo como titular del Ministerio Público: “Ninguna postulación que venga ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un mínimo de legitimidad para poder considerarla autónoma. Así de mal están las cosas…”, alertó en entrevista con SinEmbargo.

En el tránsito de México a la democracia, el combate a la corrupción fue finalmente colocado este 2016 el centro de la discusión política. El pasado 5 de junio, por ejemplo, de acuerdo con el análisis de los partidos, motivó el “voto de castigo” a los partidos en el poder en estados cuyos hoy ex mandatarios estaban acusados de este tipo de abusos, como Chihuahua, Veracruz o Quintana Roo, entre otros.

Fue también el año de publicación de la nueva Ley General del Sistema Nacional Anti-corrupción, que obliga la coordinación de al menos siete entidades en contra de estos delitos: la Auditoría Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción, la Secretaría de la Función Pública, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Instituto de Acceso a la Información Protección de Datos Personales, el Consejo de la Judicatura y un miembro del Comité de Participación Ciudadana.

Y fue, también, el año en el que al reclamo de las organizaciones de la sociedad civil le siguió la eliminación de un artículo que daría al cuestionado abogado priísta Raúl Cervantes Andrade, actual Procurador General de la República, pase automático para ser nombrado el próximo Fiscal de la nación.

Pero el camino hacia un efectivo combate al abuso de poder político es todavía largo para México, dice el académico e investigador de la Universidad de Columbia, Edgardo Buscaglia.

Hace falta que el nuevo marco legal anticorrupción que se discute incluya, dice, mecanismos de vigilancia ciudadana y técnica sobre las nuevas instituciones.

Sobre todo, insiste Buscaglia, sobre la nueva Fiscalía General, cuya autonomía no llegará por nomenclatura, sino que debe estar garantizada desde los procesos de postulación y selección de candidatos hasta el monitoreo de su trabajo como titular del Ministerio Público.

“Las democracias modernas, todas, tienen redes de auditores de sociedad civil que cubren al sistema Judicial; a jueces, fiscales, policías, donde auditan al sistema de administración de justicia penal”, dice Buscaglia en entrevista.

“En Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa capacidad de auditoría de la sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado, en el que no se regula la capacidad auditora de la sociedad civil. Eso tendría que estar proponiendo la sociedad civil mexicana ahora para el caso del Fiscal General: establecer una capacidad auditora de sociedad civil por ley, aprovechando esta reforma para auditar a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General”, agrega el también autor de títulos como Lavado de dinero y corrupción política: el arte de la delincuencia organizada y Vacíos de poder en México: el camino hacia la seguridad ciudadana, entre otros.

–En México se pospuso la discusión sobre el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es tu análisis de todo el proceso?

La experiencia internacional, que es la única que me da fundamentos para lo que recomiendo, es bastante clara: en países donde las instituciones del Estado adolecen de niveles de confianza paupérrimos, como es el caso de México, o como era el caso de Guatemala o el de Colombia o el de Italia, lo que tienes es que se necesitan instituciones adecuadas para que los fiscales sean, primero, autónomos en la práctica y no solamente en el texto de la Constitución, e instituciones mucho mas fuertes que las que uno observa en países con una tradición de Estado de Derecho y de democracia, como Francia, Alemania o de Estados Unidos, que no necesitan instituciones tan restrictivas para el nombramiento de sus fiscales generales.

En el caso de países donde han sido ampliamente penetradas sus instituciones del Estado, como es el caso de México, lo que necesitas es separar el mecanismo. Una de las características de los casos de éxito es separar el nombramiento y la nominación, la postulación del Fiscal general, separar los candidatos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

–¿Quién lo nombraría?

Tendrías que tener una comisión de postulación, de tres o cuatro candidaturas que después se lleven al Senado, y que esa comisión no esté formada por representantes del Estado, sino que deben ser dos o tres representantes de asociaciones de víctimas, dos decanos de Derecho, un presidente de la barra de abogadas, pero que tuviera dientes, no como en México, que no tienen ningún tipo de control de calidad sobre la calidad de sus abogados; pero en los países donde sí existe una barra de abogados fuerte, como Argentina, ahí tiene mucha influencia en la selección de postulaciones. ¿A qué me refiero? A las listas iniciales de candidatos, que tiene que estar elevada por una comisión constitucional de postulación, que revisen tres o cuatro candidaturas. Y una vez que estas tres candidaturas se elevan al Senado, se tienen que sujetar a lo que indique la Ley Orgánica de la Fiscalía General, en cuanto a los requisitos de los candidatos, que tienen que ser abogados, sin antecedentes penales, con ciertas características. Y luego el Congreso en pleno tiene que evaluar a estos tres candidatos, no sólo el Senado, aunque después las dos terceras partes del Senado sean las que tienen que votar. Es decir, que se le tiene que dar también una capacidad a la Cámara de Diputados para que puedan emitir juicios sobre las precandidaturas, pero no pueden empezar a incorporar amigos o a “carnales”, como le dicen en México, o a otros candidatos que envíe el Presidente o que envíe el Senado. Entonces sí, ahí sí, si quiere Cervantes someterse a la postulación de esa comisión de sociedad civil, que vaya y que le den una oportunidad. Pero tendría que pasar por ahí.

Ninguna postulación que venga ni del Poder Ejecutivo ni del Legislativo va a tener un mínimo de legitimidad para poder considerarla autónoma. Así de mal están las cosas y así de mal estaban las cosas en Italia, en Colombia y en Guatemala.

Entonces, hay que separar la postulación, hay que eliminar ese ‘pecado original’ del postulado, que es el quién te postula. Ya el hecho de que te postule alguien de los partidos, ya eso implica una mancha en la imagen y, por tanto, hay que eliminarlo.

–¿Qué detalles te han llamado la atención de la discusión?

Ante todo, la sociedad civil, felicidades. La sociedad civil, que al menos yo veo, se movió ante lo de Cervantes y forzó al Presidente a recular, y eso es bueno y hay que felicitar y acreditar esa reacción. No llevaron millones a las calles, como hicieron en Italia o como hacen en los países realmente democráticos, pero digamos que es mejor que nada.

Pero cuando veo las conferencias, no se animan a forzar estas mejores prácticas internacionales, como la que acabo de mencionar, que darían un rol a la sociedad civil a través de la comisión de postulación (del futuro Fiscal), técnica, que tiene que estar constitucionalmente establecida. Eso es lo que tendría que estar proponiendo la sociedad civil mexicana para que las postulaciones, los nombres, surjan de la sociedad.

Después de esto, olvídate por un minuto del Fiscal, tienes que tener una ley orgánica de agentes del ministerio público, que establezca un servicio civil de carrera totalmente autónomo, como el que establece la colombiana, un servicio civil de carrera fuerte, que reevalúe a todos los miembros de la PGR [Procuraduría General de la República] y de las fiscalías de los estados; que los someta a mecanismos de evaluación, de exámenes, nuevamente para ver quién puede pasar o no estos aspectos técnicos para que puedan seguir o no trabajando en las fiscalías o ministerios públicos, pero tiene que haber un servicio civil de carrera, con mecanismos de nombramiento, mecanismos disciplinarios.

En cuanto a éstos, la sociedad civil tiene que estar también involucrada a través de una comisión en la que no sean sólo inspectorías internas las que decidan si a alguien se le remueve como agente del ministerio público, sino que también tiene que haber una comisión auditora de sociedad civil, que a través de denuncias sociales o de víctimas se pueda evaluar los casos de agentes del ministerio público acusados de corrupción o de diferentes tipos de faltas. Ese tipo de mecanismos todavía no están propuestos en la Ley General Orgánica del Ministerio Público; por tanto, los requisitos de nombramiento y remoción a través de comisión de sociedad civil y de una inspectoría interna no están ni siquiera propuestos.

Edgardo Buscaglia explicó que este tipo de inspectorías internas deben realizar revisiones patrimoniales al azar. Sin embargo, alertó, que como en el caso de la Ley Tres de Tres, no basta con que se presenten las declaraciones patrimoniales, además aún se tienen que someter a auditorías esas declaraciones.

“Estas auditorías además tienen que estar financiadas autónomamente, no sujetas al nombramiento del Fiscal General. Las democracias modernas, todas, tienen este tipo de redes de auditores de sociedad civil que cubren al sistema judicial, a jueces, fiscales, policías, donde auditan al sistema de administración de justicia penal. En Alemania, en Estados Unidos se llama CourtWatch, y esa capacidad de auditoria de sociedad civil en México no existe; es un vacío de Estado, en el que no se regula la capacidad auditora de la sociedad civil”, agregó.

En el caso del futuro Fiscal General, consideró el investigador, la propuesta desde la ciudadanía debe proponer que se establezca “una capacidad auditora de sociedad civil por Ley, aprovechando esta reforma para auditar a los agentes del Ministerio Público y al Fiscal General”.

“Después tienes el tema de los órganos de control de la Fiscalía General por parte del Poder Legislativo. El control técnico de los órganos autónomos está ausente en el Legislativo, donde podría haber un proceso de comparecencias no anual, como sugirió un Senador, no: todos los meses, el Fiscal General tendría que comparecer ante una comisión técnica de control del Poder Legislativo, a la que le dé cuentas investigación por investigación para ver si cumplen con el orden jurídico vigente y con convenciones de Derechos Humanos”, precisó.

Buscaglia destacó que este tipo de comparecencias técnicas ya son implementadas en Francia, España y Estados unidos.

“Cada investigación del FBI hay una subcomisión del Congreso norteamericano que la evalúa a través de un plantel técnico de servicio civil de carrera que se llama el Congressional Research Service, que son empleados sujetos a un servicio civil de carrera, que están detrás de las comisiones de Congreso, para que cuando el director del FBI vaya mensualmente a comparecer ante la subcomisión –a puerta cerrada o abierta, dependiendo de la causa– el punto es que tiene que dar cuentas técnicamente hablando ante la subcomisión del Congreso. Claro, envía el reporte una semana antes para que los legisladores lo puedan evaluar con la ayuda técnica del plantel de servicio civil de carrera”, ejemplificó.

El académico puntualizó que este tipo de control técnico Legislativo es necesario en toda democracia, para que ésta pueda llamarse así. Alertó que es preciso que la evaluación debe ser legislara desde ahora para que se establezca dentro del marco jurídico para el nombramiento del Fiscal General.

Señaló que “los países que han tenido resultados positivos en sus nuevas fiscalía autónomas han tenido fiscales autónomos sometidos a una comparecencia técnica mensual, en la que cada investigación es evaluada por las subcomisiones del Congreso”.

“Eso es ciencia ficción en el congreso de México. Pero voy a poner un ejemplo: en Uruguay y en Colombia, la comisión del Congreso que se dedica a hacer comparecer al Fiscal le exige que, en cada investigación por delincuencia organizada o asociación ilícita, que presente cinco investigaciones paralelas para abarcar a toda la red criminal, sea caso de corrupción política o sea caso de delincuencia económica privada. Ahí te das cuenta por qué funciona; no porque se llama autónoma, sino porque el Congreso exige que esas cinco investigaciones también estén: la penal, financiera, patrimonial, tributaria y la investigación por extinción de dominio, que en México es otra simulación”, destacó.

Finalmente, el investigador consideró que “con ese monitoreo legislativo ya encuentras una presión para que la Fiscalía funcione. No por ser autónoma va a funcionar; no es una panacea la palabra “autónoma”, por más que el Fiscal sea nombrado autónomamente, tienes que asegurarte que el monitoreo sea técnico”.

Fuente: Sin Embargo

Autora: Sandra Rodríguez Nieto

http://www.sinembargo.mx/30-12-2016/3131109

Artistas y académicos exigen a Peña cese la violencia contra la CNTE

OAXACA, Oax: Una Reforma Educativa debe ser un pretexto para la discusión de ideas, “no un pretexto para reprimir y acabar con los opositores, mediante el uso desmedido de la fuerza pública y llenar las cárceles de inconformes”, cuestionaron artistas, académicos, periodistas y más de 80 organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, a través de una carta exigieron al presidente de la república Enrique Peña Nieto y al gobernador Gabino Cué Monteagudo “el cese de las incursiones policiacas a la entidad para reprimir a la población y al magisterio, así como la instalación inmediata de una mesa de diálogo incluyente y transparente con integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)”.

La carta firmada por el pintor Francisco Toledo, Dr. Lakra, Sabino Guisu, Tryno Maldonado y un centenar de escritores, promotores culturales y artistas condenaron la provocación y hostilidad por parte de las autoridades en las regiones del Istmo, Mixteca y Valles, que han dejado como saldo seis muertos, más de 94 heridos y 21 detenidos, así como múltiples disturbios.

La violencia desbordada este domingo, obligó a que la capital quedara semiparalizada al suspenderse labores en los tres niveles de gobierno, tanto en Ciudad Judicial como ciudad Administrativa y el Congreso del Estado. De igual forma se suspendió parcialmente el servicio de transporte.

Bajo estas circunstancias, que incluyen decenas de detenciones, agrega la carta, “consideramos urgente que el gobierno en sus tres niveles, abra un puente de diálogo, además de que se garantice la libertad de las y los detenidos”.

Consideran que “la incapacidad de establecer una interlocución como vía de solución de los conflictos ha provocado en nuestra entidad, constantes altercados entre profesores y policías, que este domingo en Nochixtlán, escaló hasta la muerte”.

Y urgen a establecer mesa de diálogo

A su vez, el Espacio Civil de Oaxaca integrado por 81 organizaciones, emitió una alerta humanitaria por el ataque armado perpetrado por el Estado contra la población civil.

“El día de hoy 19 de junio hemos sido testigos del actuar extremadamente violento del Estado mexicano al reprimir al magisterio y la sociedad organizada en resistencia en diversas zonas del estado de Oaxaca incluyendo el Istmo de Tehuantepec, Nochixtlán y la ciudad de Oaxaca”.

Denunciaron que como resultado del uso excesivo de la fuerza, han sido contabilizadas por lo menos seis personas fallecidas y decenas de personas heridas y detenidas. Hasta el momento no se conoce el paradero de las personas detenidas ni el número total de personas heridas y fallecidas. La atención médica no ha sido garantizada y la población civil ha tenido que generar puestos de atención emergente para atender a las personas heridas sin poder darse abasto.

Y advierten del temor de nuevas acciones violentas en la capital porque “hemos sido testigos de la llegada durante el día de hoy de cantidad de aviones de la Policía Federal y Gendarmería a la ciudad y la tensión se hace cada minuto más palpable”.

Explicaron que el estado de Oaxaca vive un contexto de violencia generalizada en el que la represión y criminalización del movimiento social y en particular de las maestras y maestros integrantes de la Sección 22 se ha ido agudizando de manera particularmente grave; ello, en el marco de su lucha contra la implementación de la reforma educativa.

Hasta hoy, organizaciones de la sociedad civil han contabilizado por lo menos 75 personas defensoras de derechos humanos en situación de prisión política y enumeraron:

En mayo 2013, la detención de cinco maestros de Oaxaca: Damián Gallardo Martínez, Lauro Atilano Grijalva Villalobos, Mario Olivera Osorio, Sara Altamirano Ramos y Leonel Manzano Sosa.

En 2015, las campañas mediáticas de difamación y criminalización contra el magisterio han ido en incremento permanente, ello junto con el proceso de desmantelamiento del IEEPO que se dio en el mes de julio, dejando de esta manera a miles de maestras y maestros en particular vulnerabilidad al no recibir sueldo.

En octubre 2015: la detención de Juan Carlos Orozco Matus, Othón Nazariega Segura, Efraín Picazo Pérez y Roberto Abel Jiménez García y la emisión de decenas de órdenes de aprehensión contra integrantes de la Sección 22.

En abril del 2016, fue detenido Aciel Sibaja Mendoza, secretario de Finanzas de la Sección 22.

En mayo del 2016, fue detenido Heriberto Magariño López, otro dirigente de la Sección 22.
Finalmente, el 11 de junio fue detenido Francisco Villalobos Ricardéz, Secretario de la Sección 22 y pocas horas después el día 12 de junio Rubén Núñez Ginez, Secretario General de la Sección 22.

Aclararon que las órdenes de aprehensión se emiten contra las y los maestros de mando intermedio quienes coordinan e impulsan el movimiento magisterial; buscando de esta manera desarticular el movimiento.

El carácter arbitrario de las detenciones y dirigido contra personas defensoras de derechos humanos, han sido reconocidos por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas.

De la misma manera, diversos relatores de las Naciones Unidas han emitido llamados urgentes a las autoridades mexicanas dando a conocer su preocupación por las violaciones a derechos humanos denunciadas en algunos de estos casos, en particular, las detenciones sin orden de aprehensión ni de cateo, el uso de tortura durante el periodo posterior a la detención arbitraria y otras violaciones a las garantías de las personas detenidas.

El uso de las detenciones, campañas de difamación y represión contra la Sección 22, “tiene el claro objetivo de mermar el movimiento magisterial, el que históricamente ha tenido un papel fundamental en el movimiento social oaxaqueño. Desarticular el movimiento magisterial impacta directamente en la labor que llevamos a cabo todas las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos en el estado y en el país”, puntualizó.

Finalmente, la organización civil solicitó que los organismos internacionales estén en alerta frente a la situación particularmente violenta que existe en este momento y se sumen a sus exigencias al gobierno federal y estatal como: el cese al ejercicio indebido y desproporcionado de la fuerza y represión contra el magisterio y población civil quienes ejercen su derecho a la libertad de expresión y libre manifestación.


Así como a la instalación inmediata de una mesa de diálogo con el magisterio oaxaqueña; la atención médica inmediata a todas las personas heridas como resultado de la acción violenta del Estado; cese a la criminalización del magisterio, la cancelación de las órdenes de aprehensión contra integrantes del magisterio y liberación inmediata de maestros ilegalmente detenidos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: PEDRO MATÍAS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/444579/artistas-academicos-exigen-a-pena-cese-a-la-violencia-contra-la-cnte

Cienfuegos llama a estrechar relaciones con la sociedad

MÉXICO, D.F: Con un pronunciamiento por estrechar la relación con la ciudadanía y que ésta conozca más a las fuerzas armadas, el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Gaytán, dio una serie de elementos sobre su apertura a la sociedad civil:

El titular de la Sedena aseguró que se debe discutir, analizar y debatir, “sin distraer la lealtad”, y consideró que esa relación debe darse en el ámbito académico.

En semanas recientes, la postura de Cienfuegos se ha caracterizado por la resistencia al escrutinio público, señaladamente de observación extranjera; en negativa total a abrir los cuarteles y a que el personal militar sea interrogado sin la presencia de mandos castrenses.

Hoy, al inaugurar el foro “Fuerza Aérea Mexicana en la defensa del Estado mexicano”, aseguró que las fuerzas armadas deben conocerse por la sociedad “más y mejor”, poniendo como ejemplo la actividad convocada por la Universidad Anáhuac.

Durante su mensaje, Cienfuegos Gaytán aseveró, como ha hecho desde el inicio de su encargo en diferentes oportunidades, que “las fuerzas armadas son uno de los soportes del progreso de México”.

Ante el secretario de Marina, Vidal Soberón Sanz; el gobernador mexiquense Eruviel Ávila, y autoridades de la mencionada casa de estudios, Cienfuegos hasta separó a las fuerzas armadas del gobierno:

“Juntos, sociedad, gobierno y fuerzas armadas estamos construyendo intercambios de ideas”, expresó en específico sobre la realización del foro.


Según el titular de Sedena, la Universidad Anáhuac realiza por tercer año consecutivo el mencionado foro. La casa de estudios –que pertenece a la orden católica de los Legionarios de Cristo– tiene estudios superiores para personal militar y un programa de becas para hijos de militares, cuyos egresados fueron destacados por el mando castrense.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA.

Violencia armada en México deja 80 mil muertos en cinco años: ONG

Cancún. En México, la violencia armada ha causado más de 80 mil muertes en los últimos cinco años, advirtieron organizaciones de la sociedad civil que participan en la Primera Conferencia de los Estados Parte del Tratado sobre Comercio de Armas (TCA por sus siglas en inglés) tras demandar al gobierno federal a proporcionar todos los datos del usuario final a los exportadores, "con lo que podrían impedir que las armas y municiones importadas legalmente se desvíen a las manos de los criminales".

Paulina Arriaga, de Desarma México, dijo que "en los últimos nueve años, las fuerzas policiales mexicanas han informado de más de 17 mil armas de fuego que han sido reportadas como perdidas o robadas. Se trata de armas de fuego que entraron al país de manera legal, y ahora nadie sabe dónde están, por no hablar de la forma en que se están utilizando".

A su vez Sara San Martín, del Centro de Estudios Ecuménicos dijo que "en México, la proliferación de armas pequeñas y armas ligeras ha tenido consecuencias devastadoras y cobrado miles de vidas en los últimos años. Una mayor transparencia en la presentación de informes en el momento en armas y municiones que son importados, ayudará al gobierno a hacer un mejor seguimiento de los mismos, evitando que se desvíe y caiga en las manos equivocadas, con consecuencias terribles".

Al continuar los trabajos de esta primera conferencia, los representantes de 121 países pretenden alcanzar acuerdos que aseguren un proceso eficaz de toma de decisiones por mayoría para todos los asuntos de procedimientos, de fondo y relativos a cuestiones económicas, sin que haya mecanismos de aplazamiento.

Garantizar la presentación de información completa, periódica y transparente que permita alcanzar la norma más alta posible, no el mínimo común denominador. Asegurar que las organizaciones no gubernamentales que trabajan para asegurar la efectiva ejecución del TCA puedan participar plenamente en calidad de observadoras.

Establecer un Secretariado del TCA activo e independiente, dotado de recursos suficientes que permitan apoyar eficientemente el TCA, y que se nombre a su personal sobre la base del mérito y aplicar de manera consistente y sólida las disposiciones del TCA para evitar el sufrimiento humano causado por las transferencias irresponsables de armas.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: CIRO PÉREZ SILVA.

La sociedad civil saca de su búnker al gobierno mexicano: The Economist

MÉXICO, D.F: La participación de la sociedad civil en México, que cada día se acrecienta más, ha logrado sacar al gobierno de su búnker, afirma la revista británica The Economist en un artículo publicado este viernes.

Los métodos de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), subraya, incluyen campañas de “nombrar y avergonzar”, que corren bien en los medios sociales, y en los últimos meses, después de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y tras las acusaciones generalizadas de corrupción, sus acciones han sido destacadas.

Convencieron al gobierno de Enrique Peña Nieto a ir más allá de lo que originalmente quería en una reforma anticorrupción, apunta la revista, y resalta una declaración del panista Fernando Rodríguez Doval, uno de los redactores de la ley: “Yo iría tan lejos como para decir que, sin ellos, esta reforma no habría ocurrido”. La publicación no recupera las posiciones que minimizan tal logro.

Lo que si resalta The Economist, es que en México hay ahora ONG más especializadas (tecnócratas, las llama) y otras VIP con ligas fuertes con el gobierno. Pero también están los grupos civiles que han metido presión en las calles a temas como el de los 43 estudiantes desaparecidos, los conflictos de interés y la corrupción, destaca.

Estas ONG, sostiene, tienen hoy una voz, aunque dependen de los medios (prensa y redes sociales) para difundirla con éxito. Pero han logrado, como sucedió con las protestas en las calles contra Enrique Peña Nieto por la muerte de los 43 estudiantes y por el papel de su esposa Angélica Rivera en un potencial escándalo de conflicto de intereses, sacar al gobierno de su búnker.

La publicación resalta el caso de Viridiana Ríos, una activista de 32 años de edad que se crió en los suburbios pobres de la Ciudad de México, pero no es de izquierdas. Se educó en Harvard y utiliza el análisis, estadísticas y campañas en medios sociales a favor de un gobierno limpio.

“En lugar de adoptar las tácticas de los agitadores entusiastas de la calle, es parte de un movimiento de ‘expertos’ de la sociedad civil que está adquiriendo gran influencia en México. Sus armas son hechos y argumentos sólidos. ‘Somos la tecnocracia de la sociedad civil’, dice ella”.

En abril, grupos sociales presionaron con éxito para abrir el acceso a la información gubernamental y también lanzaron un “observatorio civil” para supervisar la construcción de un nuevo aeropuerto cerca de la Ciudad de México, dice la publicación inglesa.

El gobierno asegura que tendrá un costo de 169 mil millones de pesos (11 millones de dólares), pero no ha dicho dónde está el dinero y de dónde vendrá. “Y una organización, Mexicanos Primero, encabezada por un miembro de una familia industrial prominente, está tomando acciones legales para obligar a la Secretaría de Gobernación a no ceder a los profesores radicales que se oponen a una reforma de la educación”.

The Economist sostiene que los métodos de las ONG incluyen campañas de “nombrar y avergonzar” que corren bien en los medios sociales. México ¿Cómo Vamos? ha diseñado –por ejemplo– un “alcoholímetro” anti-corrupción, y muestra en tiempo real cuáles estados han aprobado la reforma anticorrupción. Diez de los 32 estados ya habían ratificado.

Recientemente, añade, dos organizaciones no gubernamentales, el IMCO y Transparencia Mexicana, crearon una plataforma llamada Tres de tres, que anima a los candidatos en las elecciones legislativas del próximo 7 de junio al ir más allá de los requisitos legales y hacer públicos sus activos, los intereses y las pruebas de que pagan impuestos.

“La cabeza del IMCO, Juan Pardinas, dice que el objetivo es superar una crisis de credibilidad política en México. Se insta a los votantes a enviar tweets a los candidatos donde dicen que los apoyarán sólo si aportan la información. Para el 29 de abril, 100 políticos habían respondido, incluyendo nueve candidatos a gobernador”.

Agrega: “No ha sido fácil para las organizaciones no gubernamentales alcanzar esta influencia en un país donde la élite tecnócrata brinca automáticamente a formar parte del gobierno. Durante gran parte del siglo XX, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de Peña Nieto, ha cooptado la sociedad civil. Su mal manejo en los esfuerzos de rescate tras el terremoto de México de 1985 produjo un aumento del activismo de base. Grupos de la sociedad civil ganaron mayor prominencia por luchar contra el fraude durante las elecciones en los años 1988 y 1994, hasta que el PRI finalmente perdió sus 72 años en el poder, en 2000”.

Según la revista británica, “después de un período de calma, el número de ONG creció de nuevo por los problemas de seguridad interna de México, que aumentaron a finales de los 2000. Algunas, con el apoyo de grupos empresariales mexicanos, se convirtieron en altamente eficaces para lograr que el gobierno hiciera frente a la violencia relacionada con las drogas en ciudades del norte como Ciudad Juárez y Monterrey”.

No obstante, resalta, hubo, una división social, de acuerdo con Juan Salgado del CIDE. “Debido a que los delitos violentos afectaron tanto a ricos como a pobres, grupos de víctimas con dinero hicieron conexiones poderosas con el gobierno. Él (Salgado) les llama las ‘ONG VIP’. Las organizaciones sociales anti-crimen tienden a ser más pobres, más ideológicas y más centradas en las causas de la delincuencia y en los derechos humanos. Y tienen eco más fuerte en las protestas callejeras que en el gobierno”.

Las organizaciones sociales, apunta, pueden desdeñar a sus hermanos más tecnocráticos, etiquetarlos como títeres neoliberales y gubernamentales. “De hecho, algunos de sus líderes son graduados del ITAM, una de las más prestigiosas universidades de México, que desprecia los sesgos ideológicos que afligen a la mayoría de las otras. Se inculca un enfoque basado en la evidencia”.

Los tecnócratas, puntualiza, tienen un pragmatismo que hace que su agenda sea difícil de precisar. Por ejemplo, el IMCO apoya la reforma energética, al igual que los negocios, pero también hace campaña contra la obesidad, de la que se culpa en parte a la industria alimentaria.

Sobre la corrupción y la transparencia, dice, muchas ONG se han unido y también dependen de los movimientos de ciudadanos para poner al gobierno a la defensiva, como las protestas en las calles del año pasado contra Peña Nieto por la muerte de los estudiantes y por el papel de su esposa en un potencial escándalo de conflicto de intereses.

Estos incidentes obligaron al gobierno a salir de su búnker, dijo a The Economist Luis Rubio, jefe de CIDAC, un grupo de expertos. “Ellos tienen un nuevo pragmatismo. Al final se dieron cuenta de que necesitaban cierta legitimidad”.


Sin embargo, sostuvo Rubio, las ONG necesitan. Y Viridiana Ríos lo explicó así: “Tenemos una voz. Pero la prensa y las redes sociales son nuestro megáfono”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.