La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) informó que el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió un amparo a la organización debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) incumplió con la entrega de versiones públicas de los contratos de 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados con el  software espía  Pegasus, tal como lo había ordenado una resolución definitiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Más de un año después de que salieron las evidencias que apuntan a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino con el spyware Pegasus los teléfonos del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como de periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseveró, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que “en México no se espía ni se vigila a nadie”.

A un año de que se difundiera el ataque digital contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a través del malware Pegasus, «no se han dado pasos relevantes para la investigación y sanción de estos actos», denunciaron las organizaciones Artículo 19, SocialTIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Las organizaciones recordaron que la impunidad «por el uso abusivo» de la tecnología de espionaje de Pegasus ocurre en un contexto en el que existen al menos cinco casos similares desde 2018 a la fecha, «que se suman a las decenas de casos ocurridos en el sexenio pasado».

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, confirmó que no entregarán la versión pública de los contratos del malware de espionaje Pegasus, porque dichos procedimientos no son públicos, y lo único que le corresponde a la UIF es revelar que el equipo que se compró estaba sobrevaluado, “hubo un fraude”.

Aseguró que además la operación y la tecnología “son verdaderamente de seguridad nacional”, además de no ser la instancia a la que le corresponde transparentar dicha información.

Pese a las pruebas que existen del espionaje del que fueron víctimas periodista, activistas y actores políticos, principalmente, durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, mediante el malware Pegasus, hasta el momento no hay ningún sentenciado por este caso, del que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de que se transparente toda la información.

Este lunes 12 de febrero, durante su habitual conferencia matutina, el mandatario federal consideró que se debe entregar todos los documentos referentes a ese caso, así como lo ordenó en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el Gobierno de Felipe Calderón, pasando por el sexenio de Enrique Peña Nieto y el que actualmente encabeza el tabasqueño.

Con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para esconder el uso y contratación del spyware Pegasus, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha incurrido en mentiras y contradicciones en foros públicos, respuestas a solicitudes de información e, incluso, en requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En noviembre y diciembre últimos, por ejemplo, la Sedena negó la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un organismo desde el cual los militares operan Pegasus, y al que Proceso dedicó un amplio reportaje en marzo de 2023. En dos oficios separados, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN) y el Subjefe de Inteligencia del EMDCN insistieron en que “no existe ni existió área, departamento u oficina denominada Centro Militar de Inteligencia”.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregar la versión pública de la información en su posesión acerca de la contratación del malware de espionaje Pegasus.

Con 9 votos a favor y dos en contra, el pleno del Máximo Tribunal ordenó a la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transparentar las operaciones financieras relacionadas con los contratos del gobierno mexicano para adquirir el malware de la empresa israelí NSO Group.

Un juez federal absolvió a Juan Carlos García Rivera, único acusado en el primer juicio que la Fiscalía General de la República (FGR) inició por el espionaje a la periodista Carmen Aristegui con el sistema Pegasus.

Este viernes el juez Luis Benítez Alcántara, instaurado en tribunal de enjuiciamiento, dictó sentencia absolutoria a favor de García Rivera a quien la FGR acusó de intervención de comunicaciones sin contar con autorización judicial, delito por el cual había solicitado imponerle 16 años de prisión.

Carmen Aristegui afirmó que independientemente de que la justicia federal condene o no a Juan Carlos García Rivera, único acusado de intervenir su teléfono celular con el software Pegasus, la Fiscalía General de la República (FGR) debe continuar con las investigaciones del espionaje realizado con esta herramienta.

Al salir de la audiencia de alegatos de conclusión en el juicio contra García Rivera, la periodista se dijo tranquila debido a que se le reconoció como víctima de espionaje por motivos de su trabajo.

La Fiscalía  General de la República (FGR) reconoció ante un tribunal federal de enjuiciamiento que durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (EPN), la periodista Carmen Aristegui fue espiada con el software Pegasus entre 2015 y 2016 como represalia por las investigaciones periodísticas que realizó sobre los bienes del mandatario y su círculo político más cercano, particularmente por la publicación del reportaje “La casa blanca de EPN”.

El uso del software espía Pegasus que se ha utilizado en México contra periodistas y defensores de derechos humanos llegará por primera vez al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)

La Fiscalía General de la República (FGR) se desistió del testimonio de 31 personas, entre ellas diversos mandos y ex mandos de la extinta PGR, que fueron citados a declarar en el juicio por el espionaje con Pegasus a la periodista Carmen Aristegui.

Esta mañana se celebró una audiencia en el juicio contra Juan Carlos García Rivera, extrabajador de la empresa KBH, en el que Aristegui denunció ante la FGR al gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto de intervenir su teléfono celular con el software Pegasus.

La Fiscalía General de la República (FGR) tiene bajo su resguardo 74 discos duros que presuntamente contienen el software espía Pegasus, que fueron obtenidos dentro de las instalaciones de la propia Agencia de Investigación Criminal (AIC), según el testimonio de un perito en el segundo día del primer juicio por espionaje que se sigue en México cometido contra la periodista Carmen Aristegui.

Los discos duros fueron obtenidos dentro de la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT), durante los primeros meses de 2019, primer año del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el testimonio del perito especializado en informática y telecomunicaciones de la propia FGR.

Las organizaciones Artículo 19, Social TIC y R3D instaron a la Fiscalía General de la República (FGR) a abordar el caso del uso del malware Pegasus no solo como un tema entre particulares, sino como parte de una operación más amplia que involucra actores tanto públicos como privados.

A través de un comunicado, las organizaciones hicieron un llamado, producido en el contexto del inicio del primer proceso judicial por el uso indebido de Pegasus durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

Tras el inicio del primer juicio en México por el espionaje con el malware Pegasus a la periodista Carmen Aristegui, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, Luis Fernando García, director de R3D, y el periodista Sebastián Barragán, señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de esclarecer la larga cadena de responsabilidades que podría llegar hasta el expresidente Enrique Peña Nieto. 

La Fiscalía General de la República (FGR) analiza desistirse de los testimonios de Omar García Harfuch, Fermín Montealegre, Gustavo Salas y Cristian Ramírez, exfuncionarios implicados en la contratación y operación del software Pegasus.

En el juicio en contra de Juan Carlos García Rivera, extrabajador de la empresa KBH, que inició ayer por intervención de comunicaciones ilegales en agravio de la periodista Carmen Aristegui, la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero, tenía prevista la comparecencia de 71 testigos, incluidos ex mandos policiacos, de la propia Fiscalía, académicos, activistas, entre otros.

Miguel Ángel Osorio Chong dijo que no recibió ninguna orden para espiar con el programa Pegasus.

Su declaración en el Senado de la República contradice lo que testificó “Zeus” ante un juez.

Desde las oficinas de la empresa KBH Aplied Technologies Group se espió con Pegasus a empresarios como Carlos Slim, Germán Larrea y directivos de Televisa; pero también a periodistas como Héctor de Mauleón, Carmen Aristegui, Jenaro Villamil, Carlos Loret y Pedro Ferriz de Con.

Así lo sostuvo el testigo protegido Zeus en el arranque del juicio oral contra Juan Carlos García Rivera, acusado de ser operador del software espía Pegasus para el corporativo KBH, una red de empresas fantasma que se utilizó para comercializar en México el programa propiedad de la empresa israelí NSO Group.