La Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) informó que el Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió un amparo a la organización debido a que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) incumplió con la entrega de versiones públicas de los contratos de 2018 y 2019 con Comercializadora Antsua S.A. de C.V., relacionados con el  software espía  Pegasus, tal como lo había ordenado una resolución definitiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Más de un año después de que salieron las evidencias que apuntan a que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) intervino con el spyware Pegasus los teléfonos del entonces subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, así como de periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aseveró, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que “en México no se espía ni se vigila a nadie”.

A un año de que se difundiera el ataque digital contra el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) a través del malware Pegasus, «no se han dado pasos relevantes para la investigación y sanción de estos actos», denunciaron las organizaciones Artículo 19, SocialTIC y la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

Las organizaciones recordaron que la impunidad «por el uso abusivo» de la tecnología de espionaje de Pegasus ocurre en un contexto en el que existen al menos cinco casos similares desde 2018 a la fecha, «que se suman a las decenas de casos ocurridos en el sexenio pasado».

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, confirmó que no entregarán la versión pública de los contratos del malware de espionaje Pegasus, porque dichos procedimientos no son públicos, y lo único que le corresponde a la UIF es revelar que el equipo que se compró estaba sobrevaluado, “hubo un fraude”.

Aseguró que además la operación y la tecnología “son verdaderamente de seguridad nacional”, además de no ser la instancia a la que le corresponde transparentar dicha información.

Pese a las pruebas que existen del espionaje del que fueron víctimas periodista, activistas y actores políticos, principalmente, durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto, mediante el malware Pegasus, hasta el momento no hay ningún sentenciado por este caso, del que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció a favor de que se transparente toda la información.

Este lunes 12 de febrero, durante su habitual conferencia matutina, el mandatario federal consideró que se debe entregar todos los documentos referentes a ese caso, así como lo ordenó en días pasados la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), desde el Gobierno de Felipe Calderón, pasando por el sexenio de Enrique Peña Nieto y el que actualmente encabeza el tabasqueño.

Con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, para esconder el uso y contratación del spyware Pegasus, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha incurrido en mentiras y contradicciones en foros públicos, respuestas a solicitudes de información e, incluso, en requerimientos de la Fiscalía General de la República (FGR) o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

En noviembre y diciembre últimos, por ejemplo, la Sedena negó la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), un organismo desde el cual los militares operan Pegasus, y al que Proceso dedicó un amplio reportaje en marzo de 2023. En dos oficios separados, el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional (EMCDN) y el Subjefe de Inteligencia del EMDCN insistieron en que “no existe ni existió área, departamento u oficina denominada Centro Militar de Inteligencia”.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó que a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregar la versión pública de la información en su posesión acerca de la contratación del malware de espionaje Pegasus.

Con 9 votos a favor y dos en contra, el pleno del Máximo Tribunal ordenó a la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) transparentar las operaciones financieras relacionadas con los contratos del gobierno mexicano para adquirir el malware de la empresa israelí NSO Group.