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Suprema Corte determina que Tribunal Electoral no puede invalidar suspensiones contra la reforma judicial

El pleno de la Corte dio un plazo de 24 horas a jueces y juezas para que revisen sus resoluciones. Además, determinó no exhortar al INE y al Tribunal Electoral a respetar las suspensiones emitidas contra la reforma judicial.

Por mayoría de 7 votos a favor y 3 en contra, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son “meras opiniones” que no tienen la capacidad para invalidar órdenes de suspensión emitidas por parte de jueces federales en contra de la reforma judicial. 

En este sentido, si bien el pleno de la Corte dejó como vigentes las suspensiones, dio un plazo de 24 horas a juezas y jueces federales para que revisen de “oficio” sus resoluciones, tomando en cuenta que no son procedentes estas medidas en contra de determinaciones en materia electoral y reformas constitucionales. 

Pese a lo anterior, la Suprema Corte determinó no exhortar al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral a respetar las suspensiones emitidas en contra de la reforma judicial, por lo que no existe ninguna orden expresa a ninguna autoridad para respetar las suspensiones. 

Este jueves, alrededor de las 11 de la mañana, arrancó la sesión de la Corte en la que, desde el inicio, por mayoría de seis votos a favor y tres en contra, el pleno rechazó la solicitud del Tribunal Electoral para declarar como impedidos de conocer sobre el asunto a la ministra presidenta Norma Piña y los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El Tribunal Electoral argumentó que debían excusarse de participar en la sesión por haberse pronunciado en contra de la reforma judicial. No obstante, al señalar que la Sala Superior no era un órgano demandado ni se estaba siguiendo un juicio en su contra es que se determinó que no existía ningún impedimento para participar en el debate.

¿Qué aprobó la Corte?

De esta forma, las y los ministros comenzaron a debatir el proyecto de sentencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena por el que se buscaba resolver el conflicto competencial suscitado entre diversos juzgados y el Tribunal Electoral, por los amparos interpuestos en contra de la reforma judicial. 

En términos prácticos, con la votación del día de hoy el Pleno del Máximo Tribunal del país concluyó que las sentencias del Tribunal Electoral no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de los juzgados de amparo ni anular los efectos de estas. 

“En todo caso, las sentencias de la Sala Superior deben leerse como la opinión de la mayoría de los miembros de este cuerpo colegiado”, señalaba el proyecto. 

Sobre los efectos de las suspensiones emitidas por los juzgados federales, la mayoría de las y los ministros votaron por dar un plazo de 24 horas para que todas las personas juzgadoras que haya concedido una suspensión revisen sus determinaciones con base en lo que se especifica en la Ley de Amparo. 

“Las personas juzgadoras deberán atender a lo definido por esta Suprema Corte en la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y acumuladas sobre la materia de las normas de la reforma judicial”, asunto en el que se concluyó que no son válidas las acciones de inconstitucionalidad para combatir reformas constitucionales. 

De esta forma, la única parte que se eliminó de la sentencia fue la propuesta del ministro Gutiérrez que pidió exhortar a las autoridades responsables como el INE y el Senado a cumplir con las suspensiones que haya dictado las personas juzgadoras en su contra.

“Más allá del cumplimiento de las suspensiones, si las autoridades responsables pretenden controvertir estas medidas cautelares se les exhorta a que lo hagan dentro del marco institucional y en las cadenas impugnativas que prevé la propia Ley de Amparo. Esto puede hacerse a través del recurso de queja, en caso de las suspensiones provisionales, y el recurso de revisión para las definitivas […] también podrán solicitar la atracción a esta Suprema Corte de sus respectivas impugnaciones”, indicaba el proyecto original.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Corte deja intactos ‘superpoderes’ de Taddei en el INE y que candidatos a elección judicial financien sus campañas

Las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortíz votaron en contra de modificar las reformas a la ley electoral en materia de elección judicial, por lo que quedaron intactos los llamados ‘superpoderes’ a la presidenta del INE y la posibilidad de que candidatos a elección judicial usen su propio dinero para la campaña.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó intactos los llamados ‘superpoderes’ que el Congreso de la Unión otorgó a Guadalupe Taddei al frente del Instituto Nacional Electoral (INE) y la reforma a una ley secundaria que permitirá a las y los candidatos a participar en la elección judicial que pongan dinero propio para sus campañas.

Esto ocurrió luego de que las ministras Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama y Loretta Ortíz Ahlf votaron en contra de modificar las reformas a la ley electoral, en materia de elección judicial, por la que por primera vez en la historia se elegirán cargos de jueces, magistrados y ministros por voto popular de todo el país.

De esta forma, con seis votos a favor y tres en contra -con la ausencia de la ministra Margarita Ríos Farjat- el proyecto del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo no alcanzó los votos necesarios para echar abajo los llamados ‘superpoderes’ que se le otorgaron a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei y el tema del financiamiento de campañas.

Durante la sesión, el Pleno de la Corte discutió esta impugnación promovida por los partidos políticos Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) en contra las reformas realizadas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), en materia de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial de la Federación.

El primer tema que provocó la división en el Pleno fue la invalidez del artículo 45 numeral 1 inciso e y p, en los cuales agregaron los ‘superpoderes’ a la presidencia del INE por la que ahora puede “proponer al Consejo General el nombramiento del Secretario Ejecutivo” y “designar a los directores ejecutivos y demás titulares de unidades técnicas del Instituto”.

En este apartado, seis ministros determinaron que debía declararse inválido dado que “la propia norma es contradictoria”, pues en el mismo artículo se establece que ese tipo de decisiones se deben tomar por todos los consejeros del INE, señaló la ministra Norma Piña, presidenta de la Corte.

En contraste, las ministras Esquivel, Batres y Ortiz determinaron votar en contra de cualquier modificación.

La ministra Lenia Batres argumentó su voto al asegurar que estas atribuciones no limitan las facultades de los demás consejeros e incluso equiparó la situación con la Suprema Corte, donde también rige un órgano colegiado de 11 ministros pero en el que la ministra Presidenta toma decisiones y determina nombramientos.

La votación quedó 6 a favor y tres en contra, por lo que no se alcanzó la mayoría calificada requerida para echar abajo tal disposición.

El Pleno de la Corte también entró a debate sobre el artículo 522 numeral 1, donde la reforma establece que “las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos”.

En otras palabras, el proyecto de la Corte proponía invalidar el artículo 522 de la LGIPE por el que se crearon los “gastos personales”, por ser contrario a la Constitución que sólo contempla dos tipos de financiamiento de candidaturas: público y privado

Este tema fue abordado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá al advertir que “es injusto que una persona por el simple hecho de tener más dinero que sus adversarios gane una elección”.

No obstante, las ministras Esquivel, Ortíz y Batres —que estarán en las boletas del próximo 1 de junio— impidieron que esto se aprobara con su voto en contra, situación que provocó que el ministro Javier Laynez Potisek cuestionara sobre si ellas deberían votar o declararse impedidas, pues son parte del proceso electoral que se estaba debatiendo en la Corte.

“¿No tendría que haber un impedimento para evitar que se vote por la disposición que directamente beneficia a quienes son candidatas?”, cuestionó Laynez.

Sin embargo, este punto no prosperó debido a que para discutir un impedimento este debe ser propuesto por los mismos ministros previo a la sesión para después ser votado por el Pleno.

Las ministras Ortíz y Batres incluso advirtieron que sí analizaron la posibilidad, pero insistieron en que la Suprema Corte ha sido constante en que los impedimentos son excepciones muy puntuales y en la discusión de normas generales normalmente no aplica.

Finalmente, el último asunto a discutir fue respecto a la ley de medios de impugnación, pues el proyecto planteaba dejar inválidos aquellos preceptos que dejaban inexistente la apelación en segunda instancia, pero la votación de quedó nuevamente 6 a 3.

De esta forma, pese a las posturas de seis de los 9 presentes, la Corte dejó intactas las reformas a las leyes secundarias electorales en materia de la llamada elección judicial.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

SCJN despenaliza el aborto en Chihuahua

Así, Chihuahua se convirtió en el estado número 21 del país en despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas, pero, a diferencia de los anteriores, fue por decisión de la Corte y no del Congreso.

La Suprema Corte de Justicia de México (SCJN) invalidó las leyes que prohíben el aborto voluntario y los requisitos para acceder al aborto por violación en Chihuahua, tras la negativa del Congreso estatal a legislar pese a una orden judicial.

Así, Chihuahua se convirtió en el estado número 21 del país en despenalizar el aborto voluntario hasta las 12 semanas, pero, a diferencia de los anteriores, fue por decisión de la Corte y no del Congreso.

La Declaratoria General de Inconstitucionalidad 1/2024, resuelta la mañana de ete jueves por la SCJN, determina la invalidez inmediata de los artículos 143 -párrafos primero y segundo-, 145 y 146, así como el proemio y la fracción I del Código Penal del estado.

Por lo que ya no es necesario que el Congreso legisle para despenalizar el aborto, pues la sentencia tiene efecto inmediato y anula las prohibiciones y requisitos impugnados, según explicaron organizaciones proaborto en un comunicado.

Asimismo, explicaron que al tratarse de normas penales, la Declaratoria tiene efectos retroactivos, de acuerdo con el último párrafo del artículo 234 de la Ley de Amparo.


“Esto significa que el estado tiene la obligación de concluir cualquier proceso de investigación penal o ejecución de sentencia en contra de personas que hayan abortado voluntariamente”, advirtieron en un boletín firmado por las organizaciones Marea Verde Chihuahua, Red de Aborto Seguro Chihuahua, Morrxs Autonomxs, Abortistas Mx y Cheros.

Agregaron que “al eliminarse las barreras legales, el Estado debe proveer, sin excusas, el servicio de aborto voluntario y aborto por violación porque son servicios de salud a que tienen derecho las mujeres y otras personas con posibilidad de gestar”.

La resolución de la SCJN tiene como antecedente el Amparo en revisión 666/2023 concedido a una mujer que impugnó dichos artículos por violar sus derechos, por lo que la Corte ordenó al Congreso reformar el Código Penal en un plazo de 90 días, el cual venció a inicios de 2024.

En respuesta, se inició la declaratoria de inconstitucionalidad, presentada por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estableciendo un precedente al ser la primera vez que la Corte aplica este procedimiento en un caso de aborto.

Alessa Rey, de Marea Verde Chihuahua, explicó que esta decisión complementa sentencias de amparo previas que ordenan a la Secretaría de Salud del estado proporcionar el aborto voluntario sin necesidad de juicio de amparo.

“Desde el año pasado, tenemos tres sentencias firmes de un tribunal colegiado donde ordena a los servicios de salud estatal a que den estos servicios, pero nos han puesto trabas”, advirtió.

Precisó además que la declaratoria establece la invalidez de la prohibición del aborto dentro del “plazo breve”, lo cual se interpreta como dentro del límite de las 12 semanas.

“Quedaría como pasó en la acción de inconstitucionalidad de Coahuila que también pusieron como plazo breve 12 semanas”, señaló.

En 2021, la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad 148/2017 del estado de Coahuila (norte), a raíz de la cual declaró inconstitucionalidad la penalización del aborto en todo el país.

Además, en 2023 el Supremo emitió una nueva sentencia con la que ordenó al Congreso a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, e instó a las instituciones de salud federales a garantizar el servicio de aborto en todas sus clínicas y hospitales.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

SCJN no logra invalidar la prohibición de la siembra de marihuana para fines que no sean médicos

Las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, afines al gobierno federal, votaron en contra del proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que eliminaba los artículos prohibicionistas.

Por falta de votos suficientes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no logró invalidar la prohibición para sembrar, cultivar y cosechar cannabis para otros fines que no sean médicos. 

Durante la sesión de este jueves, sólo seis ministros votaron a favor de emitir la declaratoria general de inconstitucionalidad de la prohibición contenida en la Ley General de Salud, que hubiera obligado al Congreso de la Unión legalizar la siembra, cosecha y cultivo de marihuana con fines lúdicos.

En diciembre de 2021, cuando la Corte estableció la jurisprudencia en contra de la prohibición absoluta de la marihuana para uso lúdico, el Congreso de la Unión fue notificado para que en el plazo de 90 días legislara para adecuar las leyes conforme al criterio jurisprudencial. 

Al transcurrir el plazo, sin que el Poder Legislativo hubiera regulado la situación, la primera sala solicitó al pleno la declaratoria general de inconstitucionalidad. 

Las ministras Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres, afines al gobierno federal, votaron en contra del proyecto presentado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que eliminaba los artículos prohibicionistas. 

Ortiz determinó que “la prohibición absoluta de la siembra, cultivo y cosecha de cannabis constituye una restricción innecesaria al derecho de libre comercio, pues existen medidas menos restrictivas como la expedición de permisos sujetos a control, monitoreo, y vigilancia, garantizando que la concentración de THC en los productos sea inferior al 1 por ciento. Sin embargo, para sustentar esta conclusión, la Sala aplicó (por analogía) el régimen normativo que permite estas actividades con fines médicos y científicos”.  

“A mi parecer, esta equiparación es incorrecta, ya que ambas finalidades presentan particularidades regulatorias que impiden su asimilación uniforme. Por tanto, la alternativa menos restrictiva deriva de una construcción judicial más que de una interpretación del marco normativo vigente”, indicó la ministra. 

Añadió que autorizar la siembra, cosecha y cultivo de marihuana con fines industriales, bajo el supuesto de que la concentración de THC sea menor del 1 por ciento, generaría vicios jurídicos que podrían comprometer la seguridad de los permisionarios y generar consecuencias adversas para la sociedad en su conjunto. 

“La declaratoria general de inconstitucionalidad, en los términos propuestos, generaría incertidumbre jurídica, pues la regulación de estas autorizaciones resultaría deficiente al no prever de manera integral, simultánea y coordinada las disposiciones necesarias para su implementación, supervisión y control, factores esenciales como las variedades de la planta permitidas para cultivo, las técnicas y condiciones de producción y los mecanismos de control de los niveles de THC”, añadió. 

Esquivel Mossa también votó en contra, argumentando que la recién aprobada y publicada reforma constitucional para prohibir toda actividad relacionada con la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, por lo que indicó que la jurisprudencia de la primera sala incluso podría contravenir la Carta Magna. 

“Para mí, lo resuelto por la primera sala en el amparo en revisión 355/2020 y las jurisprudencias que derivaron de dicho asunto, actualmente no encuentran apoyo en nuestra Constitución e inclusive la contradicen, máximo que el propósito que se busca es el de garantizar el derecho de protección a la salud de las personas que es el valor fundamental para el bienestar físico y mental que debemos preservar”, indicó.  

Pese a que desde 2021 la Corte conminó al Legislativo regular esta situación, Batres afirmó que con el proyecto de Pardo se abriría la posibilidad a que el Ejecutivo Federal autorice la siembra, cosecha y cultivo de plantas de marihuana para otros fines que podrían incluir su comercialización, sin reglamentar bajo qué consideraciones tendrían que emitirse los permisos para ello, función que corresponde al Congreso de la Unión.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

SCJN ordena a Cervecería Modelo pagar indemnización por trabajador que murió limpiando una cisterna

La Primera Sala de la Corte aprobó por unanimidad el proyecto en el que confirmó que la empresa incurrió en responsabilidad civil objetiva, y únicamente la exoneró de la obligación de pagar los gastos de representación legal en los que incurrió la familia para entablar la demanda.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a la Cervecería Modelo pagar una indemnización a la familia de uno de sus trabajadores, quien murió mientras limpiaba una de las cisternas de la empresa. 

Durante la sesión de hoy, la Primera Sala de la Corte aprobó por unanimidad el proyecto presentado por la ministra Margarita Ríos Farjat, en el que confirmó que la empresa incurrió en responsabilidad civil objetiva, y únicamente la exoneró de la obligación de pagar los gastos de representación legal en los que incurrió la familia para entablar la demanda.

Los hermanos del trabajador afirmaron que la Cervecería Modelo no proporcionó el equipo adecuado, ni la capacitación requerida para que su hermano ingresara a la cisterna de manera segura, pese a que esta es un área de riesgo, por lo que demandaron a la empresa. 

Inicialmente un juez Civil de la Ciudad de México exoneró a la empresa, pero en la apelación, una sala capitalina revocó la sentencia y la condenó al pago de una indemnización y de los gastos que erogó la familia para entablar el litigio. 

Contra esto, la empresa tramitó un amparo directo en el que señaló que es inconstitucional que el Código Civil de la Ciudad de México distinga entre los requisitos para acreditar la responsabilidad objetiva y la subjetiva, pues afirmó que en la primera no es necesario acreditar el nexo causal entre la acción y la afectación en el patrimonio moral de quien demanda, mientras que en la segunda sí. 

El Tribunal Colegiado rechazó amparar a la empresa y declaró constitucional la distinción establecida en el Código Civil capitalino. 

Fue así como el caso llegó a la Corte, pues la empresa tramitó el recurso de revisión, que resolvió hoy la Primera Sala, en el sentido de que la distinción alegada por la empresa no existe porque en ambos tipos de responsabilidad se tiene que acreditar que la acción u omisión cometidas provocaron un daño moral (nexo causal). 

“No se advierte que el mencionado numeral contenga una distinción injustificada respecto de los requisitos exigidos para la procedencia del daño moral dependiendo de si se trata de una responsabilidad civil objetiva o subjetiva, pues la circunstancia de que se contemplen diversos requisitos entre dichas acciones se justifica plenamente en atención a los fines perseguidos con cada acción”, estableció el fallo. 

“No exige requisitos distintos para la procedencia del daño moral en relación con la responsabilidad civil subjetiva respecto de la objetiva en los términos que indica la recurrente, pues en ambos supuestos se impone la acreditación del nexo causal”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CARLOS CRUZ.

Corte resolverá conflicto entre Tribunal Electoral y juzgadores federales sobre freno a elección judicial

El máximo tribunal del país atrajo el caso en torno a la suspensión de actividades del Comité de Evaluación del Poder Judicial luego de que éste le solicitara definir a qué autoridad debe acatar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el amparo por el que se ordenó a diversas autoridades frenar la implementación de la reforma judicial y que hicieron entrar en conflicto a un juez federal de Michoacán, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y al Comité de Evaluación del Poder Judicial.

De esta forma será el máximo tribunal del país quien definirá qué pasará en torno a este “conflicto competencial”, aunque no hay fecha para que emita su resolución, lo que complica que el Comité de Evaluación del Poder Judicial entregue las listas de las candidaturas más idóneas este 31 de enero de 2025, como lo marca la Constitución.  

La determinación del máximo tribunal del país de atraer el asunto ocurrió luego de que el propio Comité de Evaluación del Poder Judicial determinó promover ante la Suprema Corte una solicitud de ejercicio de la facultad de atracción prevista en el artículo 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que fue abrogada el pasado mes de diciembre de 2024. 

En este artículo se establecía la facultad de la Corte para “conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y las que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política”. 

De esta forma, con el objeto de que se defina cuál es la vía para combatir las medidas cautelares otorgadas en los juicios de amparo promovidos contra el decreto de reformas constitucionales en materia del Poder Judicial de la Federación; es decir, si estos deben resolverse ante los recursos previstos en la Ley de Amparo o en los juicios en materia electoral, es que el Comité promovió esta solicitud.

¿Cómo inició el conflicto entre el Tribunal Electoral y los juzgados de distrito?

Desde el pasado mes de noviembre, el juez federal Sergio Santamaría Chamú, titular del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Michoacán, aceptó dar trámite a un juicio de amparo promovido para prevenir el “cese masivo” de personas juzgadoras del país por parte de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).

Días después, mediante una resolución del 14 de noviembre del 2024, el juez Santamaría Chamú otorgó una suspensión definitiva a favor de la Jufed a fin de “impedir los efectos y consecuencias” de la reforma judicial. 

En el mismo sentido, la jueza María Gabriela Ruiz Márquez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Jalisco, aceptó dar trámite a otro juicio de amparo promovido contra la reforma judicial por la que de igual forma ordenó a diversas autoridades frenar la implementación de la elección judicial. 

Sin embargo, en una sesión celebrada el 18 de noviembre de 2024, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó, por mayoría de votos, que era “constitucionalmente inviable suspender los actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos” de la elección judicial.

Esta última resolución ha sido utilizada por diversas autoridades, entre ella la presidenta Claudia Sheinbaum, para incumplir con la suspensión definitiva ordenada por los jueces de distrito, excepto el Comité de Evaluación del Poder Judicial que es la única autoridad que suspendió, en el ámbito de su competencia, el proceso electoral extraordinario judicial. 

En última instancia, el pasado miércoles 22 de enero el juez federal Santamaría Chamú ordenó a las y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral respetar la suspensión definitiva emitida en contra de la reforma judicial, pero el Tribunal Electoral respondió ordenando al Comité de evaluación del Poder Judicial reactivar la selección de candidaturas para la elección de personas juzgadoras.

Comité Judicial, “imposibilitado” para cumplir sentencia del Tribunal Electoral

Finalmente, el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación informó que se encuentra “imposibilitado” para cumplir sentencia del Tribunal Electoral, por la que le ordenó reactivar proceso de selección de candidatos para la elección judicial, al existir dos suspensiones emitidas contra la implementación de la reforma judicial.

“Cabe señalar que la referida imposibilidad se hizo del conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante oficios recibidos en su oficina de correspondencia”, señaló el Comité de Evaluación. 

De esta forma, la Suprema Corte informó que admitió la solicitud de facultad de atracción de caso, encargando a la ponencia del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena la elaboración de un proyecto de resolución del asunto para someterlo a debate de las y los ministros que integran el Pleno de la Suprema Corte.

Respecto a este conflicto entre el juzgado de distrito de Michoacán y el Tribunal Electoral, el juez Santamaría Chamú señaló en la conferencia matutina de los jueces que el Tribunal Electoral no tiene facultades para denunciarlo ni dar vista al Ministerio Público federal.

Ello, luego de que el Tribunal Electoral también acordara, por mayoría de tres votos a favor y dos en contra, ordenar no solo al Comité de Evaluación del Poder Judicial reanudar labores, sino también presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dar vista ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en contra el juez que dictó la suspensión.

“Ellos (el Tribunal Electoral) en su resolución, de haber podido sancionar directamente lo habrían hecho, pero ¿por qué no lo hicieron? Pues porque no tienen facultades más que de inventar una vista al Ministerio Público con, lo que me parece grave, un mensaje directo a todos los juzgadores que conocemos de estos asuntos para que nos obtengamos de hacer valer nuestra atribuciones que tenemos como jueces protectores, garantes de los derechos fundamentales de las personas”, señaló.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ALFREDO MAZA.

Rosa Icela Rodríguez y Ernestina Godoy se reunen con ministros de la SCJN

En la reunión se abordaron temas como: la extinción de los fideicomisos, la reanudación del proceso de selección de candidatos por parte del Comité de Evaluación del Poder Judicial y la solicitud de ampliación presupuestal para ese poder.

El Poder Judicial de la Federación (PJF) y el gobierno federal instalarán una mesa de trabajo para coordinar la extinción de los fideicomisos de dicho poder, que reúnen más de 16 mil millones de pesos, ordenada en la reforma judicial.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que dicha mesa de trabajo fue acordada durante la reunión que sostuvieron la ministra presidenta Norma Piña, los ministros Javier Laynez y Jorge Mario Pardo e integrantes del Comité de  Gobierno y Administración de la institución con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy.

“Se revisó el estado que guarda la extinción de los fideicomisos y se acordó instalar una mesa de trabajo integrada por representantes del Poder Judicial, la Consejería Jurídica y Nacional Financiera, S.N.C. (Nafin)”, precisó la Corte.

Esta mañana, en conferencia de prensa, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum anunció la realización de la reunión a petición de la ministra presidenta, Norma Piña. La mandataria afirmó que, además de la entrega de los recursos de los fideicomisos del PJF, al gobierno federal le interesa que el Comité de Evaluación de dicho poder reanude el proceso de selección de candidatos para los comicios judiciales de junio próximo.

“Llamó la presidenta de la Corte para algunos temas que quería tratar, le dije a la secretaria de Gobernación que estaba bien y sobre todo lo que nos interesa es el tema de los fideicomisos, cuánto recurso tienen los fideicomisos, cuándo se van a entregar los fideicomiso y también lo que comentamos ayer, de que no interrumpan el proceso de la elección del Poder Judicial porque ¿cómo mucha gente que se inscribió ahí ahora no va a tener la posibilidad de participar?, ellos mismos están cerrando la puerta de la democracia (…) van a estar la secretaria de Gobernación y la consejera Jurídica”, indicó. 

“Se puso sobre la mesa la problemática en torno a la suspensión del proceso de elección del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación reitera su disposición al diálogo”, informó el Máximo Tribunal.

De acuerdo con lo informado por la Corte, la reunión tuvo por objeto la solicitud de ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2025 del PJF, conforme a lo acordado en diciembre pasado con Sheinbaum Pardo, para contar con recursos suficientes para garantizar los derechos de los trabajadores conforme a la reforma judicial.

Para este año la Cámara de Diputados aplicó un recorte presupuestal a la Corte de 714.4 millones de pesos, por lo que el pasado 9 de enero los ministros determinaron reducir el gasto en diversas áreas, tales como la eliminación del comedor de ministros, para evitar afectar a los trabajadores con la implementación de la reforma judicial que implica la reducción del personal ante la extinción de ponencias y de las salas, entre otras modificaciones.

Inicialmente se propuso reduir el gasto al comedor de trabajadores y al bono de secretarios auxiliares y personal operativo de la Corte, pero el Pleno decidió postergarlo hasta conocer si la presidenta Sheinbaum realizaría la ampliación presupuestal a la que se comprometió.

En tanto, en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) el Pleno acordó limitar el porcentaje de aportación de la institución al 2% al seguro de separación individualizado (SEGSEI) y al Fondo de Reserva Individualizado (FORI), independientemente de las aportaciones que realizan los trabajadores.

Estos recortes han provocado que este jueves trabajadores del PJF acudieran al edificio sede del CJF a manifestarse para exigir que no atenten contra sus derechos laborales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DIANA LASTIRI.

Sheinbaum insta a la SCJN a resolver deuda de casi 35 mil millones de pesos de Salinas Pliego

Elektra ha interpuesto diversos recursos para impedir que ministros puedan emitir fallos en su contra y evitar así pagar millonarios créditos fiscales.

Las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “tienen todavía algunos meses para resolver a favor del pueblo y de la nación” en el caso del pago de casi 35 mil millones de pesos que adeuda Ricardo Salinas Pliego.  

“Sería muy bueno, una buena acción de la Corte, vamos a esperar, pero sería muy bueno”, dijo.

Este lunes, Proceso publicó que “el equipo legal de Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, logró mantener en el limbo la resolución de los litigios contra créditos fiscales por más de 34 mil millones de pesos. Mediante la tramitación de recursos de reclamación e impedimentos contra cuatro ministros, Elektra logró que la resolución de los litigios permanezca empantanada, lo que puede implicar que, finalmente, sean los nuevos ministros electos por voto popular quienes resuelvan los casos”.  

En respuesta, la mandataria federal recordó que sólo en el caso del ministro Luis María Aguilar se retira porque cumplió su periodo, pero el resto, en caso de querer seguir en el cargo, tendrán que obtener su lugar con la participación en la elección popular.  
“Los otros ministros y ministras si no participan en la elección se van en agosto, porque el 1 de septiembre entrarían los nuevos miembros del Poder Judicial”, por lo tanto, afirmó que los actuales aún tienen algunos meses “para resolver a favor del pueblo y de la nación”.  
Este medio detalló que “de acuerdo con las listas públicas de la SCJN, el 8 de enero próximo la ministra Batres Guadarrama prevé presentar el caso a sus compañeros en la Segunda Sala (...) Sin embargo, es posible que el caso no pueda ser discutido, pues Grupo Elektra planteó un impedimento contra la ministra Lenia Batres, mismo que no ha sido resuelto”.

Todavía en agosto de 2024, el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió a la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, un oficio para que ya resuelva el caso de Salinas Pliego. 
“Vamos a ver si se resuelve porque, además, -sin adelantarnos porque ellos son los que tienen que decidir constitucionalmente- no tienen por qué estar deteniendo ese fallo que ya se resolvió en las instancias correspondientes”, porque no aplica el criterio de interés excepcional, declaró López Obrador hace cuatro meses.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: DALILA ESCOBAR.

SCJN abre posibilidad a que extranjero condenado a 20 años de prisión recupere su libertad

Luego de siete años de litigio, el quejoso fue sentenciado a 20 años de prisión y aunque tramitó diversos recursos para revocar la sentencia.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la posibilidad a que un hombre condenado a 20 años de prisión por delincuencia organizada y portación de armas, recupere su libertad. 

Se trata de Juan Francisco López Cordero, quien en julio de 2011 fue detenido junto con otras personas por elementos del Ejército mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, tras detectar vehículos con armas y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Luego de siete años de litigio, el quejoso fue sentenciado a 20 años de prisión y aunque tramitó diversos recursos para revocar la sentencia, no tuvo éxito. 

López Cordero, de nacionalidad extranjera, argumentó a través de diversos juicios de amparo, violaciones como una demora de más de siete horas en su presentación ante la autoridad ministerial después de ser detenido; falta de una defensa técnica adecuada y, principalmente, el incumplimiento de su derecho como extranjero a recibir asistencia consular. 

Aunque las autoridades enviaron un oficio a la embajada de su país, en un juicio de amparo que tramitó el Segundo Tribunal Colegiado en Tamaulipas concluyó que renunció a su derecho a recibir asistencia consular porque durante una diligencia ministerial se opuso a ello. 

De este modo, los magistrados confirmaron su condena y contra ello, Juan Francisco López Cordero tramitó un recurso de revisión ante la SCJN. 

Al analizar el caso, la Primera Sala de la Corte revocó la sentencia en la que le fue negado el amparo a López Cordero y ordenó al Colegiado verificar si durante su proceso penal fueron respetados sus derechos. 

Para ello, señaló que los magistrados deben verificar si cuando renunció a su derecho de asistencia consular lo hizo de manera válida, es decir, si lo hizo de manera informada, consciente, documentada y con la guía de un asesor jurídico. 

Así, la Corte determinó que dicha renuncia debe quedar debidamente registrada mediante la firma, huella digital u otro medio. 

“El derecho a la asistencia consular es una garantía fundamental para asegurar el debido proceso para los extranjeros, ya que enfrentan barreras como diferencias idiomáticas y culturales que pueden dificultar la comprensión de su situación legal y sus derechos. Por ello, las autoridades tienen la responsabilidad de informar a los detenidos extranjeros sobre sus derechos y las opciones que tienen disponibles en relación con su nacionalidad”, estableció la Corte. 

Los ministros añadieron que si al revisar el caso el Colegiado advierte que hubo irregularidades en el proceso penal, este debe reiniciarse para asegurarle al quejoso un juicio justo, lo que podría resultar en que, de acreditarse violaciones graves al debido proceso, las autoridades estén obligadas a dejarlo libre. 

El criterio de la Primera Sala quedó registrado como una tesis aislada publicada el pasado mes de septiembre y aunque no es de aplicación obligatoria queda como precedente para casos similares al de López Cordero.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

El viraje del ministro Pérez Dayán que ayudó a Morena a consolidar la reforma judicial

El voto decisivo del juez fue acordado en conversaciones con el senador Adán Augusto López y la presidenta, Claudia Sheinbaum, días antes de la sesión del 5 de noviembre, según varias fuentes consultadas por EL PAÍS.

El ministro de la Suprema Corte de Justicia Alberto Pérez Dayán se entrevistó en persona con la presidenta, Claudia Sheinbaum, pocos días antes de la sesión en la que el Alto Tribunal validó la polémica reforma al Poder Judicial, que somete la elección de jueces al voto popular, el pasado 5 de noviembre.

En esa reunión, en el despacho de Sheinbaum, a la que lo llevó el senador Adán Augusto López, el ministro adelantó a la presidenta cuál sería el sentido de su voto y se comprometió a honrar su palabra. El día decisivo en el Supremo, Pérez Dayán sorprendió a sus colegas togados al votar contra el proyecto que hubiese rescatado la carrera de miles de jueces y magistrados.

Niños pueden ser víctimas de violencia de género o familiar sin que se ejerza sobre ellos: SCJN

La SCJN estableció que cuando se ejerce violencia de género en el hogar, los menores de edad también resultan afectados como consecuencia.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que niñas, niños y adolescentes pueden ser víctimas de violencia familiar o de género, sin que se ejerza sobre ellos directamente.  

En mayo del presente año, la Primera Sala, con la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, estableció que cuando se ejerce violencia de género en el hogar, los menores de edad también resultan afectados como consecuencia de estos actos.

El ministro Alcántara: “Mi admiración y gratitud hacia López Obrador no estaban en juego, pero yo tenía que obedecer a la Constitución”

El jurista Juan Luis González Alcántara Carrancá pasó en poco tiempo de ser una de las cartas fuertes de Andrés Manuel López Obrador en la Suprema Corte a convertirse en un expatriado, una persona non grata en Palacio Nacional y en Morena, la formación oficialista.

El togado fue el autor de una demoledora sentencia que en 2023 impidió que el Ejército controlase la Guardia Nacional, un fallo que disgustó mucho al entonces presidente y que prefiguró la reforma al Poder Judicial que vendría meses después. López Obrador consideró que Alcántara, un antiguo amigo, le había traicionado.

Corte ordenó entregar recursos de los fideicomisos de Banobras y Nacional Financiera

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó entregar todos los recursos de los fideicomisos que tiene con Banobras y Nacional Financiera, a la Tesorería de la Federación, sin embargo sólo pudo regresar más de 800 millones de pesos correspondientes al fondo Fondo Jurica. 

Piña defendió al viejo régimen en su informe: Sheinbaum; niega amenazas contra jueces

Ayer, la Ministra presidenta Norma Piña dio su segundo y último informe de labores en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En su mensaje, hizo diferentes acusaciones de ataques “desde el poder”. Hoy, la Presidenta de México respondió a sus declaraciones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió la mañana de este miércoles a la serie de señalamientos que hizo Norma Lucía Piña Hernández, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante su segundo y último informe de labores, en el cual, consideró, defendió al "viejo régimen".

La Presidenta urge al PJ a resolver la deuda al SAT de un atribulado Salinas Pliego

La Presidenta de México llamó al Poder Judicial a resolver los casos de adeudos fiscales de empresarios, esto luego de ser cuestionada sobre la caída de acciones de Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este martes al Poder Judicial de la Federación (PJF) que resuelva los casos pendientes relacionados con adeudos fiscales, esto al ser cuestionada sobre el peligro que corren inversionistas tras el desplome de acciones de Grupo Elektra, del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien mantiene una disputa en tribunales para no pagar impuestos.

La SCJN declara inconstitucional la prisión vitalicia en Chihuahua; viola derechos

El Pleno de la SCJN determinó inconstitucional la pena de prisión perpetua prevista en el código penal del estado de Chihuahua para el delito de homicidio doloso de tres o más personas. 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó este lunes que la "prisión vitalicia", también conocida como "cadena perpetua", es inconstitucional, asegurando que es una pena contraria al modelo constitucional.

En sesión del Pleno, el máximo Tribunal determinó inválido el Artículo 127, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, para el delito de homicidio doloso de tres o más personas, debido a que este impide de forma absoluta al sentenciado gozar de su derecho a la reinserción social.

SCJN homenajea al ministro Luis María Aguilar Morales

Ministras y ministros rindieron homenaje al ministro Luis Aguilar, quien concluirá su encargo constitucional de 15 años como integrante del Alto Tribunal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) homenajeó al ministro Luis María Aguilar Morales, pues el próximo 30 de noviembre dejará de ser máximo juez constitucional tras cumplir con su mandato.

En una Sesión Pública Solemne, ministras y ministros rindieron homenaje al ministro Luis Aguilar, quien concluirá su encargo constitucional de 15 años como integrante del Alto Tribunal. Por tal motivo, a través de un video, se mostró la trayectoria profesional que recorrió el ministro a lo largo de su vida.

Ministro acepta controversia constitucional vs reforma que dio más poder a Taddei

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo admitió a trámite, el 27 de noviembre de 2024, una controversia constitucional, que el 29 de octubre de 2014, interpusieron seis de los 11 integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), en materia de designación de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF), publicadas el día 14 del mismo mes y año, en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Sin embargo, el ministro del máximo tribunal constitucional negó la suspensión solicitada por los inconformes contra la citada reforma.

La exprocuradora Marisela Morales y la hija de Olga Sánchez Cordero, entre los aspirantes a la SCJN

En el listado de inscritos a la elección judicial figuran nombres de exfiscales y políticos.

Casi 34 mil personas se registraron para poder participar en la elección de jueces, ministros y magistrados.  

En el listado de aspirantes destacan nombres de exfiscales y políticos que buscan que los ciudadanos los elijan en la próxima jornada electoral.

SCJN desestima recurso contra la reforma judicial

El recurso quedó desestimado y la reforma judicial quedó intocada.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó las acciones de inconstitucionalidad presentadas por cuatro partidos políticos y un minoría legislativa en contra de la reforma judicial, por lo que la citada reforma seguirá vigente en todos sus términos.

En una sesión que se tensó al momento de las votaciones y en los que se cruzaron reclamos entre dos bloques de ministros y ministras,  el Pleno de la Suprema Corte desestimó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá que proponía invalidar la elección popular de jueces y magistrados pero avalar la elección de ministros y magistrados electorales.