No deja de resultar una tremenda paradoja que el sexenio con mayor número de asesinatos a periodistas sea también el gobierno que más ha despilfarrado en presupuesto público para promoverse en medios.
En el fondo, ambas caras de la moneda remiten a lo mismo: una fórmula criminal por un lado, y perversa por el otro, de negarle a la sociedad el derecho a la información. Métodos de eliminación de reporteros junto a un sistemático modelo de sumisión de los concesionarios, dueños y empresas que controlan a los medios.
