“A razón de 5 pesos mensuales por alumno”, será el costo que el Gobierno mexicano cubra a las televisoras para la transmisión de contenidos educativos las 24 horas del día. “Dar clases es algo especializado, no es como ser Presidente o ser periodista, se requiere ser maestro o maestra”, dijo el mandatario mexicano.
El Gobierno mexicano pagará a las cuatro grandes televisoras privadas, que transmitirán contenidos educativos para el nuevo ciclo escolar, un total de 450 millones de pesos desde el mes de agosto y hasta diciembre, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Negó que quienes impartan clases sean conductores de televisión, sino maestras y maestros, de los mejores del país.
Esta mañana el Gobierno de México y los presidentes de cuatro grandes cadenas televisivas firmaron un convenio para transmitir los contenidos de educación básica. “Con la firma de este acuerdo, no sólo está cambiando la educación, sino también la televisión. Hoy vemos cómo la televisión va a permitir que nuestros niños sigan aprendiendo”, expresó el Secretario de Educación.
El acuerdo con Televisa, TV Azteca, Imagen y Multimedios para la transmisión de contenidos de la Secretaría de Educación no requirió una modificación en las concesiones otorgadas a las televisoras. Sin embargo, si recibirán un pago por parte del Gobierno federal, una “cuota mínima”, una “tarifa social”, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cada vez que les tocan el bolsillo o amenazan su injerencia en la elección de gobernantes, las televisoras mexicanas reaccionan rabiosamente y desatan campañas de infundios contra las autoridades que se atreven a aprobar leyes o lineamientos que las afectan. Así sucedió en 2007-2008, cuando la reforma política electoral prohibió la compra de espacios publicitarios en medios electrónicos; así sucede ahora, con la obligación de diferenciar claramente la información de la opinión y la publicidad de la información. También entonces se habló de “ley mordaza” y se dijo que era un atentado contra la libertad de expresión. Pero a diferencia de lo que hoy sucede, en aquel tiempo los legisladores no cedieron y el Ejecutivo no tuvo más alternativa que promulgar la ley respectiva. Luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó las principales disposiciones y a los concesionarios no les quedó de otra más que acatar las disposiciones legales. Pero de inmediato encontraron el camino para recuperar parte –o la totalidad– del dinero que recibían de las campañas electorales y, sobre todo, la fórmula para posicionar a los políticos afines y generosos (no bastaba con la identidad ideológica y de intereses; además tenían que controlar las arcas de las entidades públicas) para permitirles ganar las contiendas electorales. El mejor ejemplo es precisamente el actual presidente, Enrique Peña Nieto. Los concesionarios no se pronunciaron contra la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) porque en general les resultó benéfica, al permitirles quedarse con la llamada ganancia digital (las concesionarias tienen hoy más frecuencias que antes) sin costo adicional y al permitirles la multiprogramación; además, en muchos de los casos también les han dejado ofrecer nuevos servicios. Sin embargo, en el momento en que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) empezó la consulta pública sobre los “Lineamientos Generales sobre Derechos de las Audiencias” ellos iniciaron su resistencia. En esas directrices el instituto emite las precisiones que los obligan a cumplir a cabalidad varios aspectos centrales: formas específicas de cumplir con los derechos de las audiencias establecidos en la ley (entre los que se encuentran la obligación de diferenciar con claridad la información de la opinión y la publicidad de la información), la elaboración y registro de códigos de ética, requisitos formales para asegurar la autonomía del defensor de las audiencias, y algunas características concretas para cumplir con audiencias específicas, como los menores y los discapacitados. Por supuesto que tener que diferenciar la información de la opinión y la publicidad de la información acaba con la alternativa que las televisoras habían encontrado para mantener sus ingresos y su influencia en los procesos electorales. La fórmula para lograr ambas era precisamente la publicidad disfrazada de información en todas sus modalidades: entrevistas a modo; comentarios de los conductores, analistas o reporteros; presencia en programas de entretenimiento, etcétera. El golpe era directo y los concesionarios reaccionaron de inmediato en distintos foros. Por supuesto lo hicieron con infundios pues, como lo han hecho muchas veces, de inmediato catalogaron los lineamientos como “ley mordaza” y como un atentado a la libertad de expresión. Señalan que hay disposiciones que son muy arbitrarias e imposibles de cumplir, como los criterios de veracidad, que los lineamientos definen en su artículo 2 como “Exigencia de que la información difundida sobre hechos se encuentre respaldada por un ejercicio razonable de investigación y comprobación de su asiento en la realidad”. Es lo mínimo que se debe exigir a un periodista profesional. Es evidente que lo que se pide es que no se difunda información con “desprecio temerario por la verdad”; es decir que los periodistas ni siquiera se tomen la molestia de intentar verificar si los hechos ocurrieron o no, si en algún momento se difunde una información falsa; se trata simplemente de que puedan demostrar que sí hicieron el esfuerzo de verificarla y, en dicho proceso, obtuvieron evidencias de su verosimilitud. Como este ejemplo hay varios más en los cuales los concesionarios y sus personeros en los diferentes espacios dramatizan y manipulan los lineamientos para hacerlos aparecer como exagerados, incumplibles y atentatorios contra la libertad de expresión, lo cual es totalmente falso. Si bien hay algunas disposiciones que pueden mejorarse –particularmente la relativa a la diferenciación de opiniones e información–, son aspectos muy puntuales y precisos que no son insalvables. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurrió en 2007, esta vez los concesionarios sí obtuvieron el respaldo del presidente de la República y del Senado, que decidieron interponer sendas controversias constitucionales. La de los legisladores cuestiona la constitucionalidad de los lineamientos mismos; la del Ejecutivo, la de los artículos de la LFTR que autorizan al IFT a emitir lineamientos. Es particularmente cuestionable la controversia del Ejecutivo, pues en agosto de 2014 promulgó la ley sin hacer observación alguna y, posteriormente, tampoco interpuso ninguna acción de inconstitucionalidad. Hoy, dos años y medio después, justo cuando el IFT toma una determinación que irrita a los concesionarios, decide reclamar para sí la atribución de emitir lineamientos en la materia. Evidentemente ni el presidente ni su consejero jurídico leyeron el párrafo del artículo 28 de la Constitución, que señala textualmente: “El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6º y 7º de esta Constitución.” Tampoco el párrafo VI del artículo 6° constitucional, que señala: “La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección”. Obviamente que los ocho artículos de la LFTR cuya inconstitucionalidad impugna se refieren a sus facultades para emitir regulaciones y lineamientos.
Pero Peña Nieto no podía detenerse en minucias constitucionales y legales; él llegó a Los Pinos por el apoyo que le brindó Televisa, haciendo uso precisamente de esas argucias que los lineamientos pretenden erradicar y, por ende, no dudó en defender los intereses particulares de los concesionarios. Lástima que el IFT decidió de último momento posponer la entrada en vigor de los lineamientos, pues hoy más que nunca las audiencias requieren de la vigencia de sus derechos. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JESÚS CANTÚ. LINK: http://www.proceso.com.mx/473758/pena-nieto-en-defensa-las-televisoras
CIUDAD DE MÉXICIO: Después de una intensa campaña en los espacios informativos de las principales cadenas de televisión abierta y noticieros radiofónicos contra los llamados Lineamientos para la Defensa de las Audiencias publicados el 21 de diciembre pasado por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Presidencia de la República “descubrió” que existen ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contravienen la Constitución porque le otorga facultades a este organismo autónomo para regular los derechos de las audiencias. Así lo informó este 31 de enero el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, quien anunció que la controversia del Ejecutivo federal sólo se concentra en estos ocho artículos de la ley secundaria que irían contra el derecho a la información y los derechos de las audiencias establecidos en el artículo 6 de la Constitución. Muchas voces que apoyaron la reforma de telecomunicaciones destacaron que era un exceso darle atribuciones a un organismo eminentemente técnico, como es el IFT, para regular contenidos y derechos de audiencias en medio de un contexto de profundos cambios de los medios analógicos a los medios digitales, así como de presiones de los gigantes del sector como son Televisa, América Móvil, TV Azteca y los principales grupos radiofónicos. Sin embargo, el Congreso aprobó así la ley y la dejó pasar. Entonces se vivía el mejor momento de la relación entre el gobierno federal y las televisoras. Ahora, hasta los mismos senadores y diputados federales del PRI, PRD y PAN que expresaron su apoyo a la reforma de Telecomunicaciones se han expresado indignados y escandalizados porque los lineamientos “establecen la censura previa”, atentan contra la libertad de expresión y contra la industria. En otras palabras, los lineamientos son peor que Donald Trump para la industria mediática. Cualquiera que sintonice un noticiero en los últimos días escuchará las opiniones airadas de los conductores, analistas y legisladores. Hasta el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera se volvió especialista en derecho a la información y un adalid de la libertad de expresión. Nunca se había visto y escuchado a tantos políticos y legisladores preocupados por unos lineamientos de defensa de los derechos de audiencias que se demonizaron para crecer la percepción del riesgo. Ni siquiera con la oleada de crímenes a periodistas o a los innumerables casos de censura que ocurren todos los días en la industria mediática se escuchó tan indignados a los legisladores. Tampoco ante los cientos de trabajadores despedidos de las televisoras se preocuparon por salir en defensa de sus derechos. La especialista Irene Levy escribió en su reciente artículo en El Universal que “lo contenido en los lineamientos no va más allá de lo que se incluyó en la reforma de Telecomunicaciones: en la propia Constitución en 2013 y en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2014; nada en los lineamientos es nuevo, ahí sólo se establecen los cómos. Es más, se ordena al IFT a expedir los lineamientos, no fue una ocurrencia. No sólo hacen el ridículo los legisladores que ahora critican lo que aprobaron, sino que obligan a que los ciudadanos nos preguntemos a qué intereses responden”. Según Levy, “la vía para cambiar lo que ahora reclaman, es modificando la Constitución y la ley. Pretender que el IFT abrogue los lineamientos o que los posponga es pedirle que incumpla la Constitución y, sobre todo, es debilitar al órgano autónomo. ¿A quién conviene neutralizarlo? ¿A quién conviene abrir la puerta a la modificación constitucional y legal? ¿A cambio de qué?”. Tal parece que el Poder Ejecutivo decidió neutralizar este asunto y cobrarle el favor al poder mediático concesionado con esta controversia constitucional que deberá resolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo un reality show político-jurídico que no tiene qué ver estrictamente con los derechos de las audiencias y mucho menos con la libertad de expresión o el derecho a la información, sino con el negocio de la publicidad política encubierta en los contenidos y el apoyo de las televisoras al gobierno de Peña Nieto en momentos de profunda debilidad de ambos. El mismo presidente del IFT, Gabriel Contreras, afirmó en otro artículo que el tema más polémico para los medios electrónicos concesionados fue el deber de distinguir la información noticiosa de las opiniones de quien las presenta. En la práctica, afirmó Contreras, no debe suponer ningún límite a la libertad de expresión, simplemente una “distinción” entre información, publicidad y opinión. En su desplegado público, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) destacó que el punto más delicado de los lineamientos del IFT es que ponen reglas ahí donde ha prevalecido la discrecionalidad y el intercambio de dinero público por comentarios favorables en pantallas y estaciones de radio a favor de los políticos. “Para los concesionarios de la televisión abierta, la radio y los sistemas de audio y video restringido (TV de paga), las audiencias siempre han asumido un papel residual y secundario, considerándolas en el mejor de los casos como consumidores de los bienes y servicios que se anuncian en las estaciones de radio, pantallas de TV y sistemas de TV de paga”, afirmó la AMEDI. “Los medios de comunicación y sus representantes están molestos porque los lineamientos aprobados por el IFT los obligan a identificar la publicidad y eso afectará su negocio”, sentenció la AMEDI. Y destacó que “los anunciantes y los intereses económicos y políticos de los concesionarios ya no pueden estar por encima de los derechos de las audiencias”. Gabriel Sosa Plata, defensor de los derechos de las audiencias en MVS, destacó que el “nado sincronizado” contra los lineamientos del IFT incluyó también a la Iglesia católica. En el semanario Desde la Fe, la Arquidiócesis de la Ciudad de México también se envolvió en la bandera de la libertad de expresión y estableció que los lineamientos parecen “abrir más desacuerdos que consensos en cuanto a los derechos de las audiencias en relación a la libertad de expresión y el derecho a la información”. Hasta alcaldes de Jalisco aparecieron “gratis” en los noticieros nacionales hablando de un tema que eminentemente no es su asunto ni es su especialidad. A los únicos que no acudieron ni los legisladores, ni las televisoras y tampoco el IFT de manera metódica, profunda y consistente fue a las propias audiencias de los medios. Quizá porque la auténtica revolución de las audiencias se está generando en otros espacios, en otras plataformas y en otros medios que no viven de este negocio descarado del infomercial político.
Un instrumento en apariencia noble como los Lineamientos de la Defensa de las Audiencias del IFT destapó la “caja de Pandora” y el auténtico tema de censura entre medios y poder político: la promoción no explícita y costosa con dinero público. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL. LINK: http://www.proceso.com.mx/472558/censura-audiencias-reality-show-exagerado-las-televisoras
Los lineamientos del Ifetel van contra aquellos medios que "utilizan los espacios informativos para presentar como información aquella que es propaganda pagada".
Con la controversia constitucional que interpuso la Presidencia de la República contra los lineamientos del Instituto Federal de Telecomunicaciones sobre los derechos de las audiencias, vemos “un presidente de la República actúa como empleado de las televisoras… su proceder es absolutamente claro en esa dirección”, sostuvo el ex consejero del IFE, Alfredo Figueroa. En entrevista para Aristegui en vivo, aseguró que además es “penoso, vergonzoso que el senador Pablo Escudero y el presidente actúen contra el interés general”, pues “el Estado actuando contra el Estado mismo”. Lo que se pretende, detalló, es que el IFT no tenga facultades para intervenir en “un aspecto de corrupción política”. Y es que “desde hace mucho tiempo advertimos cómo los concecionarios y algunos periodistas utilizan los espacios informativos para presentar como información aquella que es propaganda pagada”. De esta forma, difunden su imagen, sus logros, con un “beneficio económico que obtienen concesionarios” de radio y televisión. “Todos los días presentan información que no lo es”, subrayó. Eso “la constitución lo prohibió expresamente”. Ahora “veremos cómo es que actúa la Suprema Corte”, ante “personeros de intereses que no son los del pueblo”. Tanto la Presidencia como el Senado “actúan contra acuerdos y derechos conquistados”, sostuvo. “Lo que en realidad quieren detener, es que están preocupados porque alguien intervenga y advierta que lo que presentan como información o entrevistas, es información pagada, un ejercicio de corrupción”, insistió Figueroa.
CIUDAD DE MÉXICO: El reacomodo de los grupos de poder económico y mediático frente a la sucesión presidencial de 2018 se aceleró en la última mitad del año pasado y el inicio de éste, profundamente conflictivo para el gobierno de Enrique Peña Nieto y muy crítico para los grupos mediáticos hegemónicos, especialmente para Televisa y TV Azteca, el otrora duopolio televisivo mexicano. La caída del telepresidente ha sido tan drástica como la misma crisis de las televisoras, especialmente la de Televisa, la empresa dirigida por Emilio Azcárraga Jean, que desde 2016 atraviesa por la peor crisis de audiencias, de ingresos publicitarios y de contenidos desde la llegada de Los Cuatro Fantásticos en 1997. La crisis de TV Azteca no ha sido menor. Desde finales de 2015, la segunda compañía televisiva redujo sensiblemente su personal, modificó los formatos de sus contenidos tradicionales, ha coqueteado con sectores críticos, pero mantiene una línea informativa apegada al guión oficial, como casi todos los medios electrónicos concesionados. Agresivo en los negocios y frente a la competencia, Ricardo Salinas Pliego decidió abandonar la dirección de la televisora para dejar a su hijo Benjamín Salinas, pero no abandonó la dirección de Grupo Salinas y la estrategia política que él encabeza con su peculiar estilo que siempre sorprende a sus más cercanos colaboradores: priista, panista o perredista por conveniencia, ahora inaugura una clara alianza con Andrés Manuel López Obrador, el dirigente de Morena y el puntero en las preferencias electorales para el 2018. La alianza entre Ricardo Salinas Pliego y Andrés Manuel López Obrador se concretó con la incorporación de Esteban Moctezuma, exsecretario de Desarrollo Social y de Gobernación durante el gobierno de Ernesto Zedillo, y presidente ejecutivo de la Fundación Azteca, como uno de los cuatro coordinadores del Proyecto Alternativo de Nación que encabeza el empresario regiomontano Alfonso Romo. Esteban Moctezuma forma parte del círculo más cercano y estrecho de Salinas Pliego, un empresario que no acostumbra dejar ir a sus colaboradores más estrechos, sino que extiende sus redes y alianzas. La ruptura entre Salinas Pliego y Azcárraga Jean se concretó apenas se aprobó la reforma de telecomunicaciones de este sexenio. La aventura fallida de la fusión de ambas televisoras en la empresa de telefonía Iusacell generó una multitud de críticas y un enfrentamiento desgastante y absurdo con América Móvil, del magnate Carlos Slim. Desde 2015, tanto TV Azteca como Televisa han tenido que enfrentar una guerra no por el rating sino por el acelerado desplazamiento de las plataformas digitales de contenidos hacia la televisión. Las audiencias más jóvenes han cambiado la pantalla televisiva por la pantalla del teléfono móvil, y la credibilidad de los noticieros televisivos se ha ido en picada frente a los sitios digitales y los contenidos en redes digitales. El futuro alcanzó a las televisoras, y su alianza política traducida en sumisión con el gobierno de Peña Nieto les ha salido más caro que beneficioso. Quizá esta es la lectura que ha acompañado esta nueva decisión de Salinas Pliego, el mismo personaje que en 1999 emprendió una clara campaña en contra del gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas a raíz del asesinato del conductor Paco Stanley, y que en 2001 protagonizó el escándalo de la invasión al Cerro del Chiquihuite (Canal 40) con el apoyo explícito del gobierno de Vicente Fox. Es muy probable que este movimiento de Salinas Pliego explique el repliegue creciente de Televisa frente al gobierno de Peña Nieto y la posibilidad de que Azcárraga Jean establezca una alianza de facto también con Morena. El retorno de López Obrador a la pantalla de Televisa en una extensa entrevista con Carlos Loret de Mola, el desplazamiento de comunicadores “institucionales” como Joaquín López Dóriga, señalado también por una demanda por presunto intento de extorsión con la empresaria María Asunción Aramburuzabala, y el nuevo acuerdo de producción y distribución de contenidos con Univisión, obligarán a la empresa dirigida por Emilio Azcárraga Jean a reinventarse más allá de su matrimonio por conveniencia con el peñismo. El problema no son las alianzas, sino el riesgo de reproducir el viejo fenómeno de acuerdos corporativos ajenos al escrutinio público. El riesgo de pagar con favores políticos a futuro el apoyo mediático del presente. Pasar del telepresidente Peña al telecandidato López Obrador no ayuda ni a Morena, ni a las izquierdas, ni a las televisoras, y menos a la salud de la deliberación pública. A menos que exista un claro compromiso a favor de la autonomía editorial y política de ambas partes.
Reproducir la vieja fórmula de televisoras-candidatos en momentos que el sistema político se va resquebrajando y que las audiencias han tomado un nuevo, dinámico y complejo protagonismo en una dinámica acelerada de comunicación digital, es anclarse en el pasado, a menos que exista una diferenciación clara entre el ámbito de la política y de los negocios. FUENTE: PROCESO. AUTOR: JENARO VILLAMIL. LINK: http://www.proceso.com.mx/471582/salinas-pliego-le-apuesta-a-lopez-obrador
CIUDAD DE MÉXICO: Esta noche, el Canal 3 “Imagen Televisión”, de los empresarios Olegario Vázquez Raña y Olegario Vázquez Aldir, inicia su transmisión en la zona de Copilco-Universidad, con el aval del gobierno de Miguel Ángel Mancera, que fue omiso a la oposición vecinal y a una serie de permisos y trámites para la construcción de sus instalaciones.
En una revisión de documentos oficiales a los que Apro tuvo acceso, se muestra cómo las secretarías de Gobierno (SG), Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Medio Ambiente (Sedema), así como la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y la delegación Coyoacán permitieron que el Grupo Hermanos Vázquez –propiedad de los empresarios mencionados– construyera un edificio de cuatro pisos con un helipuerto e instalara una torre con antenas de transmisión, tres tanques de combustible y una subestación eléctrica en el predio número 2014 de la avenida Universidad, donde funcionó una mueblería desde 1982. El historial irregular de la instalación de “Imagen Televisión” comenzó el 4 de agosto de 2015, cuando Jorge Jasso Ladrón de Guevara, apoderado de Grupo Hermanos Vázquez SA de CV, ingresó a la delegación Coyoacán, encabezada por el perredista Valentín Maldonado, el aviso de que en el predio se harían trabajos de “remodelación”. Ocho días después, la Dirección de Desarrollo Urbano delegacional emitió el oficio DDU/SMLCCUS/3098/2015 para informar que el trámite se apegaba al artículo 62 del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.
Esa fue la respuesta que Mario Carrillo, entonces director de Desarrollo Urbano delegacional, envió a Emigdio Roa Márquez, subprocurador de Ordenamiento Territorial de la PAOT, el 20 de julio de 2016 en el oficio DDU/SMLCCUS/JUDMLCA/3036/2016, emitido a raíz de una de las seis denuncias ciudadanas que representantes de los vecinos inconformes interpusieron en diversas dependencias del gobierno de Mancera Espinosa. La delegación aclaró que “únicamente” tenía ese oficio de Grupo Hermanos Vázquez, aun cuando, un mes antes –el 14 de junio– el subprocurador pidió a Leticia Nolasco, directora general de Obras y Desarrollo Urbano delegacional, el envío de tres documentos: Registro de Manifestación de Construcción, planos arquitectónicos (plantas, cortes y fachadas); Memoria descriptiva del proyecto y Certificado de Uso de Suelo “en cualquiera de sus modalidades”, emitido por la Seduvi y necesarios para permitir el inicio de los trabajos.
El mismo 14 de junio, Roa Márquez informó al director general Jurídico y de Gobierno de Coyoacán, Salvador Frausto, que de acuerdo con el Programa de Desarrollo Urbano Delegacional (PDDU), el predio en cuestión tiene uso de suelo tipo H/5/40, es decir, habitacional con cinco niveles máximos de altura y 40% mínimo de área libre.
En el oficio PAOT-05-300/300-5012-2016, agregó que personal de la Subprocuraduría “realizó el reconocimiento de los hechos denunciados levantando la respectiva acta circunstanciada en la que se hace constar la realización de trabajos de construcción (ampliación); consistentes en la instalación de una plataforma para helicóptero en la azotea de un edificio acristalado de 4 niveles al interior del predio”. Entonces ya no se habló de “remodelación”, como salió en el primero oficio, sino de “construcción (ampliación). Uso de suelo “no permitido” Roa Márquez pidió a la delegación hacer una visita de verificación en materia de “construcción” con una instrucción clara: “imponiendo las medidas de seguridad y sanciones aplicables” en los 10 días hábiles siguientes. El 15 de julio, en el oficio PAOT-05-300/300-6114-2016, el subprocurador ambiental informó a Luz Adriana López Galicia, coordinadora de Verificación Administrativa del Invea que en ese predio “el uso de suelo para estaciones repetidoras de comunicación celular y servicios satelitales, de télex y radiolocalización en general; así como para helipuerto no se encuentra permitido”. Y también le solicitó hacer una verificación en el lugar “imponiendo las medidas de seguridad y sanciones aplicables”. Un mes después, el 18 de agosto, el director de Verificación de las materias del Ámbito Central del Invea, Omar Antonio López Parada, contestó a la PAOT que el 10 de agosto hizo la verificación INVEADF/OV/DUYUS/2131/2016, pero que los resultados los envió a la Dirección de Calificación “A” del instituto “para su legal calificación”. Según los vecinos, Roa Márquez les dijo que “todavía no llega ese reporte, a pesar de que ya se vencieron los plazos”. Temerosos por los riesgos que la torre, los tanques y el helipuerto les pueden ocasionar, los vecinos también solicitaron a la Seduvi, vía transparencia de la información, el Estudio de Impacto Urbano de las obras. El 22 de agosto, en el oficio SEDUVI/DEIS/DI/SDI/JIP/7641/2016, ésta les contestó que “no se localizó antecedente alguno de la información requerida”. Ante la presunta inexistencia de trámites, permisos y verificaciones, mientras la construcción seguía dentro del predio, el mediodía del 25 de agosto los vecinos bloquearon las avenidas Universidad y Copilco. Había mujeres, niños y adultos mayores que habitan los edificios en riesgo desde su construcción en 1968 y 1976. Pese a la presencia de decenas de granaderos, los manifestantes permanecieron ahí horas hasta que personal de la Secretaría de Gobierno les ofreció reunirse con su titular, Patricia Mercado. Ésta los recibió alrededor de las 9 de la noche junto con personal de la PAOT. Vecinos que asistieron al encuentro narran a Apro que la secretaria les aseguró que no estaba enterada de esa problemática. “Nos preguntó por qué no habíamos hecho nada antes”. Luego, se comprometió a revisar la situación y a gestionar un acercamiento con la empresa para que llegaran a acuerdos. “¿Suspender qué? La obra ya está hecha” En una segunda reunión –cuyo video se puede consultar en Youtube–, Mercado les dijo que habló con los representantes de la empresa, quienes se comprometieron a no operar el helipuerto hasta no tener el permiso de la SCT. Además aclaró que debe dialogar con ambas partes del conflicto. Los vecinos insistieron en que mientras se revisaban los documentos, la obra fuera suspendida. Pero la funcionaria les respondió con firmeza: “La construcción está hecha, todas las cosas ahí están, está el helipuerto, están los tanques, está la subestación y está la torre. ¿Suspender qué? Ya está. Entonces como ya está, es más bien cuándo y cómo se echa a andar eso” a partir de las demandas vecinales y los estudios del caso “para que todos queden tranquilos”. No obstante, ante la insistencia de la representante legal de los vecinos, aceptó que si la empresa no demuestra que cumplió con la ley, “podemos llegar a la demolición”. Documentos “aparecidos” El pasado 9 de septiembre, los vecinos recibieron una noticia que encendió más su enojo contra los gobiernos capitalino y delegacional. En respuesta a una solicitud de información, Mario Carrillo, director de Desarrollo Urbano de Coyoacán, cambió su versión sobre lo que informó u omitió a la PAOT tres meses antes. Aseguró que los trabajos en Universidad 2014 no requerían Manifestación de Construcción o Licencia de Construcción Especial, según el artículo 62 del Reglamento de Construcción para el DF, y que la empresa sí tiene el registro de Constancia de Seguridad Estructura (sic) y su Renovación folio OB/2029/16, además del Aviso de Visto Bueno de Seguridad y Operación y su Renovación folio OB/2115/2016, ambos fechados el 18 de agosto de 2016; es decir, prácticamente un año después de iniciada la instalación. Pero eso no fue lo peor. La delegación contestó que ya tenía las licencias de Registro de “Obra Ejecutada” número 05/002/2016/04 y 05/001/2016/04 que se autorizaron a la empresa “una vez que fue analizado y revisado el Registro correspondiente para el predio en referencia”. Con este documento, la autoridad avaló la construcción para la que antes había dicho que no tenía permiso.
En la versión pública de los documentos adjuntos se lee un oficio fechado el 4 de agosto de 2015, en el que Jorge Jasso Ladrón de Guevara, apoderado legal de Grupo Hermanos Vázquez, informó que sólo harían trabajos de sustitución y colocación de acabados, cancelería, herrería y plafones en fachadas interiores y exteriores, acabados en pisos al interior y exterior del inmueble; reparación y sustitución de tubería hidráulica, sanitaria, gas eléctrica y comunicaciones; colocación de muros divisorios, muebles nuevos y la delimitación de los trabajos en la acera con tapiales.
Nada informó sobre la instalación de una torre de transmisión, una subestación eléctrica, tanques de combustible; mucho menos un helipuerto. Aun así, la delegación Coyoacán avaló el oficio y como nota, aclaró que el artículo 62 del reglamento de Construcciones local “no permite demoliciones ni ampliaciones a las edificaciones”. En la respuesta vía transparencia también aparecieron las licencias de Registro de Obra Ejecutada “para torre del tipo autosoportada con antena de transmisión de microondas para estación de radio y TV con una altura de 60 metros” –la OB/2115/2016–, así como la OB/2116/2016 para una “plataforma en azotea para helipuerto de uso privado con una superficie de ocupación por uso de 660.52 metros cuadrados de construcción” para soportar un peso máximo de despegue de 7 mil 400 kilogramos. Ambas licencias fueron emitidas a nombre de la empresa GIM Administradora de Inmuebles SA de CV, representada también por Ladrón de Guevara. Además, fueron fechadas el 2 de agosto de 2016; es decir, cuando la obra ya estaba terminada y las denuncias ciudadanas, en curso. Por esa omisión administrativa –que según la representante legal de los vecinos, Liv Espinosa, significa “regularizar lo irregular”–, la Seduvi sancionó a la empresa con una multa equivalente a 5% del total del costo de la obra, aunque no reveló el monto en pesos. Tras el pago inmediato, el 23 de agosto las licencias fueron avaladas bajos los registros 05/001/2016/05 y 05/002/2016/04. Luego de dos cancelaciones y la ausencia de la secretaria Patricia Mercado, los vecinos se reunieron el 20 de septiembre con personal de la Seduvi, quien les informó que después de hacer un análisis de la documentación, rectificaron que el uso de suelo del predio es “habitacional mixto” –cuando antes dijeron que sólo era habitacional– y, por ello, permite la existencia de las instalaciones en cuestión, de acuerdo con las modificaciones aprobadas en 2015 en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde el exdelegado Mauricio Toledo es actualmente diputado por el PRD. Con base en el oficio SEDUVI/DGAU/20700/2016, emitido el 14 de septiembre, el funcionario les dijo también que las instalaciones no requerían estudio de impacto urbano pues “no se está ampliando la edificación, sino que son modificaciones internas”. Con el mismo argumento, personal de la Sedema les informó que la obra tampoco necesitaba Evaluación de Impacto Ambiental. A decir de los vecinos que acudieron a esa reunión, personal de la delegación Coyoacán justificó que la Dirección General de Aeronáutica Civil, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), le dio el “visto bueno” para la instalación del helipuerto el 23 de junio, cuando éste ya estaba ahí. Ante la incredulidad de los vecinos, aclaró que la delegación hizo una clausura de la obra y emitió una sanción “pero dijo que después del pago inmediato, el área legal no pudo realizar ninguna acción jurídica pues se cumplieron con los trámites de sanción”. Proceso solicitó la posición de Patricia Mercado. En una tarjeta informativa la Secretaría de Gobierno explicó que “la empresa ya ha empezado a hacer las adecuaciones relativas al retiro de los tanques (de combustible). Una vez que éstas sean completadas, las autoridades delegacionales acudirán al lugar con el objetivo de que el Programa Interno de Protección Civil sea regularizado”. Ello, aun cuando la Ley Establecimientos Mercantiles local exige dicho programa antes de autorizar el funcionamiento. La dependencia agregó que el gobierno de la Ciudad de México “ha mantenido un canal de diálogo con los vecinos, así como con la empresa, para que ésta (sic) cumpla con la normatividad vigente en lo que concierne a las autoridades locales”. Así, con este antecedente de irregularidades, este lunes 17 de octubre, a las 20 horas, el Canal 3 “Imagen Televisión” iniciará sus transmisiones a escala nacional bajo el lema “Juntos somos libres”.
Una en crisis y sin hacer su producto estelar, la telenovela. La otra dos veces beneficiada por los perdones de Hacienda. TV Azteca y Televisa, las televisoras que integran el oligopolio televisivo más fuerte del continente, dejaron de pagar miles de millones de pesos durante 2013 y 2015 al fisco mexicano. Con Televisa, en 2013, la disculpa fue de 3 mil 334 millones de pesos y, dos años después, de 158 millones 637 mil 85 pesos a su subsidiaria Fomento al Futbol de San Luis Potosí. Hacienda le condonó una multa por 13 millones 280 mil pesos a Azteca Novelas de TV Azteca el año pasado cuando la empresa encaró una crisis histórica.
Instrumentado en febrero de 2013, apenas a unos meses de que Enrique Peña Nieto tomó posesión, el programa Ponte al Corriente permitió una disminución de hasta ciento por ciento en el monto de los créditos fiscales de personas morales. Este programa fue impulsado por la Secretaría de Hacienda a cargo de Luis Videgaray Caso, el otrora poderoso miembro del Gabinete federal. “Ponte al Corriente” se inició en cumplimiento al mandato establecido en el Artículo Tercero Transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2013, aprobado por el Poder Legislativo. Fundar Centro de Análisis y de Investigación, documentó que Televisa fue una de las empresas que logró la condonación de un crédito fiscal que ascendía a 3 mil 334 millones de pesos. La empresa de Emilio Azcárraga Jean pagó sólo el 10 por ciento del adeudo; es decir, dejó de pagar 2 mil 990 millones de pesos. La multa venía desde 2005 cuando reportó una cifra menor de utilidades y las justificó con la adquisición de las pérdidas de la empresa Comtelvi que adquirió ese año, con lo que disminuyó el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR). En 2013, en el reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la televisora informó que obtuvo beneficios con sólo pagar 10 por ciento del monto del adeudo y desistirse de un juicio de nulidad que promovió contra el fisco desde 2011. La información de esta condonación en 2013 se hizo pública por el estado financiero que presentó la empresa ante los inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores. En el reporte, la empresa de Emilio Azcárraga Jean expuso: “(esta condonación) le permitirá (a la empresa) limpiar y mejorar su imagen crediticia ante los inversionistas”. Es la hora en que el SAT no ha revelado con detalle quiénes fueron los beneficiarios de “Ponte al Corriente”. Pero el informe de ese año de la Auditoría Superior de la Federación de la cuenta pública de 2013 indica que el programa –diseñado para ayudar a contribuyentes con problemas de pago y deudas pequeñas– logró recaudar apenas 39 mil 572 millones de pesos, mientras que la condonación (los perdones) fue por 160 mil millones de pesos. En palabras de Lizandro Núñez, Administrador General de Recaudación del SAT, Televisa se acogió al programa una vez que estuvo abierto a todos los contribuyentes y que el procedimiento fue ordenado por las cámaras de Diputados y Senadores a través de la Ley de Ingresos de la Federación 2013 y el paquete fiscal. El funcionario defiende que si se desconocen razones sociales beneficiadas antes de 2014 es porque la Ley General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales promulgada en mayo de 2015 no tiene carácter retroactivo. De acuerdo con los investigadores de Fundar, la opacidad en las listas de beneficiarios permite que quienes fueron beneficiados una vez en un año, vuelvan a serlo en otro. También Gabriela Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) estima que en ello hay más arbitrariedad que discrecionalidad.
Se trata de un encuentro de señalamientos entre los observadores y el mismo SAT. El hecho es que en 2015, Televisa volvió a ser beneficiada y otra vez con la cancelación de un crédito fiscal, esta vez por 158 millones 637 mil 85 pesos a su empresa Fomento al Futbol en San Luis Potosí. LOS 13 MILLONES DE TV AZTECA El 2015 fue un año de pérdidas económicas para Ricardo Salinas Pliego, el hombre que gracias a sus habilidades comerciales apenas un año antes logró un patrimonio neto de 10 mil 200 millones de dólares. El declive lo puso en el puesto 260 entre las personas más ricas del mundo en Bloomberg Billionaire Index, cuando en 2014 ocupaba la posición 113. TV Azteca, la televisora que hasta 1993 perteneció al Estado mexicano con el nombre de Imevisión y cuyas instalaciones y señal fueron vendidas al empresario, había disminuido su patrimonio en 49 por ciento. 23 años después de esta privatización, parte de la política del entonces Presidente Carlos Salinas de Gortari, los números presentados por la televisora del Ajusco ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) venían teñidos de rojo: en el segundo trimestre había perdido 630 millones de pesos netos y una de muchas causas era mayores gastos contra menores ingresos. Además, los anunciantes, gastaron más en plataformas digitales que en señales de televisión. Un alivio llegó del Gobierno federal. El Sistema de Administración Tributaria (SAT) le condonó 13 millones 280 mil pesos a su filial Azteca Novelas por multas por no pagar impuestos ese año en el que tuvo que darle la cara a uno de sus episodios más entramados. LOS MALOS TIEMPOS La pantalla, al respecto, mostraba lo suyo. El cambio, en respuesta a la crisis, empezó a notarse porque de repente, faltó el producto estelar en la historia de la televisión mexicana: la telenovela. Nombrado como director general por el Consejo de Administración de TV Azteca el 1 de octubre de 2015, una de las primeras decisiones de Benjamín Salinas Sada –hijo de Ricardo Salinas, de 32 años– fue suspender la producción de los melodramas. TV Azteca empezó a reproducir series hechas en el extranjero como “¿Qué culpa tiene Fatmagul?”, de manufactura turca. Es el relato de una joven que sobrevive a una violación multitudinaria. Un éxito de audiencia ya probado en Latinoamérica que en México también funcionó. Pero mientras, acá, actores, libretistas, camarógrafos, todo un staff, se vieron, de repente, en el desempleo. En julio de 2016, Benjamín Salinas brindó una explicación pública sobre su decisión: “[Las telenovelas] ya no son algo que el público quiera seguir viendo. Por 20 años lo hicimos, ahora tenemos que dar un paso atrás y ver lo que la gente quiere y producir eso”. En el “Content Capital”, un evento sobre contenidos, el CEO expuso que después de hacer unos estudios de audiencia, la conclusión fue que la suspensión de la producción de telenovelas fue correcta. “Estamos haciendo grandes estudios antropológicos, llevamos ocho meses haciéndolo en las casas de las familias para saber qué consume, ir a entender cómo piensa la gente, los mexicanos, y, a partir de ahí, poder generar contenidos”. El empresario, quien al momento de la privatización tenía diez años de edad, impulsaba un cambio histórico: el fin del melodrama televisivo por lo menos en la pantalla de TV Azteca. Apenas en 2012, el año en que Enrique Peña Nieto tomó posesión, Ricardo Salinas Pliego –el padre– inauguró entre fuegos artificiales siete nuevos foros de Azteca Novelas, los primeros verticales de América Latina en una superficie de 15 mil 110 metros cuadrados de construcción. Aquella vez, el mensaje del empresario tomó un tinte político: “Hace 19 años que ganamos la licitación, recibimos una empresa que tenía pérdidas grandes de dinero para los mexicanos, y en 20 años tuvo 20 directores. Nosotros la obtuvimos e hicimos competitiva. Hay quienes aún la critican y señalan, pero cuando se habla de privatizaciones ésta es de las más exitosas”. Pese a este alcance, en su informe de 2015, la televisora les dijo a los inversionistas: “TV Azteca no puede asegurar que mantendrá o mejorará su participación en el mercado mexicano de publicidad en televisión en el futuro, ni puede asegurar que sus costos para obtener programación y contratar personal de producción y creativo a través de empresas filiales de TV Azteca y/o de empresas terceras no relacionadas con TV Azteca, o los precios a los que TV Azteca vende tiempo publicitario, no se vean afectados de manera adversa por la competencia”.
Les dijo también: “Además de competir con estaciones de televisión abierta convencionales, incluyendo algunas estaciones manejadas por el Gobierno, así como aquellas propiedad de o afiliadas a Televisa, TV Azteca también compite por televidentes mexicanos con proveedores de televisión de paga. Los sistemas de distribución de televisión por cable, multicanal, multiparte (“MMDS”) y servicios de satélite directo (“DTH”) representan una fuente potencial de competencia para las ventas de publicidad, audiencias y derechos de programas de TV Azteca“. DESDE LA PANTALLA, UNA BUENA RELACIÓN Para competir y a veces ganar, Azteca Novelas supo producir historias con varios tipos de contenido. Por ejemplo, no sólo llevó a la pantalla melodramas a través de la telenovela, el género rey de la pantalla mexicana; también presentó los programas “A cada quien su santo” en el que explicó los milagros de las advocaciones del catolicismo y “Lo que callamos las mujeres” que no sólo presentó guiones de asuntos de violencia de género como sugiere su nombre, también sociales y políticos. Un ejemplo de ello fue el capítulo transmitido el 18 de noviembre de 2014, apenas un mes y 18 días después de la tragedia de Iguala, en la que 43 estudiantes de la Escuela Normal Superior Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa se esfumaron de la faz de México en un laberinto que aún no encuentra salida. En esa fecha, Azteca Novelas reprodujo el siguiente parlamento:
–Mujer joven: Nadie sabe qué pasó. Unos dicen que los estudiantes atacaron a los policías, otros que fueron los narcos, pero nadie sabe qué pasó. Es como si no hubiera culpables.
–Mujer anciana (Una abuela): Así sucede en estas desgracias. No hay culpables, sólo víctimas y cuartos que se quedan vacíos, y madres que se quedan esperando, y familias que se quedan rotas.
“Vivos los queremos”, se llamó el capítulo. Los personajes hablaron de dolor. Mencionaron a los miles de desaparecidos en el país, los que tiene registrados la Secretaría de Gobernación (Segob). El personaje de la abuela, siempre enlutado, usó palabras como “por lo que uno se entera, no solamente agarran a los que andan metidos en lo malo, agarran parejo”.
En la trama, una joven pareja asiste a un mitin frente a una Normal. Pocas horas después, se conoce por las redes sociales que hubo disparos y una confusión. Por lo menos, hubo tres muertos y muchos desaparecidos. Una de las madres, en estado de angustia por la desaparición de su hija, declara que no es momento de buscar culpables; sino de encontrar a quienes ya no están. Y al final de ese episodio de ficción que aludía de manera directa a los 43, como bien lo dijeron los personajes, no hubo culpables. SinEmbargo solicitó a la Segob los contratos entablados con la televisora del Ajusco ese año a través de la solicitud marcada con el folio 0000400389814 mediante el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); pero la respuesta fue que los convenios eran “inexistentes”. Es decir, la información oficial indica que jamás medió un contrato para que Azteca Novelas reprodujera contenido en el que abordó una de las tragedias que más marcaron la caída de aceptación del Gobierno de Enrique Peña Nieto. FIN: EL PERDÓN Y OTRAS BUENAS NOTICIAS El Gobierno federal no invirtió en “Lo que callamos las mujeres”, de acuerdo con la información oficial. De hecho, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto no ha recibido ningún contrato de la Segob, según el Portal de Obligaciones y Transparencia. Pero el siguiente año, la televisora consiguió una condonación de 13 millones 280 mil pesos a su filial Azteca Novelas por multas por no pagar impuestos en 2015. En 2015, TV Azteca recibió otra buena noticia. Además de la condonación a Azteca Novelas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le concedió un amparo por el que serían recortados 249.1 millones de pesos de un crédito fiscal de 301.9 millones que le fincó el SAT en 2006, el primer año calderonista. La Primera Sala de la Corte resolvió, por tres votos contra dos, que fue incorrecto considerar como ingresos los depósitos en efectivo que Grupo TV Azteca recibió por adelantado, para compra de servicios publicitarios prestados después por sus filiales Red Azteca Internacional y TV Azteca.
“Esta Primera Sala estima que las cantidades entregadas en depósito, si bien representan una entrada de efectivo para el depositario, ello no implica que representen incremento en su haber patrimonial, ya que no reflejan por si mismos una modificación positiva en su patrimonio que deba ser gravada en términos de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre la Renta”, dice la sentencia, que requirió varias sesiones de discusión.
En 1999, Grupo TV Azteca había obtenido opinión favorable del SAT para no considerar como ingresos acumulables para fines de ISR estos depósitos, que los anunciantes pagaban como parte del llamado Plan Francés para compra de espacios por adelantado. Sin embargo, el SAT rechazó confirmar el criterio en el 2000, y en abril de 2006 fincó un crédito fiscal por 301 millones de pesos: 249.1 millones por ISR y el resto por IVA. TV Azteca tuvo esa carga hasta 2015. Ese año, llegó el alivio. VIDEOS:
El Gobierno mexicano pagará a las cuatro grandes televisoras privadas, que transmitirán contenidos educativos para el nuevo ciclo escolar, un total de 450 millones de pesos desde el mes de agosto y hasta diciembre, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Negó que quienes impartan clases sean conductores de televisión, sino maestras y maestros, de los mejores del país.
