En Tiripetío, criminalización y represión sistemática a normalistas rurales. Juicio político a gobernador de Michoacán: CDH Tlachinollan

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, señala que la agresión a los estudiantes de Tiripetío “se inscribe en el marco de una criminalización y represión sistemática y generalizada que viven los Normalistas Rurales que en los últimos años ha ido en ascenso. La estigmatización a los normalistas rurales y las agresiones que han sufrido seguidas de la impunidad que las caracteriza, crearon un marco permisible para la desaparición de los 43, el asesinato de 3 y las lesiones de 10 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero”.

Asimismo, Tlachinollan hace referencia a las palabras pronunciadas por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, unos días antes:  “espero que después de la garrotiza que les pusieron en Aguas Calientes ya también le piensen un poco”  que son una evidencia del desprecio a la educación pública y a los Normalistas Rurales que forman parte de la cauda de estigmatización que pesa sobre los estudiantes.

La Policía Comunitaria de Guerrero no es una organización delictiva, advierten los miembros recién liberados

Foto: El Sur

“Nuestro sistema de justicia comunitaria no puede considerarse como una organización delictiva dedicada a secuestrar personas, no señores, nuestro sistema se basa en brindar seguridad a los pueblos, a nuestra gente, para eso existe la policía comunitaria, siempre ha tenido como propósito proteger y brindar seguridad a los pueblos indígenas haciendo uso de los derechos constitucionales, la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, el Convenio 169 de la OIT y basados también en nuestros usos y costumbres”, señaló Ángel García García, uno de los seis integrantes de la Policía Comunitaria de Guerrero liberados la tarde del 12 de mayo.

Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, pertenecientes a la Casa de Justicia de El Paraíso, en la Costa Chica, fueron detenidos arbitrariamente el 21 de agosto de 2013 y salieron libres luego de que el Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa de Comonfort, Guerrero dictaminó que no existen elementos que acrediten el cuerpo del delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados.

Sobre la liberación de los comunitarios, el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que Bernardino, Ángel, Florentino, Eleuterio, Abad y Benito, nunca se doblegaron ante las injusticias del sistema y que gracias a la fuerza de las organizaciones, la exigencia para que se respetara el derecho de los pueblos a tener su propio sistema normativo se hizo realidad: “esto ha sido una lucha a pulso donde ellos resistieron, donde el derecho les dio la razón y todas las argucias jurídicas que se inventaron desde hace más de dos años y 9 meses se desmoronaron. De nueva cuenta demostramos como las autoridades fabrican delitos, como las autoridades construyen una serie de acciones delictivas que no están fundadas en el actuar de la policía comunitaria, ellos han demostrado que son inocentes, así como lo son Samuel, Gonzalo y Arturo”.

El policía comunitario Ángel Garcia aseguró que el gobierno de Ángel Aguirre intentó desmantelar todo el sistema de justicia deteniendo a su compañera Nestora Salgado, liberada el pasado 18 de marzo, y a todos los que salieron libres el día de ayer; así como a los policías comunitarios que siguen presos Samuel Ramírez, Arturo Campos y Gonzalo Molina: “ellos enfrentan los mismos procesos que nosotros pero no hay que darse por vencidos, les pedimos a todos que luchemos para exigir la libertad de cada uno de ellos, hemos ganado varias resoluciones a favor, con tres resoluciones federales demostramos nuestra inocencia, demostramos la legalidad de la policía comunitaria por lo que nuestros compañeros que siguen presos no son delincuentes”.

Pidió a las organizaciones sociales que se unifiquen: “la unión hace la fuerza, pongamos el mayor esfuerzo para ponerle un alto a la represión del gobierno, que no nos ponga más trabas para que los compañeros que siguen presos puedan salir, exigimos también la justicia para los 43 compañeros estudiantes cuya desaparición fue también por causa del Estado. Luchemos para encontrar la paz, la armonía y principalmente la seguridad para nuestra gente”.

La libertad de los seis policías comunitarios se realizó luego de que Juez Mixto de Ayutla de los Libres resolviera favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa de Comonfort, reclasificara el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por las leyes de nuestro país.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la CRAC-PC Casa de Justicia San Luis Acatlán manifestaron que una vez más se evidencian las falsas acusaciones del gobierno contra la CRAC-PC que buscaba criminalizar al Sistema indígena y que las actuaciones de la CRAC-PC se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales; además de que las autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos.

Por lo anterior, Tlachinollan y la CRAC-PC Casa de Justicia San Luis Acatlán exigen al gobierno Federal y Estatal: El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, tal y como lo ha hecho el Poder Judicial Federal; poner en libertad a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que permanecen en prisión bajos las mismas acusaciones y señalamientos infundados, pues el reconocimiento al proceso histórico del Sistema de Justicia de la CRAC-PC, obliga a las autoridades a abstenerse de seguir criminalizando a los pueblos indígenas por ejercer sus derechos; que se abra un proceso de investigación y sanción para aquellos Ministerios Públicos, Policías y Jueces que incurrieron en graves violaciones al derecho de defensa adecuada y el debido proceso de las autoridades de la CRAC-PC y que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.

Al salir libres del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ayutla de los libres, penal en el que se encontraban recluidos, Garcia García agradeció a sus familias, a las diversas organizaciones sociales que les apoyaron para lograr su libertad y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que fungió como su defensa jurídica.

Comunicado CDHM Tlachinollan:

http://www.tlachinollan.org/boletin-libres-6-autoridades-comunitarias-de-la-crac-pc/

Fuente: Desinformémonos

Autora: Atziri Ávila

http://desinformemonos.org.mx/la-policia-comunitaria-de-guerrero-no-es-una-organizacion-delictiva-advierten-los-miembros-recien-liberados/

Libertad de Nestora está condicionada a que abandone el país: Tlachinollan

Chilpancingo, Gro.- La libertad de la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, se habría logrado bajo la condición de que abandone de manera inmediata el país, reveló el abogado del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra.

El abogado defensor de siete policías comunitarios que aún se encuentran presos en distintas cárceles del país, dijo que el hecho de Nestora Salgado García, abandone casi de manera inmediata el país, se debería a una condicionante por parte de las autoridades, o al menos así se interpreta, más allá de argumentar problemas de salud.

“Con Nestora hay un condicionamiento, que Nestora no debe estar en el país, nosotros lo interpretamos de esa manera, no sabemos si es así, obviamente ella dice que es por cuestiones de salud, en el caso de ella, es otra dimensión”, señaló el abogado defensor de los policías comunitarios presos.

La noche de este jueves, un Juez del Distrito Federal notificó a Nestora Salgado García de tres autos de libertad que decretaron a su favor jueces del fuero común de Guerrero con sede en Tlapa de Comonfort, Ayutla de los Libres y Huamuxtitlán.

Durante los dos años y medio que estuvo detenida, fue internada en el penal federal femenil de máxima seguridad en Tepic, Nayarit y posteriormente trasladada a la Ciudad de México, donde pasó los últimos meses.

El 7 de marzo pasado, un juez ordenó la inmediata libertad de Salgado García por otros tres casos que tenía vigentes. Aquella ocasión no salió de prisión porque el Juez fue notificado de tres nuevos casos pendientes, de los que hoy fue exonerada.

Alrededor de las 10:00 de la mañana de este viernes, finalmente la comandante, abandonó el penal de Tepepan, donde le esperaban elementos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, amigos y familiares, así como activistas de diversas organizaciones.

Durante una protesta en la Ciudad Judicial, al sur de Chilpancingo, a la par de una audiencia que sostenía Arturo Campos Herrera, Vidulfo Rosales Sierra, señaló que en el caso de Nestora, se otorgó la libertad bajo la condicionante de abandonar el país, por el liderazgo que representa.

Expuso que en el caso de los ocho comunitarios presos, los jueces deberían ceñirse al mismo criterio ya establecido en los tres secuestros de los que se acusaba a Nestora, sin embargo, dijo, no existe voluntad por parte del Gobierno del Estado.

Algunas de las causas que también habrían influido en la libertad de la activista, fue la visibilización a nivel nacional e internacional, la doble nacionalidad, su condición de mujer, su carisma, lo que la convirtieron en un emblema de los presos políticos en el país; situación que no está ocurriendo con el resto de los presos.

“Y eso redundó en una fuerte presión para las autoridades estatales y federales, no así el caso de nuestros compañeros, con otros perfiles y que ahí nosotros nos hemos reunido con autoridades del estado, los compañeros tienen amparos ganados, pero los delitos han sido reclasificados”, acotó.

Fuente: Agencia de Investigación Periodística

Autor: Bernardo Torres

https://agenciaperiodistica.wordpress.com/2016/03/18/libertad-de-nestora-esta-condicionada-a-que-abandone-el-pais-tlachinollan/

Piden prorrogar 6 meses estancia del GIEI para el caso de los 43

Chilpancingo, Gro. El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, pidió que se prorrogue seis meses más la estancia del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “porque creemos que ellos nos pueden llevar a resultados más creíbles”.

Denunció que “desaparecieron las grabaciones de los días 26 y 27 de septiembre del Palacio de Justicia de Iguala, cuando ocurrió el incidente de los 43 normalistas de Ayotzinapa”, ya que, explicó, “lo que nosotros tenemos es exclusivamente una USB que mandó el Poder Judicial de Guerrero a la Procuraduría General de la República (PGR). Se analizó y se encontró que no hay imágenes correspondientes a los días 26 y 27; sin embargo, sí hay de los días anteriores y los posteriores”.

Fuente: La Jornada

Autor: Sergio Ocampo

Más información: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/19/piden-prorrogar-6-meses-estancia-del-giei-para-el-caso-de-los-43-9952.html