En Tlapa, Guerrero, la lucha por la educación

Varios días han transcurrido ya en los que se mantiene tomada la carretera Tlapa-Chilapa a la altura del puente de Ahuatepec Ejido. Padres de familia, estudiantes y profesores bloquearon la carretera debido a que sus demandas no han sido atendidas por parte de las autoridades municipales y estatales.

La demanda principal es el reconocimiento de una escuela primaria que está ubicada en la colonia 5 de Mayo de la ciudad de Tlapa de Comonfort.

Muerte de bebés en hospital de Tlapa, Guerrero, no fue por bacterias: Secretaría de Salud

Se hicieron hemocultivos de ocho recién nacidos, a los que les tomaron muestras de sangre, que resultaron negativas a bacterias, indicó la Seretaría de Salud de Guerrero.

Luego de que madres denunciaron la muerte de seis recién nacidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa de Comonfort, la Secretaría de Salud de Guerrero descarto que los fallecimientos se deban a bacterias.

“Los resultados de las muestras tomadas de neonatos que son atendidos en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa de Comonfort, resultaron negativas a bacterias”, señaló la Secretaría en un comunicado.

Agregó que “desde el inicio de la semana pasada se hicieron hemocultivos de ocho neonatos (recién nacidos), a los que les tomaron muestras de sangre, que resultaron negativas a bacterias”.

Explicó que se tomaron medidas preventivas que incluyeron la desinfección de todo el hospital, con una limpieza con antisépticos químicos para evitar cualquier situación.

“Se enfatiza que las infecciones nosocomiales ocurren en todos los hospitales del mundo, afectando tanto a países desarrollados, como los más atrasados.

“Las bacterias nosocomiales son causas de defunciones y aumento de morbilidades en pacientes, pero en el Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense de Tlapa no se han detectado situaciones de esa naturaleza en este proceso de investigación, que continuará hasta deslindar responsabilidades”, aseguró la Secretaría en el comunicado.


Añadió que los expedientes de defunciones de neonatos que se hayan registrado en ese nosocomio, serán sometidos a un análisis por un grupo de expertos, con cruce de información de laboratorio y sus patologías.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Tlachinollan: priva en Guerrero colusión de narco y gobierno

Tlapa, Gro. La tragedia del 26 de septiembre del año pasado en Iguala –43 muchachos de la Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos, seis civiles ejecutados, entre ellos tres estudiantes– pudo ocurrir porque confluyeron los dos brazos de una pinza que tiene al estado de Guerrero envuelto en una ola delincuencial que ha pactado con caciques, alcaldes, corporaciones policiacas corruptas y militares.

Lo sostiene Abel Barrera, quien al frente del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan desde hace 21 años documenta y litiga miles de casos de desaparición forzada, ejecuciones, violaciones, tortura, despojos agrarios, atropellos diversos. Pregunta: “¿De qué otra manera se puede explicar que se arremetiera con tanta violencia contra estudiantes desarmados y hasta un autobús con deportistas, sin razón aparente? Lo significativo es que es una acción de grandes dimensiones donde actúan en público, juntos, delincuentes y policías, seguros de su impunidad”.

En ese entorno que pesa sobre las diferentes regiones guerrerenses –Montaña, Costa Grande y Costa Chica, Sierra, Tierra Caliente, Zona Norte y ya no se diga Acapulco– los poderes políticos se trenzan con el poder del crimen organizado de tal manera que no se puede distinguir el uno del otro. Ahí, en esas comunidades, no hay mediación alguna entre los pobladores y sus organizaciones y el poder autoritario: “No hay nada que amortigüe el choque entre la violencia y la indefensión ahí donde la única ley que vale es la del sicariato. Es fierro contra fierro”.

Con motivo del próximo aniversario de las desapariciones forzadas de los 43 normalistas –el caso más grave que ha representado Tlachinollan–, Barrera habla en extenso con La Jornada. Explica que un suceso como ese solo pudo suceder por la conjunción de dos procesos paralelos: “Por un lado el brazo represivo del gobierno, con policías que son pistoleros sin control, que extorsionan, que se vinculan con secuestradores. Y por otro lado los grupos del crimen organizado que han adquirido fuerza propia desde el momento que el narcotráfico asienta su plaza en el estado. Esto es lo que detona la tragedia del 26 de septiembre”.

Los de Tlachi, “radicales”,

según el gobernador

El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan –reconocido y respetado a nivel internacional pero tildado por el gobernador Rogelio Ortega como “radical” y ligado con guerrilleros– despliega su trabajo de defensoría en tres frentes caracterizados por su pobreza, aislamiento y conflictividad: la Montaña, desde Tlapa; Costa Chica desde Ayutla y directamente desde la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa. Ello les ha valido una serie de premios internacionales, entre ellos el de Amnistía Internacional sección Alemania.

Barrera advierte que desde el gobierno federal y estatal “hay un empeño muy claro” de contener el avance de las causas que defienden. “Cada vez que logramos quitar una piedra en el camino nos ponen una roca enfrente, con toda la intención de cerrarnos el paso; de cerrarle el paso a la justicia”.

Antropólogo de formación, nativo de Tlapa, seminarista en su juventud y estudioso de teología, Abel Barrera habla extensamente con La Jornada ante la proximidad del primer aniversario de los ataques contra los estudiantes de Ayotzinapa.

Comenta sobre la forma como abordó el presidente Enrique Peña Nieto la reunión que sostuvo con los familiares en Los Pinos, “desinformado, indiferente”; sobre la investigación con la que el ex procurador Jesús Murillo Karam intentó cerrar la investigación; sobre el papel que jugó esa noche el ejército mexicano: “No estuvieron a margen de esta acción”. Y finalmente, sobre “la luz en la obscuridad” que representa para las madres y padres de los muchachos desaparecidos el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) asignado por la ONU y el Equipo Argentino de Antropólogos Forenses.

Estaban en la mirilla

–Considerando la historia de Guerrero, desde la guerra sucia, los crímenes nunca resueltos y el deterioro de la seguridad evidente desde hace años ¿Ayotzinapa es un episodio dentro de esta sucesión de hechos?

–No, más bien es un hecho en el que se conjunta el carácter represivo de los gobiernos caciquiles con la ola delincuencias que se ha desbordado en diferentes regiones. No podemos olvidar que la Normal Rural de Ayotzinapa ha sido una piedra en el zapato de los gobiernos caciquiles que son responsables de desapariciones y ejecuciones de activistas, líderes comunitarios y defensores.

La noticia de la noche de Iguala bien hubiera podido pasar desapercibida: algunos jóvenes asesinados por la policía es nota común, local. El problema, el agravio, es que los jóvenes atacados son estudiantes de una institución que ha sido emblema de la educación para los más pobres. Y que desaparecen a 43.

–¿Fueron blanco del ataque por el hecho de ser estudiantes de la Normal “Isidro Burgos”?

–Precisamente. Ahora sabemos que estaban en la mirilla de la policía, que los seguían, sabían dónde estaban, cómo actuaban, a dónde iban. La policía iba con el objetivo de parar a los jóvenes. Y lo hizo de la mano de la delincuencia organizada. Se proyecta claramente la colusión entre autoridades y crimen organizado. Pero ahí llegaron al extremo, a la barbarie.

–¿Qué papel jugó el ejército, que estuvo físicamente en el lugar de los hechos?

–Los soldados intervinieron, como todas las demás autoridades, desde una postura de represión al movimiento estudiantil. Es una posición que los considera de alto riesgo para el status quo. No estuvieron al margen. El hecho mismo que hayan ido a la clínica persiguiendo estudiantes, que los hayan sometido, encañonado, despojado de sus celulares, indica que iban a someterlos, contenerlos, aislarlos, amedrentarlos para hacer el trabajo sucio a la policía y a la delincuencia. Su papel fue cerrar el cerco. Hay información muy clara de cómo ellos sabían cómo estaba operando Guerreros Unidos.

La relación de hechos oficial da cuenta que ellos se acercan cuando hay detonaciones de armas de fuego y que en lugar de irse contra los que estaban atacando se fueron contra los estudiantes desarmados que estaban en una clínica.

Hay que mirar con cuidado el hecho de que haya dos grupos de fuerzas especiales del ejército en la Zona Militar. Desde que el ejército aniquiló a la guerrilla en los setentas quedó controlando esa zona, controlando a las policías ministerial, estatal. Y eso sigue igual.

Y bajo ese control se incubó la delincuencia desde los años ochenta, noventa. El narcotráfico no se desarrolló al margen de esas fuerzas federales. Hay intocables.

–¿Esto explica porque no se intenta esclarecer esa liga entre gobiernos municipales, policías federales y crimen organizado?

–El gobierno no quiere trabajar esa línea. Sabemos que en la zona norte hay grupos caciquiles ligados con el narcotráfico que no son investigados, ni siquiera se mencionan. En el expediente oficial la policía ministerial es invisible, cuando se sabe que ahí están los mandos más sanguinarios. Resulta mucho menos costoso, políticamente, focalizar todo en la policía municipal, concluir que todo se origina en unos 20 ó 30 malos policías, medio locos. Se oculta el tejido bien urdido de complicidades entre negocios, intereses políticos, candidaturas, control territorial.

Por eso es tan urgente lo que los padres insisten que se haga: que la investigación se encamine a las redes de complicidad entre autoridades estatales y federales, ejército, poder político y delincuencia. Si no se hace vamos a seguir arrastrando esta cauda de violencia, porque no hay otra forma de llamar a cuentas a quienes han sido los verdugos.

–Está por cumplirse un año de la noche de Iguala. ¿Cuál es la estrategia de lucha a seguir?

–Para las mamás y papás la fecha no significa nada. Mientras no sepan dónde están sus hijos no van a dejar de exigir saber dónde están.

Para ellos un punto central es el informe del Grupo de Expertos del CIDH. Ellos apuestan que con ese informe podrán contar con información contundente, investigaciones científicas, búsquedas en vida, acciones coordinadas y comprometidas con las víctimas. Y los miembros del Grupo de Expertos han sido los acompañantes ideales, los han sabido escuchar. Y tienen capacidad de emplazar al gobierno para que cumpla.

A los padres, al llegar a este primer año, los encontramos más fortalecidos gracias al trabajo meticuloso y responsable de esta instancia.

Esto, y lo que pueda aportar el EAAF –que todavía no sabemos cuándo estará listo– son una luz en la obscuridad.

–¿Qué significó para las familias de los desaparecidos y los caídos aquella reunión con el presidente Peña Nieto en Los Pinos?

–Ellos llegaron pensando que la palabra del presidente tenía algún valor, que hablar con él abría un horizonte para la verdad. No fue así. Solo fue abrir las válvulas para bajar la presión. Lo que encontraron fue a un mandatario desinformado, indiferente.

–¿Cómo evalúan la actuación del ex procurador Murillo Karam?

–Cuando nos presentó horas antes de dar a conocer públicamente su versión oficial, los papás le pidieron que no la diera, que no era una línea bien cimentada, que les iba a lastimar mucho y que no era suficiente. Él nos dijo que no. Ahí vimos que lo que el gobierno necesitaba era salirle al paso a la presión social, a las grandes marchas. Esa su verdad histórica era lo menos costoso políticamente para ellos.

Guerrero en el declive

Abel Barrera y su equipo, entre el que se encuentra Vidulfo Rosales, que lleva la parte jurídica del caso Ayotzinapa, no solo fueron testigos sino víctimas también de varios casos que marcan el declive que sufren varias regiones del estado.

“Hace más de diez años estamos alertando sobre este proceso de descomposición en Tierra Caliente, zona norte, Costa Grande, por el pacto entre autoridades municipales y delincuencia organizada. Con hechos muy concretos: Uno fue en 2009, el asesinato de dos defensores indígenas mixtecos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, en Tecuanapa.

Pero es la defensa de las dos mujeres mixtecas violadas por militares, Valentina Ortega y e Inés Fernández, lo que nos pone como defensores en el umbral de alto riesgo. Tuvimos que cerrar durante más de un año la oficina en Ayutla y pedir medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para más de 100 compañeros.

Luego ocurrió la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán. Un retén de militares los señaló en un autobús de Acapulco a México y un segundo retén de delincuentes los secuestró. Ellos habían denunciado los comportamientos opacos del Ejército y sus acuerdos con la delincuencia en la Sierra de Petatlán en una reunión con altos mando en Acapulco.

Eran las mismas denuncias que habían hecho antes los campesinos Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel en 1999, que fueron torturados o el Ejército y presos muchos años ilegalmente. Ellos demostraron que el control del bosque contra la tala inmoderada era contener el negocio de la droga. Y que por eso la delincuencia y los caciques les disputaban a las comunidades el control de los bosques. Y en esa red de complicidades ya estaban los militares coludidos.

Así fue como esa ola delincuencial fue envolviendo a las regiones: La Montaña, Costa Grande, Costa Chica, ya no digamos Acapulco que fue la disputa por el control del mercado; zona norte y Morelos, luego por Tierra Caliente la disputa de Michoacán. De este modo la gobernabilidad quedó en manos de la delincuencia. Ellos venden seguridad a cambio de la cuota para la siembra y el trasiego de amapola.

El sueño de justicia se tornó en pesadilla

–Tlachinollan nació hace 21 años y se ha desarrollado en este entorno. ¿Qué significa su presencia?

–Para nosotros el sueño de justicia con que empezamos nuestro trabajo se ha tornado en una pesadilla. Cuando uno empieza en la lucha de los derechos humanos tiene la esperanza de poder abatir la impunidad, pelear porque la ley funcione, hacer visible la injusticia, darle voz a la gente. Ganamos muchas cosas: pudimos darle voz a la gente, ganar casos en la Corte Interamericana, sentar al ejército en el banquillo de los acusados, hemos ganado juicios agrarios. Como se ganó el caso de La Parota. Pero ganarlo significó castigo para su líder (Marco Antonio Suástegui, del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras) encarcelado durante un año).

Hay un empeño de las autoridades de hacer más cruento este caminar. Cada vez que logramos quitar una piedra del camino y nos ponen una roca enfrente.

Trabajamos en medio de la inseguridad, las amenazas, las desapariciones. Así vamos sorteando los caminos en estas montañas, sabiendo que el gobierno tiene minado este territorio con policías sanguinarias y sicarios, con un ejército impune.

Nuestra apuesta es la alianza con la sociedad, caminar acuerpados con los pueblos, con la gente. Aquí los defensores de primera línea son los defensores comunitarios, los que defienden el territorio, organizan las asambleas, las mujeres que cohesionan a la gente para hacer realidad la vida comunitaria.

Sabemos que las autoridades esperan cualquier momento para darnos un zarpazo, para tildarnos de delincuentes y sobre todo para mandar señales funestas a sus aliados de la delincuencia. No sabemos si cuando enfrentamos a una autoridad estamos enfrentándonos a una banda del crimen.

Por ejemplo, en la zona son varios los presidentes municipales apoyados por el crimen organizado. Cuando la comunidad denuncia que el alcalde no cumple con una obra o servicio, sería muy básico. ¿Pero si sus guardaespaldas, sus policías, su equipo trabajan para la delincuencia? Ahora tenemos que contenernos, replegarnos a veces, callar cosas, porque es pelear por la sobrevivencia.


Pero esto comparado con lo que la gente está sufriendo en La Montaña, en la sierra, en las costas, es nada. Ellos siguen llorando la pérdida de sus hijos, la desaparición de sus seres queridos, el desplazamiento, que es la otra parte del drama que no se conoce.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: Blanche Petrich.

Bloquea el MPG camino de Tlapa que lleva al acto de Peña Nieto

TLAPA, Gro. (proceso.com.mx) .- Un centenar de integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) protestan en este momento en el crucero de la comunidad indígena de Atlamajac, ubicado a unos tres kilómetros del lugar donde el presidente Enrique Peña Nieto tiene programado inaugurar más tarde la obra denominada La Ciudad de las Mujeres.

Fuerzas públicas desplegadas en ese punto impidieron que los manifestantes continuaran su camino por lo que el MPG decidió bloquear esa vía he impide que funcionarios públicos federales y estatales lleguen al acto presidencial.

De hecho, ya obligó a la presidenta del DIF, Guerrero, Marxitania Ortega, hija del gobernador provisional, Rogelio Ortega Martínez y al secretario de Obras Públicas estatal, Jesús Hernández a que dieran marcha atrás.

En el caso de Marxitiana Ortega, la camioneta en que viajaba fue apedreada.

Los manifestantes exigen justicia en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y en el del asesinato del normalista Antonio Vivar Díaz, ocurrido el 7 de junio, durante las elecciones.

Fuente: Proceso

Autor: Ezequiel Flores Contreras

Prepara MPG protesta en repudio a visita de Peña a Tlapa

CHILPANCINGO, Gro: Integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) anunciaron  que este lunes se van a manifestar en la ciudad de Tlapa para repudiar la visita del presidente Enrique Peña Nieto a este lugar considerado como el corazón de la Montaña guerrerense.

El grupo de activistas, conformado por docentes, estudiantes y ciudadanos, denunció que personal de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) está condicionando a mujeres para que asistan a la inauguración de la obra denominada Ciudad de las Mujeres, que pretende brindar atención médica, psicológica y jurídica para el sector femenino de la región donde habita la mayoría de la población indígena en la entidad.

Afirmaron que las mujeres beneficiarias del programa federal Prospera, fueron amenazadas con retirarles el beneficio en caso de que no asistan al acto donde se anunció la presencia del presidente Peña.

“Se nos hace ofensivo e incongruente el hecho de que el gobierno federal obligue a las mujeres a asistir a la inauguración de ese centro donde se promueve el respeto los derechos humanos”, señalaron los inconformes a través de un comunicado distribuido esta noche.

Además, recordaron que el pasado domingo 7 de junio, policías federales asesinaron a tiros al normalista Antonio Vivar Díaz durante un desalojo realizado por federales y soldados en la colonia El Tepeyac.

La acción policiaco-militar tenía como objetivo rescatar a una treintena de agentes federales que fueron retenidos por pobladores y permanecían en la iglesia del asentamiento, luego de que federales detuvieron a profesores miembros del MPG.

En ese entonces, miembros del MPG responsabilizaron del crimen del joven activista llamado Comandante Toño, al presidente Enrique Peña Nieto y criticaron la complicidad del gobernador Rogelio Ortega Martínez, a quien calificaron como “el principal incitador de la violencia” en este lugar considerado como el corazón de la Montaña.

Los activistas afirmaron que el gobierno federal y estatal impuso a sangre y fuego una elección blindada por soldados y policías “sin legitimidad popular”.

Al respecto, el profesor Ubaldo Segura, dirigente del movimiento en Tlapa, denunció que Ortega alentó la represión contra los ciudadanos que impulsaron el boicot electoral para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, al respaldar al grupo de choque conformado por simpatizantes partidistas que desalojaron el plantón que mantenían los docentes en el zócalo y permitir que actuaran en contubernio con policías estatales para golpearlos.

También acusó al gobernador interino de asumir una actitud omisa frente a la brutal represión policiaco-militar que dejó un muerto, cuatro heridos de gravedad y sembró el pánico y terror que mantiene dividida a la población de Tlapa.

Segura calificó como “aberrante y estúpida” la actitud asumida por Ortega, quien justificó la ejecución de Antonio Vivar al argumentar que los manifestantes tenían la intención de linchar a los agentes federales retenidos en la iglesia de la colonia.

Hasta el momento, el asesinato del joven indígena sigue impune y la sociedad se mantiene dividida ante la falta de justicia.

Por ello, los miembros del MPG señalaron que la visita de Peña es una ofensa y anunciaron que se van a manifestar pacíficamente en las calles de Tlapa para repudiar las reformas del gobierno federal en materia educativa y social.

Los profesores y la sociedad de Tlapa, señalaron, está en contra de estas reformas que sólo benefician a la oligarquía, y responsabilizaron al gobierno federal de cualquier acto de represión contra los inconformes.

El arribo del presidente Enrique Peña se tiene contemplado para el mediodía y la obra que va a inaugurar se encuentra a un costado del cuartel del 93 Batallón de Infantería.


Esta visita ocurre tras la gira de Peña por Francia y se registra en el contexto del cumpleaños del presidente, informaron fuentes oficiales.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

Justifica gobernador de Guerrero ejecución extrajudicial en Tlapa

TLAPA DE COMONFORT, Gro: El gobernador Rogelio Ortega Martínez y el delegado de Gobernación en la entidad, Erick Castro Ibarra, justificaron la ejecución extrajudicial del estudiante y líder del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), Antonio Vivar Díaz, registrada ayer durante un operativo de la PF y el Ejército, al argumentar que tenían información en el sentido de que los pobladores “tenían intenciones de linchar” a los 35 agentes retenidos en la iglesia de la colonia Tepeyac.

Lo anterior fue revelado por el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, quien fungió como mediador en este conflicto que tuvo un desenlace trágico y que se originó cuando policías federales allanaron la sede del magisterio disidente y detuvieron sin orden de aprehensión a siete profesores y un menor de edad.


Luego, los federales pretendieron llevarse con grúas algunos vehículos de los profesores, por lo que los vecinos reaccionaron cercando a 35 uniformados y se los llevaron retenidos a la iglesia para exigir la liberación de los integrantes del MPG.

La acción policial se registró después de que sujetos encapuchados incendiaron una camioneta del INE sobre el puente que cruza el río Jale, y las autoridades dieron por hecho que los autores de este hecho habían sido los miembros del movimiento que impulsó el boicot electoral para exigir justicia por el caso Ayotzinapa, dijo Barrera Hernández.

Al respecto, comentó que durante el desalojo violento para rescatar a los federales retenidos, que dejó un muerto y cuatro heridos graves, intentó comunicarse vía telefónica con el gobernador Ortega y el delegado de Gobernación, pero ambos simplemente no respondieron, indicó.

En entrevista con Apro, el antropólogo señaló que previamente Ortega y Castro advirtieron que la acción policiaco militar era inminente porque no tenían opción, ya que “de ninguna manera” iban a permitir que los manifestantes atentaran contra la integridad de los uniformados.

Barrera criticó el hecho de que el gobernador Ortega pretenda ocultar este hecho trágico que refleja el exceso y la brutalidad policiaca en contra de ciudadanos.

Por ello, exhortó a las autoridades a investigar la acción para fincar responsabilidad contra los policías que accionaron sus armas contra el estudiante Antonio Vivar y una decena de manifestantes que exigieron la cancelación de las elecciones, al considerar que sin justicia no puede existir democracia.

El director de Tlachinollan informó que tras la detención “ilegal”, los ocho miembros del MPG fueron trasladados a la Ciudad de México a bordo de un helicóptero de la Marina pero, ante la retención de los 35 federales, se abrió una negociación entre dirigentes del MPG y autoridades federales.

Al respecto, dijo que la presión social obligó a las autoridades a ordenar el regreso de los activistas a Guerrero; fueron trasladados vía aérea al puerto de Acapulco, y enseguida a la capital de la entidad a bordo de vehículos oficiales.

El gobernador Ortega recibió a los profesores en la sede del Ejecutivo y luego se tomó la foto con ellos, la cual fue difundida posteriormente por el área de Comunicación Social bajo el título de “Autoridades entregan a familiares a los ocho detenidos en los hechos de Tlapa”.

En ese momento, el delegado de Gobernación le dijo a Abel Barrera que pidiera a los manifestantes que dejaran libres a los federales porque los activistas ya iban en camino a Tlapa, acompañados de funcionarios estatales; incluso, el funcionario federal le envió una fotografía a través de su equipo móvil.

No obstante, los pobladores anunciaron que iban a liberar a los 35 federales retenidos hasta que llegaran sus compañeros a Tlapa.}

La postura de los manifestantes molestó al gobernador Ortega y al delegado de Gobernación, quienes exigieron por separado que Abel Barrera convenciera a los manifestantes, pues de lo contrario se implementaría el operativo policiaco militar para rescatar a los federales.

Ambos funcionarios argumentaron que los órganos de inteligencia del Estado tenían información en el sentido de que los pobladores iban a linchar a los uniformados y advirtieron que de ninguna manera iban a permitir que atentaran contra la integridad de los policías.

Barrera reprochó la postura de las autoridades y les dijo que los manifestantes mantenían una actitud pacífica y en ningún momento pretendieron agredir a los uniformados, menos a quienes estaban al interior de la iglesia resguardados por mujeres y niños.

No obstante, la comunicación entre el director de Tlachinollan y los funcionarios se interrumpió y se desató el brutal operativo para rescatar a los agentes retenidos, acción encabezada por la PF y soldados del 93 batallón de Infantería con sede en Tlapa.

A un día de la tragedia el cuerpo de Antonio Vivar, un profesionista de origen mixteco de 28 años, era velado en una humilde vivienda ubicada en una empinada calle de la colonia San Antonio, entre imágenes del guerrillero Ernesto Che Guevara y la virgen de Guadalupe.

El ambiente es de rabia e indignación, y al llanto de amigos y familiares se suman las consignas en contra del gobernador Ortega, quien es calificado como “asesino represor”.

Ello debido a que la semana pasada, Ortega alentó a los miembros de un grupo de choque –conformado por simpatizantes del PRI y PT que actuaron en contubernio con policías estatales– para desalojar el plantón que mantenían miembros del MPG en el zócalo de esta ciudad, considerada como el corazón de la Montaña.

Al respecto, la esposa y familiares del joven de origen mixteco exigieron justicia y castigo contra los policías federales que mataron al estudiante de la UPN, quien se caracterizó por impulsar marchas y protestas en este lugar tras la masacre y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.


Al velorio acudieron padres de los normalistas desaparecidos y estudiantes, quienes se solidarizaron con la familia de Antonio Vivar, a la par que anunciaron acciones de protesta para que las autoridades procedan contra los federales que utilizaron sus armas de fuego contra manifestantes desarmados.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQIUEL FLORES CONTRERAS.
FECHA: 8 DE JUNIO 2015

Liberan a ocho detenidos por impulsar boicot electoral en Tlapa

CHILPANCINGO, Gro: Autoridades federales liberaron a siete miembros del magisterio disidente y un menor de edad detenidos ayer en Tlapa por impulsar el boicot electoral y exigir justicia por el caso Ayotzinapa.

Lo anterior, después de que el estudiante de la Universidad Nacional Pedagógica (UPN) Antonio Vivar Díaz fue asesinado a tiros durante un operativo de la Policía Federal y el Ejército para rescatar a 30 agentes retenidos por la población ante la aprehensión de los activistas.

La liberación de los siete docentes y un menor de edad se realizó esta madrugada en la sede del seminario de Tlapa ante funcionarios y representantes de organismos de derechos humanos.

Al respecto, la administración del gobernador provisional, Rogelio Ortega, afirmó que de esta forma “demuestra una vez más su compromiso con los ciudadanos de continuar privilegiando el diálogo para resolver los problemas y dar cumplimiento a los compromisos asumidos, en particular con los habitantes de Tlapa”.

No obstante, el comunicado oficial omite hacer mención del asesinato del estudiante de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral, con especialidad en Sistemas Normativos de Pueblos Indígenas de la unidad 12-D de la UPN en Tlapa de Comonfort.

Por su parte, el Centro de derechos humanos de la Montaña Tlachinollan calificó el operativo policiaco militar que dejó un muerto, cuatro heridos graves y ocho detenidos, como “arbitrario” y “desproporcionado”.

A través de un comunicado, el organismo refiere que a las 14:30 horas de ayer, durante la jornada electoral, la PF realizó un operativo en la colonia Tepeyac, donde más de 24 policías que se desplazaban en dos patrullas irrumpieron de forma arbitraria en las oficinas de la CETEG y detuvieron sin orden de aprehensión a siete docentes y un niño, identificados como: Juan Sánchez Gaspar, Pablo Abad Díaz, Julián Ayerdi Chavelas, Raúl Sierra de Jesús, Francisco Ortega Vicente y Ángel Basurto Ortega, Agustina Luna Martínez y Herlinda Iturbide Pinzón.

El profesor Juan Sánchez Gaspar es padre del docente Juan Leuguín Sánchez, quien fuera golpeado brutalmente por la Policía Estatal, en coordinación con grupos de personas armadas vinculadas con distintos partidos políticos, el pasado viernes 5 en Tlapa.

Luego de la detención de las ocho personas, los federales nuevamente ingresaron a la colonia y catearon el edificio de la CETEG y cuando se llevaban dos camionetas, vecinos y profesores salieron a las calles, cercaron a los uniformados y retuvieron a 35 agentes.

Los inconformes advirtieron que no dejarían ir a los policías hasta que liberaran a los ocho detenidos, quienes estaban siendo trasladados por vía aérea a la Ciudad de México en un helicóptero de la Marina.

En respuesta a la retención de los policías, cerca de las 15:30 horas, la Policía Fedearl desplegó un impresionante cerco en la colonia que generó un ambiente de tensión por varias horas.

Luego, manifestantes y autoridades acordaron liberar a los detenidos y los agentes retenidos en la iglesia de la colonia.

No obstante, alrededor de las 20:00 horas la Federal reactivó el operativo e incursionaron portando armas y lanzando gas lacrimógeno en la colonia “incumpliendo con los acuerdos”.

La situación provocó terror entre las familias que se encontraban a la espera de noticias sobre el regreso de sus familiares detenidos.

De acuerdo con el testimonio de víctimas, se documentó la participación de militares, refiere Tlachinollan.


Soldados y policías ingresaron a viviendas y golpearon a hombres y mujeres, dejando un número indeterminado de heridos y personas en estado de shock.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.

Muere maestro en Tlapa, tras irrupción de fuerzas federales

En la jornada electoral se confrontaron policías con colonos por la detención de maestros.

Un maestro muerto y decenas de heridos es el saldo que dejó un conflicto el domingo entre policías federales y colonos en Tlapa, Guerrero.

Todo comenzó cuando las fuerzas federales detuvieron a maestros y habitantes de la zona; tras ello fueron retenidos 30 elementos policiacos, quienes finalmente fueron rescatados por sus compañeros.

Los policías fueron retenidos después de que a las 14:30 horas, elementos de la corporación detuvieron a seis maestros, dos maestras y un menor, además de un comerciante.

El domingo por la noche hubo un operativo encabezado por federales, en el que usaron gases lacrimógenos.

Los policías retenidos lograron escapar y la comunidad quedó sin energía eléctrica, pues hubo un corte de luz como parte del rescate.


El profesor que murió en medio del combate se llamaba Antonio Vivar.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Detiene la Policía Estatal al dirigente y dos integrantes del MPG en Tlapa mientras marchaban tras agresión

Luego de que después de las 11 de la mañana unos 200 policías antimotines del gobierno del estado agredieron a 400 integrantes del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) lanzándoles piedras con resorteras y lesionando a 20 maestros, aproximadamente a las 3 de la tarde, los uniformados detuvieron al dirigente Juan Tenorio y a otros dos integrantes de la organización, mientras marchaban hacia el centro de Tlapa.

El lunes por la noche los integrantes del MPG quemaron papelería electoral y en represalia un grupo del choque del PRI los desalojó esa misma noche del Ayuntamiento que mantenían tomado en demanda de la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Ayer los manifestantes marcharon y fueron repelidos a pedradas por policías y soldados cuando llegaron a la bodega del Instituto Nacional Electoral (INE), hoy fueron agredidos nuevamente cuando pretendían bloquear la carretera federal Tlapa-Puebla, como parte de las acciones para boicotear las elecciones, y después comenzaron a marchar hacia el centro.

Cerca de las 3 de la tarde, mientras avanzaban hacia el centro de la ciudad, el dirigente y otros dos integrantes del MPG fueron detenidos frente a la tienda Súper Che por la Policía Estatal, y se desconoce a dónde fueron trasladados.


La marcha continúa avanzando hacia el Zócalo de Tlapa, aunque se sabe que nuevamente los integrantes del grupo de choque tienen sitiado el lugar para impedirles el paso y que puedan recuperar el Ayuntamiento, armados con tubos y palos.

FUENTE: EL SUR (ACAPULCO)
AUTOR: REDACCIÓN.

#‎FreeNestora‬. Policía Federal llega a Acapulco para resguardar aeropuerto

Elementos federales buscan resguardar el aeropuerto General Juan N. Álvarez, después que miembros de la CNTE tomaron el aeropuerto de Oaxaca la mañana de este miércoles 3 de junio.

Unos 200 elementos de la Policía Federal llegaron al aeropuerto internacional de Acapulco para resguardarlo ante la posible llegada de maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) y normalistas de Ayotzinapa.

La llegada de los elementos federales sucede a unas horas de que miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) bloquearon el aeropuerto internacional de Oaxaca.

Maestros bloquean acceso al municipio de Tlapa, Guerrero

Maestros y alumnos del Movimiento Popular Guerrerense (MPG) bloquean uno de los accesos a la ciudad de Tlapa, Guerrero, tras haber sido desalojados del Ayuntamiento en esta localidad. El bloqueo está en la entrada de la carretera Tlapa-Chilapa.

Los miembros del MPG -que exigen al gobierno que no haya elecciones- tenían un campamento instalado en el zócalo de Tlapa desde octubre de 2014, sin embargo, fueron desalojados por los colonos tras la quema de boletas electorales que se realizó la noche del lunes 1 de junio.

Además, se registra otro bloqueo en la carretera que conduce hacia el municipio de Huamuxtitlán. Familias damnificadas por los ciclones “Manuel” e “Ingrid” -que golpearon Guerrero en septiembre de 2014- bloquean el paso para exigir la entrega de granos y la reconstrucción de sus viviendas.

Militares entran a Chilapa

La noche del martes 2 de junio, un convoy militar ingresó a Chilapa, Guerrero. Según habitantes, la comitiva se conforma por 17 vehículos blindados, pipas de gasolina, ambulancias y unidades conocidas como ‘rinocerontes’ y fue instalada en la Unidad Deportiva de la ciudad.

De acuerdo con el vocero de los familiares de desaparecidos en el municipio, José Díaz Navarro, el ingreso del convoy militar tiene la finalidad de vigilar la elección y no de cuidar a la población, pues la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (Ceteg) y el Movimiento Popular Guerrerense determinaron no permitir la instalación de casillas el domingo 7 de junio.


Esto acontece a cuatro días de que inicie el proceso electoral y tras casi un mes de la irrupción de civiles armados a Chilapa, que dejó como saldo la desaparición de un número aún no determinado de habitantes. Este caso se ha desarrollado de la siguiente manera:

• El 19 de mayo la Fiscalía General de Guerrero anunció que investigaría la denuncia de 15 personas desaparecidas en Chilapa.
• La cifra de personas denunciadas subió a 16, pero también se habló de que hay otros 14 desaparecidos que no fueron denunciados por miedo a represalias.
• El 22 de mayo, Segob instaló una mesa de diálogo con familiares de desaparecidos.
• En días posteriores se recabaron muestras de ADN de los familiares y hacia el 30 de mayo se anunció que la búsqueda de las víctimas se hace ‘con vida’, pues no hay indicios de que hayan perdido la vida.
• El mismo 30 de mayo se informó que los avances en las líneas de investigación son secretos y se planteó un esquema de información individual para cada una de las familias.
• Segob informó que, ante las exigencias de los habitantes, la Policía Federal (que ingresó a Chilapa en días previos) se mantendría en la ciudad porque se sienten seguros con ella.
• El 1 de junio se hallaron dos cuerpos en una fosa en Chilapa; el alcalde informó que no se trata de ninguno de los desaparecidos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.

‪#‎FreeNestora‬Grupo de choque desaloja plantón en Tlapa; 116 mil boletas quemadas

CHILPANCINGO, Gro: Un grupo de choque conformado por simpatizantes del PRI y PRD, con el apoyo de militares, desalojó durante esta madrugada el plantón que mantenían desde octubre integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG ) en el zócalo de Tlapa.

El grupo de choque incendió vehículos, casas de campaña y mobiliario.

Lo anterior, después de que los activistas que impulsan el boicot electoral y exigen justicia por el caso Ayotzinapa irrumpieron en la sede del distrito 28 local, sustrajeron más de 116 mil boletas y las quemaron en el centro de esa ciudad, considerada el corazón de la Montaña.

La situación de Tlapa es tensa, debido a que el zócalo permanece sitiado por soldados y los miembros del MPG se replegaron y anuncian que recuperarán la plaza con el apoyo de la Policía Comunitaria.

Por su parte, la representante del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), Marisela Reyes Reyes, condenó la quema de las boletas electorales y anunció que el material será repuesto a la brevedad.

También informó que interpuso una denuncia ante autoridades ministeriales por este hecho y pidió al gobierno estatal y federal reforzar la seguridad para evitar más protestas de los miembros del movimiento opositor al proceso electoral.

No obstante, la funcionaria electoral evadió responder la causa por la que tenían almacenada las boletas electorales en un inmueble propiedad de Elvia Zurita, candidata a regidora por el PRI.

Las boletas quemadas estaban destinadas para ocho municipios indígenas y considerados de alta marginación: Alcozauca, Malinaltepec, Cochoapa, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Xalpatlahuac, Metlatónoc y la zona rural de Tlapa de Comonfort.

La acción provocó que las autoridades reforzaran con soldados y policías las sedes del distrito 5 federal y el 27 local, ubicadas en esa zona denominada el corazón de la Montaña.

De esta forma, respondió el MPG ante las amenazas del gobernador provisional, Rogelio Ortega Martínez, y las criticas de autoridades electorales.


Ortega advirtió que serán detenidas las personas que obstruyeran las labores del proceso electoral. Aparte, el representante del INE en la entidad, David Delgado, calificó como “minoría chantajista” a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que demandan la cancelación de las elecciones.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.

‪#‎FreeNestora‬. Maestros queman boletas electorales en Tlapa, Guerrero

CHILPANCINGO, Gro: Integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG) quemaron esta noche papelería electoral en el zócalo de la ciudad de Tlapa, en la región de la Montaña de la entidad.

Los manifestantes, en su mayoría miembros del magisterio disidente, irrumpieron previamente en las instalaciones del distrito 28 del Instituto Electoral y Participación Ciudadana (IEPC), donde sustrajeron boletas destinadas a la elección del próximo domingo.

Reportes oficiales refieren que la papelería electoral quemada en el centro donde el MPG mantiene un plantón y tomado el ayuntamiento, estaba destinada a ocho municipios:  Alcozauca; Malinaltepec; Cochoapa Atlamajalcingo del Monte; Iliatenco; Xalpatlahuac; Metlatonoc y Tlapa, todos indígenas y considerados de alta marginación.

La acción del MPG prendió las alertas en la esfera gubernamental y reforzaron con soldados y policías, las sedes del distrito 5 federal y el 27 local, ubicados también en ese lugar denominado el corazón de la Montaña.

De esta forma respondió el movimiento que exige justicia por el caso Ayotzinapa y la suspensión de las elecciones por considerar que los políticos sólo representan al narco, a la advertencia lanzada por el gobernador provisional Rogelio Ortega Martínez y las descalificaciones de las autoridades electorales.

Ortega advirtió que van a detener a las personas que obstruyan las labores del proceso electoral y el representante del INE y el IEPC calificaron como “minoría chantajista” a los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.


Hasta las 23:00 horas, el gobierno estatal y representantes del IEPC no habían fijado una postura sobre la quema de papelería electoral que marca el comienzo de las acciones de protesta anunciadas contra la jornada electoral.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: EZEQUIEL FLORES CONTRERAS.