Reaprehenden a los 7 militares involucrados en la matanza de Tlatlaya

Los elementos, entre ellos un capitán retirado, fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México.

A mediados de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reaprehendió a los siete militares involucrados en el abatimiento de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en 2014, y los cuales fueron liberados entre 2015 y 2016 ante la falta de pruebas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con El Universal, los elementos, entre ellos un capitán retirado, fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México, y cuatro de ellos salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, pero se presentan diariamente a pasar lista. Fuentes aseguraron al diario que tres de los siete militares reaprehendidos permanecen presos en el Campo Militar 1-A por este caso.

Decomisan droga y cartuchos útiles en rancho ubicado en Tlatlaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Envoltorios con droga, cartuchos útiles y semillas de marihuana fueron decomisados por agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), elementos de la Marina, y de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), en un rancho en el municipio de Tlatlaya.

Narcoelecciones 2018 Plan H-Plan Brasil (Primera Parte)

¿Alguno de ustedes les hubiera gustado vivir una mentira como la que vive el pueblo de Brasil en los últimos años?.

Bueno,pues este plan que está en conjunto con el siguiente,entran a consideración.

Se dice que para que esto pase,son necesarios varios factores:

 -Que ocurran crímenes de lesa humanidad muy parecidos a los de Tlatlaya (lo que acaba de ocurrir en Nuevo Laredo) y Ayotzinapa.

-Que ocurra algo muy importante en las entrañas del NarcoPAN como para desplazar a Margarita Zavala de la contienda presidencial.

-Por ultimo, y aunque suene muy descabellado,puede darse una acción donde los wachos perjudiquen a sus jefes inmediatos (políticos y empresarios),no puedo explicar las condiciones exactas,pero pueden darse, aún con el lavado de cerebro que tienen, pues ya se sabe que el consumo de drogas,su instinto animal y su psicosis les pueden jugar malas pasadas.

Especulemos.

Algún robo,una pequeña pelea, o lo más común en estos hijos de puta: Una violación.

Esto,inevitablemente,restara crédito a las fuerzas armadas aún en sus defensores.

El PRI pareciera débil ante el supuesto alejamiento de Hillary ante Peña Nieto (y más cuando este invito primero a Trump que a ella),el PRD milagrosamente sigue vivo pero a nadie le interesa (al igual que MORENA),el Verde tiene sus problemas en Chiapas con el PRI (recordemos,la política es un juego de traiciones y apariencias), a pesar de ser su hijo predilecto.

Entonces,por quien votarían los electores mediocres?.

El acercamiento del personaje que se muestra en la foto hacia el PAN es más que comprobable,basta recordar al parasito de su hijo buscando una diputación federal.

Pues bien,este plan incluso es más de derecha que en Brasil,porque impone a un gobierno supuestamente progresista representado por un pequeño criminal (como calificarlo?,paramilitar?,narcotraficante?), no de un ex guerrillero como Dilma.

En el tablero del ajedrez neoliberal,ya se tienen pensados los movimientos.

Se empieza a dar el acoso de los medios atacando hasta más no poder la gestión actual, se le recrimina el supuesto apoyo de "países socialistas",empiezan a salir los casos que,como en Brasil,efectivamente, son actos de corrupción, retumba el escarnio publico, se dan los cacerolazos,el ruego porque regresen las fuerzas armadas, y al final,la traición.
Quien, en su ambición de poder, impulsaría a este personaje diciéndole que es casi su hermano,para luego acuchillarlo por la espalda?.

Es ahí donde entra el Plan I y es del que se hablará mas adelante.

Caso Tlatlaya “permanece en la impunidad”: Patrón

La Procuraduría General de la República "tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad".

A dos años del operativo militar que terminó con la muerte de 22 civiles en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que hay “un contexto de tristeza frente a la impunidad de los hechos, frente a la realidad de que hoy en día no haya ningún procesado por la masacre, pero incluso frente a la realidad de una intencionalidad política de borrar los hechos, incluso de generar juicios en torno a la inexistencia de los mismos, a pesar de existir con toda claridad una recomendación que establece que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas arbitrariamente, ya estando a disposición de las autoridades del Estado”.

En entrevista para Aristegui CNN, recordó que “se alteraron las evidencias vinculadas con la escena del crimen , y se privó arbitrariamente de la libertad a tres mujeres que a la postre fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Consideró que hay “una intencionalidad en un contubernio entre autoridades federales como de la Secretaría de la Defensa Nacional, con autoridades del Estado de México, justo para negar la existencia de los hechos, no podemos olvidar que el día posterior de los hechos, tanto la Sedena emitió un boletín oficial en donde refería que las 22 personas fallecidas era por consecuencia de un enfrentamiento, eso fue encubierto por las autoridades del Estado de México, quienes agradecieron públicamente a la Sedena su valor y su valentía en los operativos”.

Agregó que “el propio Estado de México estaba vinculado en los hechos, en la manipulación de la escena y en la tortura posterior a las tres mujeres sobrevivientes”.

A dos años del caso “hay indignación por la ausencia de respuesta de las instituciones del Estado Mexicano. No podemos olvidar de que a pesar de que fueron inicialmente procesados siete elementos del Ejército Mexicano, tres de ellos acusados de la ejecución extrajudicial, homicidio calificado, fueron liberados… por insuficiencia indagatoria”, expuso.

La Procuraduría General de la República “tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad”, dijo Patrón.

Otra versión

El jueves, el diario mexicano El Universal publicó Tlatlaya: otra versión de la historia, una entrevista con Patricia, de 29 años de edad, sobreviviente y testigo de lo ocurrido el 30 de junio de 2014.

De acuerdo con el periódico”su historia contrasta con la de Clara Gómez —la testigo que ante la Procuraduría General de la República (PGR) se identificó con el nombre de Julia, y fue clave en el expediente contra los militares acusados del homicidio de siete de los civiles— .Clara ha dicho que Érika, su hija de 15 años que murió en el lugar, estaba secuestrada por el grupo armado y que ella estaba esa noche en el lugar del enfrentamiento porque había llegado para recuperarla. Patricia, sin embargo, afirma que ambas estuvieron ahí por su voluntad y que acompañaban a los integrantes del grupo armado que chocó con el Ejército”.


“Explica que llegó al sitio en el que estaba el grupo armado para dar sexoservicio, pero ahí encontró por casualidad a su novio, quien la mantuvo a su lado, lo que le permitió conocer durante los cuatro días previos a los hechos a otras mujeres que convivían con ellos.Entre ellas estaba también Cynthia Nava, recuerda, otra de las sobrevivientes, quien también hacía compañía a los integrantes de la organización delictiva”.

Al respecto, Patrón indicó en la entrevista para Aristegui CNN que “la señora Clara nos ha comentado que no es su intención entrar a una suerte de debate sobre la legitimidad del dicho de las víctimas. Nosotros lo que entendemos es que la versión que obra en actuaciones en el expediente es que doña Clara acude en rescate de su hija después de la llamada de ella, cuando se encuentra con los hechos que ya describíamos al inicio”.

“Nos parece que si bien el reportaje del periódico da cuenta de un testimonio de las víctimas sobrevivientes, los hechos centrales del caso están intocados, la propia víctima que entrevista el diario no se refiere a los hechos de la ejecución y de alguna manera se refiere tangentemente a los hechos posteriores de la ejecución”.

Además “no hay ningún cuestionamiento central a la veracidad y mécanica de los hechos en términos de que de 12 a 15 personas fueron privadas arbitrariamente de su vida, que hubo una manipulación de la escena del crimen y que con posterioridad las tres mujeres fueron privadas arbitratariamente de su libertad, sometidas a tortura”.

Agregó que “como centro de derechos humanos, nos parece seria la tendencia de la contraposición de los dichos y las versiones de las víctimas. Entrar en un debate sobre la legitimidad de las víctimas, es decir, si son víctimas puras o no puras, o si pudieron haber cometido algún hecho ilícito, es muy riesgoso en términos de que se podrían justificar atrocidades, como es la ejecución de un conjunto de personas”.

“Somos respetuoso del dicho de esta otra testigo sobreviviente, y nos parece, incluso irrelevante, si se trataba de personas que ejercían el trabajo sexual o no, ha habido una tendencia de descalificación al origen de su trabajo de que si era bueno o malo. Llevar ese debate a una supuesta calificación por la legitimidad de las víctimas, nos puede llevar a justificar atrocidades”, apuntó.

“El testimonio debe tomarse en cuenta para este momento de la investigación, pero en nada contradice los hechos ya planteados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, aseveró.

Recordó que “después de que la CNDH emitió su recomendación en octubre de 2014, la PGR hizo su consignación correspondiente en contra de siete militares, tres de ellos acusados por homicidio calificado, y los otro cuatro por delitos vinculados con la obstrucción de justicia y abuso de autoridad. Sin embargo pronto se fue diluyendo esa posibilidad del acceso a la justicia”.

Primero fueron liberados cuatro militares “que no habían sido acusados por homicidio, y posteriormente por desgracia sucedió la emisión de la sentencia del Tribunal Militar del Estado de México, en mayo de este año, en donde termina por liberar a los tres militares que estaban por homicidio calificado”.

“El caso permanece en la impunidad, actualmente no hay actores materiales vinculados a proceso, acusados de ningún delito, tampoco se ha investigado la responsabilidad institucional o por cadena de mando“, acotó Patrón.

El caso Tlatlaya “es un reflejo de un problema sistémico y estructural”, finalizó.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS
AUTOR: REDACCIÓN
LINK: http://aristeguinoticias.com/0107/mexico/caso-tlatlaya-permanece-en-la-impunidad-patron-en-cnn/

Caso Tlatlaya: “se encamina a quedar impune”.

"Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso", señalaron organizaciones sociales.

De los 7 elementos militares acusados por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, sólo uno fue condenado a 1 año de prisión por el delito de desobediencia.

Así lo revela un comunicado conjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Amnistía Internacional, y otras organizaciones sociales, que señalaron que el caso “se encamina a quedar impune”. 


“El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó. La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso”, indicaron las organizaciones.

“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”, apuntaron.

En tanto, lamentaron las “omisiones de la Procuraduría General de la República” que, “como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos”, fragmentó la investigación “integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.


No obstante, recordaron que diversos procesos continúan abiertos: “en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

El comunicado:

160329_Se Consolida Impunidad Tlatlaya by Aristegui Noticias:

  160329_Se Consolida Impunidad Tlatlaya by Aristegui Noticias

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mexico/solo-un-militar-condenado-por-matanza-en-tlatlaya-todos-ya-estan-libres/

Seis de 7 militares son absueltos por caso Tlatlaya; sólo hay uno preso, y es por “desobediencia”

A un año y 8 meses de que elementos del Batallón 102 de Infantería matara a 22 personas que se encontraban en el interior de la bodega en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, un juez militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron en esta masacre; el único de los acusados fue condenado a prisión por el delito de desobediencia,  ya compurgó su pena. Para organizaciones no gubernamentales este caso “se encamina a quedar impune”.

El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron en la masacre de Tlatlaya ocurrida el 30 de junio de 2014; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó, informaron este día 16 organizaciones sociales que han dado seguimiento al caso.

“El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune”, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Freedomhouse, Fundar,la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), entre otras agrupaciones civiles.

La sentencia a favor de los militares involucrados en la ejecución de 22 personas en el Estado de México sólo pudo ser conocida recientemente por Clara Gómez González, una de las tres testigos de la masacre, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso “debido a la opacidad que subsiste en el caso”.

“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”, manifestaron las organizaciones no gubernamentales.

Dijeron que esta determinación es ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, la cual, agregaron, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran “una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”.


En el tiroteo ocurrido en junio de 2014, el Ejército reportó sobre la muerte de 22 sospechosos de narcotráfico en la localidad de Tlatlaya, en el sur de México. Solamente un soldado resultó herido en el enfrentamiento. La investigación del Centro señaló entre 12 y 15 de los sospechosos fueron ejecutados.

Los grupos civiles destacaron las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) que “como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos” ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas “y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.

Recordaron que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas se solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando.

Sin embargo, las organizaciones lamentaron que tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas.

“La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso. La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente”, dijeron.

Indicaron que la Comisión de Derechos Humanos tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana.

“Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso”, lamentaron las organizaciones.

Reiteraron que diversos procesos continúan abiertos en el caso Tlatlaya:

“En la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.

Las organizaciones advirtieron sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad “y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva”.

Reiteraron además la exigencia de que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Sr. Christoph Heyns, esta debe ser indagada cabalmente dado que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.

Poco después de la matanza, la agencia norteamericana The Associated Press visitó Tlatlaya y escribió que la evidencia física no coincidía con la descripción que había hecho el Ejército de los acontecimientos. Después de los sucesos, la Secretaría de Defensa detuvo en gran medida la difusión de la información.

“En el momento de la matanza de 2014, el Ejército mexicano entregaba periódicamente boletines de prensa en los que describía los enfrentamientos en los que resultaban muertos los sospechosos”, dijo hoy AP en un despacho.

“En otro caso, el organismo de transparencia denegó un pedido de AP en febrero de 2015 para conocer las autopsias de 42 sospechosos muertos tras un desigual enfrentamiento con la Policía Federal, en el que solamente un agente resultó muerto. Las autoridades describieron el hecho como un enfrenta miento con un grupo de sospechosos, miembros de un cártel de las drogas en un rancho de Michoacán.


“El Instituto Nacional de Acceso a la Información en febrero falló en contra de una solicitud de acceso a la información presentada por The Associated Press en octubre. La institución estatal dictaminó que la información debe mantenerse como un secreto de Estado durante cinco años. El instituto se posicionó junto al gobierno al negar que hubiera alguna evidencia de que hubo violaciones de derechos humanos en el rancho donde se produjo el tiroteo”, agregó la agencia.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-03-2016/1642130

Inai renuncia a secrecía en expediente de las ejecuciones en Tlatlaya

Por 5 votos a favor y 2 en contra, el organismo acata resolución de juez que sostiene que hubo violaciones graves a derechos humanos. El instituto deja solos al Ejército y la PGR en el intento de mantener bajo reserva investigación militar.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai) renunció al recurso judicial que había presentado para defender la reserva de la investigación militar sobre el caso Tlatlaya, Estado de México, donde militares ejecutaron a civiles de forma extrajudicial.

En una votación de 5 votos a favor y 2 en contra, el Inai se desistió de su inconformidad con la sentencia del juez primero de Distrito Administrativo, Gabriel Regis López, quien le había ordenado al instituto dictar una nueva resolución que contemplara las violaciones graves a derechos humanos para impulsar la transparencia. Se trata de la primera vez que el INAI renuncia a un recurso legal de ese tipo.

No obstante, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la República (PGR) mantienen sus recursos contra la decisión de ese juez y piden que la sentencia sea revisada por un tribunal colegiado.

Esa decisión del juez resultó de una demanda interpuesta por Aristegui Noticias, en coordinación con la organización Artículo 19, que buscaba evitar que el expediente se mantuviera en la opacidad, como había decidido el Inai. El juez Primero de Distrito en Materia Administrativa del DF, Gabriel Regis López, falló a favor de esa petición el 23 de noviembre de 2015.

Este miércoles, quien puso sobre la mesa el desistimiento fue el comisionado Javier Acuña, quien había sido el ponente de la primera resolución que reservaba el expediente militar por dos años, y que ahora considera correcto rectificar la decisión.

Para el comisionado, la sentencia dictada por el juez establece un replanteamiento de los alcances de intervención del Inai en un proceso judicial, en este caso, militar. Dijo que, a pesar de no estar del todo de acuerdo con la sentencia, se resuelve la duda sobre si era posible requerir información contenida en los archivos de expedientes judiciales.

La comisionada Areli Cano cuestionó que el departamento jurídico del Inai hubiese interpuesto el recurso de “de forma inercial” y comentó que se debe hacer una revisión exhaustiva para procurar el derecho a la información.

Por su parte, el comisionado Eugenio Monterrey Chepov se manifestó contra el desistimiento, bajo el argumento de que debería seguir el camino usual para defender una resolución del Inai, para que un tribunal dé “certeza jurídica” sobre el caso.

El Ejército ha dicho que no puede entregar la información porque no guardó copia de la investigación que hizo la Procuraduría Militar.


El Inai estará en condiciones de resolver si reserva o no la averiguación militar cuando quede firme o se corrija la sentencia del juez Regis López..

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: IRVING HUERTA.
LINK: http://aristeguinoticias.com/1301/mexico/inai-renuncia-a-secrecia-en-expediente-de-las-ejecuciones-en-tlatlaya/

Militares decían “¿no que muy machitos?, y les daban un balazo”: testigo de Tlatlaya

"No fue como dicen ellos que fue según que se agarraron los militares con la delincuencia organizada, un enfrentamiento, no fue así", sostuvo.

Julia, como se le conocía a Clara Gómez González, habló el viernes para Aristegui CNN, tras casi 1 año en el que ocultó, por seguridad, su identidad.

“Yo fui a rescatarla (a su hija) tuve una llamada, de ella… No estaba de forma voluntaria. Ya tenía unos meses desaparecida, que no sabíamos nada de ella. (Dijo) Que ella venía a San Pedro Limón (en Tlatlaya), yo me trasladé para traerla, yo llegué a esa bodega… dialogué con ella, pero como los muchachos se molestaron me subieron a la camioneta y me llevaron a la bodega el día 29 (de junio) ahí pasé unas horas, cuando se vino la balacera“, contó la testigo de los hechos del 30 de junio de 2014, por los que perdieron la vida 22 personas, entre ellas su hija, Érika.

-¿A qué hora empezó la balacera?-, le preguntó Aristegui.

“Como de 4 a 5 de la mañana, dormidos todos, la mayoría. Yo la verdad no dormí esa noche por miedo, por temor a que me fueran a hacer algo. Estaban unos tabiques, ahí permanecí sentada”, indicó.

“Yo alcancé a escuchar que se metió un muchacho a la bodega, dijo: ‘nos cayeron los contras’. Se metió corriendo. Se regresa la camioneta de militares, empiezan a aluzar, ven la gente armada y empiezan a disparar. No fue como dicen ellos que fue según que se agarraron los militares con la delincuencia organizada, un enfrentamiento, no fue así. Empezaron los militares. De afuera hacia adentro“, abundó.

Adentro, “la mayoría estaban dormidos y otros estaban parados”.

Después reaccionaron. “Cuando todos se empezaron a parar, entonces hubo otro fuego para acá”, agregó.

“Nada más escuchamos que ya había caído uno, que ya había muerto uno, pero la mayoría de todos estaban vivos”, apuntó Clara.

La balacera termina cuando los soldados le dicen a las personas de adentro de la bodega “ríndanse. Somos el Ejército, salgan, ríndanse. Y ya todos salieron rendidos, la mayoría”. 

“Después cuando aluzaron, me vine caminando ( a la bodega) me agarró un militar y le digo: la que está ahí es mi hija, está herida. Estaba otro muchacho que tenía otro balazo en su mano, también estaba herido, cayeron boca abajo, en ningún momento como dice el gobierno que ella tenía armas, que ella disparó, eso no es cierto. Ella cayó boca abajo, tenía un balazo en su pierna. Ella, mi hija, y el otro muchacho, menor de edad que ejecutaron los militares, cayeron boca abajo”, refirió sobre las fotografías en la que las personas muertas aparecen con armas y boca arriba. (Ver: Fotos: Los muertos en Tlatlaya; así quedaron los cuerpos)

“Ella estaba herida, yo me vine y le toqué el pulso, ella todavía estaba viva. Ella nada más se quejaba, entonces yo le dije que me la llevaba, ellos me dijeron que no que porque era de la delincuencia organizada y me dijeron retírese, váyase para allá”, relató.

Cuando salen, “se los llevan a otro cuartito, que está de un lado, ahí metieron a todos los muchachos, ahí los tuvieron, cuando a mí me llevan del otro lado de la esquina, veo a otras dos muchachas que ahí estaban y a otros dos muchachos que estaban con vida”, narró.

Les decían los militares “¿no que muy machitos, hijos de su…?, y ya les daban un balazo. Estaba muy feo la verdad”.

Clara Gómez dijo que alcanzó a ver las ejecuciones, pues “ellos tenían una lámpara” que les ponían a las personas. Entre 10 y 15 eran los detenidos que pudo contar. Los tenían hincados. “De uno por uno” los ejecutaron.

“Yo platiqué con el (militar) que estaba con nosotros… ya no lo hagan, ya no les estén matando, ¿por qué lo hacen? Dijo (un militar) porque esos perros no merecen vivir. Así. Yo siento feo, ahí está mi hija, déjenme salir”, mencionó.

Dijo que no narró todos estos hechos ante el Ministerio Público “porque a nosotros nos amenazaron (funcionarios del Estado de México) desde un principio que estábamos en la bodega. Nos dijeron que no dijéramos nada. Nos decían que no les servían esas declaraciones. Querían que diéramos una falsa declaración. Que nosotros dijéramos que también éramos de la delincuencia organizada”.

Sobre el caso, el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, sostuvo que el informe presentado la semana pasada –el cual revela que la orden militar era “abatir delincuentes”- “es una orden que podría haber propiciado los hechos de Tlatlaya”. 


Añadió que en este caso no se ha investigado la cadena de mando y pidió garantizar la seguridad de la testigo.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

En las ejecuciones de Tlatlaya, la cadena de mando llega a Peña Nieto

Los militares que ejecutaron a 22 personas en Tlatlaya en junio del año pasado, actuaron obedeciendo órdenes, mismas que reflejan una línea estratégica que viene de las más altas esferas. Un documento confidencial obtenido por el Centro Prodh revela que el Plan Estratégico de Combate contra el Narcotráfico se pliega a la percepción presidencial de que el narcotráfico es la mayor “amenaza a la seguridad nacional” y recomienda a la tropa “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”. Mientras las esferas militares intentan debatir sobre el significado del verbo “abatir”, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos exigen castigo a los responsables, pero desde el ámbito civil.

MÉXICO, D.F: Detrás de la orden de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”, instruida al comandante del grupo militar que hace un año accionó sus armas contra 22 personas en Tlatlaya, está la convicción de Enrique Peña Nieto de que el narcotráfico es “la amenaza a la seguridad nacional, el más grande riesgo para la salud social, la más cruenta fuente de violencia”.

Así se estipula en el documento clasificado “confidencial” integrado en la Orden General de Operaciones San Antonio del Rosario, fechado el 11 de junio de 2014, que forma parte de la causa penal que se sigue a un oficial y siete elementos de tropa en el Juzgado Sexto Militar, obtenido por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), organización que representa a Clara Gómez González, madre de la menor Éricka Gómez, “abatida” el 30 de junio de 2014.

El Centro Prodh obtuvo parte del expediente, después de una pelea legal que aún no termina, para que en la jurisdicción militar y en la Procuraduría General de la República (PGR) se reconozca a Gómez González su calidad de víctima de los hechos de Tlatlaya.

A través del juicio de amparo 135/2015, Clara Gómez y sus abogados tuvieron acceso a la causa penal 338/2014, abierta por los delitos de desobediencia e infracción de deberes militares contra el teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, el sargento Roberto Acevedo López y los soldados Samuel Torres López, Julio César Guerrero Cruz, Fernando Quintero Millán, Alán Fuentes Guadarrama, Leobardo Hernández Leónides y Roni Martínez Atilano, quien resultó herido en el operativo del 30 de junio de 2014.

De esa revisión salió a la luz la orden de relevo por la que Rodríguez Martínez sustituyó al subteniente Carlos Caín Tinixcal como comandante de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario, y la instrucción del “alto mando” a realizar actividades “en horas de la oscuridad, sobre objetivos específicos” y “abatir delincuentes”, indicaciones que para el Centro Prodh constituyen “verdaderos incentivos para la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”, según su informe Tlatlaya a un año: La orden fue abatir.

Las órdenes giradas a Rodríguez Martínez estuvieron antecedidas de un reporte clasificado “confidencial” –al cual Proceso tuvo acceso– en el que se hace referencia directa al “presidente de la República”, aunque no se le nombra, para contextualizar las indicaciones de “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”.


Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2018 de la revista Proceso, ya en circulación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Tlatlaya: alto mando ordenó “abatir delincuentes en horas de oscuridad”

MÉXICO, D.F: Al cumplirse un año de la matanza en Tlatlaya, Estado de México, el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) dio a conocer un informe en el que se desprende que los militares responsables de los hechos llevaban órdenes del “alto mando” de “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

En su calidad de representantes de Clara Gómez González, una de las tres sobrevivientes de la masacre, abogados del Centro Prodh presentaron el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir”, en el que se incluye un documento interno de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dirigido al teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, uno de los implicados en el caso, en el que se le ordena que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva, y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comenten en ese horario”.

Acompañados por miembros de organizaciones de derechos humanos, Mario Patrón Sánchez, director del Centro Prodh, y los abogados Santiago Aguirre y Araceli Olivos Portugal, solicitaron formalmente a la PGR llame a declarar al titular de la Sedena, Salvador Cienfuegos Zepeda; al comandante de la I Región Militar, Jaime Godínez Ruiz; a los comandantes de la 22 Zona Militar, José Luis Sánchez León y al adscrito Francisco Ortega Luna, así como al responsable del 102 Batallón de Infantería, Raúl Castro Aparicio, y al teniente al mando del personal de tropa que participó en los hechos, Ezequiel Rodríguez Martínez.

Al recordar que la PGR sigue un proceso penal contra siete militares por el homicidio de ocho personas, luego de que la CNDH documentó que entre 12 y 15 personas fueron víctimas de ejecución extrajudicial, de las 22 las fallecidas, Patrón Sánchez también exigió al ombudsman Luis Raúl González Pérez a “no dar por cumplida la recomendación 51/2014, en tanto la PGR no realice nuevas diligencias para determinar el número exacto de las víctimas”.

Luego de informar que el documento fue enviado a la Relatoría de Ejecuciones Arbitrarias de la ONU, a la CIDH y a la Corte Penal Internacional (CPI), el director del Centro Prodh puntualizó que los altos mandos del Ejército deberán explicar las instrucciones de realizar operativos para “abatir” personas, orden que “incita a privar arbitrariamente de la vida a civiles y a cometer graves violaciones a derechos humanos”.

El documento en cuestión fue obtenido por el Centro Prodh a través de un amparo contra la negativa del Juzgado VI Militar a dar acceso a su representada al expediente de la causa penal 33872014 que se sigue también a los soldados por faltas a la disciplina castrense.

El documento fechado el 11 de junio en el Campo Milita 22-D, de San Miguel Ixtapan, Estado de México, da “disposiciones giradas por el propio alto mando” de realizar actividades en “horario nocturno” y que, “basándose en un profundo trabajo de inteligencia”, los operativos “se planearán y ejecutarán en horas de oscuridad sobre objetivos específicos”.

En el punto VII del documento, se indica que “las tropas deberán operar de noche en forma masiva –y en el día reducir la actividad– a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

Santiago Aguirre resaltó que además de la explicación que deben dar los altos mandos por ese tipo de instrucción y de aclarar el número de personas ejecutadas extrajudicialmente, ya que en el caso de la hija de Clara Gómez, Ericka, de 15 años, la dependencia consideró que su muerte se debió al fuego cruzado, aunque hay serias dudas de que haya ocurrido así.

“En el cuerpo de Ericka se encontró alojada una bala que corresponde al mismo calibre con el que se ejecutó a quien la CNDH identificó como V17 y que en vida llevó el nombre de Jorge González, además de que hay indicios de que el cuerpo de Ericka fue movido del lugar donde murió”, apuntó el abogado.

Araceli Olivos señaló que por las consideraciones de la CNDH y la PGR es que Clara Gómez no ha sido considerada como víctima ni como parte del juicio que se sigue a los soldados en la PGR, ni mucho menos ante la Procuraduría General de Justicia Militar.

“Lo que estamos viendo es que hay una invasión del fuero militar en un caso que tendría que ser llevado en su totalidad en el fuero civil, pues se trata violaciones graves a los derechos humanos, y cabe señalar que el MP militar realizó periciales que nada tienen que ver con la disciplina castrense”, sostuvo la abogada.

Olivos criticó que desde la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) se hayan difundido montos económicos que supuestamente se han pagado a las víctimas del caso Tlatlaya, lo que ha puesto en riesgo a Clara Gómez y su familia, que viven “en una región de extrema violencia como lo es la de Tierra Caliente”.

En marzo pasado Jaime Rochín, presidente de la CEAV, aseguró que las víctimas por el caso Tlatlaya cobrarían un millón de pesos, y que se había registrado a 50 posibles beneficiarios.

Al exigir justicia para su hija Ericka Gómez y una explicación de “por qué la ejecutaron”, Clara desmintió haber recibido recursos públicos como parte de la reparación del daño, como se publicado, lo que la ha puesto en riesgo de secuestro o asesinato.

La mujer etiquetada como “Julia” en las indagatorias declaró que siempre ha dicho la verdad, que no cambió su declaración como también aseguró el exprocurador Jesús Murillo Karam, y que vive con miedo por haber enfrentado a los militares, pero que ello era necesario debido a que no era la primera vez que cometían abusos en la región.

“Quiero que se haga justicia –insistió– porque ejecutaron a mi hija menor de edad Ericka Gómez (…) lo que hicieron con mi hija no tienen perdón de Dios, y quiero que se castigue a los responsables, a los de Toluca (policías mexiquenses) y a los militares; que no queden impunes como siempre han quedado, porque tenemos miedo a hablar, a que te hagan algo los militares, pues no es la primera vez que se cometen errores en Arcelia, en San Pedro, siempre han cometido cualquier estupidez, siempre lo han hecho injustamente.

“He roto el silencio, me siento fuerte y con la frente en alto, voy a ir con todo y a lo que venga, pues quiero que se castigue a los responsables”, puntualizó Clara Gómez luego de responsabilizar al gobierno federal de su seguridad y de incumplir a cabalidad con las medidas cautelares de las que es beneficiaria desde octubre pasado por indicaciones de la CIDH.

Sobre las órdenes de aprehensión contra siete policías ministeriales del Estado de México que habrían intervenido en las torturas de las tres sobrevivientes, Santiago Aguirre sostuvo que hasta ahora como representantes de Clara no han sido notificados de esas acciones.

Sin embargo, recordó que la recomendación de la CNDH no sólo incluía como responsables de tortura y malos tratos a los policías ministeriales, sino a otros funcionarios que podrían ser sancionados penal y administrativamente, entre ellos personal pericial del Estado de México, así como quienes encubrieron los hechos de Tlatlaya, “a partir de supeditación y subordinación de autoridad civil sobre militar”.

Aguirre agregó que para que haya un avance en el cumplimiento de la recomendación de la CNDH también es necesaria una “disculpa pública del gobernador Eruviel Ávila, tras sus declaraciones en los días posteriores inmediatos a los hechos de Tlatlaya; “cuando reconozca que equivocó, que encubrió al Ejército y la totalidad de los funcionarios sean sancionados, podrá hablarse de un avance en la reparación”.


En la presentación del reporte estuvieron presentes Ernesto López Portillo, del Instituto de Seguridad y Democracia; Darío Ramírez, de Artículo 19; Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; José Antonio Guevara Bermúdez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y Aidé Pérez, de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.

Detienen a 4 policías por tortura en caso Tlatlaya; van por otros 3

TOLUCA, Edomex: Un grupo de siete policías ministeriales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) fue sujeto a acción penal por su probable responsabilidad en el delito de tortura cometido en agravio de mujeres detenidas tras la ejecución de 22 personas en Tlatlaya, el año pasado.

Estas acciones forman parte de la recomendación 51/14 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por la violación a las garantías individuales de tres testigos de los hechos registrados en una bodega de San Pedro Limón la madrugada del 30 de junio de 2014.

La denuncia de la CNDH señala la probable responsabilidad de personal de la PGJEM en los delitos de tortura, abuso de autoridad y falso testimonio, de tal manera que queda pendiente por investigar y sancionar los dos segundos ilícitos.

El juez de control del Distrito Judicial de Toluca concedió orden de aprehensión en contra de cuatro elementos de la Policía Ministerial, quienes ya fueron ingresados al Centro de Prevención y Readaptación Social de Almoloya de Juárez, donde un Juez determinará su situación legal.

Otras tres órdenes de aprehensión contra igual número de elementos están en proceso de ser otorgadas por la autoridad judicial.

La PGJEM encontró “datos de prueba suficientes para establecer que servidores públicos habrían maltratado física y psicológicamente a las tres víctimas (V-23, V-24 y V-25, según la recomendación de CNDH) con el propósito de obtener información sobre las 22 personas que perdieron la vida en los hechos registrados en Tlatlaya y la presunta relación de éstos con un grupo delictivo con orígenes en el estado de Michoacán”.

Hasta el momento han comparecido más de 40 servidores públicos, pero las investigaciones no han arrojado elementos suficientes para establecer la actuación dolosa de quienes acudieron al lugar de los hechos a realizar diversas diligencias.

El 6 de noviembre pasado el juez cuarto de distrito en Materia de Procesos Penales Federales con residencia en Toluca dictó auto de formal prisión en contra de tres elementos del Ejército por su probable responsabilidad en el delito de “alteración ilícita del lugar y vestigio del hecho delictivo”, al modificar la posición de armas de fuego y de algunos cuerpos.

La PGJEM afirmó en un comunicado que, de cualquier manera, la investigación continúa y, de ser el caso, se deslindarán las responsabilidades de carácter penal que correspondan.

Adicionalmente, 53 servidores públicos de la Procuraduría estatal han comparecido ante la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México (IGISPEM) para definir su responsabilidad administrativa.

El 15 de junio pasado se promulgó en la Gaceta del gobierno priista de Eruviel Ávila la creación del “Fondo de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas de violaciones a derechos humanos” para indemnizar a las tres víctimas.

Sólo se está a la espera de la creación de las reglas de operación por parte del Órgano Rector del Sistema Integral de Protección a Víctimas y de un comité de evaluación para determinar los montos y conceptos de la reparación integral individualizada.

De cualquier manera, asegura la PGJEM, el Instituto de Atención a Víctimas de Delito ha proporcionado puntual y continuamente atención médica y psicológica a las víctimas V-24 y V-25, y a sus familiares; también les ha brindado apoyos económicos para solventar sus gastos e, incluso, facilitó su cambio de domicilio para mejorar su calidad de vida.

La víctima identificada como V-23, indica el boletín, se ha negado a comparecer en dos ocasiones, pese a que se implementaron estándares internacionales de protección y se ofreció desahogar la diligencia en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).


Incluso, las tres víctimas quedaron registradas ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para que puedan acceder a las reparaciones que competen al ámbito federal.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CORRESPONSALÍA (PROCESO)

A punto de concluir, investigación por Tlatlaya, dice el Edomex

Toluca, Méx. El secretario general de Gobierno de la entidad, José Manzur Quiroga, prometió hoy que aquellos servidores públicos del estado que hayan actuado de forma irregular en el caso Tlatlaya -donde 22 personas fueron acribilladas por personal del Ejército Mexicano en una bodega de la comunidad de San Pedro Limón el 30 de junio del año pasado-, serán castigados conforme a la ley.

Al término de un acto público, el funcionario reveló en una entrevista con los medios de comunicación que la indagatoria que inició la Procuraduría General de Justicia de la entidad (PGJEM) -respecto a la actuación en el caso de los servidores públicos que participaron en la primera parte de la indagatoria que se inició por la matanza de las 22 personas-, está por concluir y de acuerdo con los resultados se determinará quién o quiénes actuaron de manera ilegal.

De acuerdo con la recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la matanza en Tlatlaya, personal de la PGJEM habría incurrido en abusos y hasta tortura en contra de las testigos presenciales de los hechos.

En su recomendación, la CNDH concluyó que se permitió la alteración de la escena del crimen, con la finalidad de que no se conociera la verdad histórica de estos hechos.

Manzur Quiroga dijo que esta investigación se encuentra en sus últimas etapas, pues sólo falta integrar y agotar algunos peritajes de parte de la Procuraduría, para que la indagatoria se pueda determinar.

“Sin ninguna duda, si hay funcionarios de la procuraduría que hayan actuado con irresponsabilidad, serán castigados muy pronto”, subrayó el secretario general de Gobierno.

El funcionario dijo que la administración de Eruviel Ávila ha atendido todos y cada uno de los puntos de la recomendación emitida por la CNDH sobre el caso Tlatlaya; “tan es así -dijo- que la Comisión (de derechos humanos) ha dicho que hay un cumplimiento parcial del documento”.

De acuerdo con Manzur, aún está pendiente de cumplimentarse la conclusión de la investigación sobre la responsabilidad en que pudieron incurrir los servidores públicos de la Procuraduría, así como el asunto de las indemnizaciones a las víctimas y a los familiares de las víctimas.


En este último punto, informó que el Fideicomiso para la Atención de Víctimas del estado de México que maneja la Procuraduría mexiquense, ya cuenta con recursos. Por tanto, aseguró, ya se podrá proceder a la indemnización de las víctimas. “Ahora (el caso) está en el terreno de las víctimas que se acerquen a la Procuraduría para que se les indemnice”, subrayó.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL DÁVILA.

INAI justifica opacidad de la Sedena en el caso Tlatlaya

Por tratarse de un caso del fuero militar, sólo redujo la reserva de la información por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado.

El INAI rechazó la apertura de la averiguación previa de la Procuraduría Militar realizada en el caso de Tlatlaya, informó La Jornada.

El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI) consideró que se trata de delitos del fuero militar (desobediencia) y ya ha sido consignada al juez castrense. Con un voto cerrado de 4 a 3, sólo redujo la reserva de la Secretaría de la Defensa Nacional de 12 a 2 años o hasta que cauce estado.

El proyecto original fue presentado por Francisco Javier Acuña, quien consideró atendible la argumentación de Sedena de reserva, por tratarse de delitos sólo del “índole de indisciplina militar”, por lo que no es aplicable la causal de apertura cuando se apela a que existió violación grave de los derechos humanos.

Sin embargo, el proyecto recibió los cuestionamientos procedimentales y de fondo de los comisionados Areli Cano, Joel Salas y Óscar Mauricio Guerra.

De entrada, Cano alertó sobre una violación de la Sedena al desahogo procedimental pues la dependencia no dio acceso a la información solicitada. a efecto de que el INAI verificara si efectivamente la causal invocada no estaba asociada a las violaciones graves de derechos humanos.

En su argumentación, Cano recordó que por disposición de ley, el INAI tiene esa facultad para confirmar el sustento de la reserva o improcedencia. Cano deslizó que al no tener acceso, el instituto no pudo verificar si en verdad la investigación de la Procuraduría Militar investigaba sólo indisciplina de los soldados involucrados o, si bien, estas conductas indebidas de acuerdo al código militar estaban directamente asociadas con la violación grave a derechos humanos que, de ser el caso, anula la posibilidad de invocar la causal de reserva.

Cano agregó: “quiero ser enfática que la Sedena atendió los requerimientos que hizo la ponencia, pero no permitió el acceso a la averiguación previa o a la información clasificada. Es un hecho que al no haberse tenido una respuesta favorable para permitir a este órgano garante la diligencia de acceso a la información, el sujeto obligado no sólo dificultó el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales del Instituto, sino también ha soslayado la oportunidad de acreditar que las instituciones del Estado mexicano encargadas de defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación, así como de realizar acciones cívicas y obras sociales que tienden al progreso del país, están comprometidas con las mejores prácticas de rendición de cuentas y transparencia”.

Para la comisionada, al tenerse acceso a la averiguación previa por parte del INAI, no implica ordenar su apertura a priori, sino determinar si realmente está fundada la reserva o si se vincula con violaciones graves de derechos humanos. Por ello pidió modificar la resolución a efecto de que la Sedena motive su reserva y externó su preocupación para que se le abra la información al INAI para verificarlo.

El comisionado Joel Salas se refirió centralmente a omisiones de la Sedena al no permitir el acceso a la información al INAI para determinar si había fundamento en la invocación de la reserva. “ Creemos que en esta actitud del sujeto obligado hay un desafío real a lo que establece el último párrafo del artículo 17 de la ley de la materia”, que establece que en todo momento el INAI debe tener acceso a la información para determinar el sentido de sus resoluciones.

En defensa de la Sedena salieron la comisionada presidenta, Ximena Puente y Rosendo Monterrey, quienes reivindicaron que tratándose de delitos de fuero militar, no procede una causal de apertura. Aunado a lo anterior -dijo Puente- se trata de una averiguación que ya ha sido consignada a un juzgado militar por la probable responsabilidad de la comisión de delitos de desobediencia militar, que en ningún ordenamiento se le asocia a violación grave de derechos humanos.

“Que al tratarse de delitos del ámbito castrense, que no violan los derechos humanos, se encuentra plegada al derecho de reserva invocado, ya que de lo contrario, se violentaría el derecho de los imputados a una defensa adecuada por el principio de presunción de inocencia.”, dijo la presidenta

Monterrey insistió en que los hechos relacionadas competen exclusivamente al fuero militar porque se trata de delitos de desobediencia militar, por lo que avaló la resolución de reserva de información invocada en la medida en que es una averiguación que está ya en un juzgado militar.

Reconoció que procedimentalmente podría cuestionar la falta de acceso a la información para el INAI, pero en el fondo, dijo, se trata de un caso en que es procedente la reserva porque está asociado directamente a la violación grave de derechos humanos.

Acuña argumentó a favor de su proyecto señalando que una indisciplina militar puede tratarse de no tener el uniforme debidamente presentado o algunas causas menores, por lo que no puede desprenderse a partir de ahí su apertura.


Insistió en que en las audiencias, representantes del juzgado militar acudieron a invocar que se trataba de una asunto que estaba ya en la fase jurisdiccional, por lo que no era dable su apertura.

FUENTE: ARISTEGUI NOTCIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Peritos del Edomex buscaron cuadrar sus estudios con la versión de la Sedena

Múltiples contradicciones entre PGJEM y PGR en análisis del caso Tlatlaya. No es posible precisar dónde cayó cada cuerpo ni la hora de su muerte, según expertos federales.

Los peritos del estado de México trataron de cuadrar las versiones oficiales que ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de lo que sucedió en la bodega de Tlatlaya.

Sostuvieron que la muerte de 22 personas fue producto de un enfrentamiento. En las primeras diligencias omitieron precisar en actas que la escena fue alterada y que el lugar se limpió antes de que iniciaran los estudios forenses.

Dieron por hecho que lo ocurrido en el sitio fue un tiroteo por fuego cruzado. Sin embargo, las investigaciones federales, realizadas por personal de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República (PGR), descubrieron que el lugar fue manipulado de tal manera que no se puede precisar realmente dónde cayó cada cuerpo, las horas de la muerte y la posición original de los objetos decomisados (armas, cartuchos, vehículos y cargadores).

Son numerosas las contradicciones entre los resultados de los peritos mexiquenses y los especialistas federales. Los primeros sostuvieron que el lugar fue conservado por militares. Sin embargo, desde el 8 de octubre los peritos forenses de la PGR determinaron en el dictamen en materia de criminalística de campo, folio 71221, que se modificó el lugar de los hechos.

Movieron los cadáveres

Otra discordancia consiste en que los integrantes del Instituto de Servicios Periciales del gobierno mexiquense sostuvieron que la localización y ubicación de los cuerpos en el interior de la bodega sí correspondieron a las últimas y originales posiciones que tenían al momento de ser heridos y fallecer.

En sus reportes anotaron que lo corroboraron por la presencia de indicios biológicos debajo de sus cuerpos (lagos o manchas hemáticas), así como por la ubicación de las livideces, manchas que señalan la posición del cuerpo al producirse el fallecimiento, de acuerdo con la definición forense.

Los funcionarios de la PGR determinaron que los cadáveres fueron cambiados del sitio donde fallecieron, porque no encontraron correspondencia entre los rastros de tierra, residuos y escurrimiento de sangre que había en los cuerpos, las ropas y el suelo, con la zona donde se supone murieron.

Así lo explica el dictamen: la presencia de maceraciones de tierra en ropas y en regiones expuestas del cuerpo, con la falta de correspondencia de las partes anatómicas lesionadas con los escurrimiento de sangre sobre las prendas, superficies corporales y maceraciones hemáticas en el suelo.

En la mayoría de las necropsias los peritos del estado de México no establecieron el denominado crono tanatológico (tiempo que transcurrió entre cada deceso y la práctica de la autopsia) y en general, los forenses sintetizaron: signos tanatológicos de los veintidós cadáveres. Presentaron signos de muerte real y no reciente, con flacidez generalizada y livideces fijas, correspondiesen (sic) a la posición en la que fueron encontrados.

Añadieron que las posiciones que guardaban los cuerpos en el lugar, en el momento de la intervención de personal de la Procuraduría General de Justicia del estado de México, no corresponde con la posición final, al momento de ocurrirles la muerte. En consecuencia, los objetos asegurados tampoco conservan su situación y posición original, el subrayado fue hecho por la PGR.

Midieron la temperatura de los cuerpos con la mano

La procuraduría federal también exhibe la manera en que los forenses estatales tomaron la temperatura de los cuerpos: algunos lo hicieron con un termómetro rectal, pero la mayoría sólo asentó, cuestión insólita, que al cadáver le pusieron la mano para medir la temperatura: los restos tenían una temperatura igual o menor a la mano que realizaba la exploración o menor a la del medio ambiente.

Las anotaciones se realizaron de la siguiente manera: cadáver número 1) “El resultado fue el siguiente: se trata de un individuo de sexo masculino (…) se aprecian signos de muerte real y reciente, con temperatura corporal inferior a la del medio ambiente, con rigidez cadavérica presente en partes posteriores del cuerpo”.

Cadáver 4) “30 de junio (…) aspecto exterior (…) con temperatura menor a la mano del explorador e igualándose con el medio ambiente”.


Mientras en los estudios correspondientes a la víctima número 3 se menciona: presenta signos de muerte real y reciente con temperatura rectal de 24 grados centígrados.

Este es un dato que llama la atención, ya que los enviados de la PGR señalan en sus reportes que uno de los cuerpos ya presentaba signos de descomposición y olores fétidos.

En los documentos también se evidencia que los peritos mexiquenses sólo anotaron en sus reportes el día (30 de junio o primero de julio de 2014) en que practicaron las autopsias, pero no la hora, a pesar de que en uno de los casos se menciona que el cuerpo ya presentaba signos de descomposición y olores fétidos.

Cadáver identificado con el número seis: “signos tanatológicos. Presenta signos de muerte real y No (sic) reciente en periodo de putrefacción en su fase de fetidez (…) con temperatura corporal menor a la mano que explora y semejante a la del medio ambiente”.

En términos generales, los expertos del estado de México señalaron que en base a los signos tanatológicos observados en los cadáveres marcados del uno al veintidós, en el Servicio Médico Forense de este instituto se determina que su deceso ocurrió en un lapso de tiempo (sic) no menor a 20 horas y no mayor a 30 horas.

La versión del fuego cruzado

A pesar de que los estudios realizados por los peritos federales detectaron que los militares accionaron sus armas de fuego a corta distancia de las víctimas, los integrantes del Instituto de Servicios Periciales del estado de México expresaron que por la ausencia de tatuaje, quemadura o ahumamiento en los orificios de entradas de los cadáveres, se determina que los disparos se realizaron a una distancia mayor a 70 centímetros entre la boca del cañón del arma empleada y las zonas anatómicas afectadas.

En ese contexto, los estudios de las autoridades mexiquenses señalan que por la interpretación criminalística y tomando en cuenta la dispersión, distribución y localización de los indicios de índole balístico, tanto en el interior como al exterior de la bodega, se determina que en el presente hecho que nos ocupa se trata de un tiroteo por fuego cruzado donde se realizaron los disparos tanto de dentro hacia afuera y de afuera hacia adentro de la mencionada bodega.

Los peritajes de la PGR agregan: cabe señalar que de acuerdo con el dictamen médico, las lesiones que presentaron los veintidós cadáveres se ubicaron en su mayoría en tórax y abdomen, y que por su gravedad conllevaron una muerte inmediata, por lo que estaban imposibilitados para realizar desplazamientos por sí mismos, posteriores a ser lesionados.

En este caso, el 23 de septiembre de 2014, el ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) Raúl Plascencia, tras ofrecer una conferencia magistral en el seminario La defensa nacional del Estado mexicano, declaró: de acuerdo con algunos testimonios, todo hace suponer que se trató de un enfrentamiento, lo que le valió agrias críticas, pues las investigaciones apenas comenzaban.

Ejecución extrajudicial

Un mes después, el 21 de octubre, la CNDH concluyó en sus investigaciones que ocho elementos del Ejército asesinaron al menos a 15 de las 22 personas que perdieron la vida en los hechos, y que entre las víctimas estaban dos menores de edad.

En conferencia de prensa, el ombudsman explicó que tras realizar una indagatoria sobre el caso, logró comprobarse que si bien ocurrió un enfrentamiento entre los uniformados y una veintena de presuntos delincuentes, después los militares privaron ilegalmente de la vida a varios sospechosos cuando éstos ya se habían rendido.

La CNDH emitió una recomendación que fue aceptada por la Sedena, y esta dependencia inició un juicio en el ámbito castrense contra ocho militares que presuntamente participaron en los hechos de Tlatlaya.

En paralelo, la PGR informó el pasado 30 de octubre que puso a disposición de un juez federal a cuatro militares, tres de tropa y un teniente, como responsables de haber cometido el delito de homicidio en agravio de ocho personas.


En ningún caso los juicios han concluido; están en la etapa de desahogo de pruebas. Los militares implicados están en la prisión del Campo Militar número Uno, en la ciudad de México.

FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO GARCÍA.