“En ocasiones se nos ha señalado sin agotar los cauces legales o sin pruebas serias para tratar de desprestigiarnos y, con ello, dañar la confianza en nosotros depositada”, mencionó.
Sin decirlo abiertamente, Cienfuegos se refería a las sospechas sobre una ejecución sumaria cometida por militares en Tlatlaya, durante junio del 2014.
Ayer, las pruebas serias llegaron.
Un peritaje de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y de la Procuraduría General de la República (PGR) reveló que de las 22 personas abatidas el 30 junio de 2014 en Tlatlaya, 11 fueron “fusiladas”.
Entre los muertos estaban tres adolescentes. Una muchacha de 15 años y dos jóvenes de 17.
El documento, obtenido por La Jornada mediante una solicitud de información, detalla que otros cinco civiles murieron a quemarropa mientras realizaban ‘‘maniobras instintivas de defensa’’ y del resto no se menciona que hubieran disparado contra los militares.
Los soldados habrían realizado al menos 160 disparos, de los cuales, 60 balas dieron en el blanco, todas en la zona torácica de los presuntos delincuentes. Las víctimas sólo realizaron 12.
Luego de la masacre, los militares manipularon la escena del crimen, una bodega al sur del Estado de México, para hacer creer que todos habían caído durante un cruce de disparos, detalla el informe.
Así, la versión inicial reportada por la Secretaría de la Defensa (Sedena) luego del incidente fue que los presuntos delincuentes habían muerto en un enfrentamiento armado con militares.
“Las personas abrieron fuego en contra de las tropas, quienes repelieron la agresión, resultando 22 agresores muertos”, señaló en su página oficial de Twitter.
También el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) Alejandro Jaime Gómez Sánchez, defendió a capa y espada la versión de la Sedena.
“Respecto a los hechos ocurridos en Tlatlaya, el Ministerio Público del fuero común inició la investigación correspondiente, practicó las diligencias respectivas y en su momento remitió la carpeta de investigación a la Procuraduría General de la República.
“En las diligencias prácticas, no se desprende indicio alguno que haga presuponer o que nos haga pensar en la posible ejecución o posible fusilamiento al que se ha hecho referencia en algunos medios de comunicación”, sostuvo el funcionario en conferencia de prensa el 17 de julio del 2014.
Pero las versiones oficiales evidenciaban contradicciones insalvables.
Incluían casualidades, una superficial reconstrucción de los hechos, falta de transparencia sobre las identidades de las víctimas y un inexplicable rondín nocturno por el tramo carretero San Antonio del Rosario-San Pedro Limón, municipio de Tlatlaya.
El relato oficial mantenía que el convoy militar inspeccionaba el terreno sin razón alguna y se había topado por casualidad con una bodega que justamente estaba repleta de miembros del cártel de “La Familia”, quienes al ver a los soldados, empezaron a disparar.
Sin embargo, la declaración de una supuesta testigo de los hechos que fue publicada por la revista Esquire contradijo esta versión.
La testigo aseguró que 21 de los 22 muertos -entre ellos su hija de 15 años- habían sido ejecutados a sangre fría a pesar de haberse rendido.
La mujer contó que primero hubo un enfrentamiento corto y que, tras la entrega de armas, empezaron los interrogatorios a los detenidos.
“Ellos (los soldados) decían que se rindieran y los muchachos decían que les perdonaran la vida. Entonces (los soldados) dijeron ‘¿no que muy machitos, hijos de su puta madre? ¿No que muy machitos?’. Así les decían los militares cuando ellos salieron (de la bodega). Todos salieron. Se rindieron, definitivamente se rindieron. (…) Entonces les preguntaban cómo se llamaban y los herían, no los mataban. Yo decía que no lo hicieran, que no lo hicieran, y ellos decían que ‘esos perros no merecen vivir’. (…) Luego los paraban así en hilera y los mataban. (…) Estaba un lamento muy grande en la bodega, se escuchaban los quejidos”, relató la testigo a Esquire.
Acabada la primera tanda de ejecuciones, la mujer vio cómo remataban a su hija. Ella se hizo pasar por secuestrada para salir con vida.
Tras estas revelaciones, la Sedena redireccionó.
El 25 de septiembre de 2014, informó que ocho militares que participaron en la operación ya habían detenidos acusados de “desobediencia” e “infracción de deberes”. Tres de ellos también fueron señalados por la PGR por homicidio calificado, y uno más por encubrimiento.
Pero las dudas sembradas, crecieron por todos lados.
Del caso habló la ONU, Human Rights Watch, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y prácticamente todas las instituciones internacionales de derechos humanos. Exigieron investigación y castigo a los culpables.
En respuesta, el 2 de noviembre del año pasado, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, dictó auto de formal prisión en contra de siete de los integrantes del Ejército Mexicano que participaron en la masacre.
Las recomendaciones de la CNDH
Ya en octubre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había emitido una recomendación en la, entre otras cosas, pidió que se iniciara una investigación a los siete militares involucrados, que fueran juzgados por autoridades federales y se indemnizara a los familiares de las víctimas.
En la recomendación, el titular del organismo, Raúl Plascencia Villanueva, refirió que después de utilizar la fuerza pública para contrarrestar la agresión armada, y una vez estando rendidos los civiles, los elementos militares ingresaron a la bodega.
“A partir de una acción arbitraria, desproporcional, innecesaria, y desapegada al sistema de derechos humanos, privaron de la vida arbitrariamente a 12 personas que se encontraban ahí, vivas, rendidas o heridas”, mencionó el documento.
La Comisión también pidió que se reforzara la capacitación que reciben los elementos de la Sedena con respecto al programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos, y que el mismo se dirija tanto a mandos medios y superiores a como a los elementos de tropa.
En marzo de este año, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigaba 570 quejas registradas en el 2014 contra militares. Se les acusó de presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de ciudadanos o población en general, sobre todo en el contexto del combate al crimen organizado.
FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CAROLINA HERNÁNDEZ.
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