Imágenes del tema: kelvinjay. Con la tecnología de Blogger.

Nacional

Estados

Politica

Violencia

Reaprehenden a los 7 militares involucrados en la matanza de Tlatlaya

Los elementos, entre ellos un capitán retirado, fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México.

A mediados de marzo, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) reaprehendió a los siete militares involucrados en el abatimiento de 22 presuntos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, en 2014, y los cuales fueron liberados entre 2015 y 2016 ante la falta de pruebas de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo con El Universal, los elementos, entre ellos un capitán retirado, fueron ingresados por la Policía Judicial Militar a la Prisión Militar del Campo 1-A, en la Ciudad de México, y cuatro de ellos salieron bajo fianza el 26 de marzo para continuar su proceso en libertad, pero se presentan diariamente a pasar lista. Fuentes aseguraron al diario que tres de los siete militares reaprehendidos permanecen presos en el Campo Militar 1-A por este caso.

Decomisan droga y cartuchos útiles en rancho ubicado en Tlatlaya

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Envoltorios con droga, cartuchos útiles y semillas de marihuana fueron decomisados por agentes de investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), elementos de la Marina, y de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES), en un rancho en el municipio de Tlatlaya.

Narcoelecciones 2018 Plan H-Plan Brasil (Primera Parte)

¿Alguno de ustedes les hubiera gustado vivir una mentira como la que vive el pueblo de Brasil en los últimos años?.
Bueno,pues este plan que está en conjunto con el siguiente,entran a consideración.
Se dice que para que esto pase,son necesarios varios factores:
 -Que ocurran crímenes de lesa humanidad muy parecidos a los de Tlatlaya (lo que acaba de ocurrir en Nuevo Laredo) y Ayotzinapa.
-Que ocurra algo muy importante en las entrañas del NarcoPAN como para desplazar a Margarita Zavala de la contienda presidencial.
-Por ultimo, y aunque suene muy descabellado,puede darse una acción donde los wachos perjudiquen a sus jefes inmediatos (políticos y empresarios),no puedo explicar las condiciones exactas,pero pueden darse, aún con el lavado de cerebro que tienen, pues ya se sabe que el consumo de drogas,su instinto animal y su psicosis les pueden jugar malas pasadas.
Especulemos.
Algún robo,una pequeña pelea, o lo más común en estos hijos de puta: Una violación.
Esto,inevitablemente,restara crédito a las fuerzas armadas aún en sus defensores.
El PRI pareciera débil ante el supuesto alejamiento de Hillary ante Peña Nieto (y más cuando este invito primero a Trump que a ella),el PRD milagrosamente sigue vivo pero a nadie le interesa (al igual que MORENA),el Verde tiene sus problemas en Chiapas con el PRI (recordemos,la política es un juego de traiciones y apariencias), a pesar de ser su hijo predilecto.
Entonces,por quien votarían los electores mediocres?.
El acercamiento del personaje que se muestra en la foto hacia el PAN es más que comprobable,basta recordar al parasito de su hijo buscando una diputación federal.
Pues bien,este plan incluso es más de derecha que en Brasil,porque impone a un gobierno supuestamente progresista representado por un pequeño criminal (como calificarlo?,paramilitar?,narcotraficante?), no de un ex guerrillero como Dilma.
En el tablero del ajedrez neoliberal,ya se tienen pensados los movimientos.
Se empieza a dar el acoso de los medios atacando hasta más no poder la gestión actual, se le recrimina el supuesto apoyo de "países socialistas",empiezan a salir los casos que,como en Brasil,efectivamente, son actos de corrupción, retumba el escarnio publico, se dan los cacerolazos,el ruego porque regresen las fuerzas armadas, y al final,la traición.
Quien, en su ambición de poder, impulsaría a este personaje diciéndole que es casi su hermano,para luego acuchillarlo por la espalda?.
Es ahí donde entra el Plan I y es del que se hablará mas adelante.












Caso Tlatlaya “permanece en la impunidad”: Patrón


La Procuraduría General de la República "tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad".

A dos años del operativo militar que terminó con la muerte de 22 civiles en una bodega en Tlatlaya, Estado de México, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que hay “un contexto de tristeza frente a la impunidad de los hechos, frente a la realidad de que hoy en día no haya ningún procesado por la masacre, pero incluso frente a la realidad de una intencionalidad política de borrar los hechos, incluso de generar juicios en torno a la inexistencia de los mismos, a pesar de existir con toda claridad una recomendación que establece que entre 12 y 15 personas fueron ejecutadas arbitrariamente, ya estando a disposición de las autoridades del Estado”.

En entrevista para Aristegui CNN, recordó que “se alteraron las evidencias vinculadas con la escena del crimen , y se privó arbitrariamente de la libertad a tres mujeres que a la postre fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Consideró que hay “una intencionalidad en un contubernio entre autoridades federales como de la Secretaría de la Defensa Nacional, con autoridades del Estado de México, justo para negar la existencia de los hechos, no podemos olvidar que el día posterior de los hechos, tanto la Sedena emitió un boletín oficial en donde refería que las 22 personas fallecidas era por consecuencia de un enfrentamiento, eso fue encubierto por las autoridades del Estado de México, quienes agradecieron públicamente a la Sedena su valor y su valentía en los operativos”.

Agregó que “el propio Estado de México estaba vinculado en los hechos, en la manipulación de la escena y en la tortura posterior a las tres mujeres sobrevivientes”.

A dos años del caso “hay indignación por la ausencia de respuesta de las instituciones del Estado Mexicano. No podemos olvidar de que a pesar de que fueron inicialmente procesados siete elementos del Ejército Mexicano, tres de ellos acusados de la ejecución extrajudicial, homicidio calificado, fueron liberados… por insuficiencia indagatoria”, expuso.

La Procuraduría General de la República “tendría que perfeccionar la investigación para que estos hechos no queden en la impunidad”, dijo Patrón.

Otra versión

El jueves, el diario mexicano El Universal publicó Tlatlaya: otra versión de la historia, una entrevista con Patricia, de 29 años de edad, sobreviviente y testigo de lo ocurrido el 30 de junio de 2014.

De acuerdo con el periódico”su historia contrasta con la de Clara Gómez —la testigo que ante la Procuraduría General de la República (PGR) se identificó con el nombre de Julia, y fue clave en el expediente contra los militares acusados del homicidio de siete de los civiles— .Clara ha dicho que Érika, su hija de 15 años que murió en el lugar, estaba secuestrada por el grupo armado y que ella estaba esa noche en el lugar del enfrentamiento porque había llegado para recuperarla. Patricia, sin embargo, afirma que ambas estuvieron ahí por su voluntad y que acompañaban a los integrantes del grupo armado que chocó con el Ejército”.


“Explica que llegó al sitio en el que estaba el grupo armado para dar sexoservicio, pero ahí encontró por casualidad a su novio, quien la mantuvo a su lado, lo que le permitió conocer durante los cuatro días previos a los hechos a otras mujeres que convivían con ellos.Entre ellas estaba también Cynthia Nava, recuerda, otra de las sobrevivientes, quien también hacía compañía a los integrantes de la organización delictiva”.

Al respecto, Patrón indicó en la entrevista para Aristegui CNN que “la señora Clara nos ha comentado que no es su intención entrar a una suerte de debate sobre la legitimidad del dicho de las víctimas. Nosotros lo que entendemos es que la versión que obra en actuaciones en el expediente es que doña Clara acude en rescate de su hija después de la llamada de ella, cuando se encuentra con los hechos que ya describíamos al inicio”.

“Nos parece que si bien el reportaje del periódico da cuenta de un testimonio de las víctimas sobrevivientes, los hechos centrales del caso están intocados, la propia víctima que entrevista el diario no se refiere a los hechos de la ejecución y de alguna manera se refiere tangentemente a los hechos posteriores de la ejecución”.

Además “no hay ningún cuestionamiento central a la veracidad y mécanica de los hechos en términos de que de 12 a 15 personas fueron privadas arbitrariamente de su vida, que hubo una manipulación de la escena del crimen y que con posterioridad las tres mujeres fueron privadas arbitratariamente de su libertad, sometidas a tortura”.

Agregó que “como centro de derechos humanos, nos parece seria la tendencia de la contraposición de los dichos y las versiones de las víctimas. Entrar en un debate sobre la legitimidad de las víctimas, es decir, si son víctimas puras o no puras, o si pudieron haber cometido algún hecho ilícito, es muy riesgoso en términos de que se podrían justificar atrocidades, como es la ejecución de un conjunto de personas”.

“Somos respetuoso del dicho de esta otra testigo sobreviviente, y nos parece, incluso irrelevante, si se trataba de personas que ejercían el trabajo sexual o no, ha habido una tendencia de descalificación al origen de su trabajo de que si era bueno o malo. Llevar ese debate a una supuesta calificación por la legitimidad de las víctimas, nos puede llevar a justificar atrocidades”, apuntó.

“El testimonio debe tomarse en cuenta para este momento de la investigación, pero en nada contradice los hechos ya planteados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, aseveró.

Recordó que “después de que la CNDH emitió su recomendación en octubre de 2014, la PGR hizo su consignación correspondiente en contra de siete militares, tres de ellos acusados por homicidio calificado, y los otro cuatro por delitos vinculados con la obstrucción de justicia y abuso de autoridad. Sin embargo pronto se fue diluyendo esa posibilidad del acceso a la justicia”.

Primero fueron liberados cuatro militares “que no habían sido acusados por homicidio, y posteriormente por desgracia sucedió la emisión de la sentencia del Tribunal Militar del Estado de México, en mayo de este año, en donde termina por liberar a los tres militares que estaban por homicidio calificado”.

“El caso permanece en la impunidad, actualmente no hay actores materiales vinculados a proceso, acusados de ningún delito, tampoco se ha investigado la responsabilidad institucional o por cadena de mando“, acotó Patrón.

El caso Tlatlaya “es un reflejo de un problema sistémico y estructural”, finalizó.


Caso Tlatlaya: “se encamina a quedar impune”.

"Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso", señalaron organizaciones sociales.

De los 7 elementos militares acusados por las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Tlatlaya, Estado de México, sólo uno fue condenado a 1 año de prisión por el delito de desobediencia.

Así lo revela un comunicado conjunto del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Amnistía Internacional, y otras organizaciones sociales, que señalaron que el caso “se encamina a quedar impune”. 


“El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete militares que participaron en la masacre de Tlatlaya; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó. La sentencia a favor de los militares involucrados sólo pudo ser conocida recientemente por la víctima Clara Gómez González, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso debido a la opacidad que subsiste en el caso”, indicaron las organizaciones.

“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”, apuntaron.

En tanto, lamentaron las “omisiones de la Procuraduría General de la República” que, “como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos”, fragmentó la investigación “integrando varias averiguaciones previas y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.


No obstante, recordaron que diversos procesos continúan abiertos: “en la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.


El comunicado:

160329_Se Consolida Impunidad Tlatlaya by Aristegui Noticias:



FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mexico/solo-un-militar-condenado-por-matanza-en-tlatlaya-todos-ya-estan-libres/

Seis de 7 militares son absueltos por caso Tlatlaya; sólo hay uno preso, y es por “desobediencia”

A un año y 8 meses de que elementos del Batallón 102 de Infantería matara a 22 personas que se encontraban en el interior de la bodega en la comunidad San Pedro Limón, en Tlatlaya, Estado de México, un juez militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron en esta masacre; el único de los acusados fue condenado a prisión por el delito de desobediencia,  ya compurgó su pena. Para organizaciones no gubernamentales este caso “se encamina a quedar impune”.


El Juzgado Sexto Militar, dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos castrenses que participaron en la masacre de Tlatlaya ocurrida el 30 de junio de 2014; el séptimo de los acusados fue condenado solamente a 1 año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya compurgó, informaron este día 16 organizaciones sociales que han dado seguimiento al caso.

“El caso Tlatlaya se encamina a quedar impune”, denunciaron el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Artículo 19, Freedomhouse, Fundar,la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Red TDT, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), entre otras agrupaciones civiles.

La sentencia a favor de los militares involucrados en la ejecución de 22 personas en el Estado de México sólo pudo ser conocida recientemente por Clara Gómez González, una de las tres testigos de la masacre, quien para acceder al expediente debió promover un juicio de amparo diverso “debido a la opacidad que subsiste en el caso”.

“La exoneración en el fuero militar de los acusados, que confirma la parcialidad de los tribunales militares y las limitaciones de la reciente reforma a la justicia castrense -dado que ésta permite que se realicen juicios paralelos en instancias civiles y militares de manera simultánea-, consolida la impunidad en una de las más graves violaciones al derecho a la vida en la historia reciente”, manifestaron las organizaciones no gubernamentales.

Dijeron que esta determinación es ilegal por haberla emitido un tribunal carente de competencia, la cual, agregaron, se suma a otras acciones y omisiones institucionales que muestran “una preocupante tendencia a dejar el caso en la opacidad”.


En el tiroteo ocurrido en junio de 2014, el Ejército reportó sobre la muerte de 22 sospechosos de narcotráfico en la localidad de Tlatlaya, en el sur de México. Solamente un soldado resultó herido en el enfrentamiento. La investigación del Centro señaló entre 12 y 15 de los sospechosos fueron ejecutados.

Los grupos civiles destacaron las omisiones de la Procuraduría General de la República (PGR) que “como en otros casos de graves violaciones a derechos humanos” ha fragmentado la investigación integrando varias averiguaciones previas “y ha sido reticente a investigar cabalmente a todos los elementos del Ejército que pudieron estar involucrados en los hechos”.

Recordaron que el 2 de julio de 2015 el Centro Prodh solicitó, en ejercicio de la coadyuvancia a la PGR, que se desahogaran diversas pruebas para investigar la Orden General de Operaciones que instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de la oscuridad”; entre estas pruebas se solicitó que los mandos militares a cargo de emitir y supervisar dicha orden fueran citados a declarar a fin de deslindar responsabilidades por cadena de mando.

Sin embargo, las organizaciones lamentaron que tras nueve meses la PGR no ha citado a ningún mando militar, eludiendo así sus deberes y negando un ejercicio elemental de rendición de cuentas.

“La absolución en el fuero militar de los involucrados y las omisiones de PGR en la investigación se suman a decisiones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que perpetúan la opacidad en el caso. La CNDH negó a la víctima Clara Gómez González el acceso a la versión íntegra del expediente de seguimiento a la Recomendación 51/2014, argumentando que la Sedena había calificado información del expediente como reservada, en contra de la calificación sobre la publicidad del expediente hecha por el propio Ombudsman anteriormente”, dijeron.

Indicaron que la Comisión de Derechos Humanos tampoco ha informado de los resultados de su revisión de las órdenes militares vigentes en el país y si éstas contienen instrucciones de “abatir delincuentes”, siendo un hecho público que en el contexto de sus operaciones en terreno las Fuerzas Armadas siguen refiriéndose en estos términos a la privación de la vida humana.

“Pese a que la gravedad de este emblemático caso de violación a los derechos humanos debería tener como respuesta una actuación ejemplar de la justicia, las recientes determinaciones apuntan a que la impunidad podría prevalecer en el caso”, lamentaron las organizaciones.

Reiteraron que diversos procesos continúan abiertos en el caso Tlatlaya:
“En la justicia civil federal tres militares están imputados por cargos de homicidio; la PGR aún mantiene abierta la averiguación previa donde se ha solicitado investigar la cadena de mando respecto de la orden de abatir; y, adicionalmente, permanece pendiente el cumplimiento del amparo ganado por Clara Gómez González para que la justicia militar no siga conociendo los hechos, expediente que recientemente ha sido remitido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”.
Las organizaciones advirtieron sobre el riesgo de que en este caso emblemático termine imponiéndose la impunidad “y, en ese sentido, llamamos nuevamente a que la justicia sea exhaustiva”.

Reiteraron además la exigencia de que se investigue la responsabilidad por la emisión de una orden que instruyó a abatir delincuentes, pues de acuerdo con el Relator sobre Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU, Sr. Christoph Heyns, esta debe ser indagada cabalmente dado que “las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario”.

Poco después de la matanza, la agencia norteamericana The Associated Press visitó Tlatlaya y escribió que la evidencia física no coincidía con la descripción que había hecho el Ejército de los acontecimientos. Después de los sucesos, la Secretaría de Defensa detuvo en gran medida la difusión de la información.

“En el momento de la matanza de 2014, el Ejército mexicano entregaba periódicamente boletines de prensa en los que describía los enfrentamientos en los que resultaban muertos los sospechosos”, dijo hoy AP en un despacho.

“En otro caso, el organismo de transparencia denegó un pedido de AP en febrero de 2015 para conocer las autopsias de 42 sospechosos muertos tras un desigual enfrentamiento con la Policía Federal, en el que solamente un agente resultó muerto. Las autoridades describieron el hecho como un enfrenta miento con un grupo de sospechosos, miembros de un cártel de las drogas en un rancho de Michoacán.


“El Instituto Nacional de Acceso a la Información en febrero falló en contra de una solicitud de acceso a la información presentada por The Associated Press en octubre. La institución estatal dictaminó que la información debe mantenerse como un secreto de Estado durante cinco años. El instituto se posicionó junto al gobierno al negar que hubiera alguna evidencia de que hubo violaciones de derechos humanos en el rancho donde se produjo el tiroteo”, agregó la agencia.



FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/30-03-2016/1642130