Procuraduría de Tlaxcala se disculpará con seis policías a los que torturó y fabricó falsos secuestros

La Procuraduría de Justicia de Tlaxcala ofrecerá hoy una disculpa pública a seis expolicías estatales que hace más de tres años fueron detenidos y torturados para que se declararan culpables de secuestros que no cometieron. Fue una acusación fabricada utilizada por el gobierno estatal como un “ejemplo” de lucha contra la corrupción en las corporaciones policiales.

La disculpa pública que será ofrecida por el procurador estatal José Antonio Aquiahuatl Sánchez es en cumplimiento a una recomendación emitida en mayo pasado por la Comisión de Derechos Humanos local, en la que se acreditó, entre otras irregularidades graves,  la tortura que sufrieron los expolicías.

Hallan muerta a una joven de 19 años reportada como desaparecida en Tlaxcala; hay dos detenidos

El cuerpo de una joven de 19 años reportada por su familia como desaparecida desde la tarde del pasado lunes 16 de octubre, fue encontrado sin vida el viernes 20 en una zona boscosa de la comunidad de San Cosme Mazatecochco, Tlaxcala.


En un comunicado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJE) informó que la Policía de Investigación esclareció el homicidio de Jazmín Contreras López, de 19 años, ocurrido en el municipio de Mazatecochco, por lo que los dos involucrados en el hecho fueron aprehendidos y remitidos al Centro de Reinserción Social (Cereso), desde donde enfrentarán su proceso penal.

Exigen por segunda vez activar alerta de género en Tlaxcala

Un grupo de organizaciones no gubernamentales exigieron por segunda ocasión que el gobierno declare la alerta de género en Tlaxcala ante la desaparición de mujeres, luego de que se negó a activarla en 2016 cuando se solicitó por trata de personas.

Las organizaciones, entre las que se encuentran el colectivo Mujer y Utopía y Justicia Pro Persona, señalaron que las desapariciones en la entidad son un “fenómeno que se encuentra íntimamente ligado a delitos vinculados con violencia sexual, feminicidios o trata con fines de explotación sexual”.

Alcalde ordena secuestro de músicos de Los Ángeles Azules por negarse a tomarse una foto en Tlaxcala

Más de 40 músicos y técnicos de la Orquesta Sinfónica de Los Ángeles Azules fueron privados de su libertad durante dos horas por órdenes del presidente municipal de El Carmen Tequexquitla, Oscar Vélez Sánchez, luego de que presuntamente se negaron a fotografiarse con él tras el concierto en Tlaxcala.

A través de las redes sociales los músicos denunciaron que la policía federal tuvo que intervenir para liberarlos, pues los elementos municipales tenían la orden de no dejarlos salir.

Tlaxcala: granaderos ingresan a oficinas 'tomadas' por normalistas

Tlaxcala, Tlax. Granaderos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) ingresaron en los primeros minutos de este miércoles al complejo de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE–USET) para recuperar tres autobuses de pasajeros que tenían en posesión los normalistas, quienes tomaron las instalaciones de estas dependencias en demanda de que se respete la matrícula en la Normal Rural "Benito Juárez" de Panotla para el siguiente ciclo lectivo.

Los autobuses fueron retenidos cuando las normalistas tomaron la caseta de cuota de la autopista Tlaxcala–San Martín Texmelucan. Ahí, bajaron a los pasajeros y trasladaron las unidades hasta el complejo SEPE–USET.

A mitad de la noche policía estatal de Tlaxcala reprime a mujeres normalistas de Panotla que exigen respeto a matrícula

La policía estatal reprimió a estudiantes de la escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez, en Panotla, Tlaxcala quienes mantienen un plantón frente a  las instalaciones de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USAET) en la capital estatal. Hay cerca de 30 heridas, entre ellas una grave, informaron las jóvenes al periódico La Jornada. Los hechos ocurrieron cerca de la medianoche. 

La Escuela Normal Rural Lic. Benito Juárez de Panotla, Tlaxcala forma parte de la FECSM.

Policía de Tlaxcala rescata a 11 secuestrados en falso retén en Puebla

PUEBLA, Pue: Policías estatales y municipales de Tlaxcala rescataron a 11 personas que fueron secuestradas, luego de ser despojadas de vehículos y pertenencias, en un falso retén que operaba en el municipio de Nopalucan de la Granja, Puebla.

De acuerdo con las autoridades tlaxcaltecas, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) con el apoyo de policías municipales de Ixtenco y Zitlaltepec, lograron detener a un sujeto identificado como Uriel, quien custodiaba a las 11 víctimas en un terreno de cultivo.

Según esta información, vecinos de la zona reportaron de manera anónima que había una persona en actitud sospechosa en un predio ubicado a la altura del puente conocido como Barranca Betancourt.

5 niños con cáncer y 15 muertos en Villa Alta tienen sospechoso: el muy contaminado Río Atoyac

En la comunidad tlaxcalteca de Villa Alta, de apenas 5 mil 794 habitantes, se han registrado 15 muertes por cáncer en los últimos cinco años, y actualmente hay cinco niños que sufren esta enfermedad. La contaminación del río Atoyac cambió por completo la vida de los pobladores quienes han sufrido las consecuencias de ser el desagüe de Petróleos Mexicanos y el Parque Industrial Quetzalcóatl, ubicado en San Martín Texmelucan. La CNDH emitió una recomendación el pasado 21 de marzo de 2017 a los gobiernos de Tlaxcala y Puebla por la contaminación del Río Atoyac. Les advirtió que los altos niveles contaminantes del afluente son causantes de diversas enfermedades en la población que vive a la orilla del cuerpo de agua. Entre estas destaca el cáncer.

La contaminación del río Atoyac cambió por completo la vida de los pobladores de Villa Alta, Tlaxcala. La comunidad que se encuentra entre los canales del tercer río más contaminado de México, ha sufrido las consecuencias de ser el desagüe de Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Parque Industrial Quetzalcóatl, ubicado en San Martín Texmelucan, pues desde hace 15 años, como si se tratara de una plaga, se han registrado diversos casos de cáncer principalmente en menores de edad.

Reportan asesinato del comunicador y activista Juan José Roldán en Tlaxcala

CIUDAD DE MÉXICO: La Unión de Periodistas de Tlaxcala (UPET) reportó la muerte de Juan José Roldán, comunicador y activista de 36 años, del municipio de Calpulalpan, cuyo cadáver fue hallado en un camino de terracería en un predio de esa localidad.


De acuerdo con el sitio de noticias 385grados.com, los integrantes de la agrupación demandaron a las autoridades realizar una investigación a fondo para hallar a los responsables.

Estalla ducto de Pemex en Tlaxcala por probable ordeña

Tlaxcala, Tlax. Alrededor de las 7:05 horas de este viernes se registró una fuerte explosión e incendio de combustible en un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) que pasa por la comunidad de Tepuente, municipio de Nanacamilpa, en la zona poniente del estado de Tlaxcala.

Desde la distancia se observó una columna de humo que alcanzó varios metros de altura derivado del fuego en el ducto.

El siniestro movilizó a equipos de rescate, a la Policía Estatal y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras la población que habita en la zona permaneció en alarma.

Una explosión de un polvorín en Ixtacuixtla, Tlaxcala, deja dos muertos y tres heridos

De acuerdo con información de medios locales, el siniestro ocurrió alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles, por lo que elementos de cuerpo de bomberos, de protección civil, así como policías estatales y municipales, e incluso militares, se trasladaron al lugar de los hechos, y trabajaron rápidamente para controlar el fuego.

Dos personas muertas y tres heridas fue el saldo que dejó una la explosión en un polvorín en una vivienda ubicada en el municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.

De acuerdo con información de medios locales, el siniestro ocurrió alrededor de las 9 de la mañana de este miércoles, por lo que elementos de cuerpo de bomberos, de protección civil, así como policías estatales y municipales, e incluso militares, se trasladaron al lugar de los hechos, y trabajaron rápidamente para controlar el fuego.

Ahí mismo se detalló que dos de los fallecidos responden a los nombres de Giovani Hernández Martínez, de 21 años y Efraín Ramírez Osorio, de 19 años de edad. Mientras que los lesionados fueron identificados como  Pedro Salas Espinoza, de 53 años de edad, quien presentó quemaduras en un 90 por ciento y Cristian Salas Hernández de 18 años, también con quemaduras de primero y segundo grado, ambos fueron llevados a la clínica de San Martín Texmelucan.

Del tercer lesionado no se proporcionó mayor información, sólo que fue internado en el Hospital General de la SESA en la capital del estado.


Por su parte el Gobierno del estado informó a través de su cuenta de Twitter que en cuanto se tuvo conocimiento de la explosión se puso a disposición al personal médico del Hospital General de Tlaxcala para la atención inmediata de los heridos.

El @GobTlaxcala garantiza atención inmediata y permanente en los hospitales que reciben heridos por el siniestro en Ixtacuixtla. pic.twitter.com/c10VZwsxyA

— Gobierno de Tlaxcala (@GobTlaxcala) 8 de febrero de 2017

Asimismo destacó que cualquier fabricante de pirotecnia que se encuentre fuera de la norma será castigado, ya que en el estado debe imperar el acato a la ley.

https://youtu.be/fSsROuFEinQ

FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-02-2017/3147544

Queman patrullas en San Pablo del Monte, Tlaxcala, en intento por linchar a presunto plagiario

Pobladores de San Pablo del Monte, municipio de Tlaxcala, prendieron fuego a tres patrullas y causaron destrozos en las instalaciones de la presidencia municipal, luego de que la Policía se negó a entregarles a un presunto secuestrador.

Anoche, dos sujetos supuestamente intentaron llevarse a un par de hermanos en la colonia El Cristo, pero uno de ellos fue aprehendido por los uniformados.

Armados con palos, machetes y martillos, los vecinos se dirigieron a la comisaría y pidieron que les fuera entregado el presunto plagiario, pero la petición fue desoída. En respuesta, le prendieron fuego a tres patrullas y provocaron destrozos en la alcaldía.

Tras los hechos, granaderos de la Comisión Estatal de Seguridad de Puebla arribaron a San Pablo del Monte y rescataron a los efectivos que por algunos minutos fueron privados de su libertad.

De acuerdo con fuentes policiacas, un pleito de familia hizo suponer que dos niños habían sido secuestrados, y eso motivó la ira de los pobladores, quienes afirman estar hartos de la inseguridad en la zona.

Fuente: Proceso

Autor: Redacción

http://www.proceso.com.mx/467657/queman-patrullas-en-san-pablo-del-monte-tlaxcala-en-intento-linchar-a-presunto-plagiario

Peritaje de ONU acredita torturas contra ex mando policiaco de Tlaxcala

La Procuraduría de Tlaxcala recurrió a toques eléctricos, golpes, cortadas en las muñecas y métodos de asfixia para tratar de inculpar en un caso de secuestro exprés a Juan Carlos Yáñez Osornio, ex mando de la Policía estatal.

La policía ministerial de la Procuraduría de Tlaxcala recurrió a toques eléctricos, golpes, cortadas en las muñecas y métodos de asfixia para tratar de inculpar en un caso de secuestro exprés a Juan Carlos Yáñez Osornio, ex mando de la Policía estatal, de acuerdo con un peritaje solicitado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El informe fue elaborado conforme al Protocolo de Estambul -prueba avalada por la ONU para determinar si una persona fue víctima de tortura-, y señala que Yáñez Osornio presentó lesiones acordes con las denuncias de tortura que el inculpado presentó desde que fue privado de su libertad la noche del 21 de enero del 2015 por policías ministeriales de la Procuraduría de Tlaxcala.

La detención del ex mando policiaco fue ordenada por la entonces Procuradora, Alicia Fragoso Sánchez, bajo el argumento de que estaba vinculado con cuatro secuestros exprés cometidos en dicha entidad, pero al menos dos de esas imputaciones ya fueron desechadas por jueces locales por falta de pruebas y violaciones al debido proceso.

Al momento de la captura, Yáñez Osornio fungía como Delegado de la Policía Estatal de Tlaxcala en el municipio de Apizaco y acababa de atender un intento de linchamiento, por lo que hay fotografías que lo ubican en un lugar distinto al de la comisión del delito que se le imputa.

El ex mando policiaco fue capturado junto con el ex director de esa misma corporación, José Jorge López Pérez, y cinco coacusados más. Los siete servidores públicos vinculados con este caso alegaron ser víctimas de tortura desde su primera comparecencia ante un juez penal de Tlaxcala, acusación que estuvo acompañada por certificados médicos oficiales en los que se acreditaron múltiples lesiones de cada uno de los afectados.

Yáñez Osornio era un policía destacado: fue premiado en diciembre del 2014 por sus acciones de lucha contra el narcomenudeo, los asaltos a mano armada y el robo de vehículos.

Los peritajes

En el caso de Juan Carlos Yáñez, el documento firmado por la perito médico, Patricia Islas García, adscrita al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, señala que la víctima “presentó lesiones físicas externas recientes” que coinciden con las producidas por las alegaciones de tortura y malos tratos que sufrió por personal de la procuraduría.

Fechado el pasado 16 de junio del 2016, el reporte médico agrega que “en este caso en particular, mediante la búsqueda, localización e identificación de secuelas, huellas o indicios de supuestas lesiones físicas producidas en el pasado mediante actos de tortura física, ESTAS SÍ SE EVIDENCIARON”, por lo que se ordena dar atención inmediata al afectado en materia de ortopedia y padecimientos crónicos.

El peritaje tiene una extensión de 32 páginas y cuenta con tres certificados médicos emitidos previamente, en los cuales se acreditan las lesiones sufridas por Yáñez Osornio entre las 20:30 horas del 21 de enero del 2015 y las 23:17 del 23 de agosto del 2016, es decir, desde que fue detenido en el municipio de San Pablo Apetitlán luego de atender el intento de linchamiento; hasta que fue internado en el penal estatal de Apizaco para que rindiera declaración preparatoria ante el juez de la causa.

El primer examen médico realizado al ex mando policiaco enumeró golpes en tórax, brazos, codos, antebrazos, piernas, cortaduras en las muñecas y moretones en la parte trasera de la oreja, así como dolor de cabeza y en la mano izquierda.

Las lesiones sufridas por Yáñez, señala la médico legista de la Procuraduría de Tlaxcala, Paula Andrade Vásquez, “son recientes y son de las que tardan en sanar más de 15 días”. El documento fue elaborado a las 21:55 horas del 21 de agosto del 2015.

El segundo peritaje médico fue elaborado ese mismo día a las 22:25 horas por la médico forense Quitzé  Montealegre Carro. Sus conclusiones fueron similares: Yáñez Osornio presentaba moretones, heridas superficiales, excoriaciones y heridas en la muñeca, lesiones que tardan en sanar alrededor de 15 días y que no ponían en peligro la vida del afectado.


Un tercer peritaje médico señaló que al momento de ingresar a prisión, Yáñez Osornio presentaba dolor en la columna, en el hombro izquierdo, en los testículos y adormecimiento en el dedo meñique de su mano izquierda, síntomas asociados a contusiones “previos al ingreso”.

Además, el médico del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Apizaco, Juan Carlos Cuayahuiltl Díaz, advirtió que las dos muñecas del imputado presentaban heridas cortantes lineales, posiblemente provocadas por “colocación de dispositivos”; moretones en la zona craneal, moretones en la espalda y nalgas con escoriaciones.

Su conclusión es que la Policía Ministerial de Tlaxcala le entregó a una persona “policontundida” que sufrió múltiples lesiones antes de llegar a la cárcel.

Develando un caso de tortura paso a paso

A partir de las declaraciones de la víctima ante un juez penal, las 12 consultas médicas que se le brindaron a Juan Carlos Yáñez Osornio en la clínica del penal y cuestionarios preparados por la perito Patricia Islas, el reporte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) concluyó que los dichos de la víctima son coincidentes con las secuelas de tortura.

La perito recuperó las declaraciones del ex mando policiaco y agregó una reconstrucción de la tortura denunciada por Yáñez Osornio mediante una entrevista realizada conforme al Protocolo de Estambul.

De acuerdo con el dictamen, el afectado narró que tras su captura ocurrida el 21 de enero del 2015, le taparon la cabeza con bolsas de plástico para asfixiarlo, que lo pusieron boca abajo en un colchón y que un policía ministerial al que identifica como “Cañas” se le “montó” en la espalda para sujetarlo y evitar que se moviera.

También se quejó de que le dieron puñetazos en la cabeza mientras le protegían el rostro con una chamarra, de que le jalaban los brazos hacia atrás para hacer palanca con ellos y de que le echaron agua en los testículos para aplicarle toques eléctricos en sus genitales. A eso sumaron las amenazas verbales contra su familia.


Posteriormente un policía ministerial le cortó las dos muñecas con un cúter, lo azotaron contra la pared con su cabeza envuelta en una playera y lo amagaron con desangrarlo hasta la muerte. La tortura finalmente provocó que perdiera el conocimiento y la confesión que pretendían arrancarle, al final no llevó su firma, sino su huella dactilar, misma que le tomaron mientras estaba inconsciente.

Con los dictámenes médicos previos y la narración de la víctima, la perito Patricia Islas enumeró tres métodos básicos de tortura sufridas por Yáñez: traumatismos causados por objetos contundentes como puñetazos, patadas, golpes; choques eléctricos y asfixia con métodos secos.

Un examen médico realizado por la especialista encontró síntomas y discapacidades agudas provocadas por la tortura: dolor punzante y continuo en la columna vertebral, sudoración, calambres en los testículos e incapacidad para tener relaciones sexuales con su esposa, síntomas de ansiedad somática, dolores de espalda y de cabeza constantes, melancolía, tristeza, insomnio y pesadillas.

Ante el cúmulo de evidencias físicas y psicológicas, el peritaje oficial solicitado por Naciones Unidos desde el 1 de abril del 2016, derivado de un encuentro con la defensa de los inculpados, concluye que sí hay evidencias y secuelas de que el afectado fue víctima de tortura, tratos crueles y degradantes que son violatorios de sus derechos humanos.


“La narración de los malos tratos y abusos que sufrió el C. Juan Carlos Yáñez Osornio, es congruente con los hallazgos físicos que presentó como son contusiones en la cabeza y tórax, estos actos producen hematomas (moretones), zonas de equimosis (hinchazón), excoriaciones, facies dolorosa (cara de dolor) y reflejos osteotendinosos disminuidos. La descripción de los métodos de tortura coinciden con los que se realizan en la región y sus efectos físicos ulteriores en este caso son dolor crónico en la columna vertebral”, señala el informe.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JUAN OMAR FIERRO.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0712/mexico/peritaje-de-onu-acredita-torturas-contra-ex-mando-policiaco-de-tlaxcala/

Procuraduría de Tlaxcala viola la Constitución por no indagar la desaparición de una niña: juez

La Procuraduría de Tlaxcala se negó a emtir Alerta Amber y a iniciar una averiguación por privación ilegal de la libertad de Karla Tezmol, de 11 años.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, encabezada por Alicia Fragoso Sánchez, viola dos artículos de la Constitución mexicana al negarse a investigar la desaparición de la niña Karla Tezmol Juárez, de 11 años, raptada en un municipio identificado como zona de operación de bandas dedicadas al tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, concluyó un juez federal de amparo en noviembre pasado.

Karla desapareció el 13 de enero de 2016, cuando caminaba rumbo a la primaria en la que estudiaba, en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.
Según testigos, personas no identificadas obligaron a Karla a abordar un vehículo negro, para luego escapar.

La familia de Karla denunció el rapto horas después de ocurrido, sin embargo, la Procuraduría estatal se negó a emitir la Alerta Amber, protocolo inmediato de búsqueda de menores desaparecidos, secuestrados, o en peligro, diseñado para impedir que las víctimas sean extraídas de la entidad donde fueron raptadas.

Además, la Procuraduría se negó a iniciar una averiguación previa por el delito de privación ilegal de la libertad y esa negativa se mantiene hasta la fecha.

Desde el rapto de Karla han transcurrido 11 meses y, en este tiempo, la Procuraduría estatal sólo ha iniciado oficialmente lo que se conoce como un “acta circunstanciada”, es decir, un oficio en el que fue mecanografiada la denuncia de su desaparición.

Luego de que habían transcurrido 21 días desde el rapto, la Procuraduría de Tlaxcala aceptó emitir la Alerta Amber, debido a que la familia denunció los hechos ante medios de comunicación.

La Alerta Amber está diseñada para aplicarse inmediatamente después de que se denuncia de desaparición de un menor, por lo que emitirla luego de 21 días prácticamente anula sus alcances.

La Procuraduría de Tlaxcala sólo mantuvo activada dos semanas la Alerta por la desaparición de Karla y luego la canceló.

La única evidencia que la Procuraduría estatal aceptó rastrear, por presiones de la familia, fue un video de vigilancia, de un negocio cercano al lugar donde Karla fue raptada. La Procuraduría, sin embargo, obtuvo erróneamente el video del día siguiente, y cuando se percataron de este error, el video correcto ya había sido borrado.

Violaciones a la Constitución

Debido a todas estas anomalías, la familia de Karla solicitó que un juez federal de amparo revisara el proceder de las autoridades de Tlaxcala, luego de lo cual, el juez Carlos Albergo González García (titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Tlaxcala) determinó que la actuación de la Procuraduría local “se traduce en una violación a las prerrogativas fundamentales de seguridad jurídica y legal, establecidas en los artículos 16 y 21 de la Constitución” mexicana.

Estos artículos, subrayó el juez, obligan a las procuradurías de justicia (tanto estatales, como la PGR) a “garantizar que las denuncias sean atendidas, y que el Ministerio Público ejercite las funciones de investigación que le encomienda la ley”.

El juez concluyó que un “acta circunstanciada” no le permite a la Procuraduría de Tlaxcala investigar nada, por lo tanto, no es la figura legal óptima para determinar si existe un delito qué perseguir, o no.

En el caso de Karla, luego de mecanografiar el acta circunstanciada, la Procuraduría determinó que la menor no es víctima de ningún delito, sin que mediara investigación alguna, lo cual fue calificado como algo “absurdo” por el juez federal.

“Sería absurdo –es la cita textual– que, previo a iniciar la investigación correspondiente, se determine la inexistencia categórica de los ilícitos”, ya que no se puede saber si un delito existe “sin haber averiguado el origen y naturaleza de los hechos”.

Aparte, el juez consideró necesario recordarle a la Procuraduría de Tlaxcala que no puede decidir a capricho si inicia averiguaciones previas o no. Por el contrario: es su obligación emprender investigaciones formales cada vez que un ciudadano denuncie un hecho que sea considerado delito por el Código Penal.

“La averiguación previa –subrayó el juez en su resolución, emitida el 14 de noviembre– no constituye un poder o prerrogativa que la institución del Ministerio Público pueda ejercer según su parecer, toda vez que se trata de investigaciones que son presupuesto para castigar a los sujetos que hubieren afectado a las víctimas y a la sociedad en general con la comisión de un hecho delictuoso.”

En este caso, Karla es presuntamente víctima de distintos delitos: privación ilegal de la libertad, desaparición forzada y trata de personas con fines de explotación sexual, por lo menos.

Peor aún: el juez consideró que el sólo hecho de que Karla desapareciera en un municipio identificado como parte del corredor de la trata era suficiente para que la Procuraduría de Tlaxcala emprendiera una investigación formal, desde enero, lo cual no ha hecho.

“Esos elementos son suficientes para que el responsable social procediera a la apertura de una averiguación previa, al ser hechos probablemente constitutivos de delitos”.

Por el contrario, al negarse a iniciar esta investigación, dijo el Juez, “la autoridad ministerial se apartó de los lineamientos establecidos en los preceptos constitucionales y ordinarios aplicables”.

Por todas estas razones, el juez ordenó a la Procuraduría de Tlaxcala deponer su actitud omisa e iniciar, de manera inmediata, una investigación formal, real, que lleve a la localización de Karla Tezmol, así como de los responsables de su ausencia.

Diputados cómplices

En marzo de 2016, ante las denuncias públicas de la familia de Karla, el Congreso de Tlaxcala citó a la procuradora Alicia Fragoso Sánchez para que explicara por qué no había una investigación por el rapto de la menor.

La procuradora se negó a acudir ante el Congreso, alegando que ella respondía a las órdenes del gobernador, Mariano González Zarur (PRI), y no al Poder Legislativo.

Finalmente, una negociación directa entre el Congreso y el gobernador permitió que la procuradora acudiera ante diputados de Tlaxcala, sin embargo, luego del encuentro (al que se impidió el acceso a la prensa y a la familia de Karla), oficialmente fue anunciado el respaldo del legisladores del estado a la procuradora Fragoso Sánchez.

Según un boletín oficial difundido en marzo, durante el encuentro a puerta cerrada, “los diputados señalaron que a esta soberanía le queda claro (…) que se está siguiendo el debido proceso” en el caso de Karla.

La resolución del juez federal de amparo, sin embargo, refuta que la Procuraduría estatal hubiera seguido el “debido proceso”, tal como afirmaron los legisladores tlaxcaltecas en marzo.

El juez, de hecho, no sólo advirtió que la Procuraduría de Tlaxcala está violando la Constitución, también subrayó que “convalidar como jurídicamente correcto (el actuar de la Procuraduría) implicaría desatender resoluciones dictadas a nivel internacional al Estado mexicano, tal como lo resuelto (por la Corte Interamericana de Derechos Humanos) en el caso Campo Algodonero, en el que se ordenó que el Estado debía conducir eficazmente el proceso penal, debiendo removerse todos los obstáculos (…) que impidan la debida investigación de los hechos”.


Miriam Pascual, abogada de la agrupación civil Red Retoño, que brinda acompañamiento legal a la familia de Karla, informó que, a pesar de que la resolución del juez fue emitida el pasado 14 de noviembre, y causó efecto al día siguiente, hasta la fecha la Procuraduría de Tlaxcala no lo ha acatado y sigue sin iniciar una investigación formal por su rapto.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/12/procuraduria-tlaxcala-desaparicion/

Los casos de trata de personas en Tlaxcala, impunes desde hace más de ocho años

Dos casos de menores desaparecidas en San Pablo del Monte, ochos años de diferencia, mismo modo de operar de los agresores y la Procuraduría estatal sigue sin resolver.

A Valeria* y a Karla las raptaron en el mismo mes: enero. A la primera en 2008, a la segunda en 2016.

La adolescencia al ser secuestradas es su principal rasgo en común, pero hay otros, igual de importantes: ambas son habitantes del municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala; ambas fueron raptadas en la vía pública, en pleno día; y en contra de ambas, los atacantes usaron prácticamente el mismo método: aproximarse en autos particulares, obligarlas a abordar mediante el uso de la fuerza física, y huir.

En su condición de víctimas, además, ambas menores comparten también el mismo abandono por parte de las autoridades de Tlaxcala.

Valeria, que entonces tenía 14 años, pudo escapar de sus secuestradores, a pesar de encontrarse severamente lesionada, un día después de ser raptada. Karla, quien cumplió 12 años el pasado 27 de abril, permanece desaparecida desde hace ya 112 días.

Secuestros

Berenice* es mamá de Valeria. Olga es mamá de Karla. Una se sienta al lado de la otra y hablan. Sus voces son muy distintas, la primera grave, sin ser ronca, la segunda aguda, pero sus palabras, las historias que narran mientras lloran, parecen la misma.

“A mi hija la secuestraron el 19 de enero de 2008 –dice Berenice, profesora de una escuela del sector público–, tenía 14 años en ese momento, y fue al café internet que está a unas cuadras de la casa, en San Pablo del Monte, Tlaxcala, para hacer una tarea; llegó ahí, al negocio, y empezó a trabajar, pero en el lugar no había hojas para imprimir, así que ella salió a buscar hojas, y fue cuando se la llevaron. Un auto se le acercó, un Neón con puertas grises, y la jalaron, le vendaron los ojos, y entre dos sujetos la llevaban en la parte de atrás del carro, mientras otro sujeto iba conduciendo.”

Con Karla fue igual, pero con ocho años de diferencia: “Mi niña salió de casa el pasado 13 de enero (de 2016) rumbo a la escuela, que está a unas cuadras de distancia, también en San Pedro del Monte –cuenta Olga, con una voz que apenas y se escucha–. Pero no llegó a la escuela. Un testigo vio cuando se le acercó un carro oscuro y la jalaron.”

Tanto Berenice como Olga, al percatarse de la desaparición, instantes después de ocurridas, salieron en busca de sus hijas, primero con familiares y amigos de las niñas, luego por las calles, preguntando a la gente, y finalmente acudieron, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala.

En ambos casos, la Procuraduría estatal fue notificada de estas desapariciones, apenas horas después de ocurridas, y el procedimiento seguido por el Ministerio Público de Tlaxcala, tanto en 2008 como en 2016, fue el mismo: no hacer nada.

“Fui a la agencia del MP de San Pablo –narra Berenice– y les dije a los policías ‘esta es mi hija, mírenla por favor, está desaparecida, sólo estaba haciendo una tarea, por favor ayúdenme’. Pero ellos me respondieron que apenas tenía dos horas ausente y que ella no estaba desaparecida, sólo porque yo no supiera dónde estaba… les rogué que al menos radiaran su nombre, que estaba desaparecida, les pedí que me recibieran fotografías de ella, para que las giraran en la terminal, en las casetas, y la respuesta fue que había que esperar, al menos, 72 horas… ‘¿sabe todo lo que le pueden hacer a una niña en 72 horas?’, le pregunté al policía”.

Desesperada, sin saber qué hacer, pero conscientes de que las autoridades no les brindarían auxilio, Berenice y sus familiares comenzaron a recorrer las calles de San Pablo del Monte, buscando a Valeria, de 14 años, por sus propios medios.

Ocho años después, el 13 enero de 2016, a esas mismas oficinas del MP en San Pablo del Monte acudió Olga, para reportar la desaparición de su hija, Karla Tezmol Juárez, de 11 años en ese momento. “Pero ese día estaba lluvioso, y se habían quedado sin luz, así que me dijeron que no podían hacer nada, ni siquiera tomarme los datos de la niña, mucho menos redactar la denuncia por la desaparición, nada.”

Olga tuvo que trasladarse hasta la capital del estado (a una hora de camino), para obtener atención en las oficinas centrales de la Procuraduría de Tlaxcala, en donde, sin embargo, se negaron a emitir una alerta especial (la Alerta Amber), que permitiera la búsqueda inmediata de Karla.


“Dijeron que Karla se fue con el novio…”, musita su mamá.

Respuesta en presencia de la víctima

El 20 de enero de 2008, cerca de las 7:00 horas (es decir, 14 horas después de que Valeria fue raptada), la menor regresó, por su propio pie, a la casa de su abuela.

“Había sido drogada, y estaba totalmente aturdida –narra su mamá–, ella me contó que varios tipos la habían atacado sexualmente, tenía marcas en las manos provocadas por las ataduras, y ella escuchaba cómo sus agresores acordaban si llevársela a Tijuana o a otro lugar. Me dijo: ‘mamá, pensé que ya no te volvería a ver jamás’… Esa noche, esos sujetos acabaron tan ebrios y drogados que se durmieron y, en la madrugada, mi hija escapó, y caminó, sin saber por dónde… ella estaba muy afectada por la droga que le dieron, llevaba la ropa desgarrada, y luego de no sabe cuánto tiempo, reconoció que estaba cerca de la casa de su abuela, y caminó hasta ahí”.

Para ese año, en Tlaxcala ni siquiera se reconocía la trata de personas como un delito, a pesar de lo cual, el rapto y agresión sufridos por Valeria fueron denunciados ante la Procuraduría de Justicia estatal, encabezada en ese momento por Leopoldo Zárate Aguilar.

“No queríamos que le hicieran a otra niña lo que le hicieron a mi hija –narra Berenice–, por eso fuimos a la Procuraduría, pero fue un grave error. Llegamos a las 4 de la tarde, y nos atendieron hasta las 12 de la noche, hora en la que le pidieron a mi hija rendir su declaración, contar todo lo que pasó, todo lo que le hicieron durante esa noche, cómo logró huir… y luego nos pasaron a otra oficina, con otro funcionario, para que le repitiera todo otra vez… y luego a otra oficina, otro funcionario, y así… hicieron que mi hija repitiera una y otra y otra y otra otra vez. Y al final, de madrugada, luego de hacerla revivir ese sufrimiento en su mente, fue puesta en manos de un perito que la volvió a hacer víctima de una agresión sexual.”

–¿El tipo de exámenes que le realizaron son equiparables con una agresión sexual? –se pregunta a Berenice.

– A mi hija la pusieron enfrente de un hombre, desconocido para ella, y la obligaron a desnudarse. Y este sujeto estuvo tomando muestras. El cuerpo de mi hija, para ellos, era simplemente el cuerpo del delito, y así la trataron.

Berenice llora y se culpa: “Mi hija fue nuevamente víctima de lo que en los hechos representa una agresión sexual, pero esta vez había sido yo la que la expuso a eso”.

Una semana después, madre e hija fueron citadas por la Procuraduría estatal, para recibir un informe sobre las investigaciones.

–¿Qué fue lo que les informaron?

–Sólo nos dijeron que, efectivamente, mi hija había sido violada y que sí, había sido drogada. O sea, lo que ya sabíamos… Luego nos preguntaron si, acaso, nosotras nos imaginábamos quiénes pudieron haberlo hecho, como si la investigadora fuera yo.

–¿Su hija recibió algún tipo de asistencia victimológica, por parte de las autoridades?

–En realidad, no. En la Procuraduría de Tlaxcala nos canalizaron al área de psicología, pero ahí la presionaban para que admitiera que se había ido con el novio. Le decían: “era tu novio, ¿verdad? ¿Te fuiste con él o él te llevó?”… Le decían “acuérdate quién fue… ¿era tu novio?”. Esa era toda su terapia, e insistían, a pesar de que mi hija les aclaraba que no tenía novio. Ella era una niña de 14 años… decidimos no volver más a la Procuraduría. La llevé al ISSSTE, y fue peor: ahí la psicóloga me dijo que el acné de mi hija probaba que tenía la “hormona alborotada”, y que por eso le pasó lo que le pasó…

Respuesta en ausencia de la víctima

La Alerta Amber, instituida en México en el año 2012, es un protocolo de búsqueda de menores de edad secuestrados, desaparecidos o en riesgo de serlo, diseñado para activarse de forma inmediata, para impedir que la víctima sea extraída de la entidad en la que se reportó su ausencia.


Sin embargo, en el caso de la niña Karla Tezmol Juárez, la Procuraduría de Tlaxcala se negó a activar este protocolo de localización durante los primeros 21 días transcurridos después del reporte.

A pesar de que existen testimonios de personas que presenciaron el rapto, así como reportes anónimos que vinculan el secuestro de Karla con la actividad de bandas de tratantes y explotadores sexuales de Tlaxcala y Puebla, la Procuraduría estatal se ha negado, hasta la fecha, a iniciar una averiguación previa formal.

Es decir, no se reconoce la presunta comisión de ningún delito; y a Karla no se le asume oficialmente como víctima.

Entre las preguntas realizadas por la Procuraduría estatal a la familia, luego de su reporte de desaparición, están: “¿Karla es enojona? ¿Karla ya menstrúa? ¿Karla tiene o tuvo novio o amigos varones?“

A finales de marzo, tras cumplirse dos meses de la desaparición de Karla, la Procuraduría envió un “binomio canino” a su vivienda.

“Trajeron dos perritos –narra Olga–, me pidieron permiso para revisar la casa, como si la niña estuviera aquí, enterrada. Yo les permití que entraran e hicieran su trabajo. Ellos creen que soy ignorante, y que no me doy cuenta que me investigan a mí, cuando lo que deberían estar haciendo es buscar a mi hija. Yo quería que trajeran esos perros cuando desapareció mi hija, el 13 de enero, y no dos meses después, en un día de lluvia. Yo creo que eso nada más fue para tener algo para decir que trabajaron. Estuvieron como 20 minutos aquí, revisaron toda la casa y los perritos no encontraron nada. Luego se fueron, pero antes de irse, el comandante Tepox me preguntó si no había yo escuchado nada aún, algún rumor, algún chisme. Así me lo preguntó, así investiga él”.

En el año 2013, la Comisión Nacional de Derechos Humanos denunció que el estado de Tlaxcala forma parte de al menos cinco corredores controlados por bandas del crimen organizado, especializadas en trata de personas. 

Estos corredores contemplan puntos geográficos de secuestro y enganche de las víctimas (básicamente niñas y mujeres), así como puntos de tránsito y explotación, ubicados dentro y fuera de México.

La primera de estas rutas va de Tlaxcala a Puebla. Otras tres inician en Veracruz, Guanajuato y Morelos, y terminan en Tlaxcala y Puebla.

Y una última, ésta internacional, inicia en Puebla y Tlaxcala, y llega hasta Arizona y Nueva York.

Peor aún: la lista de municipios de Tlaxcala en los que prolifera la trata de personas inicia, precisamente, con San Pablo del Monte, la localidad en donde Valeria y Karla fueron raptadas.

Durante los 112 que han transcurrido desde la desaparición de esta menor, las únicas acciones reales de búsqueda han sido realizadas por sus familiares, a través de la distribución de volantes con su fotografía, en casetas carreteras, y recorridos por zonas de “tolerancia” (lugares en donde la explotación sexual comercial es abiertamente permitida por las autoridades).

Con la toga sobre los ojos

Aunque no existen reportes actualizados sobre el número de niñas y mujeres no localizadas, raptadas o desaparecidas en Tlaxcala, sí existen indicios de la magnitud de este problema, y del claro perfil de las víctimas.

Un reporte de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, de la PGR, que abarca de mayo de 2012 a diciembre de 2014, señala que en ese periodo desaparecieron 20 menores de edad en Tlaxcala, de los cuales 14 son niñas y 6 niños. Según este mismo reporte, sólo los niños fueron localizados.

Debido a que ninguna de estas circunstancias fue considerada por la Procuraduría estatal cuando descartó iniciar una averiguación previa por el rapto de Karla, su familia promovió en abril pasado un amparo, intentando que la justicia federal obligara a las autoridades de Tlaxcala a investigar esta desaparición como un posible delito en activo.

A finales de mes, sin embargo, el juez segundo de Distrito en Tlaxcala, Carlos Alberto González García, denegó el amparo, al considerar que no hay violación a los derechos de la menor.


* Se usa pseudónimo, para resguardar su identidad.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/05/los-casos-de-trata-de-personas-en-tlaxcala-impunes-desde-hace-mas-de-ocho-anos/

La Procuraduría de Tlaxcala simula investigación por robo para inventar víctimas de secuestro

Los documentos de una audiencia judicial, en poder de Animal Político, revelan como falsas víctimas fueron engañadas para firmar declaraciones en las que acusaban de secuestro a policías.

Con el engaño de “recabar firmas” sobre una supuesta investigación de robo, la Procuraduría  de Tlaxcala consiguió que al menos dos personas acusaran con declaraciones falsas a siete policías de haberlos secuestrado, y luego intentó que estos no confesaran lo que había pasado ante el juez responsable del caso. Los policías inculpados están presos desde hace más de un año.

Los documentos de una audiencia judicial del caso realizada a finales de marzo, de los que Animal Político tiene copia, evidencian que los agentes de la Procuraduría fabricaron las acusaciones con mentiras. También exhiben como el Ministerio Público quiso frenar la confesión de las víctimas, argumentando incluso que no se encontraban bien sicológicamente.

Esta audiencia se realizó luego de tres ocasiones en que fue postergada, ya que aunque las personas señaladas como víctimas acudían al juzgado, el Ministerio Público se iba del lugar lo que impedía que se llevara a cabo.

Las revelaciones se suman a otras pruebas que en el último año han reunido los abogados de los policías encarcelados. Este medio ya publicó que existen fotografías que prueban que uno de los mandos acusados, junto con sus elementos, estaban en un operativo en el momento en que se le señala de participar en el secuestro.

Además existe el testimonio por escrito de una primera víctima supuestamente rescatada en flagrancia que negó también que fuera extorsionado o secuestrado por los agentes, y al contrario, señaló que colaboraba con ellos.

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de Naciones Unidas ya inició una revisión de este caso tras las denuncias de los encarcelados de violaciones al debido proceso y a Sus garantías individuales.


Cabe señalar que sobre este tema, La Procuraduría de Tlaxcala declinó hacer cualquier comentario a Animal Político, y solo dijeron que serán respetuosos de la determinación que se tome en el juicio.

El engaño

La noche del 21 de enero de 2015 la procuradora de Tlaxcala Alicia Fragoso anunció que ella, junto con agentes de Investigación, había detenido a policías estatales implicados en caso de secuestro exprés y extorsiones.  Entre los detenidos estaban dos mandos: el Director de esa corporación José López Pérez (segundo e jerarquía solo debajo del comisionado), y el delegado de la Policía estatal en Apizaco, Juan Carlos Yáñez.

Inicialmente la Procuraduría consignó a los agentes solo por el caso de una persona rescatada en flagrancia pero después,  envió al juez dos casos más para reforzar la acusación: el de Ramón Cortes Ramírez y el de Leocanida Leónides Miranda, ambos vecinos del municipio de Apizaco Tlaxcala.

Según el expediente, estas dos personas denunciaron la noche del 21 de enero (misma fecha de la detención de los policías) que una semana antes habían padecido un secuestro exprés.

Posteriormente, el 24 de enero, ampliaron su denuncia para señalar que supuestamente habían visto en el periódico El Sol de Tlaxcala a los policías detenidos, y los reconocieron como los mismos que “los secuestraron”.


Con esas declaraciones, el juez del caso dictó auto de formal prisión en contra de los siete agentes por varios casos de privación ilegal de la libertad.

La audiencia

El 14 de marzo Ramón Cortes y Leocanida Leónides se presentaron ante el juzgado para responder las preguntas de los abogados defensores. Fue la cuarta cita en tres meses, luego de que el Ministerio Público frustró los intentos pasados al ausentarse de la sala. En esta ocasión, el juez había apercibido al personal de la Fiscalía para que estuvieran presentes.

El primero en comparecer esa mañana fue Cortes. Los abogados arrancaron el interrogatorio cuestionándolo si había acudido coaccionado, lo que el negó diciendo que estaba ahí por “su propia voluntad”

Luego se le preguntó si reconocía la declaración que le atribuyó la Fiscalía en contra de los policías presos. Antes de que pudiera responder el agente del Ministerio Público le solicitó al juez que no autorizara esa pregunta al considerarla “insidiosa” pues la declaración inicial era clara y servía de base del caso.

El juez desestimó la objeción del Ministerio Público al subrayar que la declaración de la víctima era un indicio y no podía obstaculizarse. En su contestación, Ramón Cortes reveló que la acusación contra los policías presos era falsa.

“Nunca he hecho una declaración ya que nunca he sido privado de mi libertad por estas personas (los policías estatales) ni las conozco” dijo Cortes.

Al cuestionársele después si era su firma la que aparecía en la acusación que la Fiscalía presentó, (pregunta que el Ministerio Público intentó frenar otra vez sin éxito también) Ramón Cortés admitió que si era su firma y explicó cómo fue engañado.

“Llegaban a mi domicilio personas que decían ser policías de investigación y que firmara esos papeles, pero no me dejaban leerlos (…) me decían que había una investigación de robo en la colonia y que firmara yo y que eso era solo como investigación de lo que estaba pasando en la colonia y era todo lo que me decían” dijo Cortes.

Tras reiterar que nunca ha sido secuestrado Ramón Cortés termino su testimonio. Luego, el Ministerio Publicó solicitó permiso para “interrogarlo”, lo que el juez rechazó al recordarle que las víctimas no pueden ser sometidas a interrogatorio y que además no lo pidió previo al arranque de la audiencia.

Finalmente en un último intento de desacreditar los dichos de la supuesta “víctima” el agente ministerial pidió que se le sometiera a un examen  sicológico para demostrar que había sido coaccionado o no se encontraba bien emocionalmente

Cuestionado sobre este punto por el juez, Ramón Cortes rechazó que se le aplicara una prueba sicológica pues recordó que en todo caso el figuraba en el caso como “víctima” no como acusado.

La audiencia continuó con la comparecencia segunda víctima Leocanida Leónides. Al igual que Ramón, ella dijo que firmó los papeles que le llevaban los policías a su domicilio con los mismos argumentos de que indagaban un robo, y que nunca los leyó.

Tras los fallidos intentos del Ministerio Público de obstaculizar nuevamente las preguntas, la señora subrayó que nunca había visto a los policías detenidos, que no los conocía, y menos que hubiera sido secuestrada.

ONU dará seguimiento

Con las confesiones de las falsas víctimas y otros elementos que se han presentado en el juicio, la defensa de los policías encarcelados consideró que ya se ha evidenciado que los hechos que imputó la Procuraduría de Tlaxcala no son ciertos.

No obstante, la fase de pruebas  aún no se cierra porque los abogados de la defensa están esperando que se complete el llamado “Protocolo de Estambul” para verificar que los policías detenidos además fueron torturados. En casos como el del comandante Juan Carlos Yáñez, el peritaje sicológico ya confirmó los maltratos pero está pendiente el examen físico.

En ese contexto, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de Naciones Unidas inició un expediente de investigación de este caso, luego de la denuncia que formalmente interpusieron los familiares de los expolicías encarcelados.

Araceli Gómez, esposa del comandante Juan Carlos Yáñez, dijo en entrevista que dicha instancia internacional aceptó verificar las irregularidades.

“Fuimos a solicitar su ayuda y después de seguir el protocolo que nos pidieron ya están dándole seguimiento y ya se comunicaron con el juzgado para hacerles mención de todas las violaciones que advierten y de la posible tortura y enviarán oficios a las autoridades para solicitar que esto se investigue” dijo Gómez.

Confiables… entre comillas

De acuerdo con datos oficiales a los que tuvo acceso la organización ciudadana Causa en Común la policía de investigación de Tlaxcala es una corporación relativamente confiable, toda vez que el 95 por ciento de elementos ya fueron evaluados en el proceso de control de confianza y menos del tres por ciento se encuentran reprobados.

Sin embargo, las leyes en materia de Seguridad Pública detallan que cada prueba de control de confianza pierde validez transcurrido un periodo de dos años y debe volverse a aplicar.

En ese renglón el balance del estado no es positivo. De acuerdo con los datos, el 25 por ciento de las evaluaciones que se hicieron a los mandos de la Fiscalía de Justicia ya caducaron y no se han renovado. Esto significa prácticamente que la cuarta parte de los jefes policiales no han sido evaluados nuevamente y por tanto no están certificados.


Las dudas respecto a la confiabilidad de los policías es aún mayor en la Secretaría de Seguridad Pública de los estados, pues ahí  el 38 por ciento de las evaluaciones que se hicieron a mandos y personal operativo ya caducaron.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-procuraduria-de-tlaxcala-simula-investigacion-por-robo-para-inventar-victimas-de-secuestro/

Exonera INE a precandidatos de PRI y PVEM en Tlaxcala

No les canceló el registro a 275 aspirantes, de los cuales 98 son del PRI y 79 de su aliado el PVEM, a pesar de que incumplieron la ley electoral; también, 93 del PAC, 4 del PS y 1 del PRD.

En una acalorada sesión en la que el consejero Ciro Murayama perdió la calma y pidió a gritos no ser interrumpido por el representante de Morena, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó no cancelar los registros de 275 precandidados a “presidentes de comunidad”, a pesar de que incumplieron la ley electoral al no presentar informes de precampaña.

En casos anteriores, el INE sí había negado o cancelado registros de precandidatos que no presentaron informes, pero el cambio de criterio fue defendido por Murayama, quien incluso calificó de “chismes” los trascendidos sobre el tema.


El diario Reforma publicó este miércoles un breve comentario en su columna Templo Mayor, que decía:

SAQUEN las palomitas porque es día de discusión polémica en el seno del Consejo General del INE. Se planteará la exoneración de 98 candidatos a presidentes de comunidad (una especie de subalcaldes) de Tlaxcala, que no entregaron sus informes de precampaña.
HASTA AHORA el criterio ha sido que sin ese informe, se pierde el derecho a registrarse. Sin embargo, ahora la Comisión de Fiscalización se sacó de la manga que la regla sólo aplica para candidatos a alcaldes, diputados y gobernador. Casualmente los 98 incumplidos son del PRI.

En aparente alusión a este comentario y tras de calificar de “chismes” a los trascendidos, Murayama afirmó exaltado: Son 275 y pertenecen a cinco partidos.

Muryama no mencionó que más de la mitad de los precandidatos beneficiados son del PRI y de su aliado el Partido Verde: 98 priistas y 79 verdes. Los demás beneficiados con la decisión del INE son: 93 del Partido Alianza Ciudadana (PAC), 4 del Partido Socialista y 1 del Partido de la Revolución Democrática (PRD). En vez de la negativa del registro a sus candidatos, estos partidos sólo recibieron multas mínimas.

La decisión se tomó por 8 votos a favor y tres en contra de los consejeros Pamela San Martín, a quien Murayama se negó a aceptarle una pregunta, Benito Nacif y Roberto Ruiz Saldaña.

Murayama defendió el perdón al señalar que la LGIPE no prevé una sanción para esta figura adicional de Tlaxcala, aunque fue la misma norma que utilizó el INE para fiscalizar los recursos de esos precandidatos.

“A los amigos, justicia y gracia”: Morena

El proyecto de acuerdo, presentado por la Comisión de Fiscalización, fue duramente criticada por los consejeros Pamela San Martín y Roberto Ruiz Saldaña, así como por el representante de Morena, Horacio Duarte.

“Entonces por qué los fiscalizamos, entonces por qué imponemos cualquier sanción, qué regla es la que sí le aplicamos y cuál es la que no. Las presidencias de comunidad, que se eligen por el sistema de partidos, tienen exactamente las mismas reglas que cualquier otra elección”, expuso San Martín.


Por su parte, Horacio Duarte recordó que hace una semana al candidato de Morena en Durango se le aplicó otro criterio, por lo cual consideró que con esa decisión sobre los informes de precampaña, se regresa al viejo modelo de “a los amigos justicia y gracia y a los enemigos sólo justicia”, en referencia a los 98 precandidatos del PRI.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/3003/mexico/exonera-ine-a-precandidatos-de-pri-y-pvem-en-tlaxcala/

Trabajadores de Sandak en Tlaxcala rechazan ser liquidados y reciben amenazas de cárcel

Los trabajadores de Calzado Sandak, de Calpulalpan, Tlaxcala, rechazaron ‘‘aceptar sus liquidaciones’’, según la propuesta que les hizo la empresa Bata Internacional a inicios de este mes, por lo que los directivos de la misma ‘‘amenazaron’’ a este gremio con continuar con las denuncias penales en contra de sus dirigentes e integrantes y demandar órdenes de aprehensión para ellos.

El secretario del trabajo del Sindicato Único de Trabajadores de Calzado Sandak, Epifanio García Carrillo, aseguró lo anterior luego de señalar que la empresa busca ‘‘intimidar y reprimir’’ a los agremiados que se encuentran en lucha por el reconocimiento de su libertad sindical. Informó que desde agosto pasado está preso el secretario general de esta organización, Gustavo Labastida Andriano, ‘‘en un acto totalmente ilegal y por un delito que no cometió’’.

Según puntualizó, el vicepresidente internacional de finanzas de Bata, Tim Jude, en una reunión con el sindicato y tras conocer la decisión unánime que tomaron los trabajadores de rechazar su oferta, ‘‘amenazó con continuar impulsando que se encarcele’’ a los agremiados.

García Carrillo explicó que Bata Internacional presentó la oferta a los trabajadores hace tres semanas, la cual fue rechazada por unanimidad en asamblea general, entre otras razones porque no resuelve el problema de fondo y se considera ‘‘insuficiente’’, pues no prevé ni una pequeña parte de los salarios caídos que se han generado en estos casi cinco años de conflicto, desde que cerró la fábrica.

Incluso, la semana pasada la trasnacional envió personal ‘‘técnico’’ a revisar la planta y sus alrededores, así como el campamento instalado por los trabajadores en paro, por lo que no descartan que ‘‘intenten nuevamente el saqueo de maquinaria aprovechando los días de vacaciones, como ya lo han hecho en dos ocasiones’’, sostuvo el representante sindical.

Añadió que el gobierno de Tlaxcala, en claro apoyo a la parte patronal envió en días pasados patrullas de la policía estatal ‘‘para intimidar’’ a los trabajadores. Ante esta situación, organizaciones solidarias, como la Nueva Central de Trabajadores, los sindicatos Mexicano de Electricistas, de Académicos de Chapingo, de los Trabajadores de la Caja de Ahorros de Telefonistas y del Independiente de la Universidad Autónoma Metropolitana, entre otros, enviarán brigadas de apoyo para reforzar su campamento, ya que prevén desalojo o detención de más sindicalizados.

Además, estarán presentes observadores de derechos humanos. También llevarán a cabo una campaña por la libertad de Gustavo Labastida, preso desde hace siete meses.

Autora: Alma Zetkin con información de Patricia Muñoz Rios (La Jornada)

Desaparición de mujeres y niñas en Tlaxcala sucede con la mirada y simulación de las autoridades

Ante el alto número de casos de mujeres y niñas desaparecidas en el estado de Tlaxcala -muchos de ellos que podrían estar ligados a las redes de trata- el próximo lunes 21 de marzo, la titular de la Procuraduría General de Justicia, Alicia Fragoso Sánchez, comparecerá ante el Congreso del estado para que rinda cuentas por el fenómeno. No obstante, el jueves 17 de marzo, los diputados tlaxcaltecas modificaron el acuerdo inicial, y la reunión con la procuradora se hará a puerta cerrada.

Ante este hecho, diversas organizaciones de la sociedad civil repudiaron la decisión, y consideraron que forma parte de la simulación que existe en el estado de Tlaxcala. Señalaron que el avance que representaba el llamar a comparecer a una servidora pública quedó truncado con esta decisión de los legisladores.

Al respecto, Karla Michel Sala, abogada integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, apuntó que de mantener esta postura, se perdería una oportunidad para que la funcionario rinda cuentas y explique el porqué ha avanzado tanto el fenómeno y sobre todo, la actuación omisa de la dependencia a su cargo.

Cabe recordar que la comparecencia de la procuradora se detonó luego del caso de desaparición de la niña de once años, Karla Romero Tezmol, en donde la PGJ de la entidad a más de 60 días no tiene líneas de investigación, de manera tardía aplicó protocolos de búsqueda y se ha negado a abrir una averiguación previa a pesar de los indicios que la menor puede ser víctima de trata.

“El 3 de marzo, el pleno del Congreso decide adoptar un punto de acuerdo a través del cual se solicita la comparecencia de la procuradora. En la legislatura es la segunda vez que se aprueba un punto de acuerdo con estas características.

“Este era un hecho histórico porque permitía un ejercicio democrático de rendición de cuentas, no sólo para el caso de Karla Romero Tezmol, sino para todos los casos de desaparición de Tlaxcala, que como se sabe es una de las violaciones graves a DDHH que se están presentando en la entidad, dicho por la propia ONU que tiene a Tlaxcala identificado como la capital de la trata”, dijo.

En lo referente, la abogada señaló que esta oportunidad para “sentar a la procuradora a que informe cual es el estado que guarda cada una de las investigaciones se ha perdido con la decisión que tomó la Junta de Gobierno y de Concertación Política”, en donde “decide que en la reunión sólo estarán los diputados, sin medios de comunicación, sin OSC, sin familias, es decir no vamos a enterarnos exactamente que van a discutir y cuál es la información que le van a solicitar a la procuradora”.

De mantener esta actitud, dijo Salas, se está tirando por la borda la posibilidad de que las familias puedan conocer de voz de la procuradora cuáles son los motivos que han llevado a que “de forma sistemática la PGJ se niegue a iniciar averiguaciones previas y que por tanto no se investigue”.

Asimismo, la jurista señaló que esta actitud forma parte de una política de simulación que se ha dejado ver en el estado. Dijo que el hecho “es preocupante en términos de acceso a la justicia para las familias y el derecho a conocer que está ocurriendo en Tlaxcala con estas desapariciones, que pueden estar vinculadas a las redes de trata, que operan desde hace varias décadas”.

Ante este panorama, el aboga David Peña, integrante del grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señaló que este viernes 17 de marzo, se entregó al Congreso del Estado una misiva firmada por 100 organizaciones nacionales en donde se pide a los legisladores cambiar el acuerdo y permitir que la comparecencia sea abierta al público.

Enfatizó que resulta importante que la comparecencia sea abierta como una medida de rendición de cuentas, sobre todo ante el contexto de desapariciones y trata de mujeres y niñas que se vive en Tlaxcala y el llamado corredor de la trata formado por varios municipios, entre ellos San Pablo del Monte.

“Si no tenemos una respuesta y una modificación del acuerdo, lo que vamos a hacer es una comparecencia pública a las afueras del Congreso, en donde les expresamos a los diputados la verdadera situación de las desapariciones en Tlaxcala.”

El jurista reiteró que este hecho es parte de una simulación. No obstante, dijo, si continúa la decisión se realizará a la 9:00 horas el acto afuera del recinto de los diputados.

“Decimos que es un acto de simulación adentro del Congreso, pero si no hay cambio en donde se nos permita participar, nosotros daremos nuestra competencia a las afueras, en donde señalemos la problemática, la forma en que opera las redes de trata para contrarrestar y presentarles a los diputados la otra realidad sobre la desaparición de niñas y mujeres”, dijo.

Por último, la abogada Miriam Pascual, integrante de la Red Retoño -que ha acompañado el caso de Karla Romero Tezmol- llamó a los diputados a rectificar. Manifestó que el la situación es grave, sobre todo por la actuación de las autoridades. Recordó que el caso de Karla Romero, que han acompañado desde el mes de enero, demuestra la omisión de las PGJ para dar seguimiento a este tipo de casos.

“Siendo Tlaxcala un estado con una cifra alarmante de desapariciones de mujeres, y niñas, solicitamos que el Congreso llamara a comparecer a la procuradora del Estado para que diera explicación por estas irregularidades, que explicara porque en Tlaxcala las redes de trata trabajan con tanta facilidad”, concluyó.

Fuente: Revolución 3.0

Autor: Edgar Rosas

http://revoluciontrespuntocero.com/desaparicion-de-mujeres-y-ninas-en-tlaxcala-sucede-con-la-mirada-complaciente-de-autoridades-pgj-simula-investigacion/