Mostrando entradas con la etiqueta Tlaxcala. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Tlaxcala. Mostrar todas las entradas

jueves, 17 de marzo de 2016

Firmamos declaraciones falsas: víctimas de secuestro fabricado por procuradora de Tlaxcala

Durante la audiencia ante el juez, una pareja confesó que firmaron declaraciones que les llevaron a sus casas sin leerlas para incriminar a policías. Procuraduría alega que fueron coaccionados y pide examen sicológico de las víctimas.

Una pareja que según la Procuraduría de Tlaxcala fue secuestrada por siete expolicías de la entidad,  presos desde hace más de un año, confesaron ante un juez que sus denuncias fueron fabricadas, pues agentes ministeriales se las llevaron ya escritas a sus casas y ellos solo las firmaron, sin siquiera haberlas leído.

Los testimonios, recabados esta semana por separado en una audiencia que se había diferido en tres ocasiones antes, se suman a la declaración que había dado una primera víctima desmintiendo que hubiera sido secuestrado y rescatado, como aseguró la noche del 21 de enero de 2015 la procuradura de Tlaxcala Alicia Fragoso.
Animal Político publicó el lunes que varias pruebas evidenciaban que los secuestros exprés que se imputaron a los agentes no ocurrieron,  y que los policías además fueron torturados, pero hacía falta aún la confesión de estas víctimas.

En respuesta a estas declaraciones,   el Ministerio Público solicitó en la audiencia  al juez que se practicaran exámenes sicológicos a las víctimas, pues acusó que las mismas  podrían haber sido coaccionadas para negar que fueron plagiados. El juzgado estudia ahora si autorizará el referido peritaje a uno de los denunciantes.

“Es increíble lo que sucede. Ahora el Ministerio Público intenta desacreditar a las supuestas víctimas a las que más bien deberían de proteger. Pero esto nos demuestra que ha sido un caso fabricado desde un inicio” dijo Jorge Lara, uno de los abogados defensores.

En tanto, las familias de los agentes encarcelados ya adelantaron que insistirán en que la procuradora Alicia Fragoso sea citada a comparecer ante el Congreso tanto por este caso, como por otras irregularidades como la de los videos perdidos en el caso de Karen

Cabe señalar que la Procuraduría de Tlaxcala a través del área de comunicación social, indicó a Animal Político que no harían ningún comentario público en torno al proceso y respetarán la determinación el juez.

“Ni las leímos”

De acuerdo con la consignación de la procuraduría de Tlaxcala , Jesús Sánchez Huerta y su novia Leocadia Leonides Miranda  fueron víctimas de secuestro exprés. Ambos habrían reconocido a siete expolicías estatales como los responsables, luego que su foto apareció en periódicos tras ser consignados por otro caso en flagrancia.

Luego de que la primera víctima (la supuesta rescatada por la Procuraduría)  confesara que todo era falso la defensa buscó a los otros denunciantes. Uno de ellos falleció en un presunto accidente vehicular en octubre pasado. Otro más ya no está en el país bajo el pretexto de que se fue a vivir a Estados Unidos,

En el caso de Sánchez Huerta y Leonides Miranda ambos fueron ubicados desde hace dos meses sin embargo, la audiencia no se pudo realizar al menos en tres ocasiones por la ausencia del Ministerio Público en el Jugado Segundo Penal de la entidad, donde se encuentra radicado el caso.

Esta semana la audiencia finalmente se llevó a cabo con la declaración de los dos por separado. Los abogados indicaron que ambos fueron cuestionados solo por la defensa respecto a sus denuncias.

En su testimonio, indicó el abogado Jorge Lara, las víctimas coincidieron en señalar que si bien son sus firmas las que están en las declaraciones ellos no las dieron sino que solo firmaron papeles que los policías les llevaron a la casa. Negaron que hubieran sido víctimas de algún delito cometido por los expolicías presos.

“Fundamentalmente comentaron que nunca fueron privados de su libertad ni fueron secuestrados.   Sus declaraciones se las llevaban  a su domicilio agentes de la Policía Ministerial y que no les permitían leerla, nada más las firmaban” dijo el abogado.

Cabe señalar que Sánchez Huerta, uno de los supuestos denunciantes, tiene antecedentes por narcomenudeo. Los abogados defensores consideraron que pudo ser un factor de presión para que él y su pareja firmaran denuncias que no dieron.

Al terminar cada uno de los testimonios el Ministerio Público solicitó que se practicaran peritajes psicológicos a los denunciantes pues asegura que fueron coaccionados para negar las denuncias.

Sánchez Huerta negó que hubiera sido coaccionado por alguien  rechazó el estudio. Leónides Miranda no dijo nada por lo que el juez evaluará si autoriza la petición.

¿Qué sigue? : Tortura pendiente

Luego de que ya se confirmó que la mayoría de las víctimas presentadas por la Procuraduría no fueron secuestrados por los policías presos, la defensa estudia solicitar el cierre del periodo de pruebas.

Jorge Lara, quien encabeza la defensa particular del ex delegado dela Policía Estatal en Apizaco Juan Yáñez Osornio, uno de los detenidos, recordó que el caso de la Procuraduría se sostenía en estas declaraciones y en el caso en flagrancia, todo ya desmentido. Dijo que se han exhibido pruebas que verifican la falta de veracidad de la acusación.

En ese contexto señaló que lo que está pendiente, particularmente en el caso de su cliente, es culminar el llamado Protocolo de Estambul que verifica que una persona fue víctima de tratos crueles o tortura.

Animal Político ya publicó que pruebas sicológicas arrojaron evidencias de posible tortura que padeció Juan Yáñez, mientras que un certificado médico certifica que presentaba lesiones de consideración, peor está pendiente el peritaje en criminalística.

El problema, dice el abogado, es que todo el proceso va lento incluso en la Comisión de Derechos Humanos de la entidad.

“Se nombró un perito médico de Puebla que acaba de decir que no puede fungir como tal. Ayer vi al visitador de la Comisión local de Derechos Humanos y nos dijo que aún no tiene una fecha. Todo esto a ha avanzado más lento de lo que debería”

Piden que comparezca

El 4 de marzo las familias de los siete expolicías presos por este caso se manifestaron en el Congreso de Tlaxcala para exigir que se llegue a un punto de acuerdo y se cite a comparecer a la Procuradora de Tlaxcala Alicia Fragoso, con el objetivo de que explique las irregularidades de la investigación.

“Entregamos varias peticiones de nuestros esposos y nos recibió la presidenta de la mesa directiva, la diputada Juana Guadalupe Cruz Bustos, y le manifestamos toda la problemática del caso. Eso fue o que pedimos y que se llame a comparecer a la procuradora” dijo Araceli Gómez.

Esta semana medios locales reportaron que el escrito de los familiares ya pasó a la secretaría Parlamentaria del Congreso en donde está siendo analizado. Cabe recordar no obstante, que la procuradora requeriría también el permiso del gobernador Mariano González Zarur para poder presentare ante los legisladores.

Cabe señalar que a finales de marzo los expolicías presos, entre ellos el ex Director de la Policía estatal Acreditable José Jorge López, iniciaron una huelga de hambre inconformes por la lentitud de su proceso y las irregularidades.


Esta no es la primera vez que se cita la comparecencia de la procuradora Alicia Fragoso por irregularidades. Los padres de Karen, una menor desaparecida en cuya búsqueda se cometieron presuntas negligencias, ya también solicitaron que se le llame pero hasta ahora, no ha habido autorización del gobernador.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/firmamos-declaraciones-que-no-dimos-dicen-victimas-sobre-secuestro-fabricado-por-procuradora-de-tlaxcala/

lunes, 14 de marzo de 2016

Procuradora de Tlaxcala fabrica secuestro para presumir lucha anticorrupción

Desde hace más de un año siete expolicías de Tlaxcala están presos y acusados de secuestro exprés, pero la víctima rescatada reconoció que eran inocentes, y fotos demuestran que no estaban en el lugar de los hechos.

“La basura se va dónde debe estar, afuera…”

Con esas palabras, la procuradora de Tlaxcala, Alicia Fragoso anunció la noche del 21 de enero del 2015 que  acababa de detener un grupo de policías estatales a los que en ese momento acusó públicamente de secuestrar a cuatro personas.  ”Vamos a tener mano dura…. El gobernador es un hombre de resultados” dijo la funcionaria tras encabezar las capturas y el rescate de una de las presuntas víctimas.

Pero la evidencia posterior a la detención presentada en el juicio revela que la acusación en realidad es falsa, y según la defensa, fabricada.


La “víctima rescatada” por la procuradora reconoció ante el juez que nunca estuvo secuestrado ni fue salvado,  era “completamente falso”  que los policías le hubieran hecho algo, por lo que a los detenidos debía considerárseles “inocentes”.


Los otros tres casos de secuestro tampoco se han demostrado en el juicio porque una  de las personas murió en un accidente, mientras que los otros dos no han testificado  ya que cuando llegan al juzgado, el Ministerio Público no se presenta. La audiencia, se ha tenido  que posponer tres ocasiones por lo menos.

Estas acusaciones, que la procuradora dijo que ya existían contra los policías antes de su captura, en realidad se presentaron después de la detención pues de acuerdo con el expediente, las víctimas reconocieron a los agentes por sus fotos publicadas en el periódico tras ser consignados.

No es todo. Fotos que también se publicaron en la prensa, confirman que varios de los policías acusados estaban en un operativo por un intento de linchamiento, en el mismo momento en que según la Procuraduría llevaban secuestrada a la supuesta víctima.

Entre esos policías se encuentra el Delegado de la Policía Estatal en Apizaco, Juan Yáñez Osornio, que según su abogado fue obligado con golpes y maltratos a firmar una declaración falsa. La constancia médica de la propia Procuraduría revela que dicho agente fue consignado con lesiones severas y un peritaje psicológico que presentaba rasgos de tortura.

“No estamos hablando de un caso cualquiera, sino una detención que encabezó una procuradora de este país, una de las autoridades máximas,  sin que mediaran preceptos constitucionales (…) a esto se suma la noticia criminal de que hubo supuestos actos de tortura y la procuraduría  tiene por distintas razones investigar el caso, pero no ha movido ni un solo dedo” dijo Jorge Lara, defensor de Yáñez

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos tiene abierta una investigación por la presunta tortura que padecieron varios de los agentes detenidos, mientras que un juez federal integra una demanda de amparo en contra del auto de formal prisión dictado contra los policías.

Animal Político solicitó a la Procuraduría de Tlaxcala una entrevista con la procuradora con varias preguntas por anticipado en torno al caso. Solo se recibió un posicionamiento en respuesta, en el que la dependencia sostiene que respetarán la determinación que tome el juez responsable del proceso.

El caso oficial

El 21 de enero siete elementos de la Policía Estatal fueron detenidos por agentes ministeriales encabezados por la procuradora Alicia Fragoso. Entre los aprehendidos estaba el mismo director de la Policía Estatal (segundo en la escala jerárquica por debajo del comisionado) José López Pérez, el  delegado en Apizaco Juan Yáñez Osornio, y cinco elementos más.

En la entrevista que dio esa misma noche, Fragoso dijo que ya tenían una investigación abierta por cuatro denuncias de secuestro exprés y que tras una persecución habían logrado rescatar a una de las víctimas. Advirtió que haría una “limpieza” de todos los malos elementos, e incluso dijo que se haría presión para que “jueces corruptos” no los liberaran

Tres días después, la procuraduría anunció que consignaba a los siete policías por secuestro exprés y reiteró que una víctima (Gesarel Hernández Santa Cruz de 19 años) fue  rescatada. Después se integraron tres acusaciones más de personas que supuestamente reconocieron a los policías por una foto en el periódico.


La foto de los agentes detenidos apareció en la primera plana de un diario local, y también en las notas de portales de medios nacionales. En la imagen, difundida por la procuraduría, se aprecia el rostro golpeado de alguno de los capturados.

Evidencia clave

En los meses posteriores a la consignación, la defensa de los acusados ha presentado evidencia que desvirtúa el caso. Los abogados de Yáñez Osornio entregaron copia de todos los elementos a Animal Político.

En primera instancia se demostró que la detención no fue en flagrancia, ni con orden de aprehensión. La declaración ante el juez del entonces  Comisionado estatal de la Policía, Orlando May Zaragoza, quien estuvo presente en los hechos, evidencia como la procuradora justificó la captura.

“Le preguntaron (los agentes) a la señora procuradora que por qué los detenía. Al verse muy cuestionado solo dijo que los detuvo por el simple derecho de ser la procuradora” narró el comisionado, quien a la postre terminó renunciando al cargo.

Luego la defensa demostró que la narración de los hechos era inverosímil. Según la “confesión” de Yáñez (que se alega fue obtenida con tortura) la tarde del 21 de enero él junto con elementos a su mando retuvieron a Gesarel Hernández en Apizaco, y por varias horas no lo dejaron ir hasta que entregó dinero y droga.


Pero distintos documentos, entre ellos fotografías publicadas en la misma prensa  un día después de las detenciones, demuestran que Yáñez y sus agentes no estaban en Apizaco secuestrando a alguien  sino en Santa Apolonia Teacalco, a donde llegaron en apoyo por un intento de linchamiento. Desde ahí se desplazaron a s cuartel tras ser notificados de la presencia de la procuradora.



El 11 de agosto de 2015 la defensa consiguió que el joven presuntamente rescatado por la procuradora testificara tanto en un juicio de amparo como en el proceso principal. Lo hizo por escrito para desmentir la acusación.

“Manifiesto que ni el día veintiuno de enero del 2015 ni en ninguna otra fecha he sido víctima de ningún secuestro, ni de levantón, ni de extorsión alguna; ni tampoco he sido rescatado ni en esa fecha ni en ninguna otra” dijo Gesarel.

Gesarel dijo además que era falsa la declaración que firmó en la Procuraduría en donde señaló que los policías se lo habían llevado el 21. Aclaró que el colaboraba con ellos voluntariamente, dándoles datos de puntos de venta de droga.

“Si a alguna persona se le ha detenido por la realización de actos de supuesta agresión, secuestro, robo, privación de la libertad u otras conductas en mi contra, debe considerársele inocente” concluye Gesarel.

Justicia postergada

Además del caso de Gesarel, los siete expolicías están acusados del secuestro exprés de otras tres víctimas, una de las cuales falleció en un accidente vehicular por lo que ya no puede ratificar su dicho.

Las otras dos personas que son una pareja, fueron ubicadas también a petición de la defensa para que se presenten a declarar pero la audiencia se ha pospuesto ya en tres ocasiones debido a la ausencia del Ministerio Público.

“Han acudido al juzgado con la intención de declarar que no fueron secuestrados pero en el momento en que llegan desaparece el agente del MP. Esto es increíble dado que el Ministerio Público debería ser el principal interesado en que las víctimas puedan robustecer su caso y promover pruebas” dijo el abogado de Yáñez.

El defensor advirtió además que estas tres acusaciones atentan contra los derechos humanos de su cliente y demás procesados, pues se sustentan en un supuesto reconocimiento hecho sobre la exhibición pública de los detenidos, que es una violación al principio de presunción de inocencia.

Dado que según la defensa no hay otras pruebas en el expediente en contra de Yáñez (quien de hecho tiene reconocimientos por su labor y había superado el control de confianza como los demás implicados) es indispensable desvirtuar las declaraciones de las victimas antes de pedir el cierre de pruebas y se dicte sentencia.

Tortura ignorada

En su declaración ante el juez Yáñez Osornio dijo que fue torturado con múltiples golpes, cortes en las muñecas y toques eléctricos. Esto para que firmara o pusiera una huella en una declaración de culpabilidad.


El dictamen de integridad física que la Procuraduría de Tlaxcala incluyó en la consignación de Yáñez, firmado por la médico legista Paula Andrade, confirma que el comandante presentaba “lesiones que tardan en sanar más de 15 días”, o sea de consideración.


Luego, un dictamen piscológico realizado por una perito en esa materia designada por el juzgado, establece que el comandante presenta un cuadro de trastornos compatible con quien ha sido víctima de tortura. La prueba física, que falta para completar el llamado protocolo de Estambul, no se ha realizado porque el juzgado no ha encontrado peritos en criminalística disponibles.


La Comisión Estatal de Derechos Humanos realizará en próximos días los estudios correspondientes sobre tortura a Yáñez. En el caso de otros tres detenidos, ya se hizo y el resultado fue positivo.

Pese a esto, la defensa dice que no ha sucedido nada y ni siquiera la procuraduría ha iniciado la averiguación para indagar los posibles actos de tortura.

“En esos momentos donde todo mundo está volteando a ver a México por las crisis de derechos humanos no se ha abierto una sola averiguación o acta circunstanciada ni se ha citado a los elementos a declarar (…) Hay directrices de que a la primera noticia incriminatoria de tortura, las autoridades tienen que actuar pero aquí no ha ocurrido” dijo el abogado Lara Rivera.

Silencio y drama

Animal Político buscó a la Procuraduría de Tlaxcala con varias preguntas sobre el caso, entre ellas que otros elementos además de las declaraciones existían y porque el MP no se presentaba en las audiencias. A través de Comunicación Social la dependencia respondió que no se podía dar una entrevista, pues el caso no se litigaría en los medios.

“Vamos a respetar el procedimiento que se lleva a cabo en este momento y no daremos comentario mayor en otra vertiente. Es el juez a quien le tocará determinar y nosotros nos vamos a reservar. Seguimos aportando pruebas y respetaremos la opinión del jue” indicó la dependencia.

La procuraduría no detalló a que pruebas se refería ni dio algún otro detalle.

Araceli Gómez, esposa de Yáñez, lamentó que lo que calificó como “un caso fabricado” haya terminado con la carrera de su pareja, quien llevaba más de 20 años de una trayectoria policial “intachable”, sin ningún antecedente negativo y por el contrario, con varios reconocimientos a la eficiencia.

Explicó que cuando pudo hablar con su esposo luego de la detención, este le narró todos los maltratos que recibió y la forma en como lo torturaron, al punto en que  le entintaron el dedo cuando ya estaba inconsciente, para poner su huella en la declaración que el atribuyeron y luego desmintió.

Aunque no tiene duda de que terminarán demostrando la inocencia de su esposo, Araceli señaló que el daño ya está hecho en todos los sentidos. De entrada tuvieron que vendar prácticamente todo el patrimonio con el que contaban para costear su defensa.

“Todo nuestro patrimonio ya se fue en esto. Los papas de mi esposo y mis papas están ayudando. El ya no quiere ser policía cuando esa era su vida. Yo estaba estudiando Derecho pero me tuve que salir también porque ya no había dinero y la verdad se me quitaron las ganas. A nosotros y a las familias de los demás policías nos han destrozado la vida” dijo.

Apenas el pasado 4 de marzo los familiares se manifestaron afuera de la procuraduría de Tlaxcala para exigir que ya no retarden más el juicio y las audiencias. Pero ni en esta ocasión ni en otra fueron recibidos por la procuradora.

-¿Y tú no has buscado hablar con ella directamente? – se le pregunta a Araceli Gómez


– La verdad no, le tenemos miedo… no dudaría que  a mí también me fabrique algo.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/procuradora-de-tlaxcala-fabrica-secuestro-para-presumir-lucha-anticorrupcion/

viernes, 11 de marzo de 2016

Asesinan a empleado de la CFE porque iba a cortar la luz




Tlaxcala, Tlax. El trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), J. Efrén Rojas Morales fue asesinado cuando intentaba cortar el suministro de luz en un domicilio del municipio de Cuapiaxtla (en la región oriente del estado de Tlaxcala), por arrastrar varios adeudos.

El probable responsable de este homicidio es Daniel López López, quien fue asegurado y declaró ante el agente del Ministerio Público que el 3 de marzo del año en curso se encontraba en su domicilio, cuando un trabajador de la CFE llamó a su puerta, al tiempo que le dijo que le cortaría el suministro de luz, ya que debía varios pagos.

Agregó que trató de sobornar al trabajador federal, pero éste no aceptó, por lo que el imputado tomó de su casa una escopeta y salió nuevamente para detonar en primera instancia su arma de fuego al aire y más tarde en contra del agraviado.

La captura de Daniel López la realizó la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tlaxcala, con la cooperación de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

La investigación a cargo de los detectives comenzó a las 15:35 horas del pasado 3 de marzo, cuando el Servicio de Emergencias 066 reportó la existencia de un cuerpo sin vida del sexo masculino en el interior de una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad, la cual se encontraba sobre la carretera México–Zacatepec, a la altura del municipio de Cuapiaxtla.

Posteriormente, se conoció que el hoy occiso respondió al nombre de J. Efrén Rojas Morales, quien al morir contaba con 39 años de edad y era trabajador de la CFE; de acuerdo con la necropsia de ley, se estableció que pereció a consecuencia de choque hipovolémico secundario a trauma facial producido por disparo de arma de fuego.

Los oficiales de la Policía de Investigación especializados en homicidios dolosos recabaron diversos testimonios de personas que presenciaron los hechos, cuyas declaraciones coincidieron en que el probable responsable del asesinato responde al nombre de Daniel López López.

Ante esta situación, los detectives se abocaron a investigar el paradero del sospechoso y conocieron que huyó de la entidad a fin de extraerse de la justicia.

Sin embargo, la Policía de Investigación continuó monitoreando el paradero del imputado, por lo que el 5 de marzo tuvieron conocimiento por elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que durante un operativo de inspección, detuvieron a un sujeto que perpetró un homicidio en territorio tlaxcalteca.

De inmediato, los oficiales investigadores de la Procuraduría de Tlaxcala cruzaron información con sus similares de Chihuahua y corroboraron que se trataba de Daniel López López. Con tales datos y a través de los diferentes convenios de colaboración entre las procuradurías y fiscalías de la República, un grupo especializado de la Policía de Investigación se trasladó al estado del norte por el imputado.

Una vez que regresaron a Tlaxcala, Daniel López declaró ante el agente del Ministerio Público que el 3 de marzo del año en curso se encontraba en su domicilio, cuando un trabajador de la CFE llamó a su puerta, al tiempo que le dijo que le cortaría el suministro de luz, ya que debía varios pagos.

Agregó que trató de sobornar al trabajador federal; empero, este no aceptó, por lo que el imputado tomó de su casa una escopeta y salió nuevamente para detonar en primera instancia su arma de fuego al aire y más tarde en contra del agraviado.

El fiscal consiguió que el juez de la causa otorgara la orden de aprehensión en contra de Daniel López López, por el delito de homicidio calificado, por lo que fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) desde donde enfrentará su proceso penal.



Fuente: La Jornada
Autor: José Carlos Avendaño
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/03/11/asesinan-a-empleado-de-la-cfe-porque-iba-a-cortar-la-luz-5446.html

martes, 8 de marzo de 2016

Cierran escuelas por despido de maestros en Tlaxcala

Tlaxcala,Tlax.-Como medida de presión para que las autoridades educativas reinstalen a los maestros, padres de familia de al menos dos comunidades del estado de Tlaxcala cerraron las escuelas en demanda de una nueva revisión a los docentes que atienden a sus hijos.
Fue en las escuelas primarias “Miguel Hidalgo” del municipio de Atlangatepec y en “Xicohtencatl” ubicada en San Francisco Tetlahanocan donde las instituciones educativas hicieron el paro de labores, decisión tomada principalmente por los comités de padres de familia.
En entrevista exclusiva para el Portal de Noticias “Despertador de Tlaxcala”, el grupo de padres de familia inconformes de la localidad de Zumpango señalaron que los maestros serán apoyados por las comunidades para que regresen a las aulas.
“Nosotros nos enteramos el día jueves por parte de la Secretaria de Educación Pública a retirar a dos maestros porque no habían presentado el examen que les exige la Secretaria de Educación Pública federal nosotros decimos cuando algún maestros que llega a surgir un cambio tardan tres o cuatro meses para enviarnos un maestro y eso estando exigiendo sobre el supervisor o yendo a Tlaxcala”, señalo el padre de familia Moisés Calva.
Reiteraron que el motivo principal de la no evaluación al desempeño docente por las dos maestras afectadas se debió principalmente a la represión de que fueron objeto por parte del cuerpo de granaderos dependiente de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado (SSPE) quienes el día de la evaluación fueron golpeadas.
“Como es posible, si nos enteramos porque así lo establecieron que los mismos granaderos no permitieron el acceso a muchos maestros que no les den la oportunidad de volver a presentarlo que el maestro vuelva a presentar ese examen, entonces dijimos no podemos permitirlo aparte de que nosotros de nuestra forma de pensar decimos como pueden decir que lo dicen los medios de comunicación con el dichoso examen”, sostuvo.
La madre de familia Lourdes Mendoza señaló que las maestras fueron citadas en las oficinas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para definir su situación laboral.
“Son las maestras Fabiola Calva y Olimpia y tienen años trabajando sabemos de su trabajo también de que se siguen preparando a los niños no son 10 ni quince niños, tienen más de 20 entonces todos los padres de familia nos pusimos de acuerdo en exigir a que no sacaran a las dos maestras y desde las ocho de la mañana con el frio, la lluvia, el aire, sin comer ya por ahí nos organizamos tres mamas para echarnos un taco aunque sea de jamón con mayonesa pues ya algo llenamos la pancita”.

Fuente: Despertador Tlaxcala
Autor: Editor
http://despertadortlax.com/?p=8728

lunes, 7 de marzo de 2016

Cámara registra el rapto de una niña en Tlaxcala, pero la procuraduría pierde el video

La procuraduría estatal se equivocó en la fecha del secuestro al solicitar las imágenes a los particulares, cuando se dieron cuenta del error, éstas ya habían sido borradas.

El pasado 13 de enero, la niña Karla Romero Tezmol, de 11 años de edad, desapareció en el trayecto a su escuela, ubicada a unas cuadras de su casa, en el municipio de San Pablo del Monte, Tlaxcala.

Según testigos de los hechos, la niña fue sustraída por los tripulantes de un vehículo negro, a la altura de la calle 20 de Noviembre, lo cual fue registrado por una cámara de vigilancia particular, instalada en un negocio de esta vialidad.

Estas imágenes, sin embargo, se perdieron definitivamente, debido a que la Procuraduría estatal erró la fecha de los videos al solicitarlos al dueño de la cámara que los captó y, en consecuencia, las autoridades no obtuvieron la grabación del 13 de enero, sino la del día siguiente.

Para el momento en que este error fue detectado, las imágenes correspondientes al día del secuestro de Karla ya habían sido borradas por el sistema de videovigilancia que las había almacenado.

“La familia de Karla fue la que detectó la existencia de esa cámara –señala en entrevista Miriam Pascual, abogada de la Red Retoño y del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social–, oportunamente dio aviso a la Procuraduría y los policías fueron a solicitarle el video al dueño del negocio, quien lo facilitó inmediatamente.

El video que la Procuraduría le mostró a la familia de Karla no registra nada, no se ve a Karla pasar, ni a su hermanito, que poco después hizo el mismo recorrido, para dejarle llevarle el lonche.” Cuando los padres de Karla detectaron esta anomalía, revisaron la fecha del video y se dieron cuenta de que, en realidad, no correspondía al día en que Karla fue raptada.


“Cuando nos percatamos de esta irregularidad, los videos del 13 de enero ya habían sido borrados por el particular, puesto que no le habían sido requeridos por la policía. Entonces, esa información valiosísima se perdió, por incompetencia de la policía”, señala la abogada.

Evidencias ignoradas

La destrucción de estas evidencias se suma a una larga cadena de irreglaridades, cometidas por las autoridades.

En primera instancia, a pesar de que la desaparición de Karla fue reportada horas después de su rapto, la Procuraduría de Tlaxcala se negó a emitir la Alerta Amber durante los siguientes 21 días.

La Alerta Amber, cabe destacar, obliga a difundir el rostro y los datos de identificación de aquellos menores de edad secuestrados, extraviados, desaparecidos, o cuya ausencia es indicio de que pueden ser víctimas de algún delito, y se trata de un protocolo cuya efectividad depende de que sea activado en las primeras horas tras la desaparición.

“La Alerta sirve para que las y los niños puedan ser detectados en centrales camioneras, en salidas carreteras, el aeropuertos, su objetivo es crear un cerco que impida que las víctimas sean extraídas de su localidad de origen… Pero en el caso de Karla no ocurrió así: la Procuraduría de Tlaxcala les dio 21 días a los secuestradores para que sacaran a la niña del estado, y ya que había pasado todo ese tiempo, emitieron la Alerta, pero sólo como trámite”, destaca la abogada.

Ante esa respuesta omisa, la familia de Karla elaboró volantes con su fotografía y datos de identificación, para repartir por cuenta propia en Tlaxcala y Puebla, e incluso esto fue motivo de una reprimenda: “La Procuraduría le reclamó a la familia andar volanteando en casetas carreteras, les dijo que con eso ponían en riesgo la vida de Karla, que se atuvieran a las consecuencias, y que se atuvieran a los daños psicológicos que eso les iba a ocasionar… Pero lo que en realidad no querían las autoridades del estado es que este caso se diera a conocer públicamente”, destaca la abogada.

Otra de las irregularidades denunciadas por la familia de Karla es que, hasta la fecha, la Procuraduría tlaxcalteca se ha negado a iniciar una averiguación previa por los hechos, a pesar de que existen testigos del secuestro, y de que los familiares recibieron llamadas anónimas de los presuntos plagiarios.

Incluso, la familia recibió informes anónimos de que Karla estaba siendo explotada sexualmente en la zona de prostitución tolerada en la capital de Puebla, entidad con la que colinda el municipio donde la menor fue secuestrada.


La Procuraduría de Tlaxclala, sin embargo, desestimó toda esa información y, hasta la fecha, “se niega a iniciar una averiguación y a abrir una carpeta de investigación. Por ahora, en Tlaxcala sólo hay un ‘acta circunstanciada’, es decir, una hoja que dice que la familia fue a denunciar la desaparición y ya… eso es equivalente a nada”, se lamenta la abogada.



Simulación y montajes

Cada vez que los papás de Karla recibieron llamadas anónimas lo reportaron inmediatamente a la Procuraduría estatal. Pero ahí “nos decían que no hiciéramos caso, que eran llamadas de extorsión… nunca investigaban, sólo descartaban la información que les dábamos”, señala la señora Olga Tezmol, mamá de Karla.

“Por eso, cuando nos hablaron (de forma anónima) para decirnos que a Karla la tenían en el Hotel Río, en la calle 14 Oriente, de Puebla, decidimos no decirle a la Procuraduría, sino que fuimos directamente a ese lugar y cuando llegué fue horrible ver lo que había ahí: decenas y decenas de muchachitas y adolescentes, niñas de 16, de 15, y más pequeñas, siendo prostituidas en la calle, a la vista de todos; y en las esquinas, gente vigilándolas.

Unos familiares se hicieron pasar por hombres que buscaban un servicio sexual y se acercaron a unas muchachas, ellas les dijeron dos cosas: que no podían salirse de la 14 Oriente, que no lo tenían permitido, y que tampoco podían en ese momento dar servicio en su hotel (el Río), porque estaban esperando que llegara un operativo.”

Efectivamente, destaca la abogada Miriam Pascual, ese día, 2 de febrero, a través de un oficio formal, la Procuraduría de Tlaxcala había solicitado a su homóloga de Puebla que realizara una inspección en el Hotel Río, en busca de Karla, pero queda algo sin aclarar: ¿cómo hicieron las autoridades de Tlaxcala para determinar que Karla estaba en el hotel Río?

Esta inconsistencia la expone con mayor claridad la mamá de Karla: “Cuando las prostitutas le dijeron a mis familiares que estaban esperando un operativo en el hotel Río, decidimos retirarnos, estábamos muy confundidos. Se nos hacía muy raro todo, porque ¿cómo que iba a haber operativo, si no habíamos dicho a nadie sobre la llamada que habíamos recibido? O sea, la Procuraduría de Tlaxcala estaba respondiendo ante una información que todavía no les proporcionábamos… Y lo peor es que estaba respondiendo pero sólo de forma simulada, porque antes de realizar el operativo, se les avisó a las mafias que explotan a las muchachitas, para que tomaran sus previsiones”.


Por parte de las autoridades tlaxcaltecas la búsqueda de Karla sólo ha sido “simulada”, destaca la abogada Miriam Pascual, y pone un ejemplo: “A finales de febrero tuvimos una reunión con la procuradora estatal, Alicia Fragoso, en donde nos notificó que habían realizado un rastreo con 100 elementos en barrancas del estado. Pero, si no hay una carpeta de investigación, tampoco hay líneas de investigación, y sin éstas: ¿cómo determinas en qué lugar buscar? Salir a buscar así, a ciegas, eligiendo al azar los puntos de rastreo, es sólo simular que buscas”.

Culpar a la víctima

En ese mismo encuentro con la procuradora tlaxcalteca, destaca Miriam Pascual, el director de Servicios Periciales, Nahu Juárez Meza, “nos notificó que están realizando una ‘necropsia psicológica’ de Karla, y eso nos parece muy negativo, porque este análisis suele usarse en México para responsabilizar a la víctima de los agravios que sufrió. Por ejemplo, en el caso de Digna Ochoa, la necropsia psicológica fue la prueba usada por la Procuraduría del DF, para afirmar que Digna se suicidó. Igualmente, la necropsia psicológica fue la herramienta usada por las autoridades del Estado de México para convertir el feminicidio de Mariana Lima en un suicidio.”

Esta herramienta pericial, señala la abogada, “en México se usa solamente para responsabilizar a la víctima, se usa para decir: ah, es que estaba loca, tenía trastornos, y por esta vía quitarle la calidad de víctima. Y nosotros presumimos que eso es lo que quiere hacer Tlaxcala en el caso de Karla: quieren hacer pasar a la menor como una niña caprichosa, que se fue de casa, y que eso es culpa de los padres”.

El pasado 2 de marzo, mientras Animal Político entrevistaba a la familia de Karla en su domicilio, a este inmueble arribaron tres peritos de la Procuraduría de Tlaxcala, un criminólogo, una psicóloga y una trabajadora social, para formular lo que ellos denominaron “consultas de rutina”.

Las preguntas que formulan los peritos, sin embargo, sorprenden a todos: “¿Karla menstrúa? ¿Karla tiene novio? ¿Karla es muy enojona?”

Es decir, detalla la abogada Miriam Pascual, que a pesar de que hay testimonios y evidencias que señalan a que Karla fue raptada, posiblemente con fines de explotación sexual comercial, la Procuraduría estatal insiste en su hipótesis inicial: que la niña se fue con el novio.

–¿Karla tenía novio? –se pregunta a su mamá.

–No… Karla es una niñita, todavía juega con muñecas, es una niñita de primaria… Pero suponiendo, sin conceder, que así fuera, que Karlita tenía novio y se escapó con él, eso en realidad no cambia nada: Karla es una menor de edad y no aplica ninguna clase de consentimiento.

Si Karla se fue con alguien, esa persona está cometiendo un delito, y Karla está siendo su víctima. Y si ese fuera el caso, de todas formas, la Procuraduría tiene la obligación de actuar, en vez de permanecer con los brazos cruzados. Pero insisto, Karla no se fue por su propia voluntad, Karla no se fue con el novio, Karla no huyó… a Karla se la llevaron, y ya vamos para dos meses y seguimos sin saber nada de ella.

Epílogo: el gobernador

El pasado viernes, 4 de marzo, a petición del a familia de Krla, el Congreso de Tlaxcala aprobó citar a comparecer ante el Poder Legislativo a la procuradora Alicia Fragoso, al considerar que la problemática de desaparición de niñas y mujeres, así como la trata de personas, han crecido en la entidad de manera descontrolada.

El objetivo de la comparecencia es que la funcionaria dé una explicación sobre las anomalías en las que ha incurrido la dependencia a su cargo, en torno a la desaparición de Karla; asimismo, se pretende que explique qué ha hecho la actual administración estatal –encabezada por Mariano González Zarur– para prevenir y eliminar la trata de personas en Tlaxcala.

Esta comparecencia fue aprobada por el pleno de los diputados tlaxcaltecas, sin embargo, la Constitución estatal prevé que, cualquier comparecencia ordenada por el Poder Legislativo deberá ser antes aprobada por el gobernador.


Así, queda en manos de Mariano González Zarur determinar si, efectivamente, la procuradora estatal rinde cuentas sobre su desempeño, o si este procedimiento es vetado.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: PARIS MARTÍNEZ.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/camara-registra-el-rapto-de-una-nina-en-tlaxcala-pero-la-procuraduria-perdio-el-video/

martes, 9 de febrero de 2016

Continúan desapareciendo personas en Tlaxcala; demandan grupo de defensa ciudadana

En las últimas semanas han aumentado los casos de personas desaparecidas en Tlaxcala, lo que ha provocado inquietud entre la sociedad. Ahora fue un joven que fue visto por última vez en el municipio de Xaloztoc.
“Amigos les pido su apoyo para localizar a mi hermano Mario Alberto López Muñoz quien fue visto por última vez el día 2 de febrero 2016 en San Cosme Xaloztoc, Tlaxcala. Cualquier información favor de comunicarse al 241-115-313”.
El otro más reciente es el de Alexis Macuil Martínez, quien desapareció el martes 2 de Febrero del 2016.
“Salió de su domicilio en la Unidad Habitacional Indeco, Col. San Rafael Atlixtac de Apizaco Tlaxcala a las 09:00 am rumbo a la universidad autónoma de Tlaxcala campus filosofía y letras, en Ocotlán Tlaxcala . La última comunicación con él fue a las 16:00 horas del 2 de febrero y no se ha tenido comunicación más con él”
Alexis Macuil tiene 19 años, estatura:  1.68 metros, los teléfonos donde pueden mandar información son 01 241 4 18 00 57 .( o ) cel.01 241 103 80 97 y 01 241 120 84 91.
El caso más dramático es de Karla Romero Tezmol, de 11 años de edad, quien desde 22 días sus padres le perdieron la pista en San Pablo del Monte.
Karla Romero salió de su casa hacia la escuela primaria Cuauhtémoc, en el barrio del Cristo en San Pablo del Monte, Tlaxcala, donde no llegó,  el pasado 13 de enero.
En el momento que desapareció Karla vestía uniforme escolar, chamarra verde, suéter azul marino con escudo escolar, falda con cuadros azul marino, bufanda vino, mochila negro con amarillo.
Como señas particulares la menor tiene una cicatriz en la ceja izquierda y en la nariz. Mide aproximadamente 1.50 metros, de tez morena y complexión delgada.
Si alguien tiene información de su paradero llamar a los teléfonos 554324-2023. Celular 553920-3728.
Iván Romero, padre de la menor Karla Romero Tezmol, de 11 años de edad, acudió este sábado a volantear a las calles de Tlaxcala capital, y hará lo propio en la ciudad de Puebla, donde le han llegado reportes de que la han visto en la calle 14 en un hotel, donde presuntamente sería víctima de explotación sexual, y pese a que acudió, no la localizó.
Ante la desesperación de pistas que lleve a las autoridades a dar con su paradero, familiares han pedido crear grupos de defensa ciudadana que permita tener ojos en redes sociales y en cualquier parte, que evite la impunidad con que conducen los delincuentes.

Fuente: 385 Grados
Autor: Jorge Astorga
http://385grados.com/?p=82554

miércoles, 13 de enero de 2016

Grupo Femsa-Coca Cola se acaba el agua de Apizaco, Tlaxcala

Apizaco, Tlax.- Un angustioso llamado de los habitantes de la comunidad de San Luis Apizaquito, del municipio de Apizaco, fue lanzado para llamar a atención del gobierno federal y de ambientalistas, por la brutal extracción de millones de litros cúbicos de agua diariamente del agua potable por parte dela empresa Femsa Coca Cola.
Los preocupados vecinos mostraron el tendido subrepticio de dos kilómetros de un tubo de al menos diez pulgadas para conducir, por la parte trasera de la planta ubicada en este lugar, para llevar miles de litros que se convertirán en bebidas gaseosas y agua embotellada.
Los vecinos que por razones obvias pidieron omitir sus nombres, indicaron que cada día los mantos acuíferos se abaten en Apizaquito, no obstante la existencia de manantiales que surten de agua potable a municipios como Tetla de la Solidaridad y Apizaco.
LA OBRA
Indicaron que desde hace un mes, la empresa contrató a trabajadores para cavar una zanja que va encubierta a la ribera del río Apizaquito, hasta llegar a la arte trasera de la planta.
Mostraron que incluso con maquinaria pesada se realizan los trabajos que van desde un costado del Centro de las Artes, donde se ubican dos pozos de la mejor agua potable de la región.
De ahí bordean el río y conducen mangueras de a menos diez pulgadas de diámetro, lo que indica que la extracción será de miles de litros por segundo cada día, que se suman a la explotación del agua por medio de pozos internos con que cuenta la planta.
NO TIENE LLENADERO
Manifestaron que esta obra no se sabe si cuenta con los permisos oficiales, aunque ni falta que hacen, ya que cada presidente de comunidad que llega es comprado por la empresa, lo mismo que la autoridad municipal y ni se diga de la Conagua, “para que no se metan en ese tipo de obras”.
Indicaron que hay alarma porque saben que esta planta fue corrida de Veracruz y de Puebla, porque llega para acabarse el agua, que como en este caso compran los pozos para que la autoridad no diga nada y extraen el agua de manera brutal.
Indicaron que ante la pasividad de la autoridad de la comunidad, del municipio, del gobierno de Mariano González Zarur, van a recurrir a instancias nacionales, para frenar este abuso de la planta Femsa Coca Cola.
Reconocieron que es posible que la planta no viole la ley, porque no perfora ningún pozo, pero no es posible permitirle que se apropie de pozos comunales y los empresarios hagan lo que se les pegue la gana, sin que nadie les diga nada.
CAÑONAZOS DE 50 MIL
Los vecinos de la zona por donde se rascan zanjas y se tiende la tubería, indicaron que esta empresa no deja beneficios para la población, aunque reconocieron que genera algunos empleos, el daño que causan al llevarse el agua va a ser irreversible.
Sin embargo cuando el pueblo les solicita ayuda para beneficio de todos, como sería el caso de entubar el río para evitar contaminación, ellos dicen que nunca hay recursos para nada.
Si brindan alguna ayuda, la dan a cuenta gotas, pero se haba de que a los alcaldes les dan como antes “cañonazos de 50 mil pesos al mes, para que se queden callados y no se metan”.
SE ACABAN EL AGUA
Un problema severo en el abasto de agua potable se prevé para los próximos tres años en la región de Apizaco, a causa de la sobreexplotación de este recurso natural.
Esto ocurre principalmente por parte de la empresa Coca-Cola, Procter and Gamble, Celfimex y nuevas unidades habitacionales; revelaron estudios hidrogeológicos del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (INTA).
Aún más, en 50 años la situación podría ser "alarmante", si desde ahora las autoridades no toman medidas, para evitar esta situación a través de planes estratégicos para la conservación del recurso natural.
El ex director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Apizaco (Capama), Héctor Osorio Chumacero, recordó los resultados del estudio que elaboró el INTA en 25 municipios de la zona norte del estado, principalmente en Apizaco.

AUMENTA LA SOBREEXPLOTACIÓN
Con base en los resultados de la investigación, a la que se le denominó "Estudio Hidrogeológico de la porción alta del acuífero Alto Atoyac (Apizaco-Tlaxcala)", se desprende que existe una sobreexplotación de los mantos acuíferos de alrededor de siete millones de metros cúbicos al año.
Osorio Chumacero indicó que la superficie que se sometió al análisis correspondiente fue de 934.34 kilómetros cuadrados, que representan 45.27 por ciento de la superficie total de los municipios en estudio.
El censo se efectuó en 231 aprovechamientos, de los cuales 199 se ubican en la poligonal de la zona de estudio, que corresponden a 197 pozos y dos manantiales, así como otros 32 pozos fuera de la poligonal.
LOS POZOS
"Entre los pozos censados se ubican los que abastecen a la población, los industriales y agrícolas".
La filtración de las aguas pluviales hacia los mantos freáticos es de 41.33 millones de metros cúbicos al año, sin embargo, existe una extracción de 48.49 millones de metros cúbicos, lo que provoca una sobreexplotación de 7.6 millones de metros cúbicos.
De los manantiales se extraen 1.44 millones de metros cúbicos anuales, mientras que de los pozos de agua potable se explotan 23.40 millones de metros cúbicos al año y por fugas de las redes naturales se van 14.65 millones de metros cúbicos al año.
Del total de los 48.43 millones de metros cúbicos que se extraen anualmente de los mantos acuíferos, el 72.92 por ciento son explotados por la población urbana, el 14.43 por ciento por la industria y el 9.14 por ciento corresponden a pozos agrícolas.
"La explicación es simple, pues el crecimiento urbano ha crecido de manera acelerada y desordenado, hubo nuevas unidades habitacionales, en los últimos años se crearon los tres parques industriales, el corredor de Xaloztoc y todo eso tiene sus repercusiones".
Estas son el paulatino abatimiento de los mantos freáticos de la zona que están a punto de secarse, lo anterior debido al mal uso de los consumidores y a la explotación por parte de las empresas que trabajan en por lo menos 5 municipios conurbados a la ciudad de Apizaco.
URGE FRENAR SOBREEXPLOTACIÓN DE AGUA
Hace cinco años, la vicerrectora de la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) de Costa Rica, Lorena San Román Johanning, urgió a la población y a las autoridades municipales de Apizaco a poner un alto a la sobreexplotación de los mantos freáticos que desde hace varios años realiza la empresa Coca Cola, instalada en la comunidad de San Luis Apizaquito.
Advirtió que “de no tomar cartas en el asunto, los habitantes de la comuna padecerán una severa crisis por la falta del líquido, que incluso podría provocar que cierto puntos de la región terminen como zonas geográficas prácticamente inhabitables.
"Yo pregunto si el futuro de Apizaco lo quieren limpio, que si lo quieren con agua o sin agua. Este problema lo deben arreglar con la mano en el corazón y pensando en sus hijos y sus nietos, pero si no están dispuestos a hacerlo, mejor busquen otro lugar para vivir, porque el agua es indispensable".
La investigadora y especialista en temas ambientales refirió que la empresa embotelladora de bebidas debería emprender, en el municipio y en toda la cuenca, acciones encaminadas a la reforestación, a fin de garantizar la recuperación de los mantos acuíferos de los que se abastece.
"Tienen que hacer alguna cosa si se está sacando tanta agua. Tienen que ver cómo se repone esa agua. Debería haber una responsabilidad social de la Coca Cola para, así como saca agua, reforestar este municipio".
San Román Johanning advirtió que, de no tomar cartas en el asunto, en los próximos años Apizaco y los municipios aledaños podrían padecer el mismo problema que actualmente enfrenta la Comarca Lagunera (conformada por zonas de los estados de Coahuila y Durango), en donde -dijo- la llegada de la empresa Lala significó la sobreexplotación de agua y el inicio de una crisis por la falta del líquido.
"La Comarca Lagunera se llama así porque había lagunas; hoy es un desierto. Hay puentes en donde había un río y hoy sólo están los puentes. Lo que pasó fue que ahí llegó Lala y antes sacaban el agua a 30 metros de profundidad; ahora lo tienen que hacer a 300 metros. Están en una crisis".
FEMSA Apizaco
FEMSA SE ACABA EL AGUA Y SE VA
Cabe señalar que la empresa FEMSA ha realizado una extracción día y noche de los mantos freáticos profundos, desde hace 27 años, pero hay otras empresas más que abaten el recurso al paso de los años.
Además, Celfimex, Hovomex y Procter and Gamble están en la mira de las autoridades y los ciudadanos, por la despiadada explotación de los mantos acuíferos del subsuelo.
Otro aspecto de corresponsabilidad de pasadas administraciones municipales ha sido la autorización para construir unidades habitacionales que demandan miles y miles de litros de agua cada día.
Por otra parte, ya se ha solicitado información para cuidar que no se acabe el agua; sin embargo, FEMSA es una empresa que se ha expandido y lo grave es que nunca ha dado atención a la población.
Los mantos freáticos de las comunidades aledañas a la planta, como son las de Texcalac, San Isidro, Apizaquito, el Cerrito de Guadalupe y de la propia ciudad de Apizaco están en riesgo.
DESPOJO DE ÁREA COMUNAL EN APIZAQUITO
La empresa Envases Universales es acusada por el presunto delito de despojo de área comunal en la periferia de la Iglesia de Apizaquito y de haberse apropiado de una calle.
Feligreses y vecinos de Apizaquito encabezados por Luis Hernández Hernández, Manuel Hernández Pérez, Baltazar Hernández Zamora, Aurelio Franquis y Silvano Torrentera denunciaron los hechos.
Durante un recorrido por el sitio, mostraron que la empresa cerró arbitrariamente la calle Olmeca, para instalar una reja, sin respetar la vialidad de automóviles y transeúntes.
En lo que era la calle ha construido un lugar para embarcar su mercancía, ya que esta empresa elabora botellas de plástico para la empresa Femsa, instalada a unos cuantos metros.
Pero además la empresa ya construyó una barda y prácticamente dejó encajonada la periferia de la iglesia, sin respetar las banquetas y menos las vialidades.
Además de que con sus instalaciones también ha invadido un paso comunal, y pese a que le han hecho saber a la empresa de estas irregularidades, no han obtenido respuesta.
Temen que les quiten tierras o parte de sus propiedades, porque la actitud de los representantes de la empresa les hace temer lo peor, ya que existe una muestra palpable del abuso que están cometiendo.
Indicaron que tienen temor de que se inunden, porque precisamente la calle olmeca es por donde baja el agua del cerro de La Cruz, que en temporada de lluvias ha causado inundaciones.
Explicaron que al construir en la calle, además de que se impide el paso, se evita la salida y el desfogue del agua, además de que consideraron que esto es un despojo para el pueblo.
Sostuvieron que desde hace más de cinco años han solicitado la intervención del ayuntamiento de Apizaco, debido a que la autoridad de su comunidad nunca hace nada por recuperar este espacio público.
Ante esta situación solicitaron la presencia de un visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos o de quien regule la tenencia de la tierra, ya que es a todas luces un acto de arbitrariedad.
También pidieron la intervención del gobierno estatal, ya que los feligreses se encuentran muy molestos porque les han invadido el perímetro de su iglesia de manera abusiva.
A la Conagua le solicitan que realice un estudio para conocer las dimensiones del peligro que representa impedir que las corrientes de agua causen algún daño.
También para que delimite el derecho federal de los ríos que cruzan por el lugar, ya que como nadie molesta a las empresas, estas se han apropiado de tierra que es considerada como un bien federal.
Indicaron que una vez más enviarán por escrito a las autoridades su queja, pero que ya se cansaron de gastar dinero y tiempo sin que les hagan caso y ante esta situación advirtieron que si no tienen respuesta, van a tomar otras medidas.
Mientras esto ocurre, en Apizaquito hay mucho descuido, enromes montones de basura frente al panteón, no hay obra, hay afectación de un sitio histórico, pero lo más grave es constatar que esta empresas trasnacional se acaba el agua de Apizaco.


Autores: Pedro Morales/Jorge Lezama

Extraído de la página: https://www.facebook.com/pedro.moralesgonzalez.52/posts/1098330900197902