Jaime Esparza se despide como fiscal federal del Distrito Oeste de Texas. Dirigió 41 mil procesos penales federales, entre ellos la desarticulación de una red de mexicanos y estadunidenses que traficaba armas a México, delito que se ha extendido también a Canadá.
La investigación sigue abierta por parte la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, con el apoyo de la Oficina de Control de Exportaciones y de Investigaciones de Seguridad Nacional del Departamento de Comercio.
Sin embargo, no se sabe si autoridades mexicanas realizan una investigación por esta red, mientras que por parte del fiscal Esparza hay dos mexicanos sentenciados.
La investigación realizada por la Fiscalía revela que del lado estadunidense se diseñaba la estrategia para enviar partes diversas del armamento que se dejaría en manos de delincuentes, y señala a un empresario regiomontano a quien se le dispuso de un abogado para que pudiera montar la empresa de ensamblaje.
Pero en los documentos públicos de la Corte federal no aparecen el nombre del empresario ni el de la compañía.
Jaime Esparza dejó la corte el pasado 18 de febrero, tras poco más de dos años en el cargo. De acuerdo con medios de comunicación de Texas, su salida forma parte de los movimientos normales que surgen cuando hay cambio de gobierno presidencial en Estados Unidos.
En un comunicado en el que se informa la salida del fiscal Esparza, se señala que dirigió 41 mil procesos penales federales e “hizo que fuera una prioridad desmantelar organizaciones criminales, incluidas pandillas, cárteles y organizaciones de contrabando. También dirigió y elevó programas de divulgación para educar al público sobre los peligros del fentanilo y los dispositivos de conversión de ametralladoras, y para crear conciencia sobre los problemas de violencia doméstica, entre otros”.
La red la encabezaba un estadunidense
Esparza dictó sentencias contra dos mexicanos en los días previos a la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. José Francisco García Cervantes y Ricardo Rodríguez Sotelo fueron condenados a cuatro años nueve meses y seis años y medio de prisión, respectivamente, por participar en la red de tráfico de armas que encabezaba Chandler Britain Bradford y otras dos personas, quienes recibirán sentencia en agosto próximo, de acuerdo con lo programado con el proceso.
“Según documentos judiciales, ambos hombres participaron en el tráfico ilegal de piezas de armas de fuego desde los distritos occidental y sur de Texas a México. García Cervantes actuó como contrabandista para la operación y transportó cajas de piezas de armas a México. Rodríguez Sotelo preparaba las piezas de armas para contrabandearlas a través de la frontera reempaquetándolas en una unidad de almacenamiento en Laredo, Texas, donde serían recogidas para su envío en camión a México”, señala el documento de la Corte en el que se anunció la sentencia contra García Cervantes, mismo que fue consultado por Proceso.
El caso fue mencionado en la declaración del embajador norteamericano Ken Salazar, al terminar la misión de autoridades de Estados Unidos en diciembre de 2023 (denominada Mesa Redonda sobre el Combate al Tráfico de Armas y Mejores Prácticas), y se presentó como un ejemplo de las acciones que su país realiza para evitar que las armas lleguen a manos de grupos criminales en México.
En dicha reunión se acordó la cooperación para procesar los delitos vinculados con el tráfico de armas y crímenes relacionados. A pesar de ello, a la fecha la Fiscalía General de la República no ha informado si inició la investigación en el caso de la empresa donde se ensamblaban las armas en la ciudad de Monterrey, y tampoco ha anunciado alguna detención relacionada con ésta, ni mucho menos del empresario señalado por las autoridades norteamericanas.
Paso libre
La red de mexicanos y estadunidenses burló incluso la vigilancia en puentes internacionales en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por donde pasaban las partes de las armas a través de camiones de carga o por medio de paquetería.
Aunque la investigación de tráfico de armas se conoció desde el 2022 con la detención de Chandler Britain Bradford en la ciudad de San Antonio, la red operaba desde 2018, a pesar de lo cual en México no se ha conocido de seguimiento por parte de las autoridades federales.
En dichas indagatorias contra los mexicanos, éstos figuran como cómplices de Bradford, Troy Vernon Erbe y Jesús Guzmán Delgado, quienes están en espera de sentencia.
Todos son considerados como parte de una conspiración de lavado de dinero y un comunicado de la Corte Federal establece que Bradford “participó en un plan multimillonario para proporcionar ilegalmente miles de rifles semiautomáticos a un ciudadano mexicano que reside en Monterrey, Nuevo León”, del que la Corte no revela datos.
“Se alega que Bradford proporcionó suficientes piezas de armas de fuego para armar al destinatario con aproximadamente 4 mil 800 rifles semiautomáticos, a pesar de no tener licencia para exportar piezas de armas de fuego de los Estados Unidos a México. Los documentos judiciales alegan que Bradford proporcionó a su co-conspirador (cómplice) las piezas, las herramientas y el abogado necesarios para facilitar una empresa de fabricación de armas de fuego completa en el norte de México, y que Bradford recibió más de $3.5 millones (de dólares) de su co-conspirador”, señala el comunicado, emitido en diciembre de 2023.
El juicio de los otros tres acusados está previsto para el 4 de agosto del presente año, de acuerdo con información de la Corte, que no logró confiscar bienes a Bradford.
Contra éste pesan ocho cargos: uno por contrabando de bienes desde Estados Unidos; otro por traficar armas de fuego; otro más por transferir éstas para su uso en un delito grave; cuatro cargos de complicidad en el contrabando de bienes desde los Estados Unidos y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero.
Por estos delitos alcanzaría hasta 20 años de prisión si se le declara culpable.
Otras sentencias recientes que hizo el fiscal Esparza es la de del pasado 8 de enero por cuatro años de prisión a Miguel Tapia Bárcenas, quien fue detenido también en el 2022. El residente texano trató de ingresar a México más de 10 mil dólares en efectivo y llevar en un remolque cuatro pistolas semiautomáticas, 2 mil 688 municiones de varios calibres y varios cargadores.
Las armas y el dinero en efectivo los pretendía ingresar por el puente internacional entre Del Río, Texas, y Ciudad Acuña, Coahuila.
Tapia Bárcenas declaró ante la Corte que ya lo había hecho en varias ocasiones y recibía un pago por ello, cuyo monto no se hizo público.
Tráfico a Canadá
El tráfico de armas también se ha extendido hacia Canadá y así lo demuestra la sentencia de seis años y 10 meses de un ciudadano de dicho país identificado como Harsimran Dhaliwal quien, de acuerdo con la Fiscalía, dirigía una operación de contrabando de armas adquiridas en Austin para distribuirlas a delincuentes. Se han recuperado dos de las armas en el país de destino, las cuales fueron usadas en varios delitos.
El 17 de enero, Esparza anunció la sentencia de Joshua Jamez Calvo, implicado en la distribución de fentanilo en Austin. Para su detención, la DEA realizó una acción encubierta, en la que compró droga al sujeto por medio de informantes.
Después, con una orden de cateo revisaron su domicilio, donde encontraron diversas drogas como heroína, metanfetaminas, mariguana y fentanilo, además de 19 armas de fuego y más de 34 mil dólares en efectivo.
El 27 de enero el ahora exfiscal Esparza sentenció a cinco años un mes a un residente de San Antonio por el cargo de posesión de dispositivos de conversión de ametralladora o interruptores, los cuales permiten convertir cualquier arma de fuego en automática.
Se trata de Aden Ethan Cantú, conocido como Glock Mayne, de 21 años, quien poseía ilegalmente 94 de estos artículos y otros dispositivos de conversión que traficaba por dicha ciudad texana y fue arrestado en 2023.
“Estos dispositivos se combinan muy a menudo con armas de fuego robadas y se utilizan en otros delitos, y esta sentencia refuerza el mensaje de que el tráfico de estos dispositivos no será tolerado en nuestra comunidad”, dijo el fiscal Esparza, tras darse a conocer la sentencia.
Otro de los procesos iniciados en la citada Fiscalía del Distrito Oeste de Texas es contra Víctor Hugo Diego Avellaneda, quien el 19 de enero del presente año pretendió ingresar a México por uno de los puentes internacionales que comunica a la ciudad de Piedras Negras con Eagle Pass, con 40 rifles, seis escopetas, una pistola, 80 cargadores y dos miras telescópicas que estaban almacenadas en dos grandes bolsas de lona.
El sujeto dijo que 11 de las armas eran de su propiedad y recibiría cien dólares por cada una de las que vendería.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: CAMELIA MUÑOZ.
