El Ejército mexicano arrebató, durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, un total de 28,159 armas de fuego ilegales a los grupos criminales, según datos oficiales obtenidos por EFE por la vía de la ley de acceso a la información, aunque al país entran todos los años unas 200,000, de acuerdo con diversas fuentes.

Las armas incautadas servirían para dotar a todas las Fuerzas Armadas de El Salvador, pero se quedan cortas ante las cientos de miles que ingresan de forma ilegal desde Estados Unidos cada año, según ha expuesto el Gobierno de México.

La Corte Suprema aceptó el caso de productoras de armas que buscan desestimar una demanda del Gobierno de México sobre el tráfico de armas que ha permitido a los cárteles tener arsenales de alto calibre.

Se estima que el 80% de las armas traficadas a México provienen de Estados Unidos, debido a la falta de controles para su compra.

Pese a la decisión del juez C. J. Sailor, de la Corte Federal de Distrito en Boston, Massachusetts, de desestimar la demanda de más de 10 millones de dólares que entabló México contra seis empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, el litigio no ha concluido.

En las demandas que México inició este sexenio contra las armerías de EU, el gobierno federal argumenta que estas empresas están implicadas en el trasiego ilegal de pistolas, rifles semiautomáticos y municiones.

Un Juez en Estados Unidos desestimó gran parte de la demanda de 10 mil millones de dólares que presentó el Gobierno mexicano contra fabricantes de armas por facilitar el tráfico de las mismas a través de la frontera entre ambos países, informó esta tarde la agencia noticiosa Reuters.

La reportera Nate Raymond dio a conocer que el Juez de Distrito de Boston Dennis Saylor decidió desestimar reclamaciones contra seis de las ocho armeras que demandó el Estado mexicano en 2021. El juzgador alegó problemas jurisdiccionales.

Seis hombres fueron detenidos en el municipio de Tila, cuando cinco de ellos cargaban en costales tres escopetas de manufactura hechiza, una pistola de manufactura artesanal y cartuchos organizados, informó la Fiscalía General del Estado.

El gobierno federal de Estados Unidos acusó formalmente a Angela Ruby Ponce, Oscar Axel Flores y Mario Alberto Tovar, ciudadanos estadunidenses y residentes en Laredo, Texas, de ser proveedores de armas para el Cártel de Noroeste.

El fiscal Alamdar Hamdani denunció de tráfico a las tres personas, luego de una investigación en la que se concluye que por lo menos del 1 de enero de este año al pasado 2 de abril, éstos conspiraron para traficar armas a México destinadas al Cártel del Noroeste.