Buscan a sujeto que “vendía” en Facebook a una niña por 10 mil pesos la noche

CIUDAD DE MÉXICO: La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Coahuila y la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia del estado buscan a un sujeto que publicó en redes un anuncio en el que dice vender a una pequeña por 10 mil pesos la noche.

Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para dar con el sujeto que en redes sociales se hace llamar “José Hernández” y también para proteger a la menor involucrada.

A través de Facebook, el hombre publicó este lunes un anuncio en una cuenta local de compraventa de artículos llamada ANUMEX Saltillo con el siguiente mensaje: “Vendo esta muñequita para una noche de plaser servicio conpleto $$10 000 dies mil para mayores informes llamen al número 8443483520 (sic)”.

El anunció generó un escándalo en redes sociales que pronto llegó a la PGJ que ahora busca al sujeto y a la pequeña presuntamente víctima del delito de trata.

A través de un comunicado, la dependencia estatal informó que personal de la Subprocuraduría de Desaparecidos y de la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia realiza las indagatorias para dar con el o los responsables de la publicación.

“Por su parte, elementos adscritos a la Pronnif trabajan para ubicar a la menor, cuya imagen aparece publicada en el anuncio a efecto de garantizar su integridad”, señala el comunicado.

Asimismo la PGJ exhortó a la población a denunciar esta y cualquier actividad ilícita a los teléfonos de emergencia (066 y 089).

FUENTE: PROCESO.

AUTOR: REDACCIÓN.

LINK: http://www.proceso.com.mx/438465/busca-a-sujeto-vendia-a-una-nina-10-mil-pesos-la-noche

PGR atrae investigación sobre tráfico de menores en Sonora

Hermosillo, Son. La Fiscalía de Sonora informó que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerció su facultad de atracción en la probable comisión de delitos de Sustracción y Tráfico de Menores en Sonora.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mencionó, en un comunicado, que la dependencia federal atrajo la indagatoria, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Refirió que para ello se dirigió un oficio a la PGJE, el cual se recibió el 11 de septiembre pasado, luego de una inspección al expediente integrado con motivo de la averiguación previa 01/2015.

La indagatoria, anotó, se integró contra de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex funcionario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en la entidad y su cómplice José Hernández López y otros por los mencionados delitos.

De acuerdo con el oficio girado por la PGR, el expediente “contiene elementos coincidentes con el tipo penal previsto y sancionado en el artículo 27 de la ley en materia de Trata de Personas y que probablemente constituyan también el Delito de Delincuencia Organizada”.

Señaló que la Unidad Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada es la facultada para investigar dichos delitos, previstos en el artículo 2 fracción VI de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Mencionó que se ejerce la facultad de atracción respecto de la averiguación previa citada, solicitando se instruya a quien corresponda para que se entregue el expediente conformado de todos los tomos e indicios al agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a esta unidad especializada.

Por lo anterior, destacó la PGJE, está impedida legalmente para revelar detalles de las actuaciones realizadas que constan en el expediente, para no entorpecer la indagatoria que continuará la autoridad federal.


La fiscalía consignó a 16 personas por presunto tráfico de nueve menores, entre ellas un ex funcionario del DIF de Sonora.

FUENTE: LA JORNADA.

La Cámara de Diputados solicita a la PGR atraer caso de robo de infantes en Sonora

MÉXICO, DF: La Cámara de Diputados solicitó que la PGR atraiga el caso del robo de infantes en Sonora y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) participe en la indagatoria.

La diputada el PRI, Silvana Beltrones Sánchez, presentó el punto de acuerdo que fue respaldado por todas las fracciones, aunque el PAN –partido del que surgió el actual gobernador Guillermo Padres y a quien, mediante su esposa, también se involucra en esa red ilícita– destacó que fue la propia Procuraduría estatal la que hizo la denuncia e inició la indagatoria.

Beltrones Sánchez, sonorense e hija del dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera, se estrenó así en tribuna desde donde presentó su primer punto de acuerdo, luego de calificó el hecho como “grave violación a los derechos humanos”, además de exigir “la reparación del daño causado a las víctimas”.

La solicitud, que fue respaldada inicialmente por todos los diputados por Sonora, consideraba la participación de la CNDH, sin embargo, la legisladora de Nueva Alianza, Angélica Reyes Ávila, solicitó que se incluyera pedir a la PGR que atrajera el caso.

En un Estado democrático, dijo Beltrones Sánchez, la legitimidad de cualquier gobierno tiene como sustento el respeto a los derechos humanos, y en especial el de los más vulnerables.

“Los niños son la historia de nuestro futuro y, por ello, no hay esfuerzo suficiente ni cansancio que valga en tomarnos en serio este hecho”, argumentó.

Es urgente que la PGR, sostuvo, investigue y proceda en contra de quienes resulten responsables por los delitos de trata y tráfico ilegal de personas, delincuencia organizada, cohecho y uso indebido de atribuciones y facultades, entre otros.

También reclamó que la Procuraduría de Sonora no haya procedido en contra de los presuntos responsables desde el momento en que se detectó el ilícito de tráfico de menores y, más aún, que con la existencia de pruebas permitiera su libertad.

La también abogada dijo que el delito del tráfico de menores no sólo ocurre en Sonora sino en varios estados del país.

“La existencia de una red que operaba bajo el amparo del DIF estatal y tenía vínculos internacionales exige una investigación más a fondo, ya que las autoridades locales han demostrado una franca incapacidad e indolencia; al parecer no velan por la pulcritud jurídica y existe una sospechosa omisión ante el hecho de que se han visto involucrados funcionarios públicos estatales”, fustigó.

El PAN defendió al aún gobernador Guillermo Padrés a través de la diputada Leticia Amparano Gámez, quien aseguró que fue la Procuraduría de Sonora la que denunció, con nombres y apellidos, a los involucrados “en estos lamentables acontecimientos y combate el tráfico de menores, lo que no ocurre en otras entidades”.

Además, sostuvo que en México existen 40 mil niños desaparecidos y 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio.

El tráfico de niños y personas, alertó, es el tercer negocio más lucrativo a escala mundial después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa 32 mil millones de dólares anuales.

A su vez el legislador por MC Jorge Álvarez Máynez, luego de sumarse al punto de acuerdo, relató que en nuestro país existen 45 mil niños desaparecidos, sustraídos para la explotación sexual; otros 12 mil 301 son migrantes repatriados de Estados Unidos sin un familiar, y más de 6 millones de menores trabajan de manera forzada.

El partido Morena, quien apoyó y firmó el punto de acuerdo, destacó a través de Irma Rebeca López López que la UNICEF ha documentado que el tráfico de niños y adolescentes es resultado de factores socioeconómicos, pero también de aspectos políticos, culturales y legales.

En el caso de Sonora, siguió, es evidente que el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) no ha sido eficiente ni efectivo en su propósito central de promover, prevenir y atender la explotación infantil y adolescente.

Norma Edith Martínez Guzmán, de Encuentro Social, se pronunció por la aplicación de la ley con firmeza, más aun cuando se trata de cuestiones que incluyen salvaguardar la protección de la familia y el interés superior del niño. “Precisamente por ello se ha solicitado al gobierno de Sonora hacer públicos los resultados que guarda la investigación de este tema”.

Luego mencionó que el proceder de la Procuraduría estatal en la investigación, “en particular de su titular, ha resultado poco pulcro, contradictorio y falto de transparencia. Este actuar tiene por lo menos un olor a indolencia y negligencia”.


La perredista Karen Hurtado Arana avaló el punto de acuerdo y manifestó su preocupación en torno a que diversos funcionarios de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia de Sonora están involucrados en una red de tráfico ilegal de menores y, lo más indignante, “que justo ayer nos enteramos de que la esposa del gobernador está presuntamente implicada en este hecho delictivo”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESUSA CERVANTES.

Emite Interpol fichas de implicados en venta de menores en Sonora

México, DF. Carlos Navarro Sugich, procurador de Justicia de Sonora, difundió vía redes sociales las fichas emitidas por la Interpol contra dos de los implicados en la presunta venta de menores de edad en ese estado.

Se trata de Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, ex coordinador de la línea telefónica Protege en Sonora y José Manuel Hernández López, ex jurídico de la Unión Ganadera de Sonora; este último fue citado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) junto con su pareja, Emma Consuelo Falcón Etchechury, sin embargo fueron liberados de inmediato, motivo por el que ahora están prófugos.

La Cámara de Diputados solicitó ayer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) investigar violaciones graves a las garantías individuales y la presunta venta de menores de edad en Sonora, donde se descubrió una red de tráfico de niñas y niños operada por funcionarios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) estatal.

La Cámara de Diputados solicitó al gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, intensificar los exámenes de confianza a servidores públicos de su administración, en particular a los que desempeñan actividades vinculadas con la protección y custodia de menores y adolescentes.

La legisladora Sylvana Beltrones Sánchez (PRI) refirió que desde marzo pasado el gobierno de Estados Unidos alertó al procurador de Sonora respecto de una red de tráfico de menores que operaba en su jurisdicción, con alcance internacional, manejada por funcionarios estatales. Sin embargo, las órdenes de aprehensión se giraron hasta el 20 de agosto pasado.

FUENTE: LA JORNADA.

Un doctor (y actual funcionario) implicado en la venta de bebés no ha declarado ante la Procuraduría de Sonora

Según las declaraciones de dos inculpados, el doctor Edgar Vázquez Tello era el profesionista que les proveía de certificados de nacimiento, cada uno por 15 mil pesos.

La Procuraduría General de Justicia de Sonora no llamó a declarar al doctor que presuntamente cobraba 15 mil pesos por expedir cada uno de los certificados de nacimiento de los bebés vendidos por funcionarios del DIF estatal.

En sus declaraciones, los dos principales funcionarios inculpados por este caso –Alfredo Arzate Carbajal y José Manuel Hernández López– señalan que el doctor Edgar Vázquez Tello era el profesionista que les proveía de certificados de nacimiento.

Aunque la Procuraduría no llamó a declarar a Vázquez Tello en mayo, junio y julio, su fotografía fue utilizada por elementos de la Policía Estatal Investigadora para ser identificado por una testigo de los hechos.

Actualmente Vázquez Tello es regidor y presidente de la Comisión de Salud en el Cabildo de Guaymas.

Los 9 o 13 robos

Aunque uno de los inculpados confesó la venta de al menos 13 bebés en Sonora, el procurador del Estado, Carlos Navarro Suguich, sólo ha podido acreditar nueve casos.

“Hasta ahorita nosotros tenemos documentados nueve casos. No descarto que pueda haber más. Es por eso que hemos estado insistentemente invitando a la ciudadanía a que se acerque a nosotros para que nos ayude en esta investigación”, dijo el procurador. “Las investigaciones seguirán hasta sus últimas consecuencias para dar con los menores que fueron vendidos”.

El procurador de la Defensa del Menor, Francisco Javier Gómez Izaguirre, informó que en los últimos seis años al menos un centenar de niños recién nacidos y menores de edad fueron remitidos al Hospital Infantil del Estado de Sonora “por situación de vulnerabilidad o riesgos”.

En sus declaraciones del 11 de mayo, Alfredo Arzate Carbajal confesó que recibía informes del Hospital Infantil del Estado de Sonora que especificaban que los menores “no estarían bien” si regresaban con sus madres toxicómanas.

Arzate confesó que elaboró al menos 13 oficios que firmó en ausencia del procurador de la Defensa del Menor, Francisco Javier Izaguirre, para sustraer menores del Hospital Infantil y entregarlos a parejas en busca de adoptar niños.

Arzate aseguró que nunca fijó una cantidad de dinero por este delito. Lo hacía, dijo, por el bienestar y futuro de los menores en manos de familias aptas para su desarrollo.

Sin embargo, la declaración del otro inculpado, José Manuel Hernández, difiere con la de Arzate.

Según José Manuel Hernández, exjurídico de la Unión Ganadera, Arzate y él acordaron desde el principio que el costo para “entregar” a un menor sería de 110 mil pesos, incluyendo los 15 mil pesos requeridos para adquirir un certificado de nacimiento.

Hernández comenzó a cobrar dinero por la entrega de menores en complicidad con el doctor Edgar Vázquez Tello, quien proporcionaba los certificados de nacimiento en Guaymas.

Una vez que se tenían todos los documentos y cobrados por lo menos 110 mil pesos, Hernández enviaba a los padres al Hospital Infantil del Estado de Sonora para la entrega de los bebés.

El 9 de mayo pasado, José Manuel Hernández López declaró ante el Ministerio Público que vendió a seis niños y no a 13, como confesó Arzate Carbajal.

La pareja de Hernández López, ubicada por el Departamento de Seguridad Interna de los Estados Unidos como Emma Consuelo Falcón Etchechurry, se quedó con uno de los bebés.

Arzate y Hernández se conocieron en 2010 en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, pero fue hasta septiembre de 2013 que comenzaron sus ilícitos, luego de que una amiga de Emma Consuelo Falcón mostró interés por adoptar un bebé.

Con la finalidad de “apoyar” a Falcón, Hernández sugirió a Arzate conseguir una partida de nacimiento para agilizar la entrega del menor y también poder registrarlo como hijo legítimo.

Arzate accedió con el argumento de que no sería complicado, ya que el puesto que tenía en la Procuraduría de la Defensa del Menor le facilitaba acceso a los menores recién nacidos en calidad de abandono o hijos de madres drogadictas.

Inculpados y amparados

La semana pasada, el procurador de Sonora anunció 16 órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en este caso; sin embargo, nunca ha declarado que los tres principales inculpados se encuentran en libertad.

Al menos uno de ellos, Arzate, promovió un amparo el 15 de mayo en los juzgados federales y le fue concedido contra cualquier acción legal.

Acciones pospuestas por las elecciones

Fuentes del gobierno de Sonora revelaron que a pesar de conocer el caso desde marzo, el gobernador del estado Guillermo Padrés, su esposa Iveth Dagnino, el equipo de comunicación y asesores prefirieron no hacerlo público por la cercanía de las elecciones a gobernador, las cuales se llevaron a cabo en junio.

Prueba de ello, añadió la fuente que solicitó el anonimato, es que Dagnino cerró su cuenta de Twitter a mediados de año, cuando comenzaron los cuestionamientos por el caso a través de esta red social.

Padrés habría sugerido avanzar con las investigaciones, pero sin hacerlas públicas.

Cuando Arzate confesó el 11 de mayo, las elecciones para gobernador en Sonora estaban a sólo tres semanas.

El 26 de marzo, el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos envió un oficio de colaboración en el que informó al procurador de Sonora la situación.


Casi seis meses después, los inculpados y confesos se encuentran libres. El 9 y 11 de mayo las autoridades les tomaron sus declaraciones ministeriales y determinaron dejarlos libres con las reservas de ley.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VÍCTOR HUGO ARTEAGA.

EU advirtió al gobierno de Sonora sobre la venta de menores

Sin embargo, el fiscal de Sonora no actuó sino hasta mayo y giró órdenes de aprehensión a finales de agosto.

El Departamento de Seguridad Interna de EU notificó el 26 de marzo pasado al procurador de Sonora, Carlos Navarro Sugich, acerca de la venta de recién nacidos a ciudadanos estadounidenses, a través de adopciones tramitadas por funcionarios estatales.

Sin embargo, la Procuraduría de esa entidad –que supuestamente inició la investigación el 18 de marzo– liberó las órdenes de aprehensión a servidores públicos hasta el 20 de agosto pasado.

“Nuestra oficina recibió información a través de una fuente confidencial acerca de un grupo de personas que se dedican a la venta de recién nacidos (trata de personas) a parejas tanto mexicanas como estadounidenses”, informó Mario Méndez, el Agregado Adjunto de Seguridad Interna del Consulado en Hermosillo, de acuerdo con un documento fechado el 26 de marzo pasado.

En el documento oficial, identificado con el número ICE007/2015, Méndez detalló a Navarro Sugich el modus operandi: “han formado una red compleja para que el resultado final sea como si la pareja ‘adoptante’ son los padres biológicos de los recién nacidos y así puedan llevar a cabo todos los trámites civiles a los que haya lugar”.

Además, el agregado adjunto reveló –de acuerdo con su fuente de información– el nombre de al menos dos implicados en la red de venta de niños, la cual supuestamente operaba desde 2012: José Manuel Hernández López, de 37 años, y Emma Consuelo Falcón, de 36 años. 

Según la información del Departamento de Seguridad Interna, Hernández López –quien actualmente se encuentra en calidad de prófugo– era el encargado de contactar a las parejas interesadas en un bebé y en conseguirlo.

Si embargo, el procurador Carlos Navarro giró hasta el 20 de agosto –cinco meses después de iniciar las pesquisas– las primeras órdenes de aprehensión en contra de 16 personas identificadas como parte de la red criminal, entre ellas Hernández López y Vladimir Aldredo Arzate Carbajal, ambos funcionarios del DIF estatal; en el caso de Arzate Carbajal, era el coordinador de la línea telefónica Protege en Sonora, destinada a combatir el maltrato infantil. 


Asimismo, fue el 9 de mayo pasado cuando la Procuraduría de Sonora requirió a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal y José Hernández López,  quienes –según documentos a los que Animal Político tuvo acceso– confesaron la venta y compra de niños, pero fueron puestos en libertad con las reservas de ley. Actualmente se encuentran en calidad de prófugos.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: VÍCTOR HUGO ARTEAGA.

Funcionarios de Sonora, en la venta de niños

El procurador revela que 16 personas, entre ellas 2 funcionarios, están involucradas. Los infantes eran sustraídos de una casa hogar del DIF; eran vendidos hasta en 20 mil dólares.

Hermosillo, Son. La Procuraduría estatal informó que solicitó a un juez 16 órdenes de aprehensión en contra de personas involucradas en una red de tráfico de menores, entre ellas dos funcionarios estatales. Se sospecha que al menos en un caso los niños –que eran vendidos hasta en 20 mil dólares– fueron sustraídos de una casa hogar del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

El procurador estatal, Carlos Navarro López, dijo en conferencia de prensa que las órdenes de arresto solicitadas son por los presuntos delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infante, sustracción y tráfico de menores. Agregó que a partir de las indagatorias, se identificó a nueve menores que fueron inscritos de manera irregular en el Registro Civil.

Entre los implicados figuran Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, de 30 años, ex subdirector en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, encargado de la línea Protege, y José Manuel Hernández López, de 38 años, encargado jurídico de la Unión Ganadera local. El procurador no identificó al resto de los coludidos.

Navarro Sugich reveló que la investigación comenzó el 18 de marzo pasado, luego de que la Policía Estatal Investigadora recibió una denuncia anónima en la que se señalaba que Vladimir Arzate retuvo a un bebé de manera ilegal. Indicó que el agente del Ministerio Público del fuero común ordenó la indagatoria por la cual se determinó que Vladimir Arzate obvió el procedimiento legal y demás trámites para realizar la entrega de los menores.

Forma de operar

Indicó que Arzate Carvajal se aprovechó del procedimiento legal para la entrega-recepción de infantes, y en lugar de poner a los menores a disposición de la Procuraduría de la Defensa del Menor o de internarlos en casas hogares del DIF, los entregaba ilegalmente a quienes se hacían pasar por sus padres biológicos.

Para realizar estos trámites se usó documentación oficial, misma que Vladimir Arzate firmaba en ausencia del procurador de la Defensa del Menor y la Familia.

Posteriormente, José Manuel Hernández y Arzate Carvajal acudían a un médico que proporcionaba avisos de nacimiento con el nombre de la falsa madre, en un documento listo para que se plasmara la huella de la planta del pie del bebé respectivo. Entonces llevaban a los menores al Registro Civil y obtenían un acta de nacimiento, como si fuera un hijo biológico legítimo.

Sostuvo que así gestionaron la entrega de menores a candidatos a adopción, siendo Hernández López quien visitaba o llamaba telefónicamente a las parejas, a las cuales ofrecía un trámite exprés a cambio de dinero.

El procurador señaló que la causa penal se mantiene abierta para continuar con la investigación y búsqueda de más niños que estén en esas circunstancias, y de más personas involucradas.

FUENTE: LA JORNADA.

AUTOR: ULISES GUTIÉRREZ RUELA.