Renuncia secretario de Gobierno de Oaxaca; su familia usó helicóptero oficial para vacacionar

El secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, renunció a su cargo tras reconocer el uso de un helicóptero oficial para fines personales.

Y es que el jueves pasado se dio a conocer que la familia del exfuncionario utilizó la aeronave oficial para ir de vacaciones a la playa de Puerto Escondido.

Papá, con contratistas; la joven Ruiz de Teresa en Sedesol y otro en SFP, la oficina anticorrupción

Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal, hijo del funcionario captado en un helicóptero, apenas fue promovido. Gozará de un sueldo mensual de 111 mil 154 pesos, como nuevo titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El salario le incluye además un seguro institucional, de retiro, de gastos médicos y de separación del cargo; una asignación de vehículo por hasta 7 mil 500 pesos mensuales y equipo de telefonía celular por mil 300 pesos, también por mes. Ruiz de Teresa es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, y llegó a ese cargo con su declaración patrimonial a medias: no aclara cuál es su fortuna ni sus posibles conflictos de interés.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Cuarenta y ocho horas después de que Guillermo Ruiz de Teresa, actual Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aterrizara en un Área Natural Protegida de Yucatán, junto con el Senador priista Emilio Gamboa Patrón y el empresario Emilio Díaz Castellanos, Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal, hijo del funcionario federal, fue designado como nuevo titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Con una licenciatura en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana y una declaración patrimonial en la que no aclara cuál es su fortuna ni sus posibles conflictos de interés, Guillermo Ruiz de Teresa llegó a ocupar la titularidad de esa Unidad de la SFP.

El cargo es esencial en el Sistema Nacional Anticorrupción, promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto en mayo pasado y por cuya instalación pugnan las organizaciones civiles en el Congreso de la Unión.

En ese puesto, De Teresa Mariscal no tiene ningún mando superior a quién reportar sus actividades, ya que a la fecha Presidencia aún no designa a un nuevo titular, luego de la renuncia de Virgilio Andrade, el pasado 18 de julio. Hasta entonces, esa Unidad de Políticas de Transparencia era ocupada por Teresa Gómez del Campo, hermana de Mariana Gómez del Campo, Senadora panista.

Esta designación llega en un momento clave en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que en él, la SFP sería el órgano que tomaría el control interno de la administración pública federal para prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción dentro del Gobierno.

De acuerdo con la SFP, Ruiz de Teresa Mariscal fue designado el 5 de octubre por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y Encargado del Despacho, Javier Vargas Zempoaltecatl.

En su nuevo puesto, Ruiz de Teresa Mariscal gozará de un salario mensual de 111 mil 154 pesos, que le incluye seguro institucional, de retiro, de gastos médicos y de separación del cargo. El cargo contempla una asignación de vehículo por hasta 7 mil 500 pesos mensuales y equipo de telefonía celular por mil 300 pesos, también por mes.

Aunado a eso, están las prestaciones de Ley: prima vacacional, de antigüedad, gratificación de fin de año, de defunción, ayuda para despensa y vacaciones.

En julio de 2013 Guillermo Ruiz de Teresa fue nombrado Director General de Innovación y Participación Ciudadana en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la República. Permaneció en esa posición 38 meses durante los cuales percibió 263 mil 788 pesos con 96 centavos en salario bruto.

La cifra anterior fue obtenida de acuerdo con la clave presupuestal que el funcionario especifica en su declaración patrimonial pues el cargo de Director General de Innovación y Participación Ciudadana en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República no se encuentra en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), el portal que muestra en datos abiertos la estructura orgánica de la Administración Pública.

Según el perfil de puesto descrito por la SFP, el titular de la Unidad tiene como encomienda “involucrar a las audiencias clave en la construcción de una cultura de integridad, transparencia y combate a la corrupción mediante la sensibilización sobre los costos de la corrupción y el papel ciudadano en su control”.

Ruiz de Teresa, nuevo encargado de la Transparencia mexicana, no declara bienes inmuebles ni inversiones y suscribe que no está de acuerdo en hacer públicos sus posibles conflictos de interés. Presentada en cuatro ocasiones, su declaración patrimonial se resume a la publicación de su currícula académica y laboral.

En el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto el apellido Ruiz de Teresa se repite con otro cargo. Sofía Ruiz de Teresa quien este año egresó de la Licenciatura de Relaciones Internacionales, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, está contratada por honorarios para asesorar al jefe de la oficina del Secretario de Desarrollo Social, un cargo que no está inscrito en el POT.

Según su declaración patrimonial, presentada en febrero de 2016, su cargo no cuenta con una clave presupuestal pues está contratada por honorarios, lo que impide conocer cuánto percibe.

Según su propia declaración, fue nombrada en abril de 2016, cinco meses antes de que Luis Enrique Miranda Nava, identificado como operador político del Gobierno de Enrique Peña Nieto, se convirtiera en el tercer titular de la dependencia encargada de reducir la pobreza en México.

Video: https://youtu.be/OLBe7_r0V1Y

EL AFFAIRE HELICÓPTERO

En la filmación difundida el pasado 2 de octubre, luego del aterrizaje de los tres amigos, como ellos mismos se definieron, en la Isla de Alacranes en Yucatán, puede verse como además, el funcionario de la SCT aborda un yate. La misma institución federal defendió la presencia Ruiz de Teresa en el acto. Explicó que el funcionario asistió a la reunión a título personal porque Emilio Díaz Castellanos y él son amigos desde hace varios años.

El funcionario encargado de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante tiene la obligación de presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde 2013, cuando era Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Durante tres años, en los dos cargos públicos que ha ostentado, presentó este documento en seis ocasiones. En ninguna de ellas estuvo de acuerdo con hacer pública su declaración de posible conflicto de interés. Lo único que ha divulgado es su trayectoria académica y experiencia profesional.

Ruiz de Teresa tampoco hace públicos sus bienes patrimoniales, lo que significa que no es posible saber si las condiciones en que vive corresponden a su salario actual: 175 mil 828 pesos mensuales. Además, el funcionario no aclara si esa es su única percepción o tiene, además, ingresos por actividades industriales, comerciales, financieras u otras.

En su puesto actual como funcionario de la SCT, de los 12 proyectos que se han realizado en su área, con motivo del Plan Nacional de Infraestructura, 11 se han llevado a cabo en el sureste mexicano; el otro se operó en Tamaulipas. Estos proyectos forman parte de la estrategia de la SCT para dotar de infraestructura a los puertos y facilitar la puesta en marcha de los proyectos de la Reforma Energética.

Fuente: Sin Embargo

Autores: Linaloe R. Flores, Daniela Barragán y Alejandra Padilla

http://www.sinembargo.mx/13-10-2016/3103625

Diputada del PES agrede a vecinos en Iztapalapa. Uno de los afectados es detenido de forma arbitraria

Ciudad de México.- La diputada Abril Trujillo de la ALDF por el partido político Encuentro Social agrede a vecinos en la delegación Iztapalapa, voltea la combi de uno de los afectados, los manda detener y además amenazó al medio libre El Pueblo, Medio Independiente que coordina Carlos Esteban Jiménez.

A través del medio, repudian esta amenaza de detener de forma arbitraria en una agencia de Cabeza de Juárez en la misma demarcación.

El vecino que utiliza la combi para trabajar, es amenazado, y permanece detenido por orden de la diputada Abril Trujillo.

Todavía los policías de la SSP de #Mancera amenazan al vecino con llevarse su camioneta al corralon que es su fuente de trabajo, agregando las amenazas contra el periodista de El Pueblo.

En las imágenes que comparten a través del medio independiente, muestran el transporte volteado, una de las personas lesionadas y camioneta de la diputada. Al igual los policías de la SSP amenazando.

https://www.facebook.com/ElPuebloMedio/posts/920449718098937

Con información de El Pueblo, Medio Independiente

Contratan a los Murillo pese a irregularidades

Al súbito crecimiento que tuvieron tres empresas ligadas a la familia de Jesús Murillo Karam cuando éste era titular de la PGR, se suma el trato privilegiado que recibieron del Gobierno Federal, revela la revisión a 43 contratos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción.

Alvarga Construcciones, que está asociada a una empresa de los hijos del ex Procurador Jesús Murillo Karam, usó productos “piratas” en la colocación de un rompe olas en Isla de Carmen, Campeche, sin ser sancionadas, aun cuando el gobierno fue notificado de la irregularidad.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó ese contrato por adjudicación directa por 411 millones de pesos (alrededor de 25 millones de dólares) tras haber declarado desierta la licitación previa.

La compañía relacionada con la familia Murillo, paradójicamente, participó en ese concurso, pero su oferta fue rechazada al obtener una calificación reprobatoria.


La historia comenzó el 20 de mayo del 2014, cuando la SCT informó que no hubo una oferta que se ajustara al presupuesto y a las necesidades de un rompe olas para Campeche, obra que se propuso en previsión de una emergencia provocada por fenómenos meteorológicos, según consta en un dictamen del caso, el cual forma parte del archivo conformado para esta investigación.

La calificación reprobatoria de Alvarga

De hecho, otras cinco de las compañías no llegaron a la calificación mínima de 37.5 puntos y el resto –otras siete- rebasaron en su oferta el presupuesto disponible.

Un mes después, la misma SCT asignó la obra directamente -es decir sin concurso de por medio– a Constructora Manzanillo SA de CV (COMSA), la cual no participó en la licitación declarada como “desierta”.

En una nota informativa preparada por la SCT a petición de los reporteros, la dependencia argumentó que se trataba de la compañía “con mayor experiencia y especialización en obras marítimas y portuarias”.

En su proyecto, COMSA inscribió a Alvarga como su socia, a pesar de que en la licitación declarada “desierta”, la firma vinculada a la familia del ex procurador Murillo obtuvo cero puntos en los rubros de experiencia y especialidad, así como en cumplimiento de contratos.

En los documentos oficiales no existe una explicación sobre por qué Constructora Manzanillo eligió a Alvarga.

En la nota informativa para este reportaje, la SCT dijo que “probablemente se realizó con la finalidad de fortalecer la propuesta económica, no obstante que Alvarga fue descalificada técnicamente”.

Y se deslindó: “Cabe destacar que dicho acuerdo de participación conjunta es ajeno a la voluntad de la SCT pues se trata de un tema entre particulares que no afecta los términos y condiciones de la convocatoria”.

Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de esa dependencia, aseguró que el contrato se hizo por “invitación a cuando menos tres personas” (compañías) y nunca por asignación directa.

Pero el expediente de la obra refuta su versión. De hecho, el acta del fallo por adjudicación directa fue colocado en Compranet por la propia SCT.

Ante esta prueba, el funcionario dijo que quizá estamos ante una equivocación: “A lo mejor hay un error ahí porque tengo claridad que no es una adjudicación, a lo mejor es un problema en la redacción”.

El mismo funcionario cayó en otra contradicción. En la misma entrevista, sostuvo que “todos estaban por arriba del precio que teníamos como base y se declaró desierta y de ahí se escogió a Alvarga que fue la que ganó”.

Ruiz de Teresa se equivocó. La SCT dio el fallo a favor de Constructora Manzanillo, no de Alvarga. La firma vinculada a la familia Murillo se sumó después como un socio.

No obstante, él mismo corrigió momentos después: “Perdón, finalmente el contrato lo obtuvo Constructora Manzanillo”.

El rompe olas –de acuerdo con el contrato- debió concluirse el 13 de septiembre de 2015, pero el plazo no se cumplió. En octubre de ese mismo año, las constructoras llevaban un avance del 44%.

La SCT aplazó la entrega hasta diciembre del 2015, tres meses más de gracia para las empresas, pero tampoco cumplieron.

El 27 de enero de 2016, extendieron de nuevo el contrato para el 30 de marzo siguiente. No obstante, Alvarga y Constructora Manzanillo no terminaron. La muralla contra olas, hoy en día, sigue en construcción.

Ruiz de Teresa aseguró que los retrasos han obedecido a problemas meteorológicos como inundaciones ocasionadas por huracanes y ciclones. El funcionario se comprometió a enviar a los reporteros un reporte de las malas condiciones climatológicas que afectaron, directamente, a la obra. Hasta el momento de publicar este reportaje, no llegó esa información.

Desde la convocatoria, la SCT puso como uno de sus requisitos que las empresas utilizaran una estructura especial llamada geomembrana GT1400, que está patentada por la trasnacional holandesa TenCate bajo el nombre Geotube. Se trata de una malla de alta resistencia que se rellena con arena de mar. La empresa ganadora debería colocarla a lo largo de 1 kilómetro y 160 metros en Isla del Carmen.

En las juntas de aclaraciones con las empresas interesadas en obtener el contrato, la SCT modificó las características del geotubo: en vez del modelo GT1400 pidió utilizar el GT1000M y el GT500, ambos patentados por la marca TenCate.


Cuando la obra había iniciado, directivos de la compañía holandesa, acompañados por representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), hicieron una auditoría. El resultado fue que Alvarga y Constructora Manzanillo estaban instalando como rompe olas un producto pirata con materiales chinos.

TenCate presentó una queja ante la SCT. En algunas de sus partes expresó lo siguiente:

“El Gobierno mexicano ha descuidado cumplir los acuerdos comerciales con Estados Unidos, y está permitiendo que los productos piratas chinos sean utilizados en un proyecto del Gobierno federal mexicano, en violación de las patentes de TenCate Geosynthetics.

“Alvarga, conjuntamente con Constructora Manzanillo, se adjudicó el contrato (del rompe olas), ofreciendo suministrar un producto importado de China que, según documentos legales obtenidos por TenCate en la oficina de patentes de México, es una copia directa de la tecnología patentada de TenCate”.

Sobre este tema, el coordinador general de Puerto y Marina Mercante de la SCT deslindó al Gobierno de la acusación por el uso de piratería. Ante una pregunta de los reporteros dijo:

“En todos los casos quitamos las patentes. ¿Por qué? Porque si hago una obra con una patente, entonces la estoy adjudicando desde el principio (…) Pero de eso se pueden quejar perfectamente, a nosotros nos toca demostrar que eso no le conviene a la institución”.

Alvarga también incumplió en el plazo de entrega de otra obra. En Guanajuato abandonó la construcción de un distribuidor vial.


La sanción que le aplicaron fue de 14 mil 500 pesos, aún cuando el contrato superaba los 85 millones. La sanción equivale apenas al 0.017% del monto del contrato.

El apoderado legal y administrador único de Alvarga es Miguel Angel Tello Ludlow, socio de Jesús Murillo Ortega en la cadena de restaurantes Café Madero.

Por otro lado, Kouro -empresa encabezada por Murillo Ortega- ha compartido con Alvarga domicilios, teléfonos, socios, empleados y hasta ejecutan obras juntas. El año pasado se asociaron para ganar contratos por 546 millones de pesos en los puertos de Altamira y Manzanillo.


El anterior domicilio fiscal de Kouro era una casa en Pachuca (Veta Arras 111) que estaba a nombre de Tello Ludlow y que durante un tiempo fue la dirección de Alvarga.

Estas constructoras también comparten socios. Luis Manuel Hernández Meneses, quien era accionista en Alvarga, fue nombrado por Jesús Murillo Ortega apoderado de Kouro en octubre de 2013.

Otro caso: Carlos Eduardo Luna Mora, quien en 2010 cedió sus acciones a Murillo Ortega en la cadena restaurantera Café Madero, ha sido apoderado legal tanto de Kouro como de Alvarga.

Las constructoras tienen los mismos representantes en licitaciones en las que participan.

El 11 de marzo de 2015, Raúl Isaac Morales León acudió como representante de Kouro al fallo para la construcción de un puente vehicular en Ecatepec, Estado de México. Y al día siguiente, esta misma persona apareció en Banobras como representante de Alvarga para obras en la autopista México-Puebla.

Hugo Alfredo Talavera Chávez, quien desde junio de 2013 fue nombrado apoderado legal de Alvarga, también participa como superintendente de Kouro Desarrollos.

Martín Sánchez Barrios firmó en 2014 como representante de Kouro en la licitación de una carretera en el norte del país, y luego a nombre de Alvarga en un concurso de obra en el puerto de Altamira.


También tenían doble representación de Kouro y Alvarga los arquitectos Federico Zamorano Nube y Edgar Zuviri Reséndiz, así como Aracely Hernández Cruz.

El 32% de las ganancias facturadas por las tres empresas, –equivalente a 1,456 millones de pesos– fueron por contratos obtenidos por asignación directa o invitación.

Alvarga Construcciones SA de CV obtuvo contratos por 1,945 millones 333 mil 225 pesos para obras financiadas con recursos federales entre los años 2013 y 2015, hecho que representó que sus ingresos subieran en un 2,134% respecto al periodo 2010-2012.

En este último periodo, Alvarga había obtenido contratos por 87 millones de pesos.

Oferta caro y lo contratan

Dos de las constructoras vinculadas con la familia Murillo lograron obtener el contrato para la remodelación del malecón turístico de Manzanillo, con la propuesta más cara de los ocho concursantes.

El 18 de agosto de 2014, Alvarga y Kouro, en alianza con Constructora Manzanillo, propusieron cobrar 367 millones de pesos por las obras complementarias al proyecto de vialidades del puerto. Su propuesta era entre 10% y 61% más cara que la de los otros postores.

Por supuestos incumplimientos en las bases de licitación, la SCT descalificó a todos los concursantes, excepto a las empresas vinculadas a la familia Murillo. Ellos se quedaron con el contrato aun cuando tuvieron una diferencia de 139 millones de pesos frente a la propuesta más barata.

Además del malecón, Kouro y Alvarga ganaron en agosto de 2014 un contrato para hacer obras viales en Manzanillo. El monto superó los 367 millones de pesos y era el segundo mayor que hasta esa fecha habían recibido ambas constructoras de parte del Gobierno federal.


Para ejecutar la obra, invitaron a participar a Constructora Manzanillo -del empresario colimense Rubén Álamo Zuazo-, con quien dos meses antes Alvarga había establecido una relación de negocios para obtener el contrato de construcción de un rompe olas en Isla del Carmen, Campeche, por 411 millones.

Niega SCT favoritismo

Como se difundió en la primera parte de esta investigación, dos constructoras de hijos, sobrinos y parientes políticos de Jesús Murillo Karam, y una más estrechamente ligada a ellas, multiplicaron 714% sus contratos de obra justo en los tres años en que éste fue el titular de la PGR.

En ese periodo, las constructoras Kouro, Itrio y Alvarga obtuvieron obras por 4,625 millones de pesos (más de 300 millones de dólares).

La salida de Murillo del gabinete coincidió con el desplome de los contratos a las empresas de sus familiares.


El 61% de los contratos a Kouro, Itrio y Alvarga los otorgó la SCT, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza.

El hijo del Secretario, Gerardo Ruiz Dosal, fue secretario particular de Jesús Murillo Karam durante el periodo en que éste fue procurador General de la República (de diciembre de 2012 a febrero de 2015), aunque funcionarios de la SCT negaron que este vínculo influyera en el otorgamiento de los contratos.

“Estamos ante procesos competidos, vigilados, donde tenemos la herramienta de testigo social, del acompañamiento de función pública”, afirmó Raúl Murrieta Cummings, sub Secretario de Infraestructura de la SCT.

“Hemos firmado un convenio de transparencia con la Cámara de la Industria de la Construcción, que hace que ellos nos acompañen en los procesos (de asignación de obras)”.

Descartó conflicto de intereses en la asignación de obras a la constructora del hijo de Murillo Karam, cuando éste era integrante del gabinete presidencial (en la PGR y en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano).

“La ley es muy clara, conflicto de interés es que ciertas obras hubieran sido, en procesos constructivos, dentro de la oficina que dirigía su papá, dentro de la Procuraduría”.

El Subsecretario alegó que otra prueba de que no hubo favoritismo, es que Kouro y Alvarga participaron en 26 licitaciones en la SCT y obtuvieron contratos en sólo siete.


Sin embargo, en las bases de datos de Compranet y en expedientes obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, se identificó que la SCT otorgó 21 contratos por licitación a Alvarga y a Kouro, y otros tres a Itrio.

En seis licitaciones, las constructoras ligadas a la familia Murillo participaron por partida doble, lo que aumentó sus posibilidades de ganar, frente al resto de los competidores.

Rodolfo González, director de Comunicación de la SCT, negó que los contratos a Kouro se hayan otorgado porque los dueños son parientes del ex Procurador.

“La elección de esta constructora, por pertenecer a la familia de un integrante (del gabinete), seguramente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque son licitaciones”, aclaró.

“Cuando se presenta la licitación es por empresas, no por personas. Entonces registras a una empresa, no a la persona ni a los socios”.

Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador General de Puertos de la SCT, aseguró que todas las obras de su área fueron licitadas, por lo que también descartó favoritismo.


*INDAGA es la unidad de investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este trabajo fue realizado con la beca Mike O´Connor de Periodismo de Investigación de Centro Internacional de Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Plataforma CONNECTAS. También contó con la colaboración de Jesús García López de AM de León y de Cristina Muñoz.

https://readymag.com/558824



FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
AUTOR: VALERIA DURÁN, RAÚL OLMOS.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/contratan-a-los-murillo-pese-a-irregularidades/

Denuncian ante la PGR al secretario de Salud de Sonora por desvío de 250 mdp

HERMOSILLO, Son: El secretario de Salud de Sonora, Bernardo Campillo García, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de 250 millones de pesos, peculado, tráfico de influencias y asociación delictuosa.

Además se inició el proceso administrativo 614/10 ante la Contraloría General del Estado (CGE) por la supuesta contratación de 108 “aviadores” al servicio del Sindicato Federal Sección 43 que dirige Mario Villalobos García.

El cirujano Carlos González Méndez explicó que la denuncia 51/15 interpuesta ante la PGR se fundamentó en la retención de casi el 50% del salario de cuatro mil 800 trabajadores adscritos al sector salud sonorense.

Evidenció que el gobierno del estado incumplió de 2010 a la fecha con la homologación de salarios acordada con la federación, por lo que el personal de salud en la entidad sólo percibe la mitad del sueldo que por ley debe recibir.

“En este desvío de recursos y contratación de aviadores deben estar involucrados subsecretarios, directores y personal de recursos humanos porque el secretario Campillo no pudo haberlo hecho solo”, acusó Gonzáles Méndez.

En relación con la asignación de 108 plazas para comisionados sindicales con goce de sueldo, o “aviadores”, dijo que constituye un tráfico de influencias porque evidencia la relación entre el sindicato y la secretaría a fin de evadir investigaciones locales y federales.


“Con estas denuncias queremos que se les remunere lo que le corresponde a cada trabajador porque estas irregularidades les ha trastornado la vida y sobre todo que no haya impunidad”, concluyó.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Colima ‘exhala’ corrupción

La administración del gobernador Mario Anguiano es un volcán de irregularidades. Operaciones inmobiliarias turbias que significaron un desfalco al erario marcan el fin de su sexenio.

La corrupción, el favoritismo y el tráfico de influencias en la compra de terrenos por parte del gobierno de Colima marca el fin del sexenio del gobernador Mario Anguiano.

La administración estatal que encabeza Anguiano llevó a cabo operaciones inmobiliarias turbias que se convirtieron en un desfalco al erario de los colimenses.

Reporte Indigo documentó graves irregularidades en la compra de terrenos que realizó el Instituto de Vivienda de Colima –ahora llamado Insuvi- como parte de su estrategia para aumentar su reserva territorial para la construcción de casas.

Las anomalías detectadas incluyen la adquisición de predios sin escrituración, adquiridos a sobreprecios a priistas que pertenecen al grupo político del gobernador e incluso bajo sospecha de tener vínculos con el crimen organizado.

Hay terrenos que fueron comprados sin avalúos de por medio, a través de triangulaciones de recursos públicos entre los funcionarios allegados al mandatario colimense.

La mayoría de los predios resultaron inservibles para la construcción de vivienda porque están ubicados fuera de la mancha urbana y en zonas de alto riesgo.

Uno de los terrenos fue completamente devorado por el paso del huracán “Jova” en Colima hace cuatro años.

Estas operaciones truculentas se realizaron entre el 2011 y 2012, cuando el priista Jesús Orozco Alfaro se desempeñaba como secretario general de Gobierno y luego como titular de la secretaría de Finanzas del Gobierno de Mario Anguiano.

“Mario se rodeó de buitres que se convirtieron en vice-gobernadores en Colima y que hicieron todo lo que quisieron en el sexenio”, denuncia el diputado local del PRD, Francisco Javier Rodríguez.

Los terrenos ‘amañados’

En el segundo año de la administración del priista Mario Anguiano, en el 2011, el gobierno de Colima contrató un crédito por más de 100 millones de pesos para que el Instituto de Vivienda comprara terrenos como reserva territorial para la construcción de casas.

Ese año, el Gobierno de Colima -a través del entonces llamado Ivecol- presupuestó 72 millones de pesos para la adquisición de 9 predios particulares.

Uno de ellos, el más grande, de 98 hectáreas, se localizaba en el poblado conocido como La Loma, en la carretera Colima-Manzanillo, fuera de la mancha urbana de la ciudad capital.

El Gobierno de Colima adquirió este predio a Adriana Santoyo Durán, a quien el Estado la validó como propietaria de este terreno.

Santoyo Durán es viuda de Germán Torres Anguiano, quien fuera dueño del palenque del Municipio de Villa de Álvarez y que fue ejecutado en el 2006 en el centro comercial de Plaza del Sol, en la ciudad de Guadalajara.

En Colima algunos medios han referido que existe un vínculo familiar entre Torres Anguiano y el gobernador Mario Anguiano Moreno.

El Gobierno de Colima desestimó los antecedentes oscuros de esta propiedad y continuó con su plan de adquirirla para el Instituto de Vivienda.

Un avalúo que realizó el arquitecto Carlos Guillermo Mercado Schutle, que se adjuntó en el expediente de compra venta, determinó un valor de 59 millones de pesos para este predio de 98 hectáreas. Hoy se sabe que el Estado de Colima solo pagó 35 millones de pesos por este predio.

Una venta en 'fast track'

Este periódico tuvo acceso al expediente de la compra-venta del terreno de 98 hectáreas que realizó el Instituto de Vivienda de Colima.

Hay algo que resulta sospechoso en esta operación inmobiliaria: la urgencia con la que actuaron los funcionarios del gobierno de Colima.

Tan solo tres días le tomó al gobierno de Mario Anguiano avalar los documentos que presentó la dueña del terreno, autorizar los recursos y expedir un anticipo a la presunta dueña del terreno.

El 22 de marzo de 2011, Óscar Alejandro Torres Contreras, entonces director del Ivecol, le solicitó a través del oficio DG-521/2011, a José Alberto Peregrina Sánchez, director general de gobierno, que revisará la documentación que presentó Adriana Santoyo Durán para acreditar la posesión legal del predio denominado “Las Lomas”.

El expediente entregado al subalterno del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro, incluía escrituras públicas y el avalúo inmobiliario IVE-2011-02 de fecha de 22 de marzo elaborado por el M.V.B Carlos Mercado Schutle.

Un día después, el miércoles 23 de marzo el mismo director del Instituto de Vivienda solicitó al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Francisco Osorio Cruz, que liberara los recursos por 59 millones de pesos para la compra del predio.

En el oficio, del cual este periódico tiene copia, el director del Ivecol asegura que el equipo jurídico de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Orozco Flores, analizó la factibilidad de la compra de este terreno.

“Para dar trámite para la adquisición de dicho terreno, y una vez que sea autorizado por la H. Junta de Gobierno de este Instituto, solicitamos un anticipo de $35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N) con cargo al crédito solicitado al Banco Interacciones, S.A.”, señala el oficio DG/413/2011.

El jueves 24 de marzo –dos días después de que se supone inició el proceso de adquisición- el Instituto de Vivienda del Estado autorizó un cheque por 8 millones de pesos y otro por 2 millones más a Santoyo Durán por concepto de anticipo de su terreno rústico.

Días después, el Ivecol autorizó cinco cheques más -cada uno con valor de 5 millones de pesos- a favor de Adriana Santoyo Durán, que presentaron diferentes firmas de recibido.


El Gobierno de Colima concretó la compra de este terreno, sin embargo, el Instituto de Vivienda del Estado nunca tomó posesión de este predio.

Un año después, un supuesto juicio de amparo que presentó la familia de Rafael Ordorica Suárez, empresario de estaciones de radio en Colima, le dio la posesión legal del predio que el Ivecol había adquirido a la viuda de Germán Torres Anguiano en 35 millones de pesos.

De nada sirvió la supuesta revisión jurídica que llevó a cabo el área de Jesús Orozco Alfaro, entonces secretario general de Gobierno.

El terreno adquirido tenía otro dueño.

“Esto fue desfalco”, señala el diputado perredista Francisco Javier Rodríguez.

“Hasta el momento los colimenses no sabemos si los recursos realmente se pagaron a la primera dueña o fueron desviado por los funcionarios”.

Reporte Indigo tuvo acceso al expediente de la compra-venta del terreno de 98 hectáreas que realizó el Instituto de Vivienda de Colima.

Compran terreno… y se lo lleva huracán

La compra del predio de 98 hectáreas, por el cual el gobierno de Colima habría pagado 35 millones de pesos, pero que no se concretó porque se negoció con el propietario equivocado, no es la única operación bajo sospecha que realizó el Instituto de Vivienda del Estado de Colima, hoy llamado Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, Insuvi.

En el 2011, igual con los recursos conseguidos a través de un endeudamiento, el Ivecol adquirió un terreno de 6.43 hectáreas en Manzanillo por 10.5 millones de pesos.

El predio era propiedad de la empresa Constructora y Urbanizadora El Volantín, S.A. de C.V, que pertenece a Alejandro Meillón Galindo, excandidato del PRI a la Alcaldía de Manzanillo y quien se desempeñaba entonces como titular del Fideicomiso 322 Manzanillo-Las Garza (Fimaga)

El posible conflicto de interés y favoritismo no es la única irregularidad detectada en esta operación inmobiliaria.

No hubo avalúo en la transacción y los 10.5 millones de pesos que pagó el Gobierno de Colima por este predio representan casi lo doble del valor de los terrenos en esa zona.

Hay otra anomalía más en esta compra-venta: el predio comprado se supone para la construcción de vivienda fue completamente destruido por el paso del huracán “Jova” en el 2011.

“El terreno quedó inservible para el Instituto de Vivienda”, dice el legislador perredista.

“Compraron un predio sin avalúo, a sobreprecio y en una zona de riesgo”.

En el Ivecol existen constancias de que la empresa de Alejandro Meillón Galindo reintegró únicamente 9 de los 10.5 millones de pesos que el Instituto le pagó por su propiedad.

Pero el diputado del PRD, Francisco Javier Rodríguez, tiene dudas sobre la procedencia del dinero que regresó Meillón Galindo al Instituto de Vivienda.

En ese momento se desempeñaba como tesorero del Estado de Colima, Jesús Orozco Alfaro, allegado de Meillón Galindo y del mandatario de Colima.

Una deuda como herencia

El gobernador de Colima, Mario Anguiano, no solo herederá un estado de Colima endeudado –creció en su sexenio un 237 por ciento la deuda pública a largo plazo- sino dejará también la sospecha firme entre los colimenses del enriquecimiento ilícito del gobernador y de su grupo político.

En la primera mitad de su sexenio Anguiano se hizo de un rancho en el poblado de Suchitlán, en el municipio de Comala, que según su declaración patrimonial del año 2012 –el resto están reservadas- tiene un valor de 3 millones y medio de pesos.

La propiedad está ubicada frente al rancho de uno de sus más allegados funcionarios: Rafael Gutiérrez, secretario de Fomento Económico de Colima.

“El tema en Colima es la deuda, la inseguridad y el enriquecimiento inexplicable de los funcionarios de Colima”, señala el diputado local del PAN, Donaldo Zúñiga

“No tengo duda de que el peor gobernador que ha tenido Colima en su historia ha sido Mario Anguiano”.

No tengo duda de que el peor gobernador que ha tenido Colima en su historia ha sido Mario Anguiano”.

Jesús Orozco Alfaro: ‘El rey Midas’ de Colima

En Colima hay un gobernador, Mario Anguiano, pero el estado ha tenido varios vicegobernadores: políticos que utilizaron el poder para su beneficio.

Uno de ellos es Jesús Orozco Alfaro, un priista quien hoy está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y señalado por corrupción en la administración estatal.

Orozco Alfaro inició en el PRI. Fue alcalde de Colima, diputado federal, senador, pero en el año 2002 dejó este partido político por el PRD.

Fue candidato a la gubernatura de Colima por el Sol Azteca, apoyado por Andrés Manuel López Obrador, pero perdió en la contienda.

En el 2009 regresó al PRI para apoyar la candidatura de Mario Anguiano, quien una vez que se proclamó como gobernador lo designó, primero, como secretario general de gobierno y después como tesorero del Estado.

Fue la mano derecha de Anguiano en la primera mitad del sexenio.

Como tesorero de Colima, Orozco Alfaro fue responsable del incremento de la deuda que casi se ha triplicado durante el actual sexenio.

“Jesús Orozco Alfaro dejó prácticamente temblando las finanzas estatales cuando estuvo como tesorero del Estado”, dice el legislador panista Donaldo Zúñiga.

“Hoy se le pueden ver en diferentes lugares propiedades, negocios, De la noche a la mañana el señor goza de una fortuna en el estado. Esto genera sospechas de un enriquecimiento ilícito por el saqueo de las arcas estatales”.

A través de su hijo, Jesús Orozco Fuentes, el político colimense maneja la empresa Operadora de Restaurantes de Colima, S.A. de C.V., que tiene a su cargo sucursales de las cadenas Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken.

“Jesús Orozco es el rey midas de aquí de Colima”, comenta Francisco Javier Rodríguez.


“Lo que toca lo hace oro. Es un político venido a empresario”.

Orozco Alfaro estuvo en el gabinete de Mario Anguiano hasta julio del 2013.

Meses después en octubre de ese año fue designado como director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo.

Pero no duró el cargo.  En abril del 2014 fue destituido por la Secretaría de la Marina, quien desde entonces se ha hecho cargo del Puerto de Manzanillo, estratégico para el tráfico de anfetaminas y de hierro mineral.

Los diputados locales del PAN, PRD y PT en el Congreso de Colima exigieron a la PGR una investigación por el cese de Orozco Alfaro, sin embargo las autoridades federales nunca iniciaron ninguna averiguación.

En su lugar fue nombrado el 4 de abril del año pasado el Vicealmirante Jorge Bustos Espino como director general de la API Manzanillo.


Mario Anguiano tuvo que reconocer que los decomisos de droga en el Puerto de Manzanillo habían bajado durante la gestión de Orozco. Un día antes de que fuera destituido de la API de Manzanillo, Orozco Alfaro hizo de las suyas: otorgó un contrato a la empresa Transmacol, S.A. de C.V., para realizar operaciones de contenedores en el interior del puerto.

FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.

En el peñismo, la multiplicación de las casas

MÉXICO, D.F: Las mansiones construidas y financiadas por el empresario Juan Armando Hinojosa Cantú para beneficiar al círculo íntimo del presidente Enrique Peña Nieto siguen apareciendo aquí y allá, pero hasta el momento ninguna de las instancias de auditoría gubernamental se ha molestado en iniciar procedimientos para determinar la posible comisión de actos ilegales, o inclusive penales, en las diferentes operaciones de renta y compra-venta.

El episodio más reciente implica al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien se sirvió de un esquema similar al de Angélica Rivera, la esposa de Peña Nieto, para adquirir una residencia multimillonaria. Esto es, comprarle una casa a Hinojosa Cantú y aceptar su millonario financiamiento sin institución bancaria ni entidad crediticia autorizada de por medio.

El jueves 11, el diario estadunidense The Wall Street Journal informó que gracias al empresario, Videgaray adquirió también una residencia en un exclusivo fraccionamiento-club de golf de Malinal­co, Estado de México.

Según la información que proporcionó el secretario de Hacienda, aunque H&G Bienes Raíces, una razón social de Hinojosa Cantú, le otorgó un financiamiento a 18 años por la propiedad –valuada en 7 millones de pesos–, él liquidó su deuda el pasado 31 de enero.

La compra se concretó en octubre de 2012, cuando Videgaray era coordinador general del equipo de transición y Peña Nieto era presidente electo. Con este argumento, el funcionario rechazó que haya habido conflicto de interés en dicha transacción, pues, dijo, al hacerla no se desempeñaba en el servicio público.

De acuerdo con el artículo 108 constitucional, para efectos de responsabilidades administrativas se considera a quienes fueron sujetos de elección popular y “a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza”.

A su vez, la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, que reglamenta al mencionado artículo constitucional, establece que además de las personas referidas están sujetas a la ley “todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales”.

Desde septiembre de 2012, el equipo de transición que coordinaba Videgaray tenía asignado un presupuesto de 150 millones de pesos que se ejecutaron a través de Banjercito.

En noviembre último, una investigación periodística realizada por el equipo de Aristegui Noticias y publicada de manera simultánea en la edición 1984 de Proceso reveló que la residencia ubicada en Sierra Gorda 150, colonia Lomas de Chapultepec, estaba a nombre de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, una razón social de Juan Armando Hinojosa Cantú.

La tarde del jueves 11, horas después de la publicación de The Wall Street Journal, el reportero Rafael Cabrera, coautor de la investigación sobre la Casa Blanca –que resultó ser de Angélica Rivera–, hizo notar la coincidencia en tiempos de transición presidencial, pues la residencia de Rivera fue entregada en septiembre de 2012 y la de Videgaray al mes siguiente.

No es la única. El 24 de noviembre pasado Aristegui consiguió testimonios de vecinos de Lomas de Chapultepec, quienes incluso le entregaron documentos para demostrar que desde 2012 se inconformaron por la presencia de dispositivos de seguridad en una residencia habilitada para oficinas que no contaba con el correspondiente uso de suelo.

La consulta registral efectuada por los vecinos reveló que la propiedad estaba escriturada a nombre de Inmobiliaria Bicentenario, que resultó ser otra razón social de Hinojosa Cantú.

La Presidencia de la República fijó su posición ante el trabajo del equipo de Aristegui: afirmó que la propiedad era rentada desde 2011 por Humberto Castillejos Cervantes, el actual consejero jurídico de la Presidencia, y que fue utilizada durante la precampaña, la campaña y el periodo de transición por Peña Nieto.

Durante los meses que siguieron a la elección, Castillejos Cervantes era uno de los colaboradores de Luis Videgaray en el equipo de transición gubernamental.

Aun cuando Los Pinos admitió que se utilizó como oficina y que Peña Nieto usufructuó la residencia rentada por Castillejos, la operación no se registró como gasto de campaña ni del equipo de transición gubernamental.

Las razones de Hinojosa

Las residencias compradas respectivamente por Angélica Rivera y Luis Videgaray, así como la rentada por el consejero jurídico, Humberto Castillejos Cervantes, revelaron la constitución de tres razones sociales cuyo accionista mayoritario es Juan Armando Hinojosa Cantú.

Se trata de Ingeniería Inmobiliaria del Centro, con la que se realizó la operación de la llamada Casa Blanca; Bienes Raíces G&H, con la que se levantó y financió la casa de Videgaray en Malinalco, e Inmobiliaria Bicentenario, propietaria de la residencia que renta el consejero jurídico.

Todavía más: Estas razones sociales no se mencionan en la información corporativa de Grupo Higa, que en su página en internet sólo incluye a sus subsidiarias Constructora Teya; Mezcla Asfáltica de Alta Calidad; Publicidad y Artículos Creativos, así como Señales y Mantenimiento.

Lo mismo ocurre con otras razones sociales: Eolo Plus (taxis aéreos); Controladora de Operaciones de Infraestructura; Consorcio Integrador del Ramo de la Construcción; Autopistas de Vanguardia, así como Concretos y Obra Civil del Pacífico.

Grupo Higa y esas razones sociales en las que Hinojosa Cantú es accionista mayoritario se han visto favorecidas en lo que va de la presente administración federal con contratos de proveeduría que superan los 24 mil millones de pesos y que se suman a los 35 mil millones obtenidos durante la gestión de Peña Nieto como gobernador del Estado de México (Proceso 1985).

El escándalo se internacionalizó no sólo con la publicación en The Wall Street Journal. Personajes con presencia global como el expresidente de Estados Unidos William Clinton le recomiendan a Peña Nieto ser transparente y resolver las dudas sobre la relación con Grupo Higa.

La misma visión fue apuntalada por The Economist. En un artículo publicado el viernes 12, el semanario británico subrayó que se había fortalecido la configuración de un posible conflicto de intereses en el caso Hinojosa Cantú-Los Pinos.

Tanto The Economist como The Wall Street Journal fueron en su momento entusiastas difusores del periodo de reformas que dieron en llamar el “Mexican Moment”.

Lo que para infinidad de analistas y actores políticos –nacionales e internacionales– es un claro conflicto de intereses fue expuesto por Proceso en su edición 1986, luego de consultar a diferentes especialistas en combate a la corrupción, quienes coincidieron en que en el caso hay elementos suficientes para la configuración de ese ilícito, así como de otros que pudieran ser de índole penal.


No obstante, el jueves 11 la Auditoría Superior de la Federación anticipó en voz de su titular, Juan Manuel Portal, que no se investigará la Casa Blanca ni a las empresas de Hinojosa Cantú, pues como Angélica Rivera no es servidora pública, se trata de un asunto “entre particulares”.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA (REPORTAJE ESPECIAL).

Para el empresario favorito de Peña, una tajada del acueducto Monterrey VI

Legisladores del PAN, así como activistas nuevoleoneses y medios locales, exigen al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz cancelar el proyecto Acueducto VI por considerarlo innecesario y ostentoso. Llevan meses quejándose porque esa obra que, según los datos recabados, podría costar 57 mil millones de pesos, sólo beneficiará a empresarios de la construcción, sobre todo a Juan Armando Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, el favorito del presidente Enrique Peña Nieto y ahora protegido de Medina de la Cruz.

MONTERREY, NL: El gobierno del priista Rodrigo Medina de la Cruz brinda protección al empresario Juan Armando Hinojosa Cantú, quien participará como inversionista en la construcción del acueducto Monterrey VI, un megaproyecto anunciado en 2012 y que en la entidad es considerado “el robo del siglo”.

Hinojosa Cantú, cabeza del Grupo Higa, es propietario de la cuestionada Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México, que supuestamente adquirió la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, y está pagando “a plazos”.

En este nuevo proyecto que traerá agua del río Pánuco, en San Luis Potosí, a Nuevo León –pasando por Veracruz y Tamaulipas–, el constructor también recibe protección desde Los Pinos.

Y aun cuando hace dos años se anunció que la obra costaría 14 mil millones de pesos –ahora se habla de 57 mil millones–, la administración de Medina ha ocultado los detalles sobre su financiamiento, pese a la insistencia de organismos civiles y diputados de oposición de que el proyecto se transparente.

Hasta ahora se desconoce de dónde saldrá el dinero para pagar a los constructores del proyecto que, según se anunció, arrancaría a finales de este año y concluiría en 2017.

El diputado local Juan Carlos Ruiz García, del PAN, considera sospechoso que después de la cancelación del proyecto del tren México-Querétaro la administración nuevoleonesa haya anunciado un incremento desproporcionado en la inversión para Monterrey VI.

Según el legislador, pareciera que Peña Nieto quiere compensar a los hermanos Hinojosa por la suspensión del millonario plan ferroviario, dándoles una mayor participación con el acueducto que, a decir de las autoridades, será el mayor de su tipo en América Latina.

A su vez, activistas locales impugnan el proyecto porque, afirman, carece de sustentabilidad y es innecesario. Sostienen que en Nuevo León hay suficiente agua para atender las necesidades de la población, por lo que resultará un dispendio traerla de tan lejos.

El proyecto Monterrey VI data del sexenio de Felipe Calderón. Sin embargo, fue Peña Nieto quien, durante su campaña de 2012, ofreció a Nuevo León que el gobierno federal aportaría los 14 mil millones de pesos en que estaba valuada la obra.

Ya como presidente electo, el mexiquense se hizo el desentendido y en visitas a la entidad se refirió al gran proyecto, pero no habló del financiamiento.

Por su parte, Medina y sus colaboradores, incluido Emilio Rangel Woodyard, director del organismo Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) –empresa estatal que regula el suministro del recurso en todo Nuevo León–, escamotean la información clave del proyecto que incluye el tendido de 380 kilómetros de tubería del río Pánuco a la presa Cerro Prieto, en Linares, Nuevo León.

Y cuando los reporteros le preguntan sobre el tema, el mandatario suele responderles: “No hay que confundirnos…”

Apenas el 1 de septiembre, una semana antes de la licitación, Medina dijo que el proyecto no costaría 14 mil millones de pesos, como se dijo al principio, sino 40 mil millones. Pero se quedó corto, porque ahora se sabe que se requieren 47 mil millones, con posibilidades de subir a 57 mil millones.

Ante la presión de los medios de comunicación y de activistas, quienes preguntan sobre la participación en la obra de las constructoras, el consorcio ganador –integrado por Concretos y Obra Civil del Pacífico, Controladora de Operaciones de Infraestructura, Desarrollos Rogar y Productos y Estructuras de Concreto (Pyecsa), todas representadas legalmente por Sergio Armando Ruelas Moncayo–, el SADM tuvo que “transparentar” la información sobre la obra en su sitio web, aunque no aportó ningún dato nuevo.

No se dan detalles, por ejemplo, de las actas constitutivas de cada empresa. Sólo se sabe que Concretos y Obra Civil del Pacífico es parte del Grupo Higa, de la familia Hinojosa, pero no hay documento que diga quién la integra.

La asociación pública-privada (APP), encaminada a aplicar el financiamiento conjunto entre el estado y los empresarios, quedó establecida el 8 de septiembre último. La sociedad ganadora superó a 28 competidores.

Cuestionado sobre la falta de datos, Rangel dijo que no podía publicar toda la información debido a que el proceso jurídico de la licitación no ha concluido, por lo que será hasta 2015 cuando se abra el expediente. Revelar información, comentó, afectaría “severamente el interés público”.

El robo del siglo

En el Senado de la República, los panistas promovieron una propuesta para demandarle a la administración nuevoleonesa el expediente completo y detallado sobre esta megaobra hidráulica, la más costosa en la historia de la entidad.

Uno de ellos, Raúl Gracia Guzmán, denunció que en marzo su fracción propuso solicitar a Rodrigo Medina y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) un reporte de los costos y los puntos sobresalientes del proyecto. Finalmente, el 27 de noviembre, a instancias de Gracia, el Senado hizo la petición formal a Medina y al director de la Conagua, David Korenfeld.

El diputado Ruiz García considera un sinsentido que el gobierno de Nuevo León insista en ocultar información en torno al Monterrey VI cuando de manera reiterada Medina asegura que la información relacionada con la obra está disponible al público.

Tampoco hay razón, comenta, para que el SADM oculte que el techo financiero de la obra es de casi 57 mil millones de pesos, que estarían disponibles mediante la APP creada para el financiamiento o mediante una asignación.

Ruiz García cuestiona el hecho de que, después de que la familia Hinojosa se perdiera el gran negocio del tren en el centro del país, en Nuevo León se conociera que había un incremento en el presupuesto para al plan del acueducto, en el que también participará el mismo clan.

“Vemos la cancelación del proyecto de 51 mil millones del tren ligero, y también vemos que Monterrey VI es de casi 57 mil. Nos viene una serie de ideas sobre este proyecto. Parece que con la necedad de mantener el acueducto quieren pagarle el favor que le hicieron a la pareja presidencial con la Casa Blanca, a través del empresario Hinojosa”, acusa.

Recuerda que el presidente Felipe Calderón propuso la aportación federal de 7 mil millones de pesos para infraestructura de la obra hidráulica. Pero cuando Peña Nieto anunció que en su sexenio serán ejecutados los trabajos, se comprometió únicamente con 3 mil millones.

Cuando el Senado decidió presionar al gobierno Medina para que se abriera la información del entubado de las aguas del Pánuco, el SADM simuló que transparentaba el proceso de licitación y sus características, denuncia el diputado panista.

Que se cancele la obra

Pese a la información sesgada, ahora se sabe que se invertirán 38 mil millones de pesos sólo para el mantenimiento del proyecto. Gracias a esa información, sostiene Ruiz García, “sabemos que el proyecto no costará 14 mil ni 17 mil millones, sino 57 mil millones”.

Plantea que, así como el presidente Peña Nieto decidió cancelar el proyecto del tren que uniría a la Ciudad de México con Querétaro a raíz del escándalo de la Casa Blanca de Lomas de Chapultepec, en el que está implicado Hinojosa Cantú, por qué no hace lo mismo el gobernador Medina con Monterrey VI.

Además, afirma Ruiz García, las arcas estatales no soportarán una carga financiera de las dimensiones de una obra mayúscula, cuando está comprobado en números que la deuda estatal alcanzó niveles insoportables con Medina.

Dice también que existe el temor de que el agua que transporten los ductos del proyecto Monterrey VI no sea para el consumo humano, sino para la explotación del gas shale, un proceso que, se sabe, requiere de la inyección a presión de grandes cantidades de líquido para extraer el combustible del interior de rocas denominadas lutitas.

El método de explotación conocido como fracking ha sido cuestionado por académicos a nivel mundial, pues causa daños severos al entorno ambiental. El empleo de esta técnica en municipios como Los Ramones, dice, ha provocado movimientos sísmicos sin precedentes en la zona metropolitana de la entidad, ubicada a unos 70 kilómetros de distancia del punto de perforación.

A los cuestionamientos por la opacidad se suman los de la carencia de sustentabilidad del proyecto.

El jueves 4, en conferencia de prensa, organismos civiles nuevoleoneses demandaron al gobernador Medina suspender el proyecto y despedir el director del SADM, Emilio Rangel Woodyard, por traicionar la confianza ciudadana y escamotear información.

Descalificaron los estudios técnicos presentados para el proyecto, pues, dijeron, fueron utilizados los que se hicieron en el proyecto inicial, que buscaba extraer agua de la bocatoma del río Tampaón, 12 kilómetros abajo del tramo del Pánuco, donde ahora, en una reconfiguración de los planos, se proyecta el punto de succión.

Sandra Molinard, directora del Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León (CCINLAC), recordó que en el cabildeo inicial para posicionar el proyecto entre la población, Rangel Woodyard descalificó las voces disonantes, acusándolas de abanderar causas políticas, y propuso, para enfrentarlas, la creación de una comisión de transparencia y seguimiento.

Sin embargo, según la activista, nunca fueron revelados detalles de ese grupo de trabajo. No se conoce a sus integrantes, ni cuándo sesionan ni las minutas de sus reuniones.

Y aunque el director del SADM sostiene que el ciudadano no pagará la obra con un incremento indexado al recibo de consumo de agua, Malaquías Aguirre, integrante de Vertebra, lo contradijo. Le comentó que la APP es una figura creada para financiar proyectos de infraestructura rentables, no sociales, como es el caso del proyecto Monterrey VI.

Cosijoopii Montero, de Reforestación Extrema, demandó que la obra sea suspendida y se abra un proceso de discusión pública. Dijo que la ciudadanía debe conocer los detalles del proyecto, que prácticamente nadie conoce, e insistió en que Rangel Woodyard debe dejar su puesto por mentir al pueblo de Nuevo León.

El pasado 15 de septiembre, organismos civiles de la entidad presentaron en la Procuraduría General de la República una denuncia contra el SAMD y la Conagua por el desastre ecológico que generará el hidroproyecto.

Denunciaron que no ha sido revelada la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni la certeza de que el proyecto fuera licitado legalmente. Además, en todos los informes se ha omitido mencionar el costo de los 80 kilómetros extras de tubería necesarios para canalizar el líquido desde Cerro Prieto hasta la metrópoli nuevoleonesa.

En la presentación del estudio del doctor Jaime Leal Díaz Confuso Proyecto Monterrey VI, fechado el 15 de octubre de 2012, los demandantes expusieron que, de acuerdo con el especialista, no hay agua suficiente para bombear desde el Pánuco hasta Monterrey.


Además, subraya el análisis, se desconoce de dónde saldrá el dinero para la inversión, por lo que asume que el crédito terminarán pagándolo los usuarios.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.