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Renuncia secretario de Gobierno de Oaxaca; su familia usó helicóptero oficial para vacacionar

By: Unknown on 12:54:00 / comment : 0 , , , , , , , ,

El secretario General de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, renunció a su cargo tras reconocer el uso de un helicóptero oficial para fines personales.

Y es que el jueves pasado se dio a conocer que la familia del exfuncionario utilizó la aeronave oficial para ir de vacaciones a la playa de Puerto Escondido.

Papá, con contratistas; la joven Ruiz de Teresa en Sedesol y otro en SFP, la oficina anticorrupción

By: Unknown on 18:27:00 / comment : 0 , , , , , , , , ,

Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal, hijo del funcionario captado en un helicóptero, apenas fue promovido. Gozará de un sueldo mensual de 111 mil 154 pesos, como nuevo titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP). El salario le incluye además un seguro institucional, de retiro, de gastos médicos y de separación del cargo; una asignación de vehículo por hasta 7 mil 500 pesos mensuales y equipo de telefonía celular por mil 300 pesos, también por mes. Ruiz de Teresa es arquitecto por la Universidad Iberoamericana, y llegó a ese cargo con su declaración patrimonial a medias: no aclara cuál es su fortuna ni sus posibles conflictos de interés.

Ciudad de México, 13 de octubre (SinEmbargo).- Cuarenta y ocho horas después de que Guillermo Ruiz de Teresa, actual Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), aterrizara en un Área Natural Protegida de Yucatán, junto con el Senador priista Emilio Gamboa Patrón y el empresario Emilio Díaz Castellanos, Guillermo Ruiz de Teresa Mariscal, hijo del funcionario federal, fue designado como nuevo titular de la Unidad de Políticas de Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Con una licenciatura en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana y una declaración patrimonial en la que no aclara cuál es su fortuna ni sus posibles conflictos de interés, Guillermo Ruiz de Teresa llegó a ocupar la titularidad de esa Unidad de la SFP.

El cargo es esencial en el Sistema Nacional Anticorrupción, promulgado por el Presidente Enrique Peña Nieto en mayo pasado y por cuya instalación pugnan las organizaciones civiles en el Congreso de la Unión.

En ese puesto, De Teresa Mariscal no tiene ningún mando superior a quién reportar sus actividades, ya que a la fecha Presidencia aún no designa a un nuevo titular, luego de la renuncia de Virgilio Andrade, el pasado 18 de julio. Hasta entonces, esa Unidad de Políticas de Transparencia era ocupada por Teresa Gómez del Campo, hermana de Mariana Gómez del Campo, Senadora panista.

Esta designación llega en un momento clave en la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción, ya que en él, la SFP sería el órgano que tomaría el control interno de la administración pública federal para prevenir, identificar y sancionar actos de corrupción dentro del Gobierno.

De acuerdo con la SFP, Ruiz de Teresa Mariscal fue designado el 5 de octubre por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas y Encargado del Despacho, Javier Vargas Zempoaltecatl.
En su nuevo puesto, Ruiz de Teresa Mariscal gozará de un salario mensual de 111 mil 154 pesos, que le incluye seguro institucional, de retiro, de gastos médicos y de separación del cargo. El cargo contempla una asignación de vehículo por hasta 7 mil 500 pesos mensuales y equipo de telefonía celular por mil 300 pesos, también por mes.

Aunado a eso, están las prestaciones de Ley: prima vacacional, de antigüedad, gratificación de fin de año, de defunción, ayuda para despensa y vacaciones.
En julio de 2013 Guillermo Ruiz de Teresa fue nombrado Director General de Innovación y Participación Ciudadana en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la República. Permaneció en esa posición 38 meses durante los cuales percibió 263 mil 788 pesos con 96 centavos en salario bruto.

La cifra anterior fue obtenida de acuerdo con la clave presupuestal que el funcionario especifica en su declaración patrimonial pues el cargo de Director General de Innovación y Participación Ciudadana en la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la Presidencia de la República no se encuentra en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), el portal que muestra en datos abiertos la estructura orgánica de la Administración Pública.

Según el perfil de puesto descrito por la SFP, el titular de la Unidad tiene como encomienda “involucrar a las audiencias clave en la construcción de una cultura de integridad, transparencia y combate a la corrupción mediante la sensibilización sobre los costos de la corrupción y el papel ciudadano en su control”.

Ruiz de Teresa, nuevo encargado de la Transparencia mexicana, no declara bienes inmuebles ni inversiones y suscribe que no está de acuerdo en hacer públicos sus posibles conflictos de interés. Presentada en cuatro ocasiones, su declaración patrimonial se resume a la publicación de su currícula académica y laboral.

En el Gobierno federal de Enrique Peña Nieto el apellido Ruiz de Teresa se repite con otro cargo. Sofía Ruiz de Teresa quien este año egresó de la Licenciatura de Relaciones Internacionales, del Instituto Tecnológico Autónomo de México, está contratada por honorarios para asesorar al jefe de la oficina del Secretario de Desarrollo Social, un cargo que no está inscrito en el POT.

Según su declaración patrimonial, presentada en febrero de 2016, su cargo no cuenta con una clave presupuestal pues está contratada por honorarios, lo que impide conocer cuánto percibe.

Según su propia declaración, fue nombrada en abril de 2016, cinco meses antes de que Luis Enrique Miranda Nava, identificado como operador político del Gobierno de Enrique Peña Nieto, se convirtiera en el tercer titular de la dependencia encargada de reducir la pobreza en México.


EL AFFAIRE HELICÓPTERO

En la filmación difundida el pasado 2 de octubre, luego del aterrizaje de los tres amigos, como ellos mismos se definieron, en la Isla de Alacranes en Yucatán, puede verse como además, el funcionario de la SCT aborda un yate. La misma institución federal defendió la presencia Ruiz de Teresa en el acto. Explicó que el funcionario asistió a la reunión a título personal porque Emilio Díaz Castellanos y él son amigos desde hace varios años.

El funcionario encargado de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante tiene la obligación de presentar su declaración patrimonial ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde 2013, cuando era Director General de Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

Durante tres años, en los dos cargos públicos que ha ostentado, presentó este documento en seis ocasiones. En ninguna de ellas estuvo de acuerdo con hacer pública su declaración de posible conflicto de interés. Lo único que ha divulgado es su trayectoria académica y experiencia profesional.

Ruiz de Teresa tampoco hace públicos sus bienes patrimoniales, lo que significa que no es posible saber si las condiciones en que vive corresponden a su salario actual: 175 mil 828 pesos mensuales. Además, el funcionario no aclara si esa es su única percepción o tiene, además, ingresos por actividades industriales, comerciales, financieras u otras.

En su puesto actual como funcionario de la SCT, de los 12 proyectos que se han realizado en su área, con motivo del Plan Nacional de Infraestructura, 11 se han llevado a cabo en el sureste mexicano; el otro se operó en Tamaulipas. Estos proyectos forman parte de la estrategia de la SCT para dotar de infraestructura a los puertos y facilitar la puesta en marcha de los proyectos de la Reforma Energética.





Fuente: Sin Embargo
Autores: Linaloe R. Flores, Daniela Barragán y Alejandra Padilla
http://www.sinembargo.mx/13-10-2016/3103625

Diputada del PES agrede a vecinos en Iztapalapa. Uno de los afectados es detenido de forma arbitraria

By: Unknown on 18:54:00 / comment : 0 , , , , , , , , , ,


Ciudad de México.- La diputada Abril Trujillo de la ALDF por el partido político Encuentro Social agrede a vecinos en la delegación Iztapalapa, voltea la combi de uno de los afectados, los manda detener y además amenazó al medio libre El Pueblo, Medio Independiente que coordina Carlos Esteban Jiménez.

A través del medio, repudian esta amenaza de detener de forma arbitraria en una agencia de Cabeza de Juárez en la misma demarcación.

El vecino que utiliza la combi para trabajar, es amenazado, y permanece detenido por orden de la diputada Abril Trujillo.

Todavía los policías de la SSP de #Mancera amenazan al vecino con llevarse su camioneta al corralon que es su fuente de trabajo, agregando las amenazas contra el periodista de El Pueblo.


En las imágenes que comparten a través del medio independiente, muestran el transporte volteado, una de las personas lesionadas y camioneta de la diputada. Al igual los policías de la SSP amenazando.



Con información de El Pueblo, Medio Independiente

Contratan a los Murillo pese a irregularidades

By: Draco Dracul on 14:17:00 / comment : 0 , , ,

Al súbito crecimiento que tuvieron tres empresas ligadas a la familia de Jesús Murillo Karam cuando éste era titular de la PGR, se suma el trato privilegiado que recibieron del Gobierno Federal, revela la revisión a 43 contratos obtenidos por Mexicanos contra la Corrupción.
Alvarga Construcciones, que está asociada a una empresa de los hijos del ex Procurador Jesús Murillo Karam, usó productos “piratas” en la colocación de un rompe olas en Isla de Carmen, Campeche, sin ser sancionadas, aun cuando el gobierno fue notificado de la irregularidad.

 La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) otorgó ese contrato por adjudicación directa por 411 millones de pesos (alrededor de 25 millones de dólares) tras haber declarado desierta la licitación previa.

 La compañía relacionada con la familia Murillo, paradójicamente, participó en ese concurso, pero su oferta fue rechazada al obtener una calificación reprobatoria.
La historia comenzó el 20 de mayo del 2014, cuando la SCT informó que no hubo una oferta que se ajustara al presupuesto y a las necesidades de un rompe olas para Campeche, obra que se propuso en previsión de una emergencia provocada por fenómenos meteorológicos, según consta en un dictamen del caso, el cual forma parte del archivo conformado para esta investigación.

 La calificación reprobatoria de Alvarga
De hecho, otras cinco de las compañías no llegaron a la calificación mínima de 37.5 puntos y el resto –otras siete- rebasaron en su oferta el presupuesto disponible.

 Un mes después, la misma SCT asignó la obra directamente -es decir sin concurso de por medio– a Constructora Manzanillo SA de CV (COMSA), la cual no participó en la licitación declarada como “desierta”.

 En una nota informativa preparada por la SCT a petición de los reporteros, la dependencia argumentó que se trataba de la compañía “con mayor experiencia y especialización en obras marítimas y portuarias”.

 En su proyecto, COMSA inscribió a Alvarga como su socia, a pesar de que en la licitación declarada “desierta”, la firma vinculada a la familia del ex procurador Murillo obtuvo cero puntos en los rubros de experiencia y especialidad, así como en cumplimiento de contratos.

 En los documentos oficiales no existe una explicación sobre por qué Constructora Manzanillo eligió a Alvarga.

 En la nota informativa para este reportaje, la SCT dijo que “probablemente se realizó con la finalidad de fortalecer la propuesta económica, no obstante que Alvarga fue descalificada técnicamente”.

 Y se deslindó: “Cabe destacar que dicho acuerdo de participación conjunta es ajeno a la voluntad de la SCT pues se trata de un tema entre particulares que no afecta los términos y condiciones de la convocatoria”.

 Guillermo Ruiz de Teresa, Coordinador General de Puertos y Marina Mercante de esa dependencia, aseguró que el contrato se hizo por “invitación a cuando menos tres personas” (compañías) y nunca por asignación directa.

 Pero el expediente de la obra refuta su versión. De hecho, el acta del fallo por adjudicación directa fue colocado en Compranet por la propia SCT.

 Ante esta prueba, el funcionario dijo que quizá estamos ante una equivocación: “A lo mejor hay un error ahí porque tengo claridad que no es una adjudicación, a lo mejor es un problema en la redacción”.

 El mismo funcionario cayó en otra contradicción. En la misma entrevista, sostuvo que “todos estaban por arriba del precio que teníamos como base y se declaró desierta y de ahí se escogió a Alvarga que fue la que ganó”.

 Ruiz de Teresa se equivocó. La SCT dio el fallo a favor de Constructora Manzanillo, no de Alvarga. La firma vinculada a la familia Murillo se sumó después como un socio.

 No obstante, él mismo corrigió momentos después: “Perdón, finalmente el contrato lo obtuvo Constructora Manzanillo”.

 El rompe olas –de acuerdo con el contrato- debió concluirse el 13 de septiembre de 2015, pero el plazo no se cumplió. En octubre de ese mismo año, las constructoras llevaban un avance del 44%.

 La SCT aplazó la entrega hasta diciembre del 2015, tres meses más de gracia para las empresas, pero tampoco cumplieron.

 El 27 de enero de 2016, extendieron de nuevo el contrato para el 30 de marzo siguiente. No obstante, Alvarga y Constructora Manzanillo no terminaron. La muralla contra olas, hoy en día, sigue en construcción.

 Ruiz de Teresa aseguró que los retrasos han obedecido a problemas meteorológicos como inundaciones ocasionadas por huracanes y ciclones. El funcionario se comprometió a enviar a los reporteros un reporte de las malas condiciones climatológicas que afectaron, directamente, a la obra. Hasta el momento de publicar este reportaje, no llegó esa información.

 Desde la convocatoria, la SCT puso como uno de sus requisitos que las empresas utilizaran una estructura especial llamada geomembrana GT1400, que está patentada por la trasnacional holandesa TenCate bajo el nombre Geotube. Se trata de una malla de alta resistencia que se rellena con arena de mar. La empresa ganadora debería colocarla a lo largo de 1 kilómetro y 160 metros en Isla del Carmen.

 En las juntas de aclaraciones con las empresas interesadas en obtener el contrato, la SCT modificó las características del geotubo: en vez del modelo GT1400 pidió utilizar el GT1000M y el GT500, ambos patentados por la marca TenCate.
Cuando la obra había iniciado, directivos de la compañía holandesa, acompañados por representantes del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), hicieron una auditoría. El resultado fue que Alvarga y Constructora Manzanillo estaban instalando como rompe olas un producto pirata con materiales chinos.
TenCate presentó una queja ante la SCT. En algunas de sus partes expresó lo siguiente:

 “El Gobierno mexicano ha descuidado cumplir los acuerdos comerciales con Estados Unidos, y está permitiendo que los productos piratas chinos sean utilizados en un proyecto del Gobierno federal mexicano, en violación de las patentes de TenCate Geosynthetics.

 “Alvarga, conjuntamente con Constructora Manzanillo, se adjudicó el contrato (del rompe olas), ofreciendo suministrar un producto importado de China que, según documentos legales obtenidos por TenCate en la oficina de patentes de México, es una copia directa de la tecnología patentada de TenCate”.

 Sobre este tema, el coordinador general de Puerto y Marina Mercante de la SCT deslindó al Gobierno de la acusación por el uso de piratería. Ante una pregunta de los reporteros dijo:

 “En todos los casos quitamos las patentes. ¿Por qué? Porque si hago una obra con una patente, entonces la estoy adjudicando desde el principio (…) Pero de eso se pueden quejar perfectamente, a nosotros nos toca demostrar que eso no le conviene a la institución”.

 Alvarga también incumplió en el plazo de entrega de otra obra. En Guanajuato abandonó la construcción de un distribuidor vial.
La sanción que le aplicaron fue de 14 mil 500 pesos, aún cuando el contrato superaba los 85 millones. La sanción equivale apenas al 0.017% del monto del contrato.

 El apoderado legal y administrador único de Alvarga es Miguel Angel Tello Ludlow, socio de Jesús Murillo Ortega en la cadena de restaurantes Café Madero.

 Por otro lado, Kouro -empresa encabezada por Murillo Ortega- ha compartido con Alvarga domicilios, teléfonos, socios, empleados y hasta ejecutan obras juntas. El año pasado se asociaron para ganar contratos por 546 millones de pesos en los puertos de Altamira y Manzanillo.
El anterior domicilio fiscal de Kouro era una casa en Pachuca (Veta Arras 111) que estaba a nombre de Tello Ludlow y que durante un tiempo fue la dirección de Alvarga.
Estas constructoras también comparten socios. Luis Manuel Hernández Meneses, quien era accionista en Alvarga, fue nombrado por Jesús Murillo Ortega apoderado de Kouro en octubre de 2013.

 Otro caso: Carlos Eduardo Luna Mora, quien en 2010 cedió sus acciones a Murillo Ortega en la cadena restaurantera Café Madero, ha sido apoderado legal tanto de Kouro como de Alvarga.

 Las constructoras tienen los mismos representantes en licitaciones en las que participan.

 El 11 de marzo de 2015, Raúl Isaac Morales León acudió como representante de Kouro al fallo para la construcción de un puente vehicular en Ecatepec, Estado de México. Y al día siguiente, esta misma persona apareció en Banobras como representante de Alvarga para obras en la autopista México-Puebla.

 Hugo Alfredo Talavera Chávez, quien desde junio de 2013 fue nombrado apoderado legal de Alvarga, también participa como superintendente de Kouro Desarrollos.

 Martín Sánchez Barrios firmó en 2014 como representante de Kouro en la licitación de una carretera en el norte del país, y luego a nombre de Alvarga en un concurso de obra en el puerto de Altamira.
También tenían doble representación de Kouro y Alvarga los arquitectos Federico Zamorano Nube y Edgar Zuviri Reséndiz, así como Aracely Hernández Cruz.

El 32% de las ganancias facturadas por las tres empresas, –equivalente a 1,456 millones de pesos– fueron por contratos obtenidos por asignación directa o invitación.

 Alvarga Construcciones SA de CV obtuvo contratos por 1,945 millones 333 mil 225 pesos para obras financiadas con recursos federales entre los años 2013 y 2015, hecho que representó que sus ingresos subieran en un 2,134% respecto al periodo 2010-2012.

 En este último periodo, Alvarga había obtenido contratos por 87 millones de pesos.

 Oferta caro y lo contratan

 Dos de las constructoras vinculadas con la familia Murillo lograron obtener el contrato para la remodelación del malecón turístico de Manzanillo, con la propuesta más cara de los ocho concursantes.

 El 18 de agosto de 2014, Alvarga y Kouro, en alianza con Constructora Manzanillo, propusieron cobrar 367 millones de pesos por las obras complementarias al proyecto de vialidades del puerto. Su propuesta era entre 10% y 61% más cara que la de los otros postores.

 Por supuestos incumplimientos en las bases de licitación, la SCT descalificó a todos los concursantes, excepto a las empresas vinculadas a la familia Murillo. Ellos se quedaron con el contrato aun cuando tuvieron una diferencia de 139 millones de pesos frente a la propuesta más barata.

 Además del malecón, Kouro y Alvarga ganaron en agosto de 2014 un contrato para hacer obras viales en Manzanillo. El monto superó los 367 millones de pesos y era el segundo mayor que hasta esa fecha habían recibido ambas constructoras de parte del Gobierno federal.
Para ejecutar la obra, invitaron a participar a Constructora Manzanillo -del empresario colimense Rubén Álamo Zuazo-, con quien dos meses antes Alvarga había establecido una relación de negocios para obtener el contrato de construcción de un rompe olas en Isla del Carmen, Campeche, por 411 millones.
Niega SCT favoritismo

 Como se difundió en la primera parte de esta investigación, dos constructoras de hijos, sobrinos y parientes políticos de Jesús Murillo Karam, y una más estrechamente ligada a ellas, multiplicaron 714% sus contratos de obra justo en los tres años en que éste fue el titular de la PGR.

 En ese periodo, las constructoras Kouro, Itrio y Alvarga obtuvieron obras por 4,625 millones de pesos (más de 300 millones de dólares).

 La salida de Murillo del gabinete coincidió con el desplome de los contratos a las empresas de sus familiares.
El 61% de los contratos a Kouro, Itrio y Alvarga los otorgó la SCT, encabezada por Gerardo Ruiz Esparza.
El hijo del Secretario, Gerardo Ruiz Dosal, fue secretario particular de Jesús Murillo Karam durante el periodo en que éste fue procurador General de la República (de diciembre de 2012 a febrero de 2015), aunque funcionarios de la SCT negaron que este vínculo influyera en el otorgamiento de los contratos.

 “Estamos ante procesos competidos, vigilados, donde tenemos la herramienta de testigo social, del acompañamiento de función pública”, afirmó Raúl Murrieta Cummings, sub Secretario de Infraestructura de la SCT.

 “Hemos firmado un convenio de transparencia con la Cámara de la Industria de la Construcción, que hace que ellos nos acompañen en los procesos (de asignación de obras)”.

 Descartó conflicto de intereses en la asignación de obras a la constructora del hijo de Murillo Karam, cuando éste era integrante del gabinete presidencial (en la PGR y en la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano).

 “La ley es muy clara, conflicto de interés es que ciertas obras hubieran sido, en procesos constructivos, dentro de la oficina que dirigía su papá, dentro de la Procuraduría”.

 El Subsecretario alegó que otra prueba de que no hubo favoritismo, es que Kouro y Alvarga participaron en 26 licitaciones en la SCT y obtuvieron contratos en sólo siete.
Sin embargo, en las bases de datos de Compranet y en expedientes obtenidos a través de solicitudes de acceso a la información, se identificó que la SCT otorgó 21 contratos por licitación a Alvarga y a Kouro, y otros tres a Itrio.
En seis licitaciones, las constructoras ligadas a la familia Murillo participaron por partida doble, lo que aumentó sus posibilidades de ganar, frente al resto de los competidores.

 Rodolfo González, director de Comunicación de la SCT, negó que los contratos a Kouro se hayan otorgado porque los dueños son parientes del ex Procurador.

 “La elección de esta constructora, por pertenecer a la familia de un integrante (del gabinete), seguramente la respuesta es no. ¿Por qué? Porque son licitaciones”, aclaró.

 “Cuando se presenta la licitación es por empresas, no por personas. Entonces registras a una empresa, no a la persona ni a los socios”.

 Guillermo Ruiz de Teresa, coordinador General de Puertos de la SCT, aseguró que todas las obras de su área fueron licitadas, por lo que también descartó favoritismo.
*INDAGA es la unidad de investigaciones periodísticas de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Este trabajo fue realizado con la beca Mike O´Connor de Periodismo de Investigación de Centro Internacional de Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés), con el apoyo de la Plataforma CONNECTAS. También contó con la colaboración de Jesús García López de AM de León y de Cristina Muñoz.

 https://readymag.com/558824



 FUENTE: ANIMAL POLÍTICO/Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
AUTOR: VALERIA DURÁN, RAÚL OLMOS.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/06/contratan-a-los-murillo-pese-a-irregularidades/

Denuncian ante la PGR al secretario de Salud de Sonora por desvío de 250 mdp

By: Draco Dracul on 22:45:00 / comment : 0 , , , ,

HERMOSILLO, Son: El secretario de Salud de Sonora, Bernardo Campillo García, fue denunciado penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) por el presunto desvío de 250 millones de pesos, peculado, tráfico de influencias y asociación delictuosa.

 Además se inició el proceso administrativo 614/10 ante la Contraloría General del Estado (CGE) por la supuesta contratación de 108 “aviadores” al servicio del Sindicato Federal Sección 43 que dirige Mario Villalobos García.

 El cirujano Carlos González Méndez explicó que la denuncia 51/15 interpuesta ante la PGR se fundamentó en la retención de casi el 50% del salario de cuatro mil 800 trabajadores adscritos al sector salud sonorense.

 Evidenció que el gobierno del estado incumplió de 2010 a la fecha con la homologación de salarios acordada con la federación, por lo que el personal de salud en la entidad sólo percibe la mitad del sueldo que por ley debe recibir.

 “En este desvío de recursos y contratación de aviadores deben estar involucrados subsecretarios, directores y personal de recursos humanos porque el secretario Campillo no pudo haberlo hecho solo”, acusó Gonzáles Méndez.

 En relación con la asignación de 108 plazas para comisionados sindicales con goce de sueldo, o “aviadores”, dijo que constituye un tráfico de influencias porque evidencia la relación entre el sindicato y la secretaría a fin de evadir investigaciones locales y federales.
“Con estas denuncias queremos que se les remunere lo que le corresponde a cada trabajador porque estas irregularidades les ha trastornado la vida y sobre todo que no haya impunidad”, concluyó.

 FUENTE: PROCESO.
AUTOR: MILTON MARTÍNEZ.

Colima ‘exhala’ corrupción

By: Draco Dracul on 14:55:00 / comment : 0 , , ,

La administración del gobernador Mario Anguiano es un volcán de irregularidades. Operaciones inmobiliarias turbias que significaron un desfalco al erario marcan el fin de su sexenio.
La corrupción, el favoritismo y el tráfico de influencias en la compra de terrenos por parte del gobierno de Colima marca el fin del sexenio del gobernador Mario Anguiano.

 La administración estatal que encabeza Anguiano llevó a cabo operaciones inmobiliarias turbias que se convirtieron en un desfalco al erario de los colimenses.

 Reporte Indigo documentó graves irregularidades en la compra de terrenos que realizó el Instituto de Vivienda de Colima –ahora llamado Insuvi- como parte de su estrategia para aumentar su reserva territorial para la construcción de casas.

 Las anomalías detectadas incluyen la adquisición de predios sin escrituración, adquiridos a sobreprecios a priistas que pertenecen al grupo político del gobernador e incluso bajo sospecha de tener vínculos con el crimen organizado.

 Hay terrenos que fueron comprados sin avalúos de por medio, a través de triangulaciones de recursos públicos entre los funcionarios allegados al mandatario colimense.

 La mayoría de los predios resultaron inservibles para la construcción de vivienda porque están ubicados fuera de la mancha urbana y en zonas de alto riesgo.

 Uno de los terrenos fue completamente devorado por el paso del huracán “Jova” en Colima hace cuatro años.

 Estas operaciones truculentas se realizaron entre el 2011 y 2012, cuando el priista Jesús Orozco Alfaro se desempeñaba como secretario general de Gobierno y luego como titular de la secretaría de Finanzas del Gobierno de Mario Anguiano.

 “Mario se rodeó de buitres que se convirtieron en vice-gobernadores en Colima y que hicieron todo lo que quisieron en el sexenio”, denuncia el diputado local del PRD, Francisco Javier Rodríguez.

 Los terrenos ‘amañados’

 En el segundo año de la administración del priista Mario Anguiano, en el 2011, el gobierno de Colima contrató un crédito por más de 100 millones de pesos para que el Instituto de Vivienda comprara terrenos como reserva territorial para la construcción de casas.

 Ese año, el Gobierno de Colima -a través del entonces llamado Ivecol- presupuestó 72 millones de pesos para la adquisición de 9 predios particulares.

 Uno de ellos, el más grande, de 98 hectáreas, se localizaba en el poblado conocido como La Loma, en la carretera Colima-Manzanillo, fuera de la mancha urbana de la ciudad capital.

 El Gobierno de Colima adquirió este predio a Adriana Santoyo Durán, a quien el Estado la validó como propietaria de este terreno.

 Santoyo Durán es viuda de Germán Torres Anguiano, quien fuera dueño del palenque del Municipio de Villa de Álvarez y que fue ejecutado en el 2006 en el centro comercial de Plaza del Sol, en la ciudad de Guadalajara.

 En Colima algunos medios han referido que existe un vínculo familiar entre Torres Anguiano y el gobernador Mario Anguiano Moreno.

 El Gobierno de Colima desestimó los antecedentes oscuros de esta propiedad y continuó con su plan de adquirirla para el Instituto de Vivienda.

 Un avalúo que realizó el arquitecto Carlos Guillermo Mercado Schutle, que se adjuntó en el expediente de compra venta, determinó un valor de 59 millones de pesos para este predio de 98 hectáreas. Hoy se sabe que el Estado de Colima solo pagó 35 millones de pesos por este predio.

 Una venta en 'fast track'

 Este periódico tuvo acceso al expediente de la compra-venta del terreno de 98 hectáreas que realizó el Instituto de Vivienda de Colima.

 Hay algo que resulta sospechoso en esta operación inmobiliaria: la urgencia con la que actuaron los funcionarios del gobierno de Colima.

 Tan solo tres días le tomó al gobierno de Mario Anguiano avalar los documentos que presentó la dueña del terreno, autorizar los recursos y expedir un anticipo a la presunta dueña del terreno.

 El 22 de marzo de 2011, Óscar Alejandro Torres Contreras, entonces director del Ivecol, le solicitó a través del oficio DG-521/2011, a José Alberto Peregrina Sánchez, director general de gobierno, que revisará la documentación que presentó Adriana Santoyo Durán para acreditar la posesión legal del predio denominado “Las Lomas”.

 El expediente entregado al subalterno del entonces secretario general de Gobierno, Jesús Orozco Alfaro, incluía escrituras públicas y el avalúo inmobiliario IVE-2011-02 de fecha de 22 de marzo elaborado por el M.V.B Carlos Mercado Schutle.

 Un día después, el miércoles 23 de marzo el mismo director del Instituto de Vivienda solicitó al secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, Francisco Osorio Cruz, que liberara los recursos por 59 millones de pesos para la compra del predio.

 En el oficio, del cual este periódico tiene copia, el director del Ivecol asegura que el equipo jurídico de la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Orozco Flores, analizó la factibilidad de la compra de este terreno.

 “Para dar trámite para la adquisición de dicho terreno, y una vez que sea autorizado por la H. Junta de Gobierno de este Instituto, solicitamos un anticipo de $35,000,000.00 (Treinta y cinco millones de pesos 00/100 M.N) con cargo al crédito solicitado al Banco Interacciones, S.A.”, señala el oficio DG/413/2011.

 El jueves 24 de marzo –dos días después de que se supone inició el proceso de adquisición- el Instituto de Vivienda del Estado autorizó un cheque por 8 millones de pesos y otro por 2 millones más a Santoyo Durán por concepto de anticipo de su terreno rústico.

 Días después, el Ivecol autorizó cinco cheques más -cada uno con valor de 5 millones de pesos- a favor de Adriana Santoyo Durán, que presentaron diferentes firmas de recibido.
El Gobierno de Colima concretó la compra de este terreno, sin embargo, el Instituto de Vivienda del Estado nunca tomó posesión de este predio.

 Un año después, un supuesto juicio de amparo que presentó la familia de Rafael Ordorica Suárez, empresario de estaciones de radio en Colima, le dio la posesión legal del predio que el Ivecol había adquirido a la viuda de Germán Torres Anguiano en 35 millones de pesos.

 De nada sirvió la supuesta revisión jurídica que llevó a cabo el área de Jesús Orozco Alfaro, entonces secretario general de Gobierno.

 El terreno adquirido tenía otro dueño.

 “Esto fue desfalco”, señala el diputado perredista Francisco Javier Rodríguez.

 “Hasta el momento los colimenses no sabemos si los recursos realmente se pagaron a la primera dueña o fueron desviado por los funcionarios”.

 Reporte Indigo tuvo acceso al expediente de la compra-venta del terreno de 98 hectáreas que realizó el Instituto de Vivienda de Colima.

 Compran terreno… y se lo lleva huracán

 La compra del predio de 98 hectáreas, por el cual el gobierno de Colima habría pagado 35 millones de pesos, pero que no se concretó porque se negoció con el propietario equivocado, no es la única operación bajo sospecha que realizó el Instituto de Vivienda del Estado de Colima, hoy llamado Instituto de Suelo, Urbanización y Vivienda del Estado de Colima, Insuvi.

 En el 2011, igual con los recursos conseguidos a través de un endeudamiento, el Ivecol adquirió un terreno de 6.43 hectáreas en Manzanillo por 10.5 millones de pesos.

 El predio era propiedad de la empresa Constructora y Urbanizadora El Volantín, S.A. de C.V, que pertenece a Alejandro Meillón Galindo, excandidato del PRI a la Alcaldía de Manzanillo y quien se desempeñaba entonces como titular del Fideicomiso 322 Manzanillo-Las Garza (Fimaga)

 El posible conflicto de interés y favoritismo no es la única irregularidad detectada en esta operación inmobiliaria.

 No hubo avalúo en la transacción y los 10.5 millones de pesos que pagó el Gobierno de Colima por este predio representan casi lo doble del valor de los terrenos en esa zona.

 Hay otra anomalía más en esta compra-venta: el predio comprado se supone para la construcción de vivienda fue completamente destruido por el paso del huracán “Jova” en el 2011.

 “El terreno quedó inservible para el Instituto de Vivienda”, dice el legislador perredista.

 “Compraron un predio sin avalúo, a sobreprecio y en una zona de riesgo”.

 En el Ivecol existen constancias de que la empresa de Alejandro Meillón Galindo reintegró únicamente 9 de los 10.5 millones de pesos que el Instituto le pagó por su propiedad.

 Pero el diputado del PRD, Francisco Javier Rodríguez, tiene dudas sobre la procedencia del dinero que regresó Meillón Galindo al Instituto de Vivienda.

 En ese momento se desempeñaba como tesorero del Estado de Colima, Jesús Orozco Alfaro, allegado de Meillón Galindo y del mandatario de Colima.

 Una deuda como herencia

 El gobernador de Colima, Mario Anguiano, no solo herederá un estado de Colima endeudado –creció en su sexenio un 237 por ciento la deuda pública a largo plazo- sino dejará también la sospecha firme entre los colimenses del enriquecimiento ilícito del gobernador y de su grupo político.

 En la primera mitad de su sexenio Anguiano se hizo de un rancho en el poblado de Suchitlán, en el municipio de Comala, que según su declaración patrimonial del año 2012 –el resto están reservadas- tiene un valor de 3 millones y medio de pesos.

 La propiedad está ubicada frente al rancho de uno de sus más allegados funcionarios: Rafael Gutiérrez, secretario de Fomento Económico de Colima.

 “El tema en Colima es la deuda, la inseguridad y el enriquecimiento inexplicable de los funcionarios de Colima”, señala el diputado local del PAN, Donaldo Zúñiga

 “No tengo duda de que el peor gobernador que ha tenido Colima en su historia ha sido Mario Anguiano”.

 No tengo duda de que el peor gobernador que ha tenido Colima en su historia ha sido Mario Anguiano”.

 Jesús Orozco Alfaro: ‘El rey Midas’ de Colima

 En Colima hay un gobernador, Mario Anguiano, pero el estado ha tenido varios vicegobernadores: políticos que utilizaron el poder para su beneficio.

 Uno de ellos es Jesús Orozco Alfaro, un priista quien hoy está bajo sospecha de enriquecimiento ilícito y señalado por corrupción en la administración estatal.

 Orozco Alfaro inició en el PRI. Fue alcalde de Colima, diputado federal, senador, pero en el año 2002 dejó este partido político por el PRD.

 Fue candidato a la gubernatura de Colima por el Sol Azteca, apoyado por Andrés Manuel López Obrador, pero perdió en la contienda.

 En el 2009 regresó al PRI para apoyar la candidatura de Mario Anguiano, quien una vez que se proclamó como gobernador lo designó, primero, como secretario general de gobierno y después como tesorero del Estado.

 Fue la mano derecha de Anguiano en la primera mitad del sexenio.

 Como tesorero de Colima, Orozco Alfaro fue responsable del incremento de la deuda que casi se ha triplicado durante el actual sexenio.

 “Jesús Orozco Alfaro dejó prácticamente temblando las finanzas estatales cuando estuvo como tesorero del Estado”, dice el legislador panista Donaldo Zúñiga.

 “Hoy se le pueden ver en diferentes lugares propiedades, negocios, De la noche a la mañana el señor goza de una fortuna en el estado. Esto genera sospechas de un enriquecimiento ilícito por el saqueo de las arcas estatales”.

 A través de su hijo, Jesús Orozco Fuentes, el político colimense maneja la empresa Operadora de Restaurantes de Colima, S.A. de C.V., que tiene a su cargo sucursales de las cadenas Pizza Hut y Kentucky Fried Chicken.

 “Jesús Orozco es el rey midas de aquí de Colima”, comenta Francisco Javier Rodríguez.
“Lo que toca lo hace oro. Es un político venido a empresario”.

 Orozco Alfaro estuvo en el gabinete de Mario Anguiano hasta julio del 2013.

 Meses después en octubre de ese año fue designado como director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo.

 Pero no duró el cargo.  En abril del 2014 fue destituido por la Secretaría de la Marina, quien desde entonces se ha hecho cargo del Puerto de Manzanillo, estratégico para el tráfico de anfetaminas y de hierro mineral.

 Los diputados locales del PAN, PRD y PT en el Congreso de Colima exigieron a la PGR una investigación por el cese de Orozco Alfaro, sin embargo las autoridades federales nunca iniciaron ninguna averiguación.

 En su lugar fue nombrado el 4 de abril del año pasado el Vicealmirante Jorge Bustos Espino como director general de la API Manzanillo.
Mario Anguiano tuvo que reconocer que los decomisos de droga en el Puerto de Manzanillo habían bajado durante la gestión de Orozco. Un día antes de que fuera destituido de la API de Manzanillo, Orozco Alfaro hizo de las suyas: otorgó un contrato a la empresa Transmacol, S.A. de C.V., para realizar operaciones de contenedores en el interior del puerto.

 FUENTE: REPORTE INDIGO.
AUTOR: CÉSAR CEPEDA.
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