Empresa construye edificio pese a suspensión ordenada por tribunal

A pesar de que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) ordenó suspender las labores de construcción y la custodia del folio real que impide cualquier compraventa, una inmobiliaria continúa la edificación irregular de una torre de 15 pisos en Periférico 2001, colonia Los Alpes, en la delegación Álvaro Obregón.

Integrantes de la organización Vecinos del Corredor Las Águilas denunciaron que lo más grave es que de manera paralela la empresa constructora mantiene la preventa de los 215 departamentos que albergará el conjunto habitacional denominado Vistas San Ángel, los cuales no se podrán escriturar, por lo que al final los principales afectados serán los compradores.

El predio se encuentra delimitado por tapiales, en los que se puede observar publicidad de la inmobiliaria, la cual refiere que 82 por ciento del condominio se encuentra vendido, mientras a un costado se ubica y está abierta una oficina de ventas.

Este es uno de por lo menos una docena de desarrollos inmobiliarios –entre ellos la plaza comercial Patio Barranca del Muerto– que se construyen en Los Alpes y que desde 2014 fueron denunciados por la agrupación vecinal ante la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (Paot).

Alfonso Romero, integrante de Vecinos del Corredor Las Águilas, detalló que todos ellos tienen abiertos los procesos de investigación, pero en el caso del desarrollo ubicado en Periférico 2001, la Paot ya documentó que hicieron mal uso de la norma de ordenación particular de vialidades interdelegacionales, en la fusión de predios con la calle Ajusco 61 y 67, donde sólo se permiten tres niveles, con 50 por ciento de área libre y densidad restringida.

Ante las irregularidades detectadas, la Paot presentó una acción pública ante el TCADF, que el 29 de marzo de 2016 ordenó suspender los permisos otorgados a la obra, detener los trabajos de construcción y la custodia del folio real, para la protección de patrimonios a terceros.

Sin embargo, hasta la fecha la autoridad delegacional no ha acudido al sitio para colocar los sellos de suspensión, lo que motivó que la Paot presentara el pasado 3 de mayo una queja de incumplimiento ante el tribunal.

Arnoldo Martínez, de Vecinos del Corredor Las Águilas, afirmó que la construcción de desarrollos inmobiliarios en la colonia ha sido vertiginoso, pero la infraestructura vial y las redes de agua y drenaje se mantienen sin cambios.

Desconocemos cuál será el impacto de todas estas construcciones en su conjunto, pero en la actualidad ya es imposible circular con autos, afirmó.

En el recorrido se pudo observar que transitar en vehículo por un tramo de un kilómetro de distancia sobre Periférico, de la avenida Las Flores a Barranca del Muerto, se requiere un lapso de media hora.

Fuente: La Jornada

Autora: Rocío González Alvarado

http://www.jornada.unam.mx/2016/05/14/capital/026n1cap

Exhibe la CDHDF desorden en el Sistema Penitenciario capitalino

MÉXICO, D.F., (apro).- La falta de orden administrativo en el Sistema Penitenciario del Distrito Federal y de coordinación entre legisladores y jueces provocan que personas que cumplen sus sentencias continúen en prisión durante más de dos años a costa del erario público.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) documentó 56 casos en distintas cárceles de la ciudad, donde el gobierno capitalino, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Superior de Justicia local violaron sus derechos humanos a la libertad personal por detención ilegal y arbitraria.

En la recomendación 15/2015, el organismo detalló que entre los principales factores que generan este problema está la “inadecuada” integración de los expedientes jurídico-administrativos, la falta de información necesaria para determinar la situación jurídica de las personas privadas de libertad y la ausencia de un registro adecuado de las personas procesadas y las sentenciadas.

Perla Gómez Gallardo, presidenta de la CDHDF, explicó que los expedientes de queja incluidos en dicha recomendación van del 2009 a 2015. Detalló que las “retenciones ilegales” transcurrieron desde el mínimo de un día hasta 850 días –es decir, poco más de 2.3 años–, “cuando ya no había ninguna justificación legal para que los agraviados gozaran de su libertad”.

Como ejemplo, mencionó el caso de una persona que estuvo presa más de 850 días después de cumplir su condena “porque no se mandó el documento idóneo en tiempo y no hay una articulación correcta entre las propias autoridades que permita que no se presenten estas situaciones”.

La funcionaria agregó que “por una situación meramente administrativa, de una falta de comunicación interinstitucional, se quedan las personas más tiempo del debido, justo porque no se manda el documento idóneo para que puedan ser excarcelados”.

La recomendación 15/2015 fue dirigida a la Secretaría de Gobierno local, de la que depende el Sistema Penitenciario, en su calidad de autoridad responsable. También señaló a la Mesa Directiva de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) y al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), como autoridades colaboradoras.

Entre los puntos recomendatorios que emitió la CDHDF para estos casos destacan la reparación integral del daño a las personas agraviadas, la elaboración de un diagnóstico de las necesidades de la planilla laboral vinculada directamente con la integración, revisión y análisis del expediente técnico jurídico; así como la realización de mesas de trabajo para la creación del proyecto del “Manual de Procedimiento de Egreso de los Centros de Reclusión del Distrito Federal”.

Gómez Gallardo comentó que otra de las recomendaciones es que exista más coordinación entre las autoridades correspondientes para que el trámite de liberación de las personas no rebase los 90 días.

Fuente: Proceso

http://www.proceso.com.mx/?p=423081

Magistrado se baja de la contienda por el TSJDF; quedan Guerra Álvarez y Elías Azar

MÉXICO, D.F: La contienda por la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) se redujo a dos candidatos, pues este lunes el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez declinó su participación y dejó en la recta final a Rafael Guerra Álvarez y al actual presidente Edgar Elías Azar.

En la sesión del pleno de magistrados de este martes, los aspirantes a presidir el máximo órgano de justicia de la ciudad presentaron sus proyectos de trabajo en intervenciones de hasta 30 minutos, informó el Tribunal en un comunicado.

Durante el encuentro privado –que duró unas tres horas–, los magistrados cuestionaron a los candidatos sobre la manera en que llevarán a cabo sus propuestas en caso de ser electos para presidir el órgano en los próximos tres años.

Al final de su intervención, el magistrado Eduardo Alfonso Guerrero Martínez, integrante de la Primera Sala Penal, informó a sus colegas que no participará en la elección del próximo 4 de noviembre.

Se trata del aspirante que más había manifestado de manera pública su inconformidad por la intención de Elías Azar de mantenerse en el puesto, tras dos periodos de cuatro años, y ante la polémica legal de que ésta pudiera ser una segunda reelección del funcionario.

Luego del decline de Guerrero Martínez, el único contendiente de Elías Azar es Rafael Guerra Álvarez, magistrado de la Séptima Sala Penal. Entre los casos que ha tenido en sus manos están: el secuestro y desaparición de los jóvenes de la discoteca News Divine.


La votación para el presidente del TSJDF será el próximo 4 de noviembre, en sesión pública del pleno de magistrados, mediante voto secreto de sus integrantes.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.

En la Corte y el TSJDF, la justicia secuestrada

MÉXICO, D.F: Un indicador de la calidad democrática de México es lo que pasa en su sistema judicial. El Poder Ejecutivo ve al Judicial no como un poder más del Estado, sino como un instrumento de castigo y control.

Tanto el Ejecutivo federal como los gobernadores se empeñan en mantener al Poder Judicial como un poder de tercera, en lugar de ser el verdadero tercer poder del Estado, además del Legislativo.

Los jueces y magistrados federales ahora mismo se encuentran en una campaña, tal vez inútil, para evitar que el presidente Enrique Peña Nieto anteponga el cálculo político en la conformación de las ternas de las que habrán de salir los sustitutos de los ministros Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Meza, quienes el 30 de noviembre próximo pasan a retiro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El objetivo es impedir la llegada de Raúl Cervantes, un operador del PRI que fue asesor jurídico en la campaña presidencial y ahora es senador con licencia. Los jueces y magistrados se sienten desplazados y agraviados desde que Peña propuso al expolicía y exembajador Eduardo Medina Mora como ministro de la Corte.

En los gobiernos de los estados, el control del Poder Judicial es aún más burdo. Con la farsa de la intervención de los congresos, el control de los tribunales termina en manos de amigos y compadres de los gobernadores. La justicia aplica así sólo para los desafectos.

La capital del país no es la excepción en el afán de control. Pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar, enfrenta una rebelión de jueces y magistrados que se oponen a su segunda reelección.

Con miras a la sucesión en el órgano de justicia del Distrito Federal, también en noviembre próximo, un grupo de magistrados le han reprochado directamente a Elías Azar su pretensión de ocupar por tercera vez consecutiva la presidencia del Tribunal, con lo que llegaría a casi una década de control del aparato del Poder Judicial de la capital del país.

Uno de sus principales opositores es el anterior presidente del TSJDF, José Guadalupe Carrera Domínguez, con quien mantiene ya una larga confrontación.

Carrera Domínguez, ponente de la Octava Sala Penal del TSJDF, de plano lo acusa de ejercer un control vertical del aparato de justicia y, peor aún, de intervenir en resoluciones judiciales de jueces y magistrados.

“Usted es el primero en violar la autonomía del tribunal”, le dijo Carrera en una sesión privada de pleno el pasado 21 de septiembre. Puso el caso de una resolución en la que se decretó la formal prisión a un ciudadano inocente acusado de secuestro.

En ese mismo encuentro, algunos otros magistrados apelaron a que la propia normativa del TSJDF impide la reelección, como ocurre a nivel nacional.

Edgar Elías aseguró que no respondería desde su posición como presidente en el pleno, sino que fuera de ese foro respondería a las “acusaciones y ataques que sufrí en este momento”.

Pero además dijo que ya había sido objeto de amenazas contra él y su familia.

Ese día, según relataron testigos, se discutieron las bases para la próxima elección del presidente del TSJDF. Elías Azar quiere mantenerse tres años más y hasta posiblemente buscar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Edgar Elías llegó al TSJDF en 2006 y gracias a una reforma de la Asamblea Legislativa en diciembre del año pasado el escenario está puesto para que se reelija.

La reforma alargó de los 70 a los 75 años la edad de retiro de los jueces y magistrados capitalinos. Sin ella, el magistrado Edgar Elías pasaría de la presidencia casi al retiro, pues en agosto próximo Elías Azar, descendiente de inmigrantes sirios, cumple los 70 años de edad.

Es conocida la confrontación entre Elías Azar y Carrera Domínguez. El propio presidente del TSJDF la ventiló al responsabilizar a Carrera Domínguez de haber propiciado que se exhibiera al sistema de justicia del DF en el documental Presunto Culpable, en 2011.


Pero más allá de este conflicto, la disputa por el control del aparato de justicia en la capital, así como la designación de los próximos ministros de la Corte, explica por qué la justicia es y ha sido sólo una aspiración de los mexicanos.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JORGE CARRASCO ARAIZAGA.

El Tribunal Superior del DF denuncia a Ficrea ante la PGR

El Poder Judicial de la capital mexicano acusa a la casa de ahorros por el presunto fraude de 110 millones de pesos.

El Tribunal Superior de Justicia del DF presentó este martes 13 de enero una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Ficrea, por el presunto fraude de 110 millones de pesos, informó la instancia en un comunicado.

En una tarjeta informativa enviada este miércoles 14 de enero, el tribunal detalla que  la denuncia penal es en contra de la empresa, sus directivos involucrados y quienes resulten responsables.

El presidente del Poder Judicial del DF, Elías Azar, ya había informado que se denunciaría a la casa de ahorros. “El Tribunal Superior de Justicia va a ir con todo contra Ficrea, no nos vamos a dejar con lo que nos hicieron porque es un fraude que es tan lastimoso como el que le cometieron a cualquier ahorrador. Iremos como cualquier otro ahorrador, iremos en la gran masa de ahorradores porque somos un ahorrador mas entre todos”, dijo el 8 de enero pasado.

De acuerdo con Azar, el dinero invertido en Ficrea proviene del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, manejado por el Consejo de la Judicatura local en Pleno y lo integran siete consejeros.

Este hecho ocurre a casi una semana de que la PGR solicitó a un juez federal girar una orden de aprehensión –por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada– en contra del socio mayoritario de Ficrea, Rafael Olvera Amezcua, y al menos cuatro socios más.


El próximo viernes 16 de enero, la comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas en la Cámara de Diputados se reunirá con los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Jaime González Aguadé; de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, y de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Alberto Bazbaz Sacal, para abordar el tema de Ficrea.

FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.