La empresa Aleatica afirmó, a través de un posicionamiento público, que el Viaducto Bicentenario es una vía elevada que no afecta bienes de la nación, se construyó y se opera con base en una concesión otorgada por el Gobierno del Estado de México, e insistió en que su título es vigente y está en regla.

Afirmó que la autopista se construyó con una inversión de la compañía, y sugirió que no utiliza ningún tramo federal.

Un juez federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) cancelar definitivamente la investigación por el caso Viaducto Bicentenario, en el que se presume un daño al erario de 8 mil 403 millones 242 mil 312 pesos, al considerar que no hay elementos de delito.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el gobierno del Estado de México otorgó una concesión ilegal para la explotación del Viaducto Bicentenario desde el sexenio de Enrique Peña Nieto como gobernador, conducta que se extendió a los mandatos de Eruviel Ávila y Alfredo del Mazo.

El asunto fue denunciado por el abogado Paulo Díez y este miércoles se concluyó que el Gobierno del Estado de México nunca obtuvo una concesión federal para poder disponer del dominio de una vía de comunicación propiedad de la Nación.

Paulo Díez, abogado de Infraiber, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de ataque a las vías de comunicación, ultrajes –por ofender y despreciar al gobierno del Estado de México, a su policía y a su gobernador--, provocación de un delito, apología del delito y extorsión, derivado de la denuncia promovida en su contra por Viaducto Bicentenario, S.A. de C.V., tras la toma simbólica de esa autopista el 30 de septiembre de 2020.

“El juez de Barrientos resultó ser lo que me temía: un vulgar juez de consigna que le dio a @Aleatica_mx la mercancía por la que pagó: mi vinculación a proceso”, señaló el abogado a través de su cuenta de Twitter.

El convenio de colaboración entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Gobierno del Estado de México, en el que se reconoce la validez y legalidad de los actos relacionados con la polémica concesión del Viaducto Bicentenario, es un “acto de corrupción para tratar de beneficiar indebidamente a Aleatica y a su accionista de control IFM Investors”, acusó el abogado Paulo Díez Gargari, quien presentó el lunes una denuncia penal en contra de Jorge Arganis Díaz Leal, titular de la dependencia federal.

Este acuerdo entre ambas partes –publicado el pasado viernes en la Gaceta del Gobierno del Estado de México– tomó por sorpresa a los legisladores del Congreso mexiquense, quienes pedirán a la SCT federal información sobre el tema, pues señalaron que las concesiones otorgadas a Aleatica cuando Enrique Peña Nieto era Gobernador fueron “en contra del interés público” de la entidad.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ratificó la legalidad de la concesión del Viaducto Bicentenario, una vía elevada que une a varios municipios del Estado de México, y que hace un mes vivió una polémica sobre su operación y explotación, según informaron este lunes fuentes empresariales.

La vía une varios municipios del Estado de México con la capital, tiene 22 kilómetros de extensión y fue construido en la Administración como Gobernador de Enrique Peña Nieto (2005-2011), quien luego fue Presidente del país entre 2012 y 2018.