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“No pararé hasta que se haga justicia”: médico colombiano denuncia al INM por maltrato

Cristian García Rincón y su familia fueron sometidos a tratos xenófobos, racistas y discriminatorios e “inadmitidos” por agentes de INM en el aeropuerto de Cancún con señalamientos falsos y no obstante llevar todos sus papeles en regla. La denuncia es ante la CIDH y la ONU.

El médico colombiano Cristian Iván García Rincón, quien el mes pasado fue maltratado, retenido ilegalmente e “inadmitido” junto con su familia por agentes migratorios en el aeropuerto de Cancún, demandó al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la violación de sus derechos fundamentales.

El demandante, un reconocido especialista en medicina interna e infectología radicado en Medellín, denunció ante esos organismos que el pasado 3 de febrero agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de México los sometieron a él, a su esposa, la epidemióloga Luz Yaneth Becerra, y a su hijo de cuatro años de edad, a tratos xenófobos, racistas y discriminatorios.

Luego fueron “inadmitidos” en México bajo dos señalamientos del personal del INM que, ahora se sabe, son absolutamente falsos: que el médico tenía una “alerta migratoria” y que “aparentemente” estaría vinculado al crimen organizado.

García Rincón plantea en su demanda ante la CIDH y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que los vejámenes de los que fue víctima en el aeropuerto de Cancún, junto con su familia, no es un caso aislado, sino que forma parte “de una conducta sistemática, reiterada, sostenida en el tiempo y cada vez más extendida de agentes del Estado mexicano” contra visitantes colombianos.

El INM de México, asegura, “ha tenido un trato discriminatorio y violatorio de los derechos humanos contra colombianos que viajan a México, mayoritariamente en calidad de turistas, y que son ‘inadmitidos’ a pesar de cumplir con todos los requisitos solicitados por la autoridad”.

García Rincón dice a Proceso que se siente indignado del trato “degradante y humillante” que recibieron su hijo, su esposa y él mismo, y que buscará que se haga justicia no sólo en su caso, sino en los de miles de colombianos que son maltratados por los agentes migratorios mexicanos.

El médico, un investigador universitario de enfermedades infecciosas que además atiende a pacientes en su consultorio y en un conocido hospital de Medellín, denunció también su caso ante la Defensoría del Pueblo de Colombia, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, al propio INM, al Consulado colombiano en Cancún y a las oficinas de congresistas colombianos y mexicanos que le ofrecieron atender su denuncia.

“Quiero justicia –asegura–. Póngase en mi lugar, como padre, lo que siento de que hayan tenido encerrado a mi hijo. No puede ser que uno vaya de vacaciones a un país y lo traten como delincuente. Están jugando con los sueños de mucha gente que va de vacaciones a un país que considera a México un país hospitalario y acaba viviendo un infierno”.

Y dice que no se trata sólo de él y su familia, sino de miles de colombianos que son retenidos durante días en cuartos “de rechazo” insalubres y malolientes, que pasan hambre y sed y que, al ser “inadmitidos” por guardias migratorios rudos y malencarados, pierden todo el dinero que invirtieron en un plan vacacional.

Sesgo anticolombiano

Sólo el año pasado, el INM, una entidad envuelta en escándalos de corrupción y negligencia presuntamente criminal –como el incendio que mató a 40 migrantes en marzo de 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez–, “inadmitió” a 53 mil 450 visitantes colombianos, más de mil a la semana en promedio, por razones que organizaciones humanitarias consideran “mayoritariamente absurdas”.


Esa cifra representa un aumento del 82.5% con respecto a las “inadmisiones” de 2023, lo que revela que hay una política cada vez más rigurosa para bloquear el ingreso a México de un número cada vez mayor de visitantes colombianos.

En 2024, México “inadmitió” al 8.7% de los turistas colombianos que arribaron a ese país, un porcentaje que duplica a los de los dos años previos (3.98% en 2023 y 3.91% en 2024), lo que según la ONG Elementa DDHH se debe a las presiones de Estados Unidos a México para que asuma el papel de “filtro” de migrantes provenientes de Centro, Sudamérica y el Caribe.

Llama la atención, sin embargo, que los colombianos encabecen la lista de “inadmitidos” por la migración mexicana. En segundo lugar aparecen los peruanos, con ocho mil 892 rechazados en 2024, seguidos de los chinos, con siete mil 797 y los bolivianos, con tres mil 183.


Estas cifras están muy por debajo de los 53 mil 450 ciudadanos de Colombia “inadmitidos” el año pasado en México, la mayoría de los cuales fueron víctimas de violaciones humanitarias que van desde el trato xenofóbico hasta el acoso sexual y la violencia física, según denuncias que forman parte de gruesos expedientes en los consulados de Colombia en la Ciudad de México y en Cancún y que han sido reportadas desde hace años por la prensa colombiana.

Apenas este jueves 6 de marzo, el programa de sátira política La Pulla, del periódico El Espectador, le dedicó un video de 11 minutos a ese tema con el título “El infierno de los colombianos en México”. Los “hostiles” agentes migratorios mexicanos, dijo el conductor, “nos tratan como una basura”. Las historias “son aterradoras”, señaló, y enseguida presentó testimonios de turistas maltratados que juran nunca más regresar a México.


El médico García Rincón lo dice abiertamente: “La verdad, a mí no me quedaron ganas de regresar a México”.

La directora de la ONG colombo-mexicana Elementa DDHH, Adriana Muro, señala que el maltrato a colombianos por parte del personal del INM es un problema que lleva mucho tiempo, pero se ha recrudecido en los últimos tres años.

“Hemos detectado un aumento de detenciones arbitrarias de colombianos por parte de los agentes migratorios, tratos crueles, degradantes, incluso a menores de edad, y la violación del debido proceso”, dice, y asegura que el responsable de esto “es el Estado mexicano, que no ha querido dar pasos firmes para parar la situación”.


Daño colateral

Los medios colombianos han reportado decenas de denuncias de maltratos de los agentes del INM, principalmente en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún, y las redes sociales divulgan impactantes testimonios de víctimas.

México ha ganado fama de ser un país cada vez más hostil con los colombianos, lo que ha provocado una caída en el número de turistas que viajan a ese país.

Según datos de la Secretaría de Gobernación de México, mientras que en 2022 ingresaron a ese país 858 mil 839 turistas colombianos, en 2024 sólo lo hicieron 613 mil 188, lo que implica una caída del 28 por ciento.

Aun así, Colombia es el tercer país con más turistas que viajan a México, después de Estados Unidos y Canadá.

Es decir, la falta de cultura de servicio, la deficiente capacitación y la impunidad con que actúan los agentes del INM acaban por dañar la industria turística mexicana y, sobre todo, golpean una relación cultural binacional especialmente entrañable.


La música ranchera y el Chavo del Ocho han sido asumidos como propios por amplios sectores de colombianos, igual que muchos mexicanos consideran suyos a la cumbia y a Gabriel García Márquez.

Un asunto de dignidad

El médico Cristian Iván García Rincón, su esposa Luz Yaneth Becerra y su pequeño hijo son tres de los varios miles de colombianos que han sido maltratados por agentes migratorios mexicanos, quienes, según todos los indicios, tienen línea institucional para cumplir con una “cuota” determinada de “inadmisiones” de nacionales de Colombia por cada vuelo que llega a la Ciudad de México, Cancún o Guadalajara desde este país sudamericano.


La particularidad del doctor García Rincón es que se ha preocupado por documentar y denunciar su caso ante diversas instancias de su país, de México e internacionales.

Y dice que no va a parar de buscar justicia porque se trata de un asunto “de dignidad” y de solidaridad con sus compatriotas que han sido víctimas de vejámenes de los agentes migratorios mexicanos.

“Ahí están las cámaras del aeropuerto de Cancún, que registraron todo”, señala.

Pero además de que todo quedó registrado por las cámaras, todas las denuncias del médico –ante la CIDH, la ONU, legisladores de Colombia y de México e instituciones de derechos humanos de los dos países– han ido acompañadas de un pormenorizado relato cronológico de las horas “de pesadilla” que pasaron él y su familia en el aeropuerto de Cancún.

En esa narración señala que al llegar al aeropuerto hicieron fila en el bloque tres de control migratorio, donde demoraron más de una hora en ser atendidos. Cuando les tocó el turno, un agente del INM –al que ya habían visto exigir a varios colombianos acceso a sus teléfonos celulares– los recibió con un “trato displicente” y exigiéndoles de mala gana todos sus documentos.

Le mostraron los boletos aéreos de regreso a Colombia, una póliza internacional de salud, varias tarjetas de crédito, dólares en efectivo y los comprobantes de pago de su alojamiento en un hotel de lujo, con todo incluido, y de tours al parque Xcaret y a las pirámides de Chichen Itzá.

El agente se retiró con la documentación y dejó con ellos a una joven que les hizo varias preguntas sobre sus fuentes de ingresos y que tomaba nota de las respuestas a su interrogatorio en una hoja de papel simple.

“Al poco rato –señala el médico en su denuncia– regresó el individuo que nos recibió los pasaportes, pidió que desbloqueáramos nuestros celulares, se detuvo en ellos, principalmente el mío (¿buscando qué y para qué?, no lo sé, pero eso hizo), para luego decirnos que nos conduciría a un sitio para una segunda entrevista, para ver si podíamos ingresar al país”.

Luego ingresaron a una oficina y “allí nos pidieron que nos trasladáramos a una habitación contigua, en forma de L, con el brazo corto en angulación de 120 grados, y luego nos entregaron unos documentos para llenar, con nuestros nombres, propósitos de visita, ingresos mensuales y cuánto más esperábamos gastar allí”.

Como en 1984

En el cuarto de “rechazo” había varios migrantes que pasaban mucho frío porque el aire acondicionado estaba a su máxima potencia. En el centro había varias cámaras para monitorear todo el espacio.

“Mientras estaba allí –relata García Rincón– recordaba el libro 1984 de George Orwell, y su panóptico (modelo arquitectónico y de vigilancia social). Estuvimos cerca de 150 minutos allí, con frío, sin poder comer algo, con acceso a unos baños en mal estado cuando era necesario, con nuestro hijo de apenas 3 años allí, intentando evitar que percibiera que sus derechos estaban siendo violentados”.

Luego, una pareja de agentes migratorios se le acercaron. Uno de ellos le dijo que tenía una “alerta migratoria” emitida por Colombia, lo que desmintieron después autoridades de este país, y que esa “alerta” lo ubicaba como “sospechoso de pertenecer al crimen organizado”.

“Eso fue vil, sorprendente –señala–, una historia para no creer y que quisiera no tener que recordar jamás, aunque desde aquel día no pasa una hora en que no tenga un flash-back al respecto. Tengo muchos defectos en mi vida personal, como todos, pero delincuente no soy; lo único que he llegado a matar son los microorganismos que infectan a mis pacientes, y lo hago a través de antibióticos”.

Pero “la humillación no terminó allí, cada vez era peor. Después de eso tuvieron la desfachatez de tomar mis huellas dactilares y mi perfil biométrico. De todas las personas a las que devolvieron, fui yo el único al que le hicieron esto. ¡Qué desfachatez y qué despropósito! Ahora quedaban con mis datos y podrían hacer con ellos lo que les viniera en gana, si ustedes no los detienen”.

Los comentarios xenófobos, racistas, anticolombianos e insultantes se repitieron desde su llegada hasta su salida del aeropuerto de Cancún. También el “maltrato sicológico”, según denunció.

El médico acusa en sus demandas al INM de “falsedad en documento público” pues a él lo “inadmitieron” en México por la inexistente “alerta migratoria”, pero en el acta de inadmisión los agentes migratorios mintieron y señalaron como causal del rechazo “inconsistencias en la segunda entrevista”, la cual ni siquiera ocurrió.

Además, el infectólogo considera que fue víctima de robo indirecto, pues el INM le hizo perder sin justificación alguna unos cinco mil dólares que había pagado por anticipado al hotel y a operadores turísticos por su estancia en Cancún.

En su escrito, García Rincón señala: “¡Mientras escribo esto, no saben cuánto odio y repulsión siento por esas personas, su trato humillante y denigrante... lloro de rabia! Fuimos los últimos en ingresar al avión, ‘los parias’. Justo antes de ello, en la sala previa al acceso, nos entregaron celulares y computadores”.

Sus pasaportes fueron entregados por los agentes migratorios a la tripulación del avión, en el cual fueron acomodados en sillas separadas.

“Tenía y tengo mucha rabia –dice el médico–: quienes me conocen saben que soy demasiado tolerante, pero estaba llegando al límite”.

Miles de colombianos, asegura, viven un “calvario sistemático” por parte de las autoridades migratorias.

“Considero que esto debe ser analizado de forma detallada por los diferentes entres de control, nacionales e internacionales, porque, como lo demuestro, en muchos de los casos no hay una causa justa de inadmisión, y hay una violación evidente de nuestros derechos humanos que debe ser corregida”, señala García Rincón, quien el 4 de febrero celebraría su cumpleaños en Cancún con su esposa y su hijo.

Es la primera vez que el Estado mexicano enfrenta una demanda ante instancias internacionales por la violación de derechos humanos de los turistas colombianos.

La CIDH ya le respondió que también puede presentar una medida cautelar contra cualquier país miembro de la OEA, como es el caso de México, y él está dispuesto a seguir el trámite, mientras que en la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos el caso fue planteado por el médico como “detención arbitraria”, además de la violación de sus derechos fundamentales.

“No voy a parar hasta que no se haga justicia”, asegura.

FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL CRODA.

Mexicanos deportados denuncian que Estados Unidos los maltrató y mantuvo esposados

'Pasé tres días en el desierto sin comer, me detuvieron y todavía me encerraron esposado', relató Daniel, un migrante mexicano que fue deportado por Estados Unidos.

Mexicanos deportados por la Administración de Donald Trump denuncian que las autoridades estadounidenses los mantuvieron días encerrados y esposados, aunque el Gobierno de México niega que ocurran violaciones a derechos humanos y promete defender a los connacionales.

Las personas retornadas relataron a la agencia EFE haber padecido maltrato en Estados Unidos antes de llegar al Centro de Atención de Deportados que acondicionó el Gobierno mexicano en Tijuana, la mayor ciudad en la frontera, a 15 kilómetros del puerto fronterizo El Chaparral, donde pasan dos días y obtienen transporte a sus lugares de origen.

Iván Ramos Reyes, originario del estado mexicano de Chihuahua, refirió que el maltrato y la forma en la que lo detuvieron, después de casi una década en Estados Unidos, le generó una experiencia “amarga y frustrante”, pues de un momento a otro “se acabó el sueño de estar allá”.

“Yo vivía en Las Vegas, tenía ocho años y trabajaba en la construcción, estaba viviendo bien. Me detuvieron cuando me dirigía en mi carro hacia Utah, un oficial de la Policía, con el pretexto de que no prendí las luces, y ya de ahí llamaron a migración y después de dos días encerrado me mandaron para acá”, detalló.

Agregó que su frustración deviene de perder todo lo que ya había obtenido gracias a su trabajo.

“Se frustra uno porque, aunque sabes que no estás de forma regular, tratas de hacer las cosas bien y yo solo me dedicaba a trabajar, se quedó todo allá, pero voy a buscar la posibilidad de volver a cruzar”, relató.

Violaciones a derechos humanos

El Gobierno de México, que el lunes reportó 14,470 deportados al país desde que comenzó la presidencia de Trump el 20 de enero, ha negado que los migrantes padezcan violaciones a sus derechos humanos tras salir de Estados Unidos, al documentar solo dos presuntos casos, de un mexicano y de una guatemalteca.

“A suelo mexicano por supuesto que no (llegan esposados) […] Cuando pisan tierra mexicana, aquí en la tierra mexicana nadie los trata así”, sostuvo el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, hace dos semanas.

Pero migrantes como Rogelio aseguraron haber recibido un trato distinto de Estados Unidos.

“Nos recibieron mal, nos retuvieron desde las 12 de la noche el día que nos detuvieron, nos mantuvieron esposados y sin saber ni qué iba a pasar ni por dónde nos iban a sacar del país”, manifestó.

Tras haber cruzado por Tecate a California las autoridades le “dijeron que ahorita no estaban dando asilo, sólo deportar a la gente”.

“Nada más nos agarraron y nos aventaron para acá”, lamentó.

Su compatriota Daniel compartió una situación similar: “Estuvo muy padre mi experiencia, porque pasé tres días en el desierto sin comer, me detuvieron y todavía me encerraron esposado, por eso estoy contento de regresar a mi país, aunque no descarto que vuelva a intentar cruzar”, relató de forma sarcástica.

Hombres, la mayoría de los deportados

Mónica Vega, coordinadora del Centro de Atención a Repatriados, compartió a medios que, desde la apertura del lugar, han recibido a 754 personas, el 90 % hombres, y que los números fluctúan cada día, pero en promedio llegan alrededor de 20.

“En su mayoría es gente que intentó cruzar, hemos detectado algunos casos de gente que fue a su audiencia de solicitud de asilo político, le fue negada e inmediatamente fueron deportados o algunos que se les venció su permiso de trabajo, lo intentaron renovar, se los negaron y fueron deportados”, describió.

Resaltó que muchas de las personas optan por trasladarse a otros albergues para migrantes de Tijuana, a otros los recogen sus familias y el resto recibe apoyo del Gobierno para comprar un pasaje para regresar a sus ciudades de origen.

FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.

Internas de penal de Coahuila denuncian amenazas, robos y castigos de sus celadoras

Las internas denunciaron que viven "un infierno" debido a la falta de medicamentos, la presencia de ratas y a los abusos de las vigilantes, quienes incluso les cobran 200 pesos por tener fotografías de sus hijos.

Internas del reclusorio femenil piden al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, atender "el infierno” en el que viven a causa de un grupo de celadoras y un comandante, quien incluso las amenazó con ingresar personas externas y armar un motín si se quejaban de los abusos, robos, vejaciones y maltrato del que son objeto. 

Las reclusas hicieron llegar a esta reportera, a través de sus familiares y conocidos, cartas en las que denuncian a los funcionarios de uno de los turnos de vigilancia del Centro de Readaptación Femenil en Saltillo.

Menores a la deriva y violación a derechos humanos, el saldo del operativo vs campamento migrante en Chihuahua

Información de la Sedena establece que el operativo fue solicitado por el Gobierno estatal de la panista María Eugenia Campos. Personas expertas y organizaciones condenan que se haya dejado a menores de edad a la deriva y no se hayan respetado los derechos humanos de personas migrantes. Además equiparan esas omisiones con las registradas el 27 de marzo del 2023 en una estación migratoria en ciudad Juárez, donde fallecieron más de 40 personas.

El operativo realizado el sábado pasado en un campamento migrante en la ciudad de Chihuahua, violentó los derechos humanos de las personas en tránsito, además de dejar a la deriva a varios menores de edad retenidos por la autoridad.

Así lo señalan varias organizaciones de la sociedad civil, instancias de derechos humanos, y personas expertas en el tema, las cuales condenaron la forma de actuar de las autoridades. En principio del Gobierno del Estado por solicitar el operativo contra un espacio en el que se concentraban las personas migrantes desde hace más de un año, pasando por la municipal y la federal por no seguir sus propios protocolos de actuación en ese tipo de casos.

La Secretaría Nacional de la Defensa (Sedena) confirmó que la competencia para dar información sobre el operativo es del Gobierno del Estado de Chihuahua.

De acuerdo con fuentes al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) el día del operativo fueron detenidas 12 personas migrantes, de alrededor de 150 que se encontraban en ese momento. Sin embargo, durante las siguientes horas detuvieron a más en diferentes partes.

El mismo sábado a mediodía, la Secretaría de Seguridad Pública informó que en total fueron “rescatadas” 39 personas: 20 hombres y 19 mujeres. De estos 17 son menores de edad, dos de ellos no acompañados. En total fueron 7 núcleos familiares.

De los 17 menores de edad asegurados por las corporaciones de seguridad pública, sólo 4 fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF estatal.

De acuerdo con un par de migrantes venezolanos detenidos durante el operativo, fueron llevados hasta Villahermosa junto con otros menores de edad que viajaban con sus familias. Es decir, no fueron deportados a sus países de origen y no a todos los menores de edad los canalizaron a la Procuraduría de Protección de la niñez.

De los menores de edad, sólo fueron puestos a disposición de la Procuraduría de Protección del DIF, los dos adolescentes no acompañados y dos más con sus respectivas familias.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes informó a Raíchali que los dos adolescentes no acompañados son una mujer de Honduras y un hombre de Venezuela, quienes fueron trasladados a centros de asistencia social o albergues, donde permanecerán hasta que se resuelva su situación migratoria.

Asimismo, los otros niños menores que fueron resguardados con sus papás, son originarios de Venezuela. Los dos hijos son hombres, uno tiene 5 años y el otro es un bebé. La familia fue puesta a disposición del DIF a través del Instituto Nacional de Migración (INM) y ahora se encuentran en un albergue destinado a familias en situación de movilidad.

Dos expertos en acompañamiento de personas migrantes coinciden en la preocupación de que en el operativo del sábado 18 de enero, no hubo garantías para resguardar los derechos de la niñez migrante.

Jorge Pérez Cobos, director de la organización Uno de Siete Migrando, destacó que llama la atención que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal informara la detención o aseguramiento de menores durante el operativo, acompañados y no acompañados.
“Tuvieron que haber pedido el acompañamiento de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que la misma Procuraduría determinara el interés superior de la niñez, que seguramente no es el caso de estar detenidos o privados de su libertad o alojados, como le quieran llamar. Finalmente los niños no pueden moverse libremente con su familia”
A nombre de Uno de Siete Migrando pidió que la dependencia estatal haga las valoraciones y determine el interés de las y los menores, para restituir sus derechos, que no siempre tiene que desencadenar en la deportación de ellos y sus familias.

“Nos preocupa estas determinaciones de las autoridades locales, de decir que no va a haber albergues para niños y niñas migrantes, porque es una clara evasión de sus responsabilidades. El tema de la verificación migratoria lo que no tiene de manera exclusiva Migración, pero las autoridades locales tienen la obligación de la atención a grupos vulnerables y las personas migrantes son grupo vulnerables. Parece que las autoridades estatales y municipales están evadiendo esas responsabilidad y quieren politizar un tema que es de humanidad. Es la vulnerabilidad de personas donde están involucradas las familias”, sentenció el director de Uno de Siete Migrando.

Con él coincide Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA).

“En el caso de niñez, tanto la no acompañada como la acompañada , el derecho de no detención se hace extensivo a padres, madres, hermanos mayores de edad, por lo tanto el INM debe dar por lo menos un oficio temporal con vigencia de 30 días con una estancia regular. En ese periodo la Procuraduríad e Menores a nivel estatal, debe generar la determinación del interés superior de niñas y niños”.

Navarrete detalló que además la dependencia eventualmente debe externder una Tarjeta de VIsitante por Razones Humanitarias (TVRH), que tiene vigencia de un año y se renueva mientras subsistan las condiciones, es decir, esto es, mientras niñas y niños tengan menos de 18 años. La TVRH genera una CURP, con la que niñas y niños tienen acceso a educación y las personas adultas a atención médica y empleo.

“Lo que hemos visto como una práctica desde el año pasado a nivel nacional, es la falta de expedición de las tarjetas, lo que vuelve más vulnerables a las personas migrantes. En el caso de Juárez sí han dado tarjetas, hay una mesa de inclusión educativa liderada por UNICEF, una de salud que lidera jurisdicción sanitaria zona norte en la que varias organizaciones participan, se busca solventar la atención médica”.

En el caso de la ciudad de Chihuahua se han registrado casos preocupantes de menores de edad migrantes que se han escapado de albergues cuando estaban a cargo del DIF estatal.

El 11 de enero, Ana Paola Nájera López de 15 años, proveniente de Honduras, desapareció después de salir sin autorización del albergue San Vicente de Paúl, localizado en el Complejo Industrial Robinson. La adolescente fue localizada días después, aunque no se han dado detalles sobre las circunstancias de su desaparición ni localización.

Y el 14 de enero, Mandy Lizbeth Reyes Ballesteros, de 14 años y originaria de Colombia, desapareció tras salir sin autorización del albergue denominado VITAE, ubicado en la colonia Francisco Villa. Mandy es de tez morena, complexión delgada, mide aproximadamente 1.60 metros de estatura y tiene un tatuaje de corazón detrás de la oreja derecha. Al momento de su desaparición vestía pantalones con estampado militar, una chamarra negra con gorro de peluche y tenis blancos. Hasta la fecha, su paradero sigue siendo desconocido.

El 20 de marzo del año pasado, cuatro adolescentes guatemaltecos fueron reportados como desaparecidos cuando huyeron de agentes de la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de Niñas, Niños y Adoelscentes (DIF), de acuerdo con pesquisas emitidas por la Fiscalía General del Estado

La FGE divulgó las fotografías y nombres de: Juan Yeferson Lux Barrera, Manuel Gabriel Chico Xlioj, Margarito Misael Vázquez Tomás y Vicent Anthony Ordoñes Ordoñez, todos de 17 años. Los jóvenes fueron puestos bajo la custodia de la Subprocuraduría, pero al descender del vehículo que los transportaba, lograron huir corriendo.

La competencia es del gobierno del estado de Chihuahua: Sedena

A través de la Plataforma Nacional de Transparencia (número de folio: 3300264150000243), se le solicitó a la Sedena “copia de todos y cada uno de los documentos físicos y digitales que den confianza de la solicitud realizada por el INM, para acudir al operativo en el campamento migrante ubicado en Industrial 10 y Juan Pablo II en la ciudad de Chihuahua, la madrugada de este sábado 18 de enero de 2025 (…)”.

La respuesta de la Sedena es la siguiente:

“Se le hace saber que la información que solicita no es competencia de esta Secretaría, por lo que se le sugiere canalizar su solicitud a la unidad de transparencia del gobierno del estado de Chihuahua, por considerarlo un asunto de su competencia”.

En dicha respuesta, firmada ayer por Édgar Antonio Toledo Reyes, subjefe de la Unidad de Transferencia de la Defensa Nacional, la dependencia descarta que el operativo fue iniciativa del INM.


Autoridades no avisaron a organismos de derechos humanos para garantizar respeto a migrantes

El encargado del despacho de la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Alejandro Carrasco Talavera, dio a conocer que para el operativo no hubo presencia de ese organismo ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

“La autoridad federal lo que hizo fue acudir ahí, asistida de otras instituciones, al parecer para detener a las personas. Sin embargo, esta institución no cuenta todavía con elementos objetivos de cómo se llevó a cabo el operativo, debido a que no contó con nuestra presencia este evento. Sin embargo, nosotros ya pedimos información a las autoridades que nos competen como Comisión Estatal, que sería la Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Estamos en espera de que nos brinden la información para saber en qué consistió este operativo”, informó Carrasco Talavera.

El encargado de la CEDH mostró preocupación porque observan que no existe “ningún método, ninguna forma, ningún documento, ninguna prueba que nos aporte algo como Comisión” para saber que respetaron los derechos de las personas migrantes porque se corre el riesgo de criminalizar la migración y migrar no es un delito sino una situación en todo caso administrativa.
“Las personas migrantes, como todas las personas, tienen derechos humanos, no hay personas que valgan menos y no hay personas que valgan más. Entonces, tienen derecho a una asistencia legal y no sabemos si el Instituto Nacional de Migración está dando asistencia legal a las personas detenidas que al parecer fueron 39 las que fueron remitidas al Polideportivo Sur de la ciudad de Chihuahua, a donde también acudimos y se levantó acta circunstanciada. Pero ya cuando acudimos nosotros a las 3:20 de la tarde, ya no se encontraba ninguna persona detenida ahí. Nos comentó el guardia del Polideportivo que habían sido llevadas las personas al estado de Chiapas, por parte del Instituto Nacional de Migración”
Entre otros derechos, detalló el encargado de la CEDH, no se sabe si hubo un traductor o si se les dio asistencia consular. Cualquier persona cuando es detenida por autoridades migratorias, se la da aviso a la embajada o consulado de su país de origen aquí en México, precisó.

“El derecho a la salud, no sabemos si se les está dando acceso a las medicinas que necesitan, sobre todo por niñas y niñas que se encontraban presentes. También necesitamos asegurarnos que estén en un alojamiento en condiciones dignas, la preservación del unidad familiar también es importantísima (…) y sobre todo tienen derecho a solicitar asilo y ver la manera en que se le puede apoyar a estas personas. Lo que pedimos como Comisión es que en este tipo de eventos se nos dé vista para estar presentes y dar fe que no se están violentando derechos humanos de estas personas en situación de movilidad”, añadió.

Autoridades dejan a migrantes a merced del crimen organizado por criminalización generalizada

Entre las primeras 12 personas detenidas el sábado pasado, se encontraba un presunto integrante del grupo delictivo venezolano Tren de Aragua, que opera en Sudamérica y se habría extendido hasta Estados Unidos.

Según las fuentes consultadas al interior del INM, para el operativo tenían dos objetivos para su detención, pero decidieron hacerlo contra todas las personas migrantes, en la madrugada y con temperaturas bajo cero.

Aún así, el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, dijo a medios locales el lunes pasado, que el operativo se desarrolló de manera “limpia” y “en paz”, sin incidentes graves (…) “no hubo heridos ni hechos que lamentar”.


Las autoridades destacaron la coordinación interinstitucional entre los tres niveles de gobierno y el De la Peña aseveró que la intervención fue realizada “en pleno respeto de los derechos humanos”, aún cuando no fue observado por organismos derechohumanistas.

El secretario dijo que las demás personas detenidas fueron trasladadas a sus países de origen, pero se encuentran en Villahermosa, según el testimonio de dos de ellos.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, indicó que uno de los hombres detenidos en el operativo, identificado como Jesús N, es presunto integrante del Tren de Aragua y fue identificado como tal, por las autoridades de Estados Unidos.


Con otro hombre detenido por presuntos hechos delictivos, Jesús N fue trasladado a la Ciudad de México para procesarlo, según informó Santiago de la Peña, quien detalló que ambos incitaban “a la riña y alterar el orden público”.
Loya generalizó y aseveró que las dos personas venezolanas “que sabíamos que estaban liderando, probablemente liderando a las personas que se encontraban en el campamento, por fuentes de autoridades de los Estados Unidos, está directamente relacionado con la pandilla conocida como el Tren de Aragua”.
Raíchali documentó por lo menos tres casos previos, de migrantes que fueron víctimas de asalto de otros migrantes. Sin embargo, el miedo a denunciar los obligó a buscar otro lugar para evitar ser agredidos, pero siguieron llegando centenas de migrantes al campamento conforme transcurrían las semanas.

Jorge Pérez Cobos pidió también que no se criminalice a todas las personas migrantes por una persona, porque están en alta vulnerabilidad frente al crimen organizado y mientras más se cierren albergues y las posibilidades de las personas de estar en lugares adecuados, “simplemente más los están poniendo en manos del crimen organizado”.

“Creemos que si identificaron a personas vinculadas al crimen organizado, que bueno que se actúen, pero tendrían que hacerlo no criminalizando a toda la población completa. Era haber detenido a la persona, a lo mejor hubiera sido más exitoso (el operativo) si hubieran detenido a más personas involucradas con el crimen organizado y no a la cantidad de menores que detuvieron y sólo a dos personas relacionadas con actividades delictivas”, agregó el abogado activista.

Explicó además que las mismas autoridades han inhibido las denuncias por parte de personas migrantes al pedirle la credencial del INE para poner denuncias, “no les quieren tomar la denuncia y luego les acusan de querer poner la denuncia únicamente para poder acceder a una visa humanitaria. Eso evidentemente no ayuda. Las opciones de personas que tuvieran esta conciencia, la inhibe la propia autoridad. Esto sucedió anteriormente, pero no hay este acercamiento de autoridades para poder tratar estos temas”.
Las alternativas de seguridad para las personas migrantes son nulas y más aún ahora, con el anuncio de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien dio antes del operativo que Chihuahua no será santuario de migrantes y que no habrá albergues porque la entidad no es un lugar para ellos, sólo habrá centros para recibirlos y ayudarles a regresar a sus estados o países.
“Las alternativas que tienen son pocas. Están diciendo que no va a haber albergues, no va a haber nada, los están poniendo más a merced del crimen y las alternativas se vuelven nulas, pareciera que estamos en un estado en el que se quiere negar la existencia de las personas migrantes y que la única alternativa es desaparecer, no ser visto, no caravanas, no campamentos, no nada que se visibilice a las personas migrantes porque eso les vuelve el problema. El problema no fue que hubiera personas migrantes en situación de calle, es que eran visibles”, denunció Pérez Cobos.

Blanca Navarrete, de DHIA, dijo que es preocupante el número de dependencias y agentes que participaron en el operativo contra el campamento migrante, porque para cualquier persona que viene de un contexto de violencia, de discriminación, de violaciones a sus derechos humanos desde sus países de origen hasta su tránsito por México, obviamente se predisponen al ver esa cantidad de elementos de las fuerzas de seguridad pública, en un horario de la madrugada y con frío extremo.

“Si bien siempre se va a querer poner esta imagen de las personas migrantes agresivas, violentas. En este caso se repite la historia del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, porque al igual que en Juárez el gobierno municipal colaboró de manera ilegal con el INM”.

Operativo tiene características al incendio de estación migratoria en Ciudad Juárez: Navarrete

Blanca Navarrete equiparó el operativo del sábado 18 de enero con el incendio ocurrido en marzo del 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez, donde más de 40 personas migrantes fallecieron. La comparación la hizo relativa a la violación a derechos humanos por parte de la autoridad.

“Aquí igual, el gobierno de Chihuahua colabora de manera ilegal con el INM, por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos va a tener que corroborar que hay un oficio de colaboración. Migración no puede solicitar colaboración a ninguna autoridad de manera verbal, tiene que haber una solicitud expresa indicando la hora del operativo, lugar, etcétera”.

Continuó: “Es otra vez usando el fuego como una herramienta de protección, de protesta, que puede leerse mal, pero finalmente nadie ha estado en las condiciones que están estas personas en movilidad, donde primero piensan en prender fuego como una manera de protestar, escapar, sobre todo pensando que había niños y niñas y mujeres embarazadas”.

Navarrete recordó que la verificación migratoria que realiza el INM la hacen en bares, en hoteles, pero esta es la primera ve que la hacen en un campamento, por lo que les resulta extraño por la forma en la que procedieron los tres órdenes de gobierno.

El mayor riesgo que corren los migrantes en su paso de Chihuahua a Juárez, es el número elevado de personas desaparecidas y/o secuestradas por grupos delictivos locales. Han secuestrado a familias completas para pedir rescate a sus familiares y dejarlos transitar hacia la frontera.

Raíchali ha documentado testimonios de personas migrantes que han sido secuestradas. Los tres últimos fueron de jóvenes nicaragüenses y venezolanos que lograron huir del operativo, pero que previamente estaban a punto de llegar a Juárez cuando los secuestraron en Villa Ahumada.

Bryan, un joven venezolano de 19 años, relató que los tuvieron detenidos alrededor de 30 días hasta que sus familias pudieron reunir parte del dinero que les pedían. De 50 mil pesos les aceptaron pagar sólo 25 mil y los dejaron en libertado.


Blanca Navarrete detalla que ya no acompañan ese tipo de casos porque los empezaron a atender como desapariciones pero se convertían en secuestros, por lo que resultó más complejo. Los grupos en Durango y Chihuahua dejaban de pasar unos 10 días para pedir rescate a personas, cortaban la comunicación con las familias para desesperarlas y que accedieran a pagar.

Actualmente se encuentra desaparecida una familia con dos niños de 1 y 3 años. Los padres son César Atencio, quien es venezolano, y Lina Isabel Arias, que es colombiana. Ellos recorrieron México en tren. Llegaron a la ciudad de Chihuahua justo el día que nevó, el 10 de enero. Pasaron unas noches bajo cero y avanzaron hacia Juárez. Sus compañeros denuncian que fueron secuestrados antes de llegar a la ciudad fronteriza.

Autoridades violaron derechos de migrantes y olvidan grave problema de desplazamiento forzado en la Tarahumara: ong’s

Alrededor de 60 organizaciones nacionales e internacionales, así como particulares, reprobaron las declaraciones de la gobernadora Campos Galván, quien unos días de la toma de protesta de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, insistió en que el estado no es un lugar santuario para personas en contextos de movilidad humana, por lo que los posibles deportados no podrían permanecer
en él.


“Para quienes ya se encuentran en Chihuahua, la postura ha sido la misma, quedando clara con la petición al Instituto Nacional de Migración (INM) de un operativo el pasado 17 de enero, a todas luces violento y violatorio de derechos humanos. Incluso fueron trasladados agentes migratorios de Ciudad Juárez a la ciudad de Chihuahua, quienes participaron en dicho operativo durante la madrugada, a sabiendas de la dificultad en la cobertura de medios de comunicación y respuesta de las organizaciones de la sociedad civil”.

En un comunicado, recordaron que había presencia de mujeres embarazadas, niñas y niños, utilizaron la fuerza pública para rodear el campamento ubicado al sur de la ciudad, “sin que autoridades civiles mediaran la reubicación de las personas o preguntaran si necesitaban ser reubicadas”.

“El uso de cuerpos de seguridad y fuerzas militares es un mensaje claro de la gobernadora, tal como lo han hecho en los últimos años, quien ha señalado que el estado no es responsable de las personas en movilidad, olvidándose del grave problema de desplazamiento forzado en las zonas serranas, que ella ha sido incapaz de atender, así como la existencia de la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua, donde los esfuerzos de reformas han sido prácticamente insignificantes”.
Le recordaron a María Eugenia Campos que la invisibilización del desplazamiento forzado y otras formas de la movilidad humana aunado al discurso de rechazo y criminalización, potencian situaciones de graves riesgos.
Y advierten que de nueva cuenta, el proceder del INM está fuera de todo seguimiento a protocolos, sin apego a un marco de derechos y protección, ya que obligan a las personas a tomar acciones desesperadas para salvaguardar su integridad y la de sus familias, huyen de quienes están obligados a brindarles protección.

A los gobiernos federal, estatal y municipal les cuestionaron las forma en la que han abordado el tema en Chihuahua, llevar más de 100 elementos del Ejército mexicano, de la Guardia Nacional, Policía Municipal, Policía Estatal y agentes del INM, ya que eso no es proteger a las personas en movilidad sino acciones violentas y de intimidación que pueden terminar en una desgracia como el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, ocurrido el 27 de marzo de 2023.

Les recordaron a las autoridades estatales y municipales sus obligaciones establecidas en la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua y destacan:
  • El artículo 1 dice: “tiene como objeto proteger y apoyar a personas migrantes y sus familias que se encuentren o transiten por el territorio estatal, prohibiendo cualquier forma de presión sobre éstas para la renuncia de sus derechos, y sin que se les pueda restringir o limitar de modo alguno”.
  • Artículo 2, fracción III: “Promover el respeto de los derechos humanos de migrantes y sus familias, sin distinción de sexo, raza, color, idioma, religión, ideología, condición social, lugar de origen, nacionalidad, edad, estado civil o cualquier otra condición, con independencia de su situación jurídica migratoria.
  • Artículo 3: “[…]reconocerá, promoverá y garantizará a migrantes y sus familias, el ejercicio pleno de sus derechos”, donde aparte de enfatizar que deben recibir un trato respetuoso , oportuno y con calidad, información sobre los programas que les beneficien, destaca en la fracción VII que en el caso de la niñez y adolescencia se deberán garantizar sus derechos atendiendo a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como el principio de interés superior de la niñez
FUENTE: RAICHALI.
AUTOR: PATRICIA MAYORGA, KARLA QUINTANA.

Víctimas de tortura durante marcha del 8M en Zacatecas denuncian omisiones de la CNDH

Las víctimas de los actos de tortura y brutalidad policiaca ocurridos durante la marcha por el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo del 2024 en Zacatecas, denunciaron que la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) minimiza la violencia que vivieron, omite la responsabilidad de los altos mandos gubernamentales y muestra un sesgo de género al culpabilizar únicamente a las mujeres policías.

En primer lugar, aunque la Recomendación 272/2024 confirma que existió una serie de violaciones a los derechos humanos de las víctimas identificadas como QV1 a QV15, entre los que se encuentran el derecho a la manifestación y protesta, a la libertad y seguridad personales, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la integridad personal y a una vida libre de violencia; el documento minimiza los hechos al no calificarlos como tortura, incluso con la evidencia presentada, según expresaron en un comunicado de prensa.

Asimismo, advirtieron que la CNDH no incluyó una investigación sobre la responsabilidad de Rodrigo Reyes Muguerza, Secretario General de Gobierno, por promover discursos de odio y criminalización hacia las manifestantes días antes del 8M y por haber estado frente a los monitores que daban seguimiento a las acciones represivas; Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública, encargado de las fuerzas estatales y municipales que realizaron los actos de represión y tortura; y de David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, quien es el último responsable en dar órdenes a las fuerzas de seguridad.

Ligado a esto, expresaron que la omisión de la responsabilidad por parte de los altos mandos gubernamentales, quienes son hombres, ha generado una narrativa que desvía la atención de ellos. Este enfoque permitió que la CNDH culpabilizara sobre los actos de represión y de tortura únicamente a las mujeres policías, perpetuando un sesgo de género.

En adherencia, las víctimas consideraron que el plazo de seis meses que otorgó esta institución para que se cumplan con las medidas de reparación y no repetición es excesivo, principalmente cuando faltan dos meses para la próxima manifestación del 8M en la que miles de mujeres salen a manifestarse por la violencia en razón de género que viven y porque el gobierno de Zacatecas todavía no ha reconocido la recomendación.

Ante esta situación, las mujeres señalaron que no debe permitirse que los actos de tortura y represión deban repetirse en el futuro. No obstante, la inacción de las autoridades y las omisiones, inconsistencias y sesgos evidenciados en la recomendación de la CNDH pone en manifiesto la falta de compromiso e indiferencia hacia la defensa y protección de sus derechos humanos. Esta postura envía un mensaje sobre la permisibilidad de actos violentos contra ellas.

8 de marzo de 2024, el recuento de los hechos

Hace casi un año, elementos antimotines de la Policía Estatal Preventiva, quienes se encontraban sobre la Plaza de Armas, agredieron a diferentes mujeres pertenecientes a colectivas feministas que asistieron a la movilización en Zacatecas por el Día Internacional de la Mujer. Esto ocurrió durante el “año de la paz” en la entidad federativa, denominado así por Rodrigo Reyes Mugüerza ante las condiciones de inseguridad que atraviesa el estado.

El 5 de marzo, mujeres del Movimiento Feminista de Zacatecas advirtieron la criminalización de la protesta, debido a que Rodrigo Reyes Mugüerza la calificó como “violenta” y ordenó medidas para evitar agresiones a los ciudadanos. Debido a esto, las feministas declararon que la marcha solo se tornaría de esta manera si los elementos policiales ejercieran fuerza contra ellas, lo cual terminó ocurriendo.

Gracias a los videos grabados por las manifestantes, se logró documentar el uso de fuerza policiaca donde agentes de ambos sexos persiguieron, golpearon y detuvieron a las mujeres. En ellos, se pudo observar que cinco policías cometieron de forma violenta a una joven, dejándola semidesnuda y arrastrándola, mientras que quienes intentaron ayudarla fueron rociados con gas.

Este suceso ocurrió frente a observadores de derechos humanos y bajo la vigilancia de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública. De igual forma, cuerpos policiales dispersaron a las mujeres con supuestos extintores y gases lacrimógenos, lo que provocó pánico entre las niñas y mujeres que asistieron. También se reportaron detenciones arbitrarias, incluso a periodistas que cubrieron la protesta, así como violencia.

Aunque Rodrigo Reyes Mugüerza justificó la actuación de la policía, más tarde con la revelación de los videos que circularon en redes sociales, lamentó los hechos y aseguró que las mujeres detenidas habían recibido atención y estaban en libertad. Finalmente, anunció una investigación 

Inicialmente, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, justificó la actuación policial, pero más tarde, ante la evidencia de los videos, lamentó los hechos y aseguró que las mujeres detenidas habían recibido atención y estaban en libertad. Además, anunció una investigación para evaluar la actuación de las fuerzas del orden.

La intervención de la CNDH

El 10 de diciembre del 2024, la CNDH hizo público la Recomendación 272/2024, en la que se estableció la inscripción de las víctimas QV1 a QV15 en el Registro Estatal de Víctimas y la gestión de su reparación integral del daño, en la cual se incluyen atención integral para las afectadas; una disculpa pública y el reconocimiento de responsabilidad; comunicación y respeto al derecho de protesta; un protocolo policial con perspectiva de género; un área de reacción inmediata; colaboración con las investigaciones judiciales; renombramiento del Callejón de las Campanas; capacitación y sensibilidad policial; difusión de mensajes de respeto; remisión de recomendación a gobiernos estatales; y denuncias administrativas contra los responsables.

Sin embargo, las víctimas especificaron la solicitud de dichas medidas:
  • Que la atención médica, psicológica y/o psiquiatría además de ser gratuita, inmediata, con perspectiva de género; sea a nivel privado ante la desconfianza de las víctimas en las instituciones gubernamentales.
  • La emisión de la disculpa pública institucional para reconocer los hechos y responsabilidades de las autoridades deberá ser apegada a los estándares internacionales.
  • La difusión del comunicado oficial contra la estigmatización de manifestantes del 8M, tendrá que promover el respeto al derecho a la protesta.
  • Incorporación de una comisión de sociedad civil en el protocolo policial para asegurar la inclusión de principios básicos como igualdad sustantiva, perspectiva de género y enfoque interculturalidad.
  • El establecimiento de un área de reacción inmediata en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para atender actos de violencia contra manifestantes.
  • Que la colaboración de las autoridades con la Fiscalía General de Justicia para determinar las responsabilidades administrativas y penales de quienes participaron, dejen en claro la acción y omisión de las autoridades.
  • La inclusión de una referencia a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer como forma de dignificar a las víctimas en el renombramiento del Callejón de las Campanas, donde ocurrieron los actos de tortura.
  • La consultoría y/o institución que se encargará del diseño de impartición de cursos de sensibilización y capacitación con perspectiva de género al personal policial estatal y municipal, sea pública para comprobar la experiencia, conocimiento y competencias en temas obligados.
  • Garantizar que los medios de comunicación no estigmatizan a las manifestantes y respetaran su derecho a la protesta con ayuda del gobierno de Zacatecas.
  • Que se remita la recomendación con las personas titulares de los gobiernos estatales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para concientizar sobre el uso de fuerza y debida diligencia en la contención de mujeres en el 8M.
  • La colaboración con la CNDH ante la denuncia administrativa contra las autoridades responsables ante los Órganos Internos de Control de la SSP y PMZ.
Las otras demandas de las víctimas

Además de solicitar que la CNDH reconfigure su recomendación, las víctimas exigieron a diferentes instancias de los tres poderes del estado de Zacatecas y a los tres órganos de gobierno las siguientes demandas:
  1. Al Poder Legislativo, una comisión especial que dé seguimiento a la recomendación conformada por la comisión de Igualdad de género y derechos humanos de la legislatura; un punto de acuerdo para que el Ejecutivo del Estado considere un plan de seguridad, no repetición y garantías a su derecho a la libre manifestación; y que el protocolo de marchas cumpla con la recomendación de la CNDH.
  2. Al Poder Judicial, que los casos relacionados con los hechos del 8M sean juzgados con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
  3. A la Fiscalía General de Justicia, que actúe con responsabilidad durante las investigaciones y no encubra a los responsables.
  4. Al Gobierno del Estado, la aceptación inmediata de la recomendación de la CNDH y la garantía de las medidas señaladas junto con la reducción de los plazos de cumplimiento.
  5. A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la creación de una comisión especial de consejo que dé seguimiento al cumplimiento de la recomendación y que esta misma sea difundida a los 58 municipios del estado de Zacatecas para prevenir que se repita los hechos.
  6. A la Fiscalía General de Justicia, la inclusión de altos mandos gubernamentales y policiales mencionados en la recomendación.
  7. Al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que se ocupe del programa institucional rumbo al 8 de marzo de 2025 para que los actos de violencia no se repitan.
A través de su comunicado de prensa, las víctimas convocaron a todas las organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía que participen en la creación de la Comisión de la Verdad desde la Sociedad Civil. Dicha instancia dará seguimiento al cumplimiento de la recomendación y de lo contrario alertará a la sociedad sobre su actuar.

Las víctimas expresaron que el alcance de las medidas es limitado si no se dedica tiempo a la investigación y sanción de los altos mandos responsables. Esto permite que la impunidad y la falta de justicia que las mujeres mexicanas enfrentan siga sucediendo. De igual forma, señalaron que la CNDH no puede desaprovechar una oportunidad histórica para dar lugar al esclarecimiento de los hechos y a la construcción de garantías efectivas de no repetición. 
“El 8 de marzo de 2024 no fue solo un ataque a nosotras como manifestantes; fue un ataque a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la lucha histórica de las mujeres. No descansaremos hasta que todas las responsables y responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. ¡Ni una más, ni una menos!”

-Víctimas de los actos de tortura y brutalidad policiaca del 8 de marzo de 2024 en Zacatecas
FUENTE: CIMACNOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.

CIDH presenta acuerdo sobre responsabilidad de México en masacre de Badiraguato, 16 años después

El 26 de marzo de 2008, en la localidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, elementos del Ejército mexicano dispararon contra el vehículo en el que viajaba Zenón Alberto Medina, dándole muerte a él y a otras tres personas; además, dos militares perdieron la vida.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el acuerdo de solución amistosa relacionado con la ejecución extrajudicial de Zenón Alberto Medina López, quien murió a manos de militares en México, en la masacre ocurrida en 2008 en Santiago de los Caballeros, Badiraguato, Sinaloa.

IMSS canceló pensiones a viuda de 82 años y le cobró 500 mil pesos

Es inconstitucional la fracción de la Ley del Seguro Social que elimina la pensión por viudez cuando la persona se casa de nuevo o tiene una relación de concubinato.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) canceló dos pensiones por viudez a una mujer de 82 años y además le cobró más de 500 mil pesos por concepto de adeudos.

El consejo de la Judicatura Federal reportó la historia de la mujer en una ficha: tras la muerte de su esposo, en abril de 1975, la mujer obtuvo una pensión por viudez.

Hijos del periodista Jesús Gutiérrez, asesinado en 2023, denunciarán agresiones de militares que entraron a su vivienda

Los militares les dijeron que se les hizo “muy sospechoso” el vehículo en el que viajaban los jóvenes y que minutos antes se habían reportado detonaciones de arma de fuego en la zona.

Caleth Jesús Gutiérrez, hijo del periodista Jesús Gutiérrez, asesinado en 2023, denunció que sus tres hermanos fueron víctimas de agresiones por parte de elementos del Ejército que irrumpieron en su vivienda en San Luis Río Colorado, Sonora.

En cinco años, la Guardia Nacional recibió 1,772 quejas por tortura, detención arbitraria y desaparición forzada

Entre las quejas contra la Guardia Nacional hay registros de detención arbitraria, tratos crueles e inhumanos, tortura, y acciones que resultaron en la muerte de personas, incluyendo una mujer embarazada que viajaba con su pareja en Jalisco.

La Guardia Nacional registró mil 772 quejas en su contra ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde su creación, en 2019,  hasta julio de 2024, según el Sistema Nacional de Alerta de Violación a Derechos Humanos de la institución. Las principales quejas fueron por detención arbitraria; trato cruel, inhumano o degradante; tortura; privación de la vida y desaparición forzada, en ese orden. 

Entre las quejas contra los uniformados hay registros de uso indebido de la fuerza que resultó en la muerte de personas, incluyendo una mujer embarazada que viajaba con su pareja en Jalisco.

El Cementario de las vivas: 7 intentos de suicidio en el Cefereso 16 de Morelos en un mes, tras registrar 13 suicidios en 3 años

En febrero se registraron 7 intentos de suicidio en el Cefereso 16 de Morelos, cifra que iguala a la alcanzada en los últimos 5 años.

Durante febrero del 2024, autoridades reportaron que 7 de 15 intentos de suicidio en las cárceles de todo el país ocurrieron en el Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) 16 de Morelos, cifra que en tan solo un mes igualó a la alcanzada durante los últimos 5 años en el mismo penal. Los intentos de suicidio ocurrieron tras la muerte de 13 mujeres que supuestamente cometieron suicidio dentro de esta prisión.  

De acuerdo con los “Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional”, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), dentro del llamado “CPS Femenil de Morelos” se registró un solo intento de suicidio durante el 2019, cifra que bajó a cero en 2020, pero que subió paulatinamente entre los siguientes años, al pasar de 1 en 2021, a 2 en 2022 y 3 en 2023, para sumar 7 intentos de suicidio en cinco años. 

Ineptitud, indiferencia y complicidad, actitudes del gobierno federal frente a las violaciones de derechos humanos: Frayba

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) denunció «la ineptitud, indiferencia y complicidad» con la que «gobierno tras gobierno» se han negado los derechos de verdad y de justicia a las víctimas y sobrevivientes de violaciones a los derechos humanos en Chiapas y México.

En el marco del Día Internacional del Derecho a la Verdad, que se conmemora el 24 de marzo, el Frayba reiteró su denuncia frente a la «profunda crisis» que atraviesa el país y la impunidad imperante en los casos de violencia, especialmente por la profundización del control territorial a manos del crimen organizado.

Congelan en Baja California por años investigación sobre tortura sexual

La Fiscalía admite que las indagaciones sobre la tortura a una mujer en 2014 están sin avances; anuncia reapertura del proceso y revisión de los funcionarios que presuntamente participaron en el crimen.

La investigación penal por la tortura sexual que sufrió Denís Chávez Mariscal hace diez años en Baja California y que despertó el interés internacional de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, estuvo cerrada durante años y sin avances, reconocieron las autoridades locales tras el reportaje publicado la semana pasada por Quinto Elemento Lab.

La Fiscalía estatal anunció que revisará el caso y se comprometió a examinar los ascensos y promociones que tuvieron los agentes policiales y ministeriales que presuntamente participaron en la tortura de Chávez y al menos otras dos mujeres.

Semar debe informar sobre violación de derechos humanos de infancias por parte de sus elementos

El periodo de informe que el INAI solicita a la Semar comprende de 2017 a 2023, desglosando la información por entidad federativa.

La Secretaría de Marina (Semar) debe dar a conocer la cifra de niñas y niños que han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos por parte de elementos de la dependencia de 2017 a 2023, determinó el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Esto, luego de que una persona interpusiera un recurso de revisión ante el INAI ante la respuesta de la Semar de declarar inexistente la información.

Mujeres torturadas, la impunidad en Tijuana

Tres mujeres fueron torturadas psicológica y sexualmente para forzarlas a admitir crímenes que las llevaron a una prisión en Baja California. Dos de ellas ya han logrado salir de la cárcel, pero una más continúa tras las rejas. Sus atacantes, que eran agentes antisecuestros, no solo permanecen sin castigo, sino que han sido promovidos dentro de la corporación. Esta es la historia de impunidad que ha llamado la atención internacional de la ONU.

El careo durante la audiencia fue brutal. De un lado, un agente de la Fiscalía General de Justicia de Baja California aseguraba a la jueza que Denís Chávez Mariscal mentía, que él no la torturó. 

Detrás de las rejas, vestida con la ropa gris del penal de Ensenada, Denís Chávez le respondió,  señalándolo enfurecida: “Si tú estuviste ahí me tuviste que haber escuchado ¿O tú fuiste uno de los que me golpeaste?”, gritó ese 29 de abril de 2022.

Cefereso 16 'no debería existir': Salvador Leyva

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, abogado defensor de Derechos Humanos, acusó a la Defensoría Pública de ser omisa.

Salvador Leyva Morelos Zaragoza, abogado defensor de Derechos Humanos, afirmó en entrevista para Aristegui En Vivo que el Centro Federales de de Readaptación Social (Cefereso) 16, ubicado en Morelos, no debería existir. 

Señaló que en este penal las mujeres se encuentran asiladas tanto a nivel social como legal, además de que sufren tortura, omisiones y falta de atención médica, lo que ha derivado en muertes e intoxicaciones masivas.

Comisión de Derechos Humanos emite más de 30 recomendaciones por tortura y tratos inhumanos

La CEDH ha emitido desde 2023, 24 dictámenes relacionados con tortura y tratos indignos.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) de Sonora informó que ha emitido 30 dictámenes y recomendaciones sobre casos de tortura y tratos inhumanos o degradantes desde 2023, tras la instauración de su Oficina del Protocolo de Estambul.

Según el informe de actividades 2023 de la CEDH, los casos que merecieron una recomendación ocurrieron entre los años 1993 y 2023.

Denuncian tortura y tratos inhumanos en detención de Nizayeejh, defensora oaxaqueña

La colectiva Acompañamiento Jurídico y Psicológico por la Dignidad Disidente (COJUDIDI), denunció tortura y tratos inhumanos en contra de su integrante Nizayeejh Chávez y otras cinco personas que fueron detenidas durante la marcha contra la gentrificación realizada en la capital de Oaxaca.

A través de un comunicado se pronunciaron en contra de la criminalización del gobierno del estado sobre las personas manifestantes que salieron a marchar el pasado 27 de enero en el centro histórico.

DIF Michoacán castiga al menos a 45 niños y adolescentes enviándolos a centros de atención a adicciones

DIF Michoacán respondió a una solicitud de información que 45 menores han sido enviados a centros de rehabilitación de drogas privados, sin que sean consumidores.

Como castigo, centros de asistencia social del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán enviaron al menos a 45 menores que se encontraban bajo su cuidado a centros de tratamiento contra las adicciones.

Las alertas sobre esa violación a los derechos de las infancias se encendieron desde octubre pasado, cuando algunos tutores y trabajadores conocieron de algunos traslados como castigo a niños, niñas y adolescentes.

La CNDH se doblega ante la Marina en caso de abusos contra cadete

Una alumna de la Heroica Escuela Naval Militar denuncia que la CNDH, lejos de investigar las violaciones a sus derechos por parte de oficiales de la institución armada, se limitó a aceptar la respuesta “engañosa” de la Semar.

Una alumna de la Heroica Escuela Naval Militar, cuyas iniciales son LYCL, denuncia públicamente que directivos del centro educativo de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) torturan a los cadetes, los obligan a autoinculparse de actos que no cometieron y, por su fuera poco, mienten en sus respuestas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando sus víctimas presentan las quejas correspondientes.

Acusados, encarcelados, torturados... bajo un cargo falso

En 2011 los hermanos Razo Casales fueron detenidos por un secuestro que no cometieron. Tras largos años en prisión, los dos fueron absueltos pero Verónica fue torturada con saña y sufre las secuelas. Con todo, sus abogados tienen la esperanza de que otros casos del anterior sistema penal mixto puedan corregirse.

El caso de Erick y Verónica Razo Casales es uno de los miles que enmarcan las deficiencias que tenía el sistema de justicia penal mixto, que dejó de estar vigente desde 2016 y en el cual la tortura, la fabricación de delitos y violaciones a los derechos humanos eran el común denominador.

Los hermanos Razo fueron detenidos hace 12 años por elementos de la hoy extinta Policía Federal vestidos de civil y quienes no portaban órdenes de aprehensión ni se identificaron.