En primer lugar, aunque la Recomendación 272/2024 confirma que existió una serie de violaciones a los derechos humanos de las víctimas identificadas como QV1 a QV15, entre los que se encuentran el derecho a la manifestación y protesta, a la libertad y seguridad personales, a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la integridad personal y a una vida libre de violencia; el documento minimiza los hechos al no calificarlos como tortura, incluso con la evidencia presentada, según expresaron en un comunicado de prensa.
Asimismo, advirtieron que la CNDH no incluyó una investigación sobre la responsabilidad de Rodrigo Reyes Muguerza, Secretario General de Gobierno, por promover discursos de odio y criminalización hacia las manifestantes días antes del 8M y por haber estado frente a los monitores que daban seguimiento a las acciones represivas; Arturo Medina Mayoral, Secretario de Seguridad Pública, encargado de las fuerzas estatales y municipales que realizaron los actos de represión y tortura; y de David Monreal Ávila, gobernador de Zacatecas, quien es el último responsable en dar órdenes a las fuerzas de seguridad.
Ligado a esto, expresaron que la omisión de la responsabilidad por parte de los altos mandos gubernamentales, quienes son hombres, ha generado una narrativa que desvía la atención de ellos. Este enfoque permitió que la CNDH culpabilizara sobre los actos de represión y de tortura únicamente a las mujeres policías, perpetuando un sesgo de género.
En adherencia, las víctimas consideraron que el plazo de seis meses que otorgó esta institución para que se cumplan con las medidas de reparación y no repetición es excesivo, principalmente cuando faltan dos meses para la próxima manifestación del 8M en la que miles de mujeres salen a manifestarse por la violencia en razón de género que viven y porque el gobierno de Zacatecas todavía no ha reconocido la recomendación.
Ante esta situación, las mujeres señalaron que no debe permitirse que los actos de tortura y represión deban repetirse en el futuro. No obstante, la inacción de las autoridades y las omisiones, inconsistencias y sesgos evidenciados en la recomendación de la CNDH pone en manifiesto la falta de compromiso e indiferencia hacia la defensa y protección de sus derechos humanos. Esta postura envía un mensaje sobre la permisibilidad de actos violentos contra ellas.
8 de marzo de 2024, el recuento de los hechos
Hace casi un año, elementos antimotines de la Policía Estatal Preventiva, quienes se encontraban sobre la Plaza de Armas, agredieron a diferentes mujeres pertenecientes a colectivas feministas que asistieron a la movilización en Zacatecas por el Día Internacional de la Mujer. Esto ocurrió durante el “año de la paz” en la entidad federativa, denominado así por Rodrigo Reyes Mugüerza ante las condiciones de inseguridad que atraviesa el estado.
El 5 de marzo, mujeres del Movimiento Feminista de Zacatecas advirtieron la criminalización de la protesta, debido a que Rodrigo Reyes Mugüerza la calificó como “violenta” y ordenó medidas para evitar agresiones a los ciudadanos. Debido a esto, las feministas declararon que la marcha solo se tornaría de esta manera si los elementos policiales ejercieran fuerza contra ellas, lo cual terminó ocurriendo.
Gracias a los videos grabados por las manifestantes, se logró documentar el uso de fuerza policiaca donde agentes de ambos sexos persiguieron, golpearon y detuvieron a las mujeres. En ellos, se pudo observar que cinco policías cometieron de forma violenta a una joven, dejándola semidesnuda y arrastrándola, mientras que quienes intentaron ayudarla fueron rociados con gas.
Este suceso ocurrió frente a observadores de derechos humanos y bajo la vigilancia de un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública. De igual forma, cuerpos policiales dispersaron a las mujeres con supuestos extintores y gases lacrimógenos, lo que provocó pánico entre las niñas y mujeres que asistieron. También se reportaron detenciones arbitrarias, incluso a periodistas que cubrieron la protesta, así como violencia.
Aunque Rodrigo Reyes Mugüerza justificó la actuación de la policía, más tarde con la revelación de los videos que circularon en redes sociales, lamentó los hechos y aseguró que las mujeres detenidas habían recibido atención y estaban en libertad. Finalmente, anunció una investigación
Inicialmente, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, justificó la actuación policial, pero más tarde, ante la evidencia de los videos, lamentó los hechos y aseguró que las mujeres detenidas habían recibido atención y estaban en libertad. Además, anunció una investigación para evaluar la actuación de las fuerzas del orden.
La intervención de la CNDH
El 10 de diciembre del 2024, la CNDH hizo público la Recomendación 272/2024, en la que se estableció la inscripción de las víctimas QV1 a QV15 en el Registro Estatal de Víctimas y la gestión de su reparación integral del daño, en la cual se incluyen atención integral para las afectadas; una disculpa pública y el reconocimiento de responsabilidad; comunicación y respeto al derecho de protesta; un protocolo policial con perspectiva de género; un área de reacción inmediata; colaboración con las investigaciones judiciales; renombramiento del Callejón de las Campanas; capacitación y sensibilidad policial; difusión de mensajes de respeto; remisión de recomendación a gobiernos estatales; y denuncias administrativas contra los responsables.
Sin embargo, las víctimas especificaron la solicitud de dichas medidas:
- Que la atención médica, psicológica y/o psiquiatría además de ser gratuita, inmediata, con perspectiva de género; sea a nivel privado ante la desconfianza de las víctimas en las instituciones gubernamentales.
- La emisión de la disculpa pública institucional para reconocer los hechos y responsabilidades de las autoridades deberá ser apegada a los estándares internacionales.
- La difusión del comunicado oficial contra la estigmatización de manifestantes del 8M, tendrá que promover el respeto al derecho a la protesta.
- Incorporación de una comisión de sociedad civil en el protocolo policial para asegurar la inclusión de principios básicos como igualdad sustantiva, perspectiva de género y enfoque interculturalidad.
- El establecimiento de un área de reacción inmediata en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), para atender actos de violencia contra manifestantes.
- Que la colaboración de las autoridades con la Fiscalía General de Justicia para determinar las responsabilidades administrativas y penales de quienes participaron, dejen en claro la acción y omisión de las autoridades.
- La inclusión de una referencia a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer como forma de dignificar a las víctimas en el renombramiento del Callejón de las Campanas, donde ocurrieron los actos de tortura.
- La consultoría y/o institución que se encargará del diseño de impartición de cursos de sensibilización y capacitación con perspectiva de género al personal policial estatal y municipal, sea pública para comprobar la experiencia, conocimiento y competencias en temas obligados.
- Garantizar que los medios de comunicación no estigmatizan a las manifestantes y respetaran su derecho a la protesta con ayuda del gobierno de Zacatecas.
- Que se remita la recomendación con las personas titulares de los gobiernos estatales y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, para concientizar sobre el uso de fuerza y debida diligencia en la contención de mujeres en el 8M.
- La colaboración con la CNDH ante la denuncia administrativa contra las autoridades responsables ante los Órganos Internos de Control de la SSP y PMZ.
Las otras demandas de las víctimas
Además de solicitar que la CNDH reconfigure su recomendación, las víctimas exigieron a diferentes instancias de los tres poderes del estado de Zacatecas y a los tres órganos de gobierno las siguientes demandas:
- Al Poder Legislativo, una comisión especial que dé seguimiento a la recomendación conformada por la comisión de Igualdad de género y derechos humanos de la legislatura; un punto de acuerdo para que el Ejecutivo del Estado considere un plan de seguridad, no repetición y garantías a su derecho a la libre manifestación; y que el protocolo de marchas cumpla con la recomendación de la CNDH.
- Al Poder Judicial, que los casos relacionados con los hechos del 8M sean juzgados con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.
- A la Fiscalía General de Justicia, que actúe con responsabilidad durante las investigaciones y no encubra a los responsables.
- Al Gobierno del Estado, la aceptación inmediata de la recomendación de la CNDH y la garantía de las medidas señaladas junto con la reducción de los plazos de cumplimiento.
- A la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la creación de una comisión especial de consejo que dé seguimiento al cumplimiento de la recomendación y que esta misma sea difundida a los 58 municipios del estado de Zacatecas para prevenir que se repita los hechos.
- A la Fiscalía General de Justicia, la inclusión de altos mandos gubernamentales y policiales mencionados en la recomendación.
- Al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, que se ocupe del programa institucional rumbo al 8 de marzo de 2025 para que los actos de violencia no se repitan.
A través de su comunicado de prensa, las víctimas convocaron a todas las organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía que participen en la creación de la Comisión de la Verdad desde la Sociedad Civil. Dicha instancia dará seguimiento al cumplimiento de la recomendación y de lo contrario alertará a la sociedad sobre su actuar.
Las víctimas expresaron que el alcance de las medidas es limitado si no se dedica tiempo a la investigación y sanción de los altos mandos responsables. Esto permite que la impunidad y la falta de justicia que las mujeres mexicanas enfrentan siga sucediendo. De igual forma, señalaron que la CNDH no puede desaprovechar una oportunidad histórica para dar lugar al esclarecimiento de los hechos y a la construcción de garantías efectivas de no repetición.
“El 8 de marzo de 2024 no fue solo un ataque a nosotras como manifestantes; fue un ataque a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la lucha histórica de las mujeres. No descansaremos hasta que todas las responsables y responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. ¡Ni una más, ni una menos!”-Víctimas de los actos de tortura y brutalidad policiaca del 8 de marzo de 2024 en Zacatecas
FUENTE: CIMACNOTICIAS.
AUTOR: WENDY RAYÓN GARAY.
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